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Etiqueta: ciudadanía

Posicionamiento político del Movimiento Cahuita Unida ante la propuesta del Plan Regulador Costero

Movimiento Cahuita Unida

Posicionamiento político del Movimiento Cahuita Unida ante la propuesta del Plan Regulador Costero (PRC) para el distrito de Cahuita de la Municipalidad de Talamanca 2023

ANTECEDENTES:

Las costas de Cahuita han sido habitadas por más de doscientos años por nuestros antepasados, quienes tuvieron que soportar grandes dificultades para acomodarse en armonía a las condiciones salvajes de esas tierras, solos, sin más ayuda que su ingenio propio. Es en estas tierras donde aquellos habitantes construyeron su hogar, conformaron sus familias, desarrollaron su cultura y nuestro ambiente habitable.

La Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador Costero (PRC) del Distrito de Cahuita, impulsado por la Municipalidad de Talamanca atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de los pueblos costeros de Talamanca.

Con esta propuesta pretenden despojarnos de lo que hemos poseído por tradición natural, de forma armónica, pública, pacífica e ininterrumpida a título de dueños, al amparo de la Ley 35 del año 1915, (Creación del Poblado de Cahuita) norma compensatoria de un desarraigo forzoso de Playa Blanca de Cahuita (hoy Parque Nacional) y la Ley 166 del año 1935 que destina en el lugar de Puerto Viejo la Costa Sur de la provincia de Limón para cuadrante de la población denominada Puerto Viejo.

AFECTACIONES:

  1. Contradice a la Constitución Política y su artículo 49, así como los principios constitucionales y los Convenios Internacionales.
  2. No se cumple con el criterio constitucional de participación ciudadana, no se contemplan aportes ajustados a la realidad y a las necesidades de los habitantes costeros.
  3. Desconoce de oficio un ordenamiento territorial urbano existente desde 1915 y 1935, originado por dos leyes (la ley 35 y la 166, respectivamente) las cuales fueron acatadas en su momento por los habitantes de ambos poblados (ciudades) y por las propias autoridades municipales hasta el día de hoy.
  4. Contempla reubicaciones, demoliciones y la pérdida progresiva de nuestras casas y negocios, encubiertas en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT.
  5. Las propiedades con escritura y uso de suelo pasarán de inmediato al Patrimonio Nacional de ZMT, y sus poseedores tendrán que pagar un canon confiscatorio por la vía de la Concesión Municipal.
  6. La municipalidad niega la escasez de agua para abastecer el desarrollo turístico de alta gama (alto impacto) propuesto en el reglamento del PRC.
  7. Es una amenaza ambiental que promete arruinar la barrera natural coralina contra la erosión, las tormentas, sin olvidar la destrucción de los humedales, la flora y la fauna costera.
  8. Este PRC promete ser un medio de exterminio de una cultura y de un pueblo tribal a través de su desarraigo territorial.

PETICIÓN:

Detener la propuesta del PRC y que se suspenda la audiencia pública convocada para el día 4 de agosto del 2023 a la 1:00 pm en la cancha de fútbol de Hone Creek hasta tanto no se cumpla con el criterio constitucional de participación ciudadana y respeto al derecho ancestral de los pobladores costeros.

Que se pueda crear un modelo de desarrollo regenerativo, social y ambientalmente justo para Cahuita mediante el fortalecimiento del legado cultural de los afrodescendientes y con la participación activa, el involucramiento de los adultos mayores, la juventud, la ciudadanía y habitantes en general.

Derecho de conocer y comprender los estudios técnicos en el idioma inglés, lengua materna del pueblo tribal afrodescendiente, asimismo tenemos el derecho de tener nuestra propia asesoría técnica y legal para comprender la propuesta del PRC.

Que se convoque y establezca un grupo de trabajo que contemple, de manera justa y balanceada, a todos los sectores de la sociedad civil con el fin de revisar a fondo la propuesta planteada y tener voz en los procesos de toma de decisiones públicas que tengan repercusión en nuestras vidas, lo cual constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia.

UNIÓN DEL PUEBLO

Las personas habitantes de Talamanca se han unido bajo el criterio de pertenencia y soberanía ciudadana en la búsqueda de seguridad jurídica y justicia en el derecho de tenencia de las tierras.

En respuesta a las amenazas que enfrentamos debemos unirnos y exigir el derecho a la tierra, la cultura, la protección del ambiente y los recursos naturales, que como soberanos nos pertenecen.

El pueblo debe ser dueño de su trabajo. Movimiento Cahuita Unida, 24 de julio de 2023.

Andrea Mora Villegas
Coordinadora Comisión Central
Movimiento Cahuita Unida

Firma de Pacto Nacional por la Educación Pública

Tras la llegada de la multitudinaria marcha de las universidades estatales a la explanada de la Plaza de la Democracia, en Cuesta de Moras, San José, los rectores de las cinco universidades públicas y otros sectores realizaron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.

Además de contar con el respaldo de la bancada liberacionista se firmó un Pacto Nacional por la Educación, en virtud de la crisis que afronta el sector, sobre todo por la negativa del Ministerio de Hacienda a reconocer el pago del 1% por inflación, el cual corresponde a unos ¢6 mil millones.

Dicho documento busca garantizar la pertinencia y calidad de los servicios de la educación pública, así como la paz social y libertad política como herramientas indispensables para la movilidad social.

Sesión de la Comisión de Enlace del FEES y más detalles en Vamos con la U Pública

Información compartida con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Imagen UCR

En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” se logró una gran marcha

Comunicado

Pacto Nacional por la Educación Pública

Martes 20 de junio 2023

• Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.

• Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.

• En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales.

La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.

Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:

• Declarar una emergencia nacional educativa.

• Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.

• Liberar a la educación pública de la regla fiscal.

• Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.

• Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.

• Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.

• Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.

• Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.

• Crear la red nacional de conectividad educativa.

• Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.

• Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.

• Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

• Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.

• Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

• Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.

Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.

En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.

Imagen de la marcha: Semanario Universidad

Baruch Spinoza. Más allá de un Dios de terribles castigos o premios

Samuel Hirszenberg; Spinoza excomulgado, 1907 (detalle)

Juan Jaramillo Antillón

La actividad más importante que un ser humano puede alcanzar es aprender a entender, porque entender es ser libre.

(Baruch Spinoza)

Nació en 1632 en Ámsterdam, Países Bajos, y falleció en 1677 a la edad de 43 años, debido a tuberculosis, cuando estaba traduciendo al holandés el Antiguo Testamento.

De origen judío-hispánico, sus raíces familiares se encuentran en Espinosa de los Monteros. La familia fue expulsada por judía, por los Reyes Católicos de España, por lo que se trasladaron Portugal y luego, por otra persecución, se fueron a Ámsterdam. Sus amigos lo admiraban por su inteligencia y bondad.

Desde joven prefería pasar el tiempo en la sinagoga aprendiendo sobre religión, estudiando la Biblia y la historia del pueblo judío. Sus primeras dudas sobre la verdad absoluta de la Biblia surgieron al estudiar el pensamiento de filósofos judíos como Ibn Gebirol y la forma como este identificaba a Dios con el universo. Luego con Hasdai Crescas, quien creía que el universo material era el cuerpo de Dios.

Estudió latín para ampliar sus conocimientos y poder leer sobre la religión cristiana y porque había traducción al latín de los pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Demócrito, Epicuro, Lucrecio. Se interesó por la vida y hechos de Giordano Bruno condenado por la «santa» Inquisición y quemado vivo. Las ideas de él, de que toda la realidad no es más que una sustancia, una causa, un origen; de que Dios y esta realidad son una misma cosa; de que espíritu y materia son una cosa y, además, de que toda partícula de la realidad se compone inseparablemente de lo físico y lo psíquico, lo impregnaron para toda su vida. También influyó en él Descartes, cuya noción central era la primacía de la consciencia, «pienso, luego existo» (Cogito ergo sum), y su explicación del mundo por leyes mecánicas y matemáticas. Así mismo, sobre que todo aquello que existe o sucede se puede deducir mediante la ayuda de una serie de premisas lógicas e indudables, desde una base puramente científica, algo que creen muchos en los tiempos modernos.

Con el tiempo, estuvo en desacuerdo con Descartes ya que Spinoza entró en una concepción religiosa del mundo al plantear su duda de la siguiente manera: «Si todo lo que tiene lugar en el universo se puede explicar a partir de una serie de leyes científicas y ecuaciones matemáticas, ya no es preciso atribuir a Dios ningún papel en este proceso», en cambio, Spinoza creía que: «Dios es la causa de todas las cosas, las cuales forman parte de él». Se aprecia que esta es una concepción panteísta.

Es considerado aparte de teólogo y político uno de los tres más importantes filósofos racionalistas al igual que Descartes y Leibniz. Hegel, Schelling y otros filósofos lo consideraban el padre del pensamiento moderno. Albert Einstein lo admiraba mucho y decía que el Dios bondadoso y que respetaba a los seres humanos de Spinoza era el suyo, aunque Einstein no creía en el panteísmo. El famoso matemático, filósofo y Premio Nobel de la Paz, Bertrand Russell, lo consideraba, el más noble entre todos los filósofos.

Escribió un Tratado teológico político donde criticaba a la religión judía y la cristiana.

Señalaba que el lenguaje de la Biblia es metafórico y alegórico, con descripciones exageradas, su objetivo no era convencer por medio de la razón, sino mediante la imaginación. Por ello la gran cantidad de milagros hechos por Dios para el pueblo judío, el elegido de Dios.

Él creía en un Dios omnipresente, omnipotente e infinito, concluyendo que no hay nada que no forme parte de Dios. Por cierto, Newton respecto a esto señalaba que Dios creó el conjunto del universo para, a continuación, dejar que este se desarrollase por sí solo de acuerdo con unas leyes que habría dispuesto, leyes que él como científico descubrió y que llamó de la gravitación universal y otras. Spinoza estaba también en desacuerdo con eso, ya que, no podía concebir que Dios exista por un lado y el universo por otro, como dos realidades inconexas, ya que, para él, si Dios es infinito como afirman las religiones y si se separa a Dios del mundo, estaría poniéndole límites al carácter infinito de Dios.

Su Dios nada tiene que ver con el primer motor de Aristóteles ni con el Dios personal de cristianismo. Él estaba contra todas las concepciones antropomórficas de Dios. Dios actúa por entero en los fenómenos con absoluta necesidad. Dios como única substancia y causa inmanente de toda realidad es perfectamente racional y no emana de la naturaleza, sino que se identifica con ella. Con eso él aceptaba que Dios se encuentra presente en la totalidad de lo creado en la naturaleza. Dios no está fuera del mundo, ni está en el mundo, sino que él mismo es el mundo. Eso significa que el universo físico es el cuerpo de Dios. Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. El ser humano a pesar de ser una criatura finita posee esa misma naturaleza y a nadie se le ocurriría pensar que el cuerpo y el alma trata de dos personas diferentes. La tradición judía enseña que el cuerpo viene a ser la forma exterior del alma. Esta es una concepción muy especial del hombre y el universo.

Él pudo escribir sus obras muy contradictorias por residir en Holanda (Países bajos), el país más tolerante del mundo de su tiempo. En cualquiera otro lo habrían encarcelado o asesinado.

Por su manera de pensar, fue rechazado y perseguido por la comunidad judía de su tiempo, ya que se escandalizaron por su visión panteísta del mundo, siendo expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam. Rechazaron el que él afirmara que Dios tiene como cuerpo el mundo material, que el alma podía ser meramente vida, que no existen los ángeles ni la inmortalidad del ser humano. Fue excomulgado, se les prohibió a todas las personas de la comunidad judía tener contacto con él, sus amigos se alejaron y hasta su padre, un rico comerciante lo abandonó. Se le prohibió la entrada las sinagogas. Solo y aislado, sin profesión. Un comerciante en lentes le enseñó a pulirlos y de eso vivió.

Era considerado en su tiempo «un libre pensador», uno de los precursores de «la libre expresión de las ideas». Creía que la libre expresión de estas es imprescindible para mantener el orden social, pues, en un mundo gobernado por la razón, «cada persona debe poder pensar lo que quiera y decir lo que piensa y los que atentan contra la libertad son aquellos que, en una sociedad libre, pretenden coartar la libertad de pensamiento de los que se resisten a aceptar una tiranía».

Es posible que haya sido el primer filósofo en postular, un siglo antes del inglés Locke, la libertad de expresión como base de la convivencia pacífica, como la posibilidad de progreso y el verdadero objetivo de un gobierno.

Para él era necesario proteger y asegurar las prerrogativas de los ciudadanos, englobándolos en los fines para los cuales surgió la sociedad, al concederle la soberanía popular (el poder) al gobierno, estos deben recibir seguridad y protección. El Estado no puede esclavizar el pensamiento individual ni la libertad, ya que eso sería sojuzgar a la razón. El ciudadano debe ser capaz de imponerse él mismo el dominio de la razón y nunca será esclavo. El problema es que pueden existir formas imperfectas de Estado y que les impiden realizar sus verdaderos fines. La religión no persigue o tiene por fin conocer la naturaleza de las cosas, sino solo aleccionar al hombre sobre su vida moral. Por eso, ni la religión ni el Estado deben atentar contra la libertad de pensamiento.

Respecto a cuál era la mejor forma de gobierno, él contestaba: existen el monárquico, que es tiránico y mantiene engañados a los hombres, y los controla; el aristocrático gobierno de unos cuantos; y el democrático, para él, este últime, es el más natural, y a la vez el que garantiza la libertad de sus súbditos.

Él no creía en el libre albedrío y en el azar, pues creía que todo sucede por necesidad, nada sucede casual o accidentalmente, la suposición de que el hombre tenga voluntad libre es una ilusión. Toda decisión que toma y acto que realiza están determinados.

Puede también ser considerado uno de los defensores de la naturaleza. Él señalaba que «no se puede ir en contra de la naturaleza pues esta se asienta sobre un orden fijo e inmutable» e ir contra ella es ir contra nosotros mismos. Además, la existencia de la naturaleza no depende de nada, excepto de su propia esencia. El problema es que, como ya se señaló, él consideraba que hay una sola sustancia a la que se puede llamar Dios o naturaleza, que engloba todas las cosas.

Notas

Durant, W. (1978). Spinoza. Historia de la Filosofía. México: Editorial Diana.
Geymonat, L. (1985). «Hobbes y Spinoza». En: Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Madrid, España: Editorial Crítica. pp. 167-183.
Hampshire, S. (1973). Spinoza. Madrid, España: Ediciones Doncel.
Hartnack, J. (1987). «Naturalismo de Spinoza». En: Breve Historia de la Filosofía. Madrid, España: Ediciones Cátedra, S. A., pp. 107-120.
Magge, B. (1999). «Spinoza». En: Historia de la Filosofía. Barcelona, España: Art. Blume, S. L., pp. 90-95.
Spinoza, B. (2002). Tratado teológico-político. Barcelona, España: Ed. Folio.

 

Publicado en https://www.meer.com/es/73521-baruch-spinoza y compartido con SURCOS por el autor.

La profecía que se cumple a sí misma

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Para ejemplificar la profecía que se cumple a sí misma, Robert Merton apeló al ejemplo de la falsa noticia que se difundió de la quiebra de un banco y, efectivamente, sus clientes, inducidos por el miedo a perder su dinero, lo quebraron al retirar sus ahorros. Retomaba el teorema de Thomas que dice: “cuando una situación se define como real, es real en sus consecuencias”. De esta manera, al definirse hoy que la Caja del Seguro Social está en quiebra, aunque sea mentira, bajo ciertas circunstancias, diría Merton, puede llegar a convertirse en verdad. Precisamente, esas condiciones se están dando desde el momento en que el Estado se ha venido resistiendo a saldar la deuda billonaria con la Caja y el ejecutivo dispara un discurso incendiario contra esta institución.

El discurso populista hoy, en el país más desigual y violento de los países miembros de la OCDE, anuncia quiebras y desplomes de la institucionalidad social con la clara intención de que se cumplan sus profecías y quiebre la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, y así como en cascada se derrumbe el Estado Social.

 El estado tiene que rendirse de rodillas ante el mercado, la única institución sacrosanta que puede salvar a Costa Rica. Traslademos las funciones públicas a instituciones privadas y florecerá la Costa Rica del Siglo XXI pujante, moderna y productiva. Este es el contenido del discurso político-religioso de la nueva derecha neoliberal que se viste de pueblo, habla en lenguaje pachuco y asume porte del “Estado soy yo”.

Este tipo de profecías son parte de la ideología del miedo, que tan buenos dividendos le ha deparado a una clase política cuyo norte ha sido destruir los logros alcanzados por la clase trabajadora en sus luchas sociales históricas, que desembocaron en la gran reforma de los años 1940 por el derecho al trabajo digno, la salud y la seguridad social.

Efectivamente, el arma del miedo se ha mostrado muy eficaz para minar las bases mismas del Estado Social de Derecho, cerrarle las puertas al diálogo ciudadano y conducir al país hacia una profundización de la polarización y el conflicto social. Más allá de la violencia criminal y delincuencial en alzada, se ha venido abonando el terreno para propiciar los antagonismos entre los diversos actores sociales y políticos. La convivencia democrática está siendo socavada por parte de un liderazgo político que ha perdido la mesura y la sabiduría para conjuntar a la ciudadanía, precisamente, cuando se agudizan los problemas de mayor calado, como los son la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.

Si los problemas han alcanzado niveles críticos y desmesurados, más allá de este tipo de profecías populistas que solo distraen y postergan la búsqueda de verdaderas soluciones a esos álgidos problemas, deberíamos abocarnos a conjuntar a todos los sectores sociales, empresariales y políticos para crear una plataforma ciudadana que impulse acciones y medidas urgentes para sacar a flote la barca de la patria.

Actuario insta a pedir a la CCSS el reajuste de las pensiones para recuperar pérdida por inflación y violación del reglamento, las leyes y la Constitución

SURCOS comparte el siguiente documento dirigido a la ciudadanía por el actuario Rodrigo Arias López. El experto en el tema de finanzas de la CCSS y pensiones llama a “sacar un ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS”. El propósito de esta acción ciudadana sugerida por el profesional e investigador es solicitar el “reajuste de los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima”.

Compartimos el documento y las cartas que se pueden utilizar como machote:

“Nuevamente me dirijo a los 340 mil pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a sus familiares y a los cotizantes de IVM; la última vez fue para mostrarles como les roban a los pensionados de IVM mediante el mecanismo de no recuperarle la pérdida de valor a las pensiones ocasionada por la inflación de los precios:

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04TsEgygnjTLkXsATWXTAuLGFGJTMEkBsEVYRWWXFkrzZuNZNKKHmCZrEksrQ5W2Ml&id=1136685301&mibextid=Nif5oz).

Esta vez es para sugerirles a cada uno de ustedes -pensionados, familiares y cotizantes activos de IVM- la entrega de un documento a la Junta Directiva de la CCSS solicitándole que reajuste los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima. Lo importante es que cientos de ustedes saquen el ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS, para lo cual les dejo las siguientes tres alternativas u opciones:

Opción 1: Si usted tiene firma digital complete y firme el documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y envíelo al correo oficial de la CCSS coinccss@ccss.sa.cr sin olvidar solicitar acuse de recibo.

Opción 2: Si usted no tiene firma digital complete, imprima y firme dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y entréguelo en las oficinas de la CCSS en San José cuya dirección es “Torre A – Centro Corporativo Internacional, en Barrio don Bosco, avenida 8, calles 26 y 28”. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Opción 3. Si le resulta difícil movilizarse hasta San José, puede completar, imprimir y firmar dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para la opción 3” y entregarlo en la sucursal de la CCSS más cercana de su casa. Si conoce el nombre del Jefe(a) de la Sucursal puede agregarlo al documento; pero no es necesario. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Recuerden que lo importante no es que lo entregue una persona, ni mil o 10 mil; lo importante es que sean cientos de ustedes. Si tiene alguna dificultad para manipular el texto o para ir a imprimirlo a una fotocopiado, pídale ayuda a un familiar o a una amistad. Si no tiene correo electrónico puede crear uno o bien incluya el de un familiar o el de una amistad; lo importante es que incluya un correo para notificaciones. Invito a los familiares de los pensionados y a los cotizantes activos de IVM a que también le entreguen el documento a la Junta Directiva de la CCSS, como dice el dicho “hoy por tí, mañana por mi”; la solidaridad siempre es muy importante.

Siéntanse con entera libertad de modificar y/o adicionar el texto del borrador que les comparto y que también puede descargar de este enlace:

https://docs.google.com/document/d/12uygnx4hg-TjX-rZCKgI0TsrmqqlpbVs/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

Saludos y manos a la obra. Att. Rodrigo Arias López

Texto para las opciones 1 y 2:

Fecha _________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

Petitoria

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

Texto para la opción 3:

Fecha _________________

Sr(a) Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS de _______________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.

Octavo. Que el artículo 10 inciso b) de la Ley 9097 dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.”

Petitoria al Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS

Le solicito hacer llegar este documento a la Junta Directiva de la CCSS tal y como lo ordena el inciso b) del artículo 10 de la Ley No. 9097 y el artículo 27 de la Constitución.

Petitoria a la Junta Directiva de la CCSS

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

La ciudadanía tiene el poder de sancionar actos indebidos y la corrupción

José Luis Pacheco Murillo

A veces se utilizan formas legales para llevar a cabo actos de corrupción y la excusa es, precisamente, que está permitido por la ley o bien porque los procedimientos se siguieron según lo establecido, sin embargo, en el fondo son actos de corrupción.

Cuando de lo que se trata es de obtener beneficios indebidos las formas son lo de menos, pues el sistema puede que esté hecho precisamente para lograr esos propósitos.

Lo que la prensa ha divulgado en cuanto a lo sucedido en la Municipalidad de Alajuela con la contratación de un conjunto musical es ni más ni menos que esa utilización de los medios formales para realizar acciones de favorecimiento y la excusa es que se hizo dentro de lo legal.

Los portillos legales al final no pueden justificar acciones ilegales y en virtud de que el sistema lo es en un todo, hay otras normas que pueden aplicarse para sancionar esas acciones e incluso para hacer que el dinero que se ha pagado sea reintegrado.

Cuando no se resguardan los dineros que se pagan en impuestos y cuando no se invierten en lo que debe ser, eso es una irresponsabilidad que debe ser sancionada ya sea por la misma ley o por la ciudadanía mediante el único camino que tiene y es negándoles el voto para impedir que siga la fiesta, el despilfarro y la charanga.

Muchas noticias se han dado en los últimos tiempos sobre acciones corruptas y los procesos están abiertos, pero se tarda demasiado en esa tramitología y además hay manejos inadecuados de prueba que al final benefician a los mismos acusados.

Dios quiera que estas acciones sean investigadas y sancionadas como debe ser y se aplique todo el peso de la ley, pero también que la ciudadanía asuma su responsabilidad y no les dé más oportunidades a estos que desde hace muchos años vienen haciendo un año sí y otro también de las suyas con el dinero de todos.

Los movimientos sociales rurales en el Perú: constructores de la política, la ciudadanía y la democracia

Juan Huaylupo[1]

La política en el lenguaje cotidiano, tanto mediático como social, está asociado generalmente con las determinaciones gubernamentales, de las declaraciones de parlamentarios y de magistrados judiciales o de quienes se les otorga tener influencia caciquil en el Estado. Nunca la política, desde el poder oligárquico, ha tenido una significación vinculada con una facultad ciudadana en la valoración, fiscalización, actuación y devenir estatal.

Esto es, se asume que la política es una facultad del poder estatal prevaleciente, como en tiempos previos a la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, o de la constitución moderna del Estado, la ciudadanía, el derecho y la política, para tener la significación de los autócratas en Estados atrasados o absolutos, caracterizados por la frase “el Estado soy yo” atribuida a Luis XIV en la Francia de 1655. 

En la historia del Estado peruano o las dictaduras del pasado y presente, no hemos conocido la conquista social de un Estado distinto al oligárquico, de terratenientes y empresarios, razón por la cual la significación del discurso del poder no ha cambiado, como no se ha modificado el ejercicio autocrático del poder estatal peruano.

El Estado Moderno, Nacional, Benefactor o del Estado Social de Derecho, como quiera ser denominado, solo ha sido una ilusión fantasmagórica, que se creía podía ser sustituido por el plagio de alguna normatividad jurídica, que sin conocimiento, participación, legitimidad social ni haber modificado las condiciones que viabilizaban el poder oligárquico, como el actual, solo han sido palabras vacías que sirven como adorno a discursos del poder y las demandas jurídicas.  Luego, los derechos formalmente concebidos como igualitarios, fueron de facto sustituidos por derechos desiguales y privativos, para la continuidad de la discriminación, la imposición racial y de clase, en correspondencia con el despótico poder oligárquico. El poder del ayer y hoy posee una Constitución y leyes y que los amparan, contra una inmensa mayoría a quienes se le niega incluso del derecho a la vida, como se privatiza el desarrollo y en bienestar, en favor de los pocos que parasitan de nuestro trabajo y los recursos y riquezas nacionales.

La política no es la administración del poder, tampoco es la voluntad decisoria gubernamental de lo que se hace en la sociedad, porque el Estado no es autónomo ni absoluto, pues la problemática nacional, las necesidades, perspectivas y anhelos ciudadanos son obligaciones que deben ser atendidas por las políticas y la institucionalidad gubernamental. La política es una hechura ciudadana de la ejecución gubernamental. Creer que la política es la acción autónoma del Estado sobre la sociedad, es una falsedad, como tampoco es la actuación gubernamental en razón de los intereses privados de gobernantes y de los grupos empresariales, que son evidencias tangibles de la negación de la política, por ser acciones ajenas, extrañas y antagónicas con los requerimientos ciudadanas y nacionales.

La política no es el ejercicio autocrático del poder, es la expresión y decisión ciudadana en el ejercicio del poder estatal. Los gobernados son parte constitutiva de los gobiernos, son carne y sangre de la legitimidad social y de la gobernabilidad estatal. Las dictaduras carecen de políticas, se sustentan en la violencia ante la crítica, oposición o con protestas y movilizaciones populares. Toda política gubernamental es publica, de lo que es común a todos, nunca privada de gobernantes ni de empresarios globales.

La emergencia identitaria de las poblaciones rurales, históricamente excluidas, muestran una extraordinaria madurez, que trasciende las demandas reivindicativas, para exigir y conquistar los derechos conculcados, así como poseen la capacidad y legitimidad social para construir un Estado dependiente de la participación decisoria para el bien común ciudadano y el progreso nacional.

Los gobernantes del pasado y del presente, aun creen ser los únicos determinadores del quehacer sobre la sociedad, independientemente de las necesidades y anhelos colectivos y comunes de la heterogeneidad social. Los derechos ciudadanos plasmados en la normatividad nacional y las suscritas internacionalmente por el Perú, han sido violentados unas y otras veces, sin un poder ni ente jurídico que los haga cumplir nacional ni internacionalmente. Un derecho sin poder es vacío.

Los derechos sociales en la historia peruana han sido negados o suspendidos con una regularidad extraordinaria, como lo muestra transparentemente la actual tirana, como por los gobiernos que hemos conocido indistintamente de sus posiciones partidarias, ideológicas, demagógicas o delincuenciales.

Hoy, la usurpadora de la presidencia gubernamental, asume con una natural ignorancia, que nuestras poblaciones rurales y sus movimientos sociales, carecen de todo derecho político al criticar, actuar y valorar la actuación estatal, cuando precisamente en nuestro país, son quienes han efectuado variados intentos por revolucionar las estructuras de explotación y dominación colonial-oligárquico, para construir una sociedad democrática y libre para el presente y futuro de todos los peruanos. Asimismo, la fantoche, en su estupidez supina, habla de paz haciendo la guerra y pregona democracia asesinando, cuando en paz y en democracia, la violencia y el terror son imposibles. Sin democracia, no existe ciudadanía.

La policía ni los militares tienen derecho alguno para reprimir y asesinar a la población y menos aún, cuando son justas y necesarias las demandas ciudadanas. La represión de policías y militares contra el pueblo, que nutren sus propias fuerzas, son convertidos en máquinas, que sin pensamiento ni decisión, asesinan vidas e ilusiones colectivas y nacionales. La posesión y uso de las armas de los órganos especializados ni la usurpación estatal, son patrimonios privados que permitan y determinen genocidios. La decisión y el ejercicio de la violencia no les pertenecen, es una facultad requerida por la ciudadanía, ante el riesgo dictatorial, el debilitamiento o liquidación de derechos, o la desaparición y muerte, física o jurídica, de la ciudadanía. El ejercicio de la violencia sin derecho, es ciego y sanguinario, como ha conocido y vivido en nuestra América Latina en diversos momentos, hoy reconocidos como experiencias insensatas y condenados sus autores por crímenes de lesa humanidad. El Perú no puede ni debe repetir la regresividad de la violencia dictatorial de autócratas y militares contra el pueblo.

Es inmoral e inhumano propiciar e incentivar el asesinato de nuestros hermanos que luchan contra los tiranos y codiciosos negociantes globales que pretenden condenarnos a la esclavitud, miseria y muerte. Las movilizaciones y luchas populares crean vidas en libertad y democracia para todos.


[1] Profesor e investigador Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.