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Etiqueta: Colombia

De la cuestión indígena en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Lo asumo como pregunta con intención dialéctica para averiguar la verdad de algo.

Corresponde adentrar en el tema de la cuestión indígena en Colombia, para profundizar en la comprensión y entendimiento del respeto a los pueblos indígenas; partiendo de su reconocimiento como diversidad étnica y cultural del país; la aceptación de su cosmovisión; la asimilación de su existencia territorial; aceptar su concepción y aplicación de propiedad colectiva, propia de estos pueblos, que le dan los atributos de bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables, estén o no en manos detentadoras de sus colectividades, expresadas en los resguardos.

A todo esto, no fue ajeno el país durante el Siglo XIX. La Ley 89 DE 1890 (25 de noviembre) por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada; con el poder de las jerarquías católicas; demuestra la gravante calificación de salvajes, a los indígenas y a quienes impedía que vendiere, hipotecare o arrendare, porción alguna del resguardo y no se le reconocía mejora alguna en sus terrenos de tenencia.

Destaco el texto del artículo 11 de la citada ley que disponía: “Las controversias entre indígenas de una misma comunidad, o de éstos contra los Cabildos, por razón de uso de los resguardos o de los límites de las porciones de que gocen, serán resueltas por el Alcalde del Distrito Municipal a que pertenezcan, quien los oirá en juicio de policía en la forma que lo indiquen las disposiciones de la materia; cuyas resoluciones serán apelables ante los Prefectos de las Provincias, y las de éstos ante los Gobernadores de Departamento”. Pues bien, 120 años, luego de su promulgación, este artículo fue declarado inexequible, es decir, inconstitucional, por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-463 de 2.014. Lo traigo a colación por considerarlo como punto de partida para la comprensión del tema de inicio del presente artículo, que destaca en la habilitación histórica consagrada en la Constitución Política de 1.991 (CP91) a los pueblos originarios indígenas, como incluidos en su Título I De los Principios Fundamentales que organiza a Colombia como una Republica unitaria y como un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Ahorrándonos la redacción del devenir histórico legal que ha significado, en la a actualidad, la existencia de un cuerpo normativo, que plasma la materialidad de esos derechos a las etnias originarias en Colombia; resumámoslo en la calificación jurídica que son los indígenas, como integrantes de pueblo originario, sujetos de derecho, reconocidos por la Constitución Política de Colombia. Por medio de ese conjunto de normas los pueblos originarios asumen el ejercicio de su jurisdicción en todo el país; construyéndose en inviolables ante cualquier autoridad civil, judicial y de expresión de mando militar en el territorio nacional.

La efectividad de esos derechos de los pueblos indígenas se determina en el respeto a la vida, como bien más preciado del ser humano. Existe un verdadero consenso en valorar la vigencia de derechos intangibles sustentados en tratados internacionales, sin tolerancia en atentar contra ellos. Es producto de un consenso intercultural internacional el permitir el estatus de derechos de los pueblos indígenas y sancionar las violaciones a los taxativamente reseñados, como el respeto a la vida. La existencia a un y de un territorio ancestral. La nacionalidad, no circunscrita a límites fronterizos. El significado de su cultura y espiritualidad. Su propia autodeterminación. La autonomía en expresión no solo soberana sino también autárquica. El derecho a sobrevivir, a la subsistencia, contra la desnutrición y salud plena. El mantenimiento a la realización, la educación, la salud. A cuanto determine la efectividad de la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, por la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas. Esa efectividad comulga con la intolerancia a violentar los bienes reseñado, erradicando la esclavitud, la tortura, el acceso carnal violento, los reclutamientos forzados de ocurrencia en zonas del conflicto, en sus territorios. La CP91 contempla en su artículo 246 las funciones jurisdiccionales de ámbito territorial y para no ser contrarias a la Constitución se expidieron las leyes y estatutos indígenas que rigen la relación de los pueblos originarios con y en el Estado colombiano.

De la exigibilidad de otras conductas a las insurgencias en los territorios indígenas

Aquí corresponde analizar un aspecto de carácter estructural del conflicto armado interno colombiano. El enfoque del espíritu normativo y consuetudinario del Derecho Internacional, abarca la concepción de un conflicto entre dos fuerzas armadas que se enfrentan dentro de un Estado-parte. Una fuerza armada corresponde a la legitima del Estado y la otra fuerza armada a la irregular de la fuerza combatiente y beligerante contra la existencia de ese Estado. Así opera, en ese escenario, la ley de los contrarios. Esto no admite discusión alguna al asimilado, por parte de las Fuerzas Armadas del Estado en sus tres ramas (ejército, armada, aviación) y la policía nacional. Se han encontrado en situaciones difíciles con comunidades campesinas, que, por la pluralidad étnica de los territorios en los Departamentos de Cauca, Valle, Nariño, se han calificado de asonadas. De otro lado, ha sido recurrente, podría afirmarse, durante el desarrollo de 60 años de conflicto armado interno en Colombia situaciones de enfrentamiento, entre diferentes fuerzas u organizaciones insurgentes y las comunidades indígenas. Registro anotaciones de más de 30 años en ese sentido. En la región de El Catatumbo, por ejemplo, guerrillas del antiguo EPL y del ELN se enfrentaron en torno al predominio territorial del pueblo Bari- Motilón. El ELN apoyó enclaves históricos de colonos con su presencia en la colonización de vastos territorios originarios y por su parte. el EPL apoyó a mandamases indígenas que ostentaban autoridad. Hoy, la situación es otra, con predominio de presencia del ELN y la connivencia insurgente con la autoridad Barí. Pero, desafortunadamente, el escenario factico en el sur occidente colombiano es de múltiples contradicciones, a nivel de insalvables, en el seno del pueblo. No es fácil abordarlo en la finalidad de contenido del presente artículo. No obstante, acudo a presupuestos incontrovertibles. Los pueblos originarios se han empoderado en torno a su territorio. Sus luchas encausaron en la defensa de su territorio e integraron en la participación activa, con personalidad, en el torrente del desempeño de la nacionalidad colombiana y con protagonismo de contradictor, para lo cual traigo a colación que el movimiento indígena colombiano llegó a crear la única guerrilla indígena latinoamericana que se tiene noticia, conocido como “Movimiento Armado Quintín Lame”. El Estatuto Indígena y la reglamentación del mandato constitucional de 1.991, materializó la jurisdicción indígena y con esas bases legales, organizaron su fuerza policial o de control social-comunitario propio: “La Guarda Indígena”. Por consiguiente, conjugaron presencia territorial y defensa comunal del territorio. De manera que en los tres departamentos de mayor afectación: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, comenzaron a actuar tres fuerzas diferentes de control y choque: 1. Las Fuerzas Armadas del Estado (junto con su apéndice táctico del paramilitarismo).2. Las fuerzas guerrilleras insurgentes. 3. La Guardia Indígena, como organismo ancestral propio de resistencia, unidad y autonomía, dotadas con un bastón de mando. Funge como verdadera policía, encargada de mantener el orden público, la seguridad de sus comunidades. Con su lema “Guardia- Guardia, Fuerza-Fuerza” está sometida a las órdenes del Cabildo Indígena, que designa a sus autoridades Mayores y están supeditadas a las Asambleas Indígenas.

Del modus operandi de una fuerza beligerante

Propio de la fuerza insurgente es el control de territorio y el manejo político de la población que conforma las comunidades bajo su presencia y control. Su enemigo principal a enfrentar son las Fuerzas Armadas estatales de presencia en el territorio. Lo reconocido, nuevo o inédito, en el escenario de la prolongada confrontación armada de fuerzas beligerantes e insurgentes contra las fuerzas armadas del Estado, fue el surgimiento de una fuerza cívica, comunitaria, policial, paralela en el territorio de operaciones. De tal manera que si para las fuerzas de control monopólico del Estado colombiano no hay territorio vedado; de igual manera, aplica la misma concepción fáctica, para las fuerzas insurgentes en los territorios ancestrales indígenas y en eso consiste la realidad concreta del meollo en cuestión. Los pueblos originarios reivindican su autonomía y juridicidad. Con ello, se enfrentan, en la práctica, al ejercicio de presencia territorial de la insurgencia. Lo presento como una contradicción en el seno del pueblo. La fuerza indígena ha optado por la asimilación a un Estado que ya no la califica de “salvajes” y les da el estatuto de personalidad jurídica.

Recuento de los hechos

Todo apunta a explicar que el día 17 de marzo de 2.024 en zona rural de Toribio, Cauca, la Guardia Indígena impulsaba una movilización y tomaron como objetivo derribar varias vallas de publicidad del Comando Central de las FARC-EP, lo cual trajo la reacción de control de unidades guerrilleras, pretendiendo dispersar a los manifestantes, generándose un bochornoso enfrentamiento, que trajo como consecuencia la muerte de la dirigente indígena en grado de Mayora Carmelina Yure Pavi, por disparos de un insurgente. No hubo enfrentamiento con las fuerzas policiales del Estado, que permanecieron acuarteladas.

Reacciones

El gobierno del presidente G. Petro decidió suspender el cese al fuego pactado con el Estado Mayor Central de las Farc-Ep, dirigido por Néstor Gregorio Vera Fernández conocido como “Iván Mordisco” , con el argumento que se violó la tregua en El Cauca, aseveró el jefe de Estado y ordenó «la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales, así como de los actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Reglas y Compromisos acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz». En consecuencia, ordenó la reanudación de actividades militares ofensivas y operaciones policiales a partir de las 00:00 horas del día 24 de marzo de 2.024, en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc -Ep, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del cauca. Señalan voceros del gobierno » que esto no significa que se vaya a suspender la negociación de paz, pero sí se podrían evaluar algunas condiciones”.

A nuestro modo de ver se rompió totalmente la tregua de manera unipersonal por la parte gubernamental. El rompimiento al cese al fuego y reanudación de actividades policiales no se puede concretar- en la práctica- a tres departamentos. Se espera un pronunciamiento de la parte insurgente respecto a la continuación de la mesa de conversaciones. El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, colocó a todas las fuerzas en estado de alerta y suspendió permisos para semana santa. Un duro revés para el proceso de terminación del conflicto armado con ese sector insurgente y aplausos por parte de la corriente hegemónica oligárquica contrainsurgente, en ejercicio de poder en el Narco-Estado colombiano.

Notificación de sentencia en el caso Miembros de la Corporación Colectivo CAJAR Vs Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos – CIDH dicta sentencia contra el Estado colombiano en el Caso del CAJAR – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

Es la primera vez que el Tribunal Internacional se pronuncia sobre la persecución sistemática del Estado colombiano contra la organización de derechos humanos.  

Con esto la Corte, sentencia entre otros, que El Estado es responsable internacionalmente por la violación y vulneración de los derechos. Está sentencia es una decisión integral, completa e histórica que entre otras reconoce:

  1. El Derecho a Defender los Derechos Humanos. 
  2. Un reconocimiento a las y los defensores de los derechos en Colombia.
  3. Los límites a la labor de la Inteligencia en una Democracia.
  4. El derecho a conocer la verdad, autodeterminación informativa.
  5. Reconocimiento especial a las afectaciones a mujeres defensoras y sus familiares.

La Corte insta al Estado Colombiano a continuar las investigaciones, depurar los archivos y ampliar las 16 medidas de reparación a quiénes han sido víctimas en este caso. Así, cómo un acto de reconciliación, un documental, una campaña de difusión de protección a defensores, y la creación de un sistema de documentación y bases de datos. 

Al mismo tiempo solicita implementar un fondo de atención a las víctimas defensoras y la adecuación de la ley estatura de Inteligencia. 

Es el momento de conocer la verdad, tener acceso a la información, hacer efectivo el derecho a la honra, la autodeterminación, la libertad de pensamiento, expresión, a la vida privada, y los derechos de residencia.

Ver sentencia: https://acortar.link/2G11N1

La Nota de Carlos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

A una petición, como lo es, el acto de autonomía de la voluntad de una ciudadana, a renunciar a una aspiración de cargo público; en actitud caricaturesca, el presidente de la Corte, violando el trámite de elemental derecho de petición, en forma apresurada y locuaz, califica de inane la renuncia presentada por la jurista Amelia Pérez.

¿Cuál inane? Si gracias a esa renuncia se destrabo el nudo gordiano en que una Corte clientelista mantenía constreñida la decisión pronta y célere de designar a una nueva Fiscal General de terna presentada por el presidente Gustavo Petro.

¿Cuál inane? Si por ese acto de renuncia, la principal afectada tácitamente renuncia a incoar la acción de nulidad por la nueva designación de Fiscal y a cumplimentar el acto de nombramiento, a su favor, como resultado de haber obtenido 13 votos en una cesión de nombramiento de la Corte.

¿Cuál inane? Si esa renuncia no es óbice para iniciar la acción disciplinaria y el efecto penal a la insulsa Corte, por haber violado el mandato constitucional; la reglamentación legal del quorum decisorio de la mitad más uno y haber aplicado una resolución interna, desplazando en prioridad a la normativa jerárquica de la escala kelseniana.

La renuncia de la Dra. Amelia Pérez es de carácter y efecto sustancial. Resulta útil para esclarecer la conducta torva de la Corte al desconocer los principios universales del derecho administrativo de celeridad en la promulgación de los actos administrativos y de colocar en el plano de embrutecimiento a la opinión pública sobre los cuestionados «tiempos», como la opositora dictadura mediática, aupaba y avalaba el proceder torvo de esa entidad, que no procedía como ente judicial sino administrativo.

El acto de renuncia de la Dra. Amelia Pérez la habilita incluso para ser nombrada como nueva Vicefiscal; lo cual garantizaría el derrotero honesto para extirpar esa apéndice cancerosa del andamiaje judicial en Colombia!

La fatalidad del gobierno de los jueces

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Como abrebocas al presente escrito, me refiero al comportamiento abusivo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, debido a su torvo proceder, por inercia administrativa, en la designación de una fiscal general, encargada, cual personaje cuestionado y a todas luces atacada públicamente de ser una encubridora de fichas del narcotráfico, en el puerto internacional de Buenaventura y a quienes disfraza de contrabandistas; así solo y a secas.

Es función de ese supremo órgano de justicia en Colombia, nombrar a la nueva fiscal general de terna enviada por el señor presidente G Petro, hace mas de tres meses; para que, con anterioridad al fin del periodo constitucional del fiscal general saliente, que concluía el pasado 12 de febrero, procediera a efectuar el nombramiento respectivo. No existiendo (por un vacío legal) un plazo o termino para elegir al fiscal y por tratarse de una función administrativa y no judicial, de esa institución, se imponía el principio de celeridad, para proferir el acto administrativo de elección de la terna enviada por el señor presidente de la Republica. La Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del Lawfare, de guerra jurídica, aplicado al gobierno progresista del presidente G. Petro, hasta la fecha, no ha nombrado a la Nueva Fiscal general (por ser tres notables juristas colombianas quienes integran la terna). Ha desconocido la exigencia del pueblo colombiano, en cuya movilización radica la soberanía popular. Es así como la confidente del saliente conspirador Fiscal General Barbosa y quien fuera la Vice fiscal general, de Apellido Mancera, permanece dirigiendo los hilos de la corrupción y los intereses del narcotráfico, en ese importante órgano de la justicia colombiana y al que su mentor, el fiscal Barbosa, erigido mutuo propio como un ministerio público, contribuyo en menoscabo del Estado de Derecho.

Una conducta delictual

Los magistrados de la Corte no se han comportado como servidores públicos, infringiendo la Constitución y la ley. Deben responder penalmente. La Dra. Amelia Pérez al obtener 13 votos, es la nueva Fiscal General. Aplicaron una mayoría calificada de los dos tercios de los 23 integrantes de la Corte; siendo que la Constitución habla de mayoría simplemente. La Ley Reglamentaria de la Administración de Justicia, en el artículo 54, fija para ese acto de elección, que es, administrativo y no judicial, la mayoría simple de la mitad más uno, acorde con el espíritu constitucional. La Corte decide aplicar un Reglamento Interno que fijó ​ dos tercios de los integrantes (16 votos), violentando la Constitución y la ley y la llamada jerarquía de las normas, expresada en la Escala de Kelsen. Resulta una vergüenza nacional contar con magistrados violadores y desconocedores del orden constitucional y legal.

Riñe con la decencia que siete de los magistrados callaron y no se declararon impedidos en las sesiones de elección de la Nueva Fiscal general. El impedimento obedece a que los citados mantienen miembros de sus familias dentro del tercer grado de consanguinidad, bajo el resorte de nombramiento de la Fiscal general. Ahora, si una tutela declaró el impedimento de siete magistrados para elegir a la Nueva Fiscal; asistirán, en la próxima sesión, 16 magistrados; número óptimo para debatir y por ende no se requiere nombrar magistrados ad hoc, para reemplazarlos. Con la mitad más uno de los votos, o sea, 12 votos podrán elegir «oficialmente» a la ya designada, Dra. Amelia Pérez (quien obtuvo 13 votos en la sesión pasada). La decisión de la Corte, de no declarar electa a la Dra. Amelia Pérez es notoriamente injusta y contraria a la constitución y la ley. Por consiguiente, los integrantes de esa jauría, llamada Corte Suprema de Justicia, deben ser juzgados y castigados por prevaricadores, encabezados por su perrero mayor, como lo es quien la preside: un magistrado de apellido Chaverra.

Al cierre de este artículo, la envalentonada derecha militarista programa manifestaciones para que esa Cortesana no elija el próximo 07 de marzo Fiscal general y también entrabar las reformas de fondo a la Salud, Pensional y Laboral que se tramitan en la piara congresional. Así calificada, por ser su mayoría de senadores electos como producto de un sistema electoral clientelista, corrupto y de casino.

Análisis de parte de la encrucijada colombiana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El panorama económico, político-social del país, avizora una ruptura y conforme al pensador político Gramsci, la ruptura no es un riesgo; se traduce en resultado, porque la hay. Se expresa en el rompimiento por parte de un gobierno progresista en el mantenimiento de viejas prácticas.

Los sectores y gremios económicos, financieros, de la producción, han asumido una posición de contradictor político, sumándose al juego de instancias institucionales de control constitucional (Fiscalía, Contraloría) y de poder público; desde niveles como la Defensoría del Pueblo, Gobernadores y alcaldes, mantenidos en confrontación con el Ejecutivo presidencial. A toda costa buscan frenar las iniciativas de desarrollo y desempeño gubernamentales y para ello acuden, en lo denominado en análisis serios y sustentados de la realidad nacional, como el ariete de la oposición institucional para crear el caos, sin cortapisas. Los órganos de presión (Fenalco, Andi, Sac, etc.) el sector financiero parasitario, la banca privada y la rectora de ella, el Banco de la República, con excesivo apegó a los intereses de la oligarquía- que no burguesía productiva en Colombia- se alían, tal como en la Fuente Ovejuna “todos a una”, contra el gobierno progresista de G. Petro U.

Actuando como órganos de poder y en sustento y apoyo en la piara congresional y el no menos importante, o por llamar recurso del poder judicial, expresado en las altas cortes; entretejen en la enredadera legal y entramado de la maraña legalista; lo que se ha dado en llamar, en el escenario político latinoamericano el Lawfare.

El Lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país, sin mediar consideración en los graves efectos que tales extralimitaciones causen. El caso contra el Canciller Leiva es el más emblemático.

El Lawfare traducido al español significa “guerra jurídica”, como juego, en la práctica, del recurso de arma política y que busca, mediante el uso de procesos legales, inmovilizar a la primera autoridad administrativa del país, para destituirlo y de paso, afectar al gobierno en el dúo: presidente-ministros, destruyendo la valía de ellos, en búsqueda a imponer actores que afine el torvo propósito de la derecha militarista en Colombia, de retomar el gobierno que han perdido en el escenario electoral, al contarse, por primera vez en 200 años de historia, de gobiernos provenientes de las castas esclavistas y explotadoras, con un presidente progresista y de inspiración popular.

Continúa el proceso de golpe blando

Con la controvertida Fiscal Mancera, ungida por encargo por la procaz, desvergonzada y opositora Corte, en función administrativa, continuará el golpe blando. La Corte Constitucional ha sido inferior a la función constitucional, al desconocer que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”; expresada en su demanda de ejercicio directo de democracia en las calles. Haciendo eco a la imposición de la dictadura mediática “de darse los tiempos”, a sabiendas, como autoridad constitucional, que, para su función de nombrar a la Nueva Fiscal, que no es función judicial, no existe plazo o términos (que serían de orden público) y por ende debe regirse por el principio de celeridad administrativa; el cual ha desconocido olímpicamente.

¡Predomina la indecencia y se impone la movilización popular para dejar atrás la maraña leguleya y se defina la elección de la Nueva fiscal general, ya!

El Fiscal saliente, de apellido Barbosa, no cesará en su tarea de conspirador. Es un delito en la legislación penal colombiana y el sujeto de marras incurrió en lo así tipificado como servidor público en ejercicio que no debía intervenir en política. Fungió como sujeto visible de accionar opositor a las incitativas y tareas del gobierno, en cabeza del presidente G. Petro.

El delito de conspiración es prima facie del concurso de delitos de asonada, sedición y rebelión. Un conspirador es un sujeto político que se pone de acuerdo (publica o secretamente) para actuar en complot, uniéndose a las voces opositoras contra su superior o soberano. Sus giras en escenario de los grupos de presión económica, como Fenalco, para despotricar de lo habido y por haber del gobierno del presidente G. Petro, así lo tipifican. La Corte al dilatar la designación de la Nueva fiscal general se amanguala para impedir el inicio de la investigación penal contra ese sujeto.

¿Y del crecimiento económico qué?

Las cifras del Departamento Nacional de Estadística – DANE, eran de esperarse, por ser de conocimiento anticipado y de prever o ver algo con anticipación, por parte de la opinión pública nacional, en el actuante gobierno del presidente G. Petro. Así expresado porque contamos con un presidente economista, estadista y de valía internacional. Y en el evento que el decrecimiento de la actividad productiva nacional (esencialmente privada), trajere pronósticos de afectación al grueso y amplio conglomerado de la población colombiana, pues el armonioso equipo de gobierno dispone de los instrumentos necesarios, para con anticipación, disipar obtusas y maquiavélicas conjeturas de afectación, no digo a Colombia, puesto que tendría que entrar a dilucidar a cuál de las dos Colombia; afectan como tampoco a lo corporativo nacional, sino al pueblo llano, que como debe ser, es la mayor preocupación de un gobierno progresista con inspiración popular.

Detengámonos en considerar que conforme al muestreo de la expansión anual de la actividad productiva llegó a un 0.6%. Pero ese bajonazo redunda en un efecto contrario a los intereses corporativos y financieros parasitarios de la banca colombiana. Afecta al sector de la construcción, el comercio, la industria. Comulgo con la visión alternativa de la economía política que el crecimiento económico no implica beneficio para las clases populares. Por ende, el decreciente avance económico de la actividad productiva del capital privado no afecta a la clase proletaria colombiana que continua con la egida constante de solo perder las cadenas económicas y de explotación que la agobian. Me endilgarán que ya proletarios no hay sino clase media proletarizada. Pues magnánima enseñanza para quienes sin tener nada defienden a sus amos explotadores.

Una cosa es la productividad y crecimiento económico de quienes tienen los instrumentos de producción privado y otra el crecimiento y la inversión estatal o pública en el área de producción y de servicios públicos esenciales. Así, los grandes cacaos de la construcción han decidido no invertir, no construir, para no generar empleo y así contribuir a dar el golpe blando al gobierno progresista de G, Petro. Igualmente sucede con el cero inversiones en la industria. Tienen tanto que la depreciación del capital fijo no les afecta. Y sobre la afectación en el comercio a esos, con un opositor conspirador con la fiscalía general como lo es Fenalco, sí les ha golpeado ponerse de talanquera en la noria de las reformas laborales de fondo para que la clase trabajadora tenga capacidad adquisitiva y de compras. Y porque no mencionar el intocable sector de la Banca privada, con el manejo expoliador de los ahorros y dineros del pueblo colombiano. Esos parece que pasaren de agache puesto que, a pesar de todo, sus ganancias son inconmensurables. Y es a la autoridad monetaria, expresada en el Banco de la Republica la que debe responder ante tirios y troyanos por su intransigencia y oídos sordos en la no baja de las tasas de interés. Para muestra un botón: el economista presidente G. Petro, condena la práctica mafiosa del “gota a gota” con propuestas de apertura de créditos bancarios. Sin caer en simplezas, para activar la agroindustria en la obtención de la soberanía alimentaria; igual, para disminuir el aval de importaciones que significan, en un Narco Estado como el colombiano, el lavado impune de activos de las mafias, el atraso a la industria vernácula (con el no crecimiento de exportaciones) y de contera golpear estructuralmente el azote del contrabando. Pero no, a todo eso oídos sordos puesto que se está en un gobierno de inspiración popular; pero en el ejercicio de un poder político y económico de los corporativo y oligárquico bajo los designios de la derecha militarista. Los gurús económicos de la oligarquía (que no burguesía productora), al tiempo que los cacaos y empresarios vende patrias (al estilo de la traidora Corina Machado en el vecino y querido país bolivariano) deciden posponer sus proyectos de inversión; mantienen el bloqueo a las profundas reformas al sistema mafioso de la Salud, lo Laboral y de Pensiones, por mencionar lo más álgido.

No se puede menos que calificar de insolente que, siendo el sector corporativo y empresarial de derecha, los causantes del decrecimiento en el sector productivo privado se lancen en ristre contra dizque “el mal comportamiento” de los hogares colombianos en la demanda de consumo de alimentos, en las compras en el comercio y valga pues, en la adquisición de vivienda. Son unos desvergonzados.

Comprendiendo que me haría extenso en sustentar la eficiencia administrativa gubernamental en la ejecución y búsqueda permanente de salida en la próspera ejecución del presupuesto nacional, producto de la reforma tributaria obtenida y del Plan Nacional de Desarrollo, que es inversión pública y como ley, de estricto cumplimiento.

Téngase como solida presentación la de un gobierno condescendiente en el bienestar popular, con las zonas de la profunda Colombia olvidada.

De insolente califico el tamaño despropósito de cargar en los hombros del pueblo colombiano el deseo apátrida de fugar los capitales nacionales y de inversión; de no producir fuentes de trabajo, ni de compaginar en la búsqueda de una armoniosa economía de consumo y productiva. De descalificar a los más altos funcionarios del gobierno, sumándose a la actitud hostil de impedir la ejecución de los presupuestos públicos.

Continuaran en la llamada “guerra jurídica” implementando el golpe blando del Lawfare; pretendiendo la explosión de la ultraderecha continental y la actitud hostil contra los altos funcionarios. Pero se está al orden del día. Con la decisión inquebrantable y unánime de la movilización popular contra el golpe militari manu, develado.

¿Será violación al cese al fuego pactado con el EMC-FARC y con el ELN?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El pasaje de ejercicio de control territorial, constituye un elemento de hecho- sine qua non- para la calificación de una fuerza insurgente, en el marco del conflicto armado interno. Un cese al fuego bilateral implica la no confrontación armada directa o indirecta entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas armadas del Estado-parte. El cese al fuego bilateral es un proceso exitoso de acuerdo político. Pero al conflicto armado está ligado el conflicto económico, social, político, ecológico, colombiano. Ese es precisamente el tema de contenido de las conversaciones, para lograr el fin definitivo del conflicto armado interno. Las manifestaciones de paramilitarismo creciente y galopante en el país, puede obedecer al envalentonamiento de la derecha militarista, resultado del “triunfo” electoral regional de las últimas elecciones, debido al sistema electoral corrupto y de casino imperante en Colombia. Un elemento más que contribuye al factor de desestabilización que inspira la huella o rastro hacia un golpe blando institucional; resumido este, no en el ejercicio de una oposición política articulada; como si, al redito beneficioso de una oposición institucional de todos contra el ejecutivo, en cabeza del presiente G. Petro U.

Las expresiones de autonomía de territorio de las comunidades en la Colombia olvidada o la Colombia profunda, con mayor crecimiento durante este año, no obedece tanto a la presencia de las fuerzas armadas; como si, a pretendidas acciones cívico-militares de una institución militar aun regida y conformada por la doctrina militar del enemigo interno y la constante de una “malicia indígena” en el sentido que persistiendo el conflicto armado, esas fuerzas armadas acuden “a la lavada de cara” al servicio de los paramilitares (hoy al parecer de manera más soterrada que antaño), auspiciados por la colaboración económica de la narco oligarquía en ejercicio del poder.

Lo exitoso de una salida política al conflicto armado, transita sobre el resultado de un proceso político que abarque el tema de los álgidos y variados conflictos que aquejan al país. De allí la insistencia en que se defina la terminología técnica empleada y que, con el incentivo insidioso de la dictadura mediática, confunde a la opinión, sin diferenciar que una cosa es un proceso de paz y otra un proceso para el fin del conflicto armado, con toda(s) la (s) insurgencia(s); dado el paisaje histórico y variable de los conflictos existentes en Colombia y en particular el que es objeto de búsqueda para la terminación definitiva del conflicto armado interno.

 En Colombia no se transita por un proceso de paz que ha servido para otorgar premios Nobel. Se está en un proceso de fin o solución definitiva al conflicto armado interno para que deje de existir insurgencia armada, o sea guerrillas, a lo largo y ancho del país. En modo alguno con el llamado paro en Chocó, auspiciado por el ELN, y/o la acción de la población civil en otras regiones, bajo influencia presuntamente proselitista del Estado Mayor Central de las Farc; se ha dado incumplimiento al cese al fuego bilateral pactado. Existe un empoderamiento de territorialidad en esas regiones: uno, para denunciar nacional e internacionalmente la presencia militar en las comunidades del Departamento del Choco y dos, una comunidad indígena, campesina y de etnias actuante, en rechazo a la impunidad de la carga histórica de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Recordando a Héctor López Angarita. Primer aniversario de su Pascua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Sofía Jiménez Murillo

Nacido en 1949 y conocido como ‘el Flaco’ desde la época de su juventud, al señor Héctor López Angarita lo rodeó el campo rural de la finca La Guaria, en Convención de  Santander, Colombia, a lo largo de su crecimiento. La finca, a una hora del área metropolitana de Convención, deleita con paisajes majestuosos. Así pues, el Flaco aprendió a escribir en la Escuela Rural y se trasladó a la Escuela Vocacional para continuar con sus estudios de educación académica. Posteriormente, se le conoció como el troyano de Convención debido a su destacada carrera como dirigente popular y sindical en la zona de Tibú, petrolera por excelencia.

Entrado en su adultez joven, comenzó a trabajar en la compañía petrolera Sagog. Las luchas obreras de la época, enmarcadas en la explotación petrolera ocurrida en Sagog, desembocaron en huelgas que derivaron en la reversión de Sagog a Ecopetrol. Aún así, Ecopetrol viola la Convención Colectiva un tiempo después, ocasionando el estallido de la huelga de 1977, caracterizada por la violencia militar contra los trabajadores de aquellas compañías petroleras. Fue entonces cuando el Flaco comenzó a recorrer los campamentos y lugares de trabajo de los obreros de las compañías petroleras, integrándose e infundiendo la iniciativa del accionar político-sindical en defensa de los derechos de aquellos trabajadores.

El Sr. Carlos Meneses Reyes escribe, en el documento adjunto Héctor López Angarita (1949-2023). Semblanza que “Héctor López A, como líder de la clase obrera sindical; el compañero Adolfo León Guerrero Esteban y el curtido líder sindical ocañero, Don Marcos Navarro Pava, constituyeron un trípode de líderes sindicales y populares con capacidad política de movilización en las luchas reivindicativas” (p. 5). Los aportes de Héctor López para la reivindicación de los derechos humanos de los trabajadores de las compañías petroleras del norte de Santander fueron clave para dar a conocer los hechos que sucedían en aquellas industrias, las luchas campesinas de El Catatumbo y la resistencia obrera hacia la Colombian Petroleum Company. 

Combatiente luchador, defensor de los derechos laborales y humanos de los obreros petroleros. El Sr. Carlos Meneses Reyes nos brinda un hermoso poema, adjuntado a la nota, dónde da a conocer el legado de el Flaco.

El-troyanoDescarga
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Avanza la paz total hacia Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Sofía Jiménez Murillo

Según el Dr. Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y defensor de los derechos humanos, se ha extendido por 180 días el cese al fuego y se ha llegado a acordar que no se produzcan secuestros de carácter económico. También, se ha avanzado con el cese al fuego con el MC FARC y la tregua con los grupos armados de Buenaventura. Asimismo, el plan metodológico para la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz estaría lista para el mes de mayo del presente año.

En el documento que detalla la prórroga del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT), adjunto en la nota, se detallan las acciones qué, tanto el Gobierno Nacional como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) deben acatar para el funcionamiento hábil del plan. Entre estas están no realizar acciones ofensivas entre las Fuerzas Militares, no omitir información que se transmitiera por los canales de comunicación para procurar eficiencia técnica y no entrar en contacto armado con ninguna de las partes involucradas. Si desea leer la totalidad del acuerdo, le invitamos a leer el archivo adjunto.

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Comunicado internacional: Inminente amenaza de golpe de Estado en Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colombia, 2 de febrero de 2024

Comunidad internacional

REF.: INMINENTE AMENAZA DE GOLPE DE ESTADO EN COLOMBIA

Como sociedad civil colombiana nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes, ciudadanos del mundo, gobiernos, congresistas, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, sindicalistas y demás, para alertar y expresar nuestra profunda preocupación, por la persecución política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente, nominado a premio Nobel de Paz: Gustavo Petro.

Nuestro presidente fue elegido democráticamente con la máxima votación alcanzada en la historia de Colombia: más de 11.000.000 de votos.

Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del gobierno, extralimitándose en sus funciones y actuando en un falso rol de jefes de oposición, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Esta misma estrategia se usó cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá lo que lo obligó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual dictó fallo a su favor.

Ante esta grave situación, los Colombianos, sentimos la responsabilidad de alzar nuestra voz ante las acciones irresponsables y corruptas que están socavando los cimientos de nuestra democracia.

La Fiscalía General de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro.

Hoy, las Altas cortes de Justicia: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral han estado expidiendo fallos en contra de la ciudadanía, de decretos que expide el gobierno para impedir restablecer los derechos nuestras comunidades que han sido abandonadas por más de 200 años. Así mismo, han impuesto sanciones a nuestros congresistas, senadores y alcaldes elegidos democráticamente hasta impedirles ejercer sus funciones y retirarlos del cargo. Hay una persecución sistemática al Canciller, ministros, congresistas, sindicatos, organizaciones campesinas y líderes sociales.

La Corte Suprema de Justicia quiere perpetrar una ruptura institucional en la elección de Fiscal General de la Nación violando el debido proceso, nuestros derechos fundamentales e incumpliendo la Constitución.

Varios periodistas respetables y funcionarios honorables, han denunciado con pruebas, una red de corrupción liderada por el Fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y la procuradora Margarita Cabello.

La Fiscalía, las Altas cortes y los organismos de control, no cumplieron con su misión sino que se dejaron permear por una red de narcotráfico y corrupción.

Los últimos informes muestran que en Colombia hay un 94% de impunidad, además de documentar que estos organismos se transformaron en agentes de persecución política.

Expresamos nuestro respaldo incondicional a los esfuerzos que viene realizando nuestro presidente Gustavo Petro por conseguir LA PAZ TOTAL, la cual es posible a través de reformas estructurales socioeconómicas que propuso en su campaña y que el pueblo respalda.

Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que se solidarice con Colombia en su lucha por la justicia, la transparencia y la democracia y que la OEA apruebe lo antes posible, una Comisión internacional de justicia.

PETICIONES

Solicitamos a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países:

  1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.
  2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.
  3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.
  4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente.
  5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos.
  6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

 Firmemente,

EL PUEBLO DE COLOMBIA

CONSTITUYENTE PRIMARIO Y ORGANIZACIONES:

A.C.M, Agenda Internacional de Paz Londres, Alianza Social Independencia, Ambiente Diverso, Aprodic Cartagena, Asociación Animalista Libera, Asociación de Consejos Comunitarios y organizaciones Étnico territorial del Bajo Atrato ASCOBA., Asociación de Juntas de Acción Comunal Corregimiento de La Marcada, Dosquebradas, Risaralda, Asociación de Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras, ASOMAMIWATA, Asociación de organizaciones campesinas y populares de Colombia «El Común», Asociación de Teólogos y Teólogas Amerindia, capitulo Colombia, Asociación LGBTI ASISOMOS de Puerto Asís -Putumayo, Asociación Lgtbi Amazonas Sin Fronteras; Asociación Mujeres y Paz – Pasto -Nariño, Asociación Mutual abril San Damián – Diversidad, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR, Asociación Sembrando Semillas de Paz, Buenavibra por la paz, Campaña Paz Completa, Campaña Plántate en Si a La Paz UTRADEC-CGT, Casa de la Mujer, Cátedra Paulo Freire, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Acciones Integrales para la Mujer, Centro de Estudios Urbano Pastorales, Centro de Estudios y Revista Nueva Gaceta, Círculos Ecuménicos por la Paz, Coalición Transgénero, Codhes, Colectiva Feministas Emanciatorias, Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, Premio Nacional de Paz 2003, Colectivo de mujeres – Malu, Colectivo León Zuleta, Colectivo León Zuleta Cartagena, Colectivo León Zuleta de Cúcuta, Colectivo León Zuleta de Ibagué, Colectivo León Zuleta de Tuluá, Colectivo León Zuleta de Villavicencio, Colectivos de Comunicaciones de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Coljusticia, Colombia en Pau, Colombia Somos Todos y Todas, Colombianos en el exterior, Combito LGBTI, Comisión Claretiana de Justicia, paz e integración con la Creación., Comisión Política Confecomunal, Comisiones Ciudadanas De reconciliación y paz de Arauca, Comisiones ciudadanas de Reconciliación y Paz., Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Seccional Antioquia, Comité Regional de Planeación participativa del Magdalena Medio, Community Network, COMOSOC, Común Acuerdo, Comunales por el Sí, Comunitar, Conectados Con La Paz, Confederación Nacional de Acción Comunal, Conferencia de religiosos de Colombia, Conferencia Nacional de Organizaciones Afro Colombiana, confluencia LGBTI Cartago, Confluencia LGBTI de Zarzal, Conciencia Animal UNIANDINA, Consejo comunitario del San Juan ACADESAN, Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec, Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño, Consuelo Malatesta, Coordinación de Consejos, Comunitarios y Organizaciones de Base de la Costa Pacífica en Cauca COCOCAUCA, Coordinación Regional del Pacífico , Organizaciones Étnico Territoriales y las Diócesis del Pacífico, Corporación Universo LGBTI, Corporación ÁGORA Club (Pasto), Corporación Caleido de Ansermanuevo, Corporación Caribe Afirmativo, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Corporación Ciase, Corporación Colectivo Consciente, Corporación Colombia Somos Todos y Todas capítulo Meta y Jamundí Valle del Cauca., Corporación Conciudadanía, Corporación Corpo Colombia-verde, Corporación CSOMIANCOL, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad., Corporación Ocasa, Corporación Otra Escuela, Corporación Otra Escuela – Luis Benítez,, Corporación Podion, Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez, Corporación Red Somos Corporación Región, Corporación Reiniciar Tolima, Corporación Simbiosis, Corporación Somos, Corporación Vihda Nueva Bucaramanga, Corporación Viva La Ciudadanía, Cumbre Nacional de Mujeres de Paz: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz,, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325,, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA y Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP, CUT, Discapacidad LGBT Palmira Valle, Ego City -Medellín, EnClave de Paz, Endémica Studios, ENS, Equipo Multisectorial de Planeación Participativa de Barrancabermeja, Familia Franciscana de Colombia, FAONG – Federación Antioqueña de ONG, Federación de Acción Comunal de Risaralda, Florida Diversa – Valle del Cauca, Foro Internacional de paz, Fundación Ágora Valle, Fundación Amcodesh., Fundación Arenosa Vive, Fundación Caquetá Diversa, Fundación Caracolas de Paz de Nariño y Putumayo, Fundación Ceprod, Fundación Colectivo Red Diversa, Fundación Franz Weber, Fundación Fundescodes Buenaventura., Fundación Fundexco, Fundación Glaris, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAAT, Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, Fundación Matices Valledupar César, Fundación Mencoldes, Fundación Picachos, Fundación Plataformas de Pereira, Fundación Propaís Colombia, Fundación Proyecto Gente, Fundación Proyecto Gente, Fundación Rainbow Diverso, Fundación Realpe, Fundación Social Colombiana Ceda Vida, Fundación Trinity Church, Fundación Tuluá Diversa, Fundación Vida Digna, Fundimur, Gempaz, Gestapaz Barcelona., Grupo de Animadoras de apoyo psicosocial de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Grupo de Apoyo y de Estudios de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional (Gands UN), Grupo de Ciudadanos-as #ConElPoderDeLaGente, Grupo de mamás lesbianas, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, Grupo Líderes Educando a través de Líderes en Acción, Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, Ideas para Gobernar, Iglesia anglicana de las américas, ILSA, Juventud Patriótica del Partido del Trabajo de Colombia,, JUPA – PTC, Kinorama producciones, Lesbiápolis, LGBTI por la Paz Maestría en Planeación para el Desarrollo, Universidad, Santo Tomás, Mesa de participación Ciudadana LGBT de Tuluá, Mesa de trabajo LGBT de Bogotá, Mesa de Víctimas Florida Valle, Mesa Departamental de Víctimas del conflicto armado de, Antioquia-sociedad civil-,, Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctima, Mesa Ecuménica por la Paz, Mesa LGBTI Comuna 8 de Medellín, Mesa LGBTI de Barranquilla, Mesa LGBTI de Nariño, Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, Mesa Sucreña por la paz, Minga Casa Gestante – Choachí, Cundinamarca, Mom Paz – Pradera -Valle, MOSODIC, Movice, Movimiento defensa del territorio Cauca Medio, Movimiento Nacional Colombia Renace Movimiento por la Vida, Mujer Paz Pan y Vida de Barrancabermeja, Mujeres por la Paz, Observatorio para la paz, ONIC, Organizaciones del Consejo Participativo LGBTI de Pasto y Nariño, Orgullo LGBT Colombia, Padres obreros del espíritu santo O.E.S de la iglesia anglicana de las américas, PARCES ONG, Partido Comunista Área de Diversidad Sexual y de Géneros, Partido del Trabajo de Colombia – PTC, Pastoral indígena Diócesis de Quibdó., Pastoral indígena Diócesis de Tumaco., Pastoral Social del Vicariato Apostólicos de Guapi., Pastoral social Diócesis de Palmira., Pastoral social Diócesis de Tumaco, Pastoral social Diócesis Quibdó., Pax Christi Medellín, Paz a la Calle, PasA La Calle BCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Plataforma ALTO, Presbiteras Católicas, Programa Radial Tráfico Diverso, Promueve Tu Ciudad, Proyecto Ágora Joven- Nariño, Puentes para la Paz, Red Caribe por la Paz, Red de mujeres de Caldono, Red de Mujeres del Caribe, Red de Programas de Desarrollo y Paz, Redprodepaz, Red Interuniversitaria por la Diversidad de Identidades Sexuales, Red Nacional de Mujeres, Red Nacional en Democracia y Paz, Redepaz, Redes locales de Paz y reconciliación de 11 municipios del Occidente, REDLAD Colombia, Rodeemos el Diálogo – ReD, Santamaría Fundación, Santander por Naturaleza Nodo Cuenca Río Fonce, Sector Diversidades Marcha Patriótica, Sembrando Paz, Si Ambiental, Si Conservador por La Paz igual, Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, Sisma, SUMA CGT, TIC4GOOD, Tráfico Diverso, Transescena, Tunja Ambiente Diverso, Twiggi Fundación, Un Millón de Mujeres de Paz, UNA – Unidad Nacional Agropecuaria, UNEB – Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uniandinos por la Paz, Vamos por los derechos LGBTI, Veeduría ciudadana al plan de desarrollo de Medellín, Visión Pacífica, Voces de paz ORGANIZACIONES

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Denunciamos la amenaza de golpe de Estado contra el gobierno democrático y legítimo de Gustavo Petro

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, sábado 3 de febrero de 2024

Partido Vanguardia Popular

La deslegitimación de las instituciones democráticas, la peligrosa incitación a la rebelión, al golpe, a dar lugar a la injerencia imperialista y provocar elementos conducentes para la guerra civil, no es ninguna exageración en este momento en la cartografía política de nuestra hermana República de Colombia.

En situaciones así, los cimientos más firmes de la democracia se ven seriamente afectados. Siguiendo el esquema de G. Sharp, la construcción de los cinco pasos básicos para ejecutar el golpe, están claramente establecidos: En la “dictadura a la democracia” Gene Sharp, analiza, describe y comprueba acerca de 198 métodos para derrocar Gobiernos mediante “golpes suaves o blandos”.

 La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.

 La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.

 La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.

 La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de ingobernabilidad; finalmente,

 La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle.

En Colombia, a la oligarquía reaccionaria y defensora del terrorismo de Estado y el narcoestado, les ha dolido sobre manera el triunfo de la democracia popular, impulsada por el proyecto de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

No hay golpes de Estado blando ni suaves, todo golpe de Estado tiene un claro contenido reaccionario cuando es impulsado por las burguesías y oligarquías parasitarias o los testaferros internos que sirven incondicionalmente a los intereses perversos del imperialismo yanqui. Hoy con nombres y apellidos: “La fiscalía general de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro” 

Colombia, está así bajo una inminente amenaza de golpe de Estado. No es ningún estado paranoico, pero debemos señalar que, el departamento de Estado, el Pentágono y a la CIA, forman esa troika de maldad contra el proceso colombiano.

El actual gobierno de Petro y Márquez fue legitimado por una abrumadora mayoría en el último proceso electoral.

Desde su gobierno los planes y proyectos en favor de un desarrollo sostenible, su lucha en defensa de detener el violento proceso del cambio climático, la expectativa de legitimar a las minorías. Los proyectos contra la corrupción en todas las esferas gubernamentales y las fuerzas de seguridad y militares, forman parte de este nuevo ejercicio de poder en Colombia.

Desde Costa Rica, y de cara a esta grave situación, el Partido Vanguardia Popular, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y condena las acciones de la derecha que se dirigen a romper y socavar el Estado Social y de Derecho de Colombia.

Somos coadyuvantes, así mismo de las peticiones que, la mayor parte de la sociedad civil de Colombia, suscribe en favor y defensa del actual proceso bajo la dirección de Gustavo Petro. Hacemos nuestras las siguientes peticiones a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países:

1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.

2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.

3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.

4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente

5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos

6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR BRINDA LA TOTAL SOLIDARIDAD A NUESTRO HERMANA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y A SU PRESIDENTE GUSTAVO PETRO B.

ALFONSO PARDO M. SECETARIO RR.II.-PVP

TRINO BARRANTES ARAYA. SECRETARIO GENERAL PVP

vanguardiainternacional1931@gmail.com