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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría investiga impacto del salario único global en finanzas públicas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre las posibles repercusiones financieras derivadas de un eventual traslado del 100% de las personas funcionarias públicas de la modalidad de salario base más pluses al esquema de salario único global.

Como parte del proceso investigativo, la Defensoría solicitó información clave al Viceministerio de Empleo Público del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre cuál sería el efecto neto en el comportamiento del Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público, ya que es importante que se visibilice el resultado en los ingresos tributarios.

Además, se consultó cómo impactaría la modificación planteada en el supuesto de partida, en el marco fiscal a mediano plazo de 2025-2029, según el escenario base, considerando la eventualidad que todas las personas funcionarias del Gobierno Central, incluidos los órganos desconcentrados, así como las instituciones descentralizadas no empresariales, migren al esquema de salario único en relación con la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); déficit fiscal como proporción del PIB, el incremento total estimado para el presupuesto nacional, tanto en términos nominales como porcentuales.

La Defensoría también pidió un desglose del número de personas funcionarias del sector público que actualmente se encuentran bajo la modalidad de salario compuesto y salario global, desglosadas entre el Gobierno Central (incluyendo órganos desconcentrados) e instituciones descentralizadas no empresariales. Cabe destacar que, en diciembre de 2024, esta Defensoría realizó consultas al Ministerio de Hacienda y respondió que la información requerida se encontraba en proceso de elaboración por parte de MIDEPLAN, como órgano rector en materia de empleo público.

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Escrito en . Publicado en Deporte, Derechos.

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Defensoría: Acceso al transporte público está vinculado con el ejercicio de otros derechos

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes recordó nuevamente al Consejo de Transporte Público (CTP), su obligación de garantizar y respetar el derecho de las personas con discapacidad al acceso del transporte público modalidad autobús, esto a raíz de una denuncia por un acuerdo tomado por la Junta Directiva del CTP.

Los directivos del CTP, según el acta N°47-2022, acordaron pedir un criterio jurídico a la Dirección Jurídica del CTP sobre la posibilidad de que se hagan excepciones al requerimiento de que todas las unidades de buses cuenten con rampa y no continuar aplicando las obligaciones de la Ley 7600.

En el acta N°12-2023 se conoció dicho criterio jurídico el cuál fue negativo, ya que señalaron que no se pueden hacer excepciones a la aplicación de una determinada ley, si no es que la misma norma las contempla y por ello, debe aplicarse en la totalidad de los casos, garantizando un respeto y protección a las personas con discapacidad; señalando puntualmente que la ley 7600, por principio de legalidad, se debe aplicar tal y cual se encuentra vigente y, la única forma de modificar la aplicación de la norma es por medio de una modificación a dicha ley.

Al respecto la Sala Constitucional en varias resoluciones ha indicado que todas las personas deben tener accesibilidad a las unidades de transporte público, y no es viable hacer excepciones a la Ley de 7600, debe existir efectivo y pleno cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad. De ahí la importancia de que, el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del CTP sea de conocimiento generalizado para evitar que este tipo de “malentendidos” o “malas interpretaciones” vuelvan a reproducirse.

La Defensoría ha abordado en diversos informes finales este tema en los que ha indicado que el transporte público es un elemento de suma importancia para que todas las personas en general y en particular, las que presentan discapacidad, puedan alcanzar la plena participación dentro de la sociedad. Si los miembros de la población con discapacidad no pueden tener acceso al transporte público, tampoco tendrán acceso a los centros de enseñanza, laborales, sanitarios, recreativos, entre otros.

Es decir, el transporte público no es sólo indispensable para el ejercicio de la libertad de tránsito, sino que se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos. Aquí se evidencia claramente una de las características más relevantes de los Derechos Humanos: la interdependencia. Los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados entre sí. Casi siempre que se violenta uno, muchos otros también se lesionan.

La Defensoría recomendó al CTP efectuar las acciones necesarias para garantizar la difusión del criterio legal emitido por parte de la Dirección Jurídica de dicho Consejo, con la finalidad de que el CTP como ente rector en la materia de transporte público garantice y tutele los derechos de la población con discapacidad y se eviten lecturas erróneas a la legislación internacional e interna vigente sobre transporte de personas con discapacidad, como en el presente caso. Además, capacitar al personal del Consejo de Transporte Público en relación con la efectiva y oportuna aplicación de la Ley 7600 en el transporte público.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría urge aprobación de ley que regule el acoso laboral en el país

Escrito en . Publicado en Trabajo.

En los últimos 10 años, Defensoría registra casi 600 casos en el sector público

Durante los últimos años, a través de sus Informes Anuales, informes con recomendaciones y emisión de criterios ante proyectos de ley, la Defensoría de los Habitantes da seguimiento a la situación del acoso laboral en el lugar de trabajo en el sector público.

La intervención de la Defensoría por su competencia se ha centrado, principalmente, en la ausencia de normativa interna que regule la atención, tramitación y prevención de los casos de hostigamiento laboral en instituciones del Estado.  Esta situación se agrava al constatarse la falta de conocimiento en la materia, por parte de las personas funcionarias, tanto de los derechos que cobijan a las víctimas, como de las responsabilidades y eventuales sanciones de las que puede ser sujeto la persona acosadora.

Con su intervención, la Defensoría busca principalmente, erradicar el ambiente de indefensión, afectación a la persona acosada e impunidad a la persona acosadora, a través de una normativa que promueva las acciones para la atención, tramitación, promoción y capacitación sobre el tema en las instituciones.

Asimismo, con la adopción de normativa interna, se busca que las personas a cargo de las investigaciones logren resguardar los derechos de las personas denunciantes, tanto en lo que respecta a la interposición de la denuncia, así como del proceso de la investigación y el cumplimiento de plazos y de las etapas del proceso; principalmente en evitar la revictimización de las personas afectadas.

Además de normativa interna, la Defensoría considera urgente evidenciar la necesidad de contar con una ley nacional que regule de manera integral la materia. Por lo anterior, reitera la Defensoría el llamado a la Asamblea Legislativa en la necesidad de saldar la deuda histórica que mantiene el país, estableciendo un cuerpo normativo que defina qué es el acoso laboral, cómo se puede prevenir y tener claro cómo proceder en caso de una denuncia.

Igualmente, es oportuno señalar, que a nivel internacional, Costa Rica se encuentra entre los países que tienen pendiente la aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo (Convenio 190) el cual abre la posibilidad para que en la legislación nacional se incluyan definiciones, conceptos y se adopten las medidas y políticas necesarias para garantizar una protección efectiva a las personas que están siendo víctimas de violencia y acoso en el trabajo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Municipalidades deben ser agentes de cambio para eliminar la discriminación

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Voces y realidades de las poblaciones vulnerabilizadas

Representantes de algunas poblaciones vulnerabilizadas coinciden en el papel que tienen las municipalidades en el abordaje para la eliminación de todas las formas de discriminación a través de políticas e iniciativas que consideren necesidades y especialidades en la gestión municipal.

De acuerdo con Ana Patricia Rodríguez, de la Red de Mujeres Municipalistas, existen grandes desafíos a nivel nacional en temas de género como, por ejemplo, avanzar en la participación y representación política de las mujeres en cargos de elección popular en los gobiernos locales, más capacitaciones y sensibilización sobre el enfoque de género, establecer presupuestos con dicho enfoque y realizar un reforzamiento de las oficinas de la mujer, que son instancias estratégicas en el ámbito local para la promoción y defensa de los derechos de esta población.

Dichas unidades enfrentan diversos problemas que afectan considerablemente su razón de ser, ya que no cuentan con el presupuesto y recurso humano multidisciplinario para atender los temas que afectan a las mujeres y, por la tendencia de varios municipios de asignar a dichas oficinas tareas que no están relacionadas con su finalidad.

La activista de la población afrodescendiente, Laura Hall, señala la necesidad de identificar a nivel estadístico la presencia de esta población en los diferentes cantones del país, así como contar con representación en los gobiernos locales de personas de diversas etnias.

“Tenemos grandes desafíos de visibilidad, racismo estructural, no se entrevé las necesidades de la población afrodescendiente para incidir en la toma de decisiones a nivel local y así tener respuestas efectivas y eficaces”, dijo Hall.

La activista de la población LGTBIQ­+, Margarita Salas Guzmán, recalcó que los gobiernos locales tienen la potestad para disminuir la violencia y discriminación hacia estas poblaciones, por lo que se requiere voluntad política para tomar acciones, tales como implementar capacitaciones internas en las municipalidades para promover los derechos de esta población y que existan mecanismos de denuncia para atender incumplimientos o casos de violencia, para avanzar hacia la constitución de cantones inclusivos que transversalicen los Derechos Humanos.

Estas perspectivas fueron parte de las conclusiones de un seminario organizado a finales del año anterior por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la Unión Nacional de Gobierno Locales «Gobiernos locales y Derechos Humanos: Buenas prácticas y desafíos», el cual fue un espacio clave para fortalecer el compromiso de los gobiernos locales con la protección y promoción del principio de igualdad y no discriminación en la gestión municipal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría realizó inspección sin previo aviso al CTP por caso de incendio en buses

Escrito en . Publicado en Comunidad, Portada.

Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes realizó hace unos días una inspección sin previo aviso a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el propósito de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios en autobuses de transporte público y conocer el estado del trámite actual.

A partir de la información recabada del departamento de Inspección y Control, preliminarmente se puede indicar que, los datos relativos a incendios ocurridos en unidades de buses del periodo 2024 se ubica en un solo expediente, en el cual se identifica documentación relacionada con tres eventos que son diferenciados cada uno por un número de consecutivo interno. No obstante, se encontraron gestiones realizadas por el propio CTP en otros incendios ocurridos durante este año, los cuales no estaban identificados con un número específico.

Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio. Además, parte de la información, como respuestas de las empresas o documentos enviados por el CTP, no estaba presente en forma física en el expediente, el cual tampoco está foliado. El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado.

Ahora, la Defensoría procederá a analizar toda la información y documentación recabada, a fin de que preparar un informe dirigido a las autoridades competentes.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría interviene en la protección y restauración de humedal de Coris

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

La Defensoría de los Habitantes realizó una intervención de oficio por la afectación que sufrió el humedal de Coris, ubicado en Cartago, el cual debe ser conservado y protegido.

Al caso se sumó una denuncia de un habitante ante la Defensoría, quien detalló los daños al ecosistema causados por una construcción de proyectos agrícolas y urbanos en una propiedad privada en Coris, contigua al humedal. El habitante reclamo acciones inmediatas, incluyendo la paralización de las obras, una evaluación exhaustiva de los daños y la intervención de una comisión interinstitucional para garantizar la protección y recuperación del humedal. Incluso, un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).

Tras una inspección de la Municipalidad de Cartago se clausuraron las obras, debido a la falta de trámites o solicitudes de permisos de construcción y verifica si las edificaciones vecinas a los cuerpos de agua se encuentran dentro del área de protección que establece la Ley Forestal. De ser así, se procederá con la demolición una vez cumplido el debido proceso. Es importante destacar que, la Defensoría verificó que las instituciones competentes en este caso han venido realizando las acciones correspondientes para detener y prevenir la afectación al humedal. No obstante, con el objetivo de que se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, giró varias recomendaciones a las autoridades competentes, MINAE y Municipalidad de Cartago.

Al MINAE la Defensoría le recomendó:

– Informar sobre la conclusión del proceso de elaboración de los dictámenes a nacientes y humedal tanto de la Dirección de Agua y del Departamento de Recurso Hídrico del Área de Conservación Central así como remitir el cronograma de las acciones a realizar a partir de estos dictámenes.

– Coordinar con las instancias correspondientes las acciones necesarias, para evaluar el daño ambiental ocasionado al humedal de Coris y verificar, en el campo, que el plan remedial que se presente, garantice la restauración del área protegida.

– Gestionar las sanciones administrativas dispuestas en la normativa nacional ante la violación de protección ambiental por conductas de acción u omisión dañinas al ambiente.

– Elaborar una estrategia de protección y conservación del humedal tal y como lo dispone el Política Nacional de Humedales 2017-2030 y procurar su cumplimiento en el mediano plazo.

A la Municipalidad de Cartago se le recomendó:

  • Mantener la paralización de las obras en la propiedad afectada hasta que se confirme oficialmente la existencia del humedal y se determine su área de protección.
  • En coordinación con la Oficina Subregional Cartago del Área de Conservación Central, continuar con los patrullajes interinstitucionales para evitar nuevas infracciones ambientales y verificar que se cumplan las órdenes de paralización.
  • Implementar políticas de planificación territorial que prevengan futuras afectaciones al humedal y crear zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas para limitar actividades comerciales y agrícola.

Defensoría incide en incorporación de criterios de no discriminación en propaganda comercial

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Oficina de Control de Propaganda atiende llamado

La Defensoría de los Habitantes gestionó en mayo del presente año ante la Oficina de Control de Propaganda, en el sentido de que, si bien dicha instancia fue creada inicialmente para atender los artículos 1° y 2° de la ley N° 5811, tratándose de propaganda comercial en defensa de la dignidad de la familia y de la imagen de la mujer en la sociedad costarricense, era necesario aplicar además, otros criterios para evitar la divulgación de publicidad discriminatoria, tratándose de la autorización o restricción de anuncios comerciales, lo anterior de conformidad con el marco de legalidad/de convencionalidad vigente en el país.

El día 21 de noviembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes recibió comunicación de la Oficina de Control de Propaganda que, en sesión 029-2024 del 19 de setiembre del 2024 en cumplimiento al artículo 4 del Reglamento de la Ley Número 5811 se efectuó una revisión y aprobación de los nuevos criterios de evaluación de publicidad comercial para cumplir con la Ley de Control de Propaganda, entre ellos:

  • Criterios relacionados con la discriminación
  • Criterios relacionados con la violencia.
  • Criterios relacionados con la sexualización y/o cosificación.
  • Criterios relacionados con estereotipos sociales y de género, asociados con la violencia simbólica.
  • Criterios relacionados con personas menores de edad.
  • Criterios relacionados con actividades para el consumo de personas mayores de edad.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

El actuar de la Oficina de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía debe erradicar los estereotipos sociales, todo ello en el enfoque marco de la protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes de este país en el ámbito de la publicidad comercial.

Siendo que desde la Defensoría de los Habitantes se reconoce el esfuerzo efectuado y se insta a la institucionalidad pública para su divulgación y respeto, y se hace un llamado al sector privado para su efectivo cumplimiento. Es necesaria la promoción de este tipo de acciones para una efectiva promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Los criterios ahora incorporados, refieren a un trato desventajoso, restrictivo, burlesco, humillante, incapacitante y/o discriminación de una persona o población, basado en aspectos relacionados con la sexualidad, edad, aspectos étnicos, condición migrante, condición socioeconómica o formación educativa, condición de salud o discapacidad; violencia física, psicológica o emocional, económica o patrimonial, sexual; entre otros.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta sobre graves brechas en salud pública en la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones sobre el estado de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en la Región Brunca, identificando brechas en infraestructura, equipamiento y recurso humano que afectan el acceso y la calidad de la atención.

El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Médicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.

Esta investigación se basó en informes recibidos por parte de los cinco hospitales de la Región Brunca, la Auditoría Interna y la Gerencia Médica de la CCSS y la Dirección del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). Se realizaron entrevistas con funcionarios de la Caja, miembros de la Junta de Salud de los hospitales, autoridades del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Municipalidad de Osa. Además, se realizaron visitas e inspecciones a los hospitales de la región y a la Dirección Brunca de la CCSS.

Entre los principales hallazgos se puede mencionar el problema del recurso humano especializado, ya que todos los hospitales de la región y en algunas especialidades el servicio funciona con solo un profesional, entre ellas, ginecología, pediatría, cirugía general y anestesiología, limitando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios. Entre 2020 y 2024, la CCSS perdió a 185 médicos especialistas debido a renuncias, traslados al sector privado o disminución de jornadas.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria hay un deterioro importante, los quirófanos del Escalante Pradilla de Pérez Zeledón son pequeños e inseguros, mientras que, en el Hospital Tomás Casas, de Ciudad Cortés, hay problemas graves en el sistema de aire acondicionado y, en el caso del Hospital de Ciudad Neily el techo de la sala de shock está en condiciones críticas. En muchos de los servicios visitados, la Defensoría pudo observar problemas físico sanitarios, estructuras sin mantenimiento, espacios físicos incómodos para la prestación del servicio de salud tanto clínica como administrativa, entre otras situaciones visualizadas, fueron hechos recurrentes.

El equipamiento en los hospitales de la región es insuficiente. Solo en el Escalante Pradilla, por ejemplo, cuenta con un mamógrafo. Además, se detectó una falta de equipos básicos en varias especialidades, como incubadoras, monitores cardiacos, equipos de ventilación neonatal y dispositivos para gastroenterología. En dermatología y a junio de presente año, no contaba con un especialista asignado en toda la región, lo que obligaba a referir pacientes al Hospital San Juan de Dios en San José, aumentando los tiempos de atención. En el caso de optometría, más de 8.500 pacientes están en espera dado que ningún hospital de la región cuenta con optometrista por lo que no existe forma de depurar la lista de espera, porque el nivel primario no tiene forma de valorar pacientes.

También se detectaron deficiencias en el primer nivel de atención ya que en esta región existe un déficit de 35 EBAIS, según lo reporta la misma institución, lo que afecta la capacidad de brindar atención primaria efectiva y sobrecarga los hospitales.

Ante esta situación, la Defensoría giró una serie de recomendaciones, entre ellas, implementar un programa de formación regionalizado para médicos especialistas en la zona, asegurando que los nuevos profesionales permanezcan en la región después de concluir su formación. Para ello la Defensoría considera necesario crear incentivos multisectoriales que motiven la permanencia de los profesionales en los hospitales de la región.

También se recomendó inventariar en cada hospital la insuficiencia de equipos y priorizar mediante un proceso paulatino el equipamiento correspondiente. Otra recomendación es incorporar acciones para garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos hospitalarios. Toda acción administrativa en materia de distribución de equipos -recomienda la Defensoría- debe realizarse de conformidad con el nivel resolutivo de cada hospital y con visión en red.

También se recomienda dotar a cada hospital con equipos esenciales, como mamógrafos, incubadoras y dispositivos de monitoreo cardiaco y priorizar el mantenimiento y la modernización de los quirófanos y otras áreas críticas. Fomentar la participación de los gobiernos locales y nacionales, instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones sociales de la región, desarrollar planes de infraestructura, y otros para hacer la zona más atractiva tanto para médicos como para otros profesionales. Se solicitó apresurar los proyectos de inversión para fortalecer el primer nivel de atención con mayor cantidad de EBAIS y el fortalecimiento de servicios en red.

Finalmente, se confía en el gobierno local de Osa el liderazgo del desarrollo intersectorial que involucre los actores sociales necesarios para generar atractivos regionales que motiven la permanencia de recursos humanos en la zona.

El Estado costarricense, y todos sus sectores y la organización social civil deben desarrollar un plan de desarrollo sectorial integral, no sólo para mejorar y fortalecer el servicio que presta la CCSS, sino para mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de la población.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes