En Israel, el cargo de primer ministro no otorga inmunidad automática frente a procesos judiciales, como sí sucede con jerarcas de gobierno en Costa Rica. Netanyahu retiró su solicitud de inmunidad parlamentaria en 2020, antes del genocidio en Gaza, por lo que sus juicios por soborno, fraude y abuso de confianza siguen activos aun siendo primer ministro.
La principal diferencia, si deja el puesto, es que perdería la capacidad de influencia y manipulación sobre las instituciones estatales, las reformas legales y la negociación política de la coalición (antes mayoritaria) que protege su posición. Los procesos judiciales en su contra seguirían su curso normal, ya sin ese escudo. Además, la solicitud de indulto que presentó ante el presidente Isaac Herzog en noviembre de 2025 sigue sin resolverse.
Si permanece como diputado opositor en la Knéset, mantendría únicamente la inmunidad básica de las personas legisladoras para actos estrictamente vinculados a su labor parlamentaria, pero esta no frena los juicios penales ya iniciados.
En el ámbito internacional la situación también cambia. Al dejar de ser primer ministro, los países aliados que invocaron su inmunidad de jefe de gobierno para no ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), como lo hizo Francia en 2024, perderían ese argumento legal para no detenerlo si viaja a sus territorios. Algunos fiscales estarían esperando esa oportunidad, como le sucedió en 1998 a Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, por las acusaciones de «delitos de genocidio, terrorismo, torturas y desapariciones».
Fuera del cargo, Netanyahu solo conservaría la inmunidad funcional (ratione materiae) por los actos oficiales realizados durante su mandato. Sin embargo, los expertos legales señalan que el derecho internacional excluye de esa protección los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Razón de más para comprender por qué está ofreciendo hasta lo que no tiene, para evitar el nombramiento del general Eisenkot y lograr el suyo como primer ministro. La situación está complicada para él, y queda en espera de que la oposición no alcance el acuerdo que busca, para ir pensando desde ahora en una nueva elección general.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Se acaban de conmemorar hace unas semanas tres años desde el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023: se trata de operaciones militares que se advirtió en su momento que iban rápidamente a degenerar en el «asedio total» anunciado por las mismas autoridades militares israelíes, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, con crímenes y exacciones por venir (Nota 1).
En el 2021, ya habíamos tenido la oportunidad de analizar el profundo temor que generó súbitamente en aquel momento en Israel una solicitud formal de información enviada por la justicia penal internacional de La Haya a sus máximas autoridades (Nota 2).
Desde la perspectiva jurídica internacional, una reciente obra titulada «Gaza et le droit international» publicada en Bélgica y escrita por una reconocida jurista francesa (véase enlaceque contiene el índice de su libro) detalla algunos aspectos pocamente abordados en la prensa internacional, pero también en publicaciones de corte más académico así como en algunos círculos políticos. Salvo error de nuestra parte, es la única publicación analizada desde la estricta perspectiva jurídica internacional editada sobre Gaza en francés en estos tres años por una reconocida casa de edición jurídica europea como la es la «Maison Bruylant» en Bruselas. Por cierto, la autora de este libro fue la invitada en el marco del webinar «Les Mardis de JURDI» en París, este 3 de noviembre del 2026 (véase enlacecon posibilidad de inscribirse ahí indicadas y el video que debería próximamente ser editado en el sitio de JURDI).
Tanto desinterés por parte de círculos académicos, de juristas, de universitarios e investigadores galos o de habla francesa, debería tener una explicación: el capítulo I de este libro, cuya lectura completa se recomienda, se titula precisamente:
«Les faits, la preuve et les stratégies de dissimulation«.
Invitamos a nuestros estimables lectores especializados en doctrina jurídica internacional a verificar si la misma situación que la descrita en el caso de publicaciones jurídicas en francés, también se observa con las grandes casas editoriales de la ciencia jurídica en otros idiomas.
Los límites de la manipulación de la información
Con respecto a la operación militar de Israel a partir de la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, otras alertas igualmente tempraneras advirtieron que los dos objetivos oficiales de Israel de supuestamente «erradicar al Hamás» y de «recuperar a los rehenes israelíes» no guardaban mayor relación con lo observado desde el punto de vista militar en Gaza desde esta misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: ¿en cuál conflicto militar se habrá observado que bombardear masivamente edificios en una región densamente poblada como Gaza sí permite rescatar a rehenes escondidos en túneles con sus custodios y eliminar al grupo armado que los secuestró (cuyos cuarteles generales también se encuentran a varios metros de profundidad)? Más de tres años después de iniciada esta insensata ofensiva militar israelí en Gaza, se confirma que estos «objetivos oficiales» no lo eran: el Hamás sigue existiendo (renovando a sus liderazgos y a sus combatientes y extendiendo su influencia en otras partes de Palestina como Cisjordania) y los únicos rehenes recuperados por Israel en estos años lo fueron a raíz de un acuerdo negociado con el Hamás a cambio de la liberación de detenidos palestinos en las cárceles israelíes.
Adicionalmente, informes de medios de prensa desde diciembre del 2023 (véase nota del New YorkTimes), señalaron que las máximas autoridades israelíes sí estaban al tanto de los preparativos del Hamás para la primera semana de octubre del 2023, y que fueron advertidas incluso con llamadas pocos días antes de sus principales aliados árabes: véanse al respecto esta notamás reciente de Haaretz con respecto a las alertas comunicadas vía telefónica por la máxima autoridad de Emiratos Árabes Unidos a su homólogo israelí y esta otra nota sobre las advertencias provenientes de los servicios de inteligencia de Egipto. En el caso de estas últimas, desde el mismo 12 de octubre del 2023, lo que consideró una «noticiafalsa» el primer ministro israelí, se difundió desde la misma BBC (véase nota de la BBC).
Estas revelaciones (y muchas otras…) hacen trizas otra idea totalmente falaz, vehiculada por muchos medios de prensa, editorialistas, columnistas, analistas y denominados «expertos» sobre el carácter supuestamente «sorpresivo» para las máximas autoridades de Israel del ataque del 7 de octubre del 2023 perpetrado por varios comandos del Hamás. A la vez, exponen una operación de comunicación a nivel global llevada a cabo por Israel a partir de estos y muchos otros relevos en diversas salas de redacción, que debería de interesar e interpelar a muchos en diversas partes del mundo.
Este extracto de una intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas merece ser recordado, al haberse externado durante una sesión urgente del máximo órgano de Naciones Unidas, el 16 de octubre del 2023, y al explicar las verdaderas intenciones detrás de la intensidad de la respuesta militar de Israel al ataque del 7 de octubre del 2023:
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros”.
(intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023: véase acta S/PV/9439, en página 9).
Esta verdadera masacre a gran escala de carácter punitivo contra civiles, con una aniquilación total de la mayor parte de la infraestructura pública existente en Gaza, y con un ensañamiento raramente observado por parte de un ejército contra una población civil (al que Israel le bloquea la ayuda humanitaria que necesita urgentemente así como alimentos y agua en cantidades suficientes) no se ha logrado frenar en estos últimos tres años: pese a intensos esfuerzos de Israel, de Estados Unidos y de sus círculos de influencia en todo el mundo contra esta calificación, lo que está ocurriendo en Gaza califica jurídicamente como un verdadero genocidio, siempre en curso. Este documentoreciente publicado por la misma JURDI en Francia detalla la cronología de las diversas constataciones de un genocidio en Gaza, desde octubre del 2024 hasta octubre del 2026.
Los principales jefes políticos y militares israelíes responsables de este genocidio enfrentan también acusaciones por crímenes de guerra: las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se mantienen vigentes desde noviembre del 2024, pese a la intensa campaña de intimidación que Estados Unidos está propiciando contra la justicia penal internacional de La Haya.
Por su parte, una fundación como la fundación Hind Rajab ha logrado rastrear, ubicar y presentar demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra otros criminales de guerra israelíes de rango intermedio o menor que vacacionan en diversas latitudes del mundo (véase sitio): se trata de un sitio que debería de interesar a los operadores de justicia de Estados en los que se observa cierta cantidad de turistas israelíes en sus playas y en sus montañas. En el caso de Nueva Zelanda, desde enero del 2025 sus autoridades migratorias han establecido un cuestionario para todo turista israelí deseoso de ingresar al territorio neozelandés, de manera a conocer más en detalle qué hizo en Gaza mientras estaba enrolado en el ejército israelí (véase nota del TimesofIsrael).
Esta reciente entrevistade Democracy Now (30 de octubre del 2026) da una idea de la destrucción planificada y sistemática de todas las habitaciones y casas en la superficie existentes en Gaza, como continuación de un genocidio: imposibilitar el retorno de los desplazados gazatíes a sus antiguos barrios constituye la estrategia israelí que se denuncia en esta entrevista con un reconocido especialista en arquitectura forense (entrevista que en lo personal consideramos muy recomendada ver, escuchar y volver a ver). Las fotos satelitales no dejan duda alguna sobre las claras intenciones de Israel en la parte de Gaza que ocupa militarmente desde el supuesto «Plan de Paz» suscrito en octubre del 2025, cuyo contenido fue finiquitado entre Estados Unidos e Israel: habíamos tenido la oportunidad de señalar que este supuesto «Plan de Paz» no era sino una operación de comunicación de ambos mandatarios de cara a la fecha del 7 de octubre del 2025 (Nota 3)
Por su parte, este foro en Londres realizado el 31 de octubre del 2026 con expertos de Naciones Unidas (véase video) explica el ataque deliberado a niños al que se prestan los soldados israelíes en el territorio palestino ocupado: se trata de una estrategia de los militares israelíes ya denunciada y ampliamente documentada en este informe del 2023 elaborado por Francesca Albanese (véase informe): un informe con sello de Naciones Unidas que prácticamente no se divulgó mayormente luego de su presentación oficial.
Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace.
En el mes de septiembre del 2026, un informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estimaba a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD). A notar que al conmemorarse un año desde el 7 de octubre el 2023, se informó que Estados Unidos había destinado a Israel armas y equipos militares por un valor de 17.900 millones de US$ (véase notade la agencia AP de noticias de octubre del 2024).
Un nuevo informe de Naciones Unidas: algunos extractos
El pasado 26 de octubre del 2026, un nuevo informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas creada desde el 2021, confirmó nuevamente que la calificación de genocidio aplica a lo que se está observando en Gaza, y que el ensañamiento desde hace más de tres años contra civiles palestinos corresponde a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra, que se cometen sistemáticamente por parte de Israel en Cisjordania así como en los demás territorios palestinos ocupados: véanse al respecto esta nota oficial de Naciones Unidas con enlace remitiendo al informe A/81/430.
En el punto 23 se lee que:
«23. In some cases, Israeli forces fired live ammunition at vehicles carrying Palestinian families, including children, claiming that they accelerated towards the forces and constituted a threat, when there was no evidence to support such a claim. In one example, on 5 June 2026, a seven-month-old baby was killed and the parents were injured, when an Israeli soldier opened fire on a car in Hebron. Video footage shows that the father slowed down and stopped the car when approaching the soldiers, raising his hands. Evidence shows that an Israeli soldier fired two rounds using an Israeli‑manufactured X95 Tavor rifle with 5.56×45mm ammunition into the car, without warning, shooting the baby in the head. No medical assistance was provided to the family. According to the Israeli Army, a member of the Yehuda Brigade fired at the vehicle due to the car accelerating towards the soldiers. At a 10 metre range, the soldier would have had a clear, unobstructed view of the persons in the vehicle. In a similar case documented by the Commission, Israeli forces fired at a car carrying a family of six in Tammun, Tubas Governorate, on 15 March 2026. The mother, father and two of their youngest sons were shot in the head and killed inside the car, while two older sons were injured and subsequently assaulted by the soldiers».
En los puntos 28 y 29 se precisa que:
«28. The change reflects the import of the Gaza strategy of total destruction into West Bank operations. As a result, Palestinian residents in camps, have been killed or displaced, and large areas have been made uninhabitable. Military operations since January 2025 have led to the largest displacement of Palestinians in the West Bank since 1967;30 with 34,176 Palestinians remaining displaced as of August 2026.
Palestinians who have tried to return to their homes in refugee camps have been killed or wounded by Israeli forces, which declared these locations closed military areas. In one incident, on 8 September 2025, a 14-year-old Palestinian boy was shot in the chest and died near the entrance of the Jenin refugee camp. The camp had been closed since the beginning of Operation Iron Wall in January 2025, but rumours had spread about the military withdrawing and some 50-60 Palestinian residents sought to return to the camp to check on their homes. Israeli forces arrived by vehicle and without warning fired at the Palestinian residents, including the 14-year-old boy. According to reports, another 14-year-old boy was killed, and at least two others were injured in this incident. «
En los puntos 43 y 44, leemos que:
The Commission finds that Israeli military operations in the West Bank since 7 October 2023 constitute a course of conduct that forms part of a widespread and systematic attack against the civilian population. The attack requires a high level of coordination and organised planning, indicating the existence of a policy to attack the civilian population. The Commission finds that the Israeli authorities utilised settler violence to target the Palestinian civilian population, and intended settlers’ conduct to form part of the ‘attack’ against the civilian population. In relation to Ayşenur Eygi, the Commission underscores that she was perceived by the Israeli soldiers as part of the targeted population; her killing was therefore part of the attack directed against the civilian population.
The Commission finds that sexual and gender-based violence by the Israeli soldiers and settlers is instrumentalised not only as punishment against the individuals, but as part of a pattern of collective punishment to fracture, expel, humiliate and subjugate the Palestinian population in its entirety. The Commission finds that the targeting of children by the Israeli soldiers and settlers in the West Bank is deliberate. Similar to cases of sexual violence, the Commission finds that Israeli authorities knew and intended the conduct against children to form part of the attack against the broader civilian population.»
En los puntos 47-48, las conclusiones a las que llegan los tres integrantes de esta comisión son contundentes:
«47. The Commission considered (i) the large number of victims killed; (ii) the methods used by the Israeli forces to target the civilian population (through the firing of live ammunition and airstrikes); (iii) the locations of the killings (densely populated areas); and (iv) the remarks and statements of the Israeli authorities, and finds that the cases it investigated and documented show a pattern where civilians in the West Bank were intentionally and directly targeted and killed by the Israeli soldiers on a mass scale since 7 October 2023. The Commission finds that, together with the mass killings by the Israeli forces, settler violence constitutes a component of the attack against this civilian population. Conduct of Israeli authorities indicate that they knew and intended settler violence to be part of the attack. The Commission concludes that the Israeli authorities and security forces have committed the crime against humanity of extermination against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023.
The Commission’s findings on extermination apply equally to the crime against humanity of other inhumane acts. The Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crime against humanity of other inhumane acts, in particular causing serious injury to body and to mental or physical health against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023″.
Por su parte, el punto 59 se lee de la siguiente manera:
«59. Israeli state violence has accelerated since October 2023 and has, since the establishment of Israel, never claimed or impacted as many lives in the Occupied Palestinian Territory. Over 75,000 Palestinians across the Occupied Palestinian Territory have been killed since 7 October 2023, including at least 21,500 children, and 11,000 women. While Israeli authorities and security forces continue to commit genocide in Gaza, the situation in the West Bank has deteriorated drastically. Israeli military operations, complemented by sustained settler violence, form part of a widespread and systematic attack against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023. Accordingly, the Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crimes against humanity of extermination, torture, rape and other forms of sexual violence in the West Bank, as well as persecution based on intersecting discriminatory grounds, with nationality, race and ethnicity at its core».
La lectura completa del informe como tal se recomienda, de manera a entender la estrategia de aniquilación que Israel está cometiendo, en particular desde el 7 de octubre del 2023, en contra de la población palestina. Esta entrevistaa uno de los integrantes de esta comisión divulgada este 3 de noviembre del 2026 explica el contexto legal en el que Israel se encuentra ante el resto de la comunidad internacional. Al respecto, en la página 17 del informe, se pueden leer las recomendaciones hechas a Israel y a Estado terceros para que éstos no contribuyan con su conducta a este genocidio en curso en Gaza y a estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra reiterados por parte de Israel.
Recomendamos en particular su lectura a quienes desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica, continúan sosteniendo que aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Israel en las actuales circunstancias es muy provechoso para Costa Rica, y en particular una lectura pormenorizada del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio que no desea oír la palabra «genocida» en dicha comisión (véase nota de Delfino.cr del 25 de junio del 2026): se trata de una postura que también se le escuchó al entonces canciller de Costa Rica en este artículo publicado por el Semanario Universidad en julio del 2026, cuyo título refleja el alineamiento total con Israel del entonces jefe del aparato diplomático costarricense.
Los informes anteriores de esta misma comisión están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas.
Esta comisión de investigación en el 2025 ya había calificado de genocidio lo observado en Gaza (véase comunicado oficial de Naciones Unidas de septiembre del 2025): su lectura es siempre muy recomendada a quienes, por alguna razón que sería de sumo interés conocer, siguen negando en diversos artículos y columnas en Costa Rica, la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza.
El alineamiento de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel
Las actuales autoridades de Costa Rica (y las anteriores correspondientes al período 2022-2026) se han alineado como nunca con Israel y con Estados Unidos, con una presidenta que considera ahora oportuno transferir la embajada de Costa Rica en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén y aprobar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel: véanse al respecto este artículopublicado en El País (España) en mayo del 2026 así como nuestra nota publicada en septiembre del 2026 y titulada:
«Se puede fomentar el libre comercio … ¿ignorando obligaciones jurídicas internacionales? A propósito del trámite de aprobación del TLC entre Costa Rica e Israel«, disponible en este enlace.
Costa Rica se «destaca» también por el hecho que su presidente hiciera mofa en una conferencia de prensa del drama indecible que vive la población en Gaza (véase notadel Semanario Universidad del 4 de julio del 2025): se trata del único jefe de Estado en el mundo registrado en burlarse de esta manera de la situación prevaleciente en Gaza en público (Nota 4).
De igual manera, de los distintos actos de traspaso observados en los últimos años en América Latina, el único en el que vino desde Tel Aviv en persona el presidente de Israel fue con ocasión de la toma de posesión realizada en mayo del 2026 en la capital costarricense por las nuevas autoridades electas. En las tomas de posesión posteriores observadas en Perú (julio del 2026) y luego en Colombia (agosto del 2026), no asistió el presidente de Israel. Se sugiere realizar una búsqueda de actos de traspaso en presencia del presidente de Israel en otros continentes de manera a poder estimar aún mejor el grado de cercanía de Israel con las autoridades costarricenses actuales y las anteriores correspondientes al período (2022-2026).
Otro punto de igual manera «destacado«, y muy poco señalado, resulta del hecho que nunca antes un ministro de Relaciones Exteriores en el ejercicio de sus funciones había recibido un premio como el premio «Jerusalén» (Nota 5): véase al respecto el comunicadooficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica del 24 de agosto del 2026).
Como se señaló con anterioridad, el titular de este artículopublicado en julio del 2026 en el Semanario Universidad permite entender mejor las motivaciones en algunos círculos para otorgarle este premio al que fue canciller de Costa Rica hasta su insólita destitución el pasado 24 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su alocución, y semanas antes de entrar en la recta final de cara a la designación de un(a) sustituto (a) para asumir el puesto de Secretario (a) General de Naciones Unidas (contienda en la cual compite una candidatura oficial de Costa Rica): es posiblemente el peor momento que pueda escoger un Estado para destituir a su canciller. No se tiene registro en Naciones Unidas de la destitución de un canciller en plena Asamblea General de Naciones Unidas y agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si tienen en mente un caso que se nos haya escapado.
La información sobre lo que ocurre en Gaza
Este nuevo informe coincidió con la presentación por parte de Francesca Albanese, de su último informe sobre la responsabilidad de los medios de prensa en el genocidio en curso en Gaza: su informe A/81/249 está disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas, y tuvimos la ocasión de analizar su contenido y su alcance, así como las reacciones ya habituales de Israel cuando fracasa estrepitosamente su diplomacia en Naciones Unidas (Nota 6).
Ya en el 2025, tuvimos la oportunidad de detallar el cerco informativo que Israel intentaba mantener en los primeros 23 meses desde el 7 de octubre del 2023, con el asesinato deliberado y reiterado de periodistas, comunicadores y camarógrafos en Gaza, ante una indiferencia casi generalizada del gremio de profesionales en periodismo en Costa Rica y en muchas otras partes de América Latina (Nota 7).
«Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional«
son los ejes de varias conferencias, foros y publicaciones nuestras (disponibles en la red) en las que hemos participado en los últimos tres años, haciendo ver que los diversos argumentos de Israel difundidos por sus embajadas y los pequeños círculos que gravitan a su alrededor, no resisten un debate contradictorio frente a integrantes de jurisdicciones internacionales.
En el punto 72 del informe de Francesca Albanese, una mención interesará a los muchos espectadores costarricenses que fueron masivamente a ver la película titulada La voz de Hind Rajab, una niña de Gaza de tan solo seis años cuyo nombre ha sido escogido por una fundación que rastrea y ubica con gran éxito a criminales de guerra israelíes que turistean por el mundo (véase sitio). En efecto, el punto 72 se lee de la siguiente manera:
«72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «.
Es de notar que, por segundo año consecutivo, Francesca Albanese debió presentar su informe desde el exterior (por video conferencia) al estar sujeta a sanciones en su contra por parte de Estados Unidos (véase video de su presentación, cuya visualización completa se recomienda).
Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024
Este 29 de octubre del 2026 se realizó un importante foro en Naciones Unidas (véase videocompleto) con Francesca Albanese en videoconferencia y con otros expertos de Naciones Unidas, titulado:
“Human Dignity Under Strain: The Humanitarian and Human Rights Consequences in the Occupied Palestinian Territory»
organizado por el CEIRPP de Naciones Unidas (siglas en inglés del Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People).
A finales del mes de noviembre próximo, la Universidad de Costa Rica (UCR) debería otorgar formalmente en un acto oficial solemne a esta jurista italiana su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa: no está de más recordar que Francesca Albanese es objeto de una intensa campaña de descrédito sin precedentes orquestada por Israel, Estados Unidos.
Pese a esta intensa campaña de desprestigio contra Francesca Albanese, ampliada por los círculos afines a Israel en todo el mundo, España en mayo del 2026 le otorgó la máxima distinción oficial del Orden al Mérito Civil (véase comunicado oficial del Palacio de la Moncloa). Se trata de un reconocimiento de España a su persistente labor de documentación y de denuncia, y que bien podría inspirar a muchos otros Estados y entidades en el mundo, dada la contundencia de sus informes y sobre todo, la justeza de sus análisis, y ello desde su primer informe después del 7 de octubre del 2023, titulado: «Anatomía de un genocidio» (véase enlace). Siempre en España, desde la parte más periférica de su geografía, es la Universidad de La Laguna en Tenerife la que anunció el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Francesca Albanese (véase notade dicha universidad).
En abril del 2026, fueron tres universidades flamencas en Bélgica las que también otorgaron conjuntamente un Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana (véase nota oficial).
Cabe también traer a la memoria que cuando en febrero del 2026 la UCR optó por otorgarle su máxima distinción a Francesca Albanese (véase artículodel Semanario Universidad de marzo del 2026), en el mes de abril del 2026, se informó de un intento por parte de un egresado de la UCR de restarle validez a esta decisión del Consejo Universitario de la UCR, el cual como era de prever fracasó (véase notadel Semanario Universidad). No se tiene idea exacta del número de egresados de la UCR como para valorar la pertinencia de las «gestiones» realizadas de manera unipersonal en contra de la decisión de la máxima instancia decisoria dentro de la UCR.
Más allá de la gran seguridad que anima a algunos egresados a la hora de cuestionar de manera solitaria una decisión de la UCR que otorga su máxima distinción académica a una persona, resulta oportuno añadir que además de Naciones Unidas, Israel ahora debe enfrentar cuestionamientos desde la misma sociedad israelí. El documental Naza realizado por dos valientes periodistas de investigación israelíes fue estrenado con gran éxito en las principales capitales del mundo (véase enlace) en el mes de octubre del 2026: incluida la de Costa Rica, con un estreno antecedido por una verdadera saga para que no se proyectara (Nota 8). Esta película recoge el testimonio de un total de 24 militares de cierto rango (pilotos, integrantes de la unidad 8200, operadores de drones, integrantes de batallones de infantería y en la parte final del documental, miembros del departamento político del ejército israelí denominado «departamento Bibi«, un departamento particularmente preocupado por la justicia penal internacional de La Haya): se trata de entrevistas realizadas por la noche, en las azoteas de edificios en Tel-Aviv. En varias de las entrevistas realizadas, se denota como un operador de drones israelí, al obedecer a instrucciones de sus superiores, acaba con la vida de familias palestinas enteras, hablando de sus operaciones en Gaza con una frialdad escalofriante, como si estuviera refiriéndose a un banal video juego.
A diferencia de los informes que provienen de Naciones Unidas, a los que Israel ya no presta mayor atención (más allá de sus habituales vociferaciones y gesticulaciones iracundas tildando de «antisemitas» a los autores de estos informes), resulta de interés observar la desesperación de las autoridades de Israel con respecto al contenido del documental Naza: han prohibido su proyección en Israel, han propuesto una ley que retire la nacionalidad a cualquier periodista que critique el ejército israelí y han anunciado que sancionarán a los militares que dieron sus testimonios (véanse esta nota de TheGuardian y esta notade France24). El pequeño detalle que omiten estos gestos desesperados ya habituales del aparato estatal israelí es que las identidades de estos militares israelíes fueron omitidas y sus voces modificadas para realizar este documental sin exponerlos a represalias.
La maquinaria informativa israelí desplegada desde hace ahora más de tres años para maquillar sus crímenes en Gaza va quedando al descubierto, tanto luego de proyectarse el documental Naza como de leerse el informe de Francesca Albanese y muchos otros informes de Naciones Unidas. En el caso del informe de Francesca Albanese, quedan también puestos en evidencia los analistas, columnistas, editorialistas y supuestos «expertos» que no han tenido reparo alguno en repetir la narrativa israelí en estos largos tres años, sosteniendo lo insostenible, en particular desde el punto de vista jurídico.
A modo de conclusión
A la valiosa información contenida en los informes que periódicamente emiten órganos de Naciones Unidas y que vendrá a documentar las acciones legales contra Israel que se están llevando a cabo en su contra (como Estado) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ante la CPI (contra dos de sus dirigentes y posiblemente muchos más), hay que añadir el hecho siguiente: las reacciones registradas en Israel contra los dos directores de Naza confirman como nunca el gran poder del periodismo de investigación y el valor de algunos comunicadores para enfrentarse al poder político.
Fue este mismo equipo de periodistas israelíes que, al acceder a documentos confidenciales del aparato militar israelí,
– en abril del 2024, dio a conocer al mundo el uso del programa informático “Lavender” en Gaza (véase artículo publicado en Magazine+972 en abril del 2024 titulado “Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”);
– en mayo del 2024, reveló la existencia de un programa de muchos años de escuchas y de monitoreo de Israel con respecto al personal y al contenido de las computadoras de la CPI en La Haya: véase el artículo titulado «Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed».
Tal y como se puede observar en este final de mes de octubre e inicio de noviembre del 2026, Israel enfrenta un repudio generalizado a nivel internacional por su insensato actuar en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado: el único aliado incondicional que le queda (Estados Unidos) bien podría cambiar de posición dada la cercanía de las elecciones en Estados Unidos y el rechazo de gran parte de la sociedad norteamericana a este apoyo incondicional. Un reciente libro publicado en Estados Unidos y titulado «Israel’s lobby: America in the grip of a foreign power» (véase fichatécnica) explica cómo la política exterior de Estados Unidos es decidida por círculos de influencia cercanos a Israel, con decisiones que incluso a veces van en contra de los intereses norteamericanos (véase video de entrevista a sus autores). Nótese que estas elecciones de «midterm» en Estados Unidos de noviembre del 2026 han significado un monto de 12.000 millones de US$ en gastos de campaña: un monto nunca visto con anterioridad (véase nota de la BBC).
El genocidio en curso en Gaza no es ajeno a la campaña electoral en Estados Unidos que culminó con las elecciones de «midterm» del 3 de noviembre del 2026: tanto dentro del campo demócrata como republicano, la crítica a la forma en que Estados Unidos ha apoyado a Israel de manera total se extiende cada vez a mayores sectores políticos. Fue tal la desesperación por desmarcarse de Israel que el actual ocupante de la Casa Blanca, el mismo día de los comicios, anunció su intención de frenar la ayuda futura de Estados Unidos a Israel (véase notade la BBC): un intento de último momento para frenar la debacle de los republicanos que resultó vano y que no tuvo mayor efecto en el resultado de estas elecciones del 3 de noviembre del 2026.
Cada vez son más las voces en Estados Unidos (y fuera de Estados Unidos) para denunciar que la insólita campaña del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos en contra de la justicia penal internacional de La Haya persigue un solo y único objetivo: garantizar a toda costa a los dirigentes israelíes una total impunidad.
Cada vez son más los israelíes (en Israel y fuera de Israel) convencidos que todos los esfuerzos del actual primer ministro y de sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias en las que se dio el ataque del 7 de octubre del 2023 responden todos a un objetivo similar: asegurarle al equipo que dirige los destinos de Israel desde varios años el no tener que rendir cuentas con respecto a su verdadera irresponsabilidad en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.
– – Notas – –
Nota 1: En el mes de octubre, tuvimos la ocasión de referirnos al «asedio total» a Gaza anunciado por Israel, que se confirmaría semanas después de su anuncio, ampliado a bombardeos masivos en zonas urbanas densamente pobladas de Gaza: véase BOEGLIN N., «Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza yel «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, sitio oficial de la UCR, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí. Una versión anterior se publicó en ElMundo.cr, y ello desde el mismo 10 de octubre del 2023 (véase texto).
Nota 2: Nos permitimos entonces señalar en esta nota publicada en el sitio jurídico de DIPúblico (Argentina) en abril del 2021 que: «El pasado 18 de marzo, el presidente de Israel, de gira por Europa, visitó a su homólogo de Francia para convencerle de la validez de los argumentos israelíes contra los emitidos recientemente por la justicia penal internacional de La Haya (véase, por ejemplo, esta nota de prensa de la agencia china Xinhua). Antes de París, el presidente israelí había estado en Berlín y en Viena para reunirse con sus pares con el mismo propósito. Además, esta misma tercera semana de marzo es cuando el propio jefe de la diplomacia israelí optó por ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso (véase esta nota de prensa del JerusalemPost). Cabe señalar que hace unas semanas, una inusitada campaña llevó a los embajadores israelíes en ejercicio a expresarse en varios periódicos (es el caso, en América Latina, del Excelsior en México, del Diario de Centroamérica en Guatemala, por citar sólo algunos ejemplos) o a recurrir a relevos locales (caso de La Estrella en Panamá)». El 18 de marzo de 2021 fue también el día en que los medios de comunicación israelíes mencionaron, por primera vez, la existencia de una carta enviada por la Corte Penal Internacional (CPI) a las autoridades israelíes en relación con los crímenes cometidos en territorio palestino, dándoles un mes para responder (véase la nota de prensa del Times of Israel titulada «Israel said to receive formal letter from ICC informing of war crimes probe«). Esta campaña israelí al más alto nivel político refleja la profunda preocupación que genera una reciente decisión de la justicia penal internacional, y que pareciera haber tomado desprevenido al aparato estatal israelí».
Nota 3: Véase BOEGLIN N. «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica«, 1 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota4: Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organizó la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, el pasado 24 de septiembre; véase volanteasí como el video completo de la charla realizada, que se recomienda visualizar.
Nota 5: Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sean columnistas, analistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un exdiplomático en el año 2022 (véase nota de prensa), al parecer también comunicador.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? Francesca Albanese y su informe sobre Gaza, la manipulación y la desinformación de los medios de prensa«, 11 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible», 5 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 8: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones sobre el documental Naza y la verdadera saga observada con respecto a su proyección en Costa Rica«, 23 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Al salir del poder, Netanyahu no podría librarse de las tres acusaciones de corrupción pendientes. Una por recibir hasta US$ 300.000 en artículos de lujo de parte de multimillonarios a cambio de favores políticos. Otra por fraude y abuso de confianza, por negociar un apoyo periodístico del diario Yedioth Ahronoth a cambio de impulsar leyes que perjudicaran al diario opositor Israel Hayom. Y por último el caso más grave: «soborno, fraude y abuso de confianza», por negocios millonarios con el dueño de la compañía de telecomunicaciones Bezeq y del portal Walla News, a cambio de cobertura mediática sumamente favorable para él y su familia.
Además, pende contra él una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad (asesinato y persecución) y de guerra (inanición como método de guerra) cometidos en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 74.000 personas, entre ellas decenas de miles de niñas y niños.
Así como Flávio Bolsonaro buscó impunidad bajo la sombra protectora de Trump, para evitar los procesos que lleva en Brasil el Supremo Tribunal Federal por «blanqueo de capitales, corrupción y difamación contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva», no sería raro que Netanyahu, al salir del poder por la derrota electoral ante la oposición y la determinante coalición de partidos de palestinos israelíes, decidiera unirse a su amigo Bolsonaro… en algún lugar de los Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André anunció, hace varios días, que, como parte de la celebración de Traspaso de Gobierno, se habían circulado invitaciones internacionales, lo que es usual y parte del protocolo oficial, a personalidades políticas internacionales, jefes de Estado, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores e invitados especiales como así se procede y acostumbra.
Al día, de hoy, 5 de mayo, a tres días del acto oficial de cambio de gobernantes del Poder Ejecutivo, no se ha hecho pública la lista oficial de quienes han confirmado su asistencia.
Se rumora que fue invitado a este magno evento nacional el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como también fueron invitados los presidentes del continente que hacen círculo político derechista, conservador con el de Israel, como son los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Honduras, de los cuales el Presidente Rodrigo Chaves se siente muy amigo de ellos, e identificado con sus respectivas políticas de gobierno Recientemente, incluso con Israel se aprobó un Tratado Bilateral de Comercio.
Al efecto de la posible llegada de Benjamín Netanyahu debemos, no solo recordar, sino tener presente que sobre Netanyahu pesa una orden de captura internacional de la Corte Penal Internacional, desde el 2024. Esta orden de captura está activa y vigente al 8 de mayo próximo. Es claro, entonces, que si Benjamín Netanyahu, llega a Costa Rica, en el aeropuerto internacional que llegue, el Daniel Oduber, de Liberia, o el Juan Santamaría, de Alajuela, las autoridades de migración, de esos aeropuertos, automáticamente deben proceder a su detención, deben capturarlo, salvo que el gobierno, en su parte Ejecutiva, haya dado seguridades al gobierno de Israel que por parte del gobierno no será detenido, lo cual es posible que hay sucedido.
Sin embargo, no impide que abogados y ciudadanos puedan interponer la acción judicial correspondiente, ante la Corte Suprema de Justicia, para que se ordene su captura en caso de que pise el suelo costarricense, para poner a Netanyahu ante la Justicia Internacional de La Haya.
Así, si el Poder Ejecutivo no actúa para su captura, de oficio como debiera ser, le corresponderá al Poder Judicial hacerlo. Como esto es una posibilidad real lo mejor que puede hacer el Carnicero del Campo de Concentración y Exterminio de Gaza, Benjamín Netanyahu, en no venir a Costa Rica, a la fotografía con el presidente Chaves, la presidenta Laura Fernández y los presidentes latinoamericanos de ese círculo político, Javier Milei, Nayib Bukele, Juan José Flores, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Juan Asfura.
No debemos olvidar que Costa Rica desde el año 2002, bajo la Ley No. 8272, estableció en la legislación costarricense, los crímenes de guerra y de lesa humanidad como parte de la legislación nacional sobre lo que se debe velar, crímenes de los cuales se acusa a Netanyahu. También debemos recordar que somos parte del llamado Estatuto de Roma con 123 países más.
Desde el Derecho Internacional Público estamos obligados a capturar y detener, para someter a la justicia internacional a las personas, como Benjamín Netanyahu, que son requeridas por la Corte Penal Internacional.
El actual gobierno el 22 de marzo del 2023, en La Haya, y en diciembre del 2025, en la última Asamblea de Estados Parte al Estatuto de Roma, reunión celebrado en La Haya, ratificó y reafirmó el pleno apoyo al trabajo que realiza la Corte Penal Internacional, y se comprometió a brindar su apoyo consistente para cumplir con su mandato de “forma eficaz y coherente en todas las situaciones bajo su jurisdicción”, así señalado por el Canciller André.
En política exterior, respecto a Israel, Costa Rica no ha sido coherente con su tradición. No condenó como lo hicieron Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el recién establecimiento de la pena de muerte para condenados palestinos, en Israel, tampoco Costa Rica se sumó a la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU del embargo de armas a Israel.
En setiembre del 2025 cuando Netanyahu se dirigía a hablar en el podio del foro de las Naciones Unidas, más de la mitad de los representantes diplomáticos se levantó en protesta y se retiró.
¿De venir Benjamín Netanyahu a Costa Rica, al traspaso de Gobierno, de no actuar el gobierno en su captura, habrá un juez costarricense, como lo hizo el Juez Baltazar Garzón que actuó en el 2012 contra el dictador Augusto Pinochet, que accionó en su contra, manteniéndole 16 meses detenido en Inglaterra, hasta que el gobierno inglés optó de dejarlo libre y no entregarlo a la Justicia Internacional, como era requerido?
Nuestra Gran Jueza que fue de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, ¿estará tranquila con la llegada del Carnicero de Gaza a Costa Rica, requerido por la Justicia y por el Tribunal del que ella fue parte y en el cual se distinguió?
Netanyahu no debe ser bienvenido en Costa Rica.
Igual medida de captura debe hacerse contra cualquier delegado de Israel que venga al traspaso de gobierno y que esté acusado ante la Corte Penal Internacional, o sea requerido por crímenes de guerra o de lesa humanidad, como lo está el presidente del Estado de Israel Isaac Herzog.
Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.
El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.
Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.
El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.
El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.
Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho
El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.
Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:
debilitamiento de los contrapesos institucionales,
concentración del poder político,
debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,
uso prolongado de medidas excepcionales.
En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.
El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.
Principales temas analizados en el informe
De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.
Entre los principales temas analizados destacan:
Destrucción de contrapesos institucionales
Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.
Régimen de excepción y detenciones masivas
El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:
la libertad personal,
el debido proceso,
la presunción de inocencia.
El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.
Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones
El informe analiza denuncias relacionadas con:
tortura en centros de detención,
muertes de personas bajo custodia estatal,
desapariciones forzadas,
posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.
Restricciones a la prensa y persecución política
El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.
Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.
El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.
Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.
Recomendaciones del informe
El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.
Recomendaciones al Estado salvadoreño
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;
garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;
investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;
establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.
Recomendaciones a la comunidad internacional
El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.
Entre ellas destacan:
apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;
aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;
aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.
Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.
También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.
Una advertencia sobre el rumbo institucional
El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.
En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.
Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.
Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?
RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.
Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.
Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.
En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.
Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?
RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.
Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.
El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?
RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.
En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.
Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.
EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?
RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.
Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.
Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.
Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?
RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.
Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.
Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.
Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?
RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.
Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.
Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.
Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.
¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.
La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.
La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.
El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó recientemente una moción para exhortar al Gobierno de la República a no avanzar en la negociación o firma de acuerdos comerciales con el Estado de Israel, mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en Palestina.
La iniciativa fue respaldada por seis votos a favor provenientes de las fracciones del PUSC, En Común, Frente Amplio, GENTE y PAC; y únicamente recibió un voto en contra, correspondiente al Partido Liberación Nacional (PLN).
El documento fue enviado a SURCOS por Jorge Mora Portuguez, regidor de la Municipalidad de Montes de Oca, quien también compartió el texto en su cuenta de Facebook. A continuación, se reproduce el texto íntegro de la moción aprobada:
El Concejo Municipal de Montes de Oca, en uso de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico costarricense y en ejercicio de su competencia de promover y defender los valores democráticos, la paz, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional:
CONSIDERANDO:
Primero. Que Costa Rica históricamente ha sostenido una política exterior basada en la defensa de la paz, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, principios que se han reflejado en diversos foros internacionales y que deben regir también las relaciones comerciales del país.
Segundo. Que numerosas instancias internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, han documentado graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte del Estado de Israel contra la población civil palestina, incluyendo crímenes que podrían tipificarse como apartheid y genocidio.
Tercero. Que, en el actual contexto de agresión militar indiscriminada contra la población palestina en la Franja de Gaza, los territorios ocupados y otras zonas, avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Estado de Israel enviaría una señal política que contradice el compromiso ético y jurídico de Costa Rica con la justicia, la autodeterminación de los pueblos y la protección de los derechos humanos.
Cuarto. Que establecer un tratado comercial con un Estado señalado por cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad comprometería gravemente la imagen y la coherencia ética de la política exterior costarricense.
Quinto. Que el pasado 21 de julio de 2025 28 países, de los cuales 26 forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la que Costa Rica también es parte; emitieron junto a la Comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea un comunicado conjunto en el que le exigen a Israel un alto al fuego inmediato en Gaza y le piden a este país ajustarse al derecho internacional.
Sexto. Que el pasado 3 de julio, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles se mofó sobre el asesinato de niñas y niños en Gaza y afirmó que firmaría eventualmente un TLC con Israel a pesar de las más de 75 mil personas fallecidas directamente, de las cuales más del 30% corresponde a personas menores de 18 años.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
Primero. Exhortar respetuosamente al Presidente de la República, al Ministro de Comercio Exterior y al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a abstenerse de iniciar o continuar cualquier proceso de negociación, suscripción o ratificación de tratados comerciales con el Estado de Israel, mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Segundo. Hacer un llamado a las demás municipalidades del país para que se pronuncien en defensa de los principios éticos, humanitarios y de derechos humanos que deben orientar la política exterior costarricense.
Tercero. Remitir copia del presente acuerdo a la Presidencia de la República, al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Asamblea Legislativa, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como a las Embajadas de Israel y de Palestina en Costa Rica.
Para este 6 de agosto se organizó en Chile un homenaje a las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en el museo de la Memoria y los Derechos Humanos, actividad organizada por los dueños de casa y la embajada de Japón, llamado muy significativamente “Acto de Memoria y Paz”, la que se suma a una serie de actividades organizadas en todo el mundo en conmemoración de la despiadada y cobarde masacre contra la población civil en 1945.
Este 2025 también se cumplieron los 80 años de la “Gran Guerra Patria”, que liberó a Europa y el mundo del Nazismo, abrió las puertas de los campos de concentración en Polonia, rescatando a más de 6.000 prisioneros de Auschwitz, Birkenau y Monowitz, en su mayoría enfermos y moribundos, pero volviendo al tema, no debemos y no podemos olvidar nunca estas fechas – sin importar cuantos años hayan pasado – el 6 y el 9 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos – sin necesidad ni remordimiento – lanzó toda su fuerza nuclear contra un debilitado Japón, causando una masacre de proporciones entre la población civil. Se calcula que, entre 150.000 y 250.000 personas, en su mayoría civiles, murieron a causa de las bombas, número que se elevó a lo largo del tiempo debido a la radiación. Sin lugar a dudas 1945 fue uno de los años más desastrosos para la humanidad.
La actitud “negacionista” y “maquiavélica” del imperio del norte es abierta, clara y desvergonzada, protegidos por una histórica impunidad que les ha permitido actuar sin mayores consecuencias a lo largo del planeta. Esa ha sido su historia pasada y quién nos podría asegurar que no será así en el futuro; hoy presionan a países a alinearse con sus políticas – internas y externas – amenazados por el alza de aranceles comerciales. Ejemplos de su actitud prepotente sobran, la bomba atómica que lanzaron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945, las devastadoras acciones contra el pueblo de Vietnam, los años 60 y 70 en América Latina, instalando dictaduras militares que dejaron una huella de horror que jamás se olvidará, y sus incursiones en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Libia – entre muchas otras – en nombre de una “libertad y democracia” de la que se han declarado unilateralmente los defensores universales.
Fue y será un genocidio
El genocidio tiene dos elementos principales: son actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; han de cometerse al menos uno de los cinco actos específicos para que tenga lugar la destrucción del grupo: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a su integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o el traslado por la fuerza de niños y niñas de un grupo a otro grupo (Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de Naciones Unidas).
Aún hoy hay algunos que intentan imponer posiciones que buscan relativizar el horror, utilizando variados argumentos para negar que fue un genocidio, una de las principales defensas del lanzamiento de la bomba nuclear, es que fue una medida necesaria para poner fin a la guerra y evitar una invasión masiva que le habría costado la vida a miles de soldados norteamericanos.
Para nosotros sí fue un genocidio, sí hubo una clara intención de causar el mayor daño posible a la población japonesa, causando la muerte de cientos de miles de civiles, muchos de ellos mujeres y niños, ocasionando sufrimientos innecesarios que se prolongaron por décadas.
Estados Unidos ha desafiado abiertamente al mundo con el uso de armas nucleares. No podemos olvidar que en Hiroshima vivían cerca de 350 mil personas ese fatídico 6 de agosto. Los registros de ese año estiman que la bomba mató unas 140 mil personas. Tres días después, lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, matando instantáneamente a más de 75.000 personas. Japón se rindió seis días después, el 15 de agosto. Militarmente el ataque fue innecesario, Japón ya estaba vencido, acorralado y sin recursos, y era sólo cuestión de tiempo para que se rindiera. Si así lo hubiesen querido los norteamericanos, se habría podido evitar la muerte de miles de inocentes.
El negacionismo de Estados Unidos es un fenómeno que golpea la memoria de las víctimas. Nunca han pedido perdón, nunca se han hecho responsables por la destrucción de ciudades completas, por las consecuencias económicas de esa destrucción, por los miles de muertos, huérfanos y desplazados. Por los países que de rodillas y sin recursos deben buscar la forma de ponerse de pie. Recordemos la carta del expresidente Harry Truman, 11 de agosto de 1945. Después del primer bombardeo lo defiende como «el único idioma» que una «bestia» puede entender. Sin duda un cobarde, así pasó a la historia, como los creadores de la bomba, escondidos tras el proyecto Manhattan.
¿Y entonces qué podemos esperar?, ¿seguiremos viviendo a merced de sus estrategias y decisiones?, ¿seguiremos viviendo con miedo a volvernos uno de sus objetivos? Para aquellos que les gusta ver el vaso medio lleno, podrán esperar que la diplomacia y las organizaciones internacionales, finalmente se pongan los pantalones largos y tomen acciones que detengan la prepotencia e impunidad con la que actúa el imperialismo; para quienes vemos el vaso medio vacío, sólo podemos esperar que surja y se fortalezca – desde abajo – la organización de los pueblos, se generen instancias autónomas de justicia capaces de perseguir los crímenes de lesa humanidad. Estamos lejos de ese objetivo, pero no vencidos. Hiroshima y Nagasaki ¡Nunca Más!
En sesión oficial celebrada el lunes 28 de julio, el Concejo Municipal de Barva aprobó una moción que condena los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. La iniciativa fue presentada por el regidor Eduardo Zamora Montero, quien forma parte del Movimiento pro-Palestina en Barva y ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
La moción posiciona al cantón de Barva como un actor local comprometido con la denuncia del genocidio, el apartheid y la violencia sistemática en los territorios palestinos ocupados. También señala que Costa Rica, a través de sus gobiernos locales, tiene la obligación legal y moral de no colaborar con Estados que violen el derecho internacional humanitario.
Durante la sesión también se discutió una segunda moción relacionada con el rechazo al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por el Concejo Municipal.
Desde el movimiento pro-Palestina de Barva se celebró la aprobación de la primera moción como un acto ético y valiente. Además, se hizo un llamado a otros concejos municipales del país a seguir el ejemplo de Barva y alzar la voz en solidaridad con el pueblo palestino.
Después de estudiar la historia reciente de ese sufrido y hermoso país latinoamericano, Colombia, debo expresar a manera de opinión (aunque en principio, bien fundamentada), que sobre el caso del señor expresidente Uribe Vélez, de Colombia, francamente, sólo me extraña algo:
Qué lo condenen (justamente) por corrupción y fraude, pero no por Crímenes de Lesa Humanidad. O al menos, no aún.
Lo condenan ahora en limpio proceso penal, pero no por las víctimas de la llamada «Parapolítica» (Neoliberalismo y exclusión social, y usufructo y destrucción del Estado, en asocio con Paramilitares de Extrema Derecha).
O sea, no por los miles de muertos de la «Narco-parapolítica» (para financiar las masacres); ni por los «falsos positivos» del Ejército contra jóvenes pobres y civiles desarmados; ni por la «política de la motosierra» contra familias campesinas desplazadas; ni por el asesinato de líderes políticos populares durante sus Administraciones; etcétera.
Pero bueno, hay nuevos aires de Democracia y de renovación del incipiente Estado Social de Derecho en la hermana República de Colombia. Y realmente entre tanta opacidad, hay que destacar una buena noticia.
Sin embargo, parece que al señor secretario de Estado de Trump , el cubano-americano (o mejor dicho, cubano – estadounidense), Marco Rubio no le gusta la justicia imparcial en Colombia.
Como tampoco le gusta a Trump, que se procese por golpista, al ex paracaidista militar y criminal de guerra confeso, expresidente Jair Bolsonaro de Brasil. (Orgulloso de su atroz partición en la pasada Dictadura Militar brasileña, y sus violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.)
¿Cómo le va a gustar a Trump que se procese a Bolsonaro, si estos eventos en Brasil, contra la última Elección democrática de Lula, fueron una mala copia de lo que intentó hacer el movimiento de Extrema Derecha MAGA en EEUU por el mismo Trump? Nos referimos al asalto de las turbas de Trump al Capitolio en el 2021, y luego a los disturbios similares en Brasilia, por parte de partidarios de Bolsonaro en el 2023, alegando un supuesto e imaginario fraude electoral.
Mientras tanto en Argentina, el presidente Milei, —otro admirador de Trump –, sabe que sus desmanes políticos y económicos, –en particular el último desastre de su criptomoneda–, conllevarán tarde o temprano, alguna investigación local o internacional.
En algún detalle fallarán, y dejarán, huellas por su supuesto comportamiento antijurídico.
Mientras, la mandataria Boluarte después de su Golpe en Perú, sigue reprimiendo con brutalidad, a las comunidades rurales y de pueblos originarios, ayunos todos de justicia. El rastro de sangre en este caso, es más fácil de seguir… Pero tarde o temprano habrá justicia en el Perú, como la hubo contra Fujimori.
El caso de Bukele en El Salvador, es más complejo, y el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial están suspendidas, desde hace años. Pero las ruedas de la historia, y la consciencia de los pueblos, parece que a veces oscilan, cual péndulo. De momento hay que recordarle, con todo respeto, que Costa Rica, no es El Salvador.
De la situación interna en Nicaragua, con otra orientación geopolítica, pero una receta interna claramente también autoritaria, podríamos decir casi lo mismo.
El panorama regional latinoamericano, y mundial en general, en la época del genocidio televisado en Gaza, es bastante oscuro. Miles de niñas y niños quemados, amputados, torturados y asesinados, al mejor estilo de Herodes, Calígula o Nerón, o Hitler.
Netanyahu en Israel, líder del Sionismo Revisionista en su versión más extremista y racista, es de la misma especie, y no es casualidad que cada vez que el Parlamento israelí, trata de llevarlo a juicio político por corrupción, se escude en otro Crimen de Lesa Humanidad. Notemos los evidentes paralelismos, con la Extrema Derecha latinoamericana.
En medio de este nuevo Holocausto descarado, del cinismo internacional, del Apocalipsis climático, y se la voraz es evidente, desigualdad estructural global del llamado Tecno-Feudalismo (Yanis Varoufakis), aparece la voz mesurada, digna, ilustrada, humana y moral, del presidente Gustavo Petro de Colombia. El contraste es evidente, con el autoritario y reaccionario Uribe y con sus discípulos.
De alguna forma, esta chispa de justicia en Colombia nos recordó la famosa cita del compañero presidente, al Querido Hermano, al Venerable, Salvador Allende G., casi profético, en su última y dramática alocución radial en medio Golpe de Estado de Pinochet (1973). La recordamos hoy desde Costa Rica, como sembrando esperanza ontológica (Bloch) para un futuro humano común y posible, desde ‘lo instituyente’ (C. Castoriadis), desde la potencia de esta opacidad de ‘lo instituido’ (C. Castoriadis). Desde lo que puede ser para potenciar y transformar, la inequidad de este presente distópico:
— «[…] mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán, las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».
Por todo esto es importante hoy, desde cualquier punto de Nuestra América, comentar críticamente el caso del Sr. Uribe y del violento legado del Uribismo colombiano de Extrema Derecha. Para no repetirlo, sin enfrentarse a la justicia.
Al fin y al cabo, dicen que el mafioso Al Capone cayó, federalmente en EEUU., por mera evasión de impuestos. ¿Uribe parece que cayó por fraude? En algún momento, añoramos, y trabajaremos por una justicia más integral.
Una última lección para nuestra Patria y la Campaña política que se avecina:
Ojalá, el actual Autoritarismo Populista en nuestra Costa Rica y sus fanáticos desvergonzados, –entregados a toda suerte de desinformación y calumnia–, entiendan la lección jurídica, que desde las nuevas democracias de Colombia (caso Uribe) y Brasil (caso Bolsonaro), se está enviando, contra los excesos y abusos ilegales, de los tiranos de turno.
Hay acá, una gran lección para los actuales gobernantes ticos y sus grandes socios empresarios: Mucho cuidado con irrespetar más las reglas del Estado de Derecho, y del Estado Social de Derecho (así por separado).
La Justicia, como la diosa griega Temis, al decir de la valiente jueza colombiana Sandra Heredia, no tiene los ojos vendados, «no, para no ver, sino para no prejuzgar» (sic) … El proceso penal en Colombia dio una sentencia.
Recordaremos acaso entonces, a todos los pasados admiradores locales, costarricenses, del Señor Uribe, una especie de «popstar», de «pornostar», del Gobierno Norteamericano, y de su supuesto «éxito» contra el mentado Narcotráfico (ahora tan de moda en el Costa Rica).
Recordemos también, la vil e inmunda propaganda fascistoide del Uribismo colombiano, y la imagen arrogante, intocable, e impoluta de su líder, el «Gran Colombiano del Año» alguna vez, reelecto consecutivamente presidente, –y siempre opuesto al Diálogo y a la Paz en Colombia –, pero ahora caído en democrática desgracia.
Años después, la máscara, el «personaje» montado y su teatro político, la imagen del «popstar» cipayo, se comienza a caer atropelladamente… Y sus «rezadoras» e integristas manos, «blancas y limpias», al parecer, podrían haber dejado, una larga huella de sangre inocente… Ni olvido, ni perdón.
Gracias.
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