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Etiqueta: Constitución Política

«Llegó la hora de la limpieza social»

Escrito en . Publicado en Comunidad, Sin categoría.

Carlos Campos Rojas
Guápiles, 30 de julio de 2023

Así fueron informados los habitantes de Pococí mediante un panfleto distribuido, por una de las facciones que disputan el territorio del narcotráfico en la provincia de Limón.

Hay toque de queda, juicios sumarios en media calle, quemas de casas, arrinconamiento de los comerciantes y emprendedores, que solo pueden operar bajo las condiciones establecidas por la facción dominante hasta el momento. Las autoridades ausentes.

La limpieza social, como acto terrorista, es la masacre de quienes adversan a la facción que se asume dominante. La limpieza social que se anuncia -es decir, la masacre de la población-, solo es posible anunciarla y divulgarla en panfletos, porque hay una autoridad política superior que lo autoriza, de lo contrario no podría ni siquiera considerarse y ya estarían esas personas en proceso de ser identificadas. Esta limpieza social se extenderá a cualquiera que disienta con el régimen que desea imponerse. Los académicos que tanto dicen que debe defenderse la tan manoseada democracia, ahora guardan silencio cómplice y cobarde, acallando el relato, volviendo la cara, solo para preservar su endeble burbuja: nadie puede eludir la violencia cuando esta es la ley.

Un hombre se quita la camisa en la Asamblea Legislativa e insulta a los diputados y es un debate nacional sobre el odio y la urgente necesidad de ser protegidos. La sangre de la población de Limón corre por las calles de nuestra provincia y se asume como algo intrascendente, esa es la congruencia del estado social de derecho, la violencia como norma en la provincia más desigual, desde hace muchas administraciones.

El narcotráfico en Costa Rica es un conjunto de élites que no les importó el país y se aseguraron que las raíces de su actividad corrompiesen a los necesarios en todos los estamentos del Estado, para llenarse de dinero ensangrentado. Lo he dicho reiteradamente, para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que abra las puertas de par en par; un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Si uno de estos actores no participa, el narcotráfico no puede operar.

La masacre acontecida en Tortuguero en el aula de una escuela, fue el inicio del reciente desparpajo, un hombre asesinó, a la vista de todos, a una mujer que estaba en la facción contraria. Ayer sábado 29 en pleno centro de Guápiles, prácticamente frente a la entrada de emergencias del Hospital, masacraron cuatro personas.

Nuestra violencia es estructural, tenemos los peores indicadores en inversión en educación, salud, tecnología, oportunidades. Los que mueren son nuestros hijos, las mujeres y jóvenes vulnerables carentes de oportunidades a los que solo el narcotráfico les tiende la mano. Son hijos de la provincia más desigual de Costa Rica, de donde se saquea diariamente la riqueza, para que el vallecentrismo viva su opulencia.

Nuestra provincia está inmersa en una guerra desde hace muchos años, que ahora escala a la demostración de la barbarie a que están dispuestos los narcotraficantes para demostrar quién manda, después seguirá el privilegiado vallecentrismo.

Al igual que en Chicago en época de Al Capone, el alcalde y miembros del Concejo Municipal se arrinconan con silencio cómplice, suplicando las recetas de siempre, más policías, sabiendo todos, que cuando nos ofrecen seguridad, lo único que perdemos es la libertad, pues es la ciudadanía la que debe encarcelarse, como si los criminales fuéramos nosotros, para entregarles nuestras comunidades a su antojo.

La población sabe la forma en que la corrupción y la impunidad de políticos, jueces, fiscales, comerciantes, policías, funcionarios públicos (hombres y mujeres porque ahí no hay problemas de género, ni reclamos de violencia política), se pavonean por nuestras calles demostrando que nacen de la conducta del autoritarismo de esta destartalada república representativa, para acrecentar el miedo y dominarnos, insultándonos con su “creciente bienestar económico”.

Todos sabemos que la policía ha sido preparada solo para garrotear a la población cuando se levanta en protesta ante los desmanes de los que se les encargó administrar el país, la DIS solo persigue sindicalistas, dirigentes comunales o a quienes desde palacio les indiquen.

Manifiesto nuevamente mi preocupación, en como el Presidente ruge en flancos débiles con su potestad de imperio, pero guarda silencio y distancia en temas tan estratégicos como el que señalamos, porque todavía sigue la incógnita de cuál es la mano que mece la cuna. Fue regocijante ver la instalación de los escáneres en APM y la detección inmediata de cómo se prestan algunas industrias agrícolas para ensuciar nuestras exportaciones. Lo triste fue ver cómo se volvió la cara y se minimizó la situación, cuando sorpresivamente se destruyó uno de los escáneres. Todo volvió a la “normalidad”.

Reunido con Don Orlando, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le hice saber que si no actuamos con rapidez y de inmediato, el descrédito a que se ha sometido la institucionalidad representativa -entre ellas el sistema de Justicia-, abrirá el paso a que se imponga otra justicia, aunque no nos guste la que surja, porque la espada aparece cuando la justicia llega tarde.

La ciudadanía con sus saberes y experiencias, debe levantarse y movilizarse en busca de la paz. Llamar a rendir cuentas – estén en el puesto que estén- a quienes permiten al narcotráfico asumirse dueño de nuestro destino y de la vida de nuestros hijos. Que asuman personalmente su responsabilidad. Deben revisarse sus cuentas bancarias, sus posesiones, sus relaciones políticas y comerciales. Llegó la hora de que pongamos orden.

Bajo el mandato de la Constitución Política debemos movilizarnos como El Soberano -hoy a 20 años de que nuestra Carta Magna, así lo reconoció -, junto a los funcionarios públicos y empresarios decentes, haciendo valer el poder del que somos dueños. Tenemos que sobrepasar el miedo y levantarnos con dignidad, con Dios de la mano, pues de no hacerlo seremos nosotros mismos, los que habremos hecho un pacto con el diablo.

Somos un pueblo de paz, construiremos un entorno de paz, pues la guerra no se derrota con la guerra, sino con la paz.

¿Quién sigue? ¿El rector de la UCR?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

¿Quién sigue? Preguntó el editorial del Diario La Nación, después de haber denunciado presuntas o reales irregularidades en las que habría incurrido la administración Chaves, contra personas físicas o jurídicas vinculadas con tres medios de comunicación, estos son el Grupo Nación, CRHoy y el programa radiofónico “hablando Claro” que se transmite por medio de Radio Columbia. Curiosa y coincidentemente, al menos dos de los tres medios de comunicación son críticos de la administración y el programa “Hablando Claro” también lo ha sido.

En un caso, ya hubo pronunciamiento de la Sala Constitucional, la cual halló en el accionar gubernamental, (acompañado de otras organizaciones) “…un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión […] Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”. En el segundo caso, mediante una conferencia de prensa, el poder ejecutivo denunció un supuesto “megacaso” de evasión por parte del empresario Leonel Baruch, asegurando en esta ocasión el ministro de Hacienda que, existía un informe técnico para acreditarle un fraude fiscal. Dicho informe no apareció nunca, en su lugar afloró otro estudio anterior, de octubre del 2022, cuya autoría es de “Tributación Directa”, en el cual se puntualiza la inexistencia de fraude fiscal y se pide archivar la acusación. Sin embargo, más recientemente el propio presidente Chaves, sin haber prestado atención a que el asunto había quedado aclarado, reincide en la denuncia ya que, preguntó al Ministerio Público en una de las habituales conferencias de prensa, qué había pasado con la “evasión” del empresario Baruch. En el tercer caso, nuevamente el presidente de La República Rodrigo Chaves vincula con alevosía, esta vez a la periodista Vilma Ibarra, con una supuesta y grave actuación: le atribuyó haber recibido la suma, nada menos que de $732.000 (dólares), con el objeto de hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Todo ello, sin haber tenido el valor de mencionarla por su nombre, pero trayendo a colación hechos circundantes claramente asociados a ella. A esta hora, aunque la periodista Vilma Ibarra lo enfrentó con gallardía, ni siquiera se ha disculpado. (Cfr. La Nación. Editorial del 17 de junio 2023. Pág. 25).

Como se puede apreciar, no se trata de hechos baladíes o insignificantes, sino de denuncias que, de haber resultado ciertas serían faltas graves en contra de la entidad jurídica o las personas físicas mencionadas, las que, desde luego, se han considerado denigradas u ofendidas por el presidente Chaves. Además, hay otros hechos similares a estos que dan cuenta de una actuación del presidente encaminada a reprimir y silenciar la crítica, rayana en el irrespeto y deslegitimación de otros poderes de la República, intolerante, como se ve, con quien lo critica, ligera y hasta irresponsable a la hora de endilgar epítetos acusativos contra ciudadanos o entidades jurídicas que no están de acuerdo con su proceder ético y político. En pocas palabras, el presidente Chaves ha tenido un comportamiento arrogante, prepotente y despreciativo de la honra ajena; por todo ello, tratándose de un mandatario en una democracia, su proceder es reprochable. Trasluce más bien una actitud típica de un gobernante autoritario que pareciera querer implantar un gobierno sin contrapesos. Su populismo por otro lado, lo conduce a congeniar con aquella parte de la población que solo espera escuchar del presidente promesas, que no necesariamente va a cumplir; pero, algunos de ellos estiman que el mandatario va a satisfacer las apetencias de las personas. Veremos. O sea, tenemos un presidente autoritario y populista, un “cocktail” desaconsejable para una democracia como la nuestra, que tiene problemas muy serios que resolver.

¿Quién sigue? Dejó esta interrogante el editorialista de La Nación al final del artículo. Obviamente, ahora ya sabemos quién seguía, el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el doctor en biología Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Se produjo una sucesión de declaraciones públicas que ahora transcribo, con el objeto de que todos poseamos la misma información. El rector de la UCR dijo en una conferencia de prensa, efectuada el 21 de junio, dirigiéndose a Rodrigo Chaves en particular, pero al país en general, con voz pausada, profunda y firme: “Presidente, cuando quiera hablar del tema de fondo, aquí vamos a estar, cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar, mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.

El rector Gutiérrez dio un mensaje breve, pero de contenido, reafirmando su voluntad de respetar la Constitución de la República, en consecuencia, expresó su afán de trabajar y luchar porque el gobierno cumpla en su integralidad con el artículo 78 de la Constitución vigente que establece la obligación del Estado de otorgar el 8% del gasto público anual respecto al PIB, a la educación pública en su conjunto. (Artículo este concordante con lo que estipulan también los artículos 84 y 85 de la misma Carta Magna).

Una vez más, frente a este llamado coincidente con los otros cuatro rectores de las universidades públicas, el presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa, para irrespetar en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Institución como un todo, puesto que el rector la representa. En mi concepto, además, el agravio contra el Dr. Gutiérrez es extensivo a las otras cuatro instituciones de educación superior pública del país.

El señor Chaves olvidando su investidura, fingió ignorar quién era el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando se dirigió a sus asesores para que le dijeran el nombre del connotado funcionario público. Como artimaña, solo desmerece al presidente de los costarricenses, al tratar de insinuar que el nombre del rector no vale la pena recordarlo en una conferencia que se supone está convocada para rendir cuentas de sus actos. El respeto a la institucionalidad del país, que el mandatario juró defender exige que trate las diferencias con cualquier ciudadano, con la mayor consideración y decoro, pero particularmente cuando se dirige al representante de una de las instituciones más emblemáticas del país como es la Universidad de Costa Rica, institución designada Benemérita de la Patria por la Asamblea Legislativa. Semejante menosprecio en el trato para con el rector Gutiérrez, luce por lo tanto indecoroso, refleja patanería, altanería y deja ver a un tiempo, la incapacidad del presidente Chaves para afrontar con la seriedad debida, la difícil situación por la que atraviesa nuestro país y especialmente la educación costarricense. Si no hubiese sido una artimaña del presidente Chaves, como la he calificado, sino una ignorancia crasa o un desconocimiento real del nombre propio del rector, peor aún, porque si iba a tocar el tema de las diferencias con las universidades públicas, pues debió prepararse debidamente primero en todo, estaba impelido a saber quiénes son sus interlocutores. Más aún aquel al que pensaba denigrar. Ignorarlos o fingir ignorarlos, da el mismo resultado; en ambos casos proyecta ante la ciudadanía el mismo desdén y desprecio. Da exactamente lo mismo, deja la impresión, una vez más, de un dirigente mal preparado para tan alta investidura para la que fue electo por una mayoría popular.

¿A quién cree el señor presidente que se dirige en las conferencias de prensa, o en cualquier otra actividad donde desee comunicar algo? Si el presidente estima que es a una hinchada acrítica, que le va a aplaudir eufórica cualquier chanza o chapucería, no hace más que reflejar una enorme subvaloración de este pueblo. Habrá un sector quizás, que sigue al presidente con la docilidad propia de quien carece de criterio fundado para entender la complejidad de la administración pública y la gran diversidad que conforma todo el conglomerado social costarricense. Ese sector es, probablemente el único que quiere “pan y circo”. Pero le aseguro al señor presidente, que hasta entre sus partidarios, hay una buena parte de costarricenses, mujeres y hombres que esperan de usted una actitud digna y respetuosa, hasta con aquella persona o grupo de personas que no coinciden con sus postulados.

El mundo político, la sociedad política (que no politiquera), puede que no sea tan grande en Costa Rica, pero es influyente en el entramado social, lo mismo ocurre con lo que podríamos llamar el sector intelectual, artístico y cultural del país. Adicionalmente, hay una clase media alfabetizada grande, con capacidad y discernimiento frente a su accionar. No todos los grupos económicos “altos” a los que usted pretende favorecer, actúan como autómatas; ellos juzgan, valoran, tanto su accionar ético como político. Lo que podemos llamar el sector popular también está dotado de experiencia en la lucha social y política. No se confunda presidente, porque con el tiempo se podría llevar más de una sorpresa. Y los que son sus acólitos o compinches estarán con usted mientras conserven la expectativa de que sus congojas y problemas son afrontados con destreza y se van resolviendo.

Otra cosa, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el rezago educativo que padecemos? No sé cómo o de qué manera lo está pensando hacer, por lo pronto veo en su gobierno mucha conducta errática; sobre todo, me preocupa grandemente adónde dirigirá sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo, de cara a sentar bases sólidas para reencausar la educación que, durante mucho tiempo brilló en nuestra sociedad. La educación pública fue, como es bien conocido, un lujo que favoreció inclusive la movilidad social ascendente. ¿Piensa acometer esa tarea, cuando lo alumbre la luz, o se deje asesorar bien, sin el concurso de las universidades públicas? Piénselo presidente, porque hasta en función de encarrilar su propio gobierno, le convendría mantener una actitud de respeto, a pesar de las diferencias.

Dicho todo lo cual, le informo algo que tal vez le ayude: el rector Gutiérrez no vale solo por haber sido escogido en un proceso electoral prístino de votación. Por cierto, debe usted saber que es seguramente, el medio académico cultural más grande del país, y las votaciones constituyen allí un “cónclave” muy concurrido y disputado, con discusiones de verdad, en las que los aspirantes deben estar muy bien informados para salir airosos. Además de ello, el Dr. Gustavo Gutiérrez es un profesional sólido en su campo, el de la biología, donde posee un gran prestigio y se ha desempeñado con gran solvencia, con gran conciencia ambiental. Infórmese y verá cuán cierto es lo que le digo. Finalmente, es un hombre respetuoso de las demás personas, con grandes dotes humanas y amplitud de miras.

Señor presidente Rodrigo Chaves, con respeto le aconsejo, si me lo permite, no trate mal a la gente, ni a la prensa, ni al sector empresarial que no lo apoya, tampoco a cooperativistas, sindicalistas o solidaristas, cuyas opiniones no le favorezcan; deje de mirar “por encima del hombro” a personas periodistas de la talla de Vilma Ibarra, una persona crítica pero consciente de los retos de nuestra sociedad y con gran amor por el terruño.

Una cosa más presidente Chaves, infórmese bien antes de ningunear a un ser humano de las altas calidades del rector Gutiérrez. Y de una vez le adelanto, conozca a todos los rectores, a todos, es gente de calidad; acérquese a ellos como se lo han ofrecido. Ganaría mucho, deje de malbaratar el prestigio acumulado. Ojalá no tengamos que preguntarnos más adelante ¿Y ahora a quien le toca sufrir su escarnio?

El FESS: “La realidad está por encima de las disposiciones”

Escrito en . Publicado en Educación.

Edgar Chacón Morales

Esto fue lo que afirmó el ministro de Hacienda Nogui Acosta, al responder una pregunta de Onda UNED “sobre el mandato constitucional de que la negociación del FEES se realice cada cinco años”. Semanario Universidad.

El texto completo de la respuesta es: “la realidad está por encima de las disposiciones, tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable en este momento y hemos convenido en la necesidad de analizar la realidad económica del país para tener acuerdos”. Idem.

Al respecto de la pregunta, se impone aclarar que en “el mandato constitucional” no se menciona la palabra “negociación”. Y vale la aclaración para decir de nuevo que, a fuerza de no cumplir, por parte del gobierno, con lo que la Constitución manda, a algunos les ha quedado ya en su entendimiento y han aceptado que hay que “negociar” el FEES.

Lo que la Constitución manda, en su artículo 85 es: “…cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”.

Por otro lado, el texto de la respuesta del ministro Acosta dice: “…tanto los rectores como los ministros estamos claros de que ese proceso no es viable… y hemos convenido…”. Hay que poner la atención debida en eso.

Por otro lado, la ministra de Planificación, Laura Fernández: “…manifesté a los señores rectores abiertamente la molestia de mi ministerio … el plan de la educación superior está alineado con el actual Plan Nacional de Desarrollo … cuando hoy … a pesar de que lo han puesto por escrito y en videos … el ejercicio de alineamiento con el actual no se ha realizado”. Idem

Entonces, debemos entender y atender que, la señora ministra está molesta porque no se le ha hecho caso.

Pero volvamos a la afirmación del ministro Acosta, “La realidad está por encima de las disposiciones”.

¿De verdad cree eso? La respuesta es obvia.

Entonces, por lo visto él está hablando de una “disposición” más, como cualquiera otra.

Pero de nuevo, hay que hacer otra pregunta: ¿La realidad de quién? No puede ser que alguien y cada persona o unos pocos, vayan imponiendo su realidad al mundo, ignorando marcos jurídicos ordenadores de convivencia para toda una comunidad de país.

Debe quedar claro: Esa es la posición del ministro, pero el ministro no está solo ni esta afirmación es a título personal: él es parte de un equipo de gobierno, ergo.

Debe valorarse si estas afirmaciones del ministro pueden constituir un acto que implica la subversión del orden público y estar en disposición con el devenir de esto.

Julio de 2023.

¡Crónica de un golpe de facto en la Caja!

Escrito en . Publicado en Salud.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical CCSS
Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios
21 de junio 2023

A diferencia de lo que hoy en día leemos en los medios de comunicación masiva, donde se teme la desaparición de la CCSS, en junio de 1943, hace 80 años se anunciaba en el periódico Trabajo en la página 2 de la edición de 19 de junio de 1943, la publicación de la creación de las garantías sociales en nuestra Constitución Política, donde se crea la CCSS, universidades públicas y el Código de Trabajo, todo en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.

Estas instituciones creadas para ejecutar las acciones que garantizarán esos derechos fundamentales sobre cualquier decisión política, se separan de la gobernanza del Poder Ejecutivo y en la Carta Magna se consigna la autonomía, para evitar la intromisión de poderes y así evitar la concentración del poder, hoy asistimos peligrosamente a un fenómeno socio-político totalmente inverso y riesgoso.

Ese fue el Estado de Derecho que por teleología de la norma se consigna.

¿En qué momento nosotros los trabajadores de la CCSS y los ticos y ticas permitimos que se empezara a violentar este Estado de Derecho?

Mucho por la buena fe, no se cuestionaron leyes donde el Poder Ejecutivo empezó a nombrar la Presidencia Ejecutiva de la Caja y sin percatarnos de que eso violentaba la gobernanza, se dejó pasar.

Pero desde 2018, donde se han querido crear normas de menor rango al constitucional, para lograr concentrar el manejo de la CCSS y demás garantías sociales en el Poder Ejecutivo, se han ejecutado acciones, que hoy de facto dejaron en una absoluta nulidad de acciones a la Caja. Por ejemplo:

– El nombramiento de la presidencia ejecutiva por Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de la República, la destitución de los miembros de la Junta Directiva, propios de la conformación tripartita de la misma.

– Donde algún miembro del sindicato es destituido y sustituido por el designado por el Poder Ejecutivo violentando toda norma legal y constitucional interna y otras de alcance internacional.

Todas estas acciones que dejan sin quorum estructural legal la Junta Directiva de la CCSS hoy en día tienen a esta institución en un vacío legal, pues al estar mal conformada la Junta Directiva, sus acuerdos están viciados de nulidad. Esa es hoy la realidad de la CCSS.

¿Qué acciones vienen a complementar esta catástrofe en la gobernanza de la CCSS?

El primer paso del golpe, separación del Presidente Ejecutivo, Don Alvaro Ramos Cháves.

El segundo paso se consumó mediante un acto autoritario y a nuestro gusto inmoral, el Señor presidente separa a los representantes electos por los sectores sociales (sindicalismo, cooperativismo y solidarismo).

Hecho a todas luces ilegal, pero que se está dirimiéndose en una Sala Constitucional que no parece entender que tiene en sus manos una gran parte de la restitución del Estado Social de Derecho y la institucionalidad patria.

El tercer paso se ha venido consumando, de 6 Gerencias han removido a 5 mediante argucias diversas y han colocado recurso humano interno, pero de un perfil medio o bajo en términos técnicos o profesionales, violentando presuntamente hasta donde entendemos procesos y requisitos.

Lo cual no importa, pues la tarea del control político total de la Caja impone colocar personas que solo muevan la cabeza, ya sea por unos meses de fama, por miedo o por muchas otras razones muy sencillas de entender.

El cuarto paso fue dirigido al control institucional de las direcciones del nivel central. Este proceso ha venido desarrollándose a un ritmo bastante paralelo al de las gerencias. De esas direcciones han removido con argumentos cuestionables igualmente a varios funcionarios.

Quedan en pie según nuestro recuento, solo seis directores del nivel central, veamos:

  1. Licenciada Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial (la que se presta al juego político de destrucción de la Caja), maquillando presuntamente informes para doña Marta Esquivel, ojo la gravedad.
  2. Ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, que aparentemente se ha prestado para todo el tema de suspensión de proyectos, inclusive que podrían estarle encargando trabajos fuera de su competencia y por otra parte, se estaría debilitando el sistema de planificación, según nos indican, ojo qué riesgo.
  3. Licenciado Luis Rivera Cordero a cargo de la Dirección Financiero Contable (fungía antes en la dirección del SICERE). Esta dirección y su control político, es pieza clave en debate financiero actual dentro de la Caja. Las causas de por qué lo colocaron ahí son fáciles de asociar al contexto, pero está claro que el que estaba antes, licenciado Iván Guardia Rodríguez, no tenía la confianza política suficiente y además es uno de los 18 imputados, que ahora han sido prácticamente sobreseídos de los presuntos cargos de corrupción por la fiscalía.
  4. Director de Presupuesto licenciado Sergio Gómez Rodríguez: En posible proceso de remoción o a vacaciones. A este funcionario no dudamos le tienen total desconfianza política, pues es uno de los que éticamente suscribió un documento altamente técnico que indicó que los números presentados por la Dirección Actuarial no correspondían a la realidad financiera de la Caja, se imaginarán el posible hostigamiento laboral contra este funcionario.
  5. Director del FRAP (Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la Caja, Licenciado Víctor Fernández Badilla. Sin duda al igual que otros funcionarios de este nivel, no dudamos mantiene un perfil bajo ya que hace meses se desarrolla en la Caja una política de presunto hostigamiento laboral.
  6. Director de Pensiones licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, que nos parece mantiene un perfil similar en razón de lo que se deriva del contexto institucional, cuyos rasgos son de una posible pero abierta persecución política.

El paso quinto para profundizar el golpe de estado de facto en la Caja está dirigido a controlar la Gerencia General o Gerencia de Innovación, como le quieran llamar. Todo sin sustento técnico.

Parece que la Junta Directiva de la Caja de forma secreta (tiene la Junta Directiva de la Caja un acuerdo interno de confidencialidad), va a «nombrar» a don Juan Ignacio Monge Vargas (que renunció a su cargo de director de la Caja a partir del 30 de junio 2023), de forma «interina» en el cargo de Gerente General para evitar cualquier concurso público, lo cual parece ser a todas luces un acto inmoral y recurrible por sus posible invalidez e ilegalidad.

Ahora bien, parece que luego de ese supuesto «nombramiento interino”, van a sacar a concurso la plaza de Gerente General, abrase visto tal falacia, pero sin duda el tiempo interino no será mera casualidad, pues los tiempos políticos para estas movidas están bien pensados.

Y para colocar la flor en el ojal, el paso sexto según ha trascendido de manera informal (estamos recabando documentación), aunque la opacidad institucional en estos temas descritos es de un manejo hiper secreto y centralizado, al mejor estilo de una dictadura. Pero todo indica que la Junta Directiva tomo un acuerdo e informó en una sesión virtual por zoom, que todas las plazas de directores médicos de todos los centros de salud saldrán a concurso y pondrán como uno de los requisitos esenciales para su asignación, la atención de las listas de espera y donde se va a obviar la normativa técnica.

Además, no se consideraría la capacidad instalada de cada centro de salud, exigiéndose a todos cumplir, a pesar de no tener especialistas, salas o las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Según nuestras modestas indagatorias, se realizó un consejo extraordinario de directores el 21 de junio 2023, e informaron de la medida adoptada e indicaron desde el buró político central de la Caja, presidido por la General Marta Eugenia Esquivel, que por favor no lo tomaran como una amenaza. Y remarcaron como mencionamos que la medida de evaluación serán las listas de espera.

Esa es la intención de la Junta Directiva según parece.

El paso séptimo, que suena en los corrillos políticos, es que el presidente de la República pretende firmar un decreto para que en los concursos en propiedad de la CCSS se posibilite la participación de internos y externos, ojo con la gravedad de esta posible movida política.

Esta descripción de presuntos hechos unos en desarrollo, otros consumados, los aportamos a partir de humildes investigaciones y el esfuerzo aspira exclusivamente a que se tenga un acercamiento a lo que realmente está sucediendo en la Caja en lo estructural y estratégico.

Aspira igualmente a que los distintos liderazgos sindicales internos de la Caja y sus homólogos de los movimientos sociales avancen en la comprensión del riesgoso proceso en franco desarrollo, y de manera urgente, se tiendan los puentes políticos y se articule aún más la defensa de la Caja con los distintos espacios de lucha social y avancemos hacia una gigantesca movilización social que le abra los ojos al `presidente y a otras fuerzas políticas y le obligue a un viraje real que encarrile de forma efectiva el tren de la paz y la inclusión.

Hoy solo nos queda tener fe en el Poder Judicial y a la Contraloría General de la República que den curso a las acciones presentadas, así como en cumplimiento de sus deberes, para retomar el Estado de Derecho.

¡Unidos por la CCSS, unidos por la familia y por nuestras futuras generaciones!

Judicialización de la protesta y acción política, blindemos a la CCSS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.

Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:

«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.

Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…

¿Por qué y cómo blindar la CAJA?

Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.

La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.

Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.

Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.

El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.

La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.

La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).

La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.

Criterios para la determinación de la constitucionalidad de los proyectos sobre modificación de jornadas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte el documento de Mauricio Castro Méndez, doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En su estudio, el especialista analiza los criterios para la determinación de la constitucionalidad de los proyectos sobre modificación de jornadas en Costa Rica.

En la síntesis de su análisis el doctor Castro Méndez señala:

1. La constitucionalidad de cualquier proyecto de ley respecto de la jornada de trabajo, debe incluir el artículo 58 y el convenio 1 de la OIT. De manera que la jornada excepcional que la Constitución permite establecer por medio de ley de la República, está limitada por la regulación al respecto que establece el Convenio 1, que establece expresamente los únicos casos y los parámetros que es posible superar el límite general de 8 horas diarias y 48 semanales.

2. El bloque de constitucionalidad costarricense solo permite establecer una jornada ordinaria superior a las 8 horas diarias y 48 semanales en los siguientes casos:

a. Una jornada diurna máxima de 9 horas y 48 a la semana para las personas trabajadoras que posean una jornada en la que algunos días cuenten con una jornada inferior a 8 horas diarias.

b. Para las personas trabajadoras que trabajen por equipos, se puede superar el límite diario de 8 horas y semanal de 48 horas, siempre y cuando el promedio no exceda de 8 horas y el semanal de 48 horas. Esto exige que, ese período de 3 semanas, algunos días se trabajen menos de 8 horas y otros más, de manera que el promedio se mantenga en 8 horas diarias.

En la medida en que los proyectos de ley de flexibilización de jornada en Costa Rica, establecen una jornada uniforme de 12 horas ordinarias durante cuatro días de la semana de manera permanente, se establece un promedio diario de 12 horas diarias lo que viola el bloque de constitucionalidad.

c. Para las personas trabajadoras cuyos trabajos requieren un funcionamiento continuo, se puede establecer una jornada excepcional por medio de equipos sucesivos con una jornada semana de 56 horas distribuida en 6 días, de manera que la jornada máxima diurna puede alcanzar en esos casos las 9.33 horas durante esos 6 días.

d. Es posible establecer una jornada excepcional que supere las 8 horas diarias y 48 horas semanales en períodos mayores a las tres semanas, por ejemplo, una jornada anualizada, siempre y cuando se establezca por medio de convención colectiva de trabajo en la que se indique la duración media del trabajo calculada para el número de semanas determinadas en esas convenciones colectivas y que en ningún caso puede exceder las 48 horas semanales. La habilitación que los proyectos realizan para que el empleador, según sus necesidades, imponga unilateralmente una jornada anualizada viola el bloque de constitucionalidad.

e. La existencia de jornadas permanentes de 10 y de 12 horas diarias viola el bloque de constitucionalidad, tal y como expresamente ha señalado la CEACR de la OIT.

f. Cabe el establecimiento de jornadas permanentes que superen el límite de 8 horas diarias y 48 a la semana además en los casos de:

i. Personas que realicen funciones de inspección o sean trabajadoras de confianza.

ii. Trabajo intermitente, es decir, trabajos que no están relacionados con la producción como tal y que por largos períodos de inactividad no deben mostrar una actividad física ni una atención sostenida y permanecen en su puesto.

iii. Trabajo preparatorio o complementario que por razones técnicas deben necesariamente ser efectuados fuera de los límites fijados para el trabajo general de la empresa, de una de sus ramas o de un equipo.

3. Cabe el establecimiento de jornadas temporales que superen el límite de 8 horas diarias y 48 a la semana además en los casos de:

a. Accidente o grave peligro de accidente

b. Horas extra para hacer frente a aumentos extraordinarios de trabajo y que por lo tanto debe ser excepcional y remunerarse con un 50% adicional a la jornada ordinaria.

SURCOS le invita a descargar aquí, leer y compartir el documento completo del doctor Mauricio Castro Méndez.

La necesidad de reformar y modernizar las jornadas de trabajo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.

Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.

Es la jornada típica de la sociedad industrial.

No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.

Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.

Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.

Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.

Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.

Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.

No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.

La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.

En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.

Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.

Ante los filibusteros de Zapote y de Cuesta de Moras, contra el neo esclavismo laboral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En la Constitución Política se dice claramente que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana; que la jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana, y que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Cuando la jornada diurna y nocturna se mezclan, en las llamadas jornadas mixtas, no deben ser mayores a las 7 horas de trabajo.

El logro de la jornada de 8 horas fue el resultado de una lucha tenaz, continua, sostenida durante el siglo XIX y parte del siglo XX, para superar las condiciones infamantes de seguridad e higiene ocupacional, y las particulares condiciones de trabajo cuyas jornadas eran de 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias en distintos empleos y trabajos, situación que afectaba hombres, mujeres, menores de edad y a los niños, quienes eran usados para limpiar chimeneas en las fábricas industriales.

Las luchas por esta jornada culminaron, en un primer momento, en las grandes movilizaciones y huelgas que se dieron en Estados Unidos en 1886, cuyo centro de atención fue la ciudad de Chicago, cuando resultado de esas luchas se estableció la jornada de 8 horas para los trabajadores de Estados Unidos. En un segundo momento, cuando a partir de estas luchas, se estableció el 1 de mayo de 1890, como un día de lucha internacional, a realizarse cada año, para hacer valer esta jornada y demandar otras reivindicaciones obreras y laborales en todas partes del mundo.

En Costa Rica la movilización obrera, cada 1 de mayo, se empezó a realizar, desde entonces, en 1913 y, la jornada de 8 horas diarias se aprobó, como resultado de luchas y huelgas que se dieron en 1920, cuando a finales de enero se inició esta lucha en trabajadores del sector público, que se generalizó a otras actividades laborales, y en diciembre de 1920, el Presidente Julio Acosta García, mediante un Decreto reconoció el derecho de organización sindical, el derecho de huelga y el establecimiento de la jornada de trabajo en 8 horas diarias, junto con un aumento de salarios.

En los años siguientes hubo necesidad de continuar esta lucha porque no en todas las actividades laborales se reconocía.

En 1943, cuando se aprobó el Capítulo de las Garantías Sociales, en la Constitución Política de 1871, se estableció con rango constitucional la jornada de 8 horas. Ese mismo año se aprobó el Código de Trabajo donde se materializó esta jornada, con otras combinaciones específicas según ramas de producción, género y edad de los trabajadores. Este Capítulo constitucional se incorporó y aprobó en la Constitución Política aprobada en 1949, al amparo de la Segunda República, que dirigía José Figueres Ferrer, jornada que hasta hoy no había sido cuestionada en su extensión diaria.

Internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, organismo hoy vinculado a las Naciones Unidas, al cual
Costa Rica está adherido, y al cual se subordina en los Convenios Internacionales que de la OIT se han ratificado, ha establecido la jornada de 8 horas de trabajo diario, como uno de sus iniciales y más importantes Convenios. Al amparo de la OIT países europeos, miembros de la OCDE, organismo al que también Costa Rica se ha incorporado, tienen hoy jornadas de trabajo de 36 y 35 horas semanales, y no de 48 horas semanales como están establecidas para el sector privado en Costa Rica.

En la vida productiva del país hay empresas que tienen distintos regímenes de trabajo. Las hay que trabajan las 24 horas seguidas, porque el giro de sus actividades productivas obliga a que tengan un proceso laboral continuo. Las hay con sistemas productivos que no obligan las 24 horas continuas.

En estas empresas la contratación laboral se realiza tomando en cuenta el tipo de jornadas de trabajo legal y constitucionalmente establecidas, contratando trabajadores en jornadas de 8 horas, y pagando horas extras hasta 4 más, para una jornada extendida de 12 horas.

Las empresas que laboran 24 horas continuas, sin interrumpir sus labores, tienen que organizar turnos de trabajo de 8 horas, para los tres grupos de trabajadores que se distribuyen en ese tiempo de trabajo. Si dividen sus trabajadores en dos turnos laborales de 12 horas, tienen que reconocerles el pago de horas extras. Todo esto apegado a la Constitución y la ley, sin que haya que modificar el Código de Trabajo ni la Constitución Política.

Tres turnos de trabajadores distribuidos en 24 horas de trabajo de una empresa, en turnos de 8 horas cada uno, sin duda genera más trabajo, para más personas, que dos turnos de trabajo de 12 horas, que elimina un grupo de trabajadores. De hecho, la jornada de 8 horas estimula la mayor contratación de trabajadores, mientras la jornada de 12 horas reduce la contratación de trabajadores.

Empresarios y políticos esclavistas, nacionales y extranjeros, quieren alargar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras, reduciendo en esa posibilidad la contratación de trabajadores, abaratando sus costos de producción que se pagan con salarios. Falsamente dicen que la jornada de 12 horas va a dar a contratar más trabajadores, que los que tuvieran que contratar en tres turnos de 8 horas. En ello tienen comprometido al Presidente de la República, a su Consejo de Gobierno, y a la mayoría de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. El Presidente se presenta como el adalid, cosa que le gusta, de estos empresarios y políticos.

Quieren modificar legalmente artículos del Código de Trabajo para que la jornada laboral del sector privado sea extendida hasta las 12 horas diarias, al estilo que existían en el siglo XIX, cuando el régimen de trabajo y de las relaciones laborales se igualaba a los sistemas esclavistas de trabajo y de producción. No casualmente a los trabajadores y obreros del siglo XIX se les llamó esclavos modernos. Los empresarios extranjeros que así presionen en el país se comportan como filibusteros modernos. Los filibusteros encabezados por William Walker querían establecer la esclavitud en Centroamérica. La establecieron momentáneamente en Nicaragua y querían convertir a los pueblos centroamericanos en pueblos esclavos y anexados a los estados esclavistas sureños de los Estados Unidos.

El Presidente de Costa Rica el pasado 11 de abril, en Alajuela, paradójicamente habló contra los filibusteros que él considera existen en el país. Ocultó en su falso discurso el carácter y su esencia filibustera, de ser el Jefe de los Filibusteros laborales, que quieren hacer de los dos millones de trabajadores del sector privado, una masa de trabajadores esclavizados, sometidos a 12 horas de trabajo diario, sin reconocimiento de pago de horas extras, reduciéndoles así sus salarios, y empeorando sus condiciones materiales de trabajo, de vida y de familia.

El Presidente se presenta como el émulo de estos esclavistas modernos, como el verdadero Jefe Filibustero, junto con los diputados que le acompañan, que quieren imponer la jornada de 12 horas, como integrantes de esa falange impía de nuevos filibusteros esclavistas, instalados en sus cuarteles de Zapote y Cuesta de Moras, donde se libra la batalla como la del 11 abril, por derrotar a los filibusteros…anti trabajadores, neo esclavistas, anti costarricenses de su tradición jurídica laboralista.

El Benemérito de la Patria, el Gran Capitán de la lucha contra los filibusteros, Juan Rafael Mora Porras, cuando marchó hacia Nicaragua, llamó a luchar contra los filibusteros que habían reducido a Nicaragua “en la más oprobiosa esclavitud”, y amenazaban de imponer la esclavitud en Centroamérica y en Costa Rica.

Hay que detener, por la presión y protesta organizada popular, con criterios científicos sicológicos, médicos, por el sentido común, por la por el razonamiento histórico y jurídico, por la jurisprudencia internacional que tiende a bajar las jornadas de trabajo y no a aumentarlas, a esos filibusteros instalados en la toma de decisiones legislativas para evitar que establezcan el sistema de trabajo esclavista de las 12 horas diarias.

¡No, al neo esclavismo laboral! ¡No, a los esclavistas modernos!

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad planteada por APSE contra la Ley de Presupuesto 2023

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Prensa APSE, 23 de febrero de 2023

La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto ordinario de la República del año 2023, presentada por Ana Doris González González, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el martes 7 de febrero de 2023, para que se declare inconstitucional la omisión del artículo 2, Título 1.1.1.1.210.000-Ministerio de Educación Pública de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2023, n° 10331. por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Público (PIB) a la educación pública. 

El presupuesto del 2023 es porcentualmente el más bajo en los últimos 12 años, para dicho presupuesto se asignó solo el 5,8% al sector educativo, lo que equivale a 40 mil millones de colones en cifras, según datos de la Contraloría General de la República. 

De igual forma, se plantea que la norma lesiona el principio de progresividad, ya que el presupuesto asignado es el más bajo del siglo XXI, en virtud de que recortan los recursos asignados para la educación pública, con consecuencias y alteraciones inmediatas al sistema educativo, afectando principalmente a la población costarricense en condiciones de vulnerabilidad. 

La legitimidad de dicha acción presentada por parte de la APSE responde al artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se acude a la defensa del derecho a la educación, como un interés difuso.

La Sala Constitucional confirió audiencia por quince días, con el propósito que se refieran a las objeciones planteadas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa. 

Anteriormente en el 2016, la APSE había gestionado una acción similar, en la cual la Sala falló a su favor. La APSE comentó que seguirá vigilante al cumplimiento efectivo del mandato constitucional.

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