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Etiqueta: COVID-19

Un balance sobre políticas de apoyo solidario, afectación laboral y la participación ciudadana en tiempos de COVID-19

Licda. Marjorie Hernández Delgado

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King

Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.

El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.

Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.

Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.

Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.

Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.

Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.

Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.

Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.

Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.

Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.

Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.

Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.

En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.

En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.

Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero

 

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En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

LA UNA ofrece salida a la crisis económica del COVID 19

Académicos de la Maestría en Planificación de la UNA brindan aportes para la atención de los efectos del COVID-19

La emergencia del COVID-19 en Costa Rica ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.

Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos.

El VIGIA, espacio radial de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-UNA, convocó este 15 de abril de 2020 por medio de la plataforma ZOOM (Internet) al equipo de académicos de la Maestría en Planificación, que brindaron sus aportes desde la planificación para atender los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia nacional, que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus covid-19 en Costa Rica.

En este espacio se conversó en torno a los efectos y las soluciones que puede aportar la planificación, ante la crisis económica inmediata que generó el aislamiento social por situaciones del COVID-19. “(…) Hemos considerado que la situación que hoy se nos presenta nos agrava aún más la temática del país, por lo tanto, hemos querido desde la planificación, hacer en primera instancia un análisis del tema y posteriormente intentar hacer una propuesta de lineamientos de acción. Nada definitivo porque sabemos que esto surge en un momento complicado, con poco conocimiento del virus, de la temporalidad en la cual debemos estar actuando y las consecuencias que un virus como este puede generar en la salud (…)”, expuso el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, M.Sc Ángel Ortega Ortega.

En la propuesta elaborada por los profesores e investigadores: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero y José Ángel Castro Granados, se expusieron los posibles escenarios en los que se puedan incidir a nivel nacional, con una mirada desde las diversas disciplinas científicas y con una visión a largo plazo, que contribuya a visualizar la sostenibilidad social y económica de Costa Rica.

“El crear un modelo de construcción de escenarios nos permite visualizar, que en este momento estamos muy saturados de información, es decir, la cantidad de información que llena las redes sociales y los grupos de chats es demasiada y esto puede llegar a dificultar la tomar de decisiones. La información juega un papel importante ante el análisis de esta situación, ya que el uso de información falsa o alterada puede hacernos construir escenarios no adecuados, explicó, Juan Carlos Mora, quien indicó que se debe tener en cuenta que los aportes compartidos con el gobierno y la sociedad, tienen como propósito impedir los peores escenarios que podría sufrir el modelo de desarrollo costarricense como consecuencia de la pandemia; como es el caso directo de la generación de más pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso y las desigualdades regionales.

Para Mora, en la propuesta se indica que en el sector externo hay que reconstruir los vínculos económicos externos del país, de esta manera, promover más inversiones, con ello, poder unirnos a sus cadenas de valor y beneficiar a las Mipymes locales. También, se propone gravar la renta de las zonas francas con una tasa moderada, la renegociación de nuestra deuda pública y gestionar donaciones o un crédito internacional inmediato para ser pagado a largo plazo.

… “Es como pensar en medio de un incendio que uno anda con los zapatos sucios” … expresó, Gonzalo Ramírez, director de la Maestría de Planificación, al referirse en cuanto a que la preocupación actual no debe ser la estabilidad monetaria, tener la inflación en niveles muy bajos y controlados, en lograr un equilibrio fiscal; porque la realidad en el tema económico actual es diferente, dado que se ha afectado directamente la economía, pero, también la dimensión social y humana a causa de una epidemia inesperada. Lo social es sumamente importante y prioritario, por ello, se ha paralizado la economía nacional para tratar de proteger la salud de la población.

Para Ramírez, es necesario un relanzamiento de la oferta interna, principalmente dar apoyo al desarrollo del sector agrícola y de manufacturas, mediante una inversión nacional privada en el sector y fortalecimiento de centros de generación de valor agregado. Asimismo, expresó que es de suma importancia proteger y fortalecer la infraestructura turística, proponiendo incrementar el consumo turístico de los costarricenses con precios más accesibles. También se hizo referencia a los procesos educativos, en donde se sugieren implementar acciones de corto plazo para darles continuidad, y sobre la necesidad de promover la innovación y emprendimientos en el país.

En temas de relanzamiento de la demanda nacional, se expuso que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se tomen acciones ante los despidos del personal en el sector público, zonas francas, empresas transnacionales, entre otras: “ Es necesario, mejorar los procesos de administración pública, ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital, apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones de colones, congelar la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario”, comentó Ramírez Guier, quien agregó, que sobre la política monetaria y crediticia se está hablando en diversos espacios de abandonar el enfoque exclusivo en la estabilidad monetaria, por lo que la propuesta de EPPS-UNA, busca invertir en la obra pública generadora de empleo para el refuerzo del apoyo social, especialmente, en las zonas costeras por haber disminuido el turismo, asimismo, bajar la tasa política económica y flexibilizar las condiciones para el acceso a crédito desde la Banca de Desarrollo, para ayudar al sector de microempresas de servicios, comercio, turismo y producción.

Alejandra Ávila Artavia, comentó que: “Estamos acostumbrados a identificar las necesidades de los más pobres, pero no necesariamente las necesidades de la clase media, ni siquiera tenemos una institucionalidad para ello. No sabemos dónde ubicar estas familias que están teniendo estas nuevas necesidades y probablemente por eso se están viendo más afectados en sus empleos. Es importante canalizar ayudas a este sector particularmente. El ensanchamiento de la brecha social que se está generando ante esta coyuntura, afecta directamente a la caída de la clase media en el país y se da el nacimiento de los nuevos pobres”.

Ávila explicó, es relevante valorar el fortalecimiento urbano con relación a la gobernanza hacia los territorios, dado que este momento las regiones están siendo particularmente afectadas, por lo hay que atender las necesidades de estas, por ello, el gobierno debe actuar como un gran promotor social: En temas de política social se habla que es de suma importancia que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúe atendiendo a todas esas familias en que su condición económica cambió ante esta emergencia del COVID 19”, mencionó la académica, quien agregó, que en la propuesta elaborada, se plantea de la necesidad de una política social muy activa, ya que es un imperativo a la reactivación económica, así como que el Estado priorice garantizar servicios básicos: alimentación, agua y vivienda a la población, así como atención a la población migrante en condición irregular, que en su mayoría son trabajadores en las empresas agrícolas.

Como parte del programa radial, los académicos expusieron, que, en cuanto a la implementación de la estrategia, es necesario tener claridad de que el IMAS cubre una población determinada, la cual es atendida desde su estructura de gestión regular y a través de programas ya establecidos. En este sentido, para que el IMAS pueda contribuir en la operacionalización de la estrategia de emergencia, es necesario separar la población actualmente atendida, de aquella constituida por las nuevas familias que deberán ser cubiertas con la política social temporal. Esto permitirá visualizar con mayor certeza la nueva población a atender y darle servicios específicos más adecuados a sus circunstancias.

Los académicos, reafirman que, para efectos de mayor control y eficiencia del gasto de atención de emergencia, se debe crear el Fondo Nacional para el Manejo de la Emergencia COVID-19, administrado por uno de los Bancos Estatales y en donde ingresen todos los recursos movilizados para la atención de la crisis, incluso las donaciones de origen privado.

Se propone crear una Comisión Nacional para la atención de la crisis, con amplia capacidad ejecutiva (incluso debería considerarse la pertinencia de nombrar un ministro ad hoc), con una estructura operativa descentralizada, para cada uno de los 82 cantones del país, desde donde se detecten, organicen y capaciten todas las familias que por razones de la crisis se encuentran en una condición de vulnerabilidad económica o social. Esto se considera pertinente por cuanto la población que mayor impacto sufrirá a partir de hoy, es aquella informal o autoempleada y pobre, que, dada la disminución o paralización de la liquidez, se ha quedado sin sus fuentes normales de ingresos. Esta es una población identificable por parte de los gobiernos locales, el IMAS, la CCSS o el Ministerio de Hacienda a través de Tributación Directa. El papel de las municipalidades es clave en este ejercicio de descentralización local de las acciones de política social de emergencia.

Las personas académicas de la Escuela de Planificación y Promoción Social, consideran que las repercusiones de esta crisis tendrán efecto en el largo plazo. De ahí, que el país deberá enfrentar grandes retos y un probable deterioro en los ingresos y la calidad de vida de amplios sectores, y para ello contaremos con escasos recursos. La coyuntura socioeconómica aún antes de la crisis no era favorable.

En esas circunstancias, es necesario más que nunca contar con una visión estratégica y un Plan Nacional de largo plazo, porque la asignación de recursos tendrá que ser cuidadosamente orientada a la obtención de objetivos que también deberán ser definidos después de un proceso prospectivo muy riguroso. Esta construcción estratégica no puede lograrse eficazmente si no es con la participación real de amplios sectores de la sociedad. Quienes participaron en la elaboración de la propuesta han ofrecido integrar un grupo de trabajo junto a MIDEPLAN para el propósito señalado.

Según los planificadores de EPPS-UNA, en concordancia con la necesidad de elaborar dicho Plan Nacional; este debe expresar metódicamente intereses y objetivos estratégicos ampliamente compartidos, debe considerarse la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y dar énfasis y acompañamiento a las instancias regionales, cantonales y locales de planificación y organización, incluyendo desde las municipalidades y los concejos distritales hasta las organizaciones de sociedad civil más diversas.

Desde la Universidad Nacional, y desde la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, sus voceros ratifican su incondicional compromiso con la comunidad nacional, de trabajar sin descanso en la transformación de esta crisis en un futuro de desarrollo, oportunidades y prosperidad para todos y todas.

ENLACE A LA PROPUESTA COMPLETA:
https://www.facebook.com/notes/epps-una/covid-19-epps-una-efectos-y-soluciones-a-nivel-pais-aportes-desde-la-planificaci/3013669592033459/
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http://www.epps.una.ac.cr/index.php/noticas-y-eventos/303-covid-19-epps-efectos-y-soluciones

Por: Efraín Cavallini Acuña. Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA

Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

UNDECA solicita licencia remunerada para personal con aislamiento domiciliar por contacto con COVID-19

UNDECA desde el inicio de la pandemia, hizo las gestiones para que se reconociera como un riesgo de trabajo la incapacidad por Covid-19. El día de hoy presentamos un nuevo reclamo ante la Junta Directiva de la CCSS, en tutela de los intereses de todo el personal de la institución, que están cumpliendo un papel determinante, de primer orden, en la atención sanitaria de la situación tan aciaga que estamos viviendo por este virus tan letal.

A las personas trabajadoras, que mediante una medida sanitaria se ordena su aislamiento domiciliar (cuarentena obligatoria), porque con ocasión del desempeño de sus labores, han tenido contacto con un paciente o compañero de trabajo diagnosticado positivo por coronavirus, y que, en definitiva, no resulte positivo por aquella enfermedad, se les tramita una incapacidad común, a cargo de la CCSS.

El servidor no solo sufre un menoscabo emocional por la incertidumbre y la desgastante espera, sino que producto de esta incapacidad, se les reconoce el pago de un subsidio que, desafortunadamente, implica una reducción proporcional del aguinaldo, el salario escolar y las vacaciones.

UNDECA solicitó a la Junta Directiva un transitorio al artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales, o que disponga un acuerdo para evitar esta afectación patrimonial, de forma que, en lugar de una incapacidad se reconozca los días de aislamiento sanitario como una licencia.

Los y las trabajadoras de la Caja diariamente ejercen su labor con dedicación y valentía, a pesar de la amenaza potencial de contagio con el mortal virus, por lo que es completamente justo y merecido el beneficio solicitado.

San José, 21 abril 2020

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Nosotros no somos el virus

Sebastián Solís Vargas *

Yo me considero un ambientalista, pero a veces pienso en que quizá esa palabra no es percibida de la misma manera por todos. Aunque la palabra hace pensar en alguien que se preocupa por el medio ambiente, la definición que yo le doy no acaba ahí. Quiero aprovechar este medio para explicar mis pensamientos respecto a esa palabra tan importante para mí y de paso exponer por qué creo que algunas personas tienen un concepto totalmente equivocado sobre el ambientalismo.

Es una creencia popular que el ser humano es un ser “ajeno” a la naturaleza, un ser superior a la misma, tanto así que para muchos es difícil concebir la idea de que pertenecemos el reino animal. En parte es por eso que durante las últimas generaciones han ocurrido las conocidas revoluciones industriales, las cuales han llevado a la humanidad a explotar la naturaleza de una manera nunca antes imaginada. Por el contrario, la generación actual ha promovido la creencia de que el ser humano SÍ es parte de la naturaleza y no un ente ajeno y superior, por lo que dependemos de ella y debemos cuidarla. A simple vista parece que el ambientalismo se apega a la segunda creencia. De hecho, creo que muchos ambientalistas piensan así. Sin embargo, mi posición se aproxima más a la primera forma de pensar. El propósito de los próximos párrafos es explicar esta supuesta contradicción.

Un ejemplo del choque de creencias que mencioné se ha hecho manifiesto durante la actual cuarentena ocasionada por el virus COVID-19. Mientras que las actividades humanas han sido frenadas por primera vez en décadas, la naturaleza parece empezar a resurgir en lugares antes afectados por la contaminación y de igual manera empiezan a surgir publicaciones en redes sociales con la frase “Nosotros somos el virus”. De aquí emerge el título de esta publicación. Después de analizar esta frase durante mis días de cuarentena fue que llegué a comprender mejor cuál es mi posición al respecto.

Si la crisis climática empeorara lo suficiente como para causar la extinción de la humanidad, e incluso la de la mayoría de las especies existentes, eso no significa que sea el fin de la naturaleza. Te aseguro que ella tarde o temprano se recuperará, y seguirá adelante sin importarle que existamos o no. Te lo puedo asegurar porque la Tierra ya ha pasado por eventos similares en el pasado. Nosotros las conocemos como “Las cinco extinciones masivas”.

Cinco. Durante la historia de nuestro planeta han sido cinco las ocasiones en las que la naturaleza pareció estar al borde de la muerte.1 Y aun así, la naturaleza se ha levantado, lo suficientemente fuerte como para dar lugar al planeta hermoso, verde y lleno de vida que conocemos. Por eso pienso que la naturaleza no necesita a alguien que la defienda de los humanos. “Nosotros NO somos el virus”. Somos nosotros los que deberíamos tener cuidado. Esto NO es una guerra entre la naturaleza y la humanidad, como normalmente se nos hace creer.

Yo no soy ambientalista simplemente porque quiero que la naturaleza prospere.

Yo soy ambientalista porque quiero que la humanidad prospere.

Definitivamente es cierto que la humanidad depende de la naturaleza para existir.

Sin ella no tendríamos fuente de alimento, de agua, de aire, de paisajes hermosos, ni siquiera del suelo en el que ponemos nuestras casas. Y aunque esto nos hace parecer que estamos totalmente a la merced de los caprichos de la naturaleza, yo sí pienso que el ser humano es un ser superior a la naturaleza—o más bien, tiene el potencial de serlo.

Comprender las causas de una extinción masiva es muy complicado, porque hay muchos factores involucrados, todos cambiando al mismo tiempo. No es para nada como un experimento de laboratorio, en el cual solo se modifica una variable mientras que las otras se mantienen constantes.2 Más bien, es una maraña de elementos interconectados que ninguno de sus espectadores, como reptiles, plantas y anfibios prehistóricos, podría haber siquiera comprendido; mucho menos hacer algo para evitarlo.

Pero nosotros somos diferentes. Desde 1886 la humanidad descifró el cambio climático3: desde entonces hemos descubierto que la quema de combustibles fósiles libera un gas invisible que favorece al incremento de la temperatura global y que han ocurrido eventos muy similares en el pasado—sí, también como parte de las extinciones masivas2.

Somos la primera especie con el súper poder de predecir el futuro de esa manera. Los millones de especies afectadas por estos eventos estarían increíblemente celosos.

A pesar de tener ese poder colectivo tan útil, creo que no es suficiente para hacernos llamar “seres superiores a la naturaleza”. Pues, por el momento seguimos actuando como si nada pasara, igual que las víctimas de las antiguas extinciones: a pesar de estar en medio de una crisis global, no tenían idea de lo que pasaba, y simplemente continuaron sus actividades rutinarias. Ya fuese cazar insectos, hacer fotosíntesis o tomar el sol, no podían hacer nada para salvarse. Si realmente queremos hacernos llamar seres superiores a la naturaleza, hay que demostrarlo dándole la vuelta a esta crisis. Solucionarla es nuestro examen de graduación.

Las corporaciones y gobiernos obsesionados con el crecimiento económico continúan destruyendo el medio ambiente porque creen que explotar a la naturaleza demuestra cuán poderosos son4, cuando en realidad solo demuestra que actúan como cualquier otro ser vivo sin capacidad de razonamiento. Si de verdad queremos demostrar lo poderosos que somos, ¿qué mejor manera de hacerlo que actuar para evitar la sexta extinción masiva? Ese sería un logro del que sí nos podríamos sentir orgullosos como especie. La frase “Nosotros somos el virus”, lejos de sonar como algo que un ambientalista diría, sirve como una excusa para no enfrentar a la crisis climática. Se traduce a algo como “Si nosotros somos el virus, entonces es mejor que nos extingamos. Así ya no causaremos más problemas”. Suena como algo que diría alguien que ya se rindió y está dispuesto a no hacer nada, y a morir a manos de la crisis climática. Esto NO es ambientalismo. Es exactamente lo contrario.

Yo me considero un ambientalista. Pero es posible que la palabra que más se ajuste a mi forma de pensar y actuar sea “humanista”. Porque nosotros no abogamos simplemente por el bienestar del medio ambiente. Abogamos por el bienestar de la humanidad misma.

Nosotros no somos el virus. Somos mucho más valiosos que eso, y llegó el momento de demostrarlo.

Referencias

1. Taylor, Paul D. Extinctions in the History of Life. Londres: Cambridge University Press, 2004.
2. Weart, Spencer R. The Discovery of Global Warming. Londres: Harvard University Press, 2004.
3. Wignall, A. Hallam & P.B. Mass Extinctions and Their Aftermath. Nueva York: Oxford University Press, 1997.
4. Evans, Malcolm D. Whitehead and Philosophy of Education: The Seamless Coat of Learning. Amsterdam : Rodopi, 1998.

* Integrante de Fridays For Future Costa Rica

La difícil situación de la educación en Talamanca en tiempos de Coronavirus

¿Cómo se vive el confinamiento y estudiar de forma virtual en Talamanca? Este es uno de los cantones más urgido de políticas que favorezcan el desarrollo. Este cantón tiene es de los menos conectados de Costa Rica.

Ante ello, en una conferencia de prensa Onda UNED consultó al ministro de Ciencia y Tecnología qué se hará para asegurar que el bien demanial o público esté realmente al servicio de las poblaciones, su respuesta fue que están facilitando los espacios tecnológicos del Estado, no obstante, evadió  referirse a otros espacios de las redes que son privados y en torno a los cuales no se ha desarrollado una política pública para asegurar el acceso, pues como se comprende, para estudiar de forma virtual se necesitan espacios más allá de los que pertenecen al sector público.

En relación con este tema, y las dificultades de muchas comunidades y personas, UNED solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante el viceministro a cargo, que liberalizara el espectro radioeléctrico de los celulares para asegurar el acceso para la educación. No obstante, ONDA UNED señaló a SURCOS que la petición fue evadida.

Le invitamos a ver en el siguiente video de ONDA UNED la realidad de la educación en Talamanca, un cantón urgido de desarrollo.

 

Enviado por Sebastián Fournier.

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La pandemia y la voracidad del sector financiero

Carlos Campos Rojas, 21 de abril de 2020

No me sorprendí con la acción del sector financiero de secuestrar el Bono Proteger, que el gobierno, con el apoyo de la ciudadanía, le está haciendo llegar a algunas personas vulnerables para que tengan con qué comprar alimentos básicos en estos momentos tan difíciles.

Nadie puede alegar descoordinación en el gobierno, si fuera así, el gobierno se caería. Todo está debidamente articulado, toda acción gubernamental cuenta con un soporte social, político y económico para que el gobierno funcione.

En la ingenuidad popular se ha construido la leyenda urbana de que existe un desorden gubernamental. Eso le sirve a la mafia política, para distraernos. Pero todo está debidamente enhebrado, sino la corrupción y la impunidad estarían derrotadas hace rato.

En lo que más coordinación existe, es en la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, violentando la Constitución Política, pues somos una República Participativa, el Art. 9 es preciso.

Ahora sabemos para qué, desde Casa Presidencial se está llamando a que depositemos en el sistema financiero parte de los pocos recursos que nos quedan, alegando que debemos demostrar nuestra solidaridad con los que menos tienen. Porque la solidaridad es de abajo para arriba.

Arrebatarles a las personas trabajadoras sus derechos laborales, no ha sido suficiente para la voracidad de los que más tienen. Lo quieren todo, sobre todo en esta pandemia. Ahora que estamos aislados, débiles y desconcertados.

Secuestrarle el Bono Proteger a las personas vulnerables, por sus deudas financieras, solo demuestra lo inhumano a que ha llegado el régimen, porque las reglas las impuso el gobierno.

Mientras los costarricenses nos preocupábamos por socorrer a los más necesitados, los zopilotes se frotaban las manos.

Desde luego que aflorarán las justificaciones inmorales que da el derecho, para eso sobran corsarios en la justicia y el gobierno, sustentados por un sector empresarial carente de responsabilidad social.

Este asalto a la solidaridad costarricense solo demuestra la importancia del valor de cada colón que genera la ciudadanía, en la economía nacional. Somos los que sostenemos el país. Para que haya extrema riqueza, tiene que haber extrema pobreza, somos el país más desigual de América. La mafia política ha demostrado que no tiene escrúpulos.

Todo tiene, solución en el diálogo. El que necesita el país, no es a la distancia y en una sola dirección, como propagandísticamente se pretende hacer. Debe ser en el marco constitucional, respetando y reconociendo a la ciudadanía como el Primer Poder de la República, como El Soberano que es.

Disputas por lo público y lo común en tiempos de pandemia – Conversatorio

CLACSO-ALAS-ISA

El miércoles 15 de abril se realizó un Conversatorio virtual co-organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Asociación Internacional de Sociología (ISA).

En dos horas de duración, se sumaron dos centenares de personas conectadas desde América Latina, el Caribe y varios países de Europa. Entre otros, participaron Breno Bringel por ALAS, Geoffrey Pleyers por ISA y Pablo Vommaro en representación de CLACSO, en lo que fue planteado como un espacio de encuentro, intercambio, debate y reflexión acerca de algunas dimensiones no suficientemente abordadas sobre la pandemia del COVID-19.

Abrió el debate del conversatorio “Disputas por lo público y lo común” Pablo Vommaro, llamando a pensar lo público “en un sentido amplio. Sin dudas que esta pandemia y las políticas públicas implementadas ponen en tensión y debate qué significa una política pública, su rol y la capacidad del Estado de intervenir y de modular la vida económica, la vida política, la vida social, pero también visibiliza fuertemente el rol societal, el rol de las comunidades, el lugar de los barrios populares, de los territorios, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los vínculos interpersonales, plantearse qué sucede con los espacios públicos…”

A su vez, el antropólogo colombiano y profesor Arturo Escobar convocó a “una reflexión colectiva que nos ayude a liberarnos de una forma dominante de pensar y de vivir”. Se preguntó cómo hemos llegado a esta situación y cómo seguiremos adelante. Al respecto, planteó que es imaginable que después de la pandemia surgirá un mundo diferente. “¿Cómo podemos contribuir desde ahora a crear este mundo?”, se preguntó, y propuso que “parte de la lucha por lo común y lo público en América latina es construir narrativas de otras formas de vivir y de otros futuros posibles, y tenerlas listas para –cuando la oportunidad se dé– estar aprovechándolas con los colectivos y colectivas con los que trabajamos”.

Para la socióloga costarricense Montserrat Sagot, esta crisis nos permite ver lo mejor y lo peor de los tiempos. “Esta crisis, que no es una crisis sanitaria y más bien tiene la potencialidad de convertirse en una crisis civilizatoria, nos permite ver lo que yo llamo la fase asesina del capitalismo. Esa fase siempre ha estado presente, es una de las características del capitalismo, pero es muy diferente cuando los muertos son migrantes africanos en el Mediterráneo, o personas de Centroamérica” en su peregrinar hacia los Estados Unidos, que “cuando se llena de cadáveres una pista de hielo en Madrid o salen 40 camiones militares con muertos desde Bérgamo, o se abre una fosa común en un parque de Nueva York. Esta fase asesina nos ha permitido incluso una redefinición de lo que han sido espacios públicos para el placer, para el divertimento, convertidos ahora en campos sembrados de cuerpos”. Y, en cuanto a la coyuntura, aseguró: “No estoy en contra de las prácticas de distanciamiento social en este momento de crisis mundial, pero sí tiene que haber una renta social para todas las personas, un rol del Estado en políticas redistributivas”.

También participaron del Conversatorio el sociólogo brasileño Paulo Henrique Martins, la profesora chilena Kathya Araujo y la socióloga argentina-alemana Paula Irene Villa Braslavsky.

Le compartimos el video:

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

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Día de la Tierra 2020. El COVID-19 y otros grandes retos de la humanidad

La Universidad de Costa Rica le invita a la reunión virtual “Día de la Tierra 2020. El COVID-19 y otros grandes retos de la humanidad”, este próximo miércoles 22 de abril 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Estará dirigido a estudiantes universitarios y público en general con conocimientos básicos en gestión de riesgo, sismología, cambio climático, vulcanología.

Objetivo General: Celebrar el día de la Tierra 2020, año que recordaremos por enfrentar el reto más grande de las últimas décadas, el COVID-19. Sin olvidar que siguen existiendo otros grandes desafíos.

En esta reunión virtual se contará con la participación de:

Máster Andrea Meza
Dr. Esteban J. Chaves
Dr. Sergio Mora
Dr. Paulo Ruiz Cubillo

Ingrese en el siguiente enlace para más información.

 

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