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A quienes no toca la guerra

Escrito en 13/07/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Aunque soy un escéptico de las encuestas, por amañadas que sean reflejan un por tanto de asidero en una opinión clasificada. En el caso de la contraparte insurgente, al parecer acató el barómetro reflejado en el sentido de una tendencia mayoritaria entre el público colombiano de rechazar las conversaciones en La Mesa de La Habana e inclinarse por el fracaso de las negociaciones y dar carta blanca al régimen. Que todo obedeció al rompimiento al cese del fuego unilateral y no al valor de un comino que la mediática y la contraparte gubernamental le dieron a ese acto o gesto positivo de des escalonamiento del conflicto, que sin encuetas o no, por lo palpable de los acontecimientos, se expresó en más de un 80% de baja en ataques y enfrentamientos durante los casi seis meses en el que aplicó la medida del cese del fuego unilateral. Pero no. En una guerra irregular insurgente como la que padecemos en Colombia el juego de lo político-militar prima en su combinación. Al retomar la parte insurgente en conversaciones el auxilio del cese del fuego unilateral, lo hace como un gesto político de incuestionable valor patriótico. En estos escasos dos meses de escalonamiento del conflicto armado interno en Colombia, resaltan aspectos políticos colocados en el escenario nacional. Indubitable que con el incremento de las acciones armadas insurgentes ha quedado demostrado que la guerra afecta a todos y no existe sector de la población colombiana, por privilegiado que sea, que se pueda sustraer a sus efectos.

De saboteos económicos y ataques a la infraestructura

La insurgencia multiplica los ataques en el plano nacional. Al hacerlo desnuda la crueldad en poblaciones municipales agobiadas por el desconocimiento gubernamental a la observación y respeto de la normativa del derecho internacional humanitario (DIH) respecto al blindaje de cuarteles policiales dentro del casco urbano en muchos municipios. (Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, artículo 53). De inercia en voluntad política al pretender presentar el paisaje idílico de nuestros pueblos en que junto a la casa cural y la alcaldía está el puesto de policía; cuando por la naturaleza institucional y degradación del conflicto armado interno colombiano, no se cuenta en Colombia con una policía cívica, sino con una policía militar inserta en la doctrina militar de la seguridad nacional…En zona rural del corregimiento de El Mango, Municipio de Argelia, Cauca en el sureste del país, la población civil en rebeldía contra la institución policial que guarecía a 60 efectivos en el cuartel de la Policía, arrasó con maquinaria el puesto y trincheras. Indudablemente tomaban a la población como escudo, ante inminentes ataques de la insurgencia. Parecida situación se presenta en Las Mercedes, Norte de Santander, en que la insurgencia ha volado en varias ocasiones el cuartel, en pleno centro del casco urbano y sus efectivos pernoctan y viven en condiciones infrahumanas en ese puesto; impugnados de cualquier solidaridad ciudadana.

También incrementa el accionar militar en saboteos dirigidos contra las infraestructuras petroleras y eléctricas tendientes a golpear el sector económico y objetivos militares, del andamiaje estatal contra el que se han rebelado. Los efectos colaterales a la población afectada no se dejan esperar. El poder económico no grita por su herida. Clama por la depredación del medio ambiente. Pero nada tan hipócrita como eso. Empeñados en la entrega de los más preciados recursos naturales al capital invasor extranjero, con las locomotoras de extracción minera en el sinfín de contaminación y devastadora depredación del medio ambiente, por donde quiera que se les mire, repiten el escenario de afectación a las comunidades. Hoy con fariseos golpes de pecho especulan sobre la tragedia a que han sometido a toda la etnia y comunidad Wayuu en la Guajira, en la que para beneficio de la multinacional del carbón represaron y desviaron el río Ranchería; en un delito contra natura, que mantiene en extinción a esa comunidades y en número mayor el incremento de muerte de niños indígenas. Sin reparar y para mantener lo ganancioso para ellos de la renta petrolera, gubernamentalmente aprueban y legalizan la explotación petrolera mediante la técnica del fracking, que desgarra las entrañas de la tierra, contaminando el agua, el medio ambiente, repercutiendo en desbastador balance para la población circundante en donde se realiza. Esa técnica vetada en la mayoría de los países; aquí, producto de la embestida paramilitar que silencia la protesta ciudadana, continúan aplicándola. Un gobierno con interés en el beneficio particular de las multinacionales decreta la muerte de los páramos y el agua. Al no proteger los páramos y no excluirlos totalmente de la inspección y exploración para la explotación minera; atentan contra la vida misma de la población colombiana. Al no proteger los páramos de la amenaza de la proyección de construcción vial de la sonada cuarta generación; de la actividad de la agro industria extractiva; así como del mal manejo de residuos contaminantes, atentan contra el sistema ecológico. Es un crimen ecológico. No es un suicidio ecológico como tal, puesto que media la mano torticera y asesina de los interese plutocráticos del capital financiero internacional. Y ante el escalonamiento del conflicto armado interno, desplazan el interés por la protección de la vida de los combatientes de ambas fuerzas en contienda enfrentados, cargándola contra los resultados fatales del saboteo a la infraestructura económica y petrolera.

Aquí desconocen las causas de la tragedia ecológica con el mentís del calificativo que la escalada de la insurgencia incurre en delito de lesa humanidad y en violación al derecho internacional humanitario (DIH). De cuando acá los actos de guerra sirven para justificar la guerra misma? Nada más carente de ponderación, que eso. El galardonado premio Nobel de la paz, Barack Obama, al ordenar los bombardeos en Siria los ubicó textualmente, en las refinerías petroleras, en las infraestructuras viales, para asfixiar el desplazamiento del enemigo. El Fiscal General de Colombia nos deja súpitos cuando informa que en la larga lista de delitos contra la humanidad en que se enfrascará contra la dirigencia de la insurgencia, están los saboteos económicos y militares contra esos objetivos y ataques. Contradictoria manera de bailar con la más fea, cuando devalúa su llamado al quid del asunto en cuestión: la improrrogable decisión de un cese al fuego bilateral ya, entre el gobierno de turno y las insurgencias.

La persecución a los activistas sociales

En momentos en que repunta el movimiento popular y de masas, ante las flaquezas por el incumplimiento gubernamental a los acuerdos para el levantamiento del Paro Agrario y con los campesinos del Catatumbo en el año 2013; se instala una nueva etapa de la guerra Santista – Uribista en Colombia, esta vez con un bloque de poder de la oligarquía unida. Centran su objetivo en el movimiento sindical y popular.

La Fiscalía General informó el pasado miércoles 8 de julio que había detenido a 15 personas acusándolas de hacer parte de una célula subversiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y haber puesto las bombas que estremecieron a Bogotá y actos durante los últimos meses y desencadeno una histeria colectiva aupada por el alarmismo mediático. Resaltan que entre los capturados se encuentran tres contratistas del Distrito, entre ellos una reconocida abogada de derechos humanos; dos filósofos, un estudiante de educación comunitaria, un estudiante de geografía, un ingeniero agrónomo, una politóloga, un periodista de medio alternativo. Para sorpresa del ente acusador, el hecho derivó en reacción en cadena de activistas políticos y sociales, que se plantaron frente a la sede policial donde permanecían retenidos (Paloquemao), permaneciendo durante todo el día, estudiantes universitarios, familiares de los detenidos, miembros de Ong´s, esas sí no gubernamentales; denunciando persecución contra opositores gubernamentales y violencia contra líderes de organizaciones políticas y sociales; insertos como activistas en el proceso de unidad amplia y democrática que cursa en Bogotá bajo la dinámica política del próximo debate electoral.

Las denuncias por tal atropello por parte de personalidades políticas y organizaciones sociales no se hicieron esperar. El senador Alberto Castilla Sánchez, representante del Congreso de Los Pueblos, manifestó que los cargos redundan en precipitados y los detenidos fueron golpeados al allanar residencias. El representante popular a la Cámara, Dr. Alirio Uribe, resaltó lo infundado de las “pruebas” contra los detenidos. Un comunicado del Distrito indica: “La Administración expresa su solidaridad con los movimientos sociales y las organizaciones a las que, según se ha informado, pertenecen varios de los capturados por su presunta participación en estos hechos condenables y hace un llamado a la ciudadanía para que no se estigmatice a los integrantes de estos movimientos”. También La Delegación de Paz de las FARC-EP se solidarizó con el Congreso de los Pueblos con ocasión de la detención arbitraria de esos dirigentes y activistas. Todo ello conlleva a que se califique las mencionadas detenciones como UN FALSO POSITIVO JUDICIAL, rememorando lo indeleble de la mancha del Presidente Santos cuando fue ministro de la guerra del presidente Uribeño.

Del perfil de los detenidos

A la agraciada abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Paola Andrea Salgado Piedrahita, defensora de la NO violencia contra la mujer, le incautaron sus computadores personales y de escritorio, libros de estudio y la trasladaron a los calabozos de la Sijín. Su dedicada labor como activista fue reconocida por la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez y Mauricio Albarracín, ex Director de La Red Nacional de Mujeres. Mónica Roa, de Women’s Link WorldWide escribió: “Conozco a Paola Salgado desde hace ocho años”. La senadora por mandato popular Piedad Córdoba R, también abogó por ella aludiendo a la justicia mediática. Santiago Pardo, abogado que trabaja en la Corte Constitucional, expresó su testimonio de excepción de cómo la conoce. La representante a la Cámara Angélica Lozano trinó que “desde hace cinco años conozco a Paola Salgado”. Por su parte, Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, conoce a Paola desde hace 11 años. Para Irene Arenas, que lideró la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), es ilógico que Paola sea involucrada con una organización armada, recorrió el país para organizar el Proceso Nacional Identidad Estudiantil.

Stefani Lorena Romo, de 23 años, actualmente es Funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital, bajo la modalidad de contratista, que es como se disfraza la forma de dependencia laboral. Sus ocupaciones en el Congreso de los Pueblos consumían buena parte de sus días. Por su activismo recibía amenazas de los paramilitares Las Águilas Negras, en Pasto. Ella se había venido a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Vive en Barrio Galerías, Bogotá.

Sergio Esteban Segura Guiza, periodista en medios alternos de comunicación, como portal Colombia Informa. Docente universitario; vinculado al Distrito, también bajo la modalidad de contrato en la Secretaría de Educación.

Andrés Felipe Rodríguez Parra. Filosofo de la Universidad Nacional. Vive en Suba. Apasionado del estudio, la lectura y dedicado a la Tecnología.

Heiler Lamprea, representante al Consejo de la Universidad Pedagógica, de 25 años de edad y su compañera sentimental citada, Ellen Torres.

Los hermanos Lizhel y John Acosta, ambos estudiantes universitarios, de 21 y 19 años respectivamente.

Daniel Camilo Rodríguez Hernández, Gerson Alexander Yacumal Ruíz, FelixGutierrez Díaz, Daniel Eduardo Muñoz, Luís Daniel Jiménez, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, como estudiantes y profesionales; ninguno de ellos sobrepasa los 35 años de edad.

Los 15 ya son 13 y de la prueba de fuego a la fiscalía

Mientras los activistas y líderes de procesos sociales están detenidos y la Jueza 52 de Garantías esperan los fundamentos probatorios, dos estudiantes detenidos y no mencionados por este medio para evitar la estigmatización derechista, fueron puestos en libertad. ¿Por falta de qué? pues de pruebas, las cuales las están cocinando en la Fiscalía.

Valida el así hablar cuando ante la incursión de inteligencia contrainsurgente urbana nos lleva a preguntarnos : y cómo es que investiga el CTI de la Fiscalía? En momentos en que la VERDAD clama por el levantamiento del velo de los archivos de inteligencia, para el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, las de detenidos- desaparecidos, las de los falsos positivos y corrupción institucional; irrumpe con este golpe de opinión la Fiscalía General para afrontar la inminencia del escalonamiento de la guerra civil en Colombia a niveles de actuación insurgentes en las ciudades colombianas. Claro que son considerables las sumas presupuestarias para hacerlo. Pero podrá la Fiscalía General de la Nación cumplir con el mandato constitucional de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten (Artículo 250 de la CP, in situ). Podrá hacerlo ante la permanencia de un entorno belicista que inspira al Estado colombiano, imbuido por la doctrina de la seguridad nacional y el derecho penal del enemigo interno? Podrá anidar esa ilusión mientras no se proscriba el anticomunismo y el guerrerismo militarista? Se encara así, la verdadera función de la rama judicial y el verdadero concepto de policía judicial. Pero no. La inteligencia militar castrense que es otra “justicia” pronto se pronunciará y no faltará el desviado legalista que pese a no estar todo acordado, las garantías para la oposición al régimen y para la izquierda estarían dadas (…).

En el escenario político nacional también pesa la presencia y actuación beligerante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según declaración de su Comandante Antonio García en medios argentinos, para el ELN, es fundamental y de primer orden el rol y el protagonismo de la sociedad civil en todas las formas del proceso de participación política en Colombia. Y en entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista- Gabino- Comandante máximo del ELN en Colombia, recalca que “la guerrilla colombiana está inserta en el país desde siempre”. “¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos, lo que llamamos los voceros oficiales. La gran mayoría de hombres y mujeres de nuestro organismo de Dirección Nacional no son públicos//. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación, y que el gobierno y otra gente no los reconozcan, es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba ni estamos en las selvas inhóspitas, estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima y no tienen el uniforme militar, sino que están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos y a lo largo y ancho del país”.

Partiendo de esos presupuestos y ante una fuerza insurgente clandestina, cincuentenaria, en la lucha armada nacional, inquieta si bajo esa tesitura focalizada el CTI de la Fiscalía desarrollará una estrategia contrainsurgente para contener ese activar urbano. Considero que ni a los “sabios” del Pentágono y de la CIA, se les ocurrirá calificar ese evento como de “combinación de las formas de lucha” para que lo reciten los cipayos nacionales. De ser así la incrementación del paramilitarismo terrorista de Estado entrará en auge. La cacería de brujas, implacable. No habrá escondedero que valga y la solución definitiva al conflicto armado interno colombiano se alejará. De manera que se coloca al orden del día los resultados de La Comisión Facilitadora Civil de Acercamientos con el ELN, en momentos en que aceptan el entorno de La Mesa de La Habana y clama el apoyo internacional a un cese del juego bilateral al respecto.

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Las Armas Igualan

Escrito en 17/06/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Un día de mayo de 1970, salía de la Cafetería Central, en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y vi a un paisano de Provincia, vecino de mi barrio – cantante por cierto- enfrascado en inminente pelea contra corpulento costeño de 1.80 metros e interviniendo grité: – Oí, vos, con 1.50 metros, que vas a pelear con ese. Y me contestó: “Carlos, las armas igualan” (…) (!!!).

Sin incurrir en simplismos, pareciere que el militarismo adocenado en Colombia desconociere tan cruda realidad palpada en la sindéresis del enfrentamiento insurgencia- ejército colombiano y en el entorno del fatídico desarrollo del conflicto armado interno colombiano.

Falso que debido al rompimiento de la tregua unilateral de las Farc-ep, se haya retrocedido en la búsqueda de la solución política para el fin del conflicto armado en Colombia. El peso político sustancial lo determinó la instalación de La Mesa de La Habana, que con sacrificio y dolor, aún no ahorrados al pueblo colombiano, continúa. Lamentablemente se ha fallado en el des escalonamiento del conflicto. No se ha afectado la llamada buena fe que ha de prevalecer entre las partes contrincantes en conversación sobre el presupuesto que ab initio acordaron de negociar al calor del conflicto y no de la reflexión pausada del silenciamiento de los fusiles. Pero de ahí que la preponderante base de “nada está acordado, hasta que todo esté acordado” no haya degenerado en entelequia, es otra cosa.

En eso cada parte en confrontación pareciere escudarse. El establecimiento gubernamental para impulsar sus planes a futuro mediato, expresado en la dinámica legislativa impuesta contra las aspiraciones del campesinado colombiano; las adocenadas políticas neoliberales como si nada estuviera sucediendo y el complejo escenario de presencia actual del paramilitarismo que se viene practicando y causa aprehensión; lo cual – a su vez- está generando positivo relacionamiento del movimiento popular y de masas hacia la acción y en tanto, la contraparte insurgente incurre en una especie de marasmo, sino moral, al menos físico, en cuanto a determinar en qué aspectos puntuales ajusta, definitivamente, sus alcances para dar el salto inminente para el Acuerdo Definitivo; dado ya el esclarecimiento de la existencia de una Comisión de la Verdad Histórica del conflicto en Colombia.

Cómo llegar a un acuerdo definitivo

Punto álgido a asumir. El planteamiento por parte de la insurgencia esta consecuencialmente claro: definición por parte del Establecimiento-con la venia del imperio y no del cipayo interés militarista y oligárquico colombiano- de un cese bilateral definitivo a toda confrontación armada en el territorio nacional. Esto conllevaría a un inminente cambio en el escenario nacional: Uno, reconocimiento de una institucionalidad militar con todos sus espectros de soberanía nacional y territorial en el mapa político nacional. Dos, continuada presencia insurgente en tradicionales zonas de influencia sin símbolos de iconografía desafiantes. También efectos esenciales, a nuestro modesto modo de ver: facilitación al Acuerdo para que la Insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N), se siente a manteles en la Mesa de Negociación para el fin del conflicto armado interno en Colombia y definición a tomarse por parte del Partido Comunista Marxista-Leninista, en clandestinidad, y su expresión armada el Ejército Popular de Liberación (E.P.L), con el mismo objetivo de definición histórica nacional.

De los instrumentos a implementarse

Para no redundar, se cuenta con un dinámico escenario, tanto nacional, como internacional, para implementar el uso y aplicación de mecanismos viables, tendientes a lograr la materialización del acuerdo del cese bilateral definitivo del fuego. No es momento de entrar en discusiones semánticas si será por medio de un “Acuerdo Plenipotenciario”! o por un “Armisticio” o por una “Capitulación”. No obstante diferenciemos:

Un armisticio consiste en la suspensión de las agresiones entre dos grupos (países, naciones, facciones) que se encuentran enfrentados en una lucha armada. El término armisticio proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a la suspensión de hostilidades que se pacta entre ejércitos o facciones en conflicto. El armisticio aparece como una suspensión temporal y convencional de las hostilidades. Es suspensión. (Definiciones tomadas del internet).

Acuerdo o Convención: en la acepción del derecho internacional privado (DIP) obedece a manifestación expresa y libre, de voluntades de partes vinculantes.

Capitulación

Se conoce como capitulación al convenio en que se estipula la rendición de un ejército, facción armada insurgente o rebelde, con entrega de plaza o punto fortificado. Se llama capitulación debido a los capítulos que prevé todo un suceso de entrega o rendición.

El lector en su sapiencia interpretativa sabrá ajustar cuál de las denominaciones es la que aplica al escenario real y objetivo colombiano.

Conclusión

Asistimos al repaso histórico de una Colombia en que definitivamente están dadas las condiciones tanto subjetivas internas como objetivas internacionales, para erigirnos como un país civilizado en la solución definitiva de la cruenta lucha armada por todos y todas padecida. Paz y jamás olvido a los caídos!

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Un ataque ni tan dorado, ni tan dorada la píldora

Escrito en 05/06/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Una nueva gota fría cae sobre el recipiente del proceso de conversaciones en La Mesa de La Habana. Pero esta vez, tampoco rebosó la copa, desbordándose lo alcanzado, conforme a la imaginación de la mediática y de los enemigos del proceso de negociaciones, para alcanzar una superación civilizada y política al conflicto interno armado colombiano.

Los sucesos del martes 14 de abril, en que una columna insurgente de las Farc-ep, ataca un campamento del ejército gubernamental colombiano, con un saldo de 11 militares muertos e igual número de efectivos heridos y baja de un rebelde “vestido todo de negro”, ha suscitado aspavientos de furiosos ecos militaristas de la extrema derecha colombiana; de los enemigos furibundos del desarrollo de conversaciones en el proceso de La Habana, la cúpula en las FF.MM y por supuesto el ministro de la guerra Pinzón, y los feroces enemigos de la búsqueda de la paz en Colombia, como el disidente del Establecimiento senador Álvaro Uribe V, el procurador Ordoñez y ahora la adornada figura del Fiscal General con una sorprendente tesis que los soldados acribillados , corresponde a crimen u homicidio en persona protegida por el Derecho Internacional humanitario. (DIH).

En consonancia con una excesiva demostración de los medios de enajenación masiva, alimentando la ruptura del cese unilateral al fuego de la parte insurgente y la terminación de las conversaciones en La Habana; resultado del cruento incidente insurgente fue la revocatoria presidencial de cese a los bombardeos aéreos a campamentos de la insurgencia por la clasificatoria de deliberado ataque contra las unidades del ejército colombiano, acampadas y adentradas en lo intricado de la oscuridad de la selva.

Del escenario territorial

Los voceros castrenses gubernamentales sostienen que fueron sus tropas atacadas cuando realizaban operaciones de control territorial en la vereda La Esperanza, municipio Buenos Aires, Norte del Cauca. Esto de un factor territorial ubicado y definido corresponde para una apreciación no ligera, de calificación de la acción insurgente; dado que a la luz del Derecho Internacional Público (DIP) el status de Plenipotenciarios que ostentan los voceros de la Insurgencia de las Farc-ep y su contraparte el Gobierno del Estado colombiano, en la Mesa de La Habana, califica la situación padecida en Colombia de Conflicto Armado Interno (CAI).

En la pasada medianoche del martes 14, los rebeldes insurgentes no atacaron una fortificación o plaza militar. Atacaron un campamento militar al que efectivos del ejército colombiano instalaron como lugar donde descansar. Ese campamento ubicado en lo enmarañado de la espesa selva colombiana; así oculto y sobreprotegido bajo la oscuridad de la manigua y la noche, se dispusieron las tropas, seguramente andariegas durante la luz del día, alojarse en ese lugar despoblado; bajo la elemental mira de vigías o centinelas. Por consiguiente no obedeció a premeditado ataque a fortificación, instalación, cuartel o edificación del ejército colombiano.

De la novedosa tesis del fiscal general

Las declaradas afirmaciones divulgadas por el Fiscal Montealegre en el sentido que en el ataque al campamento del ejército se incurrió en una violación al DIH, por haberse cometido crimen en persona protegida y en tal sentido la veintena de víctimas causadas, en este caso, los soldados del ejército nacional, gozaban de ese status de protección internacional; causan atención, no tanto por lo casuísticas, como por el manifestó interés del efecto político-que no jurídico- de su acusación.

Entre las acepciones para comprender esta figura del Derecho Internacional Público de persona protegida, está la del Comité Internacional de la Cruz Roja: “se denomina personas protegidas a aquellas que, en tiempo de guerra, se benefician de la protección establecida en los tratados o en el derecho internacional humanitario consuetudinario”. “En particular, son personas protegidas los heridos, los enfermos, los prisioneros, los náufragos y los civiles que no participan directamente en las hostilidades. Así mismo, son personas protegidas el personal médico y religioso, los voluntarios de sociedades de socorro y los miembros de organismos de protección civil”.

Con lo anterior demuestra el Fiscal Montealegre que no es un teórico de la doctrina militar. Anuncia sí una tesis, y como tal proposición de asunto de un tema como para deliberar. La calificación de Conflicto Armado Interno en Colombia, implica escenarios y sucesos de guerra y un efectivo o actor material de la guerra no incluye en esa calificación de persona protegida.

De los efectos del cese del fuego o cese de hostilidades

En una confrontación armada como la colombiana, obvio que una decisión, sea unilateral o bilateral de cese del fuego, contrae efectos para las partes que lo proponen. La decisión unilateral de la insurgencia de un cese del fuego y así expresado en que cesa cualquier acción ofensiva contra instalaciones gubernamentales y/o castrenses y extensivas a la infraestructura económica, contribuye a la lectura de no atacar; pero ellos se reservaron el derecho de contraatacar y defenderse al ser agredidos. La vocería oficial gubernamental afirmó que la contraparte insurgente había cumplido con lo del cese del fuego unilateral y en retribución se expidió la orden presidencial de no bombardeos a los campamentos insurgentes. Pero esta decisión unilateral de la fuerza insurgente fue puesta en riesgo conforme a denuncias reiteradas por su parte, en el sentido que desde el mes de febrero las tropas del ejército colombiano intensificaban sus ataques contra las infraestructuras de las farc-ep, afectaban a la población civil y sobre el entendido que el ejército aplica ordenes de sus mandos encabezados por el Ministro de la Defensa y el Presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Sabido es que el derecho internacional rige bajo principios consuetudinarios. De tal manera que la decisión de un actor del Derecho Internacional, como lo es la insurgencia colombiana, al declarar el cese unilateral de fuego le incumben responsabilidades subyacentes, puesto que ellos se colocan no en un estadio de combate sino de cese o tregua de hostilidades. En el caso de marras las tropas gubernamentales se encontraban mimetizadas en lo oscuro de la manigua. El ataque no se dio a un edificio o instalación militar, con tropas acuarteladas. Confronta ello con lo denunciado por analistas y medios alternativos de información sobre el riesgo o suerte que corría el cese del fuego o tregua unilateral por las diferentes acciones practicadas por las Fuerzas Armadas gubernamentales con bajas comprobadas, en las filas insurgentes.

Conclusión

1.- De manera que lo sucedido en la nefasta noche del pasado martes 14 de abril enmarca dentro de las acciones propias de un estadio de guerra en un conflicto armado interno generalizado como el colombiano. Sí es una violación a la ley y a la constitución; pero por parte de una fuerza insurgente que desconoce esa institucionalidad y legalidad. Conforme a lo manifestado por el constitucionalista Jaime Córdoba Triviño, “se trata de una típica emboscada. Ese no es un acto prohibido por el DIH, es un acto prohibido por el Código Penal. Eso es un homicidio agravado porque están en incapacidad de resistir”. Sin embargo, al parecer, si hubo resistencia. De manera que la tesis del Fiscal General no tiene asidero a la luz del DIH y si del derecho penal colombiano, bajo el delito político de Rebelión y sus conexos.

2.- Bajo los presupuestos del DIH, en esto del cese de fuego o tregua unilateral de la insurgencia aplican los Principios Universales de los “Actos propios” y de “Buena fe”; en el sentido que al no declarar previamente la contraparte insurgente el cese de fuego unilateral o tregua unilateral, no procede ventaja y le está vedado un ataque sorpresivo contra instalaciones de la fuerza pública y de la infraestructura económica; es decir, conforme al ámbito de su compromiso.

3.- Mantenido como está el cese o tregua unilateral por parte de la insurgencia, correspondería a la parte gubernamental conforme al Principio de Reciprocidad que rige al Derecho Internacional Público, reordenar el cese a los bombardeos a campamentos guerrilleros, con las secuelas de afectación a la población civil que los mismos conllevan.

4.- Las consecuencias trágicas del conflicto armado imploran la decisión política del Acuerdo de Un Cese de Fuego y de Hostilidades en forma Bilateral, desde ya!.

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Un ataque ni tan dorado, ni tan dorada la píldora

Escrito en 17/04/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Negociaciones de paz en Colombia — Imagen con fines ilustrativos.

Del Escenario Territorial

De la Novedosa Tesis del Fiscal General

Entre las acepciones para comprender esta figura del Derecho Internacional Publico de persona protegida, está la del Comité Internacional de la Cruz Roja: “se denomina personas protegidas a aquellas que, en tiempo de guerra, se benefician de la protección establecida en los tratados o en el derecho internacional humanitario consuetudinario”. “En particular, son personas protegidas los heridos, los enfermos, los prisioneros, los náufragos y los civiles que no participan directamente en las hostilidades. Así mismo, son personas protegidas el personal médico y religioso, los voluntarios de sociedades de socorro y los miembros de organismos de protección civil”.

De los Efectos del Cese del Fuego o Cese de Hostilidades

Conclusión

4.- Las consecuencias trágicas del conflicto armado imploran la decisión política del Acuerdo de Un Cese de Fuego y de Hostilidades en forma Bilateral, desde ya!.

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Fundación Adenauer apoya a populistas colombianos de derecha

Escrito en 16/03/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Harald Neuber

Rebelión

Representantes de varios partidos en la cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, reaccionaron con cautela a una visita de representantes del partido colombiano Centro Democrático el expresidentes Álvaro Uribe.

Según medios alemanes, la gira fue organizada también por la fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal alemana, Angela Merkel.

El diputado del SPD y presidente del grupo parlamentario de amistad Alemania-Suramérica, Klaus Barthel, se mostró escéptico.

“El partido plantea exigencias al proceso de paz ideadas de tal modo que no pueden cumplirse”, le dijo Barthel al portal alemán amerika21. Sin embargo, el Centro Democrático representa una comunidad electora nada despreciable.

“Espero que asuma un papel más constructivo, orientado hacia el futuro, y no busque hacer fracasar el proceso de paz”, agregó el socialdemócrata. A la par, el miembro del SPD celebró que la Fundación Konrad Adenauer contribuya a intensificar el diálogo entre diputados colombianos y europeos. “En últimas, queda claro que en Europa y en Alemania no podría entenderse una política que no aprovechara, justo ahora, todas las oportunidades para conseguir una paz interna duradera”, afirmó.

Mientras, las declaraciones de la vocera para la cooperación económica de la bancada del partido de izquierda Die Linke, Heike Hänsel, fueron aún más críticas.

“Los representantes del Centro Democrático dejaron claro en Berlín sobre todo lo siguiente: que no tienen ningún interés serio en un acuerdo de paz con la guerrilla”, le manifestó Hänsel.

La diputada señaló que algunas veces plantearon la absurda tesis de que las negociaciones de paz tienen consecuencias negativas para la economía del país, porque los guerrilleros de las FARC exigen una regulación de la minería y una reforma agraria.

El vocero político para derechos humanos del partido de los verdes, Tom Koenigs, dijo: “Veo el proceso de paz como una oportunidad para Colombia. Entre más ciudadanas y ciudadanos se involucren, mucho mejor.”

Mientras, en Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, congresista del partido opositor Polo Democrático, se mostró preocupado por la gira promocional de los populistas de derecha.

El Centro Democrático ha manifestado públicamente su desacuerdo frente al proceso de paz, con la afirmación de que se está negociando la entrega del país al terrorismo y se está desprestigiando a las fuerzas militares al ponerlas al mismo nivel de los terroristas, dijo.

“Pero estos argumentos que no tienen ningún sustento ni jurídico ni político”, subrayó.

Según el también jurista, “su misión es buscar el apoyo que no han podido tener en nuestro país a las apuestas guerreristas que han acabado con miles de personas”.

Compartido con SURCOS Digital por Carlos Meneses Reyes. Fuente original: Rebelión.

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Sobre el conflicto armado colombiano

Escrito en 16/02/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Uribe, El Disidente

Por Carlos Meneses Reyes

Definitivamente, al senador Álvaro Uribe V. le gusta jugar con candela. Todo indica que sin permiso del congreso viajara a Washington, acompañado de Paloma Valencia, Iván Duque, Alfredo Rangel y Federico Hoyos. La agenda sobre su gira está centrada en la oposición total y tajante a la terminación del conflicto armado interno colombiano; como quiera que no presenta una alternativa a los cuestionamientos por la consecución de la paz que impulsa el gobierno del presidente Santos. No solo aspira entrevistarse con el presidente Obama; sino a hacer presencia con su sequito de ungidos en el recinto del Congreso estadounidense, en franca alegoría a como logró sentar en el recinto del Congreso colombiano, durante su mandato, a los representantes del narco paramilitarismo colombiano.

En la zoología política colombiana, el ultraderechista senador es un sujeto político digno de analizar tanto por su pasado, presente y futuro incierto.

Al hacer carrera la gira del senador Uribe V. para atacar “con dardos almibarados” y con toda villanía una avanzada tarea de peso político interno y de logros y aceptación internacionales a la sazón; en razón al “obligatorio cumplimento” de la obtención de la paz como un derecho y un deber, pues incurre en conducta delictiva. Con su ufanado poder de sentarse al oído del presidente Obama para hacerle virar en torno a sus expresiones de mirar con buenos ojos y a la expectativa del desarrollo de las Conversaciones en La Habana. En momentos en que el poderoso coloso del Norte, destensa las relaciones con el glorioso pueblo cubano y su régimen y en acto inconmensurable ordena la libertad de los 5 cubanos presos en cárceles del imperio; y que en el desarrollo de los hechos políticos, se coloca al orden del día un gesto humanitario del gobernante Obama en conceder la repatriación del combatiente colombiano SIMON TRINIDAD y sus compañeros de presidio; asome “Agachadito, solapado, ordenando alguna acción ilegal…” conforme a la buena descripción del periodista Antonio Caballero, el malévolo senador de angustiosa y pavorosa sombra que le cubre.

Puesto que lograr un viraje de la `política norteamericana en contra del proceso de conversaciones para la terminación del conflicto armado interno en Colombia, apunta en un flaco servicio de un senador contra la independencia nacional, en consonancia a cómo el constituyente colombiano radicó la soberanía de la nación. Por ello considero acertado, aunque aún tímida- como trataré de explicarlo- la manifestación del Dr. Horacio Serpa, cuando califica la visita del senador Uribe como de una traición a la patria.

Comencemos por distinguir entre oposición política y disidencia política

Al senador Álvaro Uribe V. no se le podría ubicar como un opositor político. Lo oposicionista u oposición, se predica de una minoría o partido, que se comporta en los cuerpos legislativos, en forma opuesta o contraria a los actos de gobierno. Así, el Polo- como partido- es verdadera oposición en Colombia. Su partido- el Centro Democrático- actúa en co-gobierno con el actual régimen.

El tema de la terminación del conflicto armado interno en Colombia, no corresponde a la Agenda de la actual legislatura. Por ahora se está a la espera de obtener un tratado de tregua o armisticio entre las fuerzas de la República y las fuerzas beligerantes de una parte de la Insurgencia colombiana. Para ello se designaron encargados plenipotenciarios, por parte del Gobierno colombiano y “personas” o “grupos de personas” que representan la contraparte beligerante y que asientan en la llamada Mesa de La Habana. Esto corresponde a la puesta en práctica de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Colombia, que consagra entre los fines esenciales del Estado, defender la independencia nacional y el derecho fundamental a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (artículo 22 de la Constitución Política de 1991).

Cabe la ubicación del senador Uribe V, como en la de un disidente del establecimiento. Asume la actitud de contrario ante el oligopolio reinante en Colombia. Es un disidente, puesto que se separa subjetiva, individualmente, de una doctrina, creencia, deber, obligación, por no estar de acuerdo con sus creencias. Asume (y no me refiero a un partido político) una connotación auto-excluyente ante el establecimiento. Como disidente se enfrenta a un orden establecido en la sociedad, en cualquiera de los ámbitos derivados del acontecer social (político). Contrario a quien se opone al régimen dominante, sin dejar de ser su partidario y al que se enfrenta conteste. Como disidente se aleja; busca otros visos o espacios de legitimidad. Se sienta al otro lado. En esto encontramos diferencia entre disidente y opositor y/o contestación que indica una confrontación al interior mismo del sistema existente. El disidente se va, se enfrenta, al sistema político en vigor. Gráficamente, el disidente es ave de corto vuelo. En Cuba, por ejemplo, no hay partidos opositores. Hay disidentes. Salvo guardadas proporciones, ejemplificaría lo sucedido con el senador Uribe V.

La ofensiva antipaz de Uribe

Está expresada en su posición individual subjetiva de ir contra el fin esencial del Estado en la búsqueda y logro de la paz. En eso, es enemigo de la paz. Disiente de toda forma de acercamiento con la contraparte insurgente. Si fuere opositor, presentaría formas alternas a la terminación del conflicto. Pero no. Impone la paz romana. La rendición y humillación del contrario. Como cualquier ciudadano y aún más como senador, está obligado a mantener la independencia e integridad nacionales. Es un agente de controvertida ética política y de dudosa conciencia personal. Al pretender inducir a la potencia extranjera a que intensifique la guerra interna en Colombia, y dar al traste con lo avanzado, negando el carácter beligerante a la contraparte en lucha contra el establecimiento colombiano; menoscaba la independencia nacional y por ende nuestra soberanía.

Concluyo citando a la periodista Aura Lucía Mera (El Espectador 15 de julio de 2014), que describe al senador Uribe y para lo cual me instalo en la parte Alta de Las Escalinatas y relata:

“Curiosamente todos eran vasallos de un jefe supremo: un hombrecito de mirada sinuosa y gélida, de piel rosácea y manchada, de deditos cortos y tensos, de sonrisa rictus, de sangre fría como las víboras, de entrañas mesiánicas, domador de equinos, sometedor de mentes, experto con el látigo, fustigador de oponentes”.

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De tregua, militarismo, paz y…algo más

Escrito en 18/11/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El corte inesperado de las Conversaciones en La Mesa de La Habana por parte del Presidente Juan M. Santos; mas pareciere una prueba de fuego o de imposición inducida por el ejecutivo gubernamental, que una afrenta para que la contraparte Insurgente, varié el comportamiento normal de unas conversaciones, concebidas en continuidad con el medio del conflicto armado activo y en creciente escala en Colombia.

No se sabe porqué la sobrada inteligencia militar, la preconcebida capacidad gubernamental y la despechada expresión de una esposa confundida, no atinan en coincidir cómo un “hombre de acero”, desde los 13 años con formación escolar castrense, 31 años de servicio y «comandante de la “Task Force TITÁN”; con experiencia en combate, lancero, con especializaciones en Militar Police nacional e internacional y doctor en Militar Science»; pudo osar adentrarse en pequeño caserío tupido de selva chocoana, en pantalones cortos, sandalias de turista, acompañado junto con dos efectivos militares de civil y una abogada funcionaria instructora del ministerio de la guerra, tropicalmente ataviada. Fémina en quien no me detendré, so pena de incurrir en desventajoso sarcasmo.

Del particular general que hoy es noticia en Colombia y el mundo, se extracta una hipotética concepción del conflicto interno armado colombiano; más que diferente, acorde con el derrotero que al mismo le ha trazado la dictadura mediática impuesta en Colombia.

Surge entonces el planteamiento si en realidad de verdad la constante nazi de los apóstoles del Hitler criollo, entronizados en los medios de comunicación e intoxicación masiva, de repetir una calumnia mil veces, algo queda y se vuelva “verdad” oficial; haya calado de tan genuina forma en la mentalidad del generalato colombiano, al menos en tan ilustre exponente en el caso de marras y que analizaré más adelante, como víctima de su propio invento.

El escenario de los contrarios

En Colombia buena parte del acontecer político transita en la posición inmutable oficial de encontrarse ante una insurgencia desgajada y en vía de extinción. Concebir como expresión de debilidad el sentarse a conversar y ceder unilateralmente concesiones dadas, en treguas, ante declaraciones dantescas, como la de órdenes presidenciales de ejecución al comandante Cano, reducido, desarmado y vestido de civil. Debilidad e impotencia insurgente ante acrecentados y devastadores ataques de la poderosa fuerza aérea de temible desasosiego a nivel continental. De debilidad política, ante la indolente actitud de no asumir la contraparte gubernamental, como actor de soberanía ante el gobierno USA, para que un plenipotenciario asomado por la contraparte insurgente como lo ha sido el ausente Simón Trinidad Palmera, pudiere ocupar esa silla vacía. De otorgar, ante ninguna expresión de retribuir, nuevas situaciones o actitudes alternas que asome alguna voluntad política de ajustar aplicabilidad gubernamental a los temas conversados en los puntos tratados en la agenda acordada; como la arremetida terrorista estatal contra nacientes organizaciones política populares (La Marcha Patriótica) y el ascendente movimiento de masas, asesinando selectivamente a sus cuadros políticos.

Esto y algo más en notorio contraste con la actitud respetuosa, asumida por la contraparte insurgente, en respetar la decisión sin objeción alguna de los integrantes del equipo negociador del establecimiento. Retomando la posibilidad de nuevas concesiones unilaterales, que palien o mitiguen el sufrimiento y dolor de la guerra y sus efectos en la población civil; unido a la constante e inmodificable voluntad de acordar un cese del fuego bilateral, como escenario imprescindible de una negociación política que busca, precisamente, la solución del conflicto interno armado de una forma civilizada, política y no por la vía militar. Lograr la concertación de acuerdos sobre temas álgidos ya abordados y reservar el optimismo de la refrendación sobre lo no acordado.

Pero no, la tendencia guerrerista de la extrema derecha es la que se impone; como si el mandato de la paz le perteneciera a un mandatario de turno y no a toda la sociedad colombiana y al interés público internacional.

Lo cuyuntural actual

Remito a tres circunstancias somero comentario sobre la situación actual.

El registro de dos soldados del ejército, capturados en el Departamento de Arauca por la insurgencia, en combate a cielo abierto.
La aplicación de la Justicia Indígena a siete miembros de la insurgencia, en el Departamento del Cauca
La captura de un general del ejército y sus acompañantes, vestidos de civil y desarmados en un entorno de escenario territorial de guerra, en el Departamento de Choco.

Todas las tres situaciones enunciadas están centradas con-causalmente, o con nexo de relación, con el carácter beligerante de una fuerza insurgente que califica dentro de la determinación y definición del derecho público internacional (DPI).

De la autonomía y llamada justicia indígena

En el Departamento del Cauca las Farc-ep celebraron el 3 aniversario de la muerte del comandante Cano, colocando grandes vallas, alusivas a su persona y al impulso de las Conversaciones en la Mesa de La Habana. Los indígenas del Cabildo rechazaron la medida y decidieron en grupo bajar una de las vallas y destruirla. Esto trajo la reacción de los milicianos farianos, quienes en franca gresca con los indígenas, impusieron el uso de sus armas de dotación insurgente, resultando muertos dos indígenas. Los integrantes del Cabildo Indígena se retiraron y en consonancia con la Guardia Indígena, en numero de 400 efectivos, procedieron a perseguir a los guerrilleros; registrándose la detención de ocho guerrilleros por parte del Cabildo. De inmediato anunciaron que los detenidos serían juzgados por la muerte de los dos indígenas. Que en desarrollo de las condenas, los condenados serán entregados a las autoridades del Estado colombiano, para cumplir pena privativa de libertad; aplicarían la pena del destierro y la de latigazos en carne viva; que dos menores de edad serán azotados y sometidos a nuevo juicio cuando sean mayores de edad. Que en el acto del Juicio en Audiencia pública destruirán los uniformes incautados y armamentos decomisados a los guerrilleros detenidos. Que estarían presentes comunidades indígenas del departamento del Cauca, representantes del Cric y de la Acin y diversos organismos humanitarios (¡!). En tanto, el ejército nacional anunció la aplicación de férreos anillos de seguridad para garantizar los eventos y evitar un contraataque o enfrentamiento con las tropas insurgentes.

El pasado 11 de noviembre ante y en una Audiencia Pública de cuatro mil indígenas, concentrados en Toribio, concluyó el Juicio Indígena contra los 8 guerrilleros de las Farc-ep. En el juicio, se ve la fotografía de los guerrilleros atados de manos atrás y sentados.

Pues conforme al derrotero explicado, la tal Justicia Indígena, no deja de ser más que un desafuero. Comenzando por que la citada norma constitucional (artículo 330, in si tu) determina las funciones autonómicas y en modo alguno está lo de la reglamentación de la llamada “Justicia Indígena”.

Sucede pues que en Colombia viene haciendo carrera lo de El Mito del “Derecho Mayor”. Pretenden equiparar lo de la jurisdicción indígena, con la “justicia propia”, que se dice tiene su origen en “los usos y costumbres de sus comunidades”. Nada tan peligroso como retardatario. Para muestra el botón de juicio a los guerrilleros de las Farc-ep. La mediática glorificó la eficiencia de esa justicia porque a los sindicados los condenaron en par patadas a penas de 60 y 40 años de prisión; les dieron rejo y fuete y los desterraron. Y permitirían que paguen las condenas en cárceles estatales (?); en clara conducta para-estatal-. Y que dos menores de edad volverán a ser enjuiciados por los mismos hechos cuando cumplieren la mayoría de edad.

Estamos ante la glorificación del fundamentalismo étnico o racial de minoría contra propios o extraños; puesto que la sola manifestación del Cabildo de ser de esa etnia constituye prueba irrefutable. Sin embargo no pueden acallar al juzgado o condenado cuando concluyó el hoy condenado por la justicia de la jurisdicción indígena: «Yo prefiero responderle a la organización a la que pertenezco y no a otra autoridad». Esa tal justicia indígena es el retroceso mayúsculo del derecho y garantías penales al Medioevo. Sin garantías procesales dizque fueron enjuiciados. Sin derecho a la defensa; a las instancias y al debido proceso. Que insulto para Beccaria. Que insulto para el estado de derecho en Colombia. Autorregulaciones que afectan el vuelo de los derechos fundamentales y humanos.

De los prisioneros en combate

A la luz del derecho público internacional (DPI) el caso de los dos solados hechos prisioneros por una fuerza insurgente en el Departamento de Arauca, califica de retención de prisioneros de guerra. No son secuestrados por delincuencia común. Más aun: en el caso del conflicto armado interno colombiano, en que el status de beligerancia de esas guerrillas está avalado por escenario de conversaciones en territorio de país soberano; con países garantes y países facilitadores ante la comunidad internacional; con rango de plenipotenciarios los integrantes- delegatarios de cada parte contrincante; confluye un elemento esencial a ese status y es la existencia del requisito territorial. Significa ello que la fuerza beligerante e insurgente operan en un territorio y en el que permanecen, aún sea pasajero pero intermitente de ida y regreso. Las llamadas “zonas”: una vez de unos y también de los otros. Además, es requisito sine qua non que esa fuerza insurgente porte sus armas de dotación, se identifique con uniformes y exhiba las insignias y/o charreteras en las acciones.

El caso del general Alzate Mora

Es por lo anterior que se puede comprender que la retención de personal no uniformado, sin insignias ni charreteras, sin armas de dotación visibles, ni en transporte militar incautado o destruido; se pudiere calificar como de retenidos en combate o prisioneros de guerra por parte de la insurgencia. Como tampoco el abreviar que los captores lo hicieron o actuaron como unidades uniformadas de combate con insignias visibles que los caracterizaran como tales. Así planteado y entendido, nos encontramos en que los retenidos en el caserío chocoano; en el momento de tal retención califican como civiles; independientemente que luego se defina son integrantes activos de la contraparte bélica: el ejército colombiano.

Pero como las normas del derecho internacional público, son consuetudinarias y de hecho (no plasmadas en letra alguna); corresponde aplicar una interpretación de hecho tan inusitado, como resulta que uno de los retenidos es un alto oficial en grado de General del Estado en beligerancia, o de una de las fuerzas contrincantes en el conflicto bélico interno nacional. Esa atípica o particular situación dada, corresponde solo calificarla, bajo la insalvable observación del Derecho Internacional Humanitario. Comenzando por el interés de la opinión pública nacional e internacional en que por ningún motivo intentaren extraer a la fuerza (física o moral) y con violación a los derechos humanos información privilegiada que pueda conocer cualesquiera de los así capturados. La dignidad del soldado está trazada entre el General retenido y el Comandante en jefe de esa fuerza insurgente colombiana

La tal osadía del general Alzate Mora

Todo parece indicar que la presencia del General Rubén Darío Álzate Mora en el Corregimiento de Las Mercedes, cerca de Quibdó, fue resultado de impulso a su iniciativa personal de la materialización de un proyecto cívico-militar de electrificación a esa empobrecida comunidad chocoana. De ser así, pudo haberse constituido en algo rutinario sus idas al caserío, en la que en una de las fotografías se le ve rodeado de alegres caras infantiles del lugar. Denota una personalidad de anfitrión, conforme a los datos que circulan en los medios. Sublima la consecuencia de un general en aplicación de emulo gerencial. Sorprende que siendo Comandante de la 15 Brigada de la Fuerza de Tarea Conjunta TITAN, haya roto todos los protocolos de seguridad que su cargo implica. Al respecto existe asombro e interrogante en explicárselo desde el propio Presidente Santos, hasta el maestro Carlos Gaviria, por haberse introducido desarmado y sin escoltas, a selvático lugar, sin una intención manifiesta. Claro que eso no es propio de brutos, ni olvido ocasional. Necesariamente obedece a una idea preconcebida y puesta en práctica. El ya famoso General Álzate Mora, además de tropero, denota ser tenaz en lo que concibe.

Comencemos con la denominación de Titán, a la fuerza de tarea por él comandada

Los neófitos civilistas nos hemos ido familiarizando con las estrambóticas denominaciones como califican los programas de guerra. Así, un “Plan Colombia”, que fue impuesto con denominación y todo por el imperio, reducido a puros intentos y proyectos al no resultarles lo que se traían entre manos. El “Plan Patriota”, como intento para arrasar de la faz del territorio a la insurgencia colombiana; que abusa deleznablemente del concepto de “patriota”, pues contribuyó a la servil consolidación de los grandes explotadores extensivos de las locomotoras extractivas de nuestros recursos naturales. Pero esta de FUERZA DE TAREA TITAN, sí que merece atención aparte. Comencemos porque la utilización de la denominación TITAN alude a lo que es más o menos imposible de lograr. De los Titanes se sabe en la mitología griega, fueron los parias, hijos del cielo y de la tierra, que intentaron escalar el cielo de los dioses amontonando una montaña sobre otra pero fueron derribados por Júpiter. Por barbarismo se asimila titán a gigante; pero nada más lejano de la realidad. De manera que el trabajo cívico-militar que pretendió aplicar el General Álzate Mora, hoy en un verdadero laberinto, si correspondería calificarlo como de titanes, de fracasos. Que en pleno conflicto armado interno colombiano; en zonas de guerra y de persistente presencia insurgente, aplique una intención de empresa comunitaria, con la ayuda de un ejército del que hace parte, que se ha comportado históricamente como un ejército de invasión a su propio pueblo; dadas las asimiladas doctrinarias de luchar contra a quien consideran como su enemigo interno armado, no dejará de ser un proyecto falaz. Pretender que un ejército concebido para la guerra interna y expansionista agresiva, presente algún signo de social; resulta igual que concebir que una economía de mercado, neo liberal y conservadurista, insensible y salvaje, pueda tener asomo de contenido social.

Pero lo que hay que destacar del General es su vocación gerencial. Sus atestados en especializaciones en “Militar Police nacional e internacional y doctor en Militar Science», se agregan a las de pos grados en Alta Gestión, Conectividad con Empresas en Alta Tecnología y Cómputo en la Nube. Junto con su asesora de infortunio, la abogada institucional Gloria Alcira Urrego Paba, adquirió pos grado en Especialización de Generación de Proyectos en Conectividad, otorgado por la reconocida Universidad Para La Cooperación Internacional (UCI) con sede en Costa Rica. Algo así como la meca del capitalismo académico, en que se preparan los ejecutivos del momento en la investigación como instrumento económico, en las que el investigador es exhortado a convertirse en emprendedor de ideas “locas”, en el mejor sentido de la palabra, bajo un fin económicamente productivo. Quizás esto fue lo que llevó al desafortunado general al impulso triunfalista y en la aplicación unilateral de semejante proyecto cívico-militar; lo cual demuestra la capacidad del ejército colombiano de ser un estado dentro del estado y la transformación de esa institución en un carácter promisorio de partido político. Dejo así, porque apenas comienza el desenlace de algo que no es incierto para el bien de la población colombiana.

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Recuento de una ida…a Colombia

Escrito en 26/07/2014. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Había preparado los pasos a seguir, antes de abordar el avión San José- Panamá- Bogotá. De previo, las constancias actualizadas de 32 sedes de la Fiscalía General de Colombia y del Certificado nacional policial, de no haber existido, ni existir, proceso judicial en mi contra, en ningún momento.

Revoloteaban en mi memoria las anotaciones de la fatídica policía política- DAS- colombiana; en la que a los opositores políticos de plaza pública los signaban de colaboradores de las guerrillas; cuando no de miembros activos “de café” de las mismas y la posición de izquierda significaba la fuente de información a las Convivir Uribeñas y a los nacientes grupos paramilitares, en una fase de “lavada de cara” a las fuerzas armadas institucionales del estado colombiano, conforme a la aplicación del experimento antisubversivo de la guerra sucia narco-paramilitar.

Había salido en el mes de julio de 1994 del aeropuerto El Dorado, vía al exilio. Retornaba, el primer día del mismo mes, veinte años después. El colega y defensor de presos políticos, Dr. Eduardo Umaña Mendoza, me había alertado de pasos de animal grande en mi contra y recomendado salir “por unos meses” de Colombia. Tan abanderado y convencido de la causa política popular, alentaba de los peligros que corríamos los demás y su fe de servicio jamás concibió que fuera asesinado por los esbirros estatales en su propia oficina de abogado, en Bogotá.

En principio, efectivos de civil de la policía política me impedían el acceso a abordar el avión, que por circunstancias del destino estaba atrasado, por haber presentado una falla en acarreo de un avión de carga en la pista habilitada para mi vuelo. Esa circunstancia facilitó dos efectos: una, impedir que pudiera perder el vuelo y no abordar, ante lo cual quedaría en el área internacional sin destino fijo; debiendo regresar a la entrada de la terminal área expuesto a la detención arbitraria o al desaparecimiento físico. Otro, dilatar la acción encubierta de los cuerpos represivos policiales, quienes como abejorros zumban a mí al alrededor y por entre las frágiles paredes divisorias alentaban expresiones como las de “…cayó un pajarito…”. “…que dizque va a dictar una conferencia en el exterior…”. “…el Dr. López ordena que no debe salir…”. La odisea a que fui expuesto no concluyó al abordar el avión, puesto que la última carta de inteligencia policial fue acudir a una “aeromoza” con uniforme de la Aerocivil, quien abordó el avión de una y me requirió le presentara mi pasaporte. Más tardó ella en tenerlo en su mano que la reacción de la malicia indígena de mis ancestros arrebatárselo, saliendo la actora pies en polvorosa del avión. Así de accidentada fue mi salida desde Bogotá a Costa Rica. Ya en el aeropuerto Juan Santamaría me esperaba la compañera Donhelia, viuda de Martin Caballero, ex militante del M- 19, que había sido asesinado por el ejército colombiano en San Martin – Cesar y era protegida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH).

DE LA LLEGADA. Tan indescriptible como impresionante asomar desde la ventanilla del avión y observar el piélago verde, inmenso, de la Sabana de Bogotá. Absorto recordaba pasaje en el piso 19 desde la oficina del Dr. Ciro Quiroz M. cuando describía la belleza del paisaje aún no tan entretejida de la selva de cemento actual y él exclamaba: “Imagínate cual sería la impresión de Gonzalo Jiménez de Quezada, cuando desde lo alto de los cerros descubrió ese mar verde de la Sabana de Bacatá”.

Para mí, pisar tierra colombiana, significó un nuevo descubrimiento. Pisaba fuerte y fijo para creerlo. El limitado terminal aéreo de antaño, daba paso a la exigencia del monstruo urbanístico que es la ciudad de Bogotá. Mis puntos de referencia cardinales de norte a sur resultaron ineficientes para ubicarme. Asombrado detenía me sobre las soluciones de vivienda multifamiliares; donde antes había potreros y existían humedales. Majestosos puentes viales y retorcidos puentes peatonales. Todo cambiado. Me perdí. Ya no la conocía. Acudí al mapa y al croquis actualizado, cual novel turista. Sabía que era de esa tierra. Perplejo miraba los semblantes de sus habitantes. Sentía que era mi gente. Palpaba mi nacionalidad. Pese a conocer de pie a pá la Historia de Colombia; de no perder ni un día, análisis acerca de su situación política y el conflicto armado, experimenté la realidad de no manejar los dígitos de la moneda nacional y a las primeras de cambio me tumbaron algunos pesos… pero ya estaba de nuevo en Colombia!.

La motivación de mi regreso y visita a Colombia, fue esencialmente personal y familiar. En el desgaje de los idos reseñaba en crónicas y correspondencia familiar, la muerte de tíos, primos, parientes, amigos, colegas. Ya llegada la tercera edad, cómo no reunirme con mis hermanos y hermanas. Conocer y tratar a mis nietos. Saber de un yerno del que solo veía por fotografías. Conocer sus familias; de donde vendrían. Y lo logré, sin importar el por qué. Cómo se pasan dos semanas de agrado.

Tan solo me reuní con dos de mis amigos del alma. Como para que quedara “entre nosotros doce…” lo de mi visita; la cual se fue extendiendo como noticia, rumor, especulación y encanto.

Pues obvio que me ubico entre los que no conocemos la inmensa geografía colombiana. Por eso destiné una semana a conocer las tierras del Huila. Fui recibido en bienvenida por la familia de un yerno. Recorrí los municipios y al sur, al sur, conocí el Cerro del Pacandé- pirámide natural recubierta de vegetal, de concentrados secretos y reclamos subversivos- rememorando la musicalidad de Silvia y Villalba. Con ojo atento y visor ausculté la opinión popular. Pasé en fechas de festejos sanjuaneros y en estrofas y versos populares resaltaba la inquietud por la defenestración a la naturaleza de las megas represas como las del Quimbo.”El Quimbo resultó un cheque chimbo”, pregonaban. La picaresca popular no asimilaba como era que el señor alcalde de Garzón, suspendía dos conciertos populares con artistas nacionales y orquestas internacionales presentes; además de impedir el desfile de más de quinientos caballistas inscritos “por el peligro que representaba una peste porcina…”.Algo debía pasar por sus alrededores para tal decisión pública; aunado a ello la presencia de patrullas militares, desplazando a la inexistente policía cívica en Colombia. A una pregunta capciosa mía acerca de cuál era el nivel de corrupción en ese municipio, un desperezado vecino me respondió: “cero, por que los del Monte lo controlan todo”. Así comprendí que ya estaba de nuevo en Colombia.

Se sabe cuando se sale de un país; no cuando se regresa. Recuento la dicotomía del ido vuelto y el vuelto ido. Nada dialectico. Resulta un suceso lineal vivido. Logré descargar el costal de penas y recuerdos. Cuantos miles más de compatriotas, podrán o se atreverán a hacerlo. ¡Todo está por dárselo!

San José, Costa Rica, 20 de julio de 2014.

Foto tomada en Museo Casa Botero, Bogotá.

Enviado a SURCOS por el autor.

Colombia: Jornada de Reparación de Víctimas de la Resistencia Tayrona

Escrito en 16/07/2014. Publicado en Derechos, Trabajo.

La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) y el Sindicato de los Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia –SINTRAUNICOL–, organizaron el 1° Encuentro Internacional de Derechos Humanos de las Universidades de América Latina y el Caribe. La actividad se realizó en marzo de 2014 en la Ciudad de Cali.

Esta actividad permitió conocer la realidad de la dirigencia sindical de ese país, donde muchos dirigentes sindicales han dejado su vida en la lucha por las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras.

La CONTUA se manifiesta a favor de toda actividad que contemple espacios de contención y esclarecimiento de sucesos que violen los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales y familiares de las victimas.

La dirigencia sindical del Sindicato de los Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia –SINTRAUNICOL– invitó a participar en las jornadas de reparación de víctimas de resistencia Tayrona, programadas del 16 al 31 de julio del 2014, en las instalaciones de la Universidad del Magdalena.

Información enviada a SURCOS por Coordinación-CONTUA