Este viernes 26 de junio a las 7 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital se llevará a cabo el foro virtual organizado por la Alianza por una Vida Digna «Rutas críticas en el arte y la cultura frente al COVID-19».
En estos tiempos de la pandemia por la enfermedad COVID-19, muchos países han iniciado el proceso de reapertura de escuelas, iglesias y negocios. Para limitar el riesgo de contagio, una de las medidas consiste en detectar personas potencialmente infectadas midiéndoles la temperatura de la arteria temporal (en la frente) antes de permitirles el acceso a clínicas, restaurantes, fábricas, oficinas, gimnasios, centros deportivos o transporte público. Supuestamente, el método permite detectar la fiebre y tomar decisiones, pero tiene graves limitaciones y conlleva el peligro de hacernos caer en una falsa sensación de seguridad. El editorial publicado en junio del 2020 en el volumen 8(1) de la revista Pensar en Movimiento (https://doi.org/10.15517/pensarmov.v18i1.42291) analiza rigurosamente esta situación. A continuación, quisiera resaltar los puntos principales.
La temperatura de la frente podría no ser representativa de la temperatura central. Los humanos regulamos nuestra temperatura corporal mediante una serie de respuestas coordinadas por el hipotálamo, con las cuales intentamos conservar o disipar el calor generado a distintas tasas, con el objetivo de mantener constante la temperatura central. Mientras tanto, la temperatura periférica, especialmente la de la piel, está más sujeta a cambios según las variaciones en las condiciones ambientales como la radiación, la velocidad del viento, así como a la temperatura y humedad del aire. Así, una persona que se ejercita en el calor puede tener una temperatura central alta de 38 °C o 39 °C, mientras que la temperatura de su piel está mucho más baja, por la evaporación del sudor. Otra persona en reposo al aire libre en un día soleado se verá expuesta al calor por radiación, con lo cual su temperatura cutánea se elevará antes de que la temperatura central comience a subir. Por lo tanto, usar la temperatura de la frente para decidir si una persona tiene fiebre o no podría no ser un método suficientemente riguroso.
La temperatura de la arteria temporal anterior, a un lado de la frente, es una medida sumamente práctica, de bajo costo y que conlleva un riesgo mínimo de contagio. Sin embargo, es solamente una aproximación de la temperatura corporal central o temperatura del núcleo corporal. Cada fabricante de los termómetros infrarrojos para temperatura de la frente utiliza su propio algoritmo secreto para predecir la temperatura corporal central a partir de la lectura obtenida en la frente. Algunas predicciones serán más acertadas que otras.
Además, existe un número importante de artículos publicados en revistas científicas que demuestran que la temperatura temporal (en la frente) no es válida como medida de la temperatura corporal. Cuando la medida se hace en un área cerrada y la persona está en reposo en un ambiente termoneutro, la validez es mejor, pero durante y después del ejercicio, o cuando la temperatura de la persona está aumentando, la medida no es válida.
Aunque todavía hay un poco de controversia sobre el tema, existe suficiente evidencia para decir que una persona en reposo en un ambiente térmicamente neutro tiene fiebre si su temperatura rectal es mayor a 37.8 °C. Para personas de 60 años o más, el punto de corte es ligeramente menor, 37.7 °C. Por eso, y para tener una sensibilidad suficientemente alta, generalmente se establece que la
persona tiene fiebre si su temperatura corporal es mayor a 38 °C. Como la temperatura rectal es muy difícil de medir, se recurre a otras alternativas.
Según los reportes hasta la fecha, no toda la gente infectada con COVID-19 presenta síntomas. Más aún, solamente entre 30 % y 80 % presentan fiebre (el síntoma más común). En un reporte de la ciudad de Nueva York, de 5 700 pacientes hospitalizados por tal enfermedad, únicamente el 30.7 % tenía fiebre al ser evaluados a su llegada al hospital. Este es un reto inherente a la infección por el virus SARS-CoV-2, por lo tanto, aun si tuviéramos una medida perfecta de la temperatura corporal, la sensibilidad de la prueba sería baja.
Lo anterior es lamentable, ya que el objetivo precisamente es tener una prueba de tamizaje que pueda aplicarse sencillamente y a bajo costo a una gran cantidad de personas, con la cual podamos seleccionar a aquellas que probablemente tienen COVID-19, para darles un seguimiento clínico más caro y cuidadoso, además de limitar el posible contagio que podrían generar. Pero las pruebas de tamizaje deben tener una sensibilidad (que el tamiz o colador logre atrapar a todas o casi todas las personas que presentan la condición de interés) y una especificidad (que el tamiz deje pasar a todas o casi todas las personas que no presentan la condición de interés) suficientemente altas. Este no pareciera ser el caso de la medición de la temperatura de la frente.
En resumen, los valores obtenidos de la temperatura temporal (en la frente) tienen limitaciones importantes como método de tamizaje para COVID-19: su validez es cuestionable; la predicción de la temperatura central a partir de la temperatura de la frente no está estandarizada ni respaldada de forma transparente; las mediciones se aplican de manera poco o nada rigurosa, sin atención a los protocolos establecidos para obtener una buena lectura; la prevalencia de la fiebre podría no ser suficientemente alta en las personas infectadas de COVID-19 para dar una buena sensibilidad a la prueba; la fiebre no es un síntoma suficientemente específico. Por último, se podrían tomar decisiones incómodas para algunas personas y potencialmente graves para toda la población, basadas en este método.
A falta de una mejor prueba, por ahora se puede intentar mejorar la validez de la que tenemos a mano seleccionando cuidadosamente los termómetros infrarrojos, capacitando al personal a cargo de hacer pruebas cotidianas en los distintos contextos, tomando la temperatura únicamente a personas en condiciones bien controladas y exigiendo a los fabricantes de dispositivos la transparencia en sus algoritmos de predicción.
Finalmente, al conocer las limitaciones de este método de tamizaje, nos debemos sacudir la falsa sensación de seguridad a la cual nos podría inducir. Al mismo tiempo que mejoramos la prueba, debemos seguir practicando rigurosamente todas las medidas preventivas que ya deberíamos conocer de memoria, como el distanciamiento social, el lavado de manos profundo y frecuente, la desinfección de superficies y evitar tocarnos la cara.
Ph. D. Luis Fernando Aragón-Vargas
Editor principal, revista Pensar en Movimiento; director, Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
El SEC, considera que ante la profundización de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, es sumamente urgente que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, replanteen las políticas económicas que han implementado para el presente y futuro, ya que este impacto en la economía incrementará la desigualdad social, la pobreza, el desempleo y afectación a la producción nacional. Esta contracción de la economía afectará definitivamente a las poblaciones más vulnerables y a los sistemas de seguridad social.
El deterioro que observamos en el control del COVID-19 es alarmante, más cuando día a día se reporta el acelerado incremento en casos de contagio; pero lo que más nos preocupa es la débil y desacertada estrategia económica aplicada por el Gobierno de la República, dándole toda la protección al Conglomerado Empresarial para que mantengan sus ganancias, a costa de la degradación de las familias costarricenses. Es evidente que se ha profundizado en una agenda neoliberal cuyo objetivo es implementar proyectos enfocados al desmantelamiento de las instituciones públicas y la reducción del Estado.
Hay un claro retroceso en el cumplimiento de agenda mundial 2030 firmada por el país en el 2015.
Es evidente línea de acción que llevan tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, que se aleja del cumplimiento de dicha agenda y sus objetivos de desarrollo sostenible, al impulsar políticas que apuntan al aumento del empobrecimiento de la población y la precarización laboral.
Ante toda esta situación es urgente hacer un llamado al Poder Ejecutivo, Legislativo, Partidos Políticos y al Conglomerado Empresarial, para detener ya la política desmedida de empobrecimiento de la mayoría de las familias costarricenses.
Solicitamos el diálogo serio y efectivo con todos los sectores sociales y no sólo con la UCCAEP, así juntos construiremos la nueva sociedad costarricense con justicia social y equitativa.
La conferencia de prensa del día de hoy fue realmente triste, vergonzosa e indignante. Uno más de los nefastos capítulos del PAC y que dejan muy en claro la debilidad de la administración Alvarado.
Finalmente, el gobierno le entregó a la UCCAEP una parte del manejo de la crisis derivada de la pandemia; golpearon la mesa, y con servilismo el señor presidente estuvo anuente. Estamos claros que en política hay que negociar, pero lo de hoy demuestra el poder y capacidad que la UCCAEP tiene para imponerse.
Cuando Alvarado hace alusión a la estrategia del baile y el martillo (el original se titula “Coronavirus: El Martillo y la Danza” de Tomás Pueyo, 2020) cae en un error garrafal, pues ese Martillo es imposible de aceptar para la UCCAEP, la cual quiere una apertura inmediata de toda la actividad productiva; indiferentemente de los efectos del COVID-19 en la salud de la población, y en la misma institucionalidad pública. La Danza no existe para la UCCAEP, es un momento inaceptable, pues además de trastocar sus intereses económicos, afecta su hegemonía actual.
En la misma conferencia de prensa, la vocera del capital, la abanderada neoliberal, nuestra flamante Ministra de Planificación, nos regala dos perlas sin disimulo alguno.
La primera, hacer un reconocimiento tácito al respeto a la vida y el respeto a la salud, pero sin dejar de lado que la salud productiva del modelo económico tiene que mantenerse.
Y la segunda, toda una joya de la negociación política y la torcedura de brazos -casi quebradura-, la creación de un “grupo de trabajo económico-sanitario” (nótese la preeminencia de lo económico), así como la coordinación extraordinaria para llegar a entendimientos entre el gobierno y los empresarios. La UCCAEP no está dispuesta a ninguna desviación que afecte sus intereses de clase; aun así, el Ministerio de Salud dispuso alerta naranja para Corredores, aunque quizás este no sea un cantón económicamente muy relevante.
Precisamente medidas irresponsables con la salud como las que propone la UCCAEP han generado una enorme debacle humana y económica en aquellos países donde el empresariado ha definido la direccionalidad de la política pública en materia de atención de la pandemia. Por solo mencionar algunos casos, Trump, Bolsonaro y Piñera se negaron de manera contundente a implementar cuarentenas en el momento del Martillo, y ahí tenemos las consecuencias: 2,302,288, 1,145,906, y 250,767 personas contagiadas, con 121,117, 52,645 y 4.731 personas fallecidas respectivamente al día de ayer.
Para la UCCAEP, la Danza la deben de bailar las personas muertas; no sin antes pasar por sus hospitales, farmacias y féretros. Su martillo no es el que propone Tomas Pueyo, es el de la barbarie.
Marlin Óscar Ávila
22 de junio de 2020
La mayoría de los países de América Latina padece del flagelo de la corrupción, por lo que pensar que la llegada de una pandemia como la Covid-19 no fuese aprovechada por los círculos de poder político y empresarial para aumentar sus caudales económicos sería un tanto ingenuo. No ha habido oportunidad en que los círculos de poder, particularmente los más apegados al modelo neoliberal, no hayan aprovechado para enriquecerse ilícitamente. El caso de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, quien repartió fuertes coimas en no menos de una docena de países, es uno de los mejores ejemplos de esta campante corrupción. Sin embargo, ninguna de las oportunidades de defraudar los bienes y finanzas del Estado había tenido como denotación salvar vidas humanas de forma global y, el fraude ha sido tan inhumana y grotesca como la que actualmente vivimos con esta pandemia del Covid-19.
Insigth Crime del 9 de junio 2020, dice que “A medida que América Latina emerge como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con políticos e intermediarios que rápidamente se llenan los bolsillos.”
Centroamérica ha sido una región dominada por líneas ideológicas predominantemente conservadoras desde el siglo XIX. Eso ha hecho que un tramo de territorio continental pequeño [1]y, una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, con una densidad no más de 385 hab/km2 en una extensión de 523 000 kilómetros cuadrados, que sus siete países se constituyeran en repúblicas soberanas, hace poco más de 500 años, sin llegar a unirse en una sola federación para administrar políticamente sus recursos, constituyéndose más bien en un grupo de países en competencia constante por recursos económicos en el mundo global. Todos ellos mantienen una amplia brecha entre ricos y pobres, además de un subempleo y desempleo que ronda el setenta por ciento de su PEA. Sus élites económicas llenas de mezquindad rosan con lo absurdo, incluyendo agendas ideológicas que terminan siendo motivo de manipulación político-económico internacional.
Así es que, cada país tiene un sistema de salud con ciertas diferencias, dependiendo de negociaciones logradas por las omnipresentes agencias del FMI, BM y BID, en cuanto a “liberalizar” los programas públicos hacia el sector privado. Por este motivo se distingue a los de Nicaragua y Costa Rica, como únicos con sistemas universales de servicios públicos por ser los que más se han resistido a la privatización. Los demás han cedido al fuerte asecho de organismos internacionales para convertir la salud en un negocio privado. Honduras se distingue entre los países que más ha privatizado su sistema, dejando en una calamidad su sistema hospitalario, que pareciera sufrir una grave embolia pulmonar en este momento.
Es decir, los círculos del poder local han venido haciendo negocio hasta de los “cueros y huesos” del sistema de salud pública que fuera construido en el siglo pasado, pero con la pandemia, el tema de salud pública, resalta internacionalmente y se ha visto como una nueva oportunidad de enriquecerse, aunque esto signifique una violación flagrante al derecho humano, al derecho público y a la esencia del servidor público dentro de las instituciones del Estado, convirtiéndose en una especie de crimen de lesa humanidad.
Insigth Crime continúa diciendo[2] “En Honduras, el gobierno compró pruebas de coronavirus a $ 100 cada una de tres intermediarios que habían comprado las pruebas por solo $ 4 por unidad de China. En Guatemala, el gobierno compró máscaras N95 por 18 veces su valor de mercado a un empresario que previamente había sido condenado por cargos de corrupción.” Pero el gobierno hondureño adquirió, desde mediados de marzo, aproximadamente 7 mil millones de dólares, más que ningún otro país de la región, que aún no se logra saber adónde están, pese a los constantes y variados reclamos de muchos sectores sociales e incluso, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) en la zona norte. Este lunes 22, su director ejecutivo Pedro Barquero, dijo “Cómo es posible que en medio de la muerte de estas 300 personas se estén mal utilizando recursos públicos pagando 100 mil dólares por una cama en una carpa cuando en el vecino país de El Salvador se gastan 37 mil dólares por cama en una construcción de cemento”, recriminó.[3] En resumen, solicitó transparencia de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y que rindan cuentas a la población en qué han invertido cada lempira que se les ha asignado. Y es que Invest-H supuestamente compró dos o tres hospitales móviles por 47 millones de dólares entre marzo y abril, sin embargo, solamente se ha visto una carpa de plástica instalada en la zona norte, sin utilidad alguna.
Esta misma fuente, Insight Crime, señaló[4] que “una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada que encontró que el gobierno guatemalteco aún no ha gastado un solo dólar de dinero de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.”
“La escala exacta del fraude contractual y la interrupción del gasto es difícil de estimar, ya que los gobiernos han limitado la cantidad de información que ponen a disposición del público. Algunos líderes, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador, simplemente se han negado a revelar cómo y dónde han asignado contratos y gastos de emergencia.”
Fuertes dificultades se notan en el caso guatemalteco, cuando se califica, al igual que en El Salvador, de ausencia de transparencia en el manejo de los recursos definidos para combatir la pandemia, de muchos millones de quetzales aprobados por su Congreso Nacional. Como sucede en Honduras, el personal sanitario reclama los insumos indispensables, equipos de bioprotección, medicamentos y mascarillas. Esa opacidad existente en estos países del llamado triángulo norte, no hace más que sugerir un alto nivel de corrupción.[5]
Similitudes y diferencias
Los gobernantes, con excepción de Costa Rica, dieron prioridad a lo político, más que a la salud. En toda la empresa privada dominante (poder fáctico) presiona por abrir lo más pronto el mercado, sin embargo, ha sido otra vez, Costa Rica, donde la industria del turismo ha presionado fuertemente, donde no sede ante tales presiones, dando prioridad a la salud pública, en la medida de lo posible. Quien siempre ha dado prioridad a lo económico ha sido el gobierno nicaragüense, cediendo poco a poco las medidas recomendadas por la OMS y OPS para detener la línea ascendente de contagios.
En la región se distinguen tres países por la gravedad de la pandemia con un índice de contagios mayor que los otros cuatro. Panamá, Guatemala y Honduras. Hoy en día, 22 de junio, 2020, Panamá reporta 26,752 casos; fallecidos, 521; recuperados clínicos, 14,664; pruebas realizadas, 109,990.[6] Guatemala, a 99 días de haberse detectado el primer contagio de coronavirus, la cifra total de casos llega a 12 mil 755, según información del Ministerio de Salud. El 20 de junio, hubo 246 nuevos casos, 31 fallecimientos, pero el día anterior se dieron 34 decesos, con 139 recuperados. [7] Honduras, al día 22 de junio de 2020, contabiliza 13,356 casos de Covid-19, incluyendo los de este día que suman 584 personas, 385 total de fallecimientos, sumando los 32 nuevos de este día, los recuperados aumentaron 69 personas para llegar al total de 1,362. Hay hospitalizados 1,093, de los cuales hay 366 en situación grave y 48 en cuidados intensivos. [8]
En estos tres países las capacidades de atención a nuevos pacientes están en cero (0), aunque en el caso de Guatemala, al cambio de la cúpula ministerial en salud el pasado viernes, se espera abrir algunos espacios y obtención de algunos recursos.
Una de las mayores semejanzas entre estos países es sus niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, de 0 a 100 puntos, Guatemala y Honduras tienen un mismo índice de 26, y Panamá tiene 36 puntos. [9];[10]
Guatemala y Honduras, tuvieron una lucha interna por expulsar los dos instrumentos internacionales que a través de la presión ciudadana local y algunos esfuerzos de la comunidad internacional habían instalado contra la corrupción y la impunidad, el primero en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y la MACCIH [11], en Honduras, ambas expulsadas por los círculos de corrupción dominantes en cada Estado el año 2019. Haber logrado la expulsión de unas tres docenas de asesores internacionales de ambos países, consolidó la fuerza de los grupos de poder locales que manejan las redes de corrupción locales. En el caso hondureño, la complejidad es mayor, porque no solamente hay redes de corrupción expertas en extraer fraudulentamente recursos del Estado, como ocurre en Guatemala, en una combinación de la clase político-empresarial y militar construidas en los últimos doce años[12], pero enriquecida por una especie de sinergia entre los mismos actores, constituyéndose en un cartel de producción y comercialización de drogas y otros negocios ilícitos, que incluyen unas redes del crimen organizado, ligados internacionalmente desde Suramérica, hasta los Estados del Norte de América y Europa. El poder constituido en Honduras es como tener un Chapo Guzmán, tomando decisiones sobre una red corrupta y a Pablo Escobar dirigiendo el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional[13], ambos en habitando en el espíritu del presidente de la República de Honduras. Así que el nivel de ética y moral que existe en el actual gobierno no es más elevado que el que pudieron tener estos dos personajes juntos bien conocidos por la DEA[14]. Los escrúpulos que pueda tener el gobernante Juan Orlando Hernández[15], de producir los daños humanos que actualmente se dan en Honduras, por la pandemia, no se diferencian en nada a los escrúpulos que pudiera tener ninguno de los personajes citados arriba, siempre que las consecuencias de sus actos aumenten su ya sustancioso capital. Lo irónico del caso es, el apoyo irrestricto que ha obtenido, hasta esta fecha, por las actuales autoridades de los EUA.
Nicaragua y El Salvador
Los gobiernos de ambos países se han enfrascado en una fuerte controversia con las respectivas oposiciones políticas.
Así que opacaron la capacidad científica instalada existente haciendo caso omiso a instituciones, médicos especializados y asesoría de organismos como la OPS y OMS, buscando protagonismo como “grandes estadistas”, aislados de quienes tienen autoridad científica para tratar el problema grabe de salubridad. Los casos más visibles han sido los del presidente de El Salvador, Nayibe Bukele y de Nicaragua, la pareja gobernante de Daniel y Rosario Ortega. Ambos gobernantes hacen sentir su compromiso por el bien común, por hacerse conocer por sus obras en favor de las mayorías y de los pobres.
Sus diferencias, son en algunos aspectos importantes, como es la experiencia y recorrido político de Daniel Ortega, dirigente del FSLN desde la primera conquista del poder en Nicaragua en 1979 y el alto grado de narcisismo en Bukele, con una corta experiencia en la vida pública.
El presidente Bukele se ha distinguido por muy escasa humildad de gobernante, su manejo de la pandemia inició siendo admirado por tomar medidas tempranas y supuestamente adecuadas. No obstante, más temprano que tarde, su riña con la oposición política, que controla los otros dos poderes del Estado, ha sobresalido más que la solución a la pandemia, que pareciera estar ahora descontrolada. Es una figura mediática que logra atraer la atención pública, pero se le critica por irrespetar el marco legal republicano y por aparecer un tanto opaco en cuanto al manejo presupuestario, así como de inmiscuir a sus parientes en funciones pública. Estos últimos aspectos no lo diferencian del gobierno nicaragüense. En fin, sus diferentes modelos de respuesta a la pandemia, habrá que evaluarlos en unos meses o un año después.
Dejamos a Costa Rica aparte, no por creer que es “la Suiza centroamericana”. Este país ha estado con serios problemas financieros y su presidente, Carlos Alvarado, estaba en muy bajo nivel de popularidad cuando llegó la Covid-19. Fue precisamente la pandemia que le salvó parte de su prestigio, porque a diferencia de las otras administraciones de la región, decidió centralizar en su Ministro de Salud, Daniel Salas, epidemiólogo de profesión, todas las decisiones estratégicas y coyunturales para combatir la pandemia. Ordenó a todas las dependencias del ejecutivo, autónomas y centrales, colocarse a las órdenes de su joven ministro de salud. El otro aspecto que contribuyó, como ocurrió con Nicaragua, es que, pese a las presiones de los organismos multilaterales para que privatizara los servicios de salud pública[16], su clase trabajadora logró resistir las presiones[17], manteniéndose las estructuras de un sistema universal de salud[18].
Es así como, después de Belice, quien tiene apenas cuenta con una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados y una población de 383 mil 71 habitantes, siendo el que tiene más bajas estadísticas de contagios, Costa Rica es de los países, a nivel global, que mejor ha controlado la pandemia del Covid-19.
Dignificación de toda una población centroamericana
A Costa Rica como a los demás países dañados en su economía les está quedando un crecimiento significativo de pobreza y desempleo que constituye un reto enorme. Sin embargo, a los países donde sus gobiernos usurparon los recursos sagrados para salvar la vida de sus ciudadanos, le quedará, además de los profundos niveles de pobreza y desempleo, el rescate de su dignidad, investigando y procesando a nivel nacional e internacional a sus gobernantes y empresarios corruptos.
[1] Tiene un territorio de 523 000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el istmo de Tehuantepec (situado al sur de México), hasta el Valle del río Atrato, en Colombia, franja territorial con el océano Atlántico a un costado y el océano Pacífico, al otro.
[2] https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-corruption-pandemic/
[3] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/incapacidad-o-corrupcion-o-una-mezcla-de-ambas-dice-pedro-barquero-sobre-compra-de-hospitales-moviles.html
[4] Ídem
[5] https://www.nodal.am/2020/05/guatemala-mal-manejo-de-la-crisis-sanitaria-por-covid-19-por-factor-mendez-doninelli/
[6] https://www.prensa.com/sociedad/data-studio-casos-de-coronavirus-covid-19-en-panama/
[7] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-registra-segundo-dia-de-mas-decesos/
[8] RDS Radio 88.9 FM
[9] https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Percepcin_de_corrupcin_crece_en_Centroamrica
[10] No incluimos el IPC dado sobre Nicaragua, a sabiendas de la campaña internacional contra su gobierno por parte de instituciones como Transparencia I., la OEA, UE y otras, evitando su carga de prejuicio político.
[11] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp
[13] https://criterio.hn/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/
[14] https://notibomba.com/gobierno-de-eeuu-demostrara-que-juan-orlando-hernandez-conspiro-para-el-trafico-de-drogas/
[15] https://notibomba.com/fiscalia-y-la-dea-identifican-que-cc4-es-juan-orlando-hernandez/
[16] https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-ccss-rechaza-tercerizacion-y-privatizacion-de-salud/
[17] https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodriguez-privatizar-la-caja-afectaria-directamente-a-poblacion-de-menos-ingresos/
[18] https://www.nacion.com/el-pais/privatizar-la-ccss-no-es-prioridad/MMHBEPGUFJDO5HANMBLA7AQ2FY/story/
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina lanza su publicación buscando promover “una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos”.
El 16 de junio se celebró el Día de la Ciencia Digna a instancias de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), una “articulación de académicas/os e investigadores/as de distintas áreas”. Ese día, que homenajea al investigador argentino Andrés Carrasco, quien demostró los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario, tendrá un aditivo especial este año, el quinto desde la existencia de la organización: el festejo coincide con el lanzamiento de su propia revista.
Con la expansión del agronegocio como telón de fondo, que impone el modelo de producción con transgénicos asociados a paquetes de agroquímicos, la unión propone que su revista “sea una herramienta útil para alimentar los debates sobre ciencia y tecnología propiciando un diálogo de saberes con la mayor participación pública posible”.
El consejo editorial de la revista Ciencia Digna está integrado por investigadores e investigadoras de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Perú, y los uruguayos Pablo Galeano, Santiago Mirande y Claudio Martínez. Este último, integrante del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias y del Colectivo TÁ de la Universidad de la República (Udelar), que se dedica a estudiar los impactos de los transgénicos y plaguicidas, así como de la construcción de alternativas, conversó con la diaria sobre el lanzamiento de la publicación.
“Tomé contacto con este grupo por intermedio de Andrés Carrasco, el timonel en toda esta manera de ver la ‘ciencia digna’ frente a lo que los colegas argentinos llaman ‘ciencia mercenaria’”, dice Martínez. “Carrasco me introdujo al mundo de la mirada crítica acerca de los transgénicos y su modo de producción asociado. Cuando estaba cursando mi tesis de doctorado, hace unos 15 años, hice dos cursos con él sobre su área de investigación, que era el análisis molecular de la biología del desarrollo enfocado a embriones. Utilizando ese modelo Carrasco descubrió los efectos teratogénicos del glifosato, de malformaciones fetales”.
Como para no marcar un camino. “Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling” fue publicado en la revista Chemical Research in Toxicology en agosto de 2010 por Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, Silvia López y Andrés Carrasco. Allí, los investigadores, tras aportar minuciosas pruebas, afirmaban cosas como que “el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos tempranos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre la preocupación sobre los hallazgos clínicos en descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en campos agrícolas”. De cierta manera, trazaban una línea entre el laboratorio y las comunidades que sufrían la aplicación de las tecnologías del modelo sojero.
“Mi inserción formal en la UCCSNAL fue en 2017, en un encuentro que organizan en Rosario”, dice. Desde entonces el contacto formal lo llevó a formar parte del Consejo Editorial de la revista. “Esta es una iniciativa que surge para que científicos con cierto perfil, a los que nos cuesta publicar ciertos contenidos, sobre todo en español, podamos publicar”, explica. “Claramente tenemos una visión crítica del sistema científico, que va desde las agendas hasta las narrativas, las financiaciones y los objetivos”, agrega.
Leyendo el primer número, uno puede apreciar que la revista apunta a pensar la ciencia. “Pensar la ciencia es también hacer ciencia”, dice, con razón, Martínez, quien también argumenta que “no es una revista a priori pensada para publicar resultados originales. Es, en cierta medida, una revista para pensar la ciencia y la tecnología, los discursos y las narrativas que están asociadas a ellas”.
La oposición entre una ciencia digna y una ciencia mercenaria puede resultar un poco chocante, porque implica la idea de que el mundo se divide en dos bandos: uno claramente identificado con el bien y el otro con el mal. Martínez dice que no hay que pensar que la ciencia la hacen sólo los científicos, sino todo un sistema: “Hace tanta ciencia un científico como un burócrata de una agencia que está definiendo qué es lo que se hace o no”.
En Uruguay 80% de la investigación se hace en la Udelar. Le digo al entrevistado que no sé si es que he tenido suerte –es un caso de sesgo de cherry picking, de extraer las cerezas más apetecibles y pensar que todas son igual de sensacionales–, pero los investigadores e investigadoras con los que he hablado no me parecen muy mercenarios, y le confieso que esa división parece estar más orientada a una ciencia producida en otros países, que son justamente los que luego nos venden sus tecnologías.
“Es cierto lo que decís respecto de Uruguay, hasta en eso somos una isla”, reconoce. “La enorme mayoría de los científicos uruguayos son independientes y hacen una ciencia independiente. A lo que el grupo llama ‘científicos mercenarios’ es cuando hay conflictos de intereses que no han sido declarados. El término viene de Argentina, donde sí hay casos bastante evidentes de conflictos de intereses, puertas rotatorias, e incluso hay periodistas que hablan de corrupción y colusión. En Argentina y en Brasil hay casos documentados de esto”, agrega.
“En el caso de Uruguay no voy a decir que no los haya, pero son un caso muy mínimo”, sostiene Martínez, quien dice que tal vez cuando se jubile tendrá la libertad suficiente para hablar de estas cosas. “Sé de conflictos de intereses que no se han declarado”, afirma, y uno no puede evitar pensar en lo que está pasando en Uruguay con la ley de etiquetado frontal de alimentos. Los octógonos negros de exceso de azúcares, sal y grasas implicaron investigación científica de calidad que avala la medida. Sin embargo, una unidad de la Facultad de Química, con ayuda de una agencia de comunicación, salió a hacer fuerza para que la medida no se implementara, recurriendo a argumentos ya esgrimidos con anterioridad por la industria. Hoy los octógonos negros están en un impasse que nada tiene que ver con la ciencia y mucho con intereses económicos.
“Ahí donde hay conflictos de intereses no declarados surgen los problemas. Porque si el científico que escribe un artículo explicita que trabaja para Bayer, uno sabe quién está firmando el paper y sabe de dónde viene”, dice Martínez, recordando el reciente escándalo del estudio sobre los efectos de la hidroxicloroquina como terapia para la covid-19, que debió ser retirado por la prestigiosa publicación The Lancet.
“El término ‘mercenario’ me resulta muy fuerte, pero cuando voy a Argentina y veo la realidad de los pueblos fumigados, cuando voy a Rosario y están quemando las islas para plantar soja, y está toda la ciudad cubierta de humo, veo que están atravesando una realidad, a nivel ambiental y a nivel de salud, mucho más grave que la nuestra. Mi filosofía es más de sumar y construir algo nuevo que de meter más el dedo en la grieta, pero son modus operandi. Capaz que hay más momentos en los que no hay más remedio que separar las aguas, y otros en los que hay que tratar de ser lo más político posible”, reflexiona. Pone de ejemplo el Plan Nacional de Agroecología en el que ha estado trabajando con el colectivo TÁ. “Allí coexisten sectores que uno a priori diría que no son compatibles. Pero hoy la prioridad es sacar adelante el plan” argumenta. “Más que de ciencia digna o mercenaria, prefiero hablar de ciencia independiente y ciencia vinculada a intereses. Ese sería mi matiz personal”.
Enviado por Jaime García.
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita al conversatorio: «La política fiscal para reconstruir el pacto social frente a la crisis del Covid-19» a realizarse el próximo 25 de junio a partir de las 5 p.m., a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg
Si quisiera enviar sus preguntas al conferencista, M.Sc. Fernando Rodríguez, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr o bien, hacerlas durante la actividad.
Este martes 23 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live (OFUNSHI OBA KOSO) se hablará sobre el tema: «Honduras: COVID-19 una apocalipsis premeditada».
Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.
El documento señala:
Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario
Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:
Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:
Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:
https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS
Imagen: TEC
Jenyel Contreras Guzmán*
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Compartido con SURCOS por la autora.