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Etiqueta: Constitución Política

Unas palabras para celebrar la vida de nuestro hermano Mario Devandas Brenes

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Palabras de Vínyela Devandas Brenes durante la ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana el sábado 26 de diciembre de 2020.

Unas palabras para celebrar la vida de nuestro hermano Mario Devandas Brenes

Vínyela Devandas Brenes

Hoy nos reunimos en este hermoso templo para celebrar la vida fecunda de Mario Devandas Brenes, líder ejemplar de nuestra Patria, quien con gran inteligencia, ímpetu y valentía ha contribuido significativamente a que Costa Rica sea un mejor lugar para vivir.

Defensor y luchador acérrimo de la Seguridad Social de nuestro país, nunca se cansó de decir a todos los que lo escuchaban, que primero se debía conocer bien la problemática social para luego luchar unidos y conscientemente por la construcción de una Costa Rica más justa, más humana y más digna.

Mario Devandas Brenes defendió con ahínco la transparencia y la eficiencia de la función pública. Combatió furiosamente la corrupción, impulsó importantes proyectos de bien social. Fue un excelente negociador sin claudicar en sus principios y luchó con firmeza e ideas muy claras por nuestra amada Caja Costarricense del Seguro Social. Tenía el poder de su palabra, de su carácter, de su convicción moral para enfrentar cualquier obstáculo y caminar hacia la luz.

Entre los proyectos que él apoyó están la construcción del moderno EBAIS de Tirrases de Curridabat, el fortalecimiento de las Juntas de Salud con las cuales siempre se mantuvo en contacto y se reunió en sus lugares de funcionamiento por lejanos que fueran. También apoyó con entusiasmo la reforma al nuevo Reglamento de las Juntas de Salud. Propugnaba un modelo de salud más eficiente con mayor aplicación de la tecnología, por eso, estuvo de acuerdo con el plan piloto de Limón y la creación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), del que siempre se enorgulleció por ser un instrumento de información de la salud pública único en el mundo. Luchó por un modelo de salud enfocado tanto en la curación de la enfermedad, como en la prevención de la misma. Además apoyó decidida y tenazmente, la Institucionalización de los servicios de salud del Este, en su lucha continua contra la privatización de la Caja. Desafortunadamente, este último logro no lo pudo contemplar por la situación de la pandemia, pero siempre estuvo bien informado de su avance y de su éxito.

Mario Devandas Brenes siempre tuvo conciencia de la trascendencia de sus actos, por eso, en todas sus luchas en defensa de las instituciones más queridas del país como el ICE, por la que se le encarceló injustamente casi tres meses, la no privatización de los servicios de salud y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones de la Caja y otros proyectos, sabía que sus posiciones de combate generaban focos contrarios, pero nunca se echó atrás, nunca asumió una posición acomodaticia en beneficio personal. Fue valiente siempre en defender sus ideas con convicción y con entusiasmo que contagiaba a sus compañeros de lucha.

El método propuesto a todas las organizaciones sindicales, juntas de salud, asociaciones y grupos organizados contiene los siguientes pasos:

– Estudiar para conocer bien la problemática social.
– Tomar conciencia del problema por resolver.
– Buscar soluciones posibles y consensuadas.
– Iniciar la lucha a partir de la ejecución de los acuerdos tomados democráticamente.
– Por último, lo más importante: estar unidos en la lucha.

Mario nunca claudicó ante las situaciones difíciles. Al contrario, le apasionaba enfrentarlas, para ello, contaba con su gran capacidad intelectual y creatividad para la solución de los problemas.

Como presentía su pronta partida, no soportaba la inercia ni la tardanza en ejecutar las tareas pendientes. A pesar del quebranto de salud, trabajó con pasión y responsabilidad. Durante el último año, lo hizo más intensamente. Cuando se le aconsejaba pausa y descanso, contestaba que trabajando se olvidaba de su enfermedad. Al igual que Martí dijo de Bolívar: “Hay hombres que no se cansan cuando los otros se cansan”. Así era nuestro amado Mario: incansable, imparable, activo, luchador, visionario…

Insistió permanentemente en la aplicación del artículo nueve de la Constitución Política que establece que el gobierno de Costa Rica es democrático, representativo, participativo . alternativo y responsable Esto lo repitió incansablemente a todo grupo organizado para que tomara conciencia de que todos los ciudadanos somos copartícipes y responsables de nuestros gobiernos y de nuestros destinos.

Como diputado, como funcionario público, como dirigente, como directivo de la Caja y como educador fue transparente y responsable, creativo e íntegro. Se pensionó por el Régimen de pensiones de la Caja con lo que renunció a cualquier tipo de privilegios.

Se enorgullecía de los servicios de salud y de los logros de la Caja y abogaba por que fueran iguales para todos los costarricenses tanto de las costas como de los campos y de las ciudades. Por eso, apoyó la construcción de hospitales como el de Puntarenas y el de Cartago, entre otros; combatió con ahínco el desfinanciamiento de la Caja y luchó con tenacidad por el pago de la deuda del gobierno a esta Institución emblemática; además, proponía la inversión de los recursos del estado en obra pública.

Sin duda alguna, la partida de Mario nos deja un gran vacío en nuestros corazones, como educador, tenía la costumbre de dejar tareas, nos dejó muchas que debemos cumplir todos los que compartíamos sus ideales y sus sueños.

Para nuestra familia es una pérdida inmensa. Siempre fue un faro de humor, de conocimiento, de entusiasmo, de diálogo ameno en nuestros numerosos encuentros. El seno del hogar fue el crisol donde se fraguó desde muy niño, su conciencia de cristal, allí se alimentó de principios y valores que lo impulsaron a luchar. Más adelante, cuando entró a laborar en la administración pública, fue donde se consolidó como un combatiente por el decoro nacional y la justicia social. Siempre lo apoyamos porque creímos en él, porque lo conocíamos, porque fue nuestro líder cercano e indiscutible, del que siempre nos sentiremos muy orgullosos.

Quiero resaltar en forma especial la presencia de una persona indispensable en la vida de nuestro hermano Mario. Su esposa María Eugenia Aguilar, Maruja. Más de 50 años compartió la vida con él. Sabía sortear las explosiones de entusiasmo que como un volcán, emanaba Mario de vez en cuando, para después compartir con él, en el sosiego de su hogar, una película, una pieza musical, una lectura o una anécdota simpática de las que siempre tenía Mario a flor de labios.

Tuvieron tres preciosas hijas: Vinyelita, la mayor, de grata memoria, Catalina y Aleida, tres mujeres excepcionales de quienes siempre estuvo muy orgulloso y satisfecho. Las dos últimas, como ramas del Árbol de la vida les dieron cinco nietas: Zoe y Mila; Lara, Aitana y Julia, un manojo de bellezas, quienes hasta el final llenaron de canciones y caricias a su amado abuelo como regalo en la noche de Navidad, en su ocaso de Quijote, de volcán, de patriota, de líder de la clase trabajadora…

A todas estas maravillosas mujeres nuestro cariño de siempre.

Agradecemos a las organizaciones que han estado con él en las luchas por el bien común de nuestro país. Al Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social, nuestro agradecimiento por el homenaje en el que nominaron su casa sindical con el nombre de Mario Devandas Brenes, homenaje que llenó de regocijo y orgullo a Mario en sus últimos días.

A todas las personas e instituciones les manifestamos nuestro agradecimiento por su solidaridad, cariño y apoyo a Mario desde el inicio de su enfermedad hasta su partida.

A la Conferencia Episcopal, al Padre Luis Alejandro Rojas A. y al Arzobispo José Rafael Quirós Quirós, muchas gracias por compartir luchas importantes de bien común con nuestro amado hermano.

Hemos recibido abundantes mensajes de cariño, de reconocimiento y de ánimo para Mario. Anteayer, cuando nos pidió a sus hermanos que fuéramos a verlo, le preguntamos qué respondíamos a los que le habían enviado esos bellos y sentidos mensajes. Él nos contestó: “Dígales a todos, que les agradezco mucho” …

¡Muchas gracias!

¡Un aplauso bien fuerte para nuestro hermano y nuestro líder Mario Devandas Brenes!

Imágenes de SURCOS.

100 años de la jornada de 8 horas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha por el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo empezó en el siglo XIX. El movimiento obrero europeo, y luego el norteamericano, fueron los que llevaron en alto esta bandera.

Los movimientos políticos de los trabajadores, los socialistas, los anarquistas y los comunistas, principalmente, condujeron sus luchas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la I Internacional, tanto la Primera como la II Internacional, fundadas ambas por Carlos Marx, para darle unidad organizativa y de acción frente al capital, que operaba internacionalmente, estuvieron en el centro de estas luchas.

A finales del siglo XIX, como una reacción contra el crecimiento organizativo de las luchas de los trabajadores, y ante la aparición de partidos obreros más organizados, que los dirigían, la Iglesia Católica se sumó a las reivindicaciones sociales y obreras, tratando de quitarles las banderas sociales, a esos partidos, para atraer masas de trabajadores a sus filas, y separarlos de la influencia revolucionaria de esos partidos, al promulgar el Papa León XIII, su Encíclica Rerum Novarum, donde se pronunciaba a favor del derecho de huelga, del derecho de organización sindical y por justos salarios. En el caso costarricense, el Obispo Bernardo Augusto Thiel hizo suya esa Encíclica con su Carta Pastoral No. 30 pronunciándose en igual sentido, lo que provocó por parte del Gobierno del Presidente José Joaquín Rodríguez una airada protesta.

También reaccionó la Iglesia Católica frente a las grandes luchas obreras de los Estados Unidos, desde 1880 hasta 1886 y de Europa, a partir de 1890, cuando se produjeron las grandes huelgas en los Estados Unidos que culminaron, con la de 1886, en Chicago, después de varios meses de paralización de empresas e instituciones, con el reconocimiento y establecimiento de la jornada de 8 horas en los Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, que se generalizó a partir de ese momento como una lucha internacional.

En 1889, ante una nueva convocatoria del movimiento obrero norteamericano, para reanudar la lucha por las 8 horas, allí donde no se había obtenido en 1886, a partir del 1 de mayo de 1890, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, acordó sumarse a esas luchas, y declarar a partir de ese año, 1890, la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de lucha por la Jornada de 8 horas.

Los sucesos de las Huelgas de Chicago fueron seguidas en Costa Rica por la prensa. que ya informaba, con pocos días de diferencia, de cómo evolucionaba y avanzaba esa lucha. Ya se habían tenido experiencias de luchas de trabajadores en el país, especialmente importantes con las protestas de trabajadores que laboraban en la construcción del Ferrocarril a Limón, chinos, negros y especialmente la huelga de los italianos. A mediados de la década de 1890-1900 también la huelga de los españoles.

Con el surgimiento de los partidos políticos en Costa Rica, en 1889, se dieron movimientos políticos que en esa década, 1890-1900, permitieron llevar al Congreso a diputados identificados con las luchas populares y obreras, a Félix Arcadio Montero, a Faustino Montes de Oca y al diputado Víctor Golcher.

En Costa Rica ya había nuevos niveles organizativos de los trabajadores, las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, que habían superado a las sociedades mutualistas, de socorros mutuos y de mutuo auxilio, por su carácter clasista, de solo obreros, solo artesanos o solo trabajadores.

Entre 1890 y 1910 la sociedad costarricense sufrió un cambio muy importante en su economía. Se desarrolló el urbanismo, especialmente en la ciudad de San José, en Heredia y Alajuela, se desarrolló la industria, la electricidad, aparecieron fábricas superando los talleres artesanales, lo que provocó, también, que las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, especialmente, desaparecieran dando lugar a las Ligas Obreras y Sindicatos, tal y como ahora existen.

A principios del Siglo XX se dieron una serie de luchas y de huelgas obreras y de trabajadores, que desarrollaron la necesidad de avanzar hacia niveles superiores de organización sindical haciendo surgir, a partir de 1905, la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la constitución de la Confederación General de Trabajadores, como única organización nacional de este tipo, que duró hasta 1923, cuando le dieron apoyo político a Jorge Volio para desarrollar e impulsar su Partido Reformista.

La Confederación General de Trabajadores fue impulsada por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en el que estaban Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón Brenes, Carmen Lyra y otros destacados caudillos culturales de esos años.

Ese año de 1913, bajo el impulso de la Confederación General de Trabajadores y del Centro de Estudios Sociales Germinal, se empezaron a organizar los desfiles anuales del Primero de Mayo, con el sentido histórico que lo habían hecho surgir, en 1886 y 1890, la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones obreras y laborales.

El movimiento sindical del país ya tenía contactos internacionales con otros movimientos sindicales, desde principios del siglo XX, con el movimiento obrero de Chile, dirigido por Luis Emilio Recabarren, con el español, de Pablo Iglesias, con el centroamericano, que trató de crear la Confederación Obrera de Centroamérica en 1911, con el latinoamericano, que conduce a crear la Confederación Obrera Panamericana, en 1919, en la que Joaquín García Monge representó al movimiento obrero costarricense, y el poeta y escritor nicaragüense Salomón de la Selva al movimiento obrero nicaragüense.

Las luchas populares contra la dictadura de Federico Tinoco, especialmente en 1919, y su caída, elevaron las luchas sociales y populares con mayor fuerza.

Acababa de triunfar la Revolución Rusa, en 1917, que estaba sacudiendo a toda Europa y el mundo. En Europa con movimientos populares revolucionarios, que intentaban sublevaciones similares, de carácter socialistas y comunistas. En Costa Rica el Dr. Aniceto Montero, que había estudiado en París y había establecido contacto estrecho con los bolcheviques, con la Revolución Rusa, conocedor y divulgador de la obra política de Lenin, y con la II Internacional, fundó, a modo de partido político, su Centro Socialista de Costa Rica.

Así, a principios de 1920, en enero, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, empezaron a dar la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, también en el sector privado.

Una huelga preparada y desarrollada, en su etapa final, en la segunda quincena de enero, fue ejecutada el 1 de febrero y terminó, con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas. Tenían el Centro Socialista y el Centro Juventud Obrera, de San José como principales puntos de reunión.

A la demanda de 8 horas sumaron la pretensión de un aumento de salarios del 25%. La solidaridad con los huelguistas fue amplia, incluyendo de mujeres que dieron dinero para asegurar su sostenimiento.

El 2 de febrero el Gobierno reconoció la existencia de la Huelga, como “un derecho” que “el Gobierno ampara”, como “consecuencia de su respeto por las libertades individuales”, y que “garantizará la libertad de los obreros para ejercitar su derecho de huelga”. El Gobierno igualmente se pronunciaba señalando que los trabajadores en huelga debían respetar a los que no fueran a la huelga, y que de la misma manera protegería a los que se mantuvieran laborando.

El 4 de febrero se anunciaba públicamente el triunfo del movimiento huelguístico con el decreto del Gobierno de la jornada de trabajo de 8 horas, y un aumento de salarios del 20%, para los trabajadores del sector público, y de un 25% para peones y jornaleros del sector público. De esta manera, reconocía el Gobierno, “que correspondía a mejorar la situación de los obreros que están al servicio del Estado”.

Inmediatamente se desataron otros movimientos huelguísticos que se prolongaron durante los siguientes meses, en los distintos centros de trabajo del sector privado, donde además de la jornada de 8 horas exigían aumentos del 30% o más en sus salarios.

La lucha intensa durante el año impuso que el 9 de diciembre el Gobierno reconocía la jornada de trabajo de 8 horas, con aumentos de salarios que habían alcanzado hasta un 40% y reconocía el derecho de organización sindical y el de huelga.

Aún logrado este Derecho, el de la jornada de trabajo de 8 horas, cuando se fundó el Partido Comunista, en 1931, en su Programa, en su punto 5, se señala que se debe cumplir la jornada de 8 horas que patronos y empresas todavía no cumplían.

En las Garantías Sociales, introducidas a la Constitución Política de 1871, como resultado del Pacto de la Iglesia Católica, el Partido Republicano y el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, en 1943, se estableció la jornada de 8 horas trabajo como jornada máxima a trabajar diariamente. También se estableció como Derecho Constitucional el de organizar sindicatos, de realizar huelgas y de negociar Convenciones Colectivas de Trabajo, todos Derechos que se establecieron de igual manera en el Capítulo de Garantías Sociales de la actual Constitución Política, en vigencia desde el 7 de noviembre de 1949.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, la jornada máxima de 8 horas de trabajo, obtenida hace 100 años en Costa Rica, cuando en este Gobierno, y desde hace bastante tiempo vienen trabajando los intereses anti trabajadores y pro patronales, por romper este máximo de trabajo para imponer la jornada de 12 horas diarias, bajo la modalidad de la llamada jornada 4-3, de laborar 4 días de 12 horas cada uno con 3 de descanso.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, asociada el reconocimiento de los trabajadores a organizarse sindicalmente, a desarrollar o hacer huelgas, y a firmar Negociaciones Colectivas de Trabajo para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de seguridad e higiene ocupacional, sus salarios y condiciones de vida, en un momento en que se ha arreciado contra los derechos sociales de los trabajadores, en distintos flancos.

Recuerdo, también, como hace 100 años se veló por aumentar sustantivamente los salarios, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Hoy se tiende a reducir salarios, pensiones e ingresos de los trabajadores, deteriorando fuertemente esas condiciones de vida y de trabajo, y liquidando con ello a sectores sociales que han sido el pilar de la estabilidad social nacional, como son las llamadas clase medias, no solo asalariadas sino también productivas.

Si hoy son Derechos constitucionales, emitidos, y originados por el Poder Constituyente Originario, el que hace surgir una Constitución Política, en buena lógica jurídica no se pueden afectar negativamente por ninguna reforma legislativa.

El Poder Legislativo no está autorizado, ni facultado, para establecer por Ley alguna situación que menoscabe estos Derechos, los debilite, los disminuya, o que afecten la situación de los trabajadores y ciudadanos.

Soy de la opinión que tampoco la Sala Constitucional de la República puede, por interpretación de la Constitución, hacer cambios en este sentido, para los que expresamente no está facultada. Su tarea es defender y asegurar el pleno ejercicio de estos Derechos, como el de las Libertades públicas, consagradas en la Constitución Política.

A 100 años de haber sido establecida la Jornada de 8 horas de trabajo, como jornada máxima diaria, y de haber sido incorporada a la Constitución Política, por la Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, más que nunca sigue vigente su lucha y su defensa.

Internacionalmente, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, países han venido reduciendo la jornada de trabajo a 7 y 6 horas diarias.

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

  1. Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
  2. En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

  1. Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
  2. Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
  3. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

  1. Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  2. Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
  3. Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
  4. El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
  5. La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
  6. En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El gigantesco significado de un pequeño estribillo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Ángel Salazar Oses

«Si no hubiera vetado Carlos Alvarado, la red popular se lo lleva de arrastrado»

Sencillas y claras palabras que sintetizan la esencia de, nada más y nada menos, tres artículos fundamentales de nuestra Constitución Política, el 1, el 9 y el 11 que, respetuosamente, sugerimos estudiar atentamente.

El primero plantea que nuestra República es Democrática, el noveno que el Gobierno de la República es «popular… participativo…y lo ejerce el pueblo y tres Poderes» y, el décimo primero nos faculta como pueblo a controlar los resultados y a exigir rendición de cuentas a los gobernantes de turno.

Ahora bien, para que el pueblo que somos, ejerza estos legítimos derechos de gobierno supremo sobre el país que, por cierto ha construido con su sudor, con sus sacrificios, sus sufrimientos, lágrimas y vida misma y que, con sus mentiras una pequeña argollo corrupta le ha robado sistemática e históricamente, necesita despertar, informarse -estudiar-, unirse, organizarse, empoderarse, movilizarse y convertirse en Poder Popular, que no es más que el Pueblo empoderado que debemos ser para ejercer todas estas prerrogativas  que nuestra Constitución nos permite. Y, eso es lo que ha sucedido en la lucha absolutamente legítima y vital que hemos dado para exigir el veto que hoy celebramos convertidos en Poder Popular y que, de no haberlo hecho Carlos Alvarado «la red popular se lo lleva de arrastrado».

Este es el Poder Popular – «red popular» que, reiteramos, haciendo valer el artículo primero – «démos»: pueblo;  krátos: autoridad, poder-; el noveno -gobierno «popular», «participativo», ejercido por el Pueblo antes de los tres Poderes» y, el décimo primero – derecho del Pueblo que somos a ejercer control de resultados y rendición de cuentas, decidió soberanamente exigirle a Carlos Alvarado vetar la nefasta ley que autoriza el criminal arrastre y, este  Pueblo consiguió este propósito pues de no haber vetado Carlos Alvarado, este Poder Popular convertido en todopoderosa red se lo hubiese «llevado de arrastrado».

La moraleja es clara: ante el Poder Popular -red que todo arrastra- no hay gobierno que resista por lo que, si deseamos construir en nuestra Patria la real Democracia Humanitarista, Ecologista y Demócrata Participativa, lo que debemos hacer es convertirnos como Pueblo en fortalecido y estable Poder Popular -red todopoderosa que todo lo arrastra- y esta es la tarea que debemos emprender de inmediato como red que ya hemos empezado a ser, dejando en el basurero de la historia toda actividad que divida a nuestra Pueblo como los partidos políticos, los fanatismos religiosos, futboleros, discriminación racial, sexual, de género, patriarcalismos, en fin todo lo que nos ponga como estúpidos a pelear entre el Pueblo que somos, olvidando que el verdadero enemigo a combatir hoy como Poder Popular, es este criminal Sistema Capitalista, Homicida, Ecocida, Plutocrático y Cleptocrático, cuyos dueños -minoría cada vez más reducida-, quieren convertirnos en ciervos menguados y a Costa Rica en su feudo.

¡A fortalecer la red popular!, constructora de una nueva Costa Rica y un mundo en el que impere la justicia integral económica, política, social, y cultural.

Esta es la ineludible tarea que ya debemos asumir plenamente.

Plebiscito en Chile: ¿fin de su “laboratorio” neoliberal?

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  • Chilenos tendrán nueva constitución en el 2022

  • ¿Posibles efectos en el resto del Continente?

Gerardo Zamora Bolaños

¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).

Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.

Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.

Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

Diálogo social y rescate democrático

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“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Proceso de reelección de presidente de la Corte evidencia la necesidad de mejorar procedimientos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Para el Foro de Justicia, el controversial episodio legislativo durante la reelección del magistrado de la Sala Constitucional y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, evidencia la necesidad de mejorar el proceso de selección de magistraturas.

San José, 09 de octubre de 2020- El Foro de Justicia externa públicamente su más alta preocupación por los acontecimientos del pasado 5 de octubre en la Asamblea Legislativa, con motivo de la votación para la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Fernando Cruz Castro; lo cual justifica reiterar el llamado para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas y ajustarlo a los estándares internacionales.

El ingreso de dos diputados y una diputada al Plenario legislativo por zonas no habilitadas al efecto, burlando el cierre formal del recinto de votación, empaña este acto formal y debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo. Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional.

Asimismo, el Foro de Justicia considera inaceptable que una vez más, se votara de manera secreta y sin fundamentación, la reelección de una magistratura.

Resulta también preocupante la decisión de la Presidencia del Congreso, de conminar con la nulidad de su voto a aquellas diputadas y diputados quienes, amparándose en los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, pretendieran hacer su voto público. Se vulneró así el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de sus representantes y a fiscalizar los actos del poder público.

Además, desde el Foro de Justicia se reprueba la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistratura para ajustar cuentas con las personas magistradas por los votos emitidos en determinados casos. La Constitución Política señala a la Asamblea Legislativa requisitos específicos a cumplir en caso de considerar que un magistrado o magistrada no debe seguir en su cargo: que exista una causa justificada para no continuar en el cargo y que se cuente con el voto de una mayoría calificada (38) de los y las legisladoras. Adelantándose a su tiempo, la fórmula ideada por los constituyentes de 1949 garantiza la estabilidad en el cargo y fomenta la independencia del Poder Judicial, a efectos de que, los máximos jueces y juezas no deban su puesto a fuerzas políticas particulares.

Cabe recordar que la independencia judicial es un derecho de todas las personas a que sus conflictos se decidan por terceros conforme al derecho vigente y sin sumisión a criterios partidarios o personales.

Actuar contrariamente a los preceptos constitucionales y los estándares internacionales en la materia, propicia la instauración de una judicatura complaciente con los intereses de los grupos dominantes, los cuales pueden variar en cada momento, perdiéndose la protección de la independencia judicial para la resolución de los conflictos sociales.

El Foro de Justicia insta respetuosamente a los señores diputados y a las señoras diputadas a que asuman la responsabilidad de modificar el Reglamento Legislativo eliminando todas las normas que suponen la votación secreta para estos casos y fortalezcan los mecanismos para la designación de las magistraturas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mostrarse vigilante de sus representantes legislativos, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Araya Montero

 

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.