La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.
Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).
En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.
Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.
La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.
El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. BA. 2 Timoteo. 2: 6.
En el marco del Día del Agricultor/a costarricense, el 15 de mayo 2023, deseamos reflexionar sobre el papel que la persona campesina tiene y lo que aporta al país, así como su situación actual y sus múltiples desafíos.
En Costa Rica se estableció el dia del agricultor/a el 11 de mayo de 1968, por medio de la ley 4096. La palabra agricultura proviene del latín ager que significa campo, cultura y cultivo, traduciéndose como el arte de cultivar la tierra, el suelo, el cultivo de alimentos diversos. De esta manera desde el 68 se le reconoce como parte fundamental en el desarrollo social, económico y comercial del país Costa Rica.
Cuando hablamos de agricultores hablamos de mujeres y de hombres cuyo trabajo genera los alimentos que todos los días, en el campo y en la ciudad, llevamos a nuestras mesas. Cumplen un papel social insustituible y producen además una parte importante de las divisas que el país necesita para su desarrollo y crecimiento.
Según datos del Sistema de Información del Sector Agropecuario (Sepsa) los agricultores/as son alrededor de 280.000 personas, hombres y mujeres, dedicados a la producción agropecuaria en nuestro país; producen el 70% de la canasta básica alimentaria; su edad promedio se estima en 54,3 para los hombres y 51,5 para las mujeres. Estos datos son sorprendentes: la canasta básica prácticamente está en manos de menos de 300 personas rodando el límite de la edad de la persona adulta. Muchos de ellos/as pierden sus casas, herramientas de trabajo y tierras por el endeudamiento bancario que los fragiliza notablemente, y para que sus productos puedan competir en el “mercado” sus precios están por debajo de los costos reales de producción.
A lo anterior se agrega, la tragedia del cambio climático y sus consecuencias, sumado a la competencia de la globalización, las guerras que se generan, el alza de los precios internacionales en agroquímicos y concentrados (ya que en Costa Rica no se producen), agravados por la crisis de contenedores y la guerra entre Ucrania y Rusia.
También, como lo mencionamos en la Carta Pastoral de la IMWC llamada «Por sembradíos y alimentos saludables en Costa Rica«, nuestros agricultores/as se ven afectados/as en su salud personal, por utilizar plaguicidas que contaminan sus cosechas, el suelo y las fuentes de aguas potables. Los gobiernos de turno se excusan que los venenos importados para la agricultura no pagan impuestos y que aparentemente no hay una alternativa nacional “rentable”.
Un caso concreto de la indiferencia de los gobiernos y en particular el actual, es que los altos jerarcas del Poder Ejecutivo costarricense, dejaron a los arroceros/as al borde de la ruina en manos de un Consejo Nacional de Producción (CNP), paralizado por la regla fiscal, que reporta una reducción en compras por ₡25 mil millones en el último año y deudas por otros ¢25 mil millones.
Un panorama más sombrío, se visualiza a mediano plazo cuando el 45% de la población no sabe si sus ingresos alcanzarán para llegar a fin de mes, haciendo referencia al último informe del Estado de la Nación, escenario que se volvería crítico, si el país tuviera que enfrentar desabastecimiento ante una crisis mundial de alimentos, pues este gobierno en lugar de incentivar al agro lo desalienta con semejantes “rutas” como la del arroz anteriormente mencionado.
Es por ello que desde la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC) nos solidarizamos y denunciamos la situación de los campesinos/as de Costa Rica. La Biblia nos orienta y nos acompaña en la denuncia, cuando el profeta Miqueas se coloca al lado del pueblo campesino y su dolor, y denuncia que son despojados de sus casas y de sus tierras (2,2), y concreta las consecuencias de tales actos en la vulnerabilidad y sufrimiento de las mujeres y de los niños (2,9), la dignidad violada del justo (2,8), y el sufrimiento de las familias víctimas de la codicia y el saqueo (2,2).
Hacemos un llamado a las fuerzas vivas del pueblo costarricense, sus sectores políticos y populares a defender al campesinado ante sus clamores por justicia y atención, a valorar su rol de productores/as; así como exigir al gobierno, políticas que vayan en mayor beneficio para este sector tan olvidado.
El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue {propósitos} vanos se llenará de pobreza. BA. Proverbios 28:19.
Recientemente, ha circulado la noticia de que se le ha otorgado a Radiográfica Costarricense (RACSA) un nuevo contrato por 1.300 millones, destinado a desarrollar un sistema para el Consejo Nacional de Producción (CNP). Dicha propuesta busca agilizar el proceso logístico del sistema de abastecimiento institucional y hacer eficaz la atención hacia los clientes y los suplidores.
El sistema integrará diversos elementos, tales como: compras, registros de productores y suplidores, encuestas de satisfacción a clientes, inspecciones de calidad y de precios, inventario y control de transportes. Se espera que este proceso esté listo para el año 2024.
Asimismo, el CNP pretende facturar directamente al Ministerio de Educación Pública, aquello que consuman las juntas de educación,con el fin de evitar los retrasos en los pagos. Se trataría de una figura similar a la que se utiliza con los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Lanzas, 2023).
A raíz de esta noticia, SITRAHSAN ha compartido el siguiente posicionamiento:
(…) RACSA ahora retoma el contrato con el CNP, donde quizás vemos como bueno, algo malo que sucede en la realidad. Y Mientras a nuestro Ministerio y a la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, la van debilitando, a pesar de una Ley que le sustenta, con el SICOP el “out side” fue contundente, a pesar de que COMPRARED era eficiente, nos quitan de la mano facultades, para que un grupito empresarial de élite, disfrazados en una Sociedad del EstadoMismo, se reparten unos milloncillos, en época donde; ni una anualidad nos pretenden reconocer como PAGO” (2023).
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
A mediados del mes de noviembre, como parte de la presentación de las inversiones que las instituciones del Sector agropecuario han realizado en los territorios rurales, el Presidente Ejecutivo del INDER informó que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.
Según el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyen apertura y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación, infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020, el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.(ElPais.cr,12-11-2021).
Entre la inversión efectuada por el INDER en las diferentes regiones, se encuentra la que los habitantes rurales de la Región Brunca han recibido en este año 2021, por un total de ₡2 042 millones en proyectos, inversiones que incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras instituciones u organizaciones.
Como parte de esa inversión en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar Norte), con una estructura vital y relevante, para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso, cuyo objetivo principal es fortalecer la producción de frijol en los territorios rurales del país, proporcionando instalaciones óptimas de almacenaje, que garanticen productos seguros, competitivos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de los productores y de la reactivación económica en esos territorios. (INDER,26-11-2021).
Igualmente, el INDER ha invertido, en la construcción de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas, a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Zeledón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto.
En esta iniciativa invirtió más de ₡124,6 millones, para el beneficio de 15 familias que integran la Asociación, en un proyecto que beneficiará a productoras de comunidades como Pejibaye, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arco Iris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo, entre otras.
En el mismo sentido, el INDER realizó la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos a productores del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. La inversión total fue cerca de ₡6 millones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de sus productos.
Los beneficiarios son 7 productores de las comunidades La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguas Zarcas y los asentamientos El Futuro, El Sahíno en Pital de San Carlos y La Españolita y Sevilla XXI de Río Cuarto.
En otra de las iniciativas de inversión, el INDER ha apoyado a Coopehorquetas en el territorio de Sarapiquí, con inversiones cercanas a los ₡149 millones, mediante la que se construyeron las instalaciones de la planta con una inversión de ₡75.8 millones de inversión en la infraestructura, además ha recibido ₡52,1 millones en equipos e insumos para mejorar la producción y se les ha entregado créditos hasta por ₡20 millones.
La organización está conformada por 40 asociados más otros 10 productores independientes. Actualmente, en la planta se procesan cerca de 10 mil palmitos por día que se comercializa con la empresa Nova International Company Foods dada la alianza entre ambas, además la cooperativa es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional del CNP. (Inder,17-11-21).
Otro de los proyectos que ha contado con la inversión del INDER es la infraestructura del microbeneficio para el procesamiento y comercialización del café, a cargo de las mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí. proyecto que consiste en la instalación de un micro beneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final.
En estas obras, el INDER invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros ₡30 millones, las beneficiadas directas son las 14 mujeres asociadas a la organización y sus familias, además de otros productores que puedan procesar su producto en el lugar. (INDER,23-11-2021).
Po su parte, el INDER ha contribuido también en la conectividad a internet de las comunidades rurales, ya que recientemente se llevó a cabo la entrega de ₡456 millones por parte de esta institución para el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios rurales de la Región Central del país.
Esta Iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L. y el INDER y la inversión total es de ₡1.139 millones, de los cuales Coopesantos R.L. aportará ₡683 millones y el INDER ₡456 millones. Los territorios rurales beneficiados son Los Santos; Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión; Acosta-Desamparados-Aserrí; y Puriscal-Mora-Santa Ana-Alajuelita-Escazú.
A este proyecto se une el que llevan a cabo el INDER y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, COOPELESCA R.L., para la colocación de 50 kilómetros de fibra óptica en cinco comunidades de la Zona Norte, para el beneficio de cerca de 5.200 habitantes de La Victoria, La Españolita, Ramón Brenes y Los Lagos en Río Cuarto, y la Unión de Monterrey en San Carlos. La inversión es de ₡529,5 millones, de los cuales el Inder aporta ₡370,7 millones y COOPELESCA ₡158,8 millones. (INDER,23-11-2021).
La información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la brindada a inicios de este año, en cuanto a que la institución trasladaría a los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más de 3.532 familias como parte del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.
Entre el 2019 y el 2020 la institución invirtió en este programa ₡4.400 millones, monto que aumenta de manera significativa para este año con la finalidad de fortalecer la reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.
Igualmente 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción, aporte que se brinda entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales a las economías rurales.
Del total de 6.300 mujeres beneficiadas, 4.850 fueron apoyadas con iniciativas del programa “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, adicionalmente, otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios, a través de los programas de “Crédito Rural”, parte de la Estrategia Motor Rural 2020.
El expresidente Ejecutivo del INDER había afirmado en ese momento que, “esta inversión nos permite impactar positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad que hemos asumido y que fortaleceremos durante este 2021 con el objetivo de apoyar la reactivación desde los territorios rurales”. (ElPaís.cr,1-4-2021).
La inversión productiva y el apoyo a los emprendimientos rurales es un esfuerzo que se ubica en el camino de la reactivación económica que el país requiere en este período post pandemia, especialmente en las áreas rurales, en las que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad suelen ser más altos.
También recientemente se presentó el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT).
como un instrumento que busca darle mayores herramientas a las instituciones públicas del país para evidenciar las brechas existentes entre las zonas rurales y las urbanas en las diferentes dimensiones de su desarrollo y con ello poder generar estrategias territorializadas para la reducción de las inequidades.
Con el IDRT se posibilita medir a nivel distrital las brechas del desarrollo existentes en cada uno de los 29 territorios y entre los territorios rurales y con ello, orientar la inversión pública, no solo del INDER sino del conjunto de actores del Estado costarricense. Dicho índice se constituye en una herramienta que, permita dar seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo rural y generar las estrategias de articulación y coordinación de los actores públicos con alianzas privadas, para una efectiva gestión e inversión que potencie el desarrollo y disminuya las brechas existentes.
Los indicadores que componen cada uno de los ejes estratégicos se enfocan en la medición del bienestar y la cobertura de la oferta pública que inciden en los hogares, evidenciando las desigualdades territoriales de las zonas rurales del país. (INDER,24-11-2021).
La inversión en el desarrollo de las comunidades rurales y el seguimiento de los indicadores de desarrollo rural por parte del INDER, podría ser uno de los eventuales logros en el balance final de la actual Administración, que los actores sociales debieran tratar de evaluar.
Bajo la frase que se ha venido escuchando “nos concierne el buen uso de los fondos públicos que se utilizan en el pago de fríjoles a los entes del Estado que lo requieren”, me di a la tarea específica de corroborar cuál ha sido el precio que ha venido pagando en los últimos años el CNP por la compra de los fríjoles, dado que si bien la pregunta abarca todas las categorías de productos como abarrotes, productos de higiene y limpieza, granos básicos y productos frescos, parece que, con el único detalle de compra de fríjoles que ha realizado el PAI, se concluye para todos los productos, y quisiera corroborar si dicha conclusión usa los número reales para sus cálculos.
Usando los datos promedio de cuánto ha pagado el PAI por los fríjoles en bolsa de 900 gramos que compra a sus proveedores desde el año 2013 a setiembre del 2021 (en valores reales), se muestra casi como una constante que levemente varía entre los 1 000 y 1 100 colones; mostrando además que para el año 2020 hay una disminución del 4,9 % respecto del 2019 y otra disminución del 1,2% a setiembre del 2021 respecto del año 2020. Pero veamos otro detalle que sorprende, a nivel de los precios internacionales del fríjol, considerando los países de donde regularmente han venido los fríjoles importados a Costa Rica (Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), resulta que dichos precios en promedio aumentaron del año 2019 al 2020 en un 12,7% y del 2020 a lo que llevamos del 2021 en un 0,5%; esto nos evidencia que a pesar de que en el mercado internacional los precios se han mostrado al alza el PAI ha logrado disminuir el monto facturado comprando a las organizaciones de productores directamente.
Ahora veamos los argumentos desde otra perspectiva, según la ley orgánica del CNP en su artículo 9 establece que los entes públicos están obligados a proveerse del CNP y para ello, debe dar prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado, a las mipymes de productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica. Esto en concordancia de la mayoría de costarricenses que sienten una gran apreciación por el trabajo de nuestros agricultores y ni qué decir de la calidad de consumir productos frescos, recién cosechados, con la menor huella de carbono posible al evitar traslados de miles de kilómetros y generación de empleo local al darle todos los procesos dentro de nuestro país y en la medida de lo posible, en las mismas zonas productivas para evitar la migración a los suburbios de la GAM.
Ya quedo demostrado con el análisis de los precios, tanto a lo interno del PAI como a nivel internacional, que no hay argumento válido de que el PAI este gastando de más en las compras de los últimos dos años, pero sí ha habido cambios bien marcados en relación a la cantidad de proveedores, a la cantidad de marcas de fríjol y mucho mejor aún en el cumplimiento del mandato del artículo 9, en cuanto a quiénes son estos nuevos proveedores, volviendo a los datos, actualmente el PAI compra más de 32 marcas, pero lo más relevante es que ahora las marcas son propias de las organizaciones de productores, la participación de proveedores ha aumentado de forma importante, pasando de 5 0 6 proveedores en el 2013 a más de 10 a setiembre 2021, esto también es un claro ejemplo del aumento de la participación de las organizaciones, pasando de proveer menos de 5 mil quintales en el 2015 a alcanzar cerca 24 mil quintales para el 2020 (80 % de la demanda total del PAI) provistas por las mismas organizaciones, ello ha implicado una articulación entre productores, organizaciones base y proveedoras, de manera que al día de hoy logran cumplir con lo que establece la ley del CNP y las normas del reglamento técnico centroamericano para fríjol, adicionalmente de todas las formalidades de parte de las organizaciones desde la inscripción de áreas a sembrar, inscripción en el Ministerio de Hacienda, certificaciones PIMPA de cada uno de los productores proveedores, manejo de flujos de caja, administración financiera y demás, aspectos que parecen sencillos para empresas formalmente constituidas pero que en el caso de grupos de productores ha requerido apoyo tanto de las instituciones como del acompañamiento de estudiantes universitarios, por lo que esta viene siendo una escuela, que es el inicio de una proyección empresarial para más allá de la comercialización de fríjoles y lograr una mayor inserción comercial de las organizaciones de productores, esta es la manera en que pueden generar mayor valor a su producción, accesar a mejores condiciones de precios y aumento de la economía local en el sector rural.
Si ha habido cambios, insisto, a la luz de las evidencias, es en manos de quién están quedando las ganancias y como efecto, en la perspectiva de mayor seguridad en las familias productoras que ven con leve optimismo que para los próximos años tendrán un mercado más estable, eso que ven amenazado las industrias tradicionales del fríjol, no más de 3 o 4 grandes empresas, que hace años atrás no pagaban más de 27 000 colones por quintal al productor y cuyos márgenes de ganancia eran amplios tanto con los fríjoles nacionales como con los importados, sin duda estos dos años habrán tenido algunas mermas en sus ganancias, teniendo que comprar a mayor precio en los mercados internacionales, observando que nuestros productores se han venido organizando y aprendiendo a cosechar, seleccionar, limpiar, empacar y distribuir su producto, eso que tanto añoramos desde el más simple consumidor hasta los funcionarios del MAG, CNP, INDER y universidades, tanto en beneficio del consumidor final como de las finanzas públicas.
*Autora: M.Sc. Vanessa Villalobos Ramos
Docente Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
Coordinadora del TC-488 UCR que ha trabajado con organizaciones de productores de fríjol y apoyando al sistema de verificación de siembras y pronósticos de cosecha junto al CNP desde el año 2015.
Este viernes 08 de octubre, cerca de 20 productores de plátano de la comunidad indígena de Rey Curré, en el cantón de Buenos Aires, realizaron su primera entrega comercial con el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción.
A esta importante actividad asistió el Ministro de Agricultura y Ganadería Luis Renato Alvarado Rivera, quien alentó a los productores a orientar sus esfuerzos hacia el posicionamiento del mercado con productos de calidad y con menos uso de agroquímicos.
El jerarca destacó la importancia de trabajar de manera perseverante teniendo presente la inteligencia de mercado y avanzar etapa por etapa.
El presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, Rigoberto Leiva reconoció el esfuerzo de los productores en organizarse y proyectarse hacia la formalidad del mercado.
Noel Lázaro, representante de los productores destacó la importancia y seriedad con que han asumido el proyecto y encontrarse en este momento entregando cerca de 10.000 unidades de plátano curraré de primera calidad a uno de los proveedores del PAI.
Los productores esperan pronto formalizar jurídicamente su organización para comercializar sus productos de una forma más directa, a precios justos y sin intermediarios.
A esta actividad se unieron varias instituciones públicas como el INDER, MAG, UCR y otras organizaciones como Conagebio, visores de Naciones Unidas, Viceministerio de presidencia, entre otros, quiénes brindarán acompañamiento a estos productores.
Dicho evento inició a la 1 p.m. y se extendió hasta las 3 p.m.
La Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz se encuentra desarrollando distintos esfuerzos a raíz de las situaciones provocadas en las últimas semanas por los ataques al Consejo Nacional de Producción (CNP), específicamente al Programa de Abastecimiento Institucional.
Para esta Asociación, el CNP es una institución que ha sido desmantelada, que brindaba oportunidades para comercializar productos de forma directa, y que al pasar al modelo de intermediación los agricultores quedaron a la deriva.
ASOPRO fue fundada para atender las necesidades del sector, han intentado recuperar un mercado estable, pero es hasta 2013, cuando la viceministra Xinia Chaves les animó a vender frijoles empacados y hasta la fecha han intentado abrirse espacio en el mercado nacional y en los supermercados. Lo anterior ha sido beneficioso, ya que en las últimas cosechas se ha podido vender toda la producción de los socios, e inclusive, se ha logrado ir a comprar grano a otras organizaciones de diversos lugares del país.
Freddy Morera Mena, presidente de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz plantea que el CNP y el PAI está cumpliendo un rol de incubadora, esto por el hecho de que brinda a estas pequeñas organizaciones un mercado seguro, «un mercado que ayuda a crecer en conocimiento y experiencia, ya que si estas organizaciones se decidieron a competir con la industria nacional en el mercado, es muy probable que nos sacarán fácilmente, ya que estas grandes empresas tienen un capital y la logística de producción más sofisticada», explica el dirigente.
Además, Morera recalca que de la mano con estas instituciones «se puede crecer y se puede soñar con mejores opciones para todos los productores del área y de otras actividades similares de producción a nivel nacional». En cuanto a la campaña que se está dando en contra del CNP, los agricultores se han pronunciado y solicitan ser escuchados, sin embargo, estiman que «se toman decisiones sin tomar el parecer al sector, quienes finalmente son los que verdaderamente saben lo que necesitan».
Compartimos algunos fragmentos de una carta emitida por ASOPRO:
Sobre el estudio titulado “Efectos del PAI en la Cadena de Valor del Frijol en Costa Rica”.
Es falsa la insinuación realizada en la página 14 de dicho estudio sobre la colocación de frijol importado en el mercado del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), administrado por el CNP por parte de nuestra organización, especulación mal intencionada, acompañada de afirmaciones sobre afectación a productores nacionales. Sobre dicho punto debemos afirmar que nuestra organización, como se menciona en la reseña, tiene la administración de una marca paralela de frijol en el mercado tradicional (Supermercados, Mini Súper, Pulperías, etc.) y tenemos aún mercado para frijol a granel a empresas que lo comercializan a granel o bien lo empacan en marcas privadas.
El estudio muestra en el “Cuadro 1” información referente a la asignación de cuota de importación de frijol, según la ley CLAUDES, el mismo se coloca sin un contexto claro, que indique la función y el origen de dicha cuota, y que nuestra organización aparece en el cuadro mencionado debido al llevar los registros de las compras realizadas de frijol nacional, evitando que dicho porcentaje se distribuye en las demás industrias que dan poco apoyo al productor nacional, tal y como lo mencionamos en la reseña, gestión que se realizó pensando en pro de los productores nacionales que apoyamos.
El “Gráfico 3” no especifica en qué mercado se encuentra el precio que ahí se muestra de los últimos 9 años, en caso de ser los precios de comercialización del Programa de Abastecimiento Institucional existieron circunstancias especiales entre el año 2014-2015 donde la materia prima subió de precio por escasez a nivel mundial. Además, es importante informar sobre las cantidades comercializadas en ese entonces, así como los proveedores de dicha materia prima. Igualmente, para el fin del estudio se debe de analizar el mercado institucional que no se abastecía en ese entonces del PAI, sino de empresa privada para un análisis más integral.
En la página 19 encontramos incongruencias para publicar un estudio, como lo son, indicar que la muestra de encuestados fue elegida por conveniencia y la muestra no considerarse significativa.
Podemos encontrar en la página 26 cómo a pesar de que la información obtenida refleja los beneficios generados a asociados de organizaciones de productores, el mismo no realiza una afirmación concluyente del mismo como en otros aspectos del estudio.
En los principales hallazgos de la encuesta a productores de la página 34, es erróneo emitir el criterio de que no se ven impactados por el PAI, aún y cuando se demuestra en varios gráficos el impacto positivo generado a los productores asociados a organizaciones proveedoras del Programa, específicamente en el tema de precio, siendo este el de referencia del CNP, aún y como hemos mencionado en el caso de nuestra organización no todo lo comercializado es mediante este programa.
En los principales hallazgos por parte del Consejo Nacional de Producción, creemos incorrecto dar conclusiones como “Costo muy Elevado”, a raíz de una perspectiva y no de un estudio. Esto se vuelve a repetir en
Nuevamente en el caso de las juntas de educación, la selección de estas se indica que se realiza a conveniencia, y en ese caso en un sector específico del país (occidente), por lo que de inicio los resultados de dichas encuestas no son suficientes para valorar integralmente los temas abordados. PAG 69.
Nos causa rechazo lo que se refleja seguidamente en la página 70, donde se indica que el 100% de las juntas encuestadas adquieren la alimentación mediante el PAI, ya que se conoce que cerca del X% de las juntas de educación del país se abastecen de proveedores externos, que son importantes para mostrar datos más integrales a los expuestos en este estudio. Nuevamente nos revela como mala intención el seleccionar a conveniencia los encuestados.
Es erróneo indicar como “Evidente que los precios son Elevados” como se logra entender igualmente al final de la página 70, cuando la pregunta es de carácter cerrada evaluando una calificación sobre precios. Y retomamos que es inoportuno y mal intencionado al no existir una comparativa con una calificación sobre el tema a juntas que se suplen de proveedores externos.
Reiteramos que de forma malintencionada, los resultados del gráfico 31 son a raíz de opiniones o percepciones y no respaldados por datos, por lo que no deberían de ser concluyentes.
En los hallazgos del rubro de Juntas de Educación, se omite de manera mal intencionada, que cerca del 50% de las juntas se encuentran entre Satisfechas y muy satisfechas por los servicios brindados por el PAI, aún y teniendo en cuenta como mencionamos anteriormente que la muestra de encuestados no es significativa. Por lo que debería de ser tomado como aspecto positivo.
En las conclusiones a partir de la página 74 podemos notar incongruencias con lo reflejado en los hallazgos de la encuesta a productores, donde se demuestra que los mismos obtienen beneficios por parte de las organizaciones de las que son parte y que las mismas son suplidoras el PAI, pero se concluye erróneamente que el PAI no está generando valor.
Seguidamente se concluye sin realizar un estudio comparativo de precios de mercado, que a los consumidores finales no se les asigna valor de la mejor manera, afirmación que no se debió utilizar sin un sustento válido.
En conclusiones emitidas en las páginas 77 y 78 sobre comercialización de frijol importado en el mercado del PAI, las mismas no cuentan con evidencias válidas para tales afirmaciones, todo lo contrario, se valen de opiniones (chismes) de diferentes actores, atacando sin objetividad niclaridad. Esto es sumamente sensible para la credibilidad de cada una de las organizaciones, que la opinión pública pueda dar por aludidas.
Para finalizar sin datos que respalden, se concluye un margen de sobre precio de entre un 20 y 25% en la página 78, el mismo no tiene sustento y valoración integral, al no publicarse la metodología para determinar dicho porcentaje de sobreprecio, y conocer los rubros evaluados en la metodología. Además, se atacan injustificadamente los márgenes de las asociaciones sin realizar estudio previo de costos y variables dentro de los procesos de valor agregado que damos para el producto final ofrecido.
Sobre las declaraciones emitidas en el programa “Matices” de Monumental (23 de agosto de 2021).
Se rechaza categorización como “Grandes Especuladores”, se solicita aclaración sobre a quienes se refieren.
Es falso que haya pocos compradores a los productores, lo que puede existir es que actores como la industria no deseen ser parte de la compra, para abastecerse únicamente del mercado internacional
Aún y cuando se habla en general, debemos rechazar que nuestra organización tenga a los productores “muriéndose de hambre”.
Se menciona que existen 4 actores en la comercialización tradicional de cualquier producto (Productor, Intermediario, Industrial y vendedor final), se afirma que el industrial (quien procesa y empaca) tiene un costo de ¢10.000 por quintal. Cabe aclarar que como organización de productores nuestra labor es de comprar, industrializar y distribuir la producción, reduciendo los márgenes de dos actores mencionados, y trasladando dicho beneficio al productor.
El precio pagado por nuestra organización en específico ha sido en las últimas 2 cosechas superior a los 40 mil colones el quintal.
64 mil vende el CNP al MEP
Afirmación sin sustento sobre contrabando de frijol por parte de asociaciones.
Indica en el programa que además de entrevistar a los actores mencionados en el estudio como lo son agricultores, asociaciones, CNP y juntas entrevistó a “Industriales”. Este actor no es mencionado en el estudio, lo que puede diferir las conclusiones.
En el estudio se indica que la encuesta a productores se realizó mediante una plataforma electrónica, en el programa se contradice y menciona que realizaron llamadas telefónicas, que duraron hasta más de una hora en cada llamada.
Hace insinuación de sobre una asociación del sur de 300 asociados que acapara un mercado del CNP, y que sin un análisis profundo emite un criterio sobre que es superior a la capacidad de procesamiento y abastecimiento de frijol nacional.
Afirma falsamente que la Asociación denominada Veracruz, no compra frijol nacional y se abastece de frijol importado, mal informando de esta forma a la opinión pública.
Indica que no era de interés obtener una muestra grande de todo el país, información que se presta para que dichos resultados se dieran a conveniencia, bajo intereses de trasfondo.
Adjuntamos el documento oficial para la lectura en profundidad:
Asociación para el Desarrollo Social de la Cruz (ASOLCRUZ) Cédula Jurídica: 3-002-236212 Santa Cecilia. La Cruz, Guanacaste. Tel: 8942-6766/89660403 Correo asolcruz12@gmail.com 16 de agosto de 2021
A quien interese:
La Asociación Para El Desarrollo Social De La Cruz (ASOLCRUZ) le da un cordial saludo. Somos un grupo de 60 familias agricultoras de Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Los cuales hemos trabajado toda la vida en el campo produciendo en nuestras nobles tierras los productos que llegan hasta la mesa del costarricense con mucho amor y esfuerzo, muchas veces con deseo de abandonar lo que mejor sabemos hacer.
Debido a los precios tan injustos de compra del intermediario y las empresas que estos representan sin ver el gran esfuerzo que hacemos para sacarle a la tierra su bendición. El CNP ha sido un alivio para vender lo que producimos; pagándonos un precio justo a nuestros productos, tomando en cuenta los precios tan elevados de producción, el costo de mano de obra y otros.
Esta comercialización ha impactado de forma positiva en nuestras familias y comunidades.
Y a todas las familias que nos involucramos en tan digno trabajo.
Esto ha beneficiado a más de 200 familias de nuestras comunidades de forma directa e indirecta.
Nosotros somos frijoleros y a mucha honra ya que de ahí nuestras familias subsisten. Pedimos su apoyo ya que esto es con lo único que contamos los agricultores del país. No queremos desaparecer.
Gracias por su valioso apoyo, Dios les bendiga. María Isabel Rodríguez Rugama, representante de ASOLCRUZ.
El pasado 29 de julio diferentes representantes del Consejo Nacional de Producción se reunieron en defensa del Sector Agropecuario.
Según José Oviedo, representante del CNP , este ente se encuentra bajo amenaza de un cierre técnico. Para él, esta situación se debe a que desde 2010 han impulsado la compra de alimentos a favor del sector campesino. Entre sus aportes señala que para este mismo año solo 37 empresas le vendían instituciones del Estado y al día de hoy son 263 las que realizan esto mediante el CNP, siendo principalmente organizaciones de pequeños productores agroalimentarios.
Además, Oviedo considera que los sectores poderosos, transnacionales y empresas grandes como Walmart ,Mayca, entre otras; ven un mercado y tienen una campaña sostenida para quitar a los pequeños productores y vender a precios altos. Asimismo, expresó que esta campaña solo señala aspectos negativos y no destaca producciones de cooperativas, como por ejemplo donde mas de 100 productores venden al país o el caso del Centro Agrícola de Pacayas donde 2000 productores agropecuario tienen la oportunidad de vender al país.
El representante destacó la importancia de otras instituciones como la CCSS y La Fanal y los aportes de la CNP en la construcción de edificaciones de valor agregado. De esta manera, hacen un llamado al Poder Ejecutivo y a Asamblea Legislativa donde expresan que la única oportunidad que poseen es acudir la Comisión Nacional de Emergencias para que no cierren el CNP y dar a conocer la magnitud del desempleo que ser va a generar ante un cierre de la institución.
Por su parte, Célimo Guido, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, denuncia que el candidato presidencial José María Figueres ha promovido a Kiko Alfaro como posible Ministro de Agricultura y Ganadería, Alfaro manifestó que rescataría la CNP. Sin embargo, para Guido, fue la fracción del candidato la que aprobó el “Combo fiscal” y la Ley de Regla Fiscal que cerraría al CNP y vendería a un precio bajo La Fanal. De esta forma, considera que son demagogos, charlatanes que han amenazado a ambas instituciones. “No vamos a permitir que terminen con el CNP o La Fanal porque es lo poco que queda de la agricultura en este país”, expresó Guido.
