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Etiqueta: Colombia

Colombia, una economía en apuros

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alfredo Serrano Mancilla

CELAG

 

Una economía enferma y sin gente. Este es el gran logro de los últimos gobiernos de Colombia gracias a las decisiones económicas que se tomaron. Santos, Uribe, Pastrana y un largo etcétera de presidentes que hicieron siempre lo mismo en contra de la vida de los ciudadanos. La política económica fue tan injusta como ineficaz. La desindustrialización del país es un hecho irrefutable: el peso de la actividad industrial retrocedió del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016. Esto debido, fundamentalmente, a dos grandes razones:

1) La apertura comercial por la vía de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea fue determinante para crear una economía “reprimarizada” y dependiente de la importación. Dos datos hablan por sí solos: uno, 8 de cada 10 dólares gastados para importación se destinan a la compra de bienes manufactureros; dos, 8 de cada 10 dólares exportados son materias primas (principalmente combustibles y minería).

2) La economía se financió de tal manera que la economía real quedó subordinada al mundo de las finanzas. La banca, en detrimento de la industria, ganó peso en los últimos años y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB en la actualidad, cuando la cifra era del 23% en 1990. No solo ganó mucho peso sino que lo hizo en forma muy concentrada: el 80% de los recursos del sistema financiero se encuentran en manos de cinco bancos.

La economía colombiana está en fase terminal. Se ha ralentizado fuertemente su tasa de crecimiento. Se aprecia una caída de la productividad, en parte también explicada por su baja inversión en Investigación y Desarrollo. En porcentaje del PIB, el gasto en I+D colombiano se ubica cuatro veces por debajo del promedio de la región. La participación de la agricultura en el PIB también se redujo: de 8,1 a 6% entre el 2002 y 2016. Y esta economía ineficaz se sustentó en un importante ritmo de endeudamiento. Solo en los últimos cuatro años, la deuda externa pasó de 78 a 119 mil millones de dólares (21 a 42% del PIB). Este peso muerto sobre la economía se observa claramente en el presupuesto público: 15 de cada 100 pesos se destinan a pagar deuda.

Nacer en Colombia es desgraciadamente una gran desventaja para cualquier niño, joven, mujer, trabajador, adulto-mayor. Solo unos pocos salen ganando. El 1% más rico de Colombia concentra el 20,5% de los ingresos totales del país. Al resto, esto es, a la gente de a pie, le toca sufrir. En 2016 la pobreza monetaria alcanzó al 28% de la población, es decir a 13 millones de personas.

Veamos, grupo a grupo, cuál es la situación económica de la población colombiana.

– Niños: 1 de cada 3 viven en condiciones de pobreza multidimensional; la mitad de los niños hasta los dos años padecen hacinamiento crítico; 8 de cada 10 niños entre 3-5 años no puede acceder a la educación inicial gratuita.

– Jóvenes; el 30% por ciento de los jóvenes alcanza a anotarse en la educación superior y gran parte la terminan abandonando. El desempleo juvenil asciende al 17,6%. Hay más de 1 millón de jóvenes sin trabajo y otros 5 millones inactivos.

– Mujeres; el salario promedio de las mujeres se ubica 28% por debajo de los hombres. El 25% por ciento de las mujeres jóvenes está desocupada.

– Trabajadores: el salario mínimo es el tercero más bajo de la región. El 55% de los trabajadores gana menos del salario mínimo. La desocupación asciende al 12% de la población activa. La mitad de los trabajadores están en la informalidad laboral.

– Adultos-mayores. Colombia registra la tasa de pobreza en la tercera edad de las más alta de América Latina. Menos del 40% de la población de adultos mayores recibe una pensión; en las zonas rurales únicamente el 10% de la población está cubierta.

Colombia no puede presumir ni de bienestar microeconómico ni de estabilidad macroeconómica. Es un modelo fallido en materia económica. Todas las políticas económicas han fracasado. La subida del IVA al 19% ha contraído el consumo y ha mermado el poder adquisitivo a la gente. La demanda sigue a la baja: en los cinco primeros meses del año, las ventas al detalle disminuyeron un 1,4%. El precio de la gasolina es abusivo en un país petrolero. La política de vivienda es inexistente: el déficit de vivienda en Colombia es del 24,7%, 3,5 millones de viviendas; el PIB en construcción se desplomó, fue negativo (valor interanual del -8,4% a abril de 2017).

Mejor no seguir con más datos. Ya son suficientes para demostrar que la economía colombiana además de ser injusta, no funciona. Lo mejor es comenzar a buscar alternativas lo más pronto posible en otras propuestas económicas alejadas del pasado y de las élites. La solución económica está en la gente, y no por afuera.

Alfredo Serrano Mancilla, investigador CELAG. @alfreserramanci

Fuente: http://www.celag.org/colombia-una-economia-en-apuros/

 

Enviado por Carlos Meneses.

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¡Atrás la judicialización al ejercicio litigante de abogados!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

Luis Jesús Mora Contreras, con cedula 13.250.110, debidamente inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), junto con su hija Marcela y su compañera Patricia Arenas Pastrana, conforme a la Ley 1448 de 2011; por Resolución FUD-A 0000538999, en Pailitas (Cesar) desde 18-08-2012 venia disfrutando de subsidio dinerario de subsistencia como cabeza de familia. Dicha prerrogativa legal de asistencia alimentaria del hogar por él representado, le fue suspendida definitivamente, por Resolución 0600120150911657 de 2015, de 19-02 de 2016 y la parte motiva se sustenta que el beneficiado, conforme a las indagaciones en la Red del Plan Nacional de Información (RNI), el núcleo familiar del beneficiado, por Información del Sistema del Ministerio de Salud, cotiza dentro del régimen de salud impositivo. Esta Resolución fue notificada el 10 de junio de 2016 y no aparece interposición de recurso alguno; deduciéndose que quedó en firme.

2.- Con posterioridad, Luis Jesús Mora Contreras, elevó Derecho de Petición, para que le fuera reconocido el auxilio dinerario de ley, desde el mes de agosto de 2016 y le responden que él no ha demostrado un proceso de retorno o reubicación al lugar de donde fue desplazado por los paramilitares, aún activos; para lo cual la entidad le prestaría el acompañamiento necesario… Luego, redacta, el acto administrativo, que es lamentable que el Estado colombiano no esté en capacidad de poderle entregar la indemnización en dinero, por una sola vez, que contempla la normativa citada, conocida como “Ley de Víctimas”.

Exposición socio-jurídica del diagnóstico

El Caso del compañero Lucho, un consagrado activista y luchador popular por la defensa de los derechos humanos, resume la ineficacia de una ley, convertida por la burocracia estatal en “perseguir” a las víctimas; es decir, revictimizarlas.

Por la persecución paramilitar hubo de abandonar su ejercicio docente en universidades del sector privado. No pudo continuar cotizando y en lo prolongado de la guerra popular en Colombia, llegó a la edad de jubilación forzosa y por haber trabajado más de 20 años. El primer beneficio de subsistencia alimentaria, por la citada ley de víctimas, le fue concedido; pero por aparecer beneficiario, con ínfimo salario, en el régimen de salud impositivo, se presume que tiene recursos para subsistir y le niegan los alimentos. Él, como víctima, tenía que argumentar y demostrar lo contrario, con el uso de recursos y hasta con acción contenciosa, ya hoy prescrita, en relación con las fechas citadas y el nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (CPCA). En cuanto al beneficio legal de la indemnización por el hecho victimizante, que contempla la citada ley, nos encontramos con lo sucedido a los millares de víctimas reclamantes, tanto en el país, como en el exterior, en calidad de refugiados. La interpretación acomodaticia y contra legem, que esgrimen es la de pagar una indemnización, por una sola vez, que puede ser de seis millones de pesos, al núcleo familiar del desplazado y no a cada uno de los integrantes, incluidos los (las) niños y/o menores violando el principio universal de favorabilidad a cada víctima. Esto es de trámite sumario, con el solo relato del hecho victimizante o juramentado, considerándose tal, con la sola presentación personal de la víctima. Pero peor aún, en el caso del compañero Lucho, la Administración le responde argumentando que no existe dinero; es decir, que el Estado colombiano no tiene recursos para pagar a los millones de víctimas del conflicto interno armado en Colombia y para ello se basan en sentencias cortesanas, violatorias de todos los principios universales del Derecho Humanitario, comenzando por el fin supremo del beneficio universal al menor de edad. Sentencia Corte Constitucional C-753 de 2013. Conviene aclarar, que quien se acoge a los “beneficios” de la Ley 1448 de 2011, renuncia a la acción contencioso-administrativa de lesión contra el Estado. En el entendido que la aplicación de la ley de víctimas es expedita y sumaria y no requiere de asistencia legal de abogado. Pero ante la realidad de engaño y lo falsario del sistema imperante, el escenario de reclamación jurisdiccional colapsa ante los millones de víctimas y desplazados que están en capacidad de demandar al Estado colombiano.

El caso y situación de calamidad humanitaria del compañero Lucho, sensibiliza la solidaridad popular, ante el desgano y abandono del Estado colombiano por cumplir con la premisa que el fin del conflicto armado interno tiene como centro a las víctimas. Inducen a que millones de víctimas tuvieren que acudir a demandar jurisdiccionalmente a la Nación. Es decir, la canallada institucionalizada. Pero ojo, si las victimas tuvieren que acudir a las demandas, ya está preparado el terreno al cursar una práctica en las oficinas estatales de tildar de perversos a los Abogados Litigantes que accionan contra el Estado. Se concibió la creación de una Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE); desplazando la función de control constitucional de la Procuraduría, de hacerse parte y representar a los intereses del Estado en los procesos contenciosos. Pues bien, actualmente el jefe de esa Oficina Jurídica del Estado es, Luis Guillermo Vélez Cabrera. Preside un verdadero elefante burocrático. Se dedica a despotricar contra la noble función del Abogado Litigante. Les llama perversos, por aparecer radicadas, actualmente, 500 mil demandas contra el Estado, respecto a violación de derechos prestacionales, de jubilación y reclamos contra el sistema de salud imperante. por hechos y actos del Estado, bajo responsabilidad contractual y extracontractual. Que dizque representan una voluminosa reclamación de 12 mil millones a 3000 billones de pesos. Pero más grave aún, con relación al incumplimiento a las víctimas y la declaratoria de “insolvencia” del Estado para cumplirles, en las regiones se están creando “comités de víctimas”, asesorándose con abogados y a eso lo llama el flamante jefe de la Oficina Jurídica del Estado, dizque una “industria” de demandas. Sin mayor hesitación hay que partir del arraigo popular, que, en una manifestación o expresión de masas, conlleva el centrar, miles de manifestaciones y aspiraciones individuales, en este caso en cabeza de un litigante. Otra abogada, radica varias demandas contra el Estado colombiano. En el Departamento de Sucre representa a más de 120.000 damnificados; poblaciones afectadas por un derrame de petróleo en el Golfo de Marroquiillo, en al año 2014. En otra acción colectiva, por daños infringidas contra la población en el Departamento de Sucre y Antioquia, por efectos nocivos ambientales y en la salud, por la actividad minera en el rio Cauca. En ellas alega la abogada: “Las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las víctimas tienen derecho a demandar”. Pues bien, ya que la función del abogado litigante es de medio y no de resultado.

Recurriendo a la mediática, a los abogados actores y directores de esas acciones, los estigmatizan como de un Cartel de abogados dedicados a demandar al Estado; en una cruzada por impedir el ejercicio del Derecho de Postulación que tiene todo ciudadano, conforme a la consagración del artículo 229 de la Constitución Política, a acudir a lo administrativo y jurisdiccional del Estado, con o sin abogado.

El marco del activismo judicial frente a la situación de la población desplazada y víctimas del conflicto

La grave crisis humanitaria que implica el desplazamiento forzado interno en Colombia, con violación de los Derechos Sociales y Culturales (DESC) habilita, en el uso de los tecnicismos jurídicos actuales, denominaciones como Filosofía o Juicios Dialógicos. La agencia oficiosa en tutela. Lo del litigio estructural y el llamado juicio a la exclusión.

De esa manera, tenemos que las llamadas sentencias estructurales, reflejan un protagonismo mayor del ejercicio de la justicia, al contener ordenes u acciones positivas, de hacer, a los poderes ejecutivo o legislativo. Por ejemplo, ante un universo de cosas, no toma una decisión individual frente a la falta de vivienda popular y ordena al Estado la necesidad de implementar políticas públicas de vivienda que lleven a solucionar lo faltante a ese sector particular de comunidades o de colombianos. De igual manera, imposiciones de obligaciones de no hacer, tendientes a abstenerse de ciertas acciones que violen los derechos humanos, sociales y culturales. Explicase que la filosofía de las sentencias dialógicas, conllevan a interpretaciones constitucionales que traspasan el ámbito de lo judicial, en el que el juez, pasa de ser un simple espectador de la lex dura y del concepto mecánico de la norma y entra a aplicar remedios al fondo de lo asumido; transformando la figura del juez y de paso involucrando a los abogados a una sana praxis judicial y al uso del buen derecho. Asistimos al ejercicio de una función creadora de los jueces, asumiendo un papel protagónico en la búsqueda por brindar protección a los siempre desconocidos derechos económicos, sociales y culturales de la población; trayendo ello consigo, una serie de implicaciones y fuertes recelos por parte de los poderes políticos. Este fenómeno se ha revivido con el debate jurídico y académico de lo litigioso estructural; de contenido complejo por la figura de un magistrado coadyuvando en el diseño e implementación de políticas públicas. Para una mejor comprensión, se extiende a los llamados Juicios a la Exclusión, en el que dada la magnitud de la tragedia humanitaria en Colombia de más de cinco millones de desplazados internos y la expoliación de más de siete millones de hectáreas a los campesinos, por el experimento de la reforma agraria paramilitar a sangre y fuego; lo complejo de eso estructural; generándose una situación en que el juez entra a ser un factor de definición, sin que ello implique flagrante violación a la actuación de los otros poderes.

No obstante, existe prevención y afloran susceptibilidades, con relación a efectos de ese también llamad activismo judicial. Pues bien, superado lo del principio de la ultra- petita, en la que el juez decide sobre aspectos más allá de lo pedido y que en el Derecho Social, es de aceptación universal. Pero asoma lo precavido, como quiera que el juez, sin tener una egida de elección popular, denota autonomía superior y otra en el que el protagonismo judicial incide en decisiones esencialmente políticas, como ha ocurrido en Colombia, sobre el fallo de la Corte, respecto al trámite interno en el Legislativo, con relación al fast track. Esa sentencia no califica como dialógica, en las que prima una concepción ideológica ante lo social; sino como de injerencia o activismo político.

Acerca de la sentencia de la corte constitucional t-025 de noviembre de 2004

En Colombia, los gobiernos solían mantener una concepción de desconocimiento ante la realidad de la violación de los derechos fundamentales y de responsabilidad frente a los desplazados. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desplegó toda una estrategia, tanto nacional como internacional para desconocer la realidad de esa tragedia y su obtuso escudero, José Obdulio Gaviria, sostenía que en Colombia no había desplazamiento sino solo una “migración” interna. Desconociendo el conflicto armado, sostenía: “Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla”. Que los desplazados que salían del país, en calidad de refugiados y de exiliados políticos, no eran tales, sino migrantes laborales, en búsqueda de soluciones económicas, resaltando que eran clase alta y media. Pero la realidad era otra con una población de más de cinco millones de colombianas y colombianos en el exterior y más de cien mil activistas políticos sociales y populares, que escaparon al genocidio de la Unión Patriótica (UP).

Fue precisamente durante ese gobierno, de la obscura noche paramilitar y la inseguridad democrática, que la Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-025 de 2004. Con ella se experimentó en lo del Litigio Estructural en Colombia. En resumen: 1. Declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en la situación de la población desplazada. Instaurando la agencia oficiosa en tutela, para que asociaciones de desplazados interpusieran la acción. 2. Comunicó al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, verificando la magnitud de la tragedia y superarla con prioridad a la ayuda humanitaria y dentro de plazos perentorios de tres a seis meses. 3. Una comunicación a gobernadores y alcaldes, de asumir con recursos territoriales lo necesario para asegurar atención a la población desplazada (artículo 7, Ley 387 de 1997). 4. Igual comunicación a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director de Planeación Nacional, para lo de su competencia. 5. Ordenando la prestación de la ayuda humanitaria a la Red de Solidaridad Social. La inscripción de un Registro Único de Desplazados, para asistirlos, recibir servicios de salud, medicamentos, educación para sus hijos menores, acceso a programas de estabilización económica, vivienda. De tal manera que la sentencia requirió acciones al gobierno para el caculo presupuestal y aplicación de programas. Esta sentencia trajo consigo el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil al seguimiento de las órdenes expresas de la sentencia.

A manera de conclusión

Tan importante sentencia dialógica y de juicio de exclusión y estructural era que diera sus frutos en un Estado de Derecho. Pero en Colombia no existe tal. Se desconoció esa sentencia durante el segundo periodo presidencial de la oscura noche Uribeña. Luego sobrevino la bochornosa intervención a la majestuosidad de la Corte e independencia de la Justica con las llamadas chuzadas telefónicas a los Magistrados. Esa sentencia fue el antecedente motivante de la Ley 1448 de 2012, conocida como la Ley de Víctimas. Resultó como un telón de fondo, tras bambalinas, para centrar en el centro del conflicto la prioridad a las víctimas durante el Acuerdo de La Habana y lo que quedó del mismo en la firma en el San Carlos. Por ello, casos como el Lucho Mora Contreras, requiere del “ad auxilium vocatus”, del abogado, como su vocal para que lo auxilie, en un Estado fallido como el colombiano.

ADENDA. En momentos en que se incrementa el desplazamiento interno y de víctimas en Colombia, se conoce del estado de salud del compañero Rodrigo Londoño Echeverri, siendo tratado en Villavicencio; para quien expreso una pronta mejoría. Tal como lo afirmó, él representa la Voz, al dejar las armas, por la implementación de los Acuerdos, en favor de las víctimas.

(Señalando que Rodrigo Londoño Echeverri «tuvo un susto de salud» y que ya se encuentra bien después de haber sido tratado en La Habana).

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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Investigador de la UCR participó como observador en plebiscito colombiano

Escrito en . Publicado en Derechos.

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

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El politólogo Jesús Guzmán fue parte del grupo de observadores internacionales que supervisó el plebiscito colombiano que se realizó para aprobar o rechazar los acuerdos de paz firmados por el gobierno y las FARC (foto Laura Rodríguez).

El Lic. Jesús Guzmán Castillo, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (Ciep) de la UCR fue uno de los observadores internacionales que participaron en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, que se realizó en Colombia el pasado 2 de octubre.

La oportunidad llegó gracias a contactos profesionales con el Partido Liberal Colombiano, que tuvo a cargo el reclutamiento de algunas de las personas que conformaron la misión de observadores.

Como parte de su labor, le correspondió recorrer varios centros educativos, en su caso visitó cinco escuelas en Bogotá y estuvo en Corferias, el centro de votación más grande de Latinoamérica.

“En la primera escuela que visitamos el ambiente era muy frío, principalmente por el mal tiempo, cuando llegamos apenas habían votado tres personas, sin embargo en la tarde ya el panorama cambió y vimos mucha gente votando”, contó Guzmán.

Al momento del conteo de los votos, los observadores tuvieron acceso al centro de datos para cerciorarse de que el proceso se llevaba cabo de manera transparente. Uno de los aspectos que rescató Guzmán, es que el conteo fue muy rápido y los resultados se dieron en poco tiempo.

Una de sus críticas fue que se notó cierta falta de imparcialidad en algunas instancias e instituciones que debían mantener la objetividad ante la decisión que se estaba tomando.

Para el politólogo esta fue una experiencia personal y profesional muy importante, pues tuvo la oportunidad de vivir de cerca un acontecimiento histórico en un país con una realidad muy diferente a la costarricense. Además las lecciones aprendidas servirán para ponerlas en práctica en el proyecto de observación electoral que tiene la Escuela de Ciencias Políticas, el Posgrado y el Ciep, y en otras áreas de su quehacer.

También comentó, que pudo conversar con algunas personas y conocer de cerca lo que pensaban sobre el plebiscito y las razones de su voto.

“Había mucha gente que estaba inconforme con el acuerdo pero decía que era la mejor opción, que era lo mejor que se tenía”, señaló.

Ante los resultados, la incertidumbre fue uno de los sentimientos que se apoderó de los ciudadanos colombianos, especialmente porque aún no se tenía muy claro cuál era el procedimiento a seguir o el futuro de los acuerdos, según relató Guzmán.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA: estudiantes y académicos de la Escuela de Relaciones Internacionales participan en evento sobre Semilleros de Investigación

Escrito en . Publicado en Derechos.

Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional fortalece alianzas en el marco de Semilleros de Investigación en Medellín Colombia con la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

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El plan de apoyo de la Vicerrrectoría de Investigación de la Universidad Nacional mediante el fondo para el fortalecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales, permite que procesos que se vienen dando a nivel de apoyo académico internacional pueda verse fortalecido.

La semana del 05 al 10 de septiembre el Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación mediante el uso de software cuantitativo, cualitativo y simuladores de negocios (FOCAIS) de la UNA, en la figura de su coordinador e investigador M.Sc Luis Diego Salas Ocampo y la estudiante Adriana Huertas han visitado la ciudad de Medellín – Colombia en el marco de las acciones previas realizadas con la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA).

La visita ha permitido fortalecer las alianzas estratégicas ya previamente existentes en el campo de la transferencia tecnológica de conocimientos sobre la experiencia desarrollada por esta institución en el tema de Semilleros de Investigación.

Esta es una propuesta nacional en Colombia que busca fundamentalmente enamorar y apasionar en todos los niveles a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios sobre el papel de la investigación para la solución de problemas y para crear nuevas capacidades útiles en su proyecto de vida. La subdirectora del área de investigaciones Luz Dary Chavarriaga UNAULA en el marco del cuarto ELMECs había presentado en Costa Rica su trabajo de Semilleros en la institución y desde ese momento comenzaron los acercamientos entre ambas experiencias de trabajo.

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Dentro de las actividades generadas con UNAULA se realizaron acciones formativas con la Red de semilleros de Antioquía, vinculados a la experiencia de Red Colombiana de Semilleros de investigación que constituye la experiencia más fuerte de Colombia, Representantes de la Corporación Alma, Arte y Acción (Akará), además de intercambios de conocimientos con la Universidad Pontificia Bolivariana, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquía y de su programa Ondas.

Adicionalmente se compartieron experiencias con estudiantes y maestros del Centro Educativo Francisco Ruiz Hernández en la figura del grupo SKHOLÉ quienes en representación de los estudiantes desarrollaron la investigación Huerta, Jardín y Artes: Un camino para la inclusión que busca la incorporación de personas menores de edad en condición de discapacidad a los procesos de investigación.

La visita desarrollada por los personeros del Proyecto FOCAIS de la Escuela de Relaciones Internacionales-UNA permite generar los insumos para un convenio de la Universidad Nacional de Costa Rica con la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín Colombia para el intercambio académico, estudiantil y administrativo que fortalezca la generación de semilleros juveniles de investigación a lo interno de la Universidad Nacional.

Además, se busca establecer una alianza estratégica que permita a la UNA aprovechar el expertiz técnico que ha desarrollado la UNAULA de Medellín en el campo de la gestión de Semilleros de Investigación y el campo de gestión de calidad en los procesos de investigación, esto a fin de vincular las acciones de los semilleros de investigación juveniles que se están generando en la Universidad Nacional mediante los jóvenes de FOCAIS con el apoyo de Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Estudiantiles en Investigación y Extensión de la Universidad Nacional (FOCAES) con el espectro organizativo de Semilleros de Investigación sudamericanos, particularmente a partir de la experiencia de la RedColsi y la coordinación de los Semilleros de Investigación Red Antioquía. A su vez FOCAIS impulsará la adquisición de habilidades técnicas por parte de los semilleros colombianos en lo que se refiere a uso de software de investigación.

 

Enviado a SURCOS Digital por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Enseñanzas de un paro e ir a un plebiscito

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Sobre que deja un paro de los propietarios

Luego de cuarenta y seis días de paro, el sector empresarial de los transportadores de toda clase de carga por carretera, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en veinticinco aspectos puntuales, de esencial interés económico, del que salieron bien librados y en el que las consecuencias de efectos nocivos para la sociedad civil colombiana no admite conmiseración alguna. Primó el efecto del grupo de poder o de presión económico de un sector del actual establecimiento. El tal paro de camioneros lo fue de propietarios monopólicos y de pequeños propietarios de camiones transportadores. Como tal no fue un paro contra el modelo neoliberal y sí con la presencia de las banderas negras en su conducción. A los dueños de ese medio de producción capitalista se les denomina transportadores, empresarios. Los mismos, acolitados por el respaldo de la extrema derecha, mantuvieron a proporción de la ciudadanía colombiana en ascuas, frente al fenómeno de desabastecimiento de artículos de primera necesidad o pan coger. Para el logro de sus pretensiones cuentan con el personal asalariado sentado al volante de cada camión. El gran ignorado y siempre utilizado como carne de cañón. Durante la protesta del paro de dueños de camiones se ventiló el ensañamiento de la multinacional de transporte de mercancías por carretera, marítima y fluvial, la suiza Impala, de ejercicio y control sobre el destino del manejo de ese emporio de riqueza nacional. Sobre esto, es el Estado colombiano un mero espectador; como resultado de las políticas neoliberales, aplicación a ultranza de la privatización y multiplicación de los tratados de libre comercio firmados a ton ni son, bajo la férula de los planes intervencionistas e invasores del ejercicio de la guerra en Colombia.

Pareciere que la mediática dictatorial en Colombia, disfrutare de la danza de cifras multibillonarias de pérdidas sufridas al país. La indolencia por la no recaudación de ingresos públicos y de paso el fariseísmo pretencioso de alusión a la falta de leche, de legumbres, granos o carnes. Ocultando la escena de damnificados. No dando claridad política y conceptual a las masas; desconociendo la tragedia de los trabajadores como asalariados del volante, durante esos días de cese de actividad laboral y las consecuencias- para ellos- de los días venideros. Esto demuestra la ciega visión de un modelo económico instaurado solo en beneficio de los gremios de presión económica, en la identificación de un gobierno esencialmente antipopular como el que rige.

Verdaderamente da grima abordar los puntos del Acuerdo para el cese del paro de los camioneros. Resumidos en veinticinco aspectos para garantizar, esquemas de renovación del parque automotor (sin alusión, ni erradicación, al manejo corrupto de la chatarrización); cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca (ah, gobernalidad); ajustes limitados en tarifas de peajes, inequitativamente para el grupo de presión y no para el grueso de la ciudadanía colombiana; ajustes en los manuales de señalización y prevención del uso de llantas lisas(¡sorprendente!); alta consejería para la competitividad, costos de carga, movilización por rutas criticas; análisis de las actuales facturas cambiarias. Dentro de esa gazapera, le ponen ocupación a la ministra Clara de Trabajo, según lo cual el Ministerio de Trabajo elaborará un programa de prevención y promoción de las normas laborales con el fin de consolidar y mejorar la formalización del gremio (¡?). No menciona al conductor asalariado y en gremio están es los empresarios capitalistas. Ponen a competir a la ministra Clara con Vargas Lleras, para desarrollar un programa de vivienda para pequeños propietarios de camiones y conductores (no juega asimetría ni competencia alguna). Que la inclusión de peligrosidad y alto riesgo y en el sistema pensional para el conductor será responsabilidad del Ministerio de Trabajo, sin ningún ton ni son, como si ello no fuera propio de su naturaleza; así como agregarle responsabilidad al Ministerio de Trabajo, para que junto con la DIAN, analicen los contenidos y efectos de las actuales facturas cambiarias, que como es conocido son títulos valores de los que el asalariado conductor no se beneficia el modo alguno por la plusvalía de la mercancía transportada.

Solo tres de las Acuerdos aluden al conductor, sin mencionarlo como asalariado y ellos sin ningún respaldo de eficacia. Cómo, si estamos en un modelo y gobierno neoliberal. Cómo, si el tal paro fue de los dueños del capital inversionista privado y no de los trabajadores del volante para quienes solo la perspectiva de la Construcción de una Nueva Colombia, garantizará el que al menos logren la fundación y conformación de sindicatos de base y de industria del transporte, con la seguridad que no serán asesinados en su intento.

Y ahora la preparación para la participación en el plebiscito

El valorado hecho político de la insurgencia de las Farc-ep de aceptar la decisión que sobre la suerte del Plebiscito tomara la Corte Constitucional, redunda en beneficio para el logro del fin último de la terminación del conflicto armado interno en Colombia. La izquierda revolucionaria en Colombia tiene claro el derrotero a seguir en consolidar la aplicación e implementación del Acuerdo General con que concluya la labor de la Mesa de La Habana. Opuestos, por principio, al ejercicio de la eficacia plena del ejercicio electoral en el modelo de participación de democrática indirecta vigente en el país colombiano, la convocatoria a un plebiscito por el sí o por el no, en torno a aprobar e implementar lo acordado en La Habana, concentra la tipicidad del próximo evento electoral en Colombia. Absurdo el decir de la extrema derecha uribeña de ser ilegal el mencionado plebiscito, gozando de la egida protectora del fallo de constitucionalidad. Las condiciones nacionales e internacionales están dadas. En concreto la izquierda revolucionaria alienta la participación por el Sí.

Pero ni tanto que alumbre al santo. El punto 2 de Conversaciones acerca de garantías para el ejercicio de la política por parte de la izquierda en Colombia, está por conocerse. Entiéndase que las garantías no son solo un estatuto para el ejercicio de la oposición, ni para la participación de las farc-ep y otras insurgencias en el plano electoral. Incluye en especial a los movimientos de izquierda que contengan en sus programas partidarios el cambio estructural del actual sistema de cosas. Que propugnen por la consecuencia política de modelos alternativos, no solo al neo liberalismo sino al capitalismo como tal. Pero como efecto práctico a las garantías negadas para la participación amplia de la izquierda revolucionaria y socialista, en el maremágnum de la participación electoral, apunta a contar con instrumentos eficaces de participación. Ello hace parte de la autonomía política. Anida una equivoca concepción en cuanto a las llamadas cuotas electorales como si fuera migajas de regalos o concesiones. Que si no sacan tantos representantes en las próximas elecciones de mitaca, pues tendrían tantas curules provisionalmente. Tamaña desfachatez e irrespeto al soberano elector. Tamaña trampa. La participación de la izquierda en el caudal electoral en Colombia estará condicionada a la derogación del actual sistema electoral vigente, corrupto, atípico; no solo en el ejercicio del sufragio directo y universal y de escrutar o conteo de los votos; cómo en la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo.

 

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La entelequia de la no repetición

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La firma de los Acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano y las Farc-ep, enfila en la terminación del conflicto interno armado y la No repetición. Lo de No repetición no alude solo a que no se den masacres y/o asesinatos políticos, extrajudiciales etc. Este primordial aspecto no ha sido abordado en el contenido mismo de la expresión de su significado. Lo de No repetición pareciere ser solo enunciado formal de efecto de aceleración. Algo consecuencial al efecto del fin del conflicto armado. Lo de entelequia no lo asumo sobre la acepción de embuste o de engaño; como del análisis filosófico y político de una idea no realizable, inalcanzable.

Llamo generación de la violencia, a los nacidos durante la década de 1940. En Colombia alude a los gestados durante el desarrollo de la II Guerra Mundial y concebidos durante el magnicidio del caudillo Jorge Eliecer Gaitán. Esa generación fue la que dio la pauta del paso insurreccional de las guerrillas disidentes del sistema liberal-conservador, a las guerrillas de inspiración comunista, bajo la orientación ideológica del Partido Comunista Colombiano (PCC); la de creación y desarrollo de la escisión del movimiento comunista internacional en 1963, generador de los Partidos marxistas- Leninistas o ML(PCML) en clandestinidad y la Corriente Cubano-Guevarista, no marxista, si socialista y de fuerte influencia de la Teoría de la Liberación en Colombia.

Lo del paramiliatarismo

En particular en Colombia, por su posición geo-política estratégica- por decirlo de alguna manera- anidaron de manera caracterizada las diferentes formas de luchas de masas; circunscritas estas a las luchas de las masas en el plano político- legal y también a una forma de lucha de esas masas en el plano ilegal: la lucha armada, como expresión del derecho de los pueblos a la rebelión, a la insurrección contra un régimen expoliador. Aquí, la doctrina contrainsurgente la denominó “combinación de las formas de lucha” (quitándole lo de masas) y nada más improcedente e inconsecuente por estar totalmente caracterizadas tanto la una como la otra. Pero la respuesta del bloque de poder oligárquico en Colombia caló en sostener que toda forma de expresión de lucha de masas era guerrillera y/o insurreccional y bajo ese sambenito aplicaron la orgía sangrienta del terrorismo de estado. No solo la institucionalidad militar y policial, como el ejecutivo nacional, departamental y municipal estuvieron involucrados en ese experimento dantesco de sangre y desolación; como el aparato judicial bajo la escandalosa estadística de dejar impunes los crímenes de agentes estatales en un 82% y la zoo-especie de la clase politiquera colombiana, sin excepción alguna, para llegar a ser , lo que continúa siendo en Colombia: el paramilitarismo como un fenómeno estructural; es decir, institucional y permeable en la estructura estatal colombiana.

En el Comunicado Conjunto No. 75. Acuerdo Para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Leído en La Habana, Cuba, el 22 de junio de 2016, textual:

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC–EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Hasta aquí todo iba bien, dice NARCISO ISA CONDE, prominente comunista dominicano y latinoamericano, hasta cuando las Farc-ep, aceptaron lo de la entrega de las armas. En esto tercia el guerrillero fariano, Gabriel Angel, con su artículo: “Las vías para la revolución y el socialismo aún siguen siendo exploradas”, en el que manifiesta que ya legalizados en el torrente legal las banderas populares de su organización política tendrán como faro constructor el socialismo en Colombia. Terciada la discusión, agrega: “No es que dejemos las armas habiendo paramilitarismo y terror, es que el Estado se obliga ante la comunidad mundial a extirparlo e impedir su renacimiento. No es irnos para la casa…Nuestro propósito es el de permanecer unidos, cohesionados como fuerza política y social, a la que el Estado tendrá que garantizar la vida y todos sus derechos tanto colectivos como individuales”. Por su parte el destacado periodista de Anncol, Joaquín Pérez, vilipendiado durante la horrible noche uribista, en su artículo, “Espacio del Pueblo Organizado”, agrega: “Según entiendo las Farc se movilizan políticamente después de firmado el Acuerdo Final y sus espacios trabajados durante 52años son para tal fin y algo así como punto de partida para su partido político en gestación. Para trasegar en la arena política sin armas lo mismo harían los dos partidos tradicionales habituados a usar FFMM y a sus paramilitares aún sin desmontarse”. Es decir, no como lo pregona la dictadura mediática en Colombia, no quedaran espacios en territorios de permanencia de las antiguas farc-ep, que sean copados por narco- paramilitares. Las farc-ep, como fuerza beligerante que fue, no se desmovilizará políticamente y aquí aparece un factor de ejercicio de democracia directa en esa regiones. Lo que está por venir en el desarrollo de esa actividad política romperá los paradigmas de ejercicio de la sociedad civil. Por ello, para la izquierda, lo de un constituyente soberano y popular no está archivado; continúa vigente.

A quien incumbe lo de no repetición

Pero en esto de la No repetición se impondrá la vigencia de lo acordado. Cómo tal está la aplicación de la buena fe, por parte de la insurgencia de las farc-ep. Todo indica, sin lugar a dudas la voluntad política, el empeño y decisión, sin tapujos, de la insurgencia de las farc-ep en cumplir con lo Acordado y garantizar lo de No repetición en cuanto a ello incumbe.

Se ha querido generar polémica en torno a que si se desmovilizaran las milicias de las farc-ep. En el texto del Acuerdo de Cese al fuego Bilateral, firmado en La Habana se lee: “El armamento de acompañamiento, granadas y municiones que ingresen a los campamentos, incluyendo las armas de las milicias, permanece en armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC-EP, hasta el día D+60 cuando serán almacenados en los contenedores dispuestos para este fin”.

Una noción de milicia

Por Milicias se entienden contingentes populares de tropas alistadas para la acción armada. La referencia histórica y de conformación de milicianos, alude a su creación durante la Guerra Civil española, por el denominado Ejército Popular Republicano. Mismos que inspiraron la creación de milicias populares durante el desarrollo de las invasiones nazi-fascistas, durante la Segunda Guerra Mundial, por la liberación de los países invadidos. Analistas indican que en desarrollo de la actividad político-militar de la organización revolucionaria las Farc-ep, se desarrolló trabajo político clandestino de formación del Partido Comunista Colombiano Clandestino, conocido como PC-3 y Milicias Bolivarianas, también clandestinas. A mi modesto entender esas dos funciones de trabajo político clandestino, sobre todo en las ciudades, funcionan independientes de las estructuras de redes urbanas de toda guerrilla en el mundo. Y como maestros tienen las farc-ep, a ellos corresponde la última palabra al respecto, para lo cual- se me ocurre- será el escenario de la Décima y Última Conferencia Guerrillera de las farc-ep, pronta a realizarse, la que asuma en definitiva sobre tan álgido tema. Importa si expresar al respecto que probablemente- en tanto permanezca la espada de Damocles sobre la cabeza de los dirigentes populares, sindicales y revolucionarios en Colombia, por la permanencia, activa o de omisión, del generador del fenómeno paramilitar, el trabajo político clandestino dentro del movimiento de masas y popular en Colombia, cobrará vigencia. La lucha política clandestina al seno de las masas populares, no está proscrita en Colombia, con el fin de las guerrillas o fin del conflicto armado interno en Colombia. El ejercicio del trabajo político, en las condiciones de Terrorismo de Estado existentes en Colombia se expresa en la concepción de clandestinos ante el enemigo narco paramilitar y amplios ante las masas. Esto implica, por ejemplo, que ante el extremismo de la derecha en Colombia, a las Juventudes Antifascistas, no las veremos haciendo fila para que les den un reconocimiento de personería jurídica. No porque sean rebeldes e insurrectos al desorden de cosas imperantes. Esto no admite tergiversaciones, hace parte del ejercicio del debate político y de la participación activa y directa de la sociedad civil, sobre todo durante el trecho que queda por recorrer con las otras dos insurgencias existentes en Colombia: la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de espectro nacional y el Ejército Popular de Liberación (EPL) de presencia más local, para el fin definitivo del conflicto armado interno colombiano y fin de las guerrillas del escenario de la lucha política en Colombia.

Retomo al respecto cita leída: Manuel Marulanda pensó como Martí: «En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas». Lo complemento en el devenir del desarrollo histórico de la guerra de independencia colonial del imperio español. El papel de la francmasonería en su secretismo o clandestinidad, hoy, garantizó el anhelado triunfo de la primera liberación de nuestro pueblo y nación. El Estado colombiano, oligárquico y pro-imperialista, con su tradición de borrar con el codo lo que firma con la mano, no es garante de la No Repetición. El pueblo organizado, Sí.

 

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Hablar del fin del conflicto y las guerrillas

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Carlos Meneses Reyes

 

El anuncio y luego la ceremoniosa firma del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades y Definitivo, en La Habana, por parte del Comandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo y el Presidente de la República de Colombia, colmó de alegría y exultante satisfacción a muchos colombianos. A quienes convencidos del trascendental paso dado, asientan en considerar los retos que a futuro corresponde afrontar; en contraposición a quienes se enfrentan a la realidad palpable que un conflicto interno armado como el colombiano, llegue a su fin, optando por el simple rechazo a todo lo nuevo.

En Colombia no se ha firmado “la paz”; ni un “acuerdo de paz” se ha firmado un Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral de Hostilidades y Definitivo, entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y la fuerza beligerante e insurgente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. Ese Acuerdo se logró, gracias al esfuerzo denodado de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedando plasmado en un documento de generación y valía a la luz del Derecho Internacional, con pleno carácter vinculante, para las Altas partes signatarias. Tras la plasmada firma y rúbrica del Acuerdo, en verdadero efecto de coadyuvancia al contenido de lo mismo, lo hicieron los representantes de sendos países, con presencia de varios de sus presidentes y delegados oficiales participantes como países garantes, incluido el país anfitrión y soberano de la República Socialista de Cuba. La ausencia de la OEA, por andar en los trajines conspirativos del Secretario Alamagro contra la República Bolivariana de Venezuela, fue suplida con creces con la presencia y firma, en el mismo, del Presidente General de Las Naciones Unidas. Todo ello redunda en la legitimidad internacional de ese valioso documento, ratificando lo valioso del acto. Se ha logrado la efectividad de la consigna: “cese bilateral al Fuego. Ya!”

Tras la firma histórica de ese Acuerdo, no repicaron las campanas al aire. No se paralizaron las calles y carreteras al son de pitos y sirenas. Tampoco era necesario. Ha primado lo riguroso de la solemnidad del acto. Fue una noticia que cubrió- como pocas- todo el ámbito de conocimiento de la opinión pública nacional. Pareciere que un país acostumbrado durante décadas a padecer los rigores de la guerra, no despertara. Asume una actitud colectiva de expectativa, ante la explicación y posterior desarrollo de sus efectos. En resumen, el acumulado de los efectos políticos aún no se manifiesta. Se circunscribe a toda una carga de responsabilidad por parte de la fuerza insurgente. Alude a un simple ejercicio de contraprestación, por la contraparte estatal. Cómo si la contraparte estatal también fuere un espectador que va a observar la inmensa fila de combatientes farianos, atravesando selvas y montañas para llegar a los 23 sitios veredales de concentración en el país y a los 8 campamentos especiales de mandos insurgentes y que así cumplida esa etapa de concentración de fuerzas, sobreviniere la otra fase de dejación de las armas, de conteo y de arrume de las mismas en contenedores para luego- siempre bajo la supervisión de Naciones Unidas- fundirlas y erigir tres monumentos: uno en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y un tercero en Colombia.

De la lectura del texto del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades, no se decanta un universo de efectos políticos del mismo.

Entendemos que un cese de fuego, implica el silencio de los fusiles para ambas partes contendientes. Un cese de hostilidades bilateral, aplica a toda acción directa y de efecto inmediato. El elemento tiempo es determinable en ese sentido. Por ejemplo, a la hora tal, del día tal, del año tal, comience el cese de fuego. También expresamente el cese de hostilidades, que no es un numerus apertus, sino atinente a conductas tipificadas que quedan proscritas, precisamente, desde ese momento, tiempo lugar y ámbito de aplicación.

Por técnica de redacción, afortunadamente en el texto del Acuerdo no se consignó que a la firma del presente…cesa el fuego y las hostilidades… pero tampoco se dice, cuándo?. Cómo comenzar a contabilizar los 180 días que fija el Acuerdo. Ello es esencial. Nos devanamos los sesos para entender el que las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras sean para la verificación del cese bilateral del fuego. Pero mientras y durante la concentración de esas fuerzas insurgentes ¿cómo opera esa verificación?. Y si el establecimiento estatal se cuida tanto que la población civil campesina no se contamine con los alzados en armas, será que solo de noche y a luz de las sombras lo harán o será en helicópteros Hércules y con fuerzas aerotransportadas del Estado colombiano, para garantizarles su llegada?. Porque de ser así, sobra tanto celo de la dirigencia fariana en que hubo “una lectura precipitada” de las zonas veredales de ubicación y sus coordenadas.

La dejación de las armas constituye el contenido político de lo acordado. Pero pesa en la atmosfera de información y comprensión si también se concibe una fase mecánica lo de la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, para la seguridad de los combatientes y de la población civil durante los desplazamientos de la guerrilleada a sus sitios o zonas veredales escogidas.

Valga resaltar la expresión de tantas inquietudes sin menoscabar lo trascendental histórico de la inminencia de la terminación del conflicto armado interno en Colombia con un sector de la insurgencia armada. Comprender que no hay terminación del conflicto armado, sino parcialmente, en tanto no se agreguen a ese esfuerzo nacional las insurgencias del ELN en todo el territorio nacional y del EPL en sus ubicaciones tópicas. También alentar que no se siga engañando a la opinión pública con lo de la consecución de la paz, cuando apenas estamos logrando es la terminación de un aspecto, el militar, del conflicto colombiano; siendo que el conflicto social, económico, político, ecológico, continúa latentes en este país de tragedias.

La Paz no es una paloma, ni puede ser herida. La Paz es la más noble bandera del pueblo colombiano!

 

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Del paro nacional y la insurgencia

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Carlos Meneses Reyes

Del paro nacional y la insurgencia
Puesto de policía rural en Colombia.

Por la víspera se ve el día. El movimiento de masas en Colombia copa los espacios que por años le han sido vedados. La exclusión política que impuso el llamado frente nacional liberal-conservador, que perdura hasta nuestros días, anestesió el impulso del movimiento popular en sus contenidos de organización, liderazgo, propuestas, no ya de reivindicaciones por justos reclamos de cotidianidad de diferentes sectores de la población; como de superación de programas mínimos y máximos de expresión, para lograr alcances de verdaderas proclamas de conquistas económicas y sociales, atinentes a esculcar el fondo de las causales de una brecha social abismal entre poseedores y desposeídos, entre los que tienen y quienes nada tienen; entre los usufructuarios perennes del andamiaje estatal al servicio de sus intereses de clase y económicos y los que invocan la atención a tantas necesidades insatisfechas.

Indiscutiblemente estamos transitando por el desenvolvimiento dialectico entre lo que significa la influyente etapa de conversaciones en La Habana, entre una parte de la Insurgencia colombiana y el Estado representativo de la tradicional casta politiquera empotrada en el poder y manejo estatal. El paro Agrario Nacional, sumado el paro de ciento cincuenta mil camioneros, se explican por el desborde de tanta injusticia social plasmada. Es tan solo una muestra del potencial a expresarse y manifestarse ante las múltiples esclusas de expresión y manifestación popular que avizora la terminación del conflicto armado interno en Colombia.

La insurgencia y el paro nacional

Sin mayor escitación, en el convulsionado escenario de expresiones de lucha de clases por el que transita la nación colombiana; resalta, no la atipicidad en lo comparativo con el escenario de las luchas populares en Latinoamérica, por no reseñar en el mundo; cómo quiera que en Colombia haya convivido la expresión de la lucha popular armada (ejércitos del pueblo), junto con la lucha popular reivindicativa aupada de inspiración ideológica y políticamente revolucionaria. Esto en el escenario de la protesta popular, en un país en Estado de Sitio permanente (hasta la Constitución de 1991), corolario de la negación de un estado de derecho y violatorio de los derechos humanos. Más ese marco de convivencia política que hubiera de aplicar la excluyente Constitución de 1991 (no solo en su conformación, sino también en su inspiración antipopular), no cumplió la misma expectativa funcional, al permitir, en sus múltiples “adecuaciones” la aplicación de un método de contrainsurgencia armada expresada en la atroz convivencia del experimento paramilitar; la aplicación de un Plan doblemente contrainsurgente como lo ha sido el Plan Colombia; la reformitis de la imposición de la reelección presidencial; la imposición de los TLC´s; la denigrante instalación de siete base militares del Imperio en la tierra de los padres comuneros!. Todo ello avalado por una cortesana judicial, que permite el mentís de la presentación- ante nacionales y el mundo- de una Constitución Política impolume, y “soberana”, que tras veinticinco años de vigencia la presentan como una virgen santísima “sin romperse ni mancharse”.

Por eso ante el furor mediático y esquizofrénico de ver en toda forma de manifestación y de protesta de masas la mano interventora de la insurgencia; no decantará la vocinglería oficial y la “inteligencia” del estamento armado estatal en aceptar, todo cuanto ya es de asimilación de la sabiduría popular: que en Colombia la protesta popular, como expresión de hecho de democracia directa popular, desplaza el uso de las armas en esa protesta. Al alzarse la voz popular, callan los fusiles insurgentes. Al expresarse la soberanía popular en las calles y campos colombianos, con el grito de la protesta, el escenario de la confrontación armada es suplido por el potencial creativo de los espacios que le han sido vedados al movimiento social. Aplican presupuestos- por ejemplo- que ante la ineficacia de las bombas y metrallas para evitar la fuga del oro negro nacional por las venas de las redes de oleoductos, la decisión soberana de dos mil manifestantes y obreros petroleros en cerrar las válvulas del precioso recurso natural, garantizaran el cambio de las políticas anti soberanas.

El manido discurso de la infiltración de las guerrillas; ya no solo en las protestas ciudadanas y populares, sino en la colectividades que representan la movilización de indígenas, campesinos, camioneros, explican la judicialización de la protesta social en Colombia y la criminalización de las mismas. Al no asimilar la institucionalidad o establecimiento colombiano está realidad, continuarán de espaldas ante lo imperativo de las reformas de fondo que se requieren en Colombia. Una cosa es afirmar que el fin del conflicto armado interno en Colombia, se logre sin afectar el modelo económico y la doctrina militar vigentes en Colombia, conforme a un Acuerdo de Agenda pactada y seguramente de garantizada aplicabilidad e implementación sobre tópicos discutidos; y otro los logros que en periodos subsiguientes a ese conflicto armado, conquiste y arrebate, a las clases dominantes y usufructuarias internacionales del Estado colombiano, el movimiento subversivo popular al actual estado de cosas imperante. Sí. Porque la realidad política nacional e internacional impone que toda expresión de lucha armada insurgente cese en Colombia. Pero de allí a imponer y fragmentar las aspiraciones, alcances y banderas de lucha del movimiento popular colombiano, circunscribiéndoles a que cualquier manifestación de protesta afecta los derechos (en abstracto) de la gente que no protesta, confluye en desconocer la deuda histórica social por la imposición de la maquinaria de guerra estatal contra el sentir de la protesta popular. No es que con la terminación del conflicto armado interno surjan ahora “nuevos espacios” para el movimiento social. La experiencia histórica enseña lo contrario: es la vigencia de los estadios alcanzados la que va permitiendo la cualificación del movimiento popular a tono con una representatividad propia y de suficiente legalidad representativa. El sofisma de distracción y desconocimiento que son las minorías las que protestan y que las grandes mayorías domesticadas, son la prioridad para atascar la dialéctica del desarrollo revolucionario de las masas, carece de asidero. El principio universal que el derecho mío va hasta dónde va el derecho del otro, si bien vigente, no aplica en el escenario de la lucha política por las profundas transformaciones en Colombia. Puesto que esas luchas superan el aspecto de la cotidianidad. También modifican los paradigmas de las reivindicaciones particularizadas y de contenido gremialista, por espectros de alcances nacionales. Tampoco se podrán circunscribir a las tesis de la “seguridad democrática” impuestas a sangre, fuego, motosierra, durante el lapso genocida de los dos periodos presidenciales de Uribe.

En un escrito de mi autoría, al analizar las protestas en El Catatumbo durante el año de 2013, expresaba la conveniencia de asimilar el contenido de expresiones como insurgencia y subversión. La una como de tipificación penal por la rebelión contra el Estado constituido y la otra como practica no penalizada de subvertir, cambiar un estado actual de cosas. Expresaba: lo subversivo como pensar.

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo.

Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…); como también de la respuesta de los detentadores del poder (…).

Del camino emprendido por la insurgencia Elena

Si bien hace tres años, al inicio de las Conversaciones en La Habana, las condiciones objetivas internacionales de cambios alternativos al modelo del capitalismo salvaje neoliberal eran otras, a las actuales y ad portas de la fase pública de negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ello no ha sido óbice para que se haya acordado una temática a tratarse entre los plenipotenciarios de ambas partes contrincantes: la insurgencia del ELN y el Estado colombiano. Pero plaga de expectativas el que no se haya pasado a la fase pública de esas conversaciones. Digamos que existan recriminaciones mutuas entre las Altas partes contratantes. El tema del secuestro o retención de civiles parece ser el nudo gordiano. En lo académico-político se ha ventilado lo del secuestro, como violación a una norma penal interna, que no califica en la doctrina del derecho internacional humanitario (DIH) como delito atroz y/o de lesa humanidad. Así es, por más aberrante que sea tal delito y las mismas contrapartes lo asimilen y acepten. Pese a los acumulados de distinción existentes, entre comparaciones chocantes, del uso de la cárcel para recluir presos políticos y del destino de los secuestrados o retenidos en la facultad de locomoción; esa es una realidad de la crudeza de la guerra. Como premisa elemental en abordar la solución de un conflicto, lo improcedente es la postura unilateral al respecto.

Modestamente veo la solución a ese impasse en el Acuerdo por el cese bilateral y definitivo de las acciones militares por las partes en Conversación. No es concebible en el panorama nacional que el ingente esfuerzo de la representación armada del Estado colombiano- con generales de alta calificación sobre el tema- y de quienes conforman la parte insurgente fariana en La Habana, se torne iluso al no apropiarse del momento histórico en que la definición del cese bilateral y definitivo de acciones armadas, abarque- en un solo acto- tanto a la insurgencia de las Farc-ep como a la del ELN. Las implicaciones políticas de ello saltan a la vista: 1. El cese de secuestros por motivos económicos y de retenciones por móviles políticos. 2. La inmediatez de efecto para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) declare un cese unilateral de acciones armadas en zonas de su influencia y en especial en el Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y El Catatumbo. 3. También la carencia de motivación mediática de la extrema derecha uribeña en el descabellado llamado de una “resistencia civil” para oponerse al fin del conflicto armado interno y en obtusa contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz; lo cual los coloca en clara disidencia (no oposición), dentro del núcleo de poder imperante, oligárquico y antipopular, en Colombia.

 

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…Y ahora: ¿quién tiene a la periodista Hernández?

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Carlos Meneses Reyes

 

La noticia de la desaparición de la periodista colombo-española Salud Hernández, en pleno Catatumbo, arrecia conmoción en la Provincia de Ocaña. Cómo nos duele OCAÑA. Cómo la indolencia del Estado colombiano permite que mientras en La Habana se finiquiten los borradores para la firma del Acuerdo Final (AF), entre los plenipotenciarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejercito del pueblo (FARC-ep) y el Gobierno colombiano, el escenario de la guerra recrudece en El Catatumbo. Para la periodista Jinet Prietro en la región del Catatumbo el discurso de la paz se siente más como publicidad que como realidad.

Pero que hacia la periodista salud Hernández en el Catatumbo

Caracterizada por su posición ideo-política, La Enferma Hernández- así calificada por su posición enfermiza a oponerse a todo cuanto signifique solución política al conflicto interno colombiano- pareciere que cumpliere con un legado expreso de la extrema derecha hispanoamericana porque el mandato constitucional de la búsqueda de la paz, no se realice en Colombia. Una mujer de ese talante periodístico desde que llegó a Colombia traída por Francisco (el facho ) Santos ha demostrado la realidad del activismo político, en el periodismo, de extrema derecha. El diario de capital español El Tiempo, por intermedio de su director, expresa que estaba en una labor de recopilación de información sobre el cultivo de la coca y el narcotráfico en El Catatumbo y sobre lo cual presentaría algunas entregas. Inexplicable tal conmiseración, ante un fenómeno de por sí conocido, sobre el que se ha escrito ríos de tinta y en el que aparecen involucrados más de treinta y cinco mil hectáreas de cultivos de coca. A manera de comparación, la inconveniencia y desfase de ese trabajo, resulta parecido al trabajo de Natalia Springer, en cuanto aporte académico-jurídico de “procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales internacionales cometidos en el marco del conflicto” y que represento miles de millones de pesos a ella otorgados por el Fiscal Montealegre. Danza de corrupción clientelista denunciada por el Fiscal Delegado ante la Corte, Alejandro Ramelli y que permitió al jurista Carlos A Ruíz Socha, expresar que el Fiscal Montealegre, posando de justiciero dejó presentado un espurio expediente de “macroimputación” a la comandancia del ELN por supuestos cientos y miles de crímenes. Agregando ese abogado colombiano, Ph D en Derecho y Ex asesor de las FARC-EP en el actual proceso de paz de La Habana: “hay que ser un poco estúpido para no darse cuenta de cómo se busca presionar puerilmente al ELN para que acepte dócil someterse mediante esta minuta y suscribir por desesperación la cuestionada justicia especial para la paz”.

A manera de recuento, La Enferma Hernández, había entregado en material de “investigación periodística” en el bello sitio turístico de La Playa de Belén- Ocaña (a donde no llegan turistas por la guerra), un panorama re memorable de cómo quedó esa región ocañera luego de la supuesta muerte en combate de Víctor Navarro Serrano, alias Megateo (dirigente del EPL). La calificada periodista deja el sin sabor de la reserva mental al no expresar (así no le diere aceptación) la opinión de masa del campesinado de no credibilidad en esa muerte. La crónica inconclusa de un muerto en el que no existe cadáver. Más parecido a un falso positivo, en el que la policía (no cívica y si militar) de alta montaña- asume el operativo y la emblemática periodista determina que el mítico personaje voló en átomos. ¡Qué indignante! Revolcar la memoria del prócer Ricaurte, por parte, además de colombiana, de una súbdita del rey de España!

Que esta retención no represente más sacrificio para la provincia de Ocaña

El Presidente Santos, como comandante supremo de las fuerzas armadas colombianas ha ordenado celeridad y por su orden activado los protocolos de búsqueda de la periodista. Algo que en el argot represivo significa pleno poder a la “autoridad” militar en la que más afectada es la población campesina e inminente la violación de los derechos humanos y ecológicos en esa región.

Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar, una de las ONG con más credibilidad en el Norte de Santander, expresa que en el Alto Catatumbo, desde el 1º de enero de este año hasta el 16 de abril, han ocurrido 27 asesinatos, fuera de combate. Una mujer, Nelly Amaya, fue asesinada al frente de su casa, porque era allegada a policías y militares. Desde hace más de seis meses se encuentra desaparecido el líder agrario Henry Pérez, presidente de las juntas de acción comunal en la zona. También registra amenazas contra 12 líderes más. “Les llegó un aviso diciendo que tenían un día para irse y se fueron”.

Durante los días en que la periodista Hernández visitaba El Tarra, asesinaron a un campesino de apellido Pérez Contreras (23 años). Los jóvenes Javier Navarro Chinchilla y Cristian David Ropero Rincón de 20 y 21 años, desaparecieron del casco urbano, lo cual motivó movilización de más de quinientas personas, lográndose la liberación o aparición de esos dos jóvenes…Ante ese panorama trágico, el ELN había negado el secuestro (el pasado 20 de abril) de la abogada ocañera Melissa Trillos y el líder comunal Henry Pérez. La abogada, apareció misteriosamente junto a un desconocido para ella, en jurisdicción de Guamalito-Convención. El Presidente Santos trinó que el desconocido era del ELN y con tan precipitada aseveración, tendió un manto de duda sobre la situación y destino de Henry Pérez.

La verdadera situación del Catatumbo

Huelga resaltar un panegírico al respecto y los niveles de lucha alcanzados del campesinado catatumbero, pese a la atroz aplicación del terrorismo de estado expresado en la horrible noche del paramilitarismo. Nunca se ha silenciado ni la voz ni el trueno, ni menguado el relámpago del Faro del Catatumbo. En modo alguno la irrupción armada pretendió sustituir al Estado. Afirman los entendidos que fue el abandono del Estado la causa objetiva de esa irrupción guerrillera. De manera que no es cierto que el Catatumbo “ha quedado en manos de guerrilleros”. Lo de republiquitas independientes fue una contraofensiva militar desde el Plan Laso (1964) y hasta entonces (Plan Colombia). Y que el Catatumbo ha quedado en manos de paramilitares – narcotraficantes disfrazados de guerrilla y toda una gama de delincuentes”; tampoco es cierto, en la medida en que la guerra sucia contrainsurgente anidó en sus parajes y montañas bajo la institucionalidad político militar del Estado. Jamás la capacidad económica de un Megateo pudo desplazar la capacidad de un ejército y su doctrina militar de un verdadero estado dentro del estado, ni de la autoridad civil institucional, bajo una doctrina del “enemigo interno” y que ha permitido el imperio de la delincuencia común y organizada por el desmonte e inaplicabilidad del Estado de Derecho. Ello significa: Total Violación de los Derechos Humanos!

Pero a todas luces prioriza la vida de la periodista Hernández. La insurgencia en Colombia ha demostrado la prioridad por la vida. La extrema derecha militarista y guerrerista aúlla con el fascista Viva la Muerte!

Con relación a Hennry Pérez el ELN anunció: “estamos en total disposición de contribuir a las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la situación y el retorno con la vida del dirigente”. Pues sea está también una oportunidad política para que el Ejército Popular de Liberación –EPL, en consonancia, se pronunciara respecto a la retención o desaparecimiento de la controvertida periodista, que es noticia de efecto nacional e internacional.

 

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Expertos discuten sobre Derechos Humanos y minorías

Escrito en . Publicado en Derechos.

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Nicaragua, San Carlos, rio San Juan, februari 2001 Imigranten, illegalen. Nicaraguanen reizen illegaal naar buurland Costa Rica om er te werken. Het dagloon is in Costa Rica ongeveer 5 maal zo hoog als in Nicaragua, vanddar dat naar schatting een miljoen Nicaraguanen (een vijfde deel van de Nicaraguaanse bevolking) in Costa Rica werkt. Naar schaating de helft daarvan verblijft illegaal in het land. De meesten reizen via de plaats San Carlos, vandaar gaan ze met een bootje een paar uur de grensrivier Rio San Juan op om zich ergens af te laten zetten en vandaar Costa Rica in te lopen. Soms duurt die voettocht door het regenwoud en door landbouwgebieden een paar dagen. Als de grenspolitie van Costa Rica illegale migranten aanhoudt, worden ze de grens met Nicaragua weer overgezet. Migranten vertrekken van de oever van de rio San Juan en lopen costa rica in. Illegalen. Migratie. foto Piet den Blanken / Hollandse Hoogte
La problemática de los Derechos Humanos en distintas partes del mundo, fue el tema que se analizó en el Foro Internacional Derechos Humanos minorías y universalismo (foto Piet den Blanken).

Las Cátedras Internacionales de la Universidad de Costa Rica realizaron el Foro Internacional Derechos Humanos minorías y universalismo con el objetivo de analizar y discutir distintos temas.

En la actualidad, el conflicto armado en Siria y la crisis humanitaria de refugiados es un tema de relevancia y preocupación mundial. El Mag. Sergio Moya Mena, profesor de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA) se refirió al papel de Europa ante esta situación.

Según su criterio, los países europeos deberían tomar las medidas necesarias para apoyar los mecanismos de registro y acogida efectivos de los refugiados, así como cumplir con los compromisos de reubicación adquiridos. De igual manera, distinguir claramente entre la problemática de los refugiados y las amenazas a la seguridad relacionadas al terrorismo.

“El problema de los refugiados es un problema global hay una responsabilidad planetaria, pero hay quienes tienen una responsabilidad más grande que otros”, recalcó Moya.

El especialista hizo una fuerte crítica al actuar de la Unión Europea, especialmente al acuerdo que se hizo con Turquía, el papel de la OTAN en el conflicto y la legislación reciente que se ha aprobado en algunos países, a la que catalogó como anti migrante y xenófoba.

Por su parte, el Dr. Günther Maihold, conversó acerca de la justicia transicional y derechos humanos en las negociaciones de paz en Colombia.

Maihold señaló los elementos que caracterizan un sistema de justicia transicional integral que son las acciones penales, las reparaciones a favor de las víctimas, las reformas a instituciones públicas implicadas en abusos y las comisiones de la verdad.

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El Dr. Günther Maihold, conversó acerca de la justicia transicional y derechos humanos en las negociaciones de paz en Colombia (foto Laura Rodríguez).

En el caso colombiano no se ha logrado un acuerdo de paz que involucre a todas las partes.

“Esto es un reto que no se ha conocido en otros casos, que hay que definir posiciones de paz y justicia transicional mientras sigue el conflicto. Esto es una situación específica que complica de manera especial la solución de la paz y la consecución de un acuerdo entre las partes”, expresó.

Además agregó que el reto principal de este proceso es poner a funcionar la justicia especial ya que hasta el momento en las investigaciones de la Fiscalía hay 3580 personas de las FARC que se van a inculpar y más de 8000 imputados de las Fuerzas Armadas.

“Ahí está el tema para América Latina y la comunidad internacional, que va a tener que apoyar este proceso porque es esencial para la reconciliación nacional, es esencial para que el pueblo, los ciudadanos sean capaces de ser parte de una paz real y no solamente haber visto la firma de un papel”, concluyó.

Otro de los conferencistas, el Sr. Kyung-Sik Suh de la Universidad de Tokio Kiezai, habló sobre la búsqueda de un nuevo universalismo en el contexto del este asiático. En su charla se refirió al papel de Japón en relación con los refugiados y a su posición con respecto a la política internacional de Estados Unidos.

Subrayó que el gobierno japonés ha cerrado las puertas a los refugiados, que los movimientos xenófobos son más comunes entre la ciudadanía y que hay una tendencia creciente a irrespetar los derechos humanos.

“Un ejemplo adicional de esto es que Japón, bajo el gobierno de Abe, se limita a solidificar su posición subordinada dentro del orden mundial hegemónico de los Estados Unidos. Japón está saliendo de la región del Pacífico, y esto es una seria amenaza para la paz mundial”, criticó Suh.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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