Ir al contenido principal

Etiqueta: CCSS

UCR: Hasta en zonas indígenas, futuros médicos ya están en la CCSS rotando y ayudando a pacientes

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Escuela de Medicina de la UCR

Después de múltiples esfuerzos, un total de 76 estudiantes de medicina general finalmente están realizando sus internados

Andrea Meléndez es una de las estudiantes que en este momento está en Talamanca realizando el bloque de Medicina Comunitaria. Ella, junto con sus compañeras, realizan visitas domiciliarias a la población indígena.

Con la gabacha bien puesta, con mucho entusiasmo y el nombre de la Universidad de Costa Rica (UCR) en alto. Así vuelven más de 50 estudiantes de último año de la carrera de Medicina y Cirugía de la UCR a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para realizar sus rotaciones, concluir sus estudios y ayudar en la atención de pacientes de zonas indígenas, rurales y del gran área metropolitana.

El regreso a las rotaciones genera un aporte trascendental a la salud pública nacional y se da luego de una espera de casi un año. Esto, después de que la Caja decidiera pausar el 19 de marzo de 2020 los internados debido a la pandemia de COVID-19.

Ahora, el grupo de futuros médicos vuelve listo para colaborar, bajo supervisión docente, en tareas clínicas que van desde entrevistas a pacientes y apoyo en consultas, hasta en la asistencia de procedimientos médicos, por mencionar algunos.

“Aquí hubo una gran colaboración del Ministerio de Salud, que es el que habilita o no la docencia en instalaciones de la CCSS, y hasta de Casa Presidencial que hizo ver la importancia de que estos estudiantes ingresaran a la Caja. Estamos felices de ver que el cuerpo estudiantil podrá avanzar en el internado y que le abrirá camino a las generaciones que vienen detrás. Ellos y ellas colaborarán en hospitales regionales de zonas rurales además de los centrales”, indicó la Dra. Lisbeth Salazar Sánchez, directora de la Escuela de Medicina de la UCR.

En la fotografía está la estudiante Daniela Zamora en el Hospital Nacional de Niños.

En ese aspecto también se contó con el apoyo de la Rectoría de la UCR para crear una comisión orientada a atender la situación. Como resultado, el 08 de marzo se generó un diagnóstico de la situación actual de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad, y se le dio el documento a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS junto con una propuesta de hoja de ruta.

El objetivo estaba en “implementar acciones coordinadas en conjunto que permitan, de manera gradual y segura, dar continuidad a los programas de estudio”, mencionó la Rectoría de la UCR en su comunicado.

Asimismo, varios estudiantes de medicina también aportaron en la reapertura de las rotaciones, al realizar una investigación en la cual lograron demostrar la contribución que pueden dar las y los internos universitarios durante la pandemia por COVID-19. Ese estudio se le dio al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) y a la Gerencia Médica de la CCSS.

Entre esas acciones está ampliar los equipos de salud, fortalecer los procesos de acompañamiento, dar asistencia a la población y aliviar el dejaste que sufre actualmente el personal sanitario

En la imagen está la joven Andrea Amador, quien está haciendo su rotación en Ginecología y Obstetricia en el Hospital México.

“A inicio de febrero de este año, entre todas las universidades del país que tienen escuelas de medicina, se desarrolló un documento que se le envió al Cendeisss y a la Gerencia Médica. Este incluía un análisis epidemiológico del momento en el país y algunas experiencias con internos en el extranjero. Con base en eso, se redactó el documento y se incorporó la situación epidemiológica. Hemos visto que a lo que va del año los casos han mejorado, la tasa R (que es una de las medidas para el contagio) se ha mantenido estable y también la ocupación de camas”, agregó Daniela Zamora Chaves, interna y representante de los estudiantes durante el proceso.

Con el regreso de los alumnos el país también se asegura la futura formación de más médicos especialistas, pues el requisito fundamental para cualquier aspirante de una especialidad es alcanzar con éxito su licenciatura en Medicina y Cirugía. Esto solo se logra al concluir satisfactoriamente el internado.

Los jóvenes iniciaron sus internados el 15 de marzo en dos bloques. El primero es el de Ginecología y Obstetricia con 30 alumnos y el otro es el de Pediatría con 26. Este sería el segundo grupo que se suma, pues en octubre del 2020 cerca de 20 alumnos ya habían vuelto al bloque de Medicina de Salud Comunitaria y Familiar.

Una mirada regional

Debido a la conyuntura del COVID-19, la UCR se esforzó fuertemente en la posibilidad de abrir bloques en hospitales periféricos, cuando históricamente los trabajaba en hospitales centrales.

Eso derivó en que tres hospitales regionales hoy sean beneficiados con la rotación de los jóvenes: el Hospital de Puntarenas, Grecia y Turrialba.

“A todos nos parece una excelente oportunidad de explorar nuevos elementos. Definitivamente es una dinámica diferente porque en los hospitales periféricos no hay residentes, que son con quienes uno trabaja. Sin embargo, en las áreas periféricas hay excelentes profesionales y es bueno conocer más la realidad nacional en zonas rurales. Estamos muy contentos con esta oportunidad y vemos el salirnos del gran área metropolitana como algo muy positivo”, amplió Daniela Zamora.

Pedro Estrada actualmente se encuentra efectuando el bloque de Pediatría en el Hospital de Turrialba.

Esa experiencia rural se suma a otras ya recibidas. Los estudiantes de la UCR han colaborado previamente con Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) ubicados en San Vito de Coto Brus, Talamanca, Grano de Oro, Esparza y Atenas en el bloque de Medicina Comunitaria. Por lo tanto, los hospitales de Puntarenas, Grecia y Turrialba son un espacio de aprendizaje adicional de las condiciones particulares de salud en las zonas rurales.

Dichos centros son espacios adicionales a los hospitales centrales, en donde los alumnos también estarán contribuyendo. Los principales son el Hospital México, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, el de las Mujeres Adolfo Carit Evan y el Hospital Nacional de Niños.

“La Caja entregó los lineamientos con todos los protocolos a seguir para nuestra protección y de nuestras familias, de pacientes y del personal sanitario. Uno es no estar en contacto con pacientes sospechosos por SARS-CoV-2, no estar en áreas COVID-19, llevar nuestro propio equipo de protección personal y cumplir todas las medidas de lavado de manos y distanciamiento”, resaltó Zamora.

Pero todavía falta camino. Para que los estudiantes finalicen el internado de manera positiva aún se requiere otros dos bloques. Uno es el de Cirugía y el otro de Medicina Interna, los cuales dependen del comportamiento epidemiológico del país.

Si todo marcha bien, en mayo de este año el tercer grupo de jóvenes estaría realizando esas rotaciones. De igual manera, ya se está gestionando junto con la CCSS lo necesario para que los estudiantes pronto sean vacunados contra la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Vacunas anti-covid: Los reveladores alcances del egoísmo, nacional e internacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La historia ha demostrado que las grandes crisis ponen a prueba la consciencia humana y la solidaridad, en todas sus dimensiones. Y la actual, que padecemos provocada por el coronavirus, ha sometido a tal escrutinio, tanto a países y sus principales líderes, como a personas con poder político o económico, en Costa Rica y otros países de la región. Sin embargo, los resultados indignantemente dominantes han develado el feo rostro de la insolidaridad y el egoísmo humano.

La vacuna para combatir la covid-19 ha estado en el epicentro de una mezquindad que no ha tenido ni límites éticos, ni escrúpulos. Esta vacuna ha sido desarrollada en tiempo récord por algunas pocas industrias farmacéuticas y países, pero como bien lo diagnosticó António Guterres, Secretario General de la ONU, representa un triunfo de la ciencia, pero es un fracaso de la solidaridad internacional.

Más de 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en 107 países y territorios, mientras tanto el 45 por ciento fueron inyectadas en los países ricos del G-7, pese a que sólo albergan al 10 por ciento de la población mundial. Tal es el revelador recuento realizado por la agencia, France Press en semanas recientes. Es por eso que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reclamó recientemente en la ONU tal acaparamiento de los países ricos y la grave brecha existente en la distribución global.

Tan desatinado egoísmo vacunal se ha desatado entonces entre países y dentro de los países. En semanas recientes, han emergido escándalos relacionados con la inoculación de la vacuna en varias naciones latinoamericanas. Ministros de Salud han debido renunciar por haber favorecido a familiares o amigos, sin que les correspondiera vacunarse dentro del plan nacional de vacunación.

Perú, Ecuador y Argentina han estado en el foco de esos escándalos donde el poder político ha abierto la puerta a la corrupción vacunal. Personas de los círculos de poder se brincaron la fila, poniéndose por delante de personas que la requerían por el riesgo de su labor o por la condición relacionada con la edad y otros factores de vulnerabilidad. Es muy probable que esta situación se haya dado en otros países de la región, pero la opacidad informativa la haya ocultado hasta ahora.

Dentro de tal contexto, internacional y regional, es preocupante la falta de información clara y transparente de la CCSS sobre el proceso de vacunación en Costa Rica. Tal y como informó el “Diario Extra”, en su edición del lunes, 8 de marzo, la Caja se ha negado a presentar la lista de personas vacunadas hasta el presente, alegando que no puede hacerlo porque esa información forma parte del expediente clínico.

En una coyuntura política donde la credibilidad de quienes ejercen cargos públicos se ha erosionado de manera tan ostensible, es urgente que esos datos sean sometidos al conocimiento de la ciudadanía. El alegato de orden legal de la Caja (que incluso ha sido refutado por algunos juristas), debe pasar a un segundo plano ante un asunto tan delicado y de enorme repercusión humana, social, política y ética.

Hay que recordar que los ¢ 47.700 millones destinados por el Gobierno dentro del plan de vacunación anti Covid-19, son dineros públicos. La rendición de cuentas entonces no puede postergarse ni un minuto más.

Igualmente, esa información transparente es impostergable, en virtud de la grave denuncia de Unión Médica Nacional (UMN) –también contenida en la nota informativa citada—de “que decenas de funcionarios han sido vacunados contra el coronavirus a pesar de no tratarse de personal médico en primera línea de atención de la pandemia”.

Urge también que la CCSS ofrezca esta información para demostrar que es fiel a sus principios filosóficos de igualdad, equidad y solidaridad, al no inmunizar a personas sin respetar la fila correspondiente al orden definido (por edad y riesgo), por las injustas razones que marcan el poder económico o político de las personas vacunadas.

(8 de marzo, 2021)

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

Escamoteo y exclusión en salud y pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López
Matemático y Actuario

Costa Rica ha logrado avances significativos en seguridad social. En salud y pensiones, gracias a la creación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones, hoy contamos con indicadores sociales mejores que los de muchos otros países.

Nuestro derecho a la salud y a la vida obliga a la CCSS a dar atención médica de urgencias y hospitalización a quien la requiera, por lo cual la cobertura del seguro de salud (SS) llega al 100% de la población. Esta tasa se reduce a un 86% cuando se excluye a quienes no están asegurados, ya sea por desempleo, evasión o exclusión. En pensiones (IVM) en cambio, los valores no son tan buenos, pues la cobertura de asegurados cotizantes alcanza el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA); 63% si se agrega a quienes cotizan en los regímenes sustitutos. Adicionando a las personas que no cotizaron en el último año; pero que ya tenían 15 o más años cotizados estimo que la cobertura en pensiones alcanza el 75% de la PEA.

Si bien estos indicadores globales lucen bastante buenos, no podemos decir lo mismo al considerar subgrupos poblacionales. Los siguientes dos ejemplos ilustran baches en salud y pensiones que hasta la fecha han sido soslayados por la CCSS y por el Estado, a pesar de que afectan a quienes más necesitan de ayuda estatal.

A los asegurados por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley N° 5349 les niegan el derecho de recibir subsidios en caso de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia en caso de maternidad y traslados, como si la condición de pobreza fuera sinónimo de vagabundería o desprecio. Dicha ley obliga a la CCSS a brindar “asistencia médica y hospitalaria” a estas personas; sin embargo, en el artículo 11 de su reglamento se indica que “Los «Asegurados por cuenta del Estado», tendrán derecho a todas las prestaciones que otorga el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja, con excepción de los subsidios en dinero por cualquier título y los traslados”, lo cual no está establecido en la Ley 5349.

Ilustro lo anterior con una familia en condición de extrema pobreza asegurada por el Estado en el SS, de 4 miembros y con ingreso familiar mensual de ₡200.000 o menos. En un hogar como este si el jefe o jefa de familia se enferma, la falta de asistencia económica promovida o evadida por la CCSS y por el Estado lo condena a mayor miseria, deserción estudiantil, vulnerabilidad a la enfermedad, desintegración familiar y hasta a la delincuencia. En cambio, si esta misma familia estuviera asegurada bajo otra modalidad en el SS sí recibiría asistencia económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad o de licencia por maternidad.

En el primer caso anterior la CCSS cobra al Estado la tarifa media de las modalidades de aseguramiento contributivo (artículo 6 de la Ley N° 7374), calculada como el total de cuotas entre el total de masa salarial (ver la página 12 del informe de Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 en https://drive.google.com/file/d/1UJpsCIey8x0hJ4Mf_ujG8FqvgDkGYojr/view?usp=sharing), sin excluir el costo de los subsidios por incapacidad temporal en caso de enfermedad y de licencia por maternidad, ni los costos de traslados. Dicha tarifa es aplicada sobre la Base Mínima Contributiva del SS. Con esta actuación la CCSS presuntamente estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito cobrando y recibiendo dineros por costos de subsidios de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia por maternidad y de traslados que están escamoteando o no están brindando a los asegurados por el Estado.

En mi criterio lo que procede es que a estos asegurados les otorguen todos los servicios integrales de salud sin discriminación alguna, conforme a la definición de “servicios integrales de salud” promovida por la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care) y hasta por la propia CCSS (https://www.ccss.sa.cr/portal/cultura-organizacional), todo de conformidad con los artículos constitucionales 33, 50, 51, 74 y 177.

Como si el anterior presunto robo a cerca de 650.000 personas aseguradas por el Estado en el SS fuera poco, estos seres humanos están olvidados por el Estado en caso de las contingencias de invalidez, vejez y muerte – están excluidas de todos los regímenes de pensiones existentes en Costa Rica-, pues a pesar de que el transitorio del artículo 177 constitucional establece desde el año 1961 que “La Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional”, lo cierto es que ninguna ley hasta la fecha ha establecido la cobertura de dichas contingencias para ellos.

El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) creado por la Ley N° 5662 y administrado por la CCSS (Ver http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64032&strTipM=TC), no cubre en la práctica de manera integral a las personas aseguradas por el Estado en el SS, por las razones que señalo a continuación:

1) El RNC no es preventivo, por lo que no acumula derechos como generalmente sucede en un régimen de pensiones.

2) En el RNC las pensiones por vejez se asignan si al llegar a la edad de 65 años la persona se encuentra en condición de pobreza o de extrema pobreza, no tiene derecho a pensión en otro régimen de pensiones y el Estado asigna los recursos.

3) Las pensiones del RNC no son heredables en caso de muerte, dejando en desamparo al núcleo familiar del pensionado ante dicha contingencia.

4) El RNC no ofrece garantía de protección a todos los adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema. Según datos de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en nuestro país hay cerca de 18.500 personas adultas mayores en extrema pobreza que no están cubiertas por el RNC y otras 35.500 personas adultas mayores en condición de pobreza que tampoco reciben protección del RNC.

5) El monto de la pensión mensual del RNC de ₡82.000 es sumamente bajo, por lo que no cumple con los objetivos mínimos de bienestar y seguridad social. Según datos del INEC, unos 10.000 pensionados del RNC viven en condición de extrema pobreza y otros 44.000 pensionados del RNC permanecen en condición de pobreza.

6) Datos de la misma fuente indican que hay 132.000 personas adultas mayores no pobres y no asalariadas que no están pensionadas por ningún régimen nacional de pensiones. Es probable que muchas de ellas hayan vivido en condición de extrema pobreza o de pobreza durante un período de tiempo y salieron de esa condición demasiado tarde como para acumular derecho a una pensión de un régimen contributivo de pensiones.

7) El 31,5% (51.500 casos) de las pensiones de vejez de IVM son pensiones mínimas de ₡137.000 mensuales, lo cual en mi opinión es una calamidad. Según datos del INEC 51.000 pensionados de IVM viven en condición de pobreza o de extrema pobreza; 37.000 de ellos son adultos mayores. Muchos de estos pensionados reciben montos mínimos de pensión porque la condición de pobreza o de extrema pobreza no les permitió aportar suficientes cuotas, ni cotizar sobre salarios adecuados y además porque el Estado los excluyó de la cobertura de pensión cuando estaban activos y en pobreza, como sucede hoy.

En mi opinión las personas cubiertas en el SS de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5349 también deben estar cubiertas por un régimen de pensiones, para lo cual se debería crear una ley que lo instaure y regule y le asigne los recursos necesarios de conformidad con el artículo 177 constitucional y su transitorio.

Sin embargo, parece que en esta materia a nivel político las cosas van hacia otro rumbo, pues el Estado más bien desfinancia al RNC y a otros programas de ayuda a los más necesitados (https://semanariouniversidad.com/pais/los-fondos-para-los-pobres-son-sacrificados/). Paradójicamente existen sindicalistas angurrientos de poca conciencia social que sugieren quitarle recursos a los pobres para trasladarlos a IVM (https://www.ande.cr/noticia/R2UnQ8XpJ0D0). Esta maquiavélica sugerencia ya tuvo eco en la Superitendencia de Pensiones (https://semanariouniversidad.com/pais/plantean-que-recursos-de-programas-sociales-se-trasladen-a-pensiones-de-la-caja/). Recemos para que este eco de más miseria no llegue al Fondo Monetario Internacional.

¿Existe el CENARE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Dr. Federico Montero Mejía. Exdirector del CENARE

¿Es ético y cierto afirmar que el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) está funcionando, como lo afirman repetidamente autoridades de oficinas centrales de la CCSS y del CENARE en diferentes medios de comunicación? Yo digo que no lo es, porque lo que era el CENARE está siendo utilizado en gran parte para la hospitalización de personas con Covid-19 y como bodega o inutilizada otra parte. Además, se llama CEACO, y aunque se diga que “el hábito no hace al monje”, en el caso del CENARE sí, porque lo que allí se hacía para proporcionar rehabilitación integral y de calidad, no se puede garantizar en otro sitio que no sea ese. Los profesionales de rehabilitación que laboraban en lo que era el CENARE, ahora desarrollan sus actividades en diferentes espacios físicos de los alrededores y en condiciones que no en todos los casos son las más adecuadas, para ellos o para los pacientes.

Nadie pregunta ni hace referencia al perjuicio que esto ha ocasionado a muchas personas con discapacidad, incluyendo el desalojo que también han sufrido para la atención de Covid-19 otros servicios de rehabilitación como los de los hospitales de Liberia, San Ramón, San Carlos, Heredia, Alajuela. En el Hospital de San Carlos el gimnasio de terapia física es ocupado por ginecología porque ginecología es para pacientes con Covid-19, en el de Heredia el área de consultorios y espacios de terapia es para Covid, en el de Alajuela, el Hospital de día es ahora bodega de camillas, en el Hospital de las Mujeres gimnasio de rehabilitación permanece cerrado. Tampoco existe una sola cama en ningún hospital del país, disponible para la atención de personas con lesiones o enfermedades agudas que ocasionan discapacidad y exigen atención a nivel de hospitalización.

Pienso que la verdadera realidad no se ha discutido a profundidad ni las cosas se han dicho con la claridad y sinceridad que se requiere. Sigue poniéndose de manifiesto en las autoridades, la incapacidad para comprender la importancia y la necesidad de garantizar servicios de rehabilitación integrales en todas las regiones del país, como lo establece la normativa nacional e internacional, y también se hace evidente en ellas la subvaloración que hacen de las personas con discapacidad y de la necesidad de la rehabilitación.

Se sigue ignorando que en el Siglo XXI el mundo se enfrenta a un conjunto de retos como por ejemplo el rápido envejecimiento de la población acompañado con un aumento de las condiciones crónicas y de multimorbilidad. La población mayor de 60 años proyecta duplicarse para el año 2050, en tanto que la prevalencia de enfermedades no trasmisibles se ha incrementado en un 18% en los últimos 10 años. Igualmente no hay plena conciencia de que las condiciones crónicas no solo son responsables de una significativa proporción de muertes prematuras, sino que además son causa de número significativo de discapacidades y que la rehabilitación tiene un papel crítico en la prevención y reducción las limitaciones en el funcionamiento (e,g, movilidad, cognición, respiración, visión, comunicación) asociadas con el envejecimiento y condiciones crónicas.

Tomar en cuenta las limitaciones de funcionamiento de las personas, ayuda a minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de esta, y mejorar el bienestar (Rehabilitación 20-30 / OMS).

En un reciente estudio realizado por la OMS y el Instituto de Métricas en Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington y publicado en línea en la revista The Lancet del 20 de diciembre, 2020; se demuestra que un tercio de la población mundial vive con una condición de salud que se beneficiaría de la rehabilitación. La lectura y el análisis de esta y otra información, quizá contribuyan a mejorar el criterio de las autoridades CCSS, en relación con la necesidad y prioridad de los servicios de rehabilitación en nuestro país.

Miles de personas con discapacidad sin servicios de rehabilitación por cierre de CENARE

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Salud.

Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens

Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.

Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.

Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.

El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).

En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.

Subestimación de la rehabilitación

Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.

Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.

El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.

En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.

Palabras frente a testimonios y números irrebatibles

Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.

Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.

La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.

Acciones a desarrollar

Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.

Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.

Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.

Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:

La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.

Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.

En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.

Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.

(9 de febrero, 2021)

 

Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/

Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.

172 ex pacientes del CENARE suscriben carta a la Junta Directiva de la Caja por el incumplimiento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600)

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Como saben el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) fue transformado por la CCSS, en el CEACO, un centro especializado para pacientes con Covid-19. Este cambio se dio desde marzo del 2020. La Caja planteó que habría soluciones alternas para las y los pacientes que requerían los servicios de rehabilitación. Sin embargo, eso no se ha dado y con ello, hay una severa afectación a miles de personas con discapacidad.

Es por ello que la semana pasada, 172 ex-pacientes del CENARE suscribimos una carta dirigida a la Junta Directiva de la Caja. Reclamamos que hemos sido comprensivos ante la grave situación de emergencia sanitaria, generada por la pandemia, pero que la institución ha dejado en el abandono a personas que siguen requiriendo esos servicios, y con ello se viola el derecho a la salud y la rehabilitación. Es decir, otra situación de discriminación e injusticia social.

Esta situación refleja la grave situación que enfrentan las personas con discapacidad. Este es un problema puntual en el derecho a la salud y la rehabilitación. Pero el aislamiento por la imposibilidad de acceder a las TIC, el problema de la educación, del empleo, forman un conjunto de situaciones graves y de derechos que se violan.

Por último, en la carta se hace un llamado a la reflexión por los perjudiciales impactos a la salud que puede llevar a cabo la desatención de personas con diversas deficiencias, además señala la posición del país y el sistema de salud, con respecto al incumplimiento de la normativa legal e internacional que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600).

Compartido con SURCOS por Luis Fernando Astorga.

Foro Encuentro de Voluntades para el Fortalecimiento del IVM/CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Foro Mario Devandas Brenes que impulsa el Encuentro de Voluntades para el Fortalecimiento del IVM/CCSS se ha propuesto la siguiente agenda inmediata:

A) Redacción del documento a presentar a la Gerencia de Pensiones de la CCSS.

  1. Se busca la unidad en la diversidad desde los consensos y disensos.
  2. Definición de quiénes suscribirán el documento base consensuado

 B) Definición del futuro del Foro.

¿Quiénes integran el Foro?

BUSSCO; UNDECA; ANDE; SIPROCIMECA; FRENASS; SINAME; CTRN, SINAE; Unión Médica Nacional; Territorios Seguros; Comité Ejecutivo y Comité Vigilancia IVM-CCSS; Arzobispado de San José; Diputada Shirley Díaz Mejías, Comisión Legislativa sobre la CCSS; representante sindical Junta Directiva CCSS; Pastoral Social/Cáritas, CECOR, otras personas de la ciudadanía.

¿Por qué nace el Foro Encuentro de Voluntades?

Ante la urgencia de responder al fortalecimiento del IVM/CCSS y en el contexto del proceso de socialización de los Planes de Fortalecimiento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte impulsado por los funcionarios de la Caja, emerge la iniciativa del representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, Dr. Mario Devandas, de interpelar a los movimientos sociales, académicos, ciudadanos, sindicales, eclesiales y otros, para construir criterio colectivo, desde la diversidad de actores sociales.

En aras de promover la unidad en la diversidad y con la visión que los sectores sociales y ciudadanos tuvieran voz en las grandes decisiones de la CCSS, la Arquidiócesis de San José, en la persona del señor Arzobispo, invita a los sectores y personas interesadas en el presente y futuro de la Caja, a iniciar un trabajo de diálogo, reflexión y construcción de propuestas, facilitando que los participantes se pusieran de acuerdo desde ese encuentro de voluntades, para garantizar el derecho humano a la salud y contribuir con la seguridad social costarricense.

Objetivos del Foro

1) Construir propuestas para el mejoramiento institucional de la CCSS.

2) Defender la Caja como patrimonio histórico social de los costarricenses que asegure la universalidad, la solidaridad y el bien común.

3) Vigilar el empleo de los recursos financieros para la estabilidad económica de la institución y las inversiones institucionales en infraestructuras y otros.

4) Promover las transformaciones necesarias para el mejoramiento institucional de la CCSS.

5) Sugerir propuestas para la sostenibilidad del régimen IVM/CCSS.

6) Otros objetivos que se propongan.

Martha Rodríguez electa por amplia mayoría como representante sindical a la Junta Directiva CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte comunicado de UNDECA CCSS:

Este 1 de febrero fue seleccionada por mayoría absoluta Martha Elena Rodríguez en la Asamblea de elección del representante del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La designación que se realizó por elección pública, tuvo como candidatos a Rodríguez y el economista Luis Paulino Vargas Solís, y se realizó en CICANDE (Belén, Herendia).

El resultado fue: 197.464 votos para Martha Rodríguez y 14.064 para Luis Paulino Vargas (datos según la representatividad de cada organización).

Participaron gran diversidad de organizaciones sindicales y confederacionistas gremiales como CCTD, Rerum Novarum, APSE, SEC, ANDE, CGT, UNM, SIPROCIMECA, ANPE, SITECO, SITRAPEQUIA, SINASSASS, SITRAINA, ANEJUD, SINDEU, SITUN, AFITEC, entre otros.

Esta elección consolida el apoyo de gran parte del sector sindical para que la compañera Rodríguez asuma de manera permanente este rol esencial para el sector laboral.

BUSSCO: ¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

¿Tráfico de influencias del gobierno en       aplicación de vacuna covid-19?

El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».

En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.

«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.

Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.

Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.

Tomado del sitio web de UNDECA.

 

Imagen destacada tomada del Blog de Salmon.