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Etiqueta: Constitución Política

El agua se declaró como derecho humano en la Constitución Política de Costa Rica, pero ¿qué significa eso?

El pasado 9 de marzo de 2020 se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21.382 que planteaba una reforma constitucional en la cual se agrega un párrafo que señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.

Compartimos las siguientes infografías acerca del tema.

Esta información es parte del trabajo del Observatorio de Acciones Colectivas del IIS y el Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales.

Son dos infografías que procuran problematizar los desafíos que significan la declaratoria constitucional del derecho humano al agua desde la práctica de las luchas comunitarias.

Compartido con SURCOS por Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Observando los primeros cien días … Cantón Central de Cartago

Observatorio Ciudadano Municipal

Durante los primeros cien días del Gobierno Local del Cantón Central de Cartago, no podemos dejar de lado que alfabetizar la ciudadanía, en temas medulares propios del quehacer municipal a nivel nacional, es de verdadera importancia lo que nos brindará las herramientas para lograr nuestro objetivo: el análisis de la gestión municipal para lograr la transparencia y la probidad. Debemos empezar por entender la naturaleza y la sustancialidad de los gobiernos locales, o sea, ¿qué es el gobierno local?, mediante su normativa expuesta en el Código Municipal hasta leyes complementarias como la Ley General de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, La Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, La ley 8839 Residuos Sólidos y por supuesto la Ley Anticorrupción.

Nuestros representantes deben demostrar la capacidad y preparación para el análisis y la toma decisiones, cada voto negativo o positivo debe acompañarse del análisis correspondiente, su justificación y argumentación. Las grandes políticas, los grandes derroteros, los grandes desafíos para sacar nuestro cantón adelante deben demostrarse que existen. Que haya claridad en los roles de un órgano deliberativo que analiza, evalúa y tomo decisiones en pro del desarrollo del Cantón y direcciona de forma correcta el accionar del rol ejecutivo y administrativo. Aquí no deben dejarse de lado los principios de gobierno corporativo, trabajando en ese desarrollo social, político y económico del Cantón dejando a un lado intereses que distancian la labor transparente. Hoy más que nunca y debido a la grave situación que enfrenta el país la cohesión del Consejo Municipal, en el análisis claro, con conocimiento y argumento, será de vital importancia en la toma de decisiones.

Todo lo anterior no será posible si el ciudadano no dimensiona la responsabilidad que se le encomienda en los Artículos 9 y 11 de la Constitución Política de Costa Rica. Donde el ciudadano entiende la responsabilidad de incidir en la toma de decisiones que oriente el uso correcto de la institucionalidad en pro de sus necesidades. Una ciudadanía proactiva y propositiva de sus necesidades, que entienda el quehacer de los representantes que ha elegido para la administración e inversión de sus recursos y que de igual forma formula el proceso de rendición de cuentas para corroborar el impacto y el buen uso de esos recursos. La transparencia en la gestión será el punto de observancia, la ignorancia no nos convertirá en cómplices de lo incorrecto y las malas prácticas que han tratado de formar parte de la cultura institucional.

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

De los desastres a las oportunidades… así aprendemos a gobernarnos

Carlos Campos Rojas

“Pues la tecnología me hizo una mala jugada este sábado”, así sintetizó desde la solidaridad más humana, María Catarina Goldoni Ruiz, la experiencia de la reunión que sostuvimos este sábado 22 de agosto, para formular el proceso ciudadano: Un Nuevo Pacto de Concordia, Un Nuevo Pacto Social.

La reunión tecnológicamente, fue un caos desorganizado. No fue lo que habíamos planeado. A pesar de los simulacros y los esfuerzos preparatorios de un grupo de compañeras, para dar la talla en la tarea de envergadura que hemos asumido desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, los conflictos tecnológicos dieron al traste parcialmente con las metas establecidas. Los objetivos siguen intactos.

La asistencia al evento y el interés demostrado por la ciudadanía responsable, dejó claro que tenemos en este país, sobrado recurso humano para sacar la tarea encomendada.

Nos acompañó en la reunión, una destacada delegación panameña, que quieren aprender de nuestra experiencia, la forma en que nos construimos como El Soberano, para incidir en el proceso que su país lleva adelante en la formulación de una constituyente y la decisión de establecer –como así lo queremos en nuestra Costa Rica-, la probidad y la transparencia por encima de la corrupción y la impunidad. 

De ese caos desorganizado, sacamos oportunidades inmediatas.

La primera. No debemos tener vergüenza en reconocer que nos falta aprender. Aún con los mayores éxitos logrados, la humildad debe acompañarnos y reconocer que nos falta más por aprender.

La segunda. El mandato constitucional es que debemos asumir con responsabilidad la tarea de gobernar este país con los otros “tres poderes” y debemos hacerlo bien. Mejor de lo que lo han hecho a quienes designamos confiadamente para hacerlo.

La tercera. No derrotarnos ante nada. No desesperarnos. Mucho menos someternos al miedo, porque en momentos difíciles, es “la voz del amo” la que nos habla, paralizándonos, devolviéndonos al cautiverio de donde nos atrevimos a salir.

La cuarta. Tenemos en nuestras manos –hoy más que nunca-, el futuro de nuestro país. Debemos acrecentar y prosperar la riqueza que nos queda, a pesar del saqueo de la mafia política.

La quinta. En medio del caos de la situación, el temple de los participantes se hizo valer. Las mujeres especialmente, no echaron atrás. Además, voces inteligentes, llenas de sabiduría y decisión, propusieron convocar los siete Equipos de Trabajo para la Propuesta y Acción para esta semana, reuniéndose los siguientes días:

i- Lunes 24 a las 6:00 pm:
1. Auto Sostenimiento Nacional.

ii- Miércoles 26 a las 6:00 pm:
2. Transparencia y justicia en la Hacienda Pública.
3. Construcción de Entornos de Intervención Ciudadana para la apertura, la reconstrucción nacional y la paz.
4. Acciones y Transparencia en la atención de las medidas sanitarias para salir del cautiverio.
5. Reconstrucción económica, ambiental y financiera.
6. Capacitación y formación Constitucional y Ciudadana.

iii- Jueves 27 a las 6:00 pm:
7. Comunicación, divulgación y propaganda.

LOS ENLACES PARA CADA REUNIÓN SE PUBLICARÁN Y DEBEN AYUDARNOS A DIFUNDIRLOS.

TODA PERSONA QUE QUIERA ESTE PAÍS, PUEDE INGRESAR, LA TAREA ES DE TODOS.

Ayer demostramos que una ciudadanía se prepara para asumir su responsabilidad constitucional. Que se forja al calor de la responsabilidad y el deber, consciente de que debe nutrirse de conocimiento, venciendo el miedo, llena de solidaridad y humildad. Porque el Poder que debe ejercer El Soberano, es la tarea de una nueva ciudadanía, para construir la República Participativa y la institucionalidad pertinente, con transparencia, probidad y responsabilidad.

Yo digo ¡¡¡¡ Presente!!!!

Carlos Campos Rojas
23 de agosto de 2020

UNA burla: DEBIDO proceso, autoritarismo y más TEUNA

Ernesto Herra Castro*

Lo hemos dicho una y otra vez, una y otra vez y lo diremos tantas veces como sea necesario: mientras en la República de Costa Rica el PODER reside en el Pueblo, según art. 9 de nuestra Constitución Política, lo que le ubica en el lugar del SOBERANO, en nuestra pequeña República universitaria la AUTORIDAD reside en la Asamblea Universitaria. No en sus REPRESENTANTES. Esto, no ha sido sólo complejo de hacer entender a las y los miembros de la comunidad universitaria, por más que cuenten con un ejemplar del Estatuto Orgánico, lo hayan leído, citado, parafraseado, sino que le resta AUTORIDAD a la misma AUTORIDAD y le permite, a las y los REPRESENTANTES, hacer lo que gusten, con complacencia de ASESORÍA JURÍDICA, sino con completa libertad de responder, a la AUTORIDAD, sólo cuando gustan, si gustan y/o como gustan.

El mejor ejemplo nos lo ha dado el Tribunal Electoral de la Universidad Nacional, quien aplazando procedimientos, imponiendo tiempos administrativos sólo para con las y los denunciantes pero no para acatar él los tiempos y procedimientos administrativos, logró dar por finalizada la denuncia interpuesta por 13 miembros de la comunidad universitaria, junto a 1435 firmas de respaldo, contra la brutalidad autoritaria que mostró la recién culminada gestión administrativa a lo largo del mes de octubre del año 2019.

Mientras las y los estudiantes tomaban el edificio de la Rectoría, acto «violento», propio de «delincuentes», «vagabundos», «extranjeros», según apreciarán en las pruebas aportadas en la denuncia, de la que dejamos abajo link para que la comunidad universitaria tenga acceso a ella en adelante, 13 miembros de nuestra comunidad académica interpusieron el debido proceso según lo que corresponde en lo contenido en nuestro Estatuto Orgánico.

Nos vimos en la necesidad de presentar dos Recursos de Amparo a lo largo del camino dado que en todo momento hemos tenido clara la violación que de la Constitución Política de Costa Rica ha hecho el TEUNA, ni qué decir del Estatuto Orgánico, hecho que fue corroborado por la Sala Constitucional quien nos señalaba que, aun cuando lo señalado procedía, en anteriores oportunidades ya se había pronunciado, ante casos similares, y que no nos quedaba más que recurrir a la Ley General de Administración Pública. O sea, recurrir a los instrumentos que utiliza el poder autoritario, violento que corroe nuestras instituciones sociales para, permitiendo que pase el tiempo, les de garantía de archivar las denuncias que presenta la AUTORIDAD y/o el SOBERADO contra las y los REPRESENTANTES que hacen lo que gustan, como gustan y/o cuando gusten sin que suceda NADA.

El día de ayer, lunes 3 de agosto de 2020, en horas de la mañana la Sala Constitucional ha fallado a nuestro favor y le ha traslado el mandato al TEUNA, mediante expediente No. 20-013325-0007-CO, de responder a nuestra convocatoria a Rendición de Cuentas. En horas de la tarde, y como reacción coherente e inmediata al mandato de la Sala Constitucional el TEUNA nos ha enviado la resolución que, por más de 7 meses, estuvimos esperando.

Como verán en la Resolución del TEUNA del día de ayer, contenida en la carpeta de Drive de la que copio link abajo, el TEUNA nos dice, básicamente, que no aportamos pruebas específicas, lo que cualquier miembro de nuestra comunidad que ingrese al LINK se dará cuenta que es una BURLA. Pero lo más IMPORTANTE de esto es la respuesta FINAL: La denuncia se archiva por que el señor rector saliente se ha jubilado.

Registrados quedaron, en video, audio, grafitis, la violencia que utilizó la gestión administrativa anterior para con su cuerpo estudiantil, profesoras y profesores que fueron amenazadas y fotografiados, por esbirros que esta administración puso para amedrentar a sus propias y propios compañeros, por acompañar a las y los estudiantes que confrontaron las formas irracionales, vulgares y violentas que caracterizó la gestión de la saliente administración.

En nuestros programas de estudio, independientemente que hayan sido arrojadas por las gradas del edificio de la rectoría estudiantes, comparadas a una «olla de carne» por su propio rector, calificadas de forma ampliamente peyorativa, quedan retazos de un Estatuto Orgánico que esta gestión administrativa condicionó a la docencia universitaria para hacernos pensar que a través de la imposición de la norma y/o la instrucción es que se ejerce el humanismo en la UNA.

Quedan discursos, «idearios pedagógicos», poses de «diálogo», una «plaza de la diversidad» ampliamente cuestionada y de la que no quedan más que malos recuerdos y ¢5.000 millones de colones trasladados al gobierno central, además de la resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que después de meses, y sólo mediante el ejercicio SOBERANO del principio constitucional, le hemos logrado arrancar al TEUNA mediante la resolución de la denuncia interpuesta desde el 25 de noviembre anterior, y en la que se da por conclusión que ella será archivada. Este ha sido el resultado de haber llevado a cabo el debido proceso contra los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD.

La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 aportada por el TEUNA el 3 de agosto de 2020, básicamente nos da claridad, como AUTORIDAD que somos, que cualquiera sea el mecanismo que en adelante cualquier miembro de esta comunidad se vea en obligación de utilizar (tomas de edificios, huelgas de hambre, pintas en las calles, paredes, salones, bloqueos de lecciones, giras y/o pruebas evaluativas…) son más que válidas dado que el debido proceso, ese mismo ideado por los mecanismos del poder que nos corroe, intentará ganar tanto tiempo como sea necesario para archivar las denuncias que puedan plantearse contra las y los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD que han secuestrado nuestra AUTONOMÍA y que nos tiene a las puertas de que también nos golpeen de afuera de nuestra casa de enseñanza.

Recientemente, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, le ha logrado arrancar de las manos al Ministerio de Hacienda, y sólo haciendo uso del ejercicio SOBERANO que nuestra Constitución Política nos otorga (art. 9), la lista de grandes contribuyentes protegidos a lo largo de décadas por el mismo tipo de poder autoritario que en nuestra casa de enseñanza nos corroe. Esto nos debe dar claridad de que, para cualquiera que se sepa AUTORIDAD en la Universidad Nacional, tiene la RESPONSABILIDAD de ejercer el principio SOBERANO contenido en nuestra Carta Magna, nuestro Estatuto Orgánico y garantizar que las y los REPRESENTANTES hagan justo eso: REPRESENTARNOS en lugar de representarSE.

La gestión autoritaria anterior ha culminado, pero en casa quedan sus REPRESENTANTES, y NO los de la AUTORIDAD.

Hablo en nombre de las y los 13 denunciantes cuando digo que NOS PONEMOS AL SERVICIO de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA para enfrentar, cuando lo considere oportuno, a sus REPRESENTANTES por la vía CONSTITUCIONAL.

La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que nos da, casi un año después y sólo mediante mandato de la Sala Constitucional, nos deja claro que el debido proceso, en nuestra casa de enseñanza es UNA BURLA.

Les invitamos a ejercer el principio SOBERANOS que nos MANDA a ejercer nuestra Constitución Política y el principio que, como AUTORIDAD, nos define el Estatuto Orgánico.

Esta es, una muestra más, de que la AUTONOMÍA universitaria, en nuestra casa de enseñanza, ha sido secuestrada y ha sido reducida a la BURLA en la que las y los REPRESENTANTES la han convertido.

La AUTONOMÍA universitaria se defiende de las y los de afuera, pero sobre todo de las y los de adentro.

Reitero, previo a concluir, que para quien crea necesario utilizar los principios constitucionales para garantizar la AUTONOMÍA, la AUTORIDAD, la RENDICIÓN DE CUENTAS, y/o utilizar el DEBIDO PROCESO, hoy somos 13 más 1435 miembros de nuestra casa de enseñanza que contamos con UNA experiencia previa que ponemos a su disposición.

Atentamente,

Ernesto Herra Castro
Ciudadano costarricense
Cédula 1-1053-0853
Académico Escuela de Sociología
Funcionario Público
República de Costa Rica

Ps: Documentación relativa a la denuncia interpuesta contra la «autoridad electa», desde el 25 de noviembre 2019, recursos de amparo y resolución de la Sala IV hasta contar con resolución del TEUNA el 3 de agosto de 2020:

https://drive.google.com/drive/folders/1fji3znS7agVYfkvzlf0Rg1_w41YZ9lUM?usp=sharing

Un nuevo Pacto de Concordia, un nuevo pacto social – Las tareas inmediatas

Carlos Campos Rojas

¡Ha llegado la hora…de Juanito Mora!

Así reza el bello himno, magistralmente elaborado por Dionisio Cabal.

Al igual que en 1821, cuando los ciudadanos costarricenses decidieron hacerse de la libertad y el derecho a su legítima autodeterminación, sin recursos y con opiniones incluso confrontadas, pues no sabían ni gobernarse a sí mismos, con una inesperada independencia, que enfrentaba hermanos, unos entre ser verdaderamente independientes, otros, dominados por el miedo, en cobijarse bajo un nuevo imperio, hoy, tenemos que decidir nuestro futuro.

En septiembre del año entrante, cuando se cumplan 200 años de la independencia, ellos lograron en tres meses, encontrar el camino de la solución: se prestaron al diálogo.

Así, establecieron consensos en medio de profundos disensos, sin miedo al futuro. Definieron lo que debía ser una Constitución Política que les permitiera instituir un gobierno, del pueblo y para el pueblo. Eran otros tiempos, donde la probidad y la transparencia prevalecían como principios éticos fundamentales, porque ser propuesto para un cargo de representación popular era un honor y establecía –como debe ser el sufragio- un deber.

No había espacio para la mafia política, la corrupción y la impunidad, ella apareció después.

En ese diálogo establecieron el Pacto de Concordia, es decir, un acuerdo nacional para lograr entre todos, asumir el desafío de construir patria y pusieron manos a la obra.

Desde luego, en las festividades bicentenarias que pretenden realizar desde palacio el año entrante –y de las que está excluida la ciudadanía-, estas raíces las cortaron. No convienen a los intereses que ahí se protegen. Para eso está la usurpación del poder y la red de cuido que palanganea la facción que dirige el régimen, Horizonte Positivo y la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED).

Nos tienen en el caos, se aprovecharon y nos quitaron, el trabajo, las pertenencias, nuestras empresas, los emprendimientos, la dignidad, la paz. Nos tienen con la rodilla en el cuello.

Todo debemos recuperarlo. Debemos construir nuestra propia economía y mover nuestro dinero entre nosotros, el escaso que nos han dejado y multiplicarlo.

¡Tenemos que actuar ya!

Debemos ejercer el Poder del que constitucionalmente disponemos. La Constitución es nuestra guía, nuestra máxima ley, debemos hacerla valer.

A la ciudadanía nos toca hacernos del espacio de donde fuimos excluidos y que la Constitución Política nos restituyó en este julio hace 17 años, al establecer en al Art. 9, que Costa Rica es una República Participativa y que la Persona Ciudadana es el Primer Poder de la República, es El Soberano y debe cogobernar con los otros tres poderes. Debemos estar debidamente informados, dejar los chismes a un lado, para saber actuar en el marco constitucional.

Hay que ponerse a hacer, dejar de quejarse, organizarse en grupos pequeños, por barrios, a partir de personas que convoquen a quienes coinciden en la necesidad de sacar adelante este país, para debatir las soluciones y los caminos que consideramos necesarios y empezar a actuar de inmediato. Ahora podemos convocarnos de muchas formas virtuales, para actuar en nuestros entornos, enlazando un grupo con otro.

Organizarnos en lo más cercano e íntimo, encontrarnos entre los iguales, sin diferencias y siendo altamente tolerantes, dispuestos a dialogar, para construir la propuesta nacional.

No estaremos solos, debemos reconocer los aliados. Deben ser personas decentes, amantes de nuestro país, allí hay empresarios grandes, pequeños y medianos, funcionarios públicos, intelectuales, académicos, profesionales y sobre todo, personas humildes llenas de conocimiento y sabiduría.

Pero hay que tener cuidado con las rémoras políticas, los oportunistas, los que intentarán sacar provecho de nuestro esfuerzo, debemos ser implacables para enfrentarlos.

La persona ciudadana es el centro, somos la ciudadanía. Ahora debemos representarnos nosotros mismos, no permitir que nadie nos represente. Participar activamente en la toma de decisiones. Las reuniones públicas se pueden hacer guardando las normas sanitarias, con responsabilidad, pues no podemos, ni debemos, poner en riesgo nuestra salud, ni nuestra vida, todos somos importantes.

Hay que vencer el miedo y no dejarnos impresionar para seguir siendo rehenes políticos. Es un momento de situación extrema, de emergencia nacional y hay ley suficiente para no dejarse avasallar por la voracidad bancaria y las cuentas económicas.

Debemos construir nuestro nuevo Pacto Social, nuestro Nuevo Pacto de Concordia, tenemos la suficiente experiencia histórica y los métodos de organización, para lograrlo. Ya la ciudadanía demostró el pasado 17 de julio en la Segunda Actividad Nacional de Rendición de Cuentas, que se tiene metodología y capacidad.

Debemos apropiarnos de nuestra esperanza.

Debemos encontrarnos por Zoom el próximo sábado 1 de agosto. Quien desee participar, que por esta vía me lo haga saber, para indicarle la forma de incorporarse a la reunión.

¡Yo, digo presente!

Carlos Campos Rojas

25 de julio de 2020

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

SINTRAJAP: Ley de jornadas flexibles es retroceso laboral y carga crisis sobre trabajadores

La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.

Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.

Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.

Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.

Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.

Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General

Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

¡No estamos solos!

Carlos Campos Rojas

Después de la intervención en cadena nacional del Presidente, el pasado domingo 12 de julio y de seguro en las que vendrán, quedamos informados que sería él, quien definiría los actores válidos para establecer la salida a la peor crisis que hemos vivido desde los años 80.

De la manera más grosera, dejó claro que la ciudadanía –la que carece de privilegios indecentes, pero que paga para que existan, no tiene espacio en participar en la toma de decisiones, en uno de los momentos más dramáticos de la reciente historia costarricense.

Tenemos que reconocerle su coherencia, nunca ha tomado en cuenta la ciudadanía y no tenía por qué hacerlo ahora, pues todavía recuerda que él llegó a palacio, sin haber ganado ningún proceso electoral, pues en el primer round lo destrozó Fabricio Alvarado y en el segundo fue un plebiscito entre la Virgen de los Ángeles y Rony Chávez –el mesías de Fabricio-, donde terminó llevándose el Diablo a Rony y una campaña donde una gran verdad se exponía y era que Fabricio no tenía equipo para gobernar, a la par de una gran mentira, que Carlos Alvarado sí lo tenía, pues de los que nos presentó, ninguno –salvo su esposa, que ahora camina sobre rieles-, quedaron.

Lo cierto es que el sufragio – que no es votar, ni tampoco andar detrás de partidos-, fue destrozado, violentando el mandato de nuestro Art. 9 Constitucional. Así, la corrupción y la impunidad, impulsadas por la mafia política, lograban una victoria sin precedentes. El presidente llegaba al altar de la Patria, de la mano de su Horizonte Positivo y una estrategia precisa. Eran viejos conocidos, los “progres” lo sabían, lo importante era el botín, no le debían nada a este pueblo, era el momento de deshacerse de ese andamio.

Las organizaciones sociales, destrozadas como dice Kathya Benavides, por el “síndrome de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño”, es decir, la carnicería interna por lograr el título de “representante negociador”, terminó liquidándolas de una vez por todas, en la lucha heroica del 2018 contra el Plan Fiscal, donde demostraron que no sabían, ni estaban preparadas para conducir este pueblo a algún puerto, que no fuera defender sus prerrogativas.

Queda la ciudadanía, la persona ciudadana. La que nunca ha sido tomada en cuenta. La que han visto por debajo del hombro. La que consideran domesticada y manipulable. La que fue educada en el clientelismo político por los gobiernos anteriores y los partidos políticos, para que se venda por prebendas o se someta al poder que esos políticos inescrupulosos usurparon y que solo le pertenece a la ciudadanía, todo a cambio de un voto. La que se acostumbraron a usar como un despojo humano.

Tatica Dios, como decía nuestra querida Carmen Lyra, sabe hacer las cosas. Esta emergencia nacional del Covid, ha servido para desnudar la realidad nacional y de qué lado está cada uno. Donde están ellos y la mafia política y dónde estamos nosotros.

A ellos los une la riqueza que nos pertenece y que se la apropiaron, así como hacerse pasar como nuestros representantes legítimos para entregar el país y nuestras mejores instituciones (la Caja, el ICE, etc.). Consecuentes con el comportamiento de un régimen impopular, que busca en los bolsillos y sobre la espalda del Pueblo, tapar la torta económica del saqueo. Negándose a la transparencia y a rendir cuentas, como lo establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

A nosotros nos une la pobreza y la angustia que queda después del saqueo. Nos despojaron de nuestras Pymes, de nuestros empleos, de nuestros salarios, de la riqueza que producían empresarios decentes que no eran parte del régimen ni de la facción que toma las decisiones en palacio, pero que tienen en sus loncheras suficiente comida.

Si no entendíamos la horrible sensación de ser víctimas de una violación, ahora la estamos viviendo en carne propia.

Somos rehenes políticos de una facción que no dio la talla para administrar el país.

La emergencia nacional nos obliga a actuar. Debemos asumir en manos de la ciudadanía, lo que corresponde hacer, debemos representarnos a nosotros mismos.

Primero, lo que desprecian y rehúyen en palacio, NOS TIENE QUE UNIR EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y LA CAPACIDAD DE PROPUESTA, siendo tolerantes con los disensos, para construir consensos.

Apropiarnos de nuestro entorno, organizarnos calle a calle, barrio a barrio, imponernos las medidas de protección correspondientes y poner a trabajar la economía nacional. Asumiendo la responsabilidad y el deber que no ha podido la institucionalidad. Asegurar el bienestar de nuestras familias. Tomar en nuestras manos las decisiones que políticos sin agallas, no toman en muchas de nuestras municipalidades.

Dependemos de nosotros mismos, del deber, de nuestra responsabilidad, de nuestra dignidad, de nuestros conocimientos y saberes que son muchos, al igual que nuestra riqueza, porque sin ella este país no funcionaría.

No hagamos caso a golpes de estado, “videos filtrados”, ni otras fechorías, que impulsa la mafia política, con su propia prensa, para seguir en sus gollerías y distraernos. Hay que deshacerse del miedo al que nos han arrinconado y del falso confort de las redes sociales.

Es el momento de la paz, del encuentro, de hacer uso de la autoridad constitucional que nos da el Poder suficiente para poner en orden este desorden, para eso somos El Soberano, así lo estipula nuestra Constitución Política, en su Artículo 9.

Tenemos lo necesario, pongámonos a caminar, establezcamos entre personas ciudadanas, empresarios decentes y personas funcionarias honorables, las acciones de inmediato.

Solo así se construirá el nuevo Pacto Social, solo así recuperaremos nuestro país, no ocupamos a los mismos de siempre.

¡ESTAMOS NOSOTROS!

19 de julio de 2020