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Etiqueta: Constitución Política

Carta Abierta al Estado de Costa Rica sobre desalojos y vulnerabilidad de los Pueblos Originarios: el caso del Territorio Cabécar de China Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Viernes 13 de noviembre 2020

Las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta Carta Abierta dirigida al Estado de Costa Rica nos referimos a las órdenes de desalojo judicial que existen contra el Pueblo Cabécar de China Kichá y el aumento de la vulnerabilidad que dichos desalojos suponen para este Pueblo.

A saber, existen dos amenazas de desalojo judicial en el Territorio Cabécar de China Kichá. El primero corresponde al de Kono Jú: en el voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José se ordenó el desalojo de las y los recuperadores Cabécar de la recuperación realizada en mayo del 2019 y nombrada como Kono Jú[1]. Tras una serie de acciones judiciales, políticas y mediáticas, el 25 de septiembre el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires suspendió temporalmente el desalojo de Kono Jú.

El segundo corresponde a Yuwi Senaglö, tierra-territorio recuperada desde el 28 de septiembre del presente año. Hasta esa fecha estaba ocupada ilegalmente por Miguel Vargas Mata (quien todavía se encuentra atrincherado en la casa dentro de Yuwi). La Resolución N. 48-2020 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) del 13 de octubre de 2020 ordenó el desalojo de las familias Cabécar recuperadoras.

Sobre ambos procesos, solicitamos al Estado de Costa Rica considerar cuatro cuestiones fundamentales:

  1. Se está aplicando el derecho Civil y Agrario, más no el Derecho y Legislación Indígena. Según los Principios Generales del Derecho, la norma especial prevalece sobre la general. En Costa Rica además existe suficiente normativa de carácter internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado desde 1993 y la Ley Indígena (Ley 6172 de 1977) que expresamente regulan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Se debe entender que estos Territorios y estos Pueblos se encuentran protegidos por una legislación y derechos especiales y como consta en ambos expedientes según información oficial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), los terrenos recuperados se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá.
  2. En el contexto de la Pandemia del Covid 19, una medida cautelar como el Desalojo Judicial o Administrativo aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran estos Pueblos. Sobre esta situación varias instancias nacionales e internacionales emitieron diversos informes y normativas que recomiendan que los desalojos contra Pueblos Originarios no se lleven a cabo.

Entre ellos, se rescata el Comunicado Público del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda: Balakrishnan Rajagopal, del 18 de agosto de 2020, en el que expresa: “(…) El derecho a la vivienda es fundamental en cualquier respuesta a la pandemia (…) Perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida” (…) “los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”.

Balakrishnan Rajagopal, en ese mismo comunicado, menciona: “Hago un llamado a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad a la COVID-19”[2].

III. La CIRCULAR No. 227-2020 de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que establece “El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 95-2020, celebrada el 6 de octubre de 2020, artículo XLIX, acordó comunicar a todos los despachos judiciales del país que tramitan procesos judiciales donde se disponen puestas en posesión y desalojos en los que intervengan personas en situación de vulnerabilidad, y con fundamento en la normativa nacional e internacional de derechos humanos -de carácter supraconstitucional conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…se insta a las personas servidoras judiciales vinculadas con la tramitación y ejecución de desalojos y puestas en posesión para que, a fin de garantizar el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad, cumplan con lo siguiente:

  1. Garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, aplicando el Derecho Indígena -siempre y cuando no transgreda los derechos humanos- así como sus costumbres y cosmovisión, conforme a la normativa nacional e internacional, en especial, el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. De ser necesario podrá requerirse un peritaje antropológico, para garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
  2. Respetar la importancia de que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, en resguardo del derecho colectivo y comunitario de esa relación. La utilización del término «tierras» debe incluir el concepto de territorios, que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Además, tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades”[3].
  3. La Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá y las familias Cabécar residentes de Kono Jú, presentaron desde el 22 de septiembre del 2020 la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo en Kono Jú de China Kichá ante Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública; solicitud que todavía no ha sido respondida por dicha instancia.

Esta solicitud se basa en el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS. Donde se determina la Creación de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. El artículo 15 de dicho Decreto establece:

“El Ministerio de Seguridad Pública o la CAID podrán considerar un desalojo, en trámite judicial, como de vulnerabilidad social. En ese caso, por medio de la Procuraduría General de la República, se impulsarán las gestiones necesarias para solicitar al despacho judicial que, en sentencia, se considere un tiempo prudencial para ejecutar el desalojo a partir de una atención integral y respetuosa de los Derechos Humanos”.

Ante ello, las organizaciones e instituciones que suscribimos, solicitamos vehementemente al Estado de Costa Rica que:

  1. Se garanticen y respeten los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  2. Se priorice la aplicación del Derecho y Legislación Indígena sobre el derecho Civil o Agrario, según lo estipulan los Principios Generales del Derecho, en el sentido que la norma especial prevalece sobre la general.
  3. Se detengan los desalojos en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el tanto un desalojo como medida cautelar anticipada genera indefensión a los Pueblos Originarios y violenta su derecho fundamental, colectivo y comunitario a la tierra y en el contexto de la pandemia del Covid-19 el desalojo aumentaría la vulnerabilidad de este Pueblo.
  4. El Ministerio de Seguridad Pública resuelva la Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jú y se inicie el proceso de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, en consonancia con el Decreto Ejecutivo N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS.
  5. La suspensión de los desalojos ordenados hasta tanto el Ministerio de Seguridad resuelva la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad de ambos desalojos.
  6. En el caso de Kono Jú, habiendo transcurrido un lapso de tiempo razonablemente largo desde la fecha de recuperación del terreno y considerando que no existe más prueba que conocer, se proceda ya con la resolución de fondo de ese litigio.

Organizaciones, instituciones y personas firmantes:

Brigada para Leer en Libertad AC, México
Cultural Survival
Mujeres y la Sexta, México
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, Cuba
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, México
Comité Cerezo; México
Festivales Solidarios, Guatemala
Red Latinoamericana Somos Un Abya Yala
Recuperadoras/es Cabecar de Kono Ju de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Yuwi Senaglö de China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Sekeirö Kaska de China Kichá
Recuperadoras Cabecar de Sá Ka Duwé Senaglö. De China Kichá
Recuperadoras/es Cabecar de Kerpego. De China Kichá
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá
Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
Concejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa de Cabagra
Recuperadoras/es Brörán de Crun Shurin
Recuperadoras/es Brörán de Finca San Andrés
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica
Asociación de Productores de Finca 10
Comité de lucha por la Tierra de Finca Changuina
Cootraosa
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Venecia
SOJUPANO de Palmar de Osa
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
SERBUSUR de Finca Puntarenas
Asociación Voces Nuestras
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CiCDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Estudios Avanzados UCR (UCREA)
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Alaklä sulú täkili wömi, La fortaleza de la mujer maíz por siempre, Alto Chirripó
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Centro de Orientación Indígena de Sixaola
Asociación de Trabajadores Ngöbes de Sixaola, ATIGUSI
Consejo de Mayores Broran Térraba
Mujeres Mano de Tigre Orcuo Dbön de Térraba
Mujeres en Acción, Costa Rica
Lunayena Títeres
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Comité Ejecutivo, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), Costa Rica
Humanismo Secular de Costa Rica
Colectivo de Geografía Crítica 24 de abril
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR
Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica
Movimiento Cultura Viva Comunitaria Costa Rica
Hablemos de Derechos Humanos
Colectiva Caminando
Colectiva Radio Andante
CEFEMINA
Radio Machete
La Cadejos, Comunicación Feminista
Frente de Resistencia Animal y de Tierra, FRAT
Asociación de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, UCR
TardeArte Revista Cultural
Red del Buen Vivir Región Brunca
Asambleas Patrióticas Populares
Movimiento Alternativas de Izquierda (MAIZ)
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1 835 921
Ana Elena Obando, cédula 1 651 024
Mariel Rojas Gómez, cédula 1 1051 0809
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490
Natalia Silva Maffio, cédula 4 0192 0714
Carol Moreira Campos, cédula 1 1178 0654
María Elena Moreira Campos, cédula 1 0525 0022
Adriana Sánchez Sánchez, cédula 1 1040 0980
Marisela Navarro Brenes, cédula 1 1163 0622
Geoffrey González Jiménez, cédula 401660158
Judith Navarro Brenes, cédula 3 0200 1324
Evelia Navarro Brenes, cédula 3 0144 701
Karol Montero Rony, cédula 1 1108 0959
Nery Chaves García, cédula 1 1482 062
Paula Pinto, 1 2490000-0327 Francia
Jaime Arturo Rojas Brenes, cédula 4 0162 0345
Jackeline Corrales Mora, cédula 1 1096 0142
Osvaldo Muñoz Fores, cédula 1 1698 0742
Soledad Díaz Pasten, cédula 1 15200 006105
Juan Carlos Gutiérrez Camacho, cédula 1 724001 39828
Reiner Retana Solano, cédula 1 1086 0040,
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1 06460922
Larraitz Lexartza Arza, cédula 8 0124 0792
Olman Bolaños Vargas, cédula 2 0420 0917
Lorna Mariana Li Gutiérrez, cédula 1 1594 0566
Jorge Segura Ramirez, cédula 1 0464 0390
Pamela Campos Chavarría, cedula 1 1345 0315
Ricardo Araya Rojas, cédula 1 0529 0917
Luis A Monge Arrieta, cédula 1 0618 0825
María Pérez Porras, cedula 1 0457 0132
Juan Francisco Valerio Delgado, cédula 4 0184 0769
Vianey Mora Vega, Cédula 1 1 448 0728
Dayana Ureña Solís, cédula 2 0590 0549
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4 0137 0280
Ronny Valverde Chinchilla, cédula 1 0914 0538

Notas:

[1]De esta forma, el Tribunal acogió una medida cautelar solicitada por Hacienda La China R y L S.A -propiedad de Ángel Marín Espinoza- en un proceso ordinario agrario que se conoce en el Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).

[2] Ver: https://hic-al.org/2020/09/04/experto-de-la-onu-insta-a-prohibir-los-desalojos-durante-la-pandemia-de-covid-19 y https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26170&LangID=E

[3] Esto de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El gigantesco significado de un pequeño estribillo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Ángel Salazar Oses

«Si no hubiera vetado Carlos Alvarado, la red popular se lo lleva de arrastrado»

Sencillas y claras palabras que sintetizan la esencia de, nada más y nada menos, tres artículos fundamentales de nuestra Constitución Política, el 1, el 9 y el 11 que, respetuosamente, sugerimos estudiar atentamente.

El primero plantea que nuestra República es Democrática, el noveno que el Gobierno de la República es «popular… participativo…y lo ejerce el pueblo y tres Poderes» y, el décimo primero nos faculta como pueblo a controlar los resultados y a exigir rendición de cuentas a los gobernantes de turno.

Ahora bien, para que el pueblo que somos, ejerza estos legítimos derechos de gobierno supremo sobre el país que, por cierto ha construido con su sudor, con sus sacrificios, sus sufrimientos, lágrimas y vida misma y que, con sus mentiras una pequeña argollo corrupta le ha robado sistemática e históricamente, necesita despertar, informarse -estudiar-, unirse, organizarse, empoderarse, movilizarse y convertirse en Poder Popular, que no es más que el Pueblo empoderado que debemos ser para ejercer todas estas prerrogativas  que nuestra Constitución nos permite. Y, eso es lo que ha sucedido en la lucha absolutamente legítima y vital que hemos dado para exigir el veto que hoy celebramos convertidos en Poder Popular y que, de no haberlo hecho Carlos Alvarado «la red popular se lo lleva de arrastrado».

Este es el Poder Popular – «red popular» que, reiteramos, haciendo valer el artículo primero – «démos»: pueblo;  krátos: autoridad, poder-; el noveno -gobierno «popular», «participativo», ejercido por el Pueblo antes de los tres Poderes» y, el décimo primero – derecho del Pueblo que somos a ejercer control de resultados y rendición de cuentas, decidió soberanamente exigirle a Carlos Alvarado vetar la nefasta ley que autoriza el criminal arrastre y, este  Pueblo consiguió este propósito pues de no haber vetado Carlos Alvarado, este Poder Popular convertido en todopoderosa red se lo hubiese «llevado de arrastrado».

La moraleja es clara: ante el Poder Popular -red que todo arrastra- no hay gobierno que resista por lo que, si deseamos construir en nuestra Patria la real Democracia Humanitarista, Ecologista y Demócrata Participativa, lo que debemos hacer es convertirnos como Pueblo en fortalecido y estable Poder Popular -red todopoderosa que todo lo arrastra- y esta es la tarea que debemos emprender de inmediato como red que ya hemos empezado a ser, dejando en el basurero de la historia toda actividad que divida a nuestra Pueblo como los partidos políticos, los fanatismos religiosos, futboleros, discriminación racial, sexual, de género, patriarcalismos, en fin todo lo que nos ponga como estúpidos a pelear entre el Pueblo que somos, olvidando que el verdadero enemigo a combatir hoy como Poder Popular, es este criminal Sistema Capitalista, Homicida, Ecocida, Plutocrático y Cleptocrático, cuyos dueños -minoría cada vez más reducida-, quieren convertirnos en ciervos menguados y a Costa Rica en su feudo.

¡A fortalecer la red popular!, constructora de una nueva Costa Rica y un mundo en el que impere la justicia integral económica, política, social, y cultural.

Esta es la ineludible tarea que ya debemos asumir plenamente.

Plebiscito en Chile: ¿fin de su “laboratorio” neoliberal?

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Chilenos tendrán nueva constitución en el 2022

  • ¿Posibles efectos en el resto del Continente?

Gerardo Zamora Bolaños

¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).

Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.

Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.

Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Proceso de reelección de presidente de la Corte evidencia la necesidad de mejorar procedimientos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Para el Foro de Justicia, el controversial episodio legislativo durante la reelección del magistrado de la Sala Constitucional y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, evidencia la necesidad de mejorar el proceso de selección de magistraturas.

San José, 09 de octubre de 2020- El Foro de Justicia externa públicamente su más alta preocupación por los acontecimientos del pasado 5 de octubre en la Asamblea Legislativa, con motivo de la votación para la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Fernando Cruz Castro; lo cual justifica reiterar el llamado para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas y ajustarlo a los estándares internacionales.

El ingreso de dos diputados y una diputada al Plenario legislativo por zonas no habilitadas al efecto, burlando el cierre formal del recinto de votación, empaña este acto formal y debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo. Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional.

Asimismo, el Foro de Justicia considera inaceptable que una vez más, se votara de manera secreta y sin fundamentación, la reelección de una magistratura.

Resulta también preocupante la decisión de la Presidencia del Congreso, de conminar con la nulidad de su voto a aquellas diputadas y diputados quienes, amparándose en los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, pretendieran hacer su voto público. Se vulneró así el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de sus representantes y a fiscalizar los actos del poder público.

Además, desde el Foro de Justicia se reprueba la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistratura para ajustar cuentas con las personas magistradas por los votos emitidos en determinados casos. La Constitución Política señala a la Asamblea Legislativa requisitos específicos a cumplir en caso de considerar que un magistrado o magistrada no debe seguir en su cargo: que exista una causa justificada para no continuar en el cargo y que se cuente con el voto de una mayoría calificada (38) de los y las legisladoras. Adelantándose a su tiempo, la fórmula ideada por los constituyentes de 1949 garantiza la estabilidad en el cargo y fomenta la independencia del Poder Judicial, a efectos de que, los máximos jueces y juezas no deban su puesto a fuerzas políticas particulares.

Cabe recordar que la independencia judicial es un derecho de todas las personas a que sus conflictos se decidan por terceros conforme al derecho vigente y sin sumisión a criterios partidarios o personales.

Actuar contrariamente a los preceptos constitucionales y los estándares internacionales en la materia, propicia la instauración de una judicatura complaciente con los intereses de los grupos dominantes, los cuales pueden variar en cada momento, perdiéndose la protección de la independencia judicial para la resolución de los conflictos sociales.

El Foro de Justicia insta respetuosamente a los señores diputados y a las señoras diputadas a que asuman la responsabilidad de modificar el Reglamento Legislativo eliminando todas las normas que suponen la votación secreta para estos casos y fortalezcan los mecanismos para la designación de las magistraturas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mostrarse vigilante de sus representantes legislativos, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Araya Montero

 

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado la hora de la verdad ha llegado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, el papa Francisco nos recuerda en su última encíclica Fratelli Tuttis (hermanos todos) que el dogma neoliberal no va más. Ya no hay más espacio para la desigualdad, pues como bien señala el papa, no es cierto que bastaba con la libertad de mercado para asegurarnos que todo estaba bien.

Usted debe comprender con sensatez y humildad que la barca que empujan personajes empresariales como Oscar Arias, Rodolfo Jiménez Borbón, André Garnier aglutinados en Horizonte Positivo o Alianza Empresarial para el Desarrollo, así como políticos y comunicadores, que por sus actuaciones parecieran estar al servicio del gran empresariado como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo, Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, Pilar Cisneros, Ignacio Santos, Vilma Ibarra, Daniel Suchar NO VA MÁS.

Usted tiene la posibilidad de cambiar la historia del país y su propia historia, pues hoy usted es vilipendiado por favorecer los intereses del gran empresariado en detrimento de la clase trabajadora costarricense. Si usted no quiere que el pueblo costarricense lo señale con el dedo como el artífice de la destrucción de la democracia costarricense, comprenda que el pueblo llano, la Costa Rica profunda es la que ha estado en las calles, no son los intelectuales, ni los jóvenes universitarios, ni siquiera los sindicalistas, son personas que han vivido en carne propia el deterioro de su condición de vida, la destrucción solapada de instituciones públicas como el ICE o la CCSS y ahora una propuesta fiscal, aún más regresiva y virulenta que el combo fiscal que ustedes y los diputados del PLN, el PUSC, Nueva República y el PAC nos recetaron apenas hace un par de años.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, las costarricenses y los costarricenses queremos un presidente que nos represente, que gobierne a todos por parejo y no solo para la UCCAEP y sus socios económicos. No queremos más leyes a la medida para los eternos ganadores, no más amnistías fiscales, no más evasión fiscal.

Vox populi vox Dei. Voz del pueblo, voz de Dios. Usted tiene la palabra, conviértase en el líder que no ha sido, saque fuerza de su interior y asuma su responsabilidad con gallardía, pero sobre todo con honor y prudencia. Déjese de verdades a medias, de poses y de acciones truculentas, pues este pueblo está cansado de discursos vacíos y de emboscadas a media noche.

Convoque realmente al diseño de una propuesta elaborada y suscrita por los diferentes sectores, no una propuesta elaborada por la UCCAEP para ser discutida por los sectores sociales y políticos a los que usted ha marginado de la discusión política y económica de los grandes problemas nacionales. Lidere la construcción de una nueva propuesta, más inclusiva, más equitativa, más justa. Guarde la idea de un préstamo con el FMI, no negocie con esta espada de Damocles sobre el cuello del pueblo, no se encierre con un tigre sin darle espacios para salir, la historia da cuenta de la supina estupidez de muchos gobernantes que no lograron comprender esta sencilla lección.

Las costarricenses y los costarricenses queremos saber porque no es viable utilizar el 20% de los fondos de las reservas del Banco Central (8 mil millones de dólares), ofrezcan de manera sensata argumentos de los pros y los contras de hacer un auto préstamo. Muchos estudiosos de la economía le han dicho que es viable, usted se opone sólo por terquedad o porque hay intereses ocultos detrás de la idea de un préstamo con el FMI, pues al igual que en tiempos de Rodrigo Carazo el gran empresariado quería comprar empresas rentables del estado, haciéndolas parecer claro está, como empresas que daban pérdidas.

Una vez valorado este escenario olvídese de la venta de activos del estado como BICSA o FANAL y sí realmente hubiese que venderlas, denos un informe transparente del comportamiento económico de estas instituciones durante la última década, donde se diga que han venido funcionando con pérdidas, de lo contrario déjese de majaderías de la derecha empresarial glotona que quiere engullir todo aquello que nos ha costado como pueblo.

Señor presidente usted quiere que hablemos de reforma del estado, de acuerdo, revisemos el estado costarricense y la maraña de instituciones, sin duda requerimos de una reingeniería, ah, pero ojo, con perspectiva social, no solo econométrica, y si, solo ahí, refundiremos instituciones que hacen duplicado su trabajo. Revisemos el gasto público, reordenemos la casa. Todos y todas las costarricenses estamos de acuerdo con que hay que tomar medidas, pero una cosa es ponernos de acuerdo todos y buscar puntos de equilibrio y otra cosa es que los grandes empresarios que lo asesoran nos lo digan como santa palabra.

Usted recomienda una reforma laboral, pues bien siéntese a hablar en esa mesa de construcción ciudadana de una nueva propuesta y revise cada punto, recuerde que diferentes instancias le han hecho observaciones significativas a la propuesta de ley, y eso no se puede obviar so pena de violentar la realidad y los derechos garantizados en la Constitución Política.

No siga hablando de impuestos regresivos que afectan a los sectores que llevan sobre sus espaldas los costos de la crisis, recuerde que el gran empresariado ha evadido, ha sido amnistiado y ha declarado cero ganancias por décadas, entonces a la hora de hablar de equilibrar la cosa piense que lo que debe ser bueno para el ganso lo sea también para la gansa o vamos a seguir concediendo privilegios fiscales a los que tienen ganancias millonarias y vamos a seguir castigando a los que pagan sus impuestos y cumplen con todas las obligaciones que establece el orden normativo costarricense.

En este apartado debo mencionarle la urgencia de realizar una reestructuración del Ministerio de Hacienda, es urgente la creación de un equipo de alto nivel que trabaje en un modelo de recolección de impuestos, a fin de que ese 5% del P.I.B que se nos va en evasión fiscal sea recolectado efectiva y eficientemente.

Ciudadano presidente Carlos Alvarado, la cuestión no es muy complicada. Usted decide, tiene al 95% de la población costarricense esperando una propuesta equilibrada y equitativa por un lado, y por el otro, a su grupo asesor que no representa más del 5% de la población, queriendo seguir con sus privilegios fiscales a costa de pauperizar a la clase trabajadora.

Finalmente permítame recordarle una propuesta que le comenté en la reunión que sostuvimos algunos académicos con usted meses previos a su elección como presidente, en esa ocasión le propuse a usted sin saber el monto estratosférico que pagaba el estado costarricense por concepto de alquileres, por qué no utilizaba la propiedad que el estado le había comprado a los dueños del INBIOParque y solicitaba un préstamo para construir ahí la Ciudad de la Administración, donde se ubicaría al menos 5 ministerios, y el propio dinero que se pagaba por concepto de alquiler se utilizaría para pagar el préstamo.

Usted sabe quiénes son las pocas familias que desangran al pueblo costarricense cobrando alquileres leoninos, ya nosotros lo sabemos y tenemos claro, aproveche la coyuntura, salgase del saco de sus amigos de la UCCAEP y desarrolle este proyecto, póngale una placa con su nombre, eso no me interesa, pero decídase a hacerlo. Así es como hacemos patria.

Denuncian agresión policial contra cabécares recuperantes de Yuwi Senaglö

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SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá denunciamos agresión policial en la madrugada del domingo 04 de octubre del 2020.

Domingo 04 de octubre 2020. La Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencian un ataque del ente policial contra los y las recuperadoras cabécares que se encontraban en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre.

Alrededor de la 1:40 a.m. la Fuerza Pública se dirigió a los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en ese momento, indicando que habían recibido amenazas por parte de los terratenientes y que debían trasladar a un lugar seguro a personas con alto riesgo. Así, la Fuerza Pública trasladó a una adulta mayor y a un menor de edad que se encontraban en Yuwi Senaglö.

Tras el traslado, los oficiales de la Fuerza Pública indican a las y los recuperadores que deben salir del terreno recuperado para evitar agresiones. Los últimos se niegan y es la Fuerza Pública la que sale de Yuwi Senaglö y deja a las personas cabécares a su suerte.

Minutos después de la supuesta salida de la Fuerza Pública, son arrojados gases lacrimógenos al corral; llenando de gas las inmediaciones en las que se encontraban las personas recuperadoras. Tras disiparse el gas, l@s recuperador@s constatan que no había presencia de personas no indígenas en el corral ni en otros lugares aledaños, ni antes ni después de ser lanzados los gases. Asimismo, en un patrullaje realizado por recuperadores, en vista de la amenaza, fue visto un policía, en un bananal aledaño, con gas pimienta y que también se preparaba para el ataque.

El accionar de la policía es extraño en el tanto no hay muestra alguna de un ataque por parte de las personas no indígenas, además de que el día anterior -sábado 03 de octubre- fue un día tranquilo en el que no fueron reportados incidentes en ninguna de las recuperaciones y tampoco en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Además, es la Fuerza Pública la que informa de la supuesta amenaza y es la que se retira del lugar.

También, luego de que los gases si disiparan, funcionarios de la Fuerza Pública se dirigieron al corral caminando tranquilamente, sin ninguna patrulla, supuestamente para saber qué había sucedido durante el supuesto ataque. Todos los hechos evidencian que el accionar policial pretendía amedrentar a los y las recuperadoras cabécares y procurar su abandono de Yuwi Senaglö. Asimismo, es importante señalar que la casa, donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas, fue abandonada por la Fuerza Pública por unos minutos y también fue el primer lugar en el que se apersonaron policías.

Ante ello:

– Denunciamos como recuperador@s cabécares que fuimos atacad@s por la Fuerza Pública en un intento por asustarnos y sacarnos de Yuwi Senaglö. Insistimos que NO abandonaremos ninguno de los cinco terrenos que dignamente hemos recuperado.

– Denunciamos que desde el jueves 30 de septiembre el Gobierno, en voz de Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública, aceptó no poder garantizar la vida e integridad física de l@s recuperador@s e insistió en que se abandonara Yuwi Senaglö sin NINGUNA acción concreta respecto a las recuperaciones de tierras o a la situación de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá.

– Exigimos una investigación que como mínimo contenga: 1) los detalles de la amenaza que recibió la Fuerza Pública por parte de los terratenientes; 2) el nombre de los funcionarios de la Fuerza Pública que se encontraba en el lugar; 3) los detalles de los indicios visualizados del supuesto ataque por parte de no indígenas; 4) el nombre del oficial que dio la orden de arrojar gases lacrimógenos y; 5) una rendición de cuentas exhaustiva sobre el accionar de la Fuerza Pública. Que se lleven a cabo los procesos administrativos y judiciales contra quienes nos violentaron este 04 de octubre.

– Demandamos a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública a que garantice la vida e integridad física de los y las recuperadoras cabécares de China Kichá, tal y como lo demanda la Constitución Política. Que se abstengan de atacar a quienes dignamente recuperamos terrenos en vista de la inacción y omisión del Estado costarricense.

– Demandamos al Ejecutivo a que realice acciones REALES en los procesos de recuperación de tierra-territorio en China Kichá y en los otros Territorios. No dejamos de insistir que la paz para los Pueblos Originarios no es posible si en nuestros Territorios hay presencia de personas no indígenas.

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur

*Adjuntamos fotografías de los cascos de los gases arrojados contra las y los recuperadores en horas de la madrugada».

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

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A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!