Ir al contenido principal

Etiqueta: Constitución Política

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

De leyendas urbanas a verdades constitucionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:

La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.

La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.

En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).

El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).

La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.

Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.

En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.

La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.

San José, 25 de febrero de 2021

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).

Autonomía universitaria ¿una leyenda urbana?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Ofrezco aquí algunas reflexiones en relación con el artículo “La leyenda urbana de la autonomía universitaria” (La Nación, 23 de febrero 2021), autoría del abogado Rubén Hernández Valle.

Pero antes, quiero decir lo siguiente: sin duda hay cuestiones que debemos corregir en los sistemas de remuneración de las universidades. Los excesos e inequidades existentes deben desaparecer, y es nuestro deber para con la ciudadanía costarricense garantizar que se corrijan a la mayor brevedad posible. Igualmente tengo claro que las universidades compartimos la responsabilidad de contribuir a resolver los problemas que acongojan hoy día a nuestro país, incluyendo no solo el problema fiscal, sino también -e incluso más importantes- los problemas del desempleo, la pobreza y la marginalidad. Como asimismo sostengo que la mejor forma de hacerlo es garantizando eficiencia máxima en el uso de los recursos que la sociedad costarricense nos asigna, trabajando con esmero y dedicación en función de las necesidades y demandas de nuestro pueblo, y generando propuestas -científica y técnicamente fundamentadas- que contribuyan a encontrar soluciones viables y humanizadas, socialmente justas y solidarias, para los múltiples problemas que hoy enfrentamos.

Aparte lo cual, y ante las aseveraciones de Hernández Valle, yo, que soy solo un humilde economista, quiero respetuosamente plantear lo siguiente:

1) Dice el distinguido jurista, que el artículo 191 constitucional regula las relaciones entre servidores públicos y Estado por medio de un estatuto de servicio civil, sin formular excepciones explícitas. Cierto. Pero también el artículo 84 concede a las universidades potestad para “…darse su organización y gobierno propios”.

2) ¿Cómo podrían darse las universidades una “organización y gobiernos propios” si ello no incluye la posibilidad de regular sus procesos de contratación, estímulo y evaluación del personal? ¿Cómo podría existir tal “organización y gobierno propios” si en una materia tan delicada y fundamental, un ente externo es el que define “la organización y gobierno” que se aplicarán? Importante enfatizarlo: este no es un detalle menor ni accesorio, porque estamos hablando de instituciones dedicadas a la educación superior -incluyendo el nivel de doctorado- y la investigación científica, lo que exige disponer de personal altamente calificado.

3) Con un agravante que Hernández Valle omite: el proyecto de empleo público no solo concede a un órgano externo la capacidad de decidir sobre este delicadísimo aspecto de la “organización y gobierno” de las universidades, sino que, además, introduce la posibilidad de que se ejerzan influencias político-partidarias sobre el nombramiento, la remuneración y evaluación del personal de las universidades. Lo cual pone en grave riesgo el artículo 87 de la Constitución: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”.

4) O sea, y en lo que a las universidades compete, el artículo 191 tiene que ser leído en relación y de forma concordante con los artículos 84 y 87, y teniendo presente lo que es esencial a la naturaleza propia de las universidades públicas: la libertad de cátedra no es un principio abstracto, sino que se encarna en el personal que hace docencia, investigación y extensión. Si el nombramiento, la promoción y remuneración de ese personal, queda en manos de entes externos y politizados, ni hay autonomía ni habrá libertad de cátedra.

5) Asimismo, indica el señor Hernández Valle, que las universidades están sujetas a los principios constitucionales del equilibrio financiero, lo cual, supongo (Hernández no lo indica en su artículo en La Nación) que se refiere al artículo 176 constitucional. Pero este es un principio que rige para la “Administración Pública” (sic) en su conjunto, y es dentro de ese principio general, que debe aplicarse lo que se estipula en el artículo 85, el cual ordena: “El Estado dotará de patrimonio propio” a las universidades, “…y les creará rentas propias”. Además indica: “…mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal”, y reafirma con contundencia: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan” (el énfasis es mío).

6) Asunto de elemental coherencia: deben cumplirse las obligaciones en materia de equilibrio financiero (artículo 176) -lo cual está más allá de las responsabilidades y potestades propias de las universidades- sin incumplir las obligaciones relacionadas con los presupuestos universitarios (artículo 85). Pareciera que alguna gente considera que cumplir el artículo 176, justifica incumplir el 84.

7) También hace ver el señor jurista, que las universidades no están exentas de la aplicación de la regla fiscal. Al respecto, me animo a indicar: si, podrían estar sujetas, siempre que ello no implique, de una u otra forma, directa o indirectamente, incumplir lo que ordenan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución (recordemos: la regla fiscal nace de una ley, la 9635, cuya jerarquía es inferior a la de la Constitución). Al margen de lo cual agrego: desde el punto de vista económico, la regla fiscal es un esperpento absurdo, y una antigualla que saca del sarcófago ideas obsoletas y comprobadamente fallidas.

8) También saca a relucir el señor abogado, el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT. Afirma entonces que el mencionado artículo 6 “…prohíbe (sic) la celebración de convenciones colectivas en el sector estatal” (el énfasis es mío) ¿Realmente las prohíbe? Transcribo a continuación, en forma literal, ese artículo 6 de ese Convenio 98 de la OIT: “El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto” (el énfasis es mío). Si mi español todavía es el que se habla en el mundo, decir que “no trata” no equivale a decir “que se prohíbe”, mucho menos a la luz de lo que expresan las últimas 15 palabras de ese artículo.

9) Si usted saca un ratito y lee lo que dice ese convenio (puede hacerlo aquí: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243), verá que los artículos 1 al 5 tratan sobre la libertad de sindicalización y la independencia de la organización sindical. Entonces, y según este señor, ¿el artículo 6 conlleva la prohibición de que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan libremente organizarse en sindicatos independientes? De tan absurda y desatinada, la idea es simplemente ridícula, y mucho más lo es a la luz de lo que ese mismo artículo 6 plantea, cuando explícitamente ordena que “…no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. Obviamente, “sus derechos” o “su estatuto” son los derechos o estatuto de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

10) Un detalle no puede pasar inadvertido: de una forma harto arbitraria, el señor Hernández Valle apela a ese artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, para concluir (vergüenza ajena da tan solo repetirlo) que ahí se prohíben las convenciones colectivas en el sector público ¿Por qué no dice nada de todo lo que se ordena en los artículos 1 al 5 de ese mismo convenio? Ahí se protege el derecho a la libre e independiente organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. Este derecho, sin embargo, es ampliamente irrespetado en el sector privado en Costa Rica ¿Por qué tanto silencio de Hernández Valle sobre esa penosa realidad? Saque usted sus propias conclusiones.

Compartido con SURCOS por el autor; publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/autonomia-universitaria-una-leyenda.html

Comunidad UNA llama a la defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con tres cortos videos que compartimos, la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la UNA hace un llamado a movilizarse este miércoles 24 por la defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política.

Rector expone las razones para manifestarse
Rector explica la forma como se ha tramitado el proyecto y la necesidad de expresarse

Enviado a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Detractores de la autonomía municipal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

En materia de autonomía municipal, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público significa viajar en el túnel del tiempo, devolviéndonos más de 70 años atrás, a los lejanos debates de la Asamblea Constituyente, de 1949, en el siglo pasado.

¿Quién lo hubiera creído, a estas alturas de la modernidad del Siglo XXI?

En uno de los debates encendidos de la Constituyente, un diputado afirmó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro diputado constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

El mal llamado proyecto de empleo público, por contrario, aspira que el Poder Ejecutivo dirija y controle el régimen autonómico municipal, implicando un retroceso antidemocrático y una deplorable afrenta contra la Constitución Política.

El proyecto derrumba la Constitución, porque las municipales van a ser simples despachos administrativos de la autocrática MIDEPLAN o la DGSC.

Esto tiene muy graves repercusiones políticas contra la autonomía de los gobiernos locales.

Menos democracia territorial y más concentración de poder en manos del Gobierno.

¡Un Leviatán inconstitucional!

Se deben estar revolcando en sus tumbas los constituyentes socialdemócratas que defendieron la autonomía municipal, maldiciendo a sus detractores del PLN.

Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de Ley de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas

SURCOS comparte la siguiente información:

Mediante un Pronunciamiento emitido este miércoles 17 de febrero, los consejos universitarios de las universidades estatales alertaron a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley marco de empleo público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como de los vicios de inconstitucionalidad que presenta esa iniciativa que discute la Asamblea Legislativa.

El documento está suscrito por quienes ocupan las direcciones de estos órganos colegiados de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional.

El pronunciamiento advierte que este proyecto de ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho y que, además de violentar el marco legal existente, desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

Agregaron que esta reforma al empleo público pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, a partir de un desconocimiento de la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y los Poderes de la República.

Señalaron que el proyecto no presenta datos sobre el posible ahorro que alcanzaría con el salario único, y que contiene vicios de constitucionalidad al contradecir las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por otra parte, “vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación”.

“Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre el mayor bienestar a todos los habitantes del país, así como sobre el ‘más adecuado reparto de la riqueza’, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley marco de empleo público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, pérdida de profesionales competentes y ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro”, destaca el documento.

“Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes de que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas que, so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación”.

Referencias Bibliográficas:

Siles, Z. (18 de febrero, 2020). Consejos universitarios advierten sobre posibles impactos de ley de empleo público. Consejo Universitario. UCR. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejos-universitarios-advierten-sobre-posibles-impactos-de-ley-de-empleo-publico.html

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

El cambio de la titularidad de la rectoría del empleo público

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde” (Benedetti)

Manuel Hernández

  • De la dictadura de MIDEPLAN a la dictadura de la DGSC

En el trámite motorizado del primer día de mociones, vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Comisión Permanente de Gobierno y Administración aprobó varias, que asestaron un duro golpe contra MIDEPLAN, aunque no definitivo, en virtud de las cuales la rectoría del empleo público, que el proyecto de ley originalmente atribuyó a este Ministerio, se transfirió mecánicamente a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

La rectoría consiste en la potestad que tiene este órgano de “establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público” (artículo 6 y 7).

Algunos consideran que este navajazo constituye una contención que limita la intervención política del Poder Ejecutivo, y otros piensan, con cierto conformismo, que es menos malo que la rectoría del empleo público la ostente la Dirección General de Servicio Civil.

Mi opinión, por lo contrario, es que este cambio de la titularidad de la rectoría en nada mejora el impresentable proyecto, y mucho menos se atajan los vicios de constitucionalidad que tiene en esta materia.

Resulta necesario, por tanto, advertir los alcances e implicaciones jurídicas que tiene esta enmienda legislativa, las cuales se desarrollan de seguido.

Hasta ahora, la Dirección General de Servicio Civil ha sido una dependencia técnica del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica instrumental, únicamente para el efecto de su manejo presupuestario (artículo 7 bis del Estatuto de Servicio Civil), que le corresponde realizar las competencias que establece esta ley (artículo 13 íd).

La cuestión que tiene que quedar muy clara -que no ha sido objeto de mucho análisis-, es que aquella modificación legislativa transmuta la naturaleza jurídica de la DGSC y la convierte en un órgano, siempre residenciado dentro del Poder Ejecutivo, que le corresponderá realizar una función de naturaleza eminentemente política: la gobernanza del empleo en toda la Administración Pública.

Esta transformación de la naturaleza jurídica, que no es cualquier cosa, responde a la misma lógica y objetivo político del proyecto, que pretende la mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, un poder absoluto, centralizando ahora en la emergente DGSC -en lugar de aquel Ministerio que le robaron la gallina de los huevos de oro- la regulación, planificación y coordinación del empleo público.

Entonces, la DGSC viene a ser el nuevo y sobreviniente Leviatán, que tendrá bajo su imperio y gobernanza política la rectoría del empleo público, la cual comprende prácticamente la entera Administración Pública, cuyo disciplinamiento se realizará de la misma forma que se le cometió al desbancado MIDEPLAN; es decir, de manera autocrática, vertical y unilateral.

Es decir, no porque se traspase la gobernanza del empleo público a la DGSC, la rectoría va a ser más técnica y democrática. Por contrario, se mantiene incólume la misma dictadura estatutaria, solo que únicamente cambia la titularidad del mando. Como dice el refrán: aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Por los mismos motivos de constitucionalidad, y otros de carácter institucional y operativo, que se cuestionó la rectoría que se le confirió a MIDEPLAN, se puede reprochar, con mayor razón, la pertinencia jurídica, constitucional y administrativa, de ese hurto -aun no consumado- de la rectoría a favor de la nueva mega y supradependencia política DGSC.

Los excesos, defectos y vicios de constitucionalidad que contiene el proyecto original, no se pueden encubrir o blanquear con este engañoso cambio de la titularidad de la rectoría, que ha logrado seducir a algunos.

De toda manera, independientemente del órgano del Poder Ejecutivo en que se radique la rectoría del empleo público, es necesario precisar dos cosas muy importantes:

En primer lugar, la rectoría tiene límites bien definidos en nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto desborda estos límites -aunque la rectoría la sostenga la DGSC-, porque en virtud de las múltiples competencias que se le está atribuyendo al órgano rector, más allá de la dirección, planificación o coordinación de la actividad de los entes sometidos a esa rectoría, la potestad de imponer actos concretos, órdenes, instrucciones y mecanismos de control a dichos entes, excede el marco constitucional de la autotutela administrativa.

En segundo lugar, ni MIDEPLAN, ni la DGSC, ostentan legitimación, por mínima que sea, para asumir la rectoría del Poder Judicial y la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y las municipales, salvo que sea violentando la autonomía que reconoce la derrumbada Constitución Política.

Finalmente, mucho menos puede un órgano desconcentrado, como la DGSC, asumir la rectoría del empleo público, porque es una potestad reservada al Poder Ejecutivo, lo cual así lo ha resuelto la Sala Constitucional.

Esto último no puede interpretarse de suerte que se está alentando que se restituya la rectoría a MIDEPLAN -como ya se dijo, manifiestamente contraria a la Constitución-, sino advirtiendo otro vicio de constitucionalidad, otro más que se suma a los múltiples que contiene el desaguisado Frankenstein legislativo.

Probablemente el bloque de poder hegemónico calcula que con ese acto de ilusionismo legislativo, se disipen sospechas acerca de la verdadera finalidad política que persigue el proyecto, y en la de menos se allanen algunas resistencias.

Quedaremos a la espera de las resultas de la disputa política-legislativa, que determinará, en definitiva, cuál de los dos órganos, MIDEPLAN o la DGSC, pese a las concurrentes inconstitucionalidades, se alzará con la rectoría y se vestirá de seda.

14/02/2021