Ir al contenido principal

Etiqueta: Colombia

Hablar del fin del conflicto y las guerrillas

Carlos Meneses Reyes

 

El anuncio y luego la ceremoniosa firma del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades y Definitivo, en La Habana, por parte del Comandante máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo y el Presidente de la República de Colombia, colmó de alegría y exultante satisfacción a muchos colombianos. A quienes convencidos del trascendental paso dado, asientan en considerar los retos que a futuro corresponde afrontar; en contraposición a quienes se enfrentan a la realidad palpable que un conflicto interno armado como el colombiano, llegue a su fin, optando por el simple rechazo a todo lo nuevo.

En Colombia no se ha firmado “la paz”; ni un “acuerdo de paz” se ha firmado un Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral de Hostilidades y Definitivo, entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y la fuerza beligerante e insurgente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo. Ese Acuerdo se logró, gracias al esfuerzo denodado de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedando plasmado en un documento de generación y valía a la luz del Derecho Internacional, con pleno carácter vinculante, para las Altas partes signatarias. Tras la plasmada firma y rúbrica del Acuerdo, en verdadero efecto de coadyuvancia al contenido de lo mismo, lo hicieron los representantes de sendos países, con presencia de varios de sus presidentes y delegados oficiales participantes como países garantes, incluido el país anfitrión y soberano de la República Socialista de Cuba. La ausencia de la OEA, por andar en los trajines conspirativos del Secretario Alamagro contra la República Bolivariana de Venezuela, fue suplida con creces con la presencia y firma, en el mismo, del Presidente General de Las Naciones Unidas. Todo ello redunda en la legitimidad internacional de ese valioso documento, ratificando lo valioso del acto. Se ha logrado la efectividad de la consigna: “cese bilateral al Fuego. Ya!”

Tras la firma histórica de ese Acuerdo, no repicaron las campanas al aire. No se paralizaron las calles y carreteras al son de pitos y sirenas. Tampoco era necesario. Ha primado lo riguroso de la solemnidad del acto. Fue una noticia que cubrió- como pocas- todo el ámbito de conocimiento de la opinión pública nacional. Pareciere que un país acostumbrado durante décadas a padecer los rigores de la guerra, no despertara. Asume una actitud colectiva de expectativa, ante la explicación y posterior desarrollo de sus efectos. En resumen, el acumulado de los efectos políticos aún no se manifiesta. Se circunscribe a toda una carga de responsabilidad por parte de la fuerza insurgente. Alude a un simple ejercicio de contraprestación, por la contraparte estatal. Cómo si la contraparte estatal también fuere un espectador que va a observar la inmensa fila de combatientes farianos, atravesando selvas y montañas para llegar a los 23 sitios veredales de concentración en el país y a los 8 campamentos especiales de mandos insurgentes y que así cumplida esa etapa de concentración de fuerzas, sobreviniere la otra fase de dejación de las armas, de conteo y de arrume de las mismas en contenedores para luego- siempre bajo la supervisión de Naciones Unidas- fundirlas y erigir tres monumentos: uno en Nueva York, sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y un tercero en Colombia.

De la lectura del texto del Acuerdo del Cese Bilateral de Hostilidades, no se decanta un universo de efectos políticos del mismo.

Entendemos que un cese de fuego, implica el silencio de los fusiles para ambas partes contendientes. Un cese de hostilidades bilateral, aplica a toda acción directa y de efecto inmediato. El elemento tiempo es determinable en ese sentido. Por ejemplo, a la hora tal, del día tal, del año tal, comience el cese de fuego. También expresamente el cese de hostilidades, que no es un numerus apertus, sino atinente a conductas tipificadas que quedan proscritas, precisamente, desde ese momento, tiempo lugar y ámbito de aplicación.

Por técnica de redacción, afortunadamente en el texto del Acuerdo no se consignó que a la firma del presente…cesa el fuego y las hostilidades… pero tampoco se dice, cuándo?. Cómo comenzar a contabilizar los 180 días que fija el Acuerdo. Ello es esencial. Nos devanamos los sesos para entender el que las zonas de ubicación de las tropas guerrilleras sean para la verificación del cese bilateral del fuego. Pero mientras y durante la concentración de esas fuerzas insurgentes ¿cómo opera esa verificación?. Y si el establecimiento estatal se cuida tanto que la población civil campesina no se contamine con los alzados en armas, será que solo de noche y a luz de las sombras lo harán o será en helicópteros Hércules y con fuerzas aerotransportadas del Estado colombiano, para garantizarles su llegada?. Porque de ser así, sobra tanto celo de la dirigencia fariana en que hubo “una lectura precipitada” de las zonas veredales de ubicación y sus coordenadas.

La dejación de las armas constituye el contenido político de lo acordado. Pero pesa en la atmosfera de información y comprensión si también se concibe una fase mecánica lo de la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, para la seguridad de los combatientes y de la población civil durante los desplazamientos de la guerrilleada a sus sitios o zonas veredales escogidas.

Valga resaltar la expresión de tantas inquietudes sin menoscabar lo trascendental histórico de la inminencia de la terminación del conflicto armado interno en Colombia con un sector de la insurgencia armada. Comprender que no hay terminación del conflicto armado, sino parcialmente, en tanto no se agreguen a ese esfuerzo nacional las insurgencias del ELN en todo el territorio nacional y del EPL en sus ubicaciones tópicas. También alentar que no se siga engañando a la opinión pública con lo de la consecución de la paz, cuando apenas estamos logrando es la terminación de un aspecto, el militar, del conflicto colombiano; siendo que el conflicto social, económico, político, ecológico, continúa latentes en este país de tragedias.

La Paz no es una paloma, ni puede ser herida. La Paz es la más noble bandera del pueblo colombiano!

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Del paro nacional y la insurgencia

Carlos Meneses Reyes

Del paro nacional y la insurgencia
Puesto de policía rural en Colombia.

Por la víspera se ve el día. El movimiento de masas en Colombia copa los espacios que por años le han sido vedados. La exclusión política que impuso el llamado frente nacional liberal-conservador, que perdura hasta nuestros días, anestesió el impulso del movimiento popular en sus contenidos de organización, liderazgo, propuestas, no ya de reivindicaciones por justos reclamos de cotidianidad de diferentes sectores de la población; como de superación de programas mínimos y máximos de expresión, para lograr alcances de verdaderas proclamas de conquistas económicas y sociales, atinentes a esculcar el fondo de las causales de una brecha social abismal entre poseedores y desposeídos, entre los que tienen y quienes nada tienen; entre los usufructuarios perennes del andamiaje estatal al servicio de sus intereses de clase y económicos y los que invocan la atención a tantas necesidades insatisfechas.

Indiscutiblemente estamos transitando por el desenvolvimiento dialectico entre lo que significa la influyente etapa de conversaciones en La Habana, entre una parte de la Insurgencia colombiana y el Estado representativo de la tradicional casta politiquera empotrada en el poder y manejo estatal. El paro Agrario Nacional, sumado el paro de ciento cincuenta mil camioneros, se explican por el desborde de tanta injusticia social plasmada. Es tan solo una muestra del potencial a expresarse y manifestarse ante las múltiples esclusas de expresión y manifestación popular que avizora la terminación del conflicto armado interno en Colombia.

La insurgencia y el paro nacional

Sin mayor escitación, en el convulsionado escenario de expresiones de lucha de clases por el que transita la nación colombiana; resalta, no la atipicidad en lo comparativo con el escenario de las luchas populares en Latinoamérica, por no reseñar en el mundo; cómo quiera que en Colombia haya convivido la expresión de la lucha popular armada (ejércitos del pueblo), junto con la lucha popular reivindicativa aupada de inspiración ideológica y políticamente revolucionaria. Esto en el escenario de la protesta popular, en un país en Estado de Sitio permanente (hasta la Constitución de 1991), corolario de la negación de un estado de derecho y violatorio de los derechos humanos. Más ese marco de convivencia política que hubiera de aplicar la excluyente Constitución de 1991 (no solo en su conformación, sino también en su inspiración antipopular), no cumplió la misma expectativa funcional, al permitir, en sus múltiples “adecuaciones” la aplicación de un método de contrainsurgencia armada expresada en la atroz convivencia del experimento paramilitar; la aplicación de un Plan doblemente contrainsurgente como lo ha sido el Plan Colombia; la reformitis de la imposición de la reelección presidencial; la imposición de los TLC´s; la denigrante instalación de siete base militares del Imperio en la tierra de los padres comuneros!. Todo ello avalado por una cortesana judicial, que permite el mentís de la presentación- ante nacionales y el mundo- de una Constitución Política impolume, y “soberana”, que tras veinticinco años de vigencia la presentan como una virgen santísima “sin romperse ni mancharse”.

Por eso ante el furor mediático y esquizofrénico de ver en toda forma de manifestación y de protesta de masas la mano interventora de la insurgencia; no decantará la vocinglería oficial y la “inteligencia” del estamento armado estatal en aceptar, todo cuanto ya es de asimilación de la sabiduría popular: que en Colombia la protesta popular, como expresión de hecho de democracia directa popular, desplaza el uso de las armas en esa protesta. Al alzarse la voz popular, callan los fusiles insurgentes. Al expresarse la soberanía popular en las calles y campos colombianos, con el grito de la protesta, el escenario de la confrontación armada es suplido por el potencial creativo de los espacios que le han sido vedados al movimiento social. Aplican presupuestos- por ejemplo- que ante la ineficacia de las bombas y metrallas para evitar la fuga del oro negro nacional por las venas de las redes de oleoductos, la decisión soberana de dos mil manifestantes y obreros petroleros en cerrar las válvulas del precioso recurso natural, garantizaran el cambio de las políticas anti soberanas.

El manido discurso de la infiltración de las guerrillas; ya no solo en las protestas ciudadanas y populares, sino en la colectividades que representan la movilización de indígenas, campesinos, camioneros, explican la judicialización de la protesta social en Colombia y la criminalización de las mismas. Al no asimilar la institucionalidad o establecimiento colombiano está realidad, continuarán de espaldas ante lo imperativo de las reformas de fondo que se requieren en Colombia. Una cosa es afirmar que el fin del conflicto armado interno en Colombia, se logre sin afectar el modelo económico y la doctrina militar vigentes en Colombia, conforme a un Acuerdo de Agenda pactada y seguramente de garantizada aplicabilidad e implementación sobre tópicos discutidos; y otro los logros que en periodos subsiguientes a ese conflicto armado, conquiste y arrebate, a las clases dominantes y usufructuarias internacionales del Estado colombiano, el movimiento subversivo popular al actual estado de cosas imperante. Sí. Porque la realidad política nacional e internacional impone que toda expresión de lucha armada insurgente cese en Colombia. Pero de allí a imponer y fragmentar las aspiraciones, alcances y banderas de lucha del movimiento popular colombiano, circunscribiéndoles a que cualquier manifestación de protesta afecta los derechos (en abstracto) de la gente que no protesta, confluye en desconocer la deuda histórica social por la imposición de la maquinaria de guerra estatal contra el sentir de la protesta popular. No es que con la terminación del conflicto armado interno surjan ahora “nuevos espacios” para el movimiento social. La experiencia histórica enseña lo contrario: es la vigencia de los estadios alcanzados la que va permitiendo la cualificación del movimiento popular a tono con una representatividad propia y de suficiente legalidad representativa. El sofisma de distracción y desconocimiento que son las minorías las que protestan y que las grandes mayorías domesticadas, son la prioridad para atascar la dialéctica del desarrollo revolucionario de las masas, carece de asidero. El principio universal que el derecho mío va hasta dónde va el derecho del otro, si bien vigente, no aplica en el escenario de la lucha política por las profundas transformaciones en Colombia. Puesto que esas luchas superan el aspecto de la cotidianidad. También modifican los paradigmas de las reivindicaciones particularizadas y de contenido gremialista, por espectros de alcances nacionales. Tampoco se podrán circunscribir a las tesis de la “seguridad democrática” impuestas a sangre, fuego, motosierra, durante el lapso genocida de los dos periodos presidenciales de Uribe.

En un escrito de mi autoría, al analizar las protestas en El Catatumbo durante el año de 2013, expresaba la conveniencia de asimilar el contenido de expresiones como insurgencia y subversión. La una como de tipificación penal por la rebelión contra el Estado constituido y la otra como practica no penalizada de subvertir, cambiar un estado actual de cosas. Expresaba: lo subversivo como pensar.

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo.

Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…); como también de la respuesta de los detentadores del poder (…).

Del camino emprendido por la insurgencia Elena

Si bien hace tres años, al inicio de las Conversaciones en La Habana, las condiciones objetivas internacionales de cambios alternativos al modelo del capitalismo salvaje neoliberal eran otras, a las actuales y ad portas de la fase pública de negociaciones con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ello no ha sido óbice para que se haya acordado una temática a tratarse entre los plenipotenciarios de ambas partes contrincantes: la insurgencia del ELN y el Estado colombiano. Pero plaga de expectativas el que no se haya pasado a la fase pública de esas conversaciones. Digamos que existan recriminaciones mutuas entre las Altas partes contratantes. El tema del secuestro o retención de civiles parece ser el nudo gordiano. En lo académico-político se ha ventilado lo del secuestro, como violación a una norma penal interna, que no califica en la doctrina del derecho internacional humanitario (DIH) como delito atroz y/o de lesa humanidad. Así es, por más aberrante que sea tal delito y las mismas contrapartes lo asimilen y acepten. Pese a los acumulados de distinción existentes, entre comparaciones chocantes, del uso de la cárcel para recluir presos políticos y del destino de los secuestrados o retenidos en la facultad de locomoción; esa es una realidad de la crudeza de la guerra. Como premisa elemental en abordar la solución de un conflicto, lo improcedente es la postura unilateral al respecto.

Modestamente veo la solución a ese impasse en el Acuerdo por el cese bilateral y definitivo de las acciones militares por las partes en Conversación. No es concebible en el panorama nacional que el ingente esfuerzo de la representación armada del Estado colombiano- con generales de alta calificación sobre el tema- y de quienes conforman la parte insurgente fariana en La Habana, se torne iluso al no apropiarse del momento histórico en que la definición del cese bilateral y definitivo de acciones armadas, abarque- en un solo acto- tanto a la insurgencia de las Farc-ep como a la del ELN. Las implicaciones políticas de ello saltan a la vista: 1. El cese de secuestros por motivos económicos y de retenciones por móviles políticos. 2. La inmediatez de efecto para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) declare un cese unilateral de acciones armadas en zonas de su influencia y en especial en el Sur del Cesar, la Provincia de Ocaña y El Catatumbo. 3. También la carencia de motivación mediática de la extrema derecha uribeña en el descabellado llamado de una “resistencia civil” para oponerse al fin del conflicto armado interno y en obtusa contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz; lo cual los coloca en clara disidencia (no oposición), dentro del núcleo de poder imperante, oligárquico y antipopular, en Colombia.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

…Y ahora: ¿quién tiene a la periodista Hernández?

Carlos Meneses Reyes

 

La noticia de la desaparición de la periodista colombo-española Salud Hernández, en pleno Catatumbo, arrecia conmoción en la Provincia de Ocaña. Cómo nos duele OCAÑA. Cómo la indolencia del Estado colombiano permite que mientras en La Habana se finiquiten los borradores para la firma del Acuerdo Final (AF), entre los plenipotenciarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejercito del pueblo (FARC-ep) y el Gobierno colombiano, el escenario de la guerra recrudece en El Catatumbo. Para la periodista Jinet Prietro en la región del Catatumbo el discurso de la paz se siente más como publicidad que como realidad.

Pero que hacia la periodista salud Hernández en el Catatumbo

Caracterizada por su posición ideo-política, La Enferma Hernández- así calificada por su posición enfermiza a oponerse a todo cuanto signifique solución política al conflicto interno colombiano- pareciere que cumpliere con un legado expreso de la extrema derecha hispanoamericana porque el mandato constitucional de la búsqueda de la paz, no se realice en Colombia. Una mujer de ese talante periodístico desde que llegó a Colombia traída por Francisco (el facho ) Santos ha demostrado la realidad del activismo político, en el periodismo, de extrema derecha. El diario de capital español El Tiempo, por intermedio de su director, expresa que estaba en una labor de recopilación de información sobre el cultivo de la coca y el narcotráfico en El Catatumbo y sobre lo cual presentaría algunas entregas. Inexplicable tal conmiseración, ante un fenómeno de por sí conocido, sobre el que se ha escrito ríos de tinta y en el que aparecen involucrados más de treinta y cinco mil hectáreas de cultivos de coca. A manera de comparación, la inconveniencia y desfase de ese trabajo, resulta parecido al trabajo de Natalia Springer, en cuanto aporte académico-jurídico de “procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales internacionales cometidos en el marco del conflicto” y que represento miles de millones de pesos a ella otorgados por el Fiscal Montealegre. Danza de corrupción clientelista denunciada por el Fiscal Delegado ante la Corte, Alejandro Ramelli y que permitió al jurista Carlos A Ruíz Socha, expresar que el Fiscal Montealegre, posando de justiciero dejó presentado un espurio expediente de “macroimputación” a la comandancia del ELN por supuestos cientos y miles de crímenes. Agregando ese abogado colombiano, Ph D en Derecho y Ex asesor de las FARC-EP en el actual proceso de paz de La Habana: “hay que ser un poco estúpido para no darse cuenta de cómo se busca presionar puerilmente al ELN para que acepte dócil someterse mediante esta minuta y suscribir por desesperación la cuestionada justicia especial para la paz”.

A manera de recuento, La Enferma Hernández, había entregado en material de “investigación periodística” en el bello sitio turístico de La Playa de Belén- Ocaña (a donde no llegan turistas por la guerra), un panorama re memorable de cómo quedó esa región ocañera luego de la supuesta muerte en combate de Víctor Navarro Serrano, alias Megateo (dirigente del EPL). La calificada periodista deja el sin sabor de la reserva mental al no expresar (así no le diere aceptación) la opinión de masa del campesinado de no credibilidad en esa muerte. La crónica inconclusa de un muerto en el que no existe cadáver. Más parecido a un falso positivo, en el que la policía (no cívica y si militar) de alta montaña- asume el operativo y la emblemática periodista determina que el mítico personaje voló en átomos. ¡Qué indignante! Revolcar la memoria del prócer Ricaurte, por parte, además de colombiana, de una súbdita del rey de España!

Que esta retención no represente más sacrificio para la provincia de Ocaña

El Presidente Santos, como comandante supremo de las fuerzas armadas colombianas ha ordenado celeridad y por su orden activado los protocolos de búsqueda de la periodista. Algo que en el argot represivo significa pleno poder a la “autoridad” militar en la que más afectada es la población campesina e inminente la violación de los derechos humanos y ecológicos en esa región.

Wilfredo Cañizares, representante de la Fundación Progresar, una de las ONG con más credibilidad en el Norte de Santander, expresa que en el Alto Catatumbo, desde el 1º de enero de este año hasta el 16 de abril, han ocurrido 27 asesinatos, fuera de combate. Una mujer, Nelly Amaya, fue asesinada al frente de su casa, porque era allegada a policías y militares. Desde hace más de seis meses se encuentra desaparecido el líder agrario Henry Pérez, presidente de las juntas de acción comunal en la zona. También registra amenazas contra 12 líderes más. “Les llegó un aviso diciendo que tenían un día para irse y se fueron”.

Durante los días en que la periodista Hernández visitaba El Tarra, asesinaron a un campesino de apellido Pérez Contreras (23 años). Los jóvenes Javier Navarro Chinchilla y Cristian David Ropero Rincón de 20 y 21 años, desaparecieron del casco urbano, lo cual motivó movilización de más de quinientas personas, lográndose la liberación o aparición de esos dos jóvenes…Ante ese panorama trágico, el ELN había negado el secuestro (el pasado 20 de abril) de la abogada ocañera Melissa Trillos y el líder comunal Henry Pérez. La abogada, apareció misteriosamente junto a un desconocido para ella, en jurisdicción de Guamalito-Convención. El Presidente Santos trinó que el desconocido era del ELN y con tan precipitada aseveración, tendió un manto de duda sobre la situación y destino de Henry Pérez.

La verdadera situación del Catatumbo

Huelga resaltar un panegírico al respecto y los niveles de lucha alcanzados del campesinado catatumbero, pese a la atroz aplicación del terrorismo de estado expresado en la horrible noche del paramilitarismo. Nunca se ha silenciado ni la voz ni el trueno, ni menguado el relámpago del Faro del Catatumbo. En modo alguno la irrupción armada pretendió sustituir al Estado. Afirman los entendidos que fue el abandono del Estado la causa objetiva de esa irrupción guerrillera. De manera que no es cierto que el Catatumbo “ha quedado en manos de guerrilleros”. Lo de republiquitas independientes fue una contraofensiva militar desde el Plan Laso (1964) y hasta entonces (Plan Colombia). Y que el Catatumbo ha quedado en manos de paramilitares – narcotraficantes disfrazados de guerrilla y toda una gama de delincuentes”; tampoco es cierto, en la medida en que la guerra sucia contrainsurgente anidó en sus parajes y montañas bajo la institucionalidad político militar del Estado. Jamás la capacidad económica de un Megateo pudo desplazar la capacidad de un ejército y su doctrina militar de un verdadero estado dentro del estado, ni de la autoridad civil institucional, bajo una doctrina del “enemigo interno” y que ha permitido el imperio de la delincuencia común y organizada por el desmonte e inaplicabilidad del Estado de Derecho. Ello significa: Total Violación de los Derechos Humanos!

Pero a todas luces prioriza la vida de la periodista Hernández. La insurgencia en Colombia ha demostrado la prioridad por la vida. La extrema derecha militarista y guerrerista aúlla con el fascista Viva la Muerte!

Con relación a Hennry Pérez el ELN anunció: “estamos en total disposición de contribuir a las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de la situación y el retorno con la vida del dirigente”. Pues sea está también una oportunidad política para que el Ejército Popular de Liberación –EPL, en consonancia, se pronunciara respecto a la retención o desaparecimiento de la controvertida periodista, que es noticia de efecto nacional e internacional.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Expertos discuten sobre Derechos Humanos y minorías

Andrea Marín Castro,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Nicaragua, San Carlos, rio San Juan, februari 2001 Imigranten, illegalen. Nicaraguanen reizen illegaal naar buurland Costa Rica om er te werken. Het dagloon is in Costa Rica ongeveer 5 maal zo hoog als in Nicaragua, vanddar dat naar schatting een miljoen Nicaraguanen (een vijfde deel van de Nicaraguaanse bevolking) in Costa Rica werkt. Naar schaating de helft daarvan verblijft illegaal in het land. De meesten reizen via de plaats San Carlos, vandaar gaan ze met een bootje een paar uur de grensrivier Rio San Juan op om zich ergens af te laten zetten en vandaar Costa Rica in te lopen. Soms duurt die voettocht door het regenwoud en door landbouwgebieden een paar dagen. Als de grenspolitie van Costa Rica illegale migranten aanhoudt, worden ze de grens met Nicaragua weer overgezet. Migranten vertrekken van de oever van de rio San Juan en lopen costa rica in. Illegalen. Migratie. foto Piet den Blanken / Hollandse Hoogte
La problemática de los Derechos Humanos en distintas partes del mundo, fue el tema que se analizó en el Foro Internacional Derechos Humanos minorías y universalismo (foto Piet den Blanken).

Las Cátedras Internacionales de la Universidad de Costa Rica realizaron el Foro Internacional Derechos Humanos minorías y universalismo con el objetivo de analizar y discutir distintos temas.

En la actualidad, el conflicto armado en Siria y la crisis humanitaria de refugiados es un tema de relevancia y preocupación mundial. El Mag. Sergio Moya Mena, profesor de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA) se refirió al papel de Europa ante esta situación.

Según su criterio, los países europeos deberían tomar las medidas necesarias para apoyar los mecanismos de registro y acogida efectivos de los refugiados, así como cumplir con los compromisos de reubicación adquiridos. De igual manera, distinguir claramente entre la problemática de los refugiados y las amenazas a la seguridad relacionadas al terrorismo.

“El problema de los refugiados es un problema global hay una responsabilidad planetaria, pero hay quienes tienen una responsabilidad más grande que otros”, recalcó Moya.

El especialista hizo una fuerte crítica al actuar de la Unión Europea, especialmente al acuerdo que se hizo con Turquía, el papel de la OTAN en el conflicto y la legislación reciente que se ha aprobado en algunos países, a la que catalogó como anti migrante y xenófoba.

Por su parte, el Dr. Günther Maihold, conversó acerca de la justicia transicional y derechos humanos en las negociaciones de paz en Colombia.

Maihold señaló los elementos que caracterizan un sistema de justicia transicional integral que son las acciones penales, las reparaciones a favor de las víctimas, las reformas a instituciones públicas implicadas en abusos y las comisiones de la verdad.

Expertos discuten sobre Derechos Humanos y minorias2
El Dr. Günther Maihold, conversó acerca de la justicia transicional y derechos humanos en las negociaciones de paz en Colombia (foto Laura Rodríguez).

En el caso colombiano no se ha logrado un acuerdo de paz que involucre a todas las partes.

“Esto es un reto que no se ha conocido en otros casos, que hay que definir posiciones de paz y justicia transicional mientras sigue el conflicto. Esto es una situación específica que complica de manera especial la solución de la paz y la consecución de un acuerdo entre las partes”, expresó.

Además agregó que el reto principal de este proceso es poner a funcionar la justicia especial ya que hasta el momento en las investigaciones de la Fiscalía hay 3580 personas de las FARC que se van a inculpar y más de 8000 imputados de las Fuerzas Armadas.

“Ahí está el tema para América Latina y la comunidad internacional, que va a tener que apoyar este proceso porque es esencial para la reconciliación nacional, es esencial para que el pueblo, los ciudadanos sean capaces de ser parte de una paz real y no solamente haber visto la firma de un papel”, concluyó.

Otro de los conferencistas, el Sr. Kyung-Sik Suh de la Universidad de Tokio Kiezai, habló sobre la búsqueda de un nuevo universalismo en el contexto del este asiático. En su charla se refirió al papel de Japón en relación con los refugiados y a su posición con respecto a la política internacional de Estados Unidos.

Subrayó que el gobierno japonés ha cerrado las puertas a los refugiados, que los movimientos xenófobos son más comunes entre la ciudadanía y que hay una tendencia creciente a irrespetar los derechos humanos.

“Un ejemplo adicional de esto es que Japón, bajo el gobierno de Abe, se limita a solidificar su posición subordinada dentro del orden mundial hegemónico de los Estados Unidos. Japón está saliendo de la región del Pacífico, y esto es una seria amenaza para la paz mundial”, criticó Suh.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

De lo electoral y del disfraz de policía

Por Carlos Meneses Reyes

 

Este pasado fin de semana recibí llamada de una vieja amiga, indicándome, sobresaltada, que su nietecillo, de escasos cinco años, había escogido como disfraz para festejar la noche de las brujitas, el de Policía. Que a diferencia de sus primos él no escogió a ninguno de los rete conocidos personajes de los comics. Su angustia radica en que fue criada en un ambiente en que la palabra policía no era mencionada en su casa; debido a que el papá de su mamá, un liberal de traca-mandaca, fue asesinado por la policía chulavita, durante la violencia liberal – conservadora (1946-1957). Su mamá le infundió una especie de temor, más que de odio e impotencia y ella creció, con ambos sentimientos encontrados.

“Voy a escribir algo al respecto y te lo envío”, fue mi respuesta a su llamada.

Conocedor de esa tradición oral transmitida y de las pláticas sobre espeluznantes temas y pasajes de la violencia aún no digeridas; ratificando que para mí, los nacidos en la década de 1940, son los comprendidos como los de la generación de la violencia; la carga histórica por el accionar político-partidista de la Policía Nacional de Colombia, pende cual constante no resarcida en muchas víctimas por el no saneamiento oportuno; ni asomo de reparación y de no repetición.

Claro está que por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía, son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario. Por más esfuerzos de “lavada de cara”, que campañas publicitarias impulsan; no se pretenda ubicar lo aquí expresado, a las manifestaciones de inaceptable agresividad como sujetos aislados y en casos reiterativos del “usted no sabe quién soy yo” y “no sabe con quién se mete” del caracterizado Nicolás Gaviria; han acosado y constreñido el papel social invaluable del agente de policía. Esas conductas de contravención y delincuenciales, son ajenas a nuestra valoración.

Al decir del inmolado camarada Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.

La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.

La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas. Para el año de 2010, la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad.

Resulta, sí, que actualmente, la Policía no es un cuerpo de la sociedad civil preventivo, sino represivo y en pie y acción de guerra. No es de inspiración y naturaleza civilista, sino militarista. Es institución en contraria al espíritu civilista del constituyente primario Colombiano. Todo esto independientemente de los escándalos que salpica al actual Director de la Policía Nacional y de los no cerrados que mancharon a sus predecesores. No ha habido abordaje político para tratar tan álgida temática de la vida nacional.

De si existe un censismo electoral en Colombia

El pasado debate electoral ha sido extenso en su objeto de análisis, comentarios, calificaciones, explicaciones y también justificaciones. Pareciere que han explayado su saber y asimilado lo concerniente a los efectos por resultar vencedores o vencidos. Han personificado los efectos de la legalidad tanto por lo obtenido territorialmente, como lo que igual significa lograr el favor en la obtención acumulada de votación para lo de sus empeños. De esa manera, han discurrido los sucesos; pero todo sin mayor asomo de profundización de un detenido análisis a cerca del régimen electoral imperante en Colombia, tema este de por sí soslayado y por ende desplazado y/o relegado a un nivel de menor importancia y no consideración.

De manera que lo por mi esbozado en las siguientes líneas solo pretende explicar un aspecto comparativo de cómo en Colombia, pese a los adelantos de la última reforma del sistema electoral que nos rige, imperan los lastres de una práctica constante como violatoria a los principios universales que rigen una elección popular.

Parto aludiendo a la Ley 01 de 2003; por medio de la cual se extinguió la pesca de los residuos y cocientes electorales, que en el argot era conocido como la “operación avispa”; por la modalidad en que cada partido o movimiento político inscribe una sola lista, que tendrá tantos candidatos como curules existan en la corporación a que se aspira. Funciona bajo las modalidades de lista cerrada: conforme resultan elegidos en el orden inscrito y de voto preferente indicando que se elige uno de los candidatos señalados. Valga como plataforma bajo un enunciado valido y en el entendido que simplifica la mecánica de un desarrollo normal electoral: la consiente aplicación del sufragio universal, el secreto del voto personal y el depósito del voto en la urna.

De lo sucedido en la pasada jornada electoral

Pero que sucedió el pasado 25 de octubre de 2015, en que se eligieron gobernadores, alcaldes, concejales, miembros de las juntas administradoras locales y asambleístas. Me he dado a la tarea de resumir y extractar lo manifestado por diversos analistas políticosy en los que se observa una constante confluyente de irregularidades, defectos y estafas, que empañaron el honrado calificativo de elecciones “limpias”.

Dice Horacio Duque Giraldo. Que las recientes elecciones locales se caracterizaron por la compra y venta de votos, el clientelismo, la corrupción, la manipulación con los presupuestos oficiales, las maquinaciones con los principales medios de comunicación y la contaminación política con las encuestas que jugaron un papel crucial en el encauzamiento del “voto útil” para favorecer los candidatos de las camarillas oligárquicas, como en el caso de la Alcaldía de Bogotá.

Transcribo lo enseñado por Luís Alfonso Mena S. Que las pasadas elecciones evidencian, una vez más, que en Colombia quien ostenta el poder económico tiene los votos y que las fuerzas alternativas difícilmente pueden hacer política electoral ante la enorme desventaja que significa enfrentar a las grandes maquinarias, es decir, a los partidos del establecimiento Los torrentes de dinero invertidos por la mayoría de los ganadores, y también por muchos de los perdedores. Mientras tanto, siguen creciendo los costos de las campañas, en parte fruto de la práctica del voto preferente que genera una feroz competencia dentro de las listas de candidatos, y el otorgamiento de avales se volvió el gran negocio de inescrupulosos, inmersos incluso en nuevos movimientos supuestamente étnicos surgidos a la luz de la Constitución, que reparten respaldos aprovechando sus personerías jurídicas, pero sin pizca de identidad ideológica y sin reparos en la idoneidad ética de los avalados. Y en acceso pagado a medios de comunicación y que requieren no solo recuperar “la inversión” (en lo local). Dejando de manifiesto el peso de las máquinas mediáticas en la generación de una opinión pública desfavorable, acicateada diariamente por un discurso estigmatizador, parcializado y falso en alto grado, no solo contra el Alcalde Distrital, sino contra la candidata Clara López.

Decía Reinson Said Sepulveda: La victoria la da el dinero, por supuesto, pero también las deslealtades. Y en Cúcuta Acevedo fue traicionado porque a los suyos les dieron más dinero de los que les dieron al candidato “vencedor” Rojas….Decía que también los electores son corruptos. En los barrios populares de Cúcuta se ofrecían celulares a cambio de votar por Acevedo.

El fallido aspirante al Concejo de Ocaña, Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi, acotó: No bastó exhibir buena Hoja de Vida, pues aún a estas alturas, la compra descarada de votos, las mentiras hábilmente disfrazadas, el populismo ramplón, las altas cantidades de dineros invertidos en «publicidad» política comprada, que nublan las mentes de millares de gentes necesitadas, que solo miran la solución ocasional o transitoria de una necesidad…

Citando a Hernán Gómez Buendía:»De modo que no tenemos ningún “contrato social”, sino una infinidad de contratos particulares entre cada candidato y su puñado de parientes, contratistas, busca-puestos y socios de distintos pelambres.Y así las elecciones, que habrían de ser el mecanismo para expresar y consagrar los intereses colectivos, acaban reducidas a una bolsa de empleos y de reparto del erario público”.

Y dice Yahir Contreras: las elecciones amañadas, corrompidas o financiadas por grandes sumas de dinero legal o “caliente”, e inclusive las amenazas de muerte orquestadas desde las cloacas del poder y sin duda con origen en la derecha recalcitrante amparada en paramilitarismo y sectores militaristas.

De Rebelion.org, Editorial. En las urnas. Desde Abajo. En el marco de la formalidad institucional que rige en Colombia, las más profundas fibras de una ciudadanía que por decisión oficial ha sido excluida siempre de la cosa pública, la llamada izquierda caiga en el juego y termine sometida a una agenda que no hace sino reproducir y fortalecer la formalidad y la institucionalidad existente.

Lo caracterizante

Poder económico. Compra y venta de votos. Los partidos del establecimiento como grandes maquinarias electoreras. Clientelismo. Corrupción. Manipulación de presupuestos municipales y de contratistas de obras públicas. Deslealtades. Rapiñas en el aval de preferentes. La mediática estigmatizadora. La impronta de las encuestas maquilladas al cierre electoral. El cuestionamiento por ilegitimidad. La permanencia de lo malo, lo indecente. La inversión económica para la recuperación..

Lo sucedido y no desmentido

Hubo alcaldes impuestos desde las cárceles. Por ejemplo: en Yopal, Casanare, el pueblo eligió como alcalde a un preso. En Cúcuta, un preso eligió alcalde. En Gramalote (Norte de Santander) eligieron alcalde pero no hay pueblo, pues desapareció la cabecera municipal hace años, por una tragedia ecológica. En Santander, Horacio Serpa apoyó a su otrora enemigo Didier Tavera. Rodrigo Lara y Carlos Fernando Galán, hijos de dos líderes asesinados por los cárteles del narcotráfico, avalaron a candidatos acusados de vínculos con el crimen organizado. Quienes ganaron las elecciones mostrándose o bien como empresarios o bien como gerentes, y no como políticos; tal cual pasó con el gerente urbanista Peñaloza. Candidatos por conveniencia táctica rentista como la del entrometido y cuestionado Pardo Rueda; no para ganar sí para vulnerar el voto de condescendencia liberal a Clara López. También los de prácticas gansteriles como la de un excongresista que pretendía seguir gobernando a través de su esposa y al que le fueron incautados más de doscientos mil dólares. Las elecciones como una inversión económica.

Se robaron bolsas con los votos en Tumaco. Registraduría dice que Policía no las recuperó todas. Harán escrutinio para Alcaldía con las que encontraron.

En Ocaña paquete de tarjetones se encontraron en la basura. Aunque no se sabe la cifra exacta, eran para la asamblea y algunos estaban marcados. El lunes por la mañana, una recicladora madrugó a recoger los desechos que quedaron de la jornada “democrática” en el Colegio José Eusebio Caro, Centro principal de votación para 25.000 electores, en el casco urbano del municipio, cuando se encontró en una de las cajas que sirvieron para depositar los votos, con un paquete de tarjetones enrollados. Se deduce que los jurados, como es su competencia, no hicieron el escrutinio correspondiente o para algo se prestaron…La casa García Zuccardi y varios parapolíticos estarían detrás del nuevo alcalde Cartagena. Disturbios en Suan (sur del Atlántico) por el resultado de las elecciones. Querían prenderle fuego a la Alcaldía y a la Registraduría. Que la votación masiva en Barranquilla obedeció a la corrupción al sufragante, voto fraudulento, ocultamiento y retención de cédula. Los pobladores del municipio de Bojayá (Chocó) se tomaron la Alcaldía luego de conocer los resultados del domingo; quemaron el material electoral y exigen que se repitan las elecciones.

La Registraduría Nacional confirma que ocho funcionarios de la entidad fueron detenidos en desarrollo de la pasada campaña política y que acertó golpe a la trashumancia. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Sincelejo requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que cumpliera con la medida provisional impuesta en octubre 15 del presente año y que no ha sido acatada, la cual consiste en incluir en el tarjetón a la lista de aspirantes del grupo de ciudadanos ‘Por Morroa Sí se Puede’.

Del paso a seguir

Indiscutiblemente y conforme a la ambientación de lo debatido y a acordarse en La Mesa de La Habana en relación con el punto primero de participación en política, por parte de la insurgencia, queda mucho por desearse ante la realidad de un sistema electoral moderno, actualizado y garante de imparcialidad en Colombia.

Históricamente muchos grupos de la población fueron excluidos de las votaciones. Rememorando a la antigua Atenas no le era permitido a las mujeres el ejercicio de participación, como tampoco los extranjeros, parias y esclavos tenían derecho al voto. Aristóteles justificaba la esclavitud. La constitución original de los Estados Unidos de América permitía el voto solo a hombres blancos y propietarios, mediando el éxito el Movimiento por los Derechos Civiles en estados Unidos para obtener la participación al sufragio libre y universal. Fue la lucha femenina por el sufragio la que entregó a las mujeres el derecho a Votar. En Colombia el logro alcanzado fue producto del populismo de derecha militarista de los sempiternos bloques excluyentes del poder.

La historia de la participación electoral va de la mano con el derecho a elegir y a ser elegido. Con la promoción del voto para sectores marginados de la sociedad y grupos excluidos, segregados y de minorías. Todavía se mantienen excluidos en algunos lugares, tales como los convictos por felonía (deslealtad, traición), miembros de ciertas minorías y desaventajados económicamente; persistiéndose en meta significativa para los derechos electorales. Aún permanece impuesto en el mundo y Colombia no es la excepción, el sistema del Censo Electoral o Padrón. Este consiste en instrumentos por medio de los cuales se escogen y determina a las personas que deben y/o pueden ejercer el voto en una determinada elección. Ello se ha erigido en arbitraria forma de desconocer el voto electoral. El peso de esta práctica consuetudinaria y legal, se impuso no solo por la mayoría de edad, la discriminación de sexo, como para los que tenían rentas altas, arbitrarios niveles de riqueza, raza, religión, etc. En algunos países impusieron la obligatoriedad del voto hasta con penas de prisión y multas por no ejercerlo.

Retomando el panorama colombiano nos encontramos ante un sistema electoral semifeudal. Se dice que fue diseñado cuando la energía eléctrica era un lujo de pocas ciudades. Con el manipuleo electoral de los contratistas “digitales”. Que satisfizo las necesidades de los caiques y politiqueros bipartidistas y que han demostrado con sus prácticas tener mayor poder e influencia sobre la Registraduria Nacional. Desconoce el avance tecnológico y electrónico predominante. Lo imperioso del control estatal total en el desarrollo electoral, asumiendo el costo único electoral y el desmonte de la danza de los millones por las cuentas de reposición electoral. Las iniciativas innovadoras han sido engavetas y archivadas.

Lo caracterizante de la pasada campaña electoral y atrás tratado en acápite especial, nos permite calificar al actual sistema electoral colombiano como de censista conforme a la categoría que lo estudian los cientistas sociales. En la práctica aplica en Colombia lo censista, cuando asistimos a la impune supremacía del dinero, la inversión económica electoral, como negocio y todo los atrás denunciado y caracterizado y que intentan reflejar las falacias de un sistema electoral ilegitimo y corrupto, que genera vergüenza ante la comunidad internacional.

Conclusión

De lo hasta aquí redactado y que conforma tan solo el inicio o asomo de temas de verdadero reto a tratar en el plano político nacional; tanto el tema de la Policía Nacional como la del Sistema Electoral, por el rango de institucionalidad que les caracteriza, nos lleva a la impostergable realidad del planteamiento de la convocatoria de una Verdadera Constituyente Popular, para la solución radical y de fondo de grandes males , como los aquí, analizados y que flagelan a la nacionalidad colombiana.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Una Izquierda No Vencida

Carlos Meneses Reyes

 

Resulta inadmisible la redacción de un artículo contentivo de análisis de un resultado electoral, con una conclusión: En Colombia la izquierda legal; es decir, la izquierda participativa sobreviviente del genocidio en la llamada “democracia colombiana”, ha sido desplazada, derrotada. Pero en modo alguno “borrada del mapa”, como agoreros lo pregonan; por la algarabía del vuelo noticioso del triunfo de la corrupción, del populismo de derecha; del en trono de la deshonestidad y la indecencia; de la consolidación del narco-estado, de la apología del delito como vencedora y de la vindicta anticomunista recalcitrante, que como ejemplo de dignidad moral de la nación colombiana presentan a los “vencedores”.

Lo difunden sin asomo de vergüenza, triunfantes ante la única reserva moral de Colombia, como lo continúa siendo, la de los lideres públicos de izquierda, socialdemócratas y librepensadores, valerosos e invaluables, que se le midieron a un entorno electoral asimétrico, desigual, institucionalmente corrupto; que jamás en el mundo podrá aceptarse como ileso.

Sabido es que los hechos políticos enrumban los aconteceres en la vida política de una sociedad o nación. La contienda electoral realizada en Colombia, ayer, 25 de octubre de 2015, no cabe calificarlo como un hecho político; como si lo es, un resultado institucional producto de la hechicería consagrada. Eso es más que ilegitimidad. De tal manera, que los hoy ungidos por el resultado de la “voluntad popular” son ejemplos de decencia y dignos de imitar: ¡perdón, pero me atoro!

No se trata sólo de ganar

El que la Alcaldía de Bogotá, con el significado de su cargo en el peso nacional, no lo haya ganado la socialdemocracia liberal, impulsada por el gobierno central del Presidente Santos, obedece al desfase de haber “quemado” en un candidato con antecedentes militaristas y signatario o firmante de las Convivir Uribeñas, como lo fue el entrometido funcionario ministerial Pardo Rueda. Claro que tenían la capacidad política de avizorar, ese sí, hecho político, de acuerdo con el Polo Alternativo Democrático y acorde con los acontecimientos de lo alcanzado en las negociaciones de La Mesa de La Habana. Reconociendo al menos el rédito moral de haber votado la izquierda por la reelección santista. Para la foto histórica hubiere quedado plasmada la sonriente figura del Dr. Horacio Serpa U al lado del Dr Alfonso Gómez Méndez; este sí consecuente en su ideario humanista. El impulso al candidato Pardo Rueda, objetivamente, fue un apoyo al candidato Peñaloza y en contra de la señora Clara López O. Como en modo alguno considerar que el “resultado” electoral en Bogotá, sea un “castigo” al Alcalde Petro, como quiera que la permanencia en su mandato obedeció a la decidida voluntad popular.

¿Y de las regiones qué?

Somero, al no calificar de pretensioso, tratar de analizar “sobre la marcha” lo sucedido en lo regional colombiano. Pero seamos osados, que es de por sí una virtud en política. Inocultable el golpe “electoral” a la extrema derecha recalcitrante y militarista Uribeña. Por el momento asoma el triunfo de una derecha no militarista; es decir, no Uribeña y guerrerista, conforme a las reservas mentales del generalato colombiano. Pero al fin y al cabo, al parecer, quedó consolidada una derecha, No varietur, para que nada se cambie.

De esa manera, independientemente de la posesión de los nuevos mandos políticos regionales en Colombia, el 1 de enero de 2016, resulta de particular interés la consecuente definición de las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) en torno a la imperiosa necesidad de definir un acercamiento real en una mesa de negociaciones, luego de este evento electoral. Lo del ELN es reconocido. Lo del EPL, absurdamente ignorado, por lo público estatal e internacional.

Del acontecer nacional

Independientemente de nuestro umbilical desconocimiento por ilegitimidad, a una justa electoral en Colombia; falso que en el ideario nacional, no intoxicado por la dictadura mediática, podamos afirmar que se trata ya de un lunes y de un nuevo día, luego de esas frustrantes elecciones. Pero es justo ahorrar calvario al transcurrir diario de nuestro pueblo.

El ditirambo, o lo elogioso, al desarrollo de las negociaciones en La Mesa de la Habana, consiste en la solidez, respeto, y trato como se ha afrontado la disímil consideración en torno a la definición de la aplicación de una Justicia, acorde con la prioridad de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, por parte de las dos fuerzas armadas enfrentadas: las del Estado colombiano y las de la Insurgencia.

De mis registros destacó que en una de las cumbres presidenciales el humanista y valioso uruguayo José Mujica, ante la tónica constante del Presidente Santos por la obtención de la paz en Colombia le advirtió: “No olvide, Señor Presidente, que llegará el momento en que tenga que decidir entre la Justicia y la Paz”. Indudablemente para garantía del país y de la comunidad internacional, a partir del pasado 17 de octubre, los capacitados integrantes de

La Comisión Jurídica Conjunta, en La Habana, cincela lo definitivo en torno a lo público de esa innovación de una justicia transicional, tanto para lo vernáculo como para lo del Derecho Público Internacional.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

No más Gatopardismo: Reformas de fondo y definitivas ya!

Carlos Meneses Reyes

Carlos Meneses

El día 23 de septiembre de 2015, el país nacional y la comunidad internacional, conocían el Comunicado Conjunto número 60, suscrito entre los Delegados Plenipotenciarios del Gobierno de Colombia y los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo, Farc-ep; mediante el cual Acordaron la Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

Mediante ese Acuerdo salvan la situación de estancamiento a que había llegado el asunto de reparación de las víctimas y en cuanto a la aplicación de una justicia, garante de no impunidad, respecto al juzgamiento e imposición de sanciones por la comisión de graves y representativos delitos, que se correspondan con violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Con el acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificaron las partes negociadoras, el compromiso por la obtención de una Justicia que al satisfacer los derechos de las víctimas, contribuya eficazmente a la debida reparación e igualmente a la construcción de una paz estable y duradera.

De trascendental e histórico se ha dado en calificar este paso; tanto por personalidades y voceros de entes internacionales, como de desapasionados exponentes del país político nacional. Contrastando en cambio con la inocultable animadversión de la mediática dictatorial, quienes pese a la luz para la salida del túnel de la confrontación armada, alientan la vindicta de la especulación y desinformación; bajo la parcialización, el equívoco y la negativa a la aceptación del inocultable empoderamiento del peso político de los hechos producidos y acontecimientos por venir.

Un punto de confluencia

Las conversaciones de Paz en la Mesa de La Habana entre el gobierno de la República de Colombia y la Insurgencia de las Farcep, han logrado reafirmar lo comprometedor de los acuerdos alcanzados tras tres años de conversaciones; presentándonos un panorama consecuencial de un paisaje de reformas profundas y de fondo a abordarse por la nación colombiana.

Los acuerdos logrados hasta la fecha: 1. Hacia una reforma Rural Integral, coincidiendo con un Nuevo Campo Colombiano. 2. La Participación política de la izquierda junto con la Apertura de una democratización de la práctica y contienda política en Colombia. 3. La búsqueda y logro a una solución al problema de las drogas ilícitas en el país. Se unen o confluyen al compromiso que satisfaga los derechos y garantías de reparación de las Víctimas; mediante la obtención de una fórmula de justicia que satisfaga el centro de interés de esas víctimas y por la construcción de una paz estable y duradera. Eso, así logrado, es lo que permite reafirmar en la obtención de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. La contundencia política de esos logros genera la dinámica propia para el compromiso de la contraparte estatal colombiana en erradicar para siempre el fenómeno contrainsurgente del paramilitarismo; condición esencial para el compromiso de NO Repetición y de dejación de las armas, conforme al sentir insurgente. También porque a los Acuerdos logrados se suma la del compromiso en la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Pues bien, ese Sistema Integralse consolida o confluye con el componente de la Justicia. Pues para ello, se presenta a Colombia y al mundo un Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que satisface los sentimientos de prevención de la comunidad internacional en cuanto al trato adecuado e imprescindible de observación a la no impunidad de delitos graves de lesa humanidad y violación a los derechos humanos durante las décadas sangrientas del conflicto armado colombiano y el sentir de las Víctimas.

De los acuerdos logrados hasta la fecha se desprende que el galimatías del gatopardismo de “cambiar todo, para no cambiar nada”, no tiene asiento en la Mesa de La Habana. Otro es el lenguaje obscuro y confuso con el que los enemigos de la solución política y civilizada al conflicto armado interno en Colombia, le imprimen a los hechos políticos consolidados. Todo con miras a generar la desinformación, contaminar el ambiente político general; aplicar la pusilanimidad y pesimismo y trastrocar el valioso poder de la palabra empeñada y el valor de la palabra acordada, como soportes del imaginario nacional. Como quien dice, que la palabra del gallero no vale! Todo a cambio de la permanencia en la obscuridad de la ignorancia y en la condena sempiterna por la constante oprobiosa de un actual estado de cosas, injusto, discriminador, desigual e insoportable.

De la naturaleza de la jurisdicción especial de paz (JEP)

Comencemos por destacar que no es de origen o carácter legal, como tampoco constitucional. Es de origen transicional, como corresponde – en el caso colombiano- a una situación de particular guerra inédita, en la que no asoman ni vencedores ni vencidos.

Convenida esa jurisdicción con los plenipotenciarios del Estado colombiano, bajo el mandato constitucional de ser la paz un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (artículo 22 ibídem) y conforme al artículo 93 constitucional de la protección y aplicación de los derechos humanos en las que interpretarán y aplicaran los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso de Colombia. Eso por una parte y por la contraparte plenipotenciaria insurgente, el aceptar ser juzgados; no por el sistema judicial colombiano, al que combaten y desconocen como rebeldes, sino por una instancia (judicial) de justicia alternativa.

De esa manera se suscribe la eficacia y competencia de una jurisdicción especial, para conocer, investigar y fallar con carácter de cosa juzgada universal, conductas plenamente tipificadas como delitos e identificados como violaciones graves a los derechos humanos internacionales; por violaciones a las normas internacionales de la guerra y caracterizados por un cometido de violación a lesa humanidad. Conocerá la Jurisdicción Especial de Paz no de numerus apertus de delitos; sino de los taxativamente escogidos.Aplicará esa JEP a todos los actores directos e indirectos del conflicto armado interno en Colombia. Sin lugar a distinción de jerarquía o personalidades individualmente considerados e identificados, como imputados.

La JEP se aplicará mediante la creación de un Tribunal de Paz, conformado por connotados y calificados juristas a nivel de magistrados de altas cortes; en un número de veinte nacionales y un máximo de 25% extranjeros; en predominio del principio del número impar para el efecto decisorio. Por ello no hace parte de la rama Judicial del Estado colombiano que predica el carácter de nacional colombiano por nacimiento, de sus magistrados; así como la jurisdicción de competencia dentro del territorio nacional; avalando pueda funcionar fuera del territorio patrio, conforme las condiciones lo ameriten. Esto último por desprenderse ello de la naturaleza ínsita del ente analizado. Por ende, los magistrados del Tribunal de Paz no serán nombrados conforme al procedimiento constitucional previsto en Colombia; sino conforme lo acuerden ambas contra partes involucradas. El Tribunal de Paz estará conformado o dividido en Salas, conforme al conocimiento de asuntos por separado que deba conocer cada una de ellas. Se mencionan varias Salas, tales como: – Sala de determinación de responsabilidades de los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. – Sala de determinación de responsabilidades con ocasión del conflicto económico, político social y ambiental durante décadas de guerra fratricida.- Sala de reconocimiento de la Verdad.

Concebimos un establecimiento o conformación de Salas de superada diligencia y eficacia; puesto que el amplio espectro de su conocimiento abarcará los denominados delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra; toma de rehenes y otra privación grave de la libertad; la tortura; el desplazamiento forzado; los falsos positivos, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la violación sexual, por motivo del conflicto. En fin toda una gama de delitos taxativamente señalados; en la que la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, no actuará como ente acusador, ni imputará, ni calificará presuntos responsables; sino que sustentará una valoración jurídica de los crímenes cometidos y objeto de la investigación por parte del Tribunal de Paz. Esa contrastación o técnicamente denominada prueba trasladada abarcará espacios como la de sanciones impuestas a los imputados por graves crímenes y de lesa humanidad, por otros organismos del Estado colombiano, las sentencias judiciales existentes y las informaciones probatorias que provengan de las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones de derechos humanos.

De la no afectación del ordenamiento constitucional colombiano

En cuanto a la judicialización de los delitos políticos de Rebelión, Sedición, Asonada y los delitos de conexidad, los insurgentes farianos y quienes con posterioridad se acojan al sistema de justicia transicional acordada, no serán juzgados por la rama judicial del Estado colombiano. Para ello se tramita amplio mandato de indulto y amnistía, con la expresa exclusión de crímenes graves y de lesa humanidad ya mencionados.

Con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), no se está reformando el Capítulo5 De Las Jurisdicciones Especiales; el cual no es vulnerado. Las únicas jurisdicciones de rango especial constitucional en Colombia son las del artículo 246 ibídem, referentes a las autoridades de los pueblos indígenas y la de los jueces de paz. En mi artículo: Justicia Penal Militar contra Juridicidad Insurgente, publicado en www.rebelión.org, expresaba que la llamada justicia penal militar, ni su manido fuero militar, constituían “jurisdicciones especiales”. Ahora, respecto a lo de la Insurgencia, la Justicia Especial de Paz (JEP), tampoco!.

Y para terminar con el presente limitado análisis, la tempestad en un vaso de agua, lo ha constituido la manifestación expresa de lo Acordado, en el sentido que la JEP, se aplicará y juzgará a TODOS los actores que hayan actuado en forma directa y/o indirecta en el conflicto armado y cometido– material o intelectualmente- delitos graves de violación de los derechos humanos internacionales, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Acorde con la naturaleza de la JEP atrás explicada, los presuntos autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante las décadas sangrientas del conflicto armado interno colombiano y en ellos coparticipes, en forma directa y /o indirecta, responderán, al igual que los insurgentes, a la citación de la JEP y su Tribunal de Paz; sin lugar a distinción de jerarquía o personalidades individualmente considerados (as) e identificados, como imputados. Obvio que allí quedan cobijados los ex presidentes de la República, como quiera que no tenga no gozan de fueros especiales alguno, por haber cesado en sus cargos. Como también los altos jerarcas del Estado y en particular los Generales y los Almirantes; quienes sí gozan de un fuero especial constitucional aún luego de haber dejado sus cargos: curiosa parsimonia del verdadero poder del militarismo en Colombia. Pero la citación a un jerarca militar de ese nivel por la JEP y su Tribunal de Paz no obedecerá a violación alguna a su rango constitucional (artículos 235 y 246 de la Constitución Política de Colombia) sino sobre el entendido que esa Jurisdicción Especial de Paz es de carácter extraterritorial y extra constitucional.

Aún quedan en el tintero temas como si a la Comisión de la Verdad, ya creada y de expectante necesidad de funcionamiento, implica la ventilación y conocimiento de los delitos atroces mencionados; sobre el presupuesto de una Sala de decisión en el Tribunal de Paz, encargada de la búsqueda de la Verdad en tan álgido asunto. Va nuestro aliento, no solo a los asesores jurídicos de ambas partes plenipotenciarias en La Mesa de La Habana; como el llamado al aporte de los juristas populares colombianos y solidarios internacionales, en la contribución a que tan fundada definición de carácter nacional e internacional de doctrina jurídica como lo es la Jurisdicción Especial de Paz, no sea enredada en leguleyadas.

Contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.4 Amplia amnistía (ley lo dirá)…que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.5. la JEP incluirá a todos los actores armados…6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

A quienes no toca la guerra

Carlos Meneses Reyes

 

Aunque soy un escéptico de las encuestas, por amañadas que sean reflejan un por tanto de asidero en una opinión clasificada. En el caso de la contraparte insurgente, al parecer acató el barómetro reflejado en el sentido de una tendencia mayoritaria entre el público colombiano de rechazar las conversaciones en La Mesa de La Habana e inclinarse por el fracaso de las negociaciones y dar carta blanca al régimen. Que todo obedeció al rompimiento al cese del fuego unilateral y no al valor de un comino que la mediática y la contraparte gubernamental le dieron a ese acto o gesto positivo de des escalonamiento del conflicto, que sin encuetas o no, por lo palpable de los acontecimientos, se expresó en más de un 80% de baja en ataques y enfrentamientos durante los casi seis meses en el que aplicó la medida del cese del fuego unilateral. Pero no. En una guerra irregular insurgente como la que padecemos en Colombia el juego de lo político-militar prima en su combinación. Al retomar la parte insurgente en conversaciones el auxilio del cese del fuego unilateral, lo hace como un gesto político de incuestionable valor patriótico. En estos escasos dos meses de escalonamiento del conflicto armado interno en Colombia, resaltan aspectos políticos colocados en el escenario nacional. Indubitable que con el incremento de las acciones armadas insurgentes ha quedado demostrado que la guerra afecta a todos y no existe sector de la población colombiana, por privilegiado que sea, que se pueda sustraer a sus efectos.

De saboteos económicos y ataques a la infraestructura

La insurgencia multiplica los ataques en el plano nacional. Al hacerlo desnuda la crueldad en poblaciones municipales agobiadas por el desconocimiento gubernamental a la observación y respeto de la normativa del derecho internacional humanitario (DIH) respecto al blindaje de cuarteles policiales dentro del casco urbano en muchos municipios. (Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, artículo 53). De inercia en voluntad política al pretender presentar el paisaje idílico de nuestros pueblos en que junto a la casa cural y la alcaldía está el puesto de policía; cuando por la naturaleza institucional y degradación del conflicto armado interno colombiano, no se cuenta en Colombia con una policía cívica, sino con una policía militar inserta en la doctrina militar de la seguridad nacional…En zona rural del corregimiento de El Mango, Municipio de Argelia, Cauca en el sureste del país, la población civil en rebeldía contra la institución policial que guarecía a 60 efectivos en el cuartel de la Policía, arrasó con maquinaria el puesto y trincheras. Indudablemente tomaban a la población como escudo, ante inminentes ataques de la insurgencia. Parecida situación se presenta en Las Mercedes, Norte de Santander, en que la insurgencia ha volado en varias ocasiones el cuartel, en pleno centro del casco urbano y sus efectivos pernoctan y viven en condiciones infrahumanas en ese puesto; impugnados de cualquier solidaridad ciudadana.

También incrementa el accionar militar en saboteos dirigidos contra las infraestructuras petroleras y eléctricas tendientes a golpear el sector económico y objetivos militares, del andamiaje estatal contra el que se han rebelado. Los efectos colaterales a la población afectada no se dejan esperar. El poder económico no grita por su herida. Clama por la depredación del medio ambiente. Pero nada tan hipócrita como eso. Empeñados en la entrega de los más preciados recursos naturales al capital invasor extranjero, con las locomotoras de extracción minera en el sinfín de contaminación y devastadora depredación del medio ambiente, por donde quiera que se les mire, repiten el escenario de afectación a las comunidades. Hoy con fariseos golpes de pecho especulan sobre la tragedia a que han sometido a toda la etnia y comunidad Wayuu en la Guajira, en la que para beneficio de la multinacional del carbón represaron y desviaron el río Ranchería; en un delito contra natura, que mantiene en extinción a esa comunidades y en número mayor el incremento de muerte de niños indígenas. Sin reparar y para mantener lo ganancioso para ellos de la renta petrolera, gubernamentalmente aprueban y legalizan la explotación petrolera mediante la técnica del fracking, que desgarra las entrañas de la tierra, contaminando el agua, el medio ambiente, repercutiendo en desbastador balance para la población circundante en donde se realiza. Esa técnica vetada en la mayoría de los países; aquí, producto de la embestida paramilitar que silencia la protesta ciudadana, continúan aplicándola. Un gobierno con interés en el beneficio particular de las multinacionales decreta la muerte de los páramos y el agua. Al no proteger los páramos y no excluirlos totalmente de la inspección y exploración para la explotación minera; atentan contra la vida misma de la población colombiana. Al no proteger los páramos de la amenaza de la proyección de construcción vial de la sonada cuarta generación; de la actividad de la agro industria extractiva; así como del mal manejo de residuos contaminantes, atentan contra el sistema ecológico. Es un crimen ecológico. No es un suicidio ecológico como tal, puesto que media la mano torticera y asesina de los interese plutocráticos del capital financiero internacional. Y ante el escalonamiento del conflicto armado interno, desplazan el interés por la protección de la vida de los combatientes de ambas fuerzas en contienda enfrentados, cargándola contra los resultados fatales del saboteo a la infraestructura económica y petrolera.

Aquí desconocen las causas de la tragedia ecológica con el mentís del calificativo que la escalada de la insurgencia incurre en delito de lesa humanidad y en violación al derecho internacional humanitario (DIH). De cuando acá los actos de guerra sirven para justificar la guerra misma? Nada más carente de ponderación, que eso. El galardonado premio Nobel de la paz, Barack Obama, al ordenar los bombardeos en Siria los ubicó textualmente, en las refinerías petroleras, en las infraestructuras viales, para asfixiar el desplazamiento del enemigo. El Fiscal General de Colombia nos deja súpitos cuando informa que en la larga lista de delitos contra la humanidad en que se enfrascará contra la dirigencia de la insurgencia, están los saboteos económicos y militares contra esos objetivos y ataques. Contradictoria manera de bailar con la más fea, cuando devalúa su llamado al quid del asunto en cuestión: la improrrogable decisión de un cese al fuego bilateral ya, entre el gobierno de turno y las insurgencias.

La persecución a los activistas sociales

En momentos en que repunta el movimiento popular y de masas, ante las flaquezas por el incumplimiento gubernamental a los acuerdos para el levantamiento del Paro Agrario y con los campesinos del Catatumbo en el año 2013; se instala una nueva etapa de la guerra Santista – Uribista en Colombia, esta vez con un bloque de poder de la oligarquía unida. Centran su objetivo en el movimiento sindical y popular.

La Fiscalía General informó el pasado miércoles 8 de julio que había detenido a 15 personas acusándolas de hacer parte de una célula subversiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y haber puesto las bombas que estremecieron a Bogotá y actos durante los últimos meses y desencadeno una histeria colectiva aupada por el alarmismo mediático. Resaltan que entre los capturados se encuentran tres contratistas del Distrito, entre ellos una reconocida abogada de derechos humanos; dos filósofos, un estudiante de educación comunitaria, un estudiante de geografía, un ingeniero agrónomo, una politóloga, un periodista de medio alternativo. Para sorpresa del ente acusador, el hecho derivó en reacción en cadena de activistas políticos y sociales, que se plantaron frente a la sede policial donde permanecían retenidos (Paloquemao), permaneciendo durante todo el día, estudiantes universitarios, familiares de los detenidos, miembros de Ong´s, esas sí no gubernamentales; denunciando persecución contra opositores gubernamentales y violencia contra líderes de organizaciones políticas y sociales; insertos como activistas en el proceso de unidad amplia y democrática que cursa en Bogotá bajo la dinámica política del próximo debate electoral.

Las denuncias por tal atropello por parte de personalidades políticas y organizaciones sociales no se hicieron esperar. El senador Alberto Castilla Sánchez, representante del Congreso de Los Pueblos, manifestó que los cargos redundan en precipitados y los detenidos fueron golpeados al allanar residencias. El representante popular a la Cámara, Dr. Alirio Uribe, resaltó lo infundado de las “pruebas” contra los detenidos. Un comunicado del Distrito indica: “La Administración expresa su solidaridad con los movimientos sociales y las organizaciones a las que, según se ha informado, pertenecen varios de los capturados por su presunta participación en estos hechos condenables y hace un llamado a la ciudadanía para que no se estigmatice a los integrantes de estos movimientos”. También La Delegación de Paz de las FARC-EP se solidarizó con el Congreso de los Pueblos con ocasión de la detención arbitraria de esos dirigentes y activistas. Todo ello conlleva a que se califique las mencionadas detenciones como UN FALSO POSITIVO JUDICIAL, rememorando lo indeleble de la mancha del Presidente Santos cuando fue ministro de la guerra del presidente Uribeño.

Del perfil de los detenidos

A la agraciada abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Paola Andrea Salgado Piedrahita, defensora de la NO violencia contra la mujer, le incautaron sus computadores personales y de escritorio, libros de estudio y la trasladaron a los calabozos de la Sijín. Su dedicada labor como activista fue reconocida por la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez y Mauricio Albarracín, ex Director de La Red Nacional de Mujeres. Mónica Roa, de Women’s Link WorldWide escribió: “Conozco a Paola Salgado desde hace ocho años”. La senadora por mandato popular Piedad Córdoba R, también abogó por ella aludiendo a la justicia mediática. Santiago Pardo, abogado que trabaja en la Corte Constitucional, expresó su testimonio de excepción de cómo la conoce. La representante a la Cámara Angélica Lozano trinó que “desde hace cinco años conozco a Paola Salgado”. Por su parte, Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, conoce a Paola desde hace 11 años. Para Irene Arenas, que lideró la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), es ilógico que Paola sea involucrada con una organización armada, recorrió el país para organizar el Proceso Nacional Identidad Estudiantil.

Stefani Lorena Romo, de 23 años, actualmente es Funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital, bajo la modalidad de contratista, que es como se disfraza la forma de dependencia laboral. Sus ocupaciones en el Congreso de los Pueblos consumían buena parte de sus días. Por su activismo recibía amenazas de los paramilitares Las Águilas Negras, en Pasto. Ella se había venido a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Vive en Barrio Galerías, Bogotá.

Sergio Esteban Segura Guiza, periodista en medios alternos de comunicación, como portal Colombia Informa. Docente universitario; vinculado al Distrito, también bajo la modalidad de contrato en la Secretaría de Educación.

Andrés Felipe Rodríguez Parra. Filosofo de la Universidad Nacional. Vive en Suba. Apasionado del estudio, la lectura y dedicado a la Tecnología.

Heiler Lamprea, representante al Consejo de la Universidad Pedagógica, de 25 años de edad y su compañera sentimental citada, Ellen Torres.

Los hermanos Lizhel y John Acosta, ambos estudiantes universitarios, de 21 y 19 años respectivamente.

Daniel Camilo Rodríguez Hernández, Gerson Alexander Yacumal Ruíz, FelixGutierrez Díaz, Daniel Eduardo Muñoz, Luís Daniel Jiménez, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, como estudiantes y profesionales; ninguno de ellos sobrepasa los 35 años de edad.

Los 15 ya son 13 y de la prueba de fuego a la fiscalía

Mientras los activistas y líderes de procesos sociales están detenidos y la Jueza 52 de Garantías esperan los fundamentos probatorios, dos estudiantes detenidos y no mencionados por este medio para evitar la estigmatización derechista, fueron puestos en libertad. ¿Por falta de qué? pues de pruebas, las cuales las están cocinando en la Fiscalía.

Valida el así hablar cuando ante la incursión de inteligencia contrainsurgente urbana nos lleva a preguntarnos : y cómo es que investiga el CTI de la Fiscalía? En momentos en que la VERDAD clama por el levantamiento del velo de los archivos de inteligencia, para el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, las de detenidos- desaparecidos, las de los falsos positivos y corrupción institucional; irrumpe con este golpe de opinión la Fiscalía General para afrontar la inminencia del escalonamiento de la guerra civil en Colombia a niveles de actuación insurgentes en las ciudades colombianas. Claro que son considerables las sumas presupuestarias para hacerlo. Pero podrá la Fiscalía General de la Nación cumplir con el mandato constitucional de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten (Artículo 250 de la CP, in situ). Podrá hacerlo ante la permanencia de un entorno belicista que inspira al Estado colombiano, imbuido por la doctrina de la seguridad nacional y el derecho penal del enemigo interno? Podrá anidar esa ilusión mientras no se proscriba el anticomunismo y el guerrerismo militarista? Se encara así, la verdadera función de la rama judicial y el verdadero concepto de policía judicial. Pero no. La inteligencia militar castrense que es otra “justicia” pronto se pronunciará y no faltará el desviado legalista que pese a no estar todo acordado, las garantías para la oposición al régimen y para la izquierda estarían dadas (…).

En el escenario político nacional también pesa la presencia y actuación beligerante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según declaración de su Comandante Antonio García en medios argentinos, para el ELN, es fundamental y de primer orden el rol y el protagonismo de la sociedad civil en todas las formas del proceso de participación política en Colombia. Y en entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista- Gabino- Comandante máximo del ELN en Colombia, recalca que “la guerrilla colombiana está inserta en el país desde siempre”. “¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos, lo que llamamos los voceros oficiales. La gran mayoría de hombres y mujeres de nuestro organismo de Dirección Nacional no son públicos//. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación, y que el gobierno y otra gente no los reconozcan, es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba ni estamos en las selvas inhóspitas, estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima y no tienen el uniforme militar, sino que están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos y a lo largo y ancho del país”.

Partiendo de esos presupuestos y ante una fuerza insurgente clandestina, cincuentenaria, en la lucha armada nacional, inquieta si bajo esa tesitura focalizada el CTI de la Fiscalía desarrollará una estrategia contrainsurgente para contener ese activar urbano. Considero que ni a los “sabios” del Pentágono y de la CIA, se les ocurrirá calificar ese evento como de “combinación de las formas de lucha” para que lo reciten los cipayos nacionales. De ser así la incrementación del paramilitarismo terrorista de Estado entrará en auge. La cacería de brujas, implacable. No habrá escondedero que valga y la solución definitiva al conflicto armado interno colombiano se alejará. De manera que se coloca al orden del día los resultados de La Comisión Facilitadora Civil de Acercamientos con el ELN, en momentos en que aceptan el entorno de La Mesa de La Habana y clama el apoyo internacional a un cese del juego bilateral al respecto.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Las Armas Igualan

Carlos Meneses Reyes

Carlos Meneses
Carlos Meneses Reyes.

 

Un día de mayo de 1970, salía de la Cafetería Central, en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y vi a un paisano de Provincia, vecino de mi barrio – cantante por cierto- enfrascado en inminente pelea contra corpulento costeño de 1.80 metros e interviniendo grité: – Oí, vos, con 1.50 metros, que vas a pelear con ese. Y me contestó: “Carlos, las armas igualan” (…) (!!!).

Sin incurrir en simplismos, pareciere que el militarismo adocenado en Colombia desconociere tan cruda realidad palpada en la sindéresis del enfrentamiento insurgencia- ejército colombiano y en el entorno del fatídico desarrollo del conflicto armado interno colombiano.

Falso que debido al rompimiento de la tregua unilateral de las Farc-ep, se haya retrocedido en la búsqueda de la solución política para el fin del conflicto armado en Colombia. El peso político sustancial lo determinó la instalación de La Mesa de La Habana, que con sacrificio y dolor, aún no ahorrados al pueblo colombiano, continúa. Lamentablemente se ha fallado en el des escalonamiento del conflicto. No se ha afectado la llamada buena fe que ha de prevalecer entre las partes contrincantes en conversación sobre el presupuesto que ab initio acordaron de negociar al calor del conflicto y no de la reflexión pausada del silenciamiento de los fusiles. Pero de ahí que la preponderante base de “nada está acordado, hasta que todo esté acordado” no haya degenerado en entelequia, es otra cosa.

En eso cada parte en confrontación pareciere escudarse. El establecimiento gubernamental para impulsar sus planes a futuro mediato, expresado en la dinámica legislativa impuesta contra las aspiraciones del campesinado colombiano; las adocenadas políticas neoliberales como si nada estuviera sucediendo y el complejo escenario de presencia actual del paramilitarismo que se viene practicando y causa aprehensión; lo cual – a su vez- está generando positivo relacionamiento del movimiento popular y de masas hacia la acción y en tanto, la contraparte insurgente incurre en una especie de marasmo, sino moral, al menos físico, en cuanto a determinar en qué aspectos puntuales ajusta, definitivamente, sus alcances para dar el salto inminente para el Acuerdo Definitivo; dado ya el esclarecimiento de la existencia de una Comisión de la Verdad Histórica del conflicto en Colombia.

Cómo llegar a un acuerdo definitivo

Punto álgido a asumir. El planteamiento por parte de la insurgencia esta consecuencialmente claro: definición por parte del Establecimiento-con la venia del imperio y no del cipayo interés militarista y oligárquico colombiano- de un cese bilateral definitivo a toda confrontación armada en el territorio nacional. Esto conllevaría a un inminente cambio en el escenario nacional: Uno, reconocimiento de una institucionalidad militar con todos sus espectros de soberanía nacional y territorial en el mapa político nacional. Dos, continuada presencia insurgente en tradicionales zonas de influencia sin símbolos de iconografía desafiantes. También efectos esenciales, a nuestro modesto modo de ver: facilitación al Acuerdo para que la Insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N), se siente a manteles en la Mesa de Negociación para el fin del conflicto armado interno en Colombia y definición a tomarse por parte del Partido Comunista Marxista-Leninista, en clandestinidad, y su expresión armada el Ejército Popular de Liberación (E.P.L), con el mismo objetivo de definición histórica nacional.

De los instrumentos a implementarse

Para no redundar, se cuenta con un dinámico escenario, tanto nacional, como internacional, para implementar el uso y aplicación de mecanismos viables, tendientes a lograr la materialización del acuerdo del cese bilateral definitivo del fuego. No es momento de entrar en discusiones semánticas si será por medio de un “Acuerdo Plenipotenciario”! o por un “Armisticio” o por una “Capitulación”. No obstante diferenciemos:

Un armisticio consiste en la suspensión de las agresiones entre dos grupos (países, naciones, facciones) que se encuentran enfrentados en una lucha armada. El término armisticio proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a la suspensión de hostilidades que se pacta entre ejércitos o facciones en conflicto. El armisticio aparece como una suspensión temporal y convencional de las hostilidades. Es suspensión. (Definiciones tomadas del internet).

Acuerdo o Convención: en la acepción del derecho internacional privado (DIP) obedece a manifestación expresa y libre, de voluntades de partes vinculantes.

Capitulación

Se conoce como capitulación al convenio en que se estipula la rendición de un ejército, facción armada insurgente o rebelde, con entrega de plaza o punto fortificado. Se llama capitulación debido a los capítulos que prevé todo un suceso de entrega o rendición.

El lector en su sapiencia interpretativa sabrá ajustar cuál de las denominaciones es la que aplica al escenario real y objetivo colombiano.

Conclusión

Asistimos al repaso histórico de una Colombia en que definitivamente están dadas las condiciones tanto subjetivas internas como objetivas internacionales, para erigirnos como un país civilizado en la solución definitiva de la cruenta lucha armada por todos y todas padecida. Paz y jamás olvido a los caídos!

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Un ataque ni tan dorado, ni tan dorada la píldora

Carlos Meneses Reyes
Carlos Meneses
Carlos Meneses.

Una nueva gota fría cae sobre el recipiente del proceso de conversaciones en La Mesa de La Habana. Pero esta vez, tampoco rebosó la copa, desbordándose lo alcanzado, conforme a la imaginación de la mediática y de los enemigos del proceso de negociaciones, para alcanzar una superación civilizada y política al conflicto interno armado colombiano.

Los sucesos del martes 14 de abril, en que una columna insurgente de las Farc-ep, ataca un campamento del ejército gubernamental colombiano, con un saldo de 11 militares muertos e igual número de efectivos heridos y baja de un rebelde “vestido todo de negro”, ha suscitado aspavientos de furiosos ecos militaristas de la extrema derecha colombiana; de los enemigos furibundos del desarrollo de conversaciones en el proceso de La Habana, la cúpula en las FF.MM y por supuesto el ministro de la guerra Pinzón, y los feroces enemigos de la búsqueda de la paz en Colombia, como el disidente del Establecimiento senador Álvaro Uribe V, el procurador Ordoñez y ahora la adornada figura del Fiscal General con una sorprendente tesis que los soldados acribillados , corresponde a crimen u homicidio en persona protegida por el Derecho Internacional humanitario. (DIH).

En consonancia con una excesiva demostración de los medios de enajenación masiva, alimentando la ruptura del cese unilateral al fuego de la parte insurgente y la terminación de las conversaciones en La Habana; resultado del cruento incidente insurgente fue la revocatoria presidencial de cese a los bombardeos aéreos a campamentos de la insurgencia por la clasificatoria de deliberado ataque contra las unidades del ejército colombiano, acampadas y adentradas en lo intricado de la oscuridad de la selva.

Del escenario territorial

Los voceros castrenses gubernamentales sostienen que fueron sus tropas atacadas cuando realizaban operaciones de control territorial en la vereda La Esperanza, municipio Buenos Aires, Norte del Cauca. Esto de un factor territorial ubicado y definido corresponde para una apreciación no ligera, de calificación de la acción insurgente; dado que a la luz del Derecho Internacional Público (DIP) el status de Plenipotenciarios que ostentan los voceros de la Insurgencia de las Farc-ep y su contraparte el Gobierno del Estado colombiano, en la Mesa de La Habana, califica la situación padecida en Colombia de Conflicto Armado Interno (CAI).

En la pasada medianoche del martes 14, los rebeldes insurgentes no atacaron una fortificación o plaza militar. Atacaron un campamento militar al que efectivos del ejército colombiano instalaron como lugar donde descansar. Ese campamento ubicado en lo enmarañado de la espesa selva colombiana; así oculto y sobreprotegido bajo la oscuridad de la manigua y la noche, se dispusieron las tropas, seguramente andariegas durante la luz del día, alojarse en ese lugar despoblado; bajo la elemental mira de vigías o centinelas. Por consiguiente no obedeció a premeditado ataque a fortificación, instalación, cuartel o edificación del ejército colombiano.

De la novedosa tesis del fiscal general

Las declaradas afirmaciones divulgadas por el Fiscal Montealegre en el sentido que en el ataque al campamento del ejército se incurrió en una violación al DIH, por haberse cometido crimen en persona protegida y en tal sentido la veintena de víctimas causadas, en este caso, los soldados del ejército nacional, gozaban de ese status de protección internacional; causan atención, no tanto por lo casuísticas, como por el manifestó interés del efecto político-que no jurídico- de su acusación.

Entre las acepciones para comprender esta figura del Derecho Internacional Público de persona protegida, está la del Comité Internacional de la Cruz Roja: “se denomina personas protegidas a aquellas que, en tiempo de guerra, se benefician de la protección establecida en los tratados o en el derecho internacional humanitario consuetudinario”. “En particular, son personas protegidas los heridos, los enfermos, los prisioneros, los náufragos y los civiles que no participan directamente en las hostilidades. Así mismo, son personas protegidas el personal médico y religioso, los voluntarios de sociedades de socorro y los miembros de organismos de protección civil”.

Con lo anterior demuestra el Fiscal Montealegre que no es un teórico de la doctrina militar. Anuncia sí una tesis, y como tal proposición de asunto de un tema como para deliberar. La calificación de Conflicto Armado Interno en Colombia, implica escenarios y sucesos de guerra y un efectivo o actor material de la guerra no incluye en esa calificación de persona protegida.

De los efectos del cese del fuego o cese de hostilidades

En una confrontación armada como la colombiana, obvio que una decisión, sea unilateral o bilateral de cese del fuego, contrae efectos para las partes que lo proponen. La decisión unilateral de la insurgencia de un cese del fuego y así expresado en que cesa cualquier acción ofensiva contra instalaciones gubernamentales y/o castrenses y extensivas a la infraestructura económica, contribuye a la lectura de no atacar; pero ellos se reservaron el derecho de contraatacar y defenderse al ser agredidos. La vocería oficial gubernamental afirmó que la contraparte insurgente había cumplido con lo del cese del fuego unilateral y en retribución se expidió la orden presidencial de no bombardeos a los campamentos insurgentes. Pero esta decisión unilateral de la fuerza insurgente fue puesta en riesgo conforme a denuncias reiteradas por su parte, en el sentido que desde el mes de febrero las tropas del ejército colombiano intensificaban sus ataques contra las infraestructuras de las farc-ep, afectaban a la población civil y sobre el entendido que el ejército aplica ordenes de sus mandos encabezados por el Ministro de la Defensa y el Presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Sabido es que el derecho internacional rige bajo principios consuetudinarios. De tal manera que la decisión de un actor del Derecho Internacional, como lo es la insurgencia colombiana, al declarar el cese unilateral de fuego le incumben responsabilidades subyacentes, puesto que ellos se colocan no en un estadio de combate sino de cese o tregua de hostilidades. En el caso de marras las tropas gubernamentales se encontraban mimetizadas en lo oscuro de la manigua. El ataque no se dio a un edificio o instalación militar, con tropas acuarteladas. Confronta ello con lo denunciado por analistas y medios alternativos de información sobre el riesgo o suerte que corría el cese del fuego o tregua unilateral por las diferentes acciones practicadas por las Fuerzas Armadas gubernamentales con bajas comprobadas, en las filas insurgentes.

Conclusión

1.- De manera que lo sucedido en la nefasta noche del pasado martes 14 de abril enmarca dentro de las acciones propias de un estadio de guerra en un conflicto armado interno generalizado como el colombiano. Sí es una violación a la ley y a la constitución; pero por parte de una fuerza insurgente que desconoce esa institucionalidad y legalidad. Conforme a lo manifestado por el constitucionalista Jaime Córdoba Triviño, “se trata de una típica emboscada. Ese no es un acto prohibido por el DIH, es un acto prohibido por el Código Penal. Eso es un homicidio agravado porque están en incapacidad de resistir”. Sin embargo, al parecer, si hubo resistencia. De manera que la tesis del Fiscal General no tiene asidero a la luz del DIH y si del derecho penal colombiano, bajo el delito político de Rebelión y sus conexos.

2.- Bajo los presupuestos del DIH, en esto del cese de fuego o tregua unilateral de la insurgencia aplican los Principios Universales de los “Actos propios” y de “Buena fe”; en el sentido que al no declarar previamente la contraparte insurgente el cese de fuego unilateral o tregua unilateral, no procede ventaja y le está vedado un ataque sorpresivo contra instalaciones de la fuerza pública y de la infraestructura económica; es decir, conforme al ámbito de su compromiso.

3.- Mantenido como está el cese o tregua unilateral por parte de la insurgencia, correspondería a la parte gubernamental conforme al Principio de Reciprocidad que rige al Derecho Internacional Público, reordenar el cese a los bombardeos a campamentos guerrilleros, con las secuelas de afectación a la población civil que los mismos conllevan.

4.- Las consecuencias trágicas del conflicto armado imploran la decisión política del Acuerdo de Un Cese de Fuego y de Hostilidades en forma Bilateral, desde ya!.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/