Ir al contenido principal

Etiqueta: Código de Trabajo

La necesidad de reformar y modernizar las jornadas de trabajo

Manuel Hernández

Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.

Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.

Es la jornada típica de la sociedad industrial.

No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.

Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.

Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.

Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.

Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.

Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.

No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.

La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.

En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.

Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Posición de la Unidad en la Acción Sindical respecto a la necesidad de incluir el criterio de los trabajadores en la discusión de jornadas flexibles

La Unidad en la Acción Sindical (UAS) compartió en un comunicado y en vídeo su criterio y posición respecto a que la discusión del proyecto de ley, actualmente en el Plenario, sobre el cambio en la legislación nacional en materia laboral sobre las jornadas flexibles, el “proyecto 4/3”, que consiste en reformar los artículos 136, 142 y 144, y adicionar los artículos 145 Bis y 145 Tercero del Código de Trabajo, modificando así la jornada de 8 horas diarias a 12 horas, reduciendo así también la cantidad de días en los que se laboran semanalmente. 

Como parte de esta posición, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAG) cuestionó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el que no tomen en consideración en la discusión del proyecto los criterios y posiciones de los trabajadores del sector privado. 

Ante esto, la UAS envió el pasado 3 de febrero una nota a Paulina Ramírez Portugués, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para que tome consideración y como parte de los criterios y posiciones en la discusión del proyecto a los representantes de los trabajadores privados. Adicionalmente, comentan los posicionamientos del representante de FENTRAG; en el que esta modificación laboral conlleva un retraso laboral al logro de lo que se estableció en Estados Unidos e Inglaterra en 1866, de igual forma que es retroceder más de un siglo en cumplimiento con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en el que de llevarse este cambio las mujeres serían las más perjudicadas. Se comparte también la posición de Lenin Hernández Navas, miembro de la UAS y secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) en el que afirmó que todo cambio a la legislación laboral debe de ir acompañado por la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En el vídeo compartido también plantean y se hace énfasis en la importancia de tomar en consideración los siguientes puntos: contemplar las condiciones de trabajo de los diversos sectores y actividades laborales y de esta forma, comprender la forma en la que todos los grupos se verían afectados de llevarse a cabo la modificación a la legislación laboral y también, destacan las falencias por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la hora de hacer que los derechos de los trabajadores se cumplan; se plantean que hay múltiples denuncias por parte de trabajadores y en las que hay un déficit en las inspecciones de seguimiento a los casos denunciados, por tanto plantean que los trabajadores deben ser tomados en consideración en la discusión y negociación del proyecto.

Ochenta aniversario del Código de Trabajo y realidad Hacendaria

En el 2023 se cumplirán ochenta años de la instauración del Código de Trabajo, hoy modificado con la Reforma Procesal Laboral, norma superior y especial que regula  el vínculo de la patronal con el sector trabajador.

Desde SITRAHSAN tenemos claro que la historia ha sido recurrente, siempre trabajador  necesitó un árbitro, ya que la costumbre es; que todo derecho laboral debe llevarse a  contienda judicial, lamentablemente; eso suele suceder con más frecuencia el patrono, a pesar de que ya ochenta años debieron dar un marco de certeza jurídico que se   estableciera con la resolución de los múltiples casos en sede  laboral, no  deberían repetirse  o reiterarse, pero lamentablemente parece que en lugar de evolucionar, vamos para atrás.

El Estado como patrón, se ha visto indigestado con el actuar de los “virus humanos” y ha  tenido que lidiar con esos “tumores malignos” y la actuación de los demás miembros del cuerpo del Estado, inyectarse para  erradicar esas actuaciones “cancerígenas”, ya que a la  óptica de un mal cirujano ya desgastado, pensará que  quitar más tejido sano, erradicaría la  continuidad de la enfermedad o el mal, de ahí es que nos atacan malos “tumores” con  epítetos inadecuados de funcionarios públicos, de  incremento al gasto, de  gasto superfluo y no de inversión social, en fin de todas las ocurrencias, hasta de cumplir normas de  ingreso internacional a organismos como la OCDE o del FMI mismo. (símil quizás del COVID-19).

Esos  proverbios, si  vale   el  término,  deben  desaparecer con  la  complicidad de  usted o cada  actor de este  Ministerio, esa  complacencia, o  tolerancia e  impacto social,  evoca  su  propio actuar,  la muletilla de  “poco me  importa” debe  cambiar.

Hoy día los logros de personas visionarias en materia de derechos laborales, exigen la  aplicación de sentencias judiciales, resolviendo quizás años de contienda por una mala  interpretación de algunos  “malos abogados”,  debemos  decirlo así, porque muchas  veces,  sin ser especialistas en temas públicos, interpretan una norma literal, o la fraccionan,  intimidando al pobre trabajador, olvidando de sus actos, la responsabilidad, civil, penal o  administrativa.

SITRAHSAN no es el dueño de la verdad, es claro, pero es una organización que analiza  adecuadamente cada movimiento de la contraparte, estamos vigilantes y no reactivos, es  quizás por eso, que sentimos que las propuestas no mitigan el actuar patronal, lo que  pretendemos es mostrar nuestro punto de vista y la solución posible a un conflicto o  evitarlo, pero a muchos con poder eso no les agrada, ya que quieren “meter gallega” cuando el bienestar nacional mismo esta en juego, y eso no lo vamos a permitir.

Acaso una mala política afecta al trabajo o  afecta  el bienestar  integral?, claro, el  impacto de un traslado, de un órgano director, de un ascenso mal otorgado, de un “clip” a una  exoneración que no corresponde, o pasarle más casos complicados a otros y a otros  funcionarios casos “light”, no nos va a afectar, ya que de ahí, podría hacerse más visible la  ineficiencia se genera o el compadrazgo y sentirse parte de  la  “argolla” les podría brindar seguridad, pero no; ahora todos vamos a ser considerados como iguales “todos empleados  Públicos”

El proyecto de Ley que se ventila, viene bastante determinativo en materia de derechos laborales y las potestades, de los políticos que representan al PATRONO, no es las del Estado las que se persiguen, se ventilan crear “super Ministros”, para  orientar  la  actuación laboral pública, cuando quizás, la experiencia profesional individual de esos “super Ministros”, carece de la solvencia y decoro necesario, que hasta para administrar una  pulpería les cuesta. Y esos son los notables aportes de esa clase política, “apliquemos  mano dura al sector público”, según rezan, sin determinar el colateral de esa actuación con  impericia.

Bueno, lo que resta del discurso en la celebración del ochenta aniversario de nuestro Código Procesal Laboral, es que “el ropaje hueco tal cual mendigo indigente pestilente” se  mantiene y debe mantenerse firme, y empezar a remendar esos huecos creados por la  tolerancia y complacencia misma del trabajador que piensa que política pública no le  afectaría  nunca.

Es hora de que nos unamos, y con los derechos a la salud, al bienestar,  a  la  paz laboral,  a la actuación libre de acoso y hostigamiento, pulamos, arropemos, perfumemos el “indigente empleado público”, y comprendan mucho político de turno, que las teorías de  humanidad del trabajo mismo, dignificando al trabajador, es como se logra mayor  productividad.

Debemos dotar de herramientas y recursos, legales y jurídicos, en especial al trabajador  en el Ministerio de Hacienda, para poder atacar, esos dos  flancos, los  malos  administradores de  la  Hacienda Publica y  los que defraudan al Estado precisamente por esa “camisa de  fuerza”  o “censura” que nos ponen a quienes aquí laboramos y que el impacto final de  nuestro actuar en SITRAHSAN pretendemos, es traer bienestar no solo a nuestro trabajo, a  nuestra salud, a nuestra seguridad, es para todo el País y al Bienestar Nacional.

La buchaca de las pensiones complementarias y los cuarenta ladrones

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Sobre lo que ocurre en el  mundo y en nuestro país durante la primera mitad de 2022, podríamos citar muchas cosas. Pero pocas de ellas con una incidencia tan directa y temible para los trabajadores asalariados como el desfogue y asalto que estamos viendo/siendo con nuestros aportes a los regímenes de pensiones complementarios, donde operadoras, de naturaleza privada y pública, en sí mismas se han transformado en poco tiempo en aliadas de los personas trabajadoras a ser de sus mayores enemigos cual pócima venenosa con que se “embadurnó una hermosa y sabrosa manzana roja”

La Ley de Protección del Trabajador que da origen al surgimiento de fondos de ahorro de parte del salario de las personas trabajadoras, del aporte nuestro y sus patronos, cuando existe empleo formal. Surge a raíz de la transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 0,5% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en eses entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley que recién cumple 20 años y dentro de los loables y nobles fines con que fue creada, destaca la justa universalización del derecho a la pensión. Cómo se logra esto? con una “renuncia” que en el presente hacen los trabajadores de algo que es de su propiedad, parte de su salario; con miras a tener ahorros suficientes a asegurar una vejez digna, cuales bellos abuelitos icónicamente vemos en cuentos como Caperucita Roja y Geppetto.  A ver, estos ahorros que hacemos en el presente, que hacen que nos limitemos en la posibilidad de vivir bien ya, de viajar, adquirir algún bien mueble o inmueble o emprender alguna actividad económica que complemente mis ingresos, es pospuesta.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que aun no entiendo a quién defiende, si a las operadoras, que no ocupan que nadie las defienda, o a nosotros como trabajadores y ahorrantes. Es decir, alguien podría decirme que somos tan tonticos que como no sabemos administrar nuestros cinquitos requerimos de otros que los manejen, inviertan y decidan qué hacer con mi plata, sí mi  plata. Y no es sino, que para ello se requiera la creación de una superintendencia conformada por profesionales que sabrán hacer las del rey Midas, transformar lo nuestro en mayor riqueza, al hacer que nuestro aportes produzcan generosos rendimientos, con lo cual mi retiro este asegurad y pueda dormir a pierna suelta.

Pero ese sueño puede ser interrumpido por una terrible pesadilla y en vez de salir de los brazos de Morfeo para ser arrullado por ángeles, arcángeles, querubines  y otras divinidades, sea violentamente pellizcado y atormentado por harpías, gárgolas y otros demonios, y que también mordisquean nuestros fondos.

Patrióticamente desde mediados de junio sólo un medio informativo ha intentado alertar a la población costarricense lo que silenciosamente ha venido ocurriendo con los millonarios fondos de ahorros de millones de personas trabajadoras. Me refiero al Semanario Universidad.

Dichos fondos a la fecha representan el equivalente a 10 mil millones de dólares (SUPEN, Bco. Ctl. Operadoras han perdidos 162 mil millones de colones último trimestre –Pág. 10 Semanario Universidad cita CONASSIF y SUPEN) ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que habían, ya no están.

Estos temas pueden verse lejanos como la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo al igual que ella nos impacta directamente. En mi caso particular como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les comparto el último estado financiero que ha enviado la operadora. S situación debe ser similar la aparición de números rojos porque los inútiles que administran mis ahorros han tomado pésimas decisiones, desde sus cómodos sillones, de las cuales nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos, pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atienda mis dolencia por lo que la CCSS no pueda velar para una mayor calidad de vida. La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Menos aún con la llegada de la siniestra figura de Rocío Aguilar. Personaje de ingrata y triste memoria, quien antes de llegar a estos entes del sector financiero –tras concesión graciosa de Carlos Alvarado Q.- fue contralora y ministra de Hacienda. En este último puesto fue acreedora de una sanción con una suspensión de un mes que nunca ejecutó. O sea, se convierte impunemente en la única funcionaria pública que se acredita una sanción disciplinaria, que nunca cumplió; fue protegida y posteriormente aparece tan campante en un puesto, donde se ha caracterizado por hacer daño a la economía de los hogares costarricenses. Desde su llegada a los órganos regulatorios del sector financiero ha propiciado el deslizamiento de fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación. De los últimos avisos que tenemos de los barones y las damas que regulan el sector financiero es impulsar reformas para que entes como CAJANDE y la SSVMN no puedan ser manejadas por maestros como histórica y centenariamente lo hemos hecho con gran suceso y transparencia. Desean que sean sólo sean especialistas en bancas, finanzas y otros embrujos, que son los mismo que nos tiene en esta situación. No veo a la misma SUPEN promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan desde años  atrás. Y mucho menos modificar la forma en que se calcula el beneficio una vez que el trabajador se acoja a la jubilación que es la devolución de sus ahorros, hecho con gran sacrificio, calculando una edad de 115 años…sí leyó bien, 115 años, como si eso es lo que fuéramos a vivir. Ofensa más grande a la inteligencia no he visto cuando nuestra esperanza de vida según el INEC (2022) es de 83, 5 años para las mujeres y de 78,3 para los varones.

En mi caso para este periodo (2022) acumulo pérdidas superiores a 1 355 000 colones y les aseguro que aún así estos desengarzados religiosamente sí cobraron su comisión sobre el manejo de mi cuenta, al igual que a ustedes.

Generemos suficiente presión ante estas entidades y el organismo que nos representan, dejemos la pasividad y modorra, a un lado. Directamente podemos incidir en directivas de Vida Plena y del Banco Popular, para que sus operadoras se torna más humanas, sensibles y solidarias. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, es que deseamos no que quede algo al final de nuestra vida laboral, sino que haya lo que merecidamente hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna, sobre lo que realmente nos pertenece. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo  y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Parafraseando la frase que le dijese su madre al sultán Boabdil ante la caída de Granada durante la Reconquista Española “No llores como niño, lo que no supiste defender como un hombre” invito en esta mes de la patria a inflamar nuestro espíritu de una llama de rabia transformada en propuesta, en construcción en garantizar nuestra capacidad de incidir para que haya cambio, resultados en los próximos meses. ¡La democracia nos lo garantiza¡

11-IX-22

Justa conmemoración

Jiddu Rojas Jiménez

El 27 de Agosto de 1943 es aprobado en la Asamblea Legislativa (Congreso) el Código de Trabajo, –que tras acaloradas discusiones desde su presentación en Junio–, entrará en vigencia a partir del 15 de Setiembre de 1943.

Hoy como ayer los argumentos «apocalípticos» de la derecha y del gran capital vaticinaban desastres económicos, por estas medidas sociales progresistas. El resultado, obviamente, fue el opuesto.

Curiosamente la fecha coincidía con el Natalicio de Manuel Mora Valverde (27 de agosto). Extraño homenaje, al parecer, de parte del Presidente de turno, Dr. Rafael Ángel Calderón y del Oficialismo (y de su concepción política caudillista), para con el líder y fundador del Partido Comunista de Costa Rica (luego Vanguardia Popular), y entonces Diputado: Lic. Manuel Mora Valverde.

¡Qué mejor forma que celebrar el cumpleaños de Manuel Mora Valverde, que rescatando su memoria histórica y su legado político democrático, auténticamente patriótico, socialista, y verdaderamente humanista!

Para nadie es un secreto, las repercusiones y la trascendencia, de esta maravillosa gesta democrática, que consolida el Capítulo de las Garantías Sociales y el comienzo del Estado Social de Derecho. Y por lo tanto, la calidad de vida del pueblo costarricense.

Justo también es reconocer que el apoyo público al proyecto del Arzobispo Católico, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, fue estratégico. Y por eso encabeza también el desfile popular.

Monseñor Sanabria (1898-1952) fue un sacerdote culto, gran historiador, y además un clérigo sinceramente comprometido con las causas justas y la justicia social.

Una verdadera excepción en un clero conservador, reaccionario y anticomunista, –propio de un Vaticano cercado por Mussolini y el Fascismo italiano–; un personaje singular y adelantado para la Jerarquía de su Iglesia.

Hay sin más, que reconocer que su labor política, fue indispensable para legitimar la aprobación del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales, sobre todo frente al Oficialismo y al pueblo costarricense mayoritariamente prejuiciado y muy religioso.

La histórica amistad y empatía de Monseñor Sanabria, –así como su solidaridad efectiva para con Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra (Isabel Carvajal) y para con otros compañeros del PVP histórico–, se mantuvo aún después de la persecución e injusta ilegalización, del Partido Comunista después de la Guerra Civil de 1948.

Lo mismo ocurrió con el discreto, pero patriótico y valiente, contacto personal, entre Manuel Mora Valverde y el líder opositor José Figueres Ferrer. Fortalecido después por el Pacto de Ochomogo (1948), que permitió profundizar las conquistas sociales y el desarrollo posterior del Estado Social de Derecho con la Segunda República (1949).

La foto corresponde a la vez, a una foto de celular (o sea mal tomada) de una de las fotografías originales, propiedad de Manuel Mora Valverde (1909-1943) y luego de su hijo, el Compañero, Manuel Mora Salas. La foto original corresponde al histórico desfile nacional de Celebración, por la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el 15 de Setiembre del mismo 1943.

Aparecen en primer plano del desfile, Manuel Mora Valverde, Calderón Guardia y Monseñor Sanabria.

En la esquina de la foto original, se observa la caligrafía de Don Manuel Mora Valverde, marcando la histórica fecha.

Nota histórica previa: El 2 de Junio de 1943 el Congreso aprobó el histórico Capítulo de Garantías Sociales…

Gracias Manuel Mora Valverde y gracias a sus compañeras y compañeros de lucha. ¿Es acaso momento de un nuevo pacto social y popular?

Foto histórica: Desfile del Pacto social de 1943 por la firma del Código de Trabajo. Manuel Mora Valverde (PVP- histórico) con 34 años, Monseñor Sanabria, y Presidente Calderón Guardia… todos Beneméritos de la Patria.

¿Pero qué hay de diferente?

Nota: Ojo al detalle de esta foto. Véase la fecha en la esquina superior izquierda y su caligrafía del propio prócer Manuel Mora Valverde: 15/setiembre/1943. ¡Sin palabras!

El Ministerio de Trabajo advierte que ninguna persona empleadora puede aplicar deducciones al salario mínimo inembargable

La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines compartió con SURCOS un comunicado del Ministerio de Trabajo, según el cual se indica que tanto el sector público como el privado deben garantizar el salario mínimo a sus trabajadores y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho. 

Los artículos  y del Código de Trabajo establecen la prohibición de aplicar deducciones cuando se vea comprometido el salario mínimo establecido.

Durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado miércoles 3 de agosto, posterior a la sesión del Consejo de Gobierno, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, aclaró que la prohibición de aplicar deducciones al salario mínimo inembargable, es una norma obligatoria que abarca a todos los patronos y trabajadores del sector público y privado, una discusión que está protegida por el artículo 172 del Código de Trabajo.

Esta protección a la inembargabilidad del salario, tiene por objetivo procurar el bienestar y la existencia digna que engloba el artículo 57 de nuestra Carta Magna y el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.

Como puntualizó la ministra, el Código de Trabajo señala que el salario mínimo es inembargable, éste  se fija mediante el decreto que, actualmente, es una suma líquida de 16.887,24 colones, delimitado para hacerle frente a las necesidades básicas  de la persona trabajadora.

Lo anterior significa que no es posible aplicar rebajas (embargos judiciales, operaciones crediticias, cuotas de afiliación, entre otros.) a las personas trabajadoras que reciban un monto líquido por debajo del salario mínimo establecido, excepto los que corresponden a pensiones alimenticias.

Por lo que, si ya existe un embargo que abarca la totalidad de la cuota embargable del salario del trabajador, un nuevo embargo tendría que “hacer fila” hasta que se levante el anterior.

De incumplirse lo antes expuesto, las personas empleadoras (jurídicas o físicas) incurrirían en violaciones legales y se expondrán a posibles sanciones, ya que estos actos son considerados como una infracción grave.

CONFERENCIA EPISCOPAL: Sobre el proyecto de ley de reforma de las jornadas laborales

4 agosto 2022.

La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.

La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).

Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.

No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.

El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.

Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.

Lea el documento completo del comunicado en este enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/08/COMUNICADO-PASTORAL-SOCIAL_JORNADAS-LABORALES.pdf

Compartido con SURCOS por el presbítero Luis Alejandro Rojas

Una obrera opina sobre la jornada laboral 4/3 – I

Isabel Ducca D.

Dania Obando | Foto: archivo personal.

Dania Obando[1] es obrera en una industria agrícola, madre, estudiante y lideresa; comparte un conocimiento basado en su experiencia como trabajadora y en su vida como mujer jefa de hogar. Veamos:

“Desde la madrugada inician mis labores como madre de cuatro hijos; hago el desayuno, el almuerzo y dejo a los güilas listos para que se vayan para la escuela, para el colegio.

Entro a trabajar a las seis de la mañana, trabajo ocho horas diarias en el área de lavandería; ahí se lava la ropa que se usa para aplicar químicos. Mi trabajo no finaliza ahí. Como no me alcanza el salario de las ocho horas, debo hacer algunas que otras chambillas, ahí, por fuera, para poder lograr llegar a fin de mes con los gastos.

La vida después del trabajo y el desarrollo como persona en la sociedad de dirigente sindical, tengo que hacer ese trabajo también después de la jornada laboral, casi que tengo que dejar por último las labores de mi hogar, la atención a mi familia, a mis hijos, en este caso.

Tengo que hacer el trabajo sindical los fines de semana.

Un proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades de nosotras las mujeres en general, pero más para las que trabajamos en las partes agrícolas. ¿Cuándo voy a atender mis tareas de madre con una jornada de doce horas? No se puede.

Si por las doce horas me van a pagar lo mismo, nunca podré ganar horas extras porque se supone que, si nos cambian las ocho horas, a lo que yo tengo entendido es que vamos a trabajar doce horas, pero por el mismo salario de las ocho horas. ¿Sacrificar mi vida para seguir trabajando? No se puede dejar de hacer nada de lo que ya se hacía; todo lo que hago en mi día es indispensable, no se puede posponer. Ni voy a decir: “Mirá, esta semana no voy a atender a mis hijos porque voy a trabajar”. No me alcanza el salario para pagar a alguien que los cuide. Ya doce horas por el mismo salario y tener que pagarle a alguien. No, eso no es rentable para nosotras.

Nunca voy a desentenderme del cuido de mis hijos, de las tareas de la casa; complicarle las tareas a mis hijos tampoco se puede. Ya con las ocho horas que nosotras tenemos, ya es un día sobrecargado para nosotras.

En la parte agrícola, quizás, muchas personas no entienden que trabajamos muchas mujeres en la palma africana; la mayoría somos madres solteras y ese trabajo en la palma no es un trabajo como muy fácil. Todavía el mío no es tan complicado como el de las demás compañeras que trabajan en el campo.

Este proyecto no contempla el tiempo de traslado a la finca. Yo entro a las seis de la mañana a trabajar, tengo que trasladarme tres kilómetros de distancia. Otras compañeras tienen que trasladarse más; entonces, ahí no va contemplado ese tiempo de traslado ni tampoco se paga. Esas cosas no las están tomando en cuenta. Si al tiempo de traslado le agregamos doce horas, estamos volviendo al siglo XIX. Este proyecto, en la agroindustria, es criminal: está contra la salud laboral y los derechos de nosotras las mujeres.

¿Saben lo que es recolectar coyol? ¿Cuántas veces tiene una mujer que agacharse y pararse recogiendo el coyol en ocho horas? Ahora doce horas, ¿cómo sale ella al final del día de la columna, de los pies de estar caminando tanto? Eso no lo están valorando.

Yo estoy terminando de estudiar, pues no tuve chance en mi juventud; estoy haciéndolo ahora, nunca es tarde, dicen. Entonces no nos están dejando tiempo para descansar. Mucha gente dice: “Pero, vamos a tener tres días libres”. No, eso es mentira. No son días libres porque, entonces, en el caso de nosotras que llegamos a la casa a las tareas, se nos acumularán los quehaceres del hogar. Entonces esos días vamos a pasar trabajando más en la casa. Tampoco hay descanso.

Hay que revisar las prioridades de los hijos; hay que atender las necesidades y eso se hace todos los días dentro de la normalidad. ¿Qué pasa si me quitan cuatro horas cada día de mi tiempo?, ya no podría seguir estudiando porque no voy a poder estudiar los tres días que tengo libres porque me imagino que esos tres días serían viernes, sábado y domingo.

Pienso que la vida es más que solo trabajar. Hace más de cien años, en 1920, se estableció la jornada de ocho horas. Tengo entendido que fue una lucha de los trabajadores. Se estableció la jornada de ocho horas para que tuviéramos tiempo para el descanso, para el estudio, la recreación. Con este proyecto, se va a retroceder en la historia de los derechos laborales más de cien años.

Continuará…


[1] Este testimonio recoge la participación de Dania Obando en el foro: Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?, convocado por Alianza por una Vida Digna.