De nuevo, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) se ve en la necesidad de denunciar y rechazar categóricamente las manifestaciones dadas por el presidente de la República y de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con respecto al estudio Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica”.
Con fecha del 22 de noviembre del 2023, el Cinpe-UNA envió el oficio a UNA-CINPE-OFIC-358-2023, dirigido al viceministro del MICITT, Humberto Vargas Picado, donde se da respuesta a cada una de las consultas que se plantearon con respecto a la realización de este estudio.
Al respecto, se detallan elementos técnicos que fundamentaron su elaboración, como, por ejemplo, el modelo econométrico utilizado, la utilización de fuentes y el modelo tarifario. Por ende, no tiene ningún asidero las críticas emanadas públicamente por el Mandatario y la ministra, que fueron justamente contestadas en dicho informe.
“Este ataque directo de parte del Gobierno hacia el trabajo profesional, serio y dedicado de un grupo renombrado de economistas representa un severo intento de amenaza a la labor investigativa, ética e independiente que ejercemos las universidades públicas, en el debate de temas que son de trascendencia nacional. El hecho de que el Poder Ejecutivo no comparta las conclusiones no debe dar cabida a un ataque en estas dimensiones”, manifestó el director del Cinpe, Olman Segura.
Como lo expresara el rector de la UNA, Francisco González, semanas atrás, las universidades públicas tienen como ejes de acción la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que justifican la realización de este estudio. “Nuestra credibilidad no se negocia por lo que no aceptamos injerencia alguna en los resultados de nuestras investigaciones, independientemente de que las financien entidades públicas o privadas”.
Así como este trabajo se realizó para la empresa de telecomunicaciones Huawei, el Cinpe destacó que de la misma manera ha procedido con otras instituciones como el propio MICITT, Recope, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, FAICO, entre otras.
De esta manera, la UNA no solo lamenta la forma en que se ataca a mansalva la labor de la UNA a través de este informe, sino de la sistemática forma en que el actual Gobierno pretende descalificar la acción de las universidades públicas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Ante las críticas emitidas por el Poder Ejecutivo sobre la forma en que se trabajó un informe sobre exclusión de proveedores para el desarrollo de redes 5G, por parte del Centro Internacional de Política Económica y Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA), el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, defendió la labor realizada y la integridad de sus resultados.
González manifestó que las universidades públicas tienen como ejes de acción la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propias de la vinculación con comunidades, regiones y territorios.
“Atendemos necesidades en todos estos campos, nuestra función es pública y documentamos nuestra producción mediante distintos soportes de carácter editorial, reportes e informes detallados de cada intervención en distintos ámbitos, públicos o privados, nacionales e internacionales.
Apostamos por la rendición de cuentas, la probidad y la transparencia. La Universidad Nacional viene ocupando los primeros lugares en el Índice de Transparencia en el Sector Público, estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes, nos acogemos al modelo de Universidad Abierta, precisamente por nuestro compromiso con el valor público, la confianza y la credibilidad como prácticas inherentes a nuestro quehacer”, indicó el rector de la UNA.
Ejemplo de esta labor son trabajos realizados como análisis de aguas en una comunidad, monitoreo de zonas vulnerables por la acción climática, diseño de metodologías de enseñanza o estudios micro o macroeconómicos, solicitados por entidades públicas o privadas. Es el caso del estudio “Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica”, realizado por el Cinpe.
Esa investigación y sus hallazgos son públicos, responden a los mismos criterios de rigurosidad académico-científica que los estudios realizados anteriormente para la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, Banco Nacional de Costa Rica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa de Naciones Unidas PNUD, la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL; además, se han firmado convenios con la Cámara de Industrias de Costa Rica, CAPORC Cámara de Pocicultores, CORFOGA Corporación de Fomento Ganadero, CoopeAgropal, Coope Tarrazú, Coope Dota, y entes internacionales, así como apoyo al gobierno en coyunturas críticas como la pandemia por Covid-19 y urgencia de reactivación económica, estos últimos, aportes totalmente gratuitos, entre muchos otros.
En su pronunciamiento, Francisco González, indicó que las universidades públicas también concretan acciones de vinculación externa remuneradas, como una forma de generar recursos propios bajo principios de absoluta legalidad y con apego a referentes éticos y rigurosidad científica.
“Nuestra credibilidad no se negocia, por lo que no aceptamos injerencia alguna en los resultados de nuestras investigaciones, independientemente de que las financien entidades públicas o privadas. Pero tampoco aceptamos acusaciones sin fundamento y cuestionamientos que no hacen referencia a los hallazgos, argumentos o conclusiones en particular, tales como los emitidos el día de ayer públicamente, en contra de la investigación en cuestión”, manifestó el Rector.
Tal y como se determina en el informe del Cinpe, es evidente que en el debate público sobre la asignación de servicios de telecomunicaciones 5G mediante la exclusión de proveedores, mecanismo empleado por el actual Gobierno de la República, amerita un análisis riguroso y del mayor nivel, por tratarse de un tema país.
Finalmente, González invitó a revisar el documento y a hacer partícipes a cualquier autoridad gubernamental, empresarial, universitaria o de otros ámbitos, a un debate de altura, bajo el criterio de que Costa Rica debe aprovechar, plenamente, los beneficios de esta tecnología de manera equitativa y sostenible, promoviendo el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad internacional.
“Reiteramos que la Universidad promueve el análisis sistemático y permanente de la realidad nacional e internacional, con el fin de determinar sus tendencias, y a partir de este conocimiento detectar sus problemas, necesidades y fortalezas, para ofrecer alternativas de solución. Nuevamente, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales al equilibrio, al respeto y a la observancia de la autonomía universitaria, a proporcionar a la ciudadanía información veraz, fundamento de una sociedad más crítica y educada, en democracia”, agregó el Rector de la UNA.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Costa Rica ha disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley.
Desde la implementación de la regulación de las tasas de usura en Costa Rica, se ha observado una reducción notable en las tasas de interés en comparación con otros países de la región y a nivel global. A tres años de aprobada esta normativa, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), presentó un estudio con resultados de la implementación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia.
La regulación de las tasas de usura tiene como objetivo principal proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, y rige desde el 20 de junio del 2020 (Ley N° 9859), siendo aprobada durante la pandemia por el COVID-19.
Dentro de las principales acciones, la ley busca proteger a los consumidores financieros, fomentar la transparencia, estimular la competencia, promover la inclusión financiera, reducir el endeudamiento excesivo, y mantener la estabilidad financiera.
El catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del CINPE, Leiner Vargas Alfaro, expuso los principales resultados desde su implementación.
Primero, en el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés en Costa Rica han disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley de usura. Esto ha permitido que las tasas de interés en el país sean más competitivas en comparación con las de otros países de la región, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden ser significativamente más altas.
En el caso de los créditos personales, también se ha observado una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito. La disminución en las tasas de interés en los créditos personales ha mejorado la accesibilidad al crédito para una mayor cantidad de consumidores y ha estimulado la demanda de préstamos.
Por otra parte, esta regulación ha obligado a las entidades financieras a ser más transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas al solicitar créditos.
“La mayor transparencia en el mercado financiero costarricense se ha dado en varios aspectos, principalmente en la divulgación de información sobre las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos. Esto ha sido resultado de la regulación de las tasas de usura y otras medidas adoptadas por las autoridades regulatorias”, indicó Vargas.
Cabe destacar que al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras. Esto incentiva a las entidades a ofrecer mejores condiciones y productos más atractivos para los consumidores, lo que beneficia a todo el mercado.
Para el economista del CINPE-UNA, tener información clara sobre las condiciones del préstamo, permite a los consumidores evaluar su capacidad de pago y tomar decisiones más responsables en cuanto al endeudamiento, evitando caer en situaciones de sobreendeudamiento.
“La regulación de las tasas de usura ha ayudado a mantener la estabilidad del sistema financiero al evitar que las entidades financieras asuman riesgos excesivos en busca de mayores rendimientos mediante tasas de interés elevadas. La protección de los consumidores y la reducción del endeudamiento excesivo son dos objetivos clave de la regulación de las tasas de usura en préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos”, explicó Vargas.
En conclusión, el académico Vargas, señaló que hay desafíos pendientes, como por ejemplo el acceso al crédito para sectores vulnerables y pequeñas empresas, lo cual es crucial para promover la inclusión financiera y el crecimiento económico en Costa Rica.
OFICINA DE COMUNICACIÓN UNA 09-02-21 O.C-B.P-027-2021 Comunicado de prensa Piden a Conavi y Mopt cumplir mandato de Sala Constitucional
Ante el incumplimiento de la orden que dio la Sala Constitucional de
construir y habilitar pasos de fauna en la ruta 32.
El Instituto Internacional de Conservación de la Vida Silvestres (ICOMVIS) y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional encontramos altamente preocupante el incumplimiento por parte del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de la orden dictada por la Sala Constitucional de construir y habilitar los pasos para la fauna en la ampliación de la ruta Nacional 32, manifestamos que:
El atropello y muerte de los animales en carretera tiene impactos éticos, ecológicos, sociales y económicos negativos para nuestra sociedad y el ambiente.
Según la misma Sala Constitucional, el CONAVI ha incumplido a pesar de que por resoluciones n.° 1239-2019-SETENA del 25 de abril de 2019, n.°2135-2019-SETENA del 5 de julio de 2019, n.° 2572-2019-SETENA del 8 de agosto de 2020 y n.° 1458-2020-SETENA del 19 de agosto de 2020, SETENA ha compelido la observancia de los compromisos en materia ambiental, lo que incluye la respectiva construcción y habilitación de los pasos de fauna.
De acuerdo con estudios y cifras oficiales, en el 2014 se atropellaron 1245 animales silvestres y en el 2018 se reportaron 1230 animales salvajes muertos en la ruta 32. De igual manera, otros estudios en la Carretera Interamericana Norte que cruza el Área de Conservación Guanacaste mueren miles de animales silvestres cada año. Estos datos muestran uno de los tantos impactos que tienen las carreteras, adicionando que muchas son especies catalogadas en peligro de extinción (grandes carnívoros y herbívoros) y dicho impacto se acrecentaría al ampliarla la carreta a cuatro carriles.
Impacto ético. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) existente para esa carretera indica la necesidad de construir 51 pasos de fauna, 23 pasos aéreos y 28 terrestres. El incumplimiento a esta recomendación del EIA tiene un impacto ético negativo, pues en determinado momento se aceptó la obligación de cumplir con los valores positivos a favor de las especies de fauna silvestre. No cumplir con sus recomendaciones se convierte en un fracaso ético por parte de nuestras instituciones. El personal involucrado, instituciones públicas y privadas debe ser consciente del impacto que tiene la inacción, al ignorar los valores positivos que hemos desarrollado en nuestro país. Ignorar dichos valores mostraría una negligencia y un desprecio por la vida por la vida de estas especies, las cuales requieren el desarrollo de estos pasos despreciables por inacción la vida de especies vivientes que requieren de la mitigación de estos pasos de fauna para mitigar su muerte en carretera.
Impacto Social. El impacto social negativo de la muerte de los animales en carretera se ilustra de manera clara cuando se va perdiendo la sensibilidad de las personas al constatar traumatismos y laceraciones de animales que quedan vivos después de un atropello o bien al comportarnos de forma indiferente ante la muerte de estos. Más aún, la sociedad es afectada de gran manera cuando se constata el ejemplo de las autoridades y de las instituciones que con desinterés y argumentaciones espurias evitan cumplir con los mandatos superiores. Esto afecta la imagen del país cuando los turistas que nos visitan observan muchos animales muertos, incluso en áreas silvestres protegidas.
Impacto ecológico. Desde el punto de vista ecológico y ambiental, una de las amenazas a la biodiversidad más graves es el desarrollo de fauna silvestre. Además de causar muerte directa, la carretera aísla las poblaciones de fauna, impidiendo o dificultando el intercambio genético entre individuos, lo cual se traduce en reducción en sus poblaciones, especialmente de especies amenazadas de extinción y, cuyo impacto sobre el ecosistema circundante a las carreteras aún queda por evaluar. Por esta razón, los pasos de fauna son la mitigación adecuada en este tipo de infraestructura vial, porque restituyen de alguna manera la conectividad del paisaje que se perdió por causa de la carretera. Además, es importante normativa ambiental a nivel global, como lo es el principio precautorio, o también conocido en esta materia como el principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río (1992), que literalmente indica:
Principio 15. – Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Impacto económico. La negativa a construir de inmediato los pasos de fauna aéreos y terrestres también tiene un gran impacto económico. Por un lado, no solamente se pierde la vida de los animales que cruzan la carretera, sino que, si se coloca la carpeta asfáltica, se deberá romperse el asfalto instalado, con la respectiva pérdida económica. Por otro lado, considerando la pérdida económica más allá de lo puramente crematístico o monetario, el impacto que desencadena la muerte de los animales implica afectación directa en la cadena trófica de las especies afectadas, con potenciales impactos en el surgimiento de plagas por sobrepoblación de otras especies de la cadena, afectación de los cultivos e impacto negativo en la imagen de conservación que tiene el país, lo que desde luego también afecta el turismo. Un tercer elemento del impacto económico negativo que tiene este incumplimiento es intentar justificar la construcción pretendiendo resolverlo a través de un arbitraje internacional, que de acuerdo con las experiencias que ya tenemos en el país el costo anual puede rondar en $1.5 millones al año, con el agravante que tendríamos que decidir si detener la obra sin terminarla, o bien terminarla para luego romperla y dar cumplimiento al mandato de la Sala Constitucional.
Por lo tanto, recomendamos:
Que el CONAVI y el MOPT cumplan de inmediato con el mandato de la Sala Constitucional de construir la carretera y habilitar los pasos de fauna con el adecuado respeto a la protección ambiental que debe brindarse, aunque se deba entrar en un diálogo y negociación con la empresa constructora (CHEC) para cumplir con los requisitos de la obra.
Establecer cuanto antes una normativa por parte del Poder Ejecutivo o legislación específica que establezca una clara aplicación obligatoria para la inclusión de pasos de fauna silvestre en TODAS las ampliaciones o construcciones de carreteras nacionales (debe incluirse las etapas de planificación, diseño, construcción y operación).
La normativa o legislación debe incluir la obligatoriedad de realizar estudios y análisis técnicos para la colocación de los pasos de fauna aéreo o terrestres y deben ser realizados por profesionales de comprobada solvencia y experiencia en este campo. Además, debe contar con la participación de un panel de expertos en el tema.
Incluir la normativa sobre pasos de fauna en el Manual de Construcción de Carreteras del MOPT, como requisito para la construcción o ampliación de carreteras.
Aprovechar nuestra marca país, amigable y preocupado por la conservación de su fauna y el ambiente, para mostrar de manera efectiva nuestras acciones a favor de nuestra biodiversidad y promocionar a Costa Rica internacionalmente.
M.Sc. Joel Sáenz Méndez Ph.D. Olman Segura Bonilla
Director Director ICOMVIS – UNA CINPE – UNA
****Mayor información con: Joel Sáenz, director Icomvis (8815-2845) / Olman Segura, director Cinpe (8709-0386) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, (2277-3464).
El arroz desregulado genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio del arroz regulado.
Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), denunció que en un estudio financiado por la Cámara de Comercio de Costa Rica se indica que el porcentaje que gastaban los sectores más bajos en arroz era casi de un 8.5%, lo cual para el académico es falso. Incluso, ese dato fue utilizado por el Banco Central en un estudio del efecto de la desregulación del precio del arroz en las familias pobres; asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre competencia, se equivoca al utilizar una referencia secundaria sin verificar el dato ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en relación con lo que gastan las familias pobres en el consumo del arroz.
Esta situación fue externada por el economista de la UNA en un reciente webinar que analizó los pros y contras del precio del arroz en Costa Rica, organizado por el Cinpe y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Vargas manifestó que esto es un error que no se puede permitir ni a la OCDE y menos al Banco Central, ya que éste financia parte de la encuesta de ingresos y gastos. “No se vale que sus investigadores utilicen datos secundarios de un estudio financiado por la Cámara de Comercio y menos, que la OCDE contrate consultores nacionales que no se validan con la información del INEC”, señaló el economista de la UNA.
Datos en manos de Vargas revelan que el 4.59% al 2019, es la cifra correcta que tanto el Banco Central como la OCDE, debieron considerar en sus estudios e informes. (vídeo adjunto).
Desregulado y a la libre
Otra inexactitud dada a conocer por el economista del Cinpe en materia de arroz, es la que plantea que el aumento en el gasto de los consumidores más pobres en arroz obedece a los precios regulados, cuando en realidad se debe al precio del grano desregulado.
Vargas explicó que en el caso del arroz regulado existe una categoría denominada grano entero que analiza el Banco Central a través del INEC. Sin embargo, en el mercado existen importadores que traen arroz de diversas categorías, los cuales tienen los precios desregulados.
“Por ejemplo, el arroz regulado en la categoría 80/20, cuyo precio ronda los ₡620 el kilo, en la categoría de arroz desregulado (precocido, con camarones, integral y jazmín, entre otros) el consumidor llegaría a pagar entre ₡1.600 y ₡1.800 por ese mismo kilo del grano, solo porque viene en distintas presentaciones”, explicó Vargas.
El economista agregó que precisamente entre el 2013 y el 2019, el porcentaje de arroz entero regulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cayó de un 4.91% en la canasta de los más pobres a un 4.56%, lo que significa que la regulación de precios disminuye el costo y el gasto en arroz para las personas de más bajos ingresos. No obstante, el arroz desregulado aumentó de 4% a 9% en el presupuesto de las familias. “Es el arroz desregulado el que genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio el arroz regulado, porque está a libre y se vende bajo el concepto del libre mercado, que algunos intentan achacarle al mercado del arroz, pero que no tienen”, precisó Vargas.
Según datos del INEC, el gasto en el presupuesto de las familias no solo se refleja en el arroz desregulado, sino también en el mercado de las medicinas, internet y otros. Muy diferente al mercado del arroz regulado, en relación con el presupuesto que gastan las familias más pobres.
Vargas mencionó que la discriminación de precio realizada por la importación de arroz lo que hace es maximizar el ingreso de los importadores y no minimizar el gasto de las personas. “Así que cuando se habla de que estamos con el interés en los consumidores que se hable con números, porque en este contexto el arroz desregulado ha avasallado al consumidor”.
Así está el arroz
Isabel Quirós, presidenta Ejecutiva de Conarroz comentó que durante muchos años el sector arrocero se ha visto amenazado por los intereses de unos pocos que se refugian en estudios desactualizados, con informaciones e interpretaciones inexactas en busca de liberar el precio del arroz.
Quirós explicó que la encuesta de hogares realizada por el INEC entre 2013 y 2018, reveló que el gasto de los quintiles de menor ingreso en arroz de grano entero (regulado) presentó una disminución al pasar de 5.3% a 4.6%, con lo cual se demuestra que la regulación de precio ha beneficiado al quintil de menor ingreso del país. “En la actualidad el precio del arroz ha favorecido a los cinco millones de consumidores, los cuales tenemos acceso a comprar el grano a precios muy favorables, ya que es el único producto que ha experimentado una disminución del 15% en la última década y forma parte esencial de la canasta básica nutricional del costarricense”, explicó Quirós.
La presidenta de Conarroz aseveró que los altos porcentajes de intermediación en otros productos no regulados han detonado en precios altos por lo que el fomento de la competencia no demuestra que los consumidores se beneficien de mejores precios, si los productos se mantienen a la libre.
Quirós afirmó que el sector arrocero ha hecho esfuerzos por elevar la productividad, por lo que de 2012 a 2020 ha tenido un crecimiento sostenido del 3.8% anual, pasando de 3.4% a 4%, superando el promedio mundial que está en cuatro toneladas por hectárea, esto a pesar las inclemencias el tiempo y la carencia de herramientas para el sector.
A la vez, la actividad arrocera aporta el valor agregado agropecuario y brinda empleo a más de 33 mil personas en 25 cantones del país que no cuentan con otras actividades productivas para su desarrollo económico.
FORO: LA NUEVA NORMALIDAD EN COSTA RICA POST COVID-19 SEGÚN EL CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El pasado viernes 12 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) realizó el Foro Virtual “La Nueva Normalidad Post COVID 19- Escenarios Futuros de Costa Rica”, con académicos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) para analizar el panorama latente en el pais y posibles propuestas de mejoramiento en diferentes áreas estrategicas que podrían presentar mayores cambios a futuro.
Juan Carlos Mora, académico de la EPPS, explicó que el trabajo efectuado lleva dos meses de investigación, en este sentido, se está en plena acción de la segunda y tercera fase de consulta a diversos actores y sectores, los cuales han brindado sus opiniones y criterios. Se indica, que se han sistematizado alrededor de 840 observaciones que aportan información sobre los grandes cambios en el futuro: “Estos datos se han analizado y sistematizado, por consiguiente, se ha obtenido 56 variables, a lo cual nuevamente se le realizó un proceso de análisis, para llegar a tener 8 variables macro que mostrará el futuro más posible para Costa Rica”.
En este foro realizado mediante la aplicación Zoom, se compartieron cinco cuestionarios con los participantes del CINPE, con el objetivo de conocer su criterio experto en materia de política económica, asimismo, escuchar comentarios de los expertos en el tema.
La primera pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la política costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de esta pregunta muestran que la mayoría de los participantes en el foro piensan que el área más afectada será la legislación laboral, fiscal y comercial (90%). Seguidamente se encuentra la opción Reforma del Estado, empleo público, privatización, (60%) y Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (50%). Como últimas opciones se encuentran Modelo de gobernanza y participación social (30%), Geopolítica global, organismos multilaterales, reglas globales, (20%) y Cooperación internacional, bien común y solidaridad internacional (20%).
Jeffrey Orozco, académico del CINPE, comentó, que los resultados reflejan la tendencia de encargar muchas de las reformas hacia el sector laboral, es decir la clase media: “Esto es algo que muchos no quisieran, porque se le implementan más impuestos a este sector el cual no tiene tanto poder adquisitivo, ya que es lo más fácil de realizar, ¡aunque tenga un costo social más alto”.
Para Orozco, la preocupación actual es principalmente la posible dirección que van a tomar estas reformas en un futuro, ya que existe el riesgo de alejarse de todos los avances sociales que ha logrado el país durante gran cantidad de años. Además, de que esta reforma se siga haciendo bajo la línea que se trae actualmente de minimizar la importancia real del Estado.
Keynor Ruiz, integrante del CINPE, indicó que el concepto referido a la Nueva Normalidad que se plantea, estaría forzando un análisis de esta situación, pues habrá que evaluar si se estará viviendo una nueva normalidad o una continuidad de lo que hemos venido profundizando en ciertos aspectos: “Las reformas en el Estado y sus temas relacionados tiene una base que no necesariamente tiene que ver la pandemia, porque se presentan variables se han venido afectando desde hace muchos años”. Ruiz agregó, que hay nuevas ideas y reformas en temas laborales, que se vienen pensando en realizar desde antes de la pandemia y que hasta ahora se llevan a cabo, por lo que es de esperarse, que se continúen después de que normalice la situación actual: “Para visualizar los posibles elementos del futuro es necesario analizar primeramente los elementos actuales y cómo llegarán a cambiar en un futuro, para luego conocer cuáles sí serían los elementos nuevos”.
Como segunda pregunta se expuso: ¿Cuál área de la economía costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los académicos del CINPE coincidieron en que el área de la economía costarricense que presentará mayores cambios a futuro sería la deuda pública, déficit fiscal y el desempleo (80%). En segundo lugar, se considera el comercio electrónico, diversificación de mercados y emprededurismo (60%). Seguidamente se encuentran las opciones que consideran turismo, nuevos negocios, tecnología, innovación (40%) y las brechas sociales, desigualdad(40%).Y en último lugar están las opciones, inversión pública, empleo, inversión extranjera (30%) y empleo, ingreso de las familias, demanda interna (20%).
Olman Segura director del CINPE, comentó que los temas de deuda pública, déficit fiscal y desempleo siempre serán de prioridad, ya que no hay duda de que estos van a aumentar debido a la pandemia actual, por lo que se deben de considerar en la agenda para la toma de decisiones en cuanto a índices y porcentajes que se aplicarían.
Segura, dijo que se ha empezado a desarrollar más el comercio interno por las restricciones en las fronteras, además, del comercio electrónico y el emprendedurismo que han empezado a aumentar en los últimos meses. Además, Segura, relaciona con el tema de las brechas sociales y la desigualdad, el problema de turismo, ya que no se debe únicamente a los problemas de reducción de los espacios de ocio, sino también, por la cadena de valor que existe alrededor del turismo, la cual ha venido presentando deficiencias por la pandemia.
Keynor Ruíz, agregó que el aumento del comercio electrónico no solo se debe a compañías transnacionales como Amazon o E-bay, sino también a Correos de Costa Rica que ha cumplido un importante papel, para permitir que los comercios se vayan virtualizando poco a poco mediante la actualización de sus servicios. Esto genera que las personas tengan la tendencia en un futuro de comunicarse y adquirir productos vía electrónica ya que se ha generado más confianza y viabilidad para aprovechar estos servicios: “Los sectores de innovación, emprededurismo y nuevos negocios son los que van a tener más cambios a futuro ya que se presentarán la introducción de nuevas tecnologías o procesos de automatización, sin embargo, el turismo y los negocios actuales se irán recuperando lentamente, pero sin presentar cambios drásticos a futuro”. Ruiz, reiteró que es normal que los aspectos que han venido teniendo problemas durante varios años, como lo son el déficit fiscal, la deuda pública y el desempleo se agraven, por lo que se van a tener que atender de manera drástica durante los próximos años.
Como tercera pregunta generadora se expuso: ¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Los resultados de la encuesta presentada muestran que la mayoría de los participantes del foro piensan que las brechas sociales, la desigualdad, la pobreza (70%) la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, ambas con un (70%) son las opciones de preferencia en donde se presentarán más cambios en la nueva normalidad.
Seguidamente, se encuentran las opciones que consideran la salud preventiva, los derechos humanos, la equidad con un 50% de votos y luego la protección social, las pensiones y los seguros con un 40%. En último lugar se encuentran la seguridad ciudadana, la convivencia social y las redes de apoyo mutuo con un 20%, las migraciones, desplazados y los adultos mayores con un 10% de porcentaje elegido.
Olman Segura, comentó que todos estos temas son parte de la problemática actual y se deben discutir en los ámbitos políticos y de desarrollo económico y social: “La opción que abarca la educación dual, la flexibilidad laboral y las pensiones, que ha cambiado la polarización de pensamiento en la población con respecto a estas; conforme pasan los años se han empezado a ver los aspectos positivos que tienen”. En cuanto a la opción que abarca las brechas sociales, la desigualdad y la pobreza, sucede lo contrario, ya que estos vienen afectando desde hace muchos años y con la coyuntura actual han aumentado, por lo que se deben tomar acciones con respecto a estos fenómenos. El tema de la salud preventiva, derechos humanos y el acceso a la salud, es de suma importancia ante esta pandemia, ya que la buena gestión de esta genera un trato equitativo y así se logra ir reduciendo las brechas sociales y la desigualdad” acotó el director del CINPE.
Rafael Díaz, académico (CINPE-UNA), manifestó que el análisis plantea la probabilidad de que las migraciones son las más probables de presentar cambios en el futuro, por lo que se debe procurar que Latinoamérica sea cada vez más igualitaria, para que estos movimientos no traigan consecuencias negativas. Además, los temas de protección social y pensiones también serán temas del futuro, porque la población costarricense está envejeciendo y las desigualdades sociales cada vez están aumentando: “Los otros temas deberían de ser considerados porque puede que estén en el futuro, sin embargo, los temas mencionados anteriormente son los que vienen manifestándose desde hace tiempo y se debe prestar atención, porque son muy poco probable que desaparezcan”.
Suyen Alonso, académica (CINPE-UNA) mencionó que el tema de brechas digitales está uniendo todos estos temas expuestos en el instrumento, lo que evidencia las diferencias entre la población que tiene más acceso a la tecnología y quienes no: “Es cierto que toda esta virtualización ha traído grandes desventajas a nivel social y económico para ciertos grupos de la población. Esta pandemia lo que ha generado es la aceleración de la toma de decisiones, para empezar a aplicar ideas que se venían pensando desde hace varios años atrás”.
Para conocer cuál sería el futuro papel de la tecnología en la sociedad, se preguntó (IV Consulta): ¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
La comunicación virtual, redes sociales y la conectividad (91%) son las que según los participantes del foro presentarán mayores cambios a futuro, seguidamente se consideran la virtualización de la educación, telemedicina y teletrabajo (82%). Con el mismo porcentaje se encuentran las opciones que abarcan temas como la inversión en investigación, desarrollo, (36%) ciudades inteligentes, accesibilidad e innovación (36%). Por último, con el menor porcentaje se encuentra la opción de robotización, Big Data y genoma humano con un 18%.
Marco Otoya, académico (CINPE-UNA), comentó que la coyuntura lleva a pensar que hay una necesidad para modificar áreas como la comunicación, el trabajo, la educación y que nos hemos visto forzados a tratar de adaptarnos lo más rápido posible, para empezar a utilizar de mejor forma las plataformas virtuales, sin embargo, en muchos casos no se cuenta con la disponibilidad de la tecnología para adaptarse de la mejor manera: “La educación no es algo que se puede adaptar rápidamente a la virtualidad y muchos menos en su totalidad, porque siempre habrá áreas de conocimiento que no se puedan virtualizar. Mas es importante considerar la bimodalidad en aquellos cursos que si se pueden llevar a cabo de ambas formas”.
Jorge Solano, investigador junior del CINPE, añadió que el análisis que el tema de la conectividad, la virtualización y las redes sociales, vienen generando un impacto desde hace tiempo y en cuestión de tres meses toda nuestra realidad se ha logrado plasmar en materia virtual, lo que genera muchos retos a la hora de la relacionarse con otras personas. “Pero ante esta rápida adaptación es necesario valorar el nivel del cambio que generó en la población, porque existe la posibilidad de volver a la presencialidad, y puede que la virtualización, al no mantenerse tanto tiempo en la sociedad, se olvide por completo”.
Solano acotó, que el tema del comercio está muy ligado con la virtualización, pues en este tiempo se ha visto como ha aumentado el comercio digital y el emprededurismo mediante las redes sociales, las cuales han traído grandes ventajas a los emprendimientos de la población.
Keylin Jiménez economista, asistente de investigación del CINPE, comentó que la tecnología es algo que para las generaciones más nuevas siempre ha sido parte de la normalidad, por lo que esta población no se ha visto tan afectada durante esta adaptación a la virtualización tan drástica: “Me asiste la duda si la utilización excesiva de las redes sociales para interactuar con las personas: ¿se va a dejar de lado cuando se acabe la pandemia o se mantendrá?…
Jiménez, acotó que la virtualización de la educación, a pesar de que los grupos poblaciones más jóvenes están más acostumbrados a utilizar las plataformas digitales, no se puede generalizar, porque existen carreras y cursos que no se pueden llevar a cabo de manera virtual.
La quinta pregunta generadora fue: ¿Cuál área de la dimensión ambiental costarricensense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiendose en parte de la Nueva Normalidad?
En los resultados se evidencia que las energías renovables, la carboneutralidad y los servicios ambientales (82%) son las que presentarán más cambios en el futuro. Seguidamente, con 64% se encuentran el transporte público de pasajeros, la logística, la resilencia, la protección de los recursos naturales, la gestión del agua y los bosques. En último lugar se localizan el reciclaje, reducción, reúso, rechazo (36%,) el ecoturismo, la cultura y el paisaje con 18%.
Marco Otoya, indicó que Costa Rica es un país que en la parte electrica siempre se ha mantenido muy ecoamigable, que habría que precuparse más en la reducción de emisiones generadas por el transporte, ya que el 75% de hidrocarburos vienen de las emisiones de los vehículos, de esta manera, al mejorar el transporte público, no solo nos llevaría a la carboneitralidad, sino tambien, a facilitar el desplazamiento de las personas en todo el país.
Jorge Solano dijo que la logística comercial tiene un impacto importante en el ambiente, ya que se ha visto como esta puede modificarse para buscar que sea más ecoamigables en los comercios y reducir hasta donde se pueda el impacto que genera la comercialización en el ambiente.
Como quinta y última pregunta se expuso: ¿Cuál área de la cultura costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?
Según la elección de los participantes del Foro, se evidencia que la vida familiar/laboral y los roles en el hogar (73%), serán las áreas de la cultura costarricense que presentará mayores cambios a futuro. En segundo lugar, se ubica convivencia entre las personas, el autocuidado y los espacios públicos, (64%) seguidamente están el ejercicio físico, el ocio, el sedentarismo (55%) y las redes de solidaridad comunal y territorial (45%). En los últimos lugares se aprecia la espiritualidad, comunicación interpersonal y el hogar (18%) y la educación cívica, ahorro y educación vial con 0%.
Keynor Ruíz, expresó que los cambios en los últimos meses nos han forzado a adaptarnos a poder llevar una vida familiar y laboral en el mismo espacio, por lo que esta situación ha llevado a repensar ciertos elementos en la vida familiar, para poder adaptarse de la mejor manera, lo que ha logrado que la población valore más las relaciones que tiene con las personas de su núcleo familiar: “Esta pandemia ha cambiado la visualización que se tiene con respecto a los espacios, el ejercicio físico, el autocuidado entre otras variables, para pensar más sobre cómo se integran estas en la vida de las personas en los próximos años”.
Suyen Alonso, agregó en el foro virtual con el equipo académico del CINPE que los temas expuestos en la cuesta, son las principales tendencias que a nivel de sociedad y mercado se han integrado en el último mes: “Esto ha generado nuevos temas como los hogares multifuncionales que han permitido implementar otra orientación de la comercialización de productos, para poder beneficiar a las personas para que tengan todo lo que necesitan para desarrollarse en el hogar”.
También mencionó que se ha logrado analizar el perfil de los nuevos consumidores a nivel de cultura y que estos cambios en la cultura se van a mantener de manera permanente, porque ya han modificado otras áreas como la comercialización que promueve más esta nueva cultura.
El equipo académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social estará integrando la información recogida tanto en este Foro como otros que se han realizado, para ir sistematizando los aportes y obtener una visión integral de la nueva normalidad, escenarios futuros de Costa Rica y compartirla con el país en el mes de julio de 2020.
Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS-UNA Maria Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA
La crisis generada en el sector turismo debido al impacto de la Covid-19, tiene a empresarios, trabajadores y sus familias al borde de la calamidad, pues a la fecha no se vislumbra la mínima apertura de dicho sector. Ante esta difícil situación el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe), identificó en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) el potencial para estimular la demanda y dinámica del turismo en el corto y mediano plazo, siempre y cuando se acoja al turista nacional y se generen encadenamientos productivos.
Marco Otoya, docente e investigador del Cinpe-UNA, explicó que las ASP por su naturaleza y la diversidad de encadenamientos productivos que genera su existencia, son una oportunidad para mitigar los efectos del COVID-19 en el sector turismo. Al mismo tiempo, el mercado nacional es una oportunidad para estimular la demanda y dinámica del sector en el corto y mediano plazo, sobre todo porque en 2018 las ASP recibieron más de dos millones de visitantes, de los cuales el 54% fueron visitantes nacionales.
Costa Rica cuenta con un 25% de su territorio bajo la categoría de ASP, conformadas por Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Reservas Forestales, entre otras. En total 145 ASP, de las cuales solo 40 recibieron visitación en el 2018; No obstante, esto generó ingresos importantes para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y para las comunidades cercanas a estas zonas.
Otoya agregó que los parques nacionales y en general otras ASP, provocan un efecto positivo y una serie de encadenamientos productivos en las áreas geográficas donde se ubican. “Esto implica la creación de una serie de actividades generadoras de empleo como hoteles, restaurantes, tour operadores, venta local de artesanías y productos propios de la zona”, indicó el investigador.
Recalcó además que muchos son los ejemplos en donde la visitación a un Parque Nacional se asocia a la compra de otros productos como fresas, flores y quesos, o bien a la realización de una actividad recreativa particular como la visita a un mirador, pesca recreativa o canopy. También, restaurantes y hoteles requieren productos agrícolas o insumos que se producen en áreas geográficas distintas. La visitación y el transporte se organiza desde operadores ubicados otras zonas, incluso cuando la visita se organiza por cuenta propia requiere del consumo y disfrute de bienes o servicios que no son necesariamente locales.
Acciones en cifras
En cuanto a cifras el Cinpe estimó que el aporte a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas por los servicios ecosistémicos que generan fue de aproximadamente ¢1 billón de colones para el año 2016, donde las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las más beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con aproximadamente ¢809.478 millones, representando el 78.73% del aporte total generado. En el 2018 el fondo de parques nacionales, cuyo principal ingreso es la cuota que se cobra por visitación se estimó en ¢18.350 millones y para este año los ingresos por visitación estaban estimados en ¢13.510 millones.
Otoya expresó que lo anterior muestra el potencial de las ASP para generar ingresos y contribuir a nivel local en la generación de empleo y al desarrollo socioeconómico de las comunidades. “Dado que las ASP generan empleos directos e indirectos, permiten el desarrollo de la actividad turística y la actividad comercial en general, parte de las medidas y estrategias para mitigar la crisis del COVID-19.
Aseveró que el sector turismo debería enfocarse de inmediato a estimular la demanda interna, ya que el estímulo de la demanda nacional puede ser una estrategia que proporcione al sector los primeros recursos para su reactivación.
Papel del Estado
Al respecto, Otoya comentó que el SINAC debe jugar un papel fundamental en la atracción de la demanda interna a las ASP, pero también debe mejorar sus condiciones de acceso, infraestructura y servicios, principalmente de aquellas ASP menos visitadas pero que se ubican en zonas rurales con un potencial de estimular su actividad socioeconómica y productiva.
En cuanto al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a nivel internacional deberían vincular el concepto de ecoturismo con el turismo de salud, paz, meditación y espiritual, de modo que se aprovechen los relativamente buenos resultados por la forma cómo se enfrentó la pandemia en nuestro país, combinado con la fama de ecoturismo. Evidentemente esta estrategia debe posicionar las ASP en el ámbito internacional y en la mente del costarricense.
Otoya concluyó aseverando que “las campañas dirigidas al sector deben ser innovadoras y efectivas pues de acuerdo con datos del propio ICT, en la decisión de vacacionar del costarricense la publicidad en la televisión influye muy poco (5%) y la internet medianamente (28%).
****Mayor información con: M.Sc. Marco Otoya, investigador del Cinpe (8315-2771) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, con el periodista Johnny Núñez (8674-8535).
Con el respaldo del profesional del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA), la Municipalidad de Heredia es a partir de hoy el primer ayuntamiento de Costa Rica en contar con una política pública para abordar la problemática del cambio climático.
Los esfuerzos por contrarrestar los efectos del cambio climático en la Gran Área Metropolitana (GAM), son muy distintos a la realidad de las zonas costeras, en donde existen altos índices de pobreza, hambre, desorganización social, rezago en el sector productivo y desempleo, destacó Olman Segura, director e investigador del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA).
Expertos discutirán la conservación de los humedales y sector productivo
Durante los días 09 y 10 de agosto del 2016, de 8:30 am a 5:00 pm, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizará el simposio: “Oportunidades y Retos del Sector Privado en Ecosistemas de los Humedales”, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia económica, ecológica y jurídica – institucional de los humedales. A su vez, atender las preocupaciones del sector productivo nacional y muy significativamente valorar el trabajo conjunto, público – privado, en favor de la conservación, el uso racional y rehabilitación de los humedales nacionales.
Dentro los temas a desarrollar se encuentran: Los humedales en Costa Rica, situación de la producción agrícola y ecosistemas de humedales, valoración económica y servicios ecosistémicos de los humedales, soluciones y nuevos retos para el manejo de los humedales, el abordaje del Estado ante el cambio climático, ecosistemas saludables, bienestar humano y cambio climático, desarrollo inmobiliario, bienestar humano y cambio climático, casos de adaptación y rehabilitación de los humedales.
Se contará con la participación de los panelistas:
Fernando Mora, Vice Ministro de Ambiente
Mario Coto, Director a.i. SINAC-MINAE
Jorge Jiménez; Director MarViva
Guido Vargas Representante de UPANACIONAL
Sergio Laprade Representante de CORBANA
Marco Chaves Representante de LAICA
Juan Rafael Lizano RepresentanteSáenz CNAA
Andrés Quesada Ávila Representante CANAPALMA
Kifah Sasa -PNUD
**Mayor información con: Dr. Olman Segura (2562-4300/8709-0386) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional (2277-3464).
