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Etiqueta: CIDH

Curas, “indios” y usurpadores

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo

El pasado 4 de mayo 2 curas hablaron en ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón con el fin de apoyar que la Municipalidad medie “ante el Gobierno para que el actual conflicto, desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá, encuentre cuanto antes una justa solución”. Ya aquí tenemos la primera imprecisión insalvable basada en la ignorancia técnica injustificada, pues ése no es el origen del conflicto. Ese desliz se le podría justificar a un finlandés que llegó antier al país, pero nunca a alguien que se autodenomina “pastor”, y dice que por años su actitud ha sido “de total respeto y afecto por los varios grupos étnicos que habitan estas tierras”, según responden los clérigos a los y las recuperadores de Kelpego, Kono Ju, Sekero Kaska, Saka Duwe Senaglö y Yuwi Senaglö, mediante comunicado a la Coordinadora de lucha sur-sur.

Si la iglesia pretende, con honestidad, seriedad e imparcialidad, “que las autoridades tomen las decisiones correspondientes en el marco de la ley”, lo primero que deben hacer es conocer, apegarse y exigir que se cumplan las leyes. Antes de haber ido a la Municipalidad, debieron repasar la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de trabajo/OIT, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, las numerosas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, los informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, la documentación de La Defensoría de los Habitantes, y cientos de documentos que dan cuenta de que “salvaguardar la justicia para todos los diferentes actores que este conflicto implica”, demanda reconocer, en primer lugar, los derechos de los pueblos originarios. Cuando los clérigos dicen que el conflicto fue “desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá”, están dando muestra de total ligereza e ignorancia, y si así pretenden aportar a la “búsqueda del diálogo entre todos y en favor de la justicia y la paz”, parece más bien que siguen los pasos de Lorenzo A. de Granda y Balbín, cuando dictaba sentencia de muerte por descuartizamiento y decapitación contra el Blu Presberu.

La historia de avasallamiento, desplazamientos y extermino de los pueblos indígenas originarios no se puede comprender sin y por la iglesia católica. No es extraño ni nuevo que la iglesia se alíe con quienes violentan los derechos de los más oprimidos, en este caso de la gente indígena, aunque su discurso vaya en otra dirección. Desgraciadamente esta posición clerical de emprenderla contra los pueblos originarios data de siglos, y por eso vale la pena desempolvar algunos legajos. El español Rodrigo Borja cuyo apellido cambió por Borgia para ser nombrado papa con el nombre Alejandro VI, “tuvo el cinismo de dividir a “América” y sus pueblos, que no le pertenecían, entre España y Portugal”. Ya como papa, Alejandro VI, “uno de los más corruptos en un tiempo de terrible corrupción”, escribió para los conquistadores varias bulas en las que decretaba que “como él era el dueño de todo el universo, como representante de Dios, se las daba a los españoles y portugueses” las riquezas, las tierras y sus habitantes que fueron convertidos en esclavos cristianizados o evangelizados (ver José de Souza Silva).

Los curas también pudieron haber leído, además de leyes y jurisprudencia, otros textos para comprender cómo es que se construyó históricamente, y sigue vigente, el despojo de los pueblos originarios. Así, sabrían (¡¡de repente lo saben!!) que en México la población (indígena) descendió de 21 millones en 1.500 a 1 millón en 1.600. En Perú de 6 millones a 1 entre 1.532 y 1.628. Que Latinoamérica en 1.492 estaba poblada por 70 millones de personas y en 1.620 el 95% había sido asesinada o muerto en los campos de cultivos, según narra Fernando Báez en “El saqueo cultural de América Latina” (2008); y hubiesen revisado los señores curas el clásico “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano.

La iglesia es, como bien sabemos, una institución con peso descomunal en la conformación de la visón de mundo o imaginario social, de la moral y de las prácticas que en teoría rigen la vida de al menos 1.300 millones de personas en el mundo (17 de cada 100/“cristianos” en total rondan el 33%). “Como maestra en la articulación entre saber y poder, la Iglesia (católica) participó de la colonización de varias formas, incluyendo su injusta contribución a la creación de la cultura del miedo que facilitó la dominación local: miedo del pecado, del infierno, del primitivismo, del salvajismo, de Dios y de sí mismos, institucionalizando formas de ser, sentir, pensar y hacer adaptadas a la conveniencia de los dominadores”, dice De Souza Silva. Quienes terminaron creyendo a fuerza de látigo, cadenas, torturas y esclavitud y quienes por aprendizaje forzado y hasta por voluntad respetan la iglesia y su planilla hasta el día de hoy, incluida mucha gente indígena, merecen que los que les representan hablen desde la justicia, las leyes y el respeto, pero sobre todo desde la responsabilidad y la ética.

Por las razones que sea, la negación de la historia, pasada y actual, no se justifica. Menos cuando proviene de voces, como la de los curas, que para mucha gente es infalible. ¿Cómo pretender que la población de Costa Rica respete la vida, los territorios y las culturas indígenas, si escucha discursos supuestamente neutrales, basados en la ignorancia y el irrespeto? En esa lidia los curas no están solos. Recordemos al expresidente Calderón Fournier (1990-1994) cuando dijo que “en nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” /[1].

La iglesia católica debería revisar el legado maravilloso de Helder Pessoa Câmera y los aportes inigualables para la justicia de Pedro Casaldáliga y Frey Betto. Debería buscar y hacer propios los diarios de Oscar Arnulfo Romero. ¿O acaso nadie lo recuerda al menos cada 24 de marzo, y lo olvidaron como lo olvidó Karol Wojtyla cuando supo que lo iban a asesinar y ni se inmutó? Deberían los curas volver la mirada a Leonardo Boff para poder hablar de justicia, de fusión entre pueblos indígenas y su común-unión con la Tierra que en Costa Rica y muchísimos otros países la mayoría de indígenas cuidan y defienden.

Los pueblos no necesitan una versión megalómana y manipuladora de “pastores” para que los “guarden”, “guíen” o “apacienten como el ganado, especialmente el de ovejas” (definición de la RAE). Los pastores son innecesarios cuando los pueblos son más independientes y libres. En todo caso la autoproclamación como “pastor” no es lo peor, si no el uso de una figura de poder social, como la de cura, para colocarse ante la tragedia de siglos que han vivido los pueblos originarios y que, evidentemente, los curas que hablaron desconocen u ocultan.

Muchas veces, a pesar de su nefasta historia en contra de la humanidad, y los pueblos originarios de América Latina en particular, buena parte de la iglesia católica se ha identificado con las causas de la justicia, como ocurre con la teología de la liberación, a la que la misma cúpula vaticana ha condenado y descalificado. Millones de seguidores del catolicismo son gente comprometida con la defensa de los derechos humanos de todo tipo, y en nada responsable de los ligámenes del alto clero con los círculos de poder. Ejemplos abundan pero recuérdese nada más el Tratado de Letrán de 1929 entre el Vaticano, bajo el mando de Pío XI, y el Gobierno fascista de Benitto Mussolini, o las relaciones entre la dictadura argentina y la iglesia de ese país (1973-1983).

En el caso de Pérez Zeledón, los prelados exhumaron ignorancia técnica y un peligroso acercamiento a quienes realmente provocan el conflicto. Las tierras adjudicadas por ley a los pueblos originarios están en injusta disputa por el hecho de que los Gobiernos nunca han reconocido esos derechos; y a eso se suman las usurpaciones de no indígenas. Pedir justicia “justicia para todos los diferentes actores” es un simplismo sólo posible si se niegan los derechos de los indígenas. China Kichá es tan sólo una cruenta manifestación del conflicto. Quienes legalmente son usurpadores, es porque pretenden derechos sobre tierras que ellos mismos, las instituciones nacionales y el Estado, ya debieran reconocer como tierras indígenas y con eso terminar el conflicto. Así se evitarían más confrontación y ausencia de convivencia pacífica, más muertes que las de Sergio y Jerhy y más divisiones entre la gente indígena y entre ésta y la no indígena que los curas más bien fomentan con sus manifestaciones.

Y a modo de coda, ya que hemos escrito sobre leer para conocer y comprender, los 2 abates que hablaron pueden leer un maravilloso poema de Mario Benedetti (¡es un poeta uruguayo por aquello!) que se llama “Si dios fuera mujer”.

[1]Diario ABC (España), 23 de julio de 1992, p. 41. Citado en: UCR. Concejo institucional. (2017). Comisión Especial de Salitre. INFORME FINAL).

Audiencia del Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 6 de mayo se llevó a cabo la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de medidas provisionales para las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).  A la audiencia se presentaron las personas beneficiarias de las medidas, sus representantes legales, y Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua.

El Estado debió rendir cuentas ante la Corte por la violencia que sufren personas defensoras beneficiarias de medidas de protección. Aunque se esperaba que se expresara sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de las personas defensoras, el discurso de Morales fue de estigmatización y violencia.

“La Procuradora, en una tácita aceptación del hostigamiento dijo que la vigilancia policial que mantuvieron frente a las instalaciones del CENIDH, así como la que me sigue a todas partes, se hace para protegernos; pero no mencionó que luego el gobierno nos sacó y usurpó nuestras instalaciones, ni reconoce que es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, comentó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH. Además, expuso el intenso hostigamiento que recibe por parte de la policía que la vigilan y siguen constantemente, aún en momentos privados.

Por su parte, Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió a las descalificaciones que hizo la Procuradora sobre el hecho de que él mismo y varias personas que integraban el CENIDH, se vieron forzados al exilio. “El nuestro no es un caso aislado, cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país para resguardar sus vidas, y quienes se han quedado en Nicaragua, como doña Vilma, se encuentran en peligro todos los días”.

La Corte IDH, ya ha indicado que los Estados deben reconocer los riesgos inherentes a la labor de defensa y los insta a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación en casos de riesgo, amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos

Las peticionarias esperan que la Corte IDH requiera al Estado que se abstenga de seguir ejecutando acciones que ponen en peligro los derechos de las personas beneficiarias y  que asegure un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, así como cesar las campañas de hostigamiento en contra las personas defensoras.

La directora del programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz, recordó que han transcurrido 18 meses desde que la Corte IDH otorgó medidas de protección al CENIDH y a la CPDH, sin que el Estado de Nicaragua haya adoptado acciones para proteger la vida y la integridad de las personas beneficiarias.

 

Información compartida a SURCOS por Seidy Salas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

La vacuna un derecho humano

Vicente Cherneh

En estos momentos, cubiertos por la sombra mortal de la pandemia del Covid19, me viene a la memoria el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, después de otra pandemia tan terrible como la actual, la 2da Guerra Mundial. Este Artículo 1 dice así: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Por supuesto, todos somos iguales, tan solo que hay unos más iguales que otros. Por ejemplo, yo mismo, puesto que no soy tan igual a los costarricenses porque, entre otras cosas, no me puedo vacunar contra el coronavirus debido a mi condición de extranjero, adulto mayor y con salud vulnerable. Me quedé atrapado en el país como turista y ahora estoy en el lento proceso del trámite de solicitud de residencia temporal como dependiente, mientras tanto no tengo derecho a vacunarme.

Me pongo como ejemplo porque conozco mi caso, pero este problema no es un asunto personal, sino es una complicación general de un amplio sector de la población, digamos 200 mil personas o quizás 250 mil, mayoritariamente nicaragüenses y venezolanos. ¿Quién asegura que no puedan enfermarse? ¿Contagiar a otras personas? ¿Quitar espacio en los servicios de salud pública? ¿Morirse por indolencia?

Ya lo dijo el gobierno, los extranjeros sin residencia permanente o temporal, que no estén al día en la Caja Costarricense de Seguro Social y no tengan el Dimex, no serán vacunados. De acuerdo, lo entiendo, pero el gobierno también debe emitir una ordenanza donde prohíba que un nacional contagie, voluntaria o involuntariamente, de Covid19 a un extranjero que no pueda vacunarse.

Recuerdo una declaración emitida por el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, publicada en la prensa del país, donde explicaba que, tras valorar que los inmigrantes irregulares, al no tener un estatus regular en el país “no poseen un historial médico clínico” y, por lo tanto, “los doctores no pueden aplicar un medicamento sin esa información”.

¡Vaya explicación! Pareciera que cuando una persona se inscribe en la CCSS le realizan previamente un examen clínico completo para evaluar su condición de salud y crear su historial médico que permitiría saber si tendrá efectos secundarios si le aplicasen la vacuna. ¡Majaderías!

Hay una declaración del Ministerio de Salud que es para morirse de la risa, en realidad, más bien es para morirse del coronavirus. Dice que “también serán vacunadas aquellas personas que se encuentren en vías de obtener su permiso de residencia permanente o temporal… siempre que estén al día con sus contribuciones a la CCSS”. ¿En cuál punto de la vía?, ¿al comienzo, al medio, al final?, ¿cómo va a inscribirse en la CCSS si todavía no tiene la residencia ni el Dimex?

En enero este año el Director General de la Organización Internacional de las Migraciones, António Vitorino, en una entrevista señalaba: “Los países tienen que prever la vacunación de todos los que están presentes en su territorio incluyendo a los migrantes, independientemente de su estatuto legal. No se trata de crear una prioridad para los migrantes. Al revés, se trata de aplicar a los migrantes los mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales. Es decir, aquellos que son más vulnerables por la edad o por razones de salud”.

Más aún, en las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se enfatiza que “el acceso asequible y no discriminatorio a las vacunas es un derecho humano”. A tal fin, los gobiernos deben garantizar, primeramente, la vacunación dentro de sus territorios de todas las personas de alto riesgo, incluidos los migrantes en situación de vulnerabilidad. Es más, los criterios de vacunación, así como la prioridad, deben fundamentarse en consideraciones de salud pública, sin discriminación alguna (Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), E/C.12/2020/2, 15 de diciembre de 2020).

Costa Rica es un modelo de referencia para América Latina en materia de democracia y derechos humanos, pues todos sus gobiernos se han destacado en la promoción de los derechos civiles y políticos. A lo largo de su historia moderna ha realizado esfuerzos permanentes en la defensa de los derechos humanos, tanto en su política interna como en la de sus relaciones exteriores. No es una casualidad, en este sentido, que Costa Rica sea la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual la compromete más aún a ser ejemplo de naciones.

Por tal motivo, hay que resaltarlo a las autoridades del país, la vacuna es un derecho humano, esto es un asunto de ética, de humanidad, en consecuencia, habrá que incluir a todos los migrantes, independientemente de su condición migratoria, sin temor ni riesgo de detención, deportación u otra sanción derivada de su circunstancia migratoria. Dejar intencionalmente a una persona sin la vacuna es una violación al derecho a la vida.

Costa Rica ha sido un referente para América Latina, incluso el mundo, en materia de derechos humanos. A lo largo de su historia moderna, Costa Rica se ha esforzado permanente y decididamente por ampliar hacia todos sus ciudadanos y ciudadanas tanto las condiciones materiales como las libertades civiles y políticas esenciales para una vida satisfactoria.

Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es generalmente dada como ejemplo de democracia y compromiso a los derechos humanos. En general, lo es; la promoción de los derechos civiles y políticos, como los económicos y sociales han sido preocupaciones fundamentales de sus distintos gobiernos. Sin embargo, es un país que tiene problemas graves, incluyendo un sistema judicial muy lento y largos términos de detención sin juicio, trabajo infantil, desigualdad, y violencia contra las mujeres y los niños.

 

Imagen ilustrativa.

CEJIL: Honduras debe garantizar protección a familia de Berta Cáceres y COPINH ante juicio contra David Castillo

San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.

Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.

Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.

Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.

En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.

Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.

Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.

Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.

El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.

Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.

Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: CIDH llama a garantizar derecho a la identidad de género de las personas no binarias

«En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, observado el 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas no binarias, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.»

Puede leer el comunicado completo en el siguiente enlace:

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/079.asp

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?


[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.

Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana

Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela:

Nicaragua: CIDH celebrará audiencia sobre la colonización de tierras indígenas en la costa caribe

  • El 18 de marzo de 2021 a las 12:00 horas Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua, en el marco de su 179º período de sesiones. Inscripción: http://bit.ly/2Owsy7c

  • Sólo en 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país, ocho personas resultaron heridas, dos fueron secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, en el noreste de Nicaragua, como parte de la violenta colonización de la región.

  • La audiencia pública tendrá lugar tras meses de creciente presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y el sector privado para que tomen medidas concretas contra la invasión de las tierras indígenas y afrodescendientes en la costa caribe.

12 de marzo de 2021.- El 18 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua. Seis organizaciones de la sociedad civil participarán en la audiencia y llamarán la atención alrededor de las causas, la magnitud y los impactos de la colonización de los territorios indígenas en el noreste de Nicaragua, así como sobre los promotores de esta violencia.

En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, así como los detalles sobre la colusión y la complicidad del gobierno nicaragüense y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.

En 2020, se documentaron 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestros y el desplazamiento forzoso de una comunidad en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. A la fecha, la violencia continúa. El pasado 4 de marzo de 2021, colonos llevaron a cabo un ataque contra el pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, dejando a una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Durante la audiencia, representantes de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil ofrecerán su testimonio sobre las repercusiones de la colonización en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en su capacidad de acceder a fuentes de alimentos, agua potable y a medicina tradicional, así como en sus relaciones con la tierra en general. Las personas participantes también debatirán los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que golpearon la costa caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.

Esta audiencia se da en un contexto de mayor presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y las empresas privadas para que tomen medidas concretas para detener el proceso de colonización. Al respecto, el 1 de febrero de 2021, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos envió una carta al gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación completa del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder Mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales. El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos respaldaron la carta. A finales de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua que, por primera vez, incluyó una sección sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La Alta Comisionada denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del gobierno nicaragüense para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias de connivencia de las autoridades locales en los mismos. El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades mískitas.

Más recientemente, el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) anunció que retiraba a Nicaragua de su cartera tras determinar que será imposible «poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados.» La financiación del FCPF en Nicaragua estaba destinada a invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación.

La audiencia pública tendrá lugar a las 12:00 horas Nicaragua | 14:00 horas Washington D.C. el 18 de marzo de 2021 y se realizará de manera virtual a través de Zoom y de la página de Facebook de la CIDH. Las organizaciones que participarán en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El Estado de Nicaragua ha sido invitado a participar.

Registrarse a la audiencia

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.