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Etiqueta: CCSS

¿Existe el CENARE?

Dr. Federico Montero Mejía. Exdirector del CENARE

¿Es ético y cierto afirmar que el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) está funcionando, como lo afirman repetidamente autoridades de oficinas centrales de la CCSS y del CENARE en diferentes medios de comunicación? Yo digo que no lo es, porque lo que era el CENARE está siendo utilizado en gran parte para la hospitalización de personas con Covid-19 y como bodega o inutilizada otra parte. Además, se llama CEACO, y aunque se diga que “el hábito no hace al monje”, en el caso del CENARE sí, porque lo que allí se hacía para proporcionar rehabilitación integral y de calidad, no se puede garantizar en otro sitio que no sea ese. Los profesionales de rehabilitación que laboraban en lo que era el CENARE, ahora desarrollan sus actividades en diferentes espacios físicos de los alrededores y en condiciones que no en todos los casos son las más adecuadas, para ellos o para los pacientes.

Nadie pregunta ni hace referencia al perjuicio que esto ha ocasionado a muchas personas con discapacidad, incluyendo el desalojo que también han sufrido para la atención de Covid-19 otros servicios de rehabilitación como los de los hospitales de Liberia, San Ramón, San Carlos, Heredia, Alajuela. En el Hospital de San Carlos el gimnasio de terapia física es ocupado por ginecología porque ginecología es para pacientes con Covid-19, en el de Heredia el área de consultorios y espacios de terapia es para Covid, en el de Alajuela, el Hospital de día es ahora bodega de camillas, en el Hospital de las Mujeres gimnasio de rehabilitación permanece cerrado. Tampoco existe una sola cama en ningún hospital del país, disponible para la atención de personas con lesiones o enfermedades agudas que ocasionan discapacidad y exigen atención a nivel de hospitalización.

Pienso que la verdadera realidad no se ha discutido a profundidad ni las cosas se han dicho con la claridad y sinceridad que se requiere. Sigue poniéndose de manifiesto en las autoridades, la incapacidad para comprender la importancia y la necesidad de garantizar servicios de rehabilitación integrales en todas las regiones del país, como lo establece la normativa nacional e internacional, y también se hace evidente en ellas la subvaloración que hacen de las personas con discapacidad y de la necesidad de la rehabilitación.

Se sigue ignorando que en el Siglo XXI el mundo se enfrenta a un conjunto de retos como por ejemplo el rápido envejecimiento de la población acompañado con un aumento de las condiciones crónicas y de multimorbilidad. La población mayor de 60 años proyecta duplicarse para el año 2050, en tanto que la prevalencia de enfermedades no trasmisibles se ha incrementado en un 18% en los últimos 10 años. Igualmente no hay plena conciencia de que las condiciones crónicas no solo son responsables de una significativa proporción de muertes prematuras, sino que además son causa de número significativo de discapacidades y que la rehabilitación tiene un papel crítico en la prevención y reducción las limitaciones en el funcionamiento (e,g, movilidad, cognición, respiración, visión, comunicación) asociadas con el envejecimiento y condiciones crónicas.

Tomar en cuenta las limitaciones de funcionamiento de las personas, ayuda a minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de esta, y mejorar el bienestar (Rehabilitación 20-30 / OMS).

En un reciente estudio realizado por la OMS y el Instituto de Métricas en Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington y publicado en línea en la revista The Lancet del 20 de diciembre, 2020; se demuestra que un tercio de la población mundial vive con una condición de salud que se beneficiaría de la rehabilitación. La lectura y el análisis de esta y otra información, quizá contribuyan a mejorar el criterio de las autoridades CCSS, en relación con la necesidad y prioridad de los servicios de rehabilitación en nuestro país.

Miles de personas con discapacidad sin servicios de rehabilitación por cierre de CENARE

Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens

Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.

Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.

Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.

El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).

En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.

Subestimación de la rehabilitación

Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.

Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.

El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.

En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.

Palabras frente a testimonios y números irrebatibles

Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.

Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.

La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.

Acciones a desarrollar

Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.

Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.

Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.

Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:

La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.

Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.

En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.

Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.

(9 de febrero, 2021)

 

Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/

Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

172 ex pacientes del CENARE suscriben carta a la Junta Directiva de la Caja por el incumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600)

Como saben el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) fue transformado por la CCSS, en el CEACO, un centro especializado para pacientes con Covid-19. Este cambio se dio desde marzo del 2020. La Caja planteó que habría soluciones alternas para las y los pacientes que requerían los servicios de rehabilitación. Sin embargo, eso no se ha dado y con ello, hay una severa afectación a miles de personas con discapacidad.

Es por ello que la semana pasada, 172 ex-pacientes del CENARE suscribimos una carta dirigida a la Junta Directiva de la Caja. Reclamamos que hemos sido comprensivos ante la grave situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia, pero que la institución ha dejado en el abandono a personas que siguen requiriendo esos servicios, y con ello se viola el derecho a la salud y la rehabilitación. Es decir, otra situación de discriminación e injusticia social.

Esta situación refleja la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad. Este es un problema puntual en el derecho a la salud y la rehabilitación. Pero el aislamiento por la imposibilidad de acceder a las TIC, el problema de la educación, del empleo, forman un conjunto de situaciones graves y de derechos que se violan.

Por último, en la carta se hace un llamado a la reflexión por los perjudiciales impactos a la salud que puede llevar a cabo la desatención de personas con diversas deficiencias, además señala la posición del país y el sistema de salud, con respecto al incumplimiento de la normativa legal e internacional que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).

Adjuntamos el documento oficial:

 

Compartido con SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Foro Encuentro de Voluntades para el Fortalecimiento del IVM/CCSS

El Foro Mario Devandas Brenes que impulsa el Encuentro de Voluntades para el Fortalecimiento del IVM/CCSS se ha propuesto la siguiente agenda inmediata:

A) Redacción del documento a presentar a la Gerencia de Pensiones de la CCSS.

  1. Se busca la unidad en la diversidad desde los consensos y disensos.
  2. Definición de quiénes suscribirán el documento base consensuado

 B) Definición del futuro del Foro.

¿Quiénes integran el Foro?

BUSSCO; UNDECA; ANDE; SIPROCIMECA; FRENASS; SINAME; CTRN, SINAE; Unión Médica Nacional; Territorios Seguros; Comité Ejecutivo y Comité Vigilancia IVM-CCSS; Arzobispado de San José; Diputada Shirley Díaz Mejías, Comisión Legislativa sobre la CCSS; representante sindical Junta Directiva CCSS; Pastoral Social/Cáritas, CECOR, otras personas de la ciudadanía.

¿Por qué nace el Foro Encuentro de Voluntades?

Ante la urgencia de responder al fortalecimiento del IVM/CCSS y en el contexto del proceso de socialización de los Planes de Fortalecimiento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte impulsado por los funcionarios de la Caja, emerge la iniciativa del representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, Dr. Mario Devandas, de interpelar a los movimientos sociales, académicos, ciudadanos, sindicales, eclesiales y otros, para construir criterio colectivo, desde la diversidad de actores sociales.

En aras de promover la unidad en la diversidad y con la visión que los sectores sociales y ciudadanos tuvieran voz en las grandes decisiones de la CCSS, la Arquidiócesis de San José, en la persona del señor Arzobispo, invita a los sectores y personas interesadas en el presente y futuro de la Caja, a iniciar un trabajo de diálogo, reflexión y construcción de propuestas, facilitando que los participantes se pusieran de acuerdo desde ese encuentro de voluntades, para garantizar el derecho humano a la salud y contribuir con la seguridad social costarricense.

Objetivos del Foro

1) Construir propuestas para el mejoramiento institucional de la CCSS.

2) Defender la Caja como patrimonio histórico social de los costarricenses que asegure la universalidad, la solidaridad y el bien común.

3) Vigilar el empleo de los recursos financieros para la estabilidad económica de la institución y las inversiones institucionales en infraestructuras y otros.

4) Promover las transformaciones necesarias para el mejoramiento institucional de la CCSS.

5) Sugerir propuestas para la sostenibilidad del régimen IVM/CCSS.

6) Otros objetivos que se propongan.

Martha Rodríguez electa por amplia mayoría como representante sindical a la Junta Directiva CCSS

SURCOS comparte comunicado de UNDECA CCSS:

Este 1 de febrero fue seleccionada por mayoría absoluta Martha Elena Rodríguez en la Asamblea de elección del representante del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La designación que se realizó por elección pública, tuvo como candidatos a Rodríguez y el economista Luis Paulino Vargas Solís, y se realizó en CICANDE (Belén, Herendia).

El resultado fue: 197.464 votos para Martha Rodríguez y 14.064 para Luis Paulino Vargas (datos según la representatividad de cada organización).

Participaron gran diversidad de organizaciones sindicales y confederacionistas gremiales como CCTD, Rerum Novarum, APSE, SEC, ANDE, CGT, UNM, SIPROCIMECA, ANPE, SITECO, SITRAPEQUIA, SINASSASS, SITRAINA, ANEJUD, SINDEU, SITUN, AFITEC, entre otros.

Esta elección consolida el apoyo de gran parte del sector sindical para que la compañera Rodríguez asuma de manera permanente este rol esencial para el sector laboral.

BUSSCO: ¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

¿Tráfico de influencias del gobierno en       aplicación de vacuna covid-19?

El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».

En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.

«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.

Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.

Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.

Tomado del sitio web de UNDECA.

 

Imagen destacada tomada del Blog de Salmon.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

Undeca expresa apoyo total a Martha Rodríguez para asumir representación temporal del movimiento sindical

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Unión Nacional de Empleados De la Caja y Seguridad Social (Undeca):

La Junta Directiva Nacional de UNDECA, convocada el 8 de enero, con el fin de conocer la postulación de su Secretaria Adjunta, Martha Elena Rodríguez, para asumir temporalmente la representación del Movimiento Sindical ––ante la sensible pérdida del compañero Mario Devandas Brenes–– resolvió por unanimidad:

  1. Apoyar incondicionalmente la postulación de la señora Martha Elena Rodríguez.
  2. Reconocer las capacidades y aptitudes de la compañera, su compromiso con la clase trabajadora, la defensa de la caja y la justicia social.
  3. Que la dirigente Rodríguez es una destacada trabajadora profesional en la caja y dirigente sindical, quien cuenta con permiso sin goce salarial para dedicarse de lleno a atender las actividades sindicales en esta Organización.
  4. Que como cotizante activa del Seguro Social, como costarricense y dirigente sindical cuenta con todos los derechos constitucionales para postularse a ocupar esta vacante.
  5. Que la señora Rodríguez ha sido una mujer sobresaliente en las mesas de negociación de la Reforma de Pensiones de la Caja, Comisión de Salarios, la Mesa Multisectorial del Gobierno y diversas instancias institucionales. Además, ha destacado en el ámbito internacional como participante en Conferencias de la OIT, eventos latinoamericanos y de la Federación Sindical Mundial.
  6. La Junta Directiva de UNDECA agradece las diversas muestras de apoyo externadas a nivel nacional.

Junta Directiva UNDECA. 08 de enero de 2021.

¡Devandas!

Adalberto Fonseca Esquivel

A los 74 años, luego de una aguda enfermedad, hermanada a una lucha frenética por su vida, se marcha y trasciende una figura señera y referente obligado del movimiento social y político costarricense en las cinco décadas precedentes.

En los años setentas, frisando apenas los veinte años de edad, y luego de una corta militancia en el PLN, partido que le abrió las puertas como regidor en el Concejo municipal de Montes de Oca, renuncia! las razones, tráfico de influencias en la cesión de terrenos municipales a manos privadas. Gollerías comunes en los partidos de tradición.

Funda con un grupo de amigos el periódico comunal “El Mojón” que llegó a colocar hasta tres mil ejemplares en cada edición el que se convirtió en Órgano de denuncia e información sobre el acontecer de su cantón.

Álvaro Montero M, vecino y quien escribía cada cierto tiempo en el periódico, le invita a una reunión, es el atisbo para un nuevo movimiento político, todavía en ciernes, el Partido Socialista Costarricense (PSC), punto de encuentro con figuras como Arnoldo Mora, Francisco Aguilar Bulgarelli, los gemelos Salom Echeverría, Javier Solís entre otros.

En abril de 1970 el estudiantado costarricense irrumpe contra la transnacional Alcoa, un hito que significó un rompe aguas en la historia social del país, años también convergentes con otros movimientos políticos irruptivos: Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, además de nueva izquierda como el Frente Popular, liderado por Rodolfo Cerdas.

Con la derogatoria del artículo 98 Constitucional que prohibía la organización de agrupaciones políticas y legado de la represión a las izquierdas luego de la guerra civil de 1948, había sido cerrojo y candado  para aquellos grupos políticos que contaminaran la  “democracia costarricense”  – que como se sabe- proscribió al Partido Comunista costarricense y  organizaciones  como los sindicatos, producto también de  intereses mezclados en la franja histórica de la “guerra fría” y el “macartismo” incubado luego de la segunda guerra mundial y acelerado con la Revolución Cubana de 1959.

Derogado el artículo, en la década de los setentas como señalamos, las agrupaciones clasistas, partidos políticos y sindicatos de nuevo cuño encuentran posibilidades de desarrollo, reconocimiento y legitimidad.      

La ideología en el contexto, había sido excluyente “de tajo a rajo “abrió espacio para que el escenario político fuera dominado por el conservadurismo de la iglesia católica, la instalación de movimientos de derecha a ultranza como el Movimiento Costa Rica Libre, (MCRL), un belicoso sector empresarial instalado en la UCCAEP, y desde luego la ANFE.

La política exterior norteamericana, promueve su “Alianza para el Progreso” cinturón de seguridad para los gobiernos del área para contrarrestar y evitar los efluvios de la revolución socialista en la isla de Cuba.

En ese contexto, el movimiento de los trabajadores organizados en sindicatos se expresa en dos corrientes muy marcadas: el sindicalismo clasista y el sindicalismo conciliador. El primero inspirado en nuevas corrientes y partidos políticos emergentes, el segundo tutelado por el reformismo socialdemócrata

En esa realidad política y social, el PSC con Devandas en la interlocución concluye sobre la necesidad de articular, procesos y acciones, al comprender que el reformismo socialdemócrata controlaba a las principales organizaciones de trabajadores, no solo como sindicatos, sino además en federaciones y confederaciones sindicales. Fue imperioso entonces la captación de organizaciones sociales.

Al menos 21 organizaciones sindicales son arrebatadas a la égida del PLN, Devandas y su agrupación logran poco a poco instaurar nuevas dirigencias, de reemplazo y sustitución. Algunas de esta a manera de ejemplo fueron la Anep, Undeca, Sindeu, Sibampo, Upins, Asdeice entre otras.

Sin embargo, dos artículos del Código Penal, el 333 y 334, serán inhibidoras del libre desarrollo del sindicalismo nacional.

Además, la administración Oduber Quirós (1974-1978) había iniciado una intensa persecución sindical luego de dos beligerantes huelgas en las fincas bananeras transnacionales que se dieron en Quepos y Parrita.

Los procesos unitarios no se hacen esperar, así se funda el 18 de septiembre de 1975, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP) expresión unitaria articulada e impulsada por Mario Devandas.

Carlos Baidal, dirigente de la Anep, será el presidente, Devandas el secretario. Para ese entonces, Baidal era dirigente de la Anep, figura del Frente Popular.

El 22 de julio de 1977, las organizaciones sindicales sin distinción lo declaran como “Día de la vergüenza nacional “, fueron arrestados y encarcelados dos dirigentes: Mario Devandas Brenes y Luis F. Alfaro, éste, secretario general de Asdeice.

Cárcel y postración durante tres meses. El Procurador Steiner siguiendo a pie juntillas las órdenes del Ejecutivo fue el ejecutor.  Los artículos 333 y 334 del Código Penal, limitaban el llamamiento de los sindicatos a movimientos de protesta y en consecuencia al abandono del trabajo.

El sindicalismo nacional se estremeció ante la arremetida del gobierno. Muestras de solidaridad con los incautados, movimientos de apoyo, se promueve la venta de un bono por 10 colones para pagar la libertad condicional de los acusados

Precaución y cautela destilaba el gobierno ante el avance de las fuerzas organizadas, ahora con nuevos liderazgos y recompuesto el sindicalismo costarricense.

Para las elecciones nacionales de 1978, la coalición “Pueblo Unido” conformada por los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido de los Trabajadores; logran llevar a tres figuras a la Asamblea Legislativa: Humberto Vargas Carbonel y Mario Devandas Brenes por San José, Rodrigo Ureña Quirós por la provincia de Puntarenas.

El trabajo legislativo de la fracción fue una propuesta de equipo, la que mantuvieron durante el cuatrienio legislativo.

Devandas por ejemplo asumió la provincia de Limón como área de atención prioritaria, enfrentó y propuso soluciones a los problemas de la provincia, temas el habitacional e infraestructura. En ese contexto el Concejo Municipal del cantón central le dio el reconocimiento de “hijo predilecto”.

Destacó también sobre el tema de costos y precios de los productos de consumo popular, tarifas, costo de vida. Promovió reformas al Código Penal, abogó por el financiamiento de la educación superior (Universidades públicas).

Promovió reformas a la ley del Banco Popular y fue coadyuvante para la creación de la asamblea de trabajadores de la Institución. (ATBP)

La reforma a la ley de símbolos nacionales fue su propuesta para sustituir a los militares que, en actos cívicos o efemérides patrias, estos portaban el Pabellón Nacional. Con la propuesta del diputado, serán ahora los estudiantes de escuelas y colegios.

Fueron célebres las polémicas con el Ministro de Seguridad Charpentier, con la Ministra de Trabajo D. Estela Quesada, que terminó con su dimisión.

Devandas en noviembre de 1980, se convierte en el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), que, para el contexto, se convirtió en la organización de trabajadores clasista y desarrollada, entonces cubriría a 55 mil trabajadores(as)y obreros costarricenses. La secretaria general de la Confederación la asumió Marielos Giralt Bermúdez, también dirigente en la UCR.

Otros esfuerzos unitarios se articulan a inicios de la década de los 80s, como el Comité Unitario Sindical (CUS) que se sumó a los movimientos y centrales de la época: Rerum Novarum, CTC, CTCR, CATD, CUT y otros sindicatos independientes.

En el mes de junio de 1986, se consolida un nuevo esfuerzo de unidad sindical y popular, el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT) que es probable haya sido la mayor consolidación unitaria de los sectores populares en las últimas décadas que trascendió al sindicalismo para fortalecer una propuesta unitaria comunal, cooperativa, a campesinos, emprendedores, juventud y grupos estudiantiles.

El CPT fue también una propuesta también doctrinal y conceptual, con articulación y propuesta de negociación.

El Programa Económico Costarricense (PEC I) le dio robustez al CPT, en materia de desarrollo económico y social. (*)

En los diferentes procesos unitarios que vivió el sindicalismo costarricense a partir de la década de los setenta y durante tres décadas, indiscutiblemente tuvo la impronta de Mario Devandas.

En la lucha contra el “Combo de ICE “en los primeros meses del año 2000, Mario como colaborador del Diputado Merino del Río – en su primer período- también asume su rol. El ICE era una institución conocida por él, incluso en su momento fue uno de los primeros en denunciar la “desnacionalización” del Instituto en la medianía de los años setenta cuando fue funcionario de la Institución.

La lucha del Combo del ICE fue base y plataforma; de esas acciones derivarán otras, que, con sus bemoles y características fueron agenda de las y los trabajadores organizados: Revisión Técnica Vehicular, el Movimiento Cívico Nacional y la patriótica y trepidante lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Mario junto a Román Macaya, Ottón Solís y otras personalidades de la coyuntura, visitaron a lo largo de muchas semanas a grupos organizados de la sociedad civil, iglesias, juntas administrativas, comunidades llevando el mensaje contundente del NO al TLC.

Era un llamado a no votar a favor del Tratado en el referéndum que se aproximaba, que como ya es historia, el SI fue el ganador, con un muy dudoso veredicto.

Para el año 2014, el Presidente Luis Guillermo Solís nombra a Devandas en la Junta Directiva de la CCSS, cuya representación ostentaba desde el año 2010, en el que la Presidenta Laura Chinchilla Fallas, no lo consideró pertinente. Mario había sido electo por mayoría abrumadora por parte de los trabajadores organizados en Sindicatos, es entonces la representación de la Junta Directiva Nacional del sector trabajador costarricense.

*(El documento patrocinado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, fue un proyecto de colaboración de la Escuela de Economía de Universidad Nacional, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica liderado por Mario Devandas, con el apoyo de Álvaro Fernández y María Eugenia Trejos)

Desde el 2014 hasta su deceso, Mario se ocupó de atender los grandes temas estructurales de la CCSS:

  • La CCSS es una conquista del pueblo costarricense.
  • El modelo de atención debe revisarse, el mismo está centrado en la enfermedad y no en la salud.
  • Sostenibilidad del régimen de pensiones y los sistemas de salud.
  • Prevención y promoción de la salud.
  • La crisis de la Caja es una pena de “todos y todas”.
  • El fortalecimiento de las Juntas de salud.
  • La Caja requiere de un Ejecutivo de alto nivel, no un Presidente Ejecutivo nombrado por el gobierno de turno.

Devandas, en su relación con la sociedad civil fue propositivo, veía en la realidad socio política actual la necesidad de impulsar entre todos y todas, las fuerzas vivas del país en su conjunto:

  • Un nuevo pacto social, un congreso nacional unitario entre todos los sectores de la sociedad costarricense: Estado, Empresarios, Trabajadores (as)
  • Viabilidad de una sociedad más justa y equitativa
  • El nuevo 9 de la Constitución, el que resuelve sobre la participación y soberanía del pueblo costarricense en la toma de decisiones.

Mario Devandas Brenes, fue economista por la UCR, con una maestría en la UNA, y un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la U. La Salle.

Además, docente en la UNED, y coordinador de la Oficina de Extensión de la misma Universidad.

Sus investigaciones y artículos académicos entre otros: Diálogo social en América Latina, Legislación laboral y organización de los trabajadores, Privatización nuevas tareas para los trabajadores, empleo público 1980-1990.

“Estrategia de tierra arrasada”, libro publicado por la Editorial Uned, sobre el tema del TLC.

Este documento no exhaustivo, es una semblanza, -siempre limitada-, ante la figura y propuesta política y social intensa que significó su vida en nuestro país. Un hombre grande, sencillo, humilde, inteligente y locuaz.

Amoroso con su pueblo y sus instituciones que defendió durante toda su vida.!!!

DEVANDAS es un apellido de ascendencia hindú que significa: “AL SERVICIO DE DIOS”

Mario Enrique Devandas Brenes (2 de octubre de 1946 – 25 de diciembre 2020)

(Un edificio emblemático de la CCSS debería llevar su nombre, así como alguna calle o avenida en Montes de Oca donde nació y vivió por años debería llevar su apellido).

Adalberto Fonseca Esquivel, historiador (UCR) ,4-108-496-móvil 83716251.

Artículo compartido con SURCOS por Adalberto Fonseca Esquivel.