Etiqueta: delito

Grupo PUENTES: Consideraciones sobre la regulación del delito de usura y el “gota a gota”

Escrito el 21/02/2024. Publicado en Derechos.

La carta “Consideraciones sobre la regulación del delito de usura y el “gota a gota”, de parte de la organización PUENTES: Grupo de Convergencia Multipartidaria, es dirigida hacia el Sr. Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República; Sr. Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Sr. Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa; Sra. Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes y Sra. Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia.

Resalta la importancia de cumplir con el compromiso internacional de prohibir el delito de usura, en concordancia con los derechos humanos. Se menciona que, a pesar de estar regulado en el Código Penal desde 1970, la efectiva prohibición de la usura no se ha materializado en el país. También se hace referencia a la aprobación de la Ley No. 9859 en 2020, conocida como «Ley contra la Usura», que establece parámetros de razonabilidad para evitar el cobro de intereses desproporcionados y brinda herramientas legales para que los deudores puedan defenderse de créditos usureros.

Destaca que la norma aplica a todos los créditos otorgados en el país, tanto en el sistema bancario nacional como en el sector no regulado, lo que constituye una defensa para los consumidores financieros. Se menciona que la determinación de la razonabilidad de un cobro de interés se realiza a través de parámetros estadísticos como las «medidas de tendencia central», utilizando la Tasa de Interés Activa Negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica como base.

Además, se plantean sugerencias para abordar el problema del «gota a gota», proponiendo mantener el artículo 243 con una modalidad agravada de usura para sancionar esta práctica y aumentar las penas de los delitos asociados. Se propone también simplificar el delito de usura remitiéndolo al cobro de interés sobre el límite fijado por el BCCR, junto con el aumento de penas para los delitos relacionados. Se adjuntan propuestas de redacción para su revisión por especialistas en Derecho Penal, con la esperanza de que estas sugerencias contribuyan a combatir la usura y proteger a la población vulnerable.

Para acceder a la carta completa, encuentre el PDF que se encuentra adjunto a esta nota, donde podrá ver la lista de integrantes de la organización PUENTES: Grupo de Convergencia Multipartidaria.

2024-02-19_USURA_ULTIMA-VERSION Descarga

Plan Regulador Costero de Talamanca: Mapa evidencia que se invade e irrespeta humedales para poner estacionamientos y zonificación turística. Bloque Verde

Escrito el 03/08/2023. Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Una herramienta de la plataforma Google Maps realizada por el geógrafo Pablo Zagt Hernández dejó en evidencia el traslape de la zonificación propuesta por el Plan Regulador Costero Cahuita sobre humedales inventariados por el SINAC en 2021. La Municipalidad, en conjunto con el INVU, no justificaron las razones de esta importante omisión que, de concretarse, podría configurar un delito.

Este Plan Regulador Costero desconoce buena parte de los 13 humedales que son inventariados por el estudio “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo-terrestre del litoral del cantón de Talamanca” por lo que, como consecuencia, la Municipalidad está promoviendo actividades como: estacionamientos, área mixta para el turismo y la comunidad y desarrollo turístico de baja intensidad, etc., en una zona donde estas actividades no deberían permitirse. Es decir, en vez de regular, se está “desregulando” para la desecación y destrucción de los humedales, tal y como lo han venido denunciando constantemente las comunidades por diversos medios de comunicación (Limonhoy , 15-2-20 , Nacion.com, 20-7-11, Diario Extra, 3-4-23,Ameliarueda.com, 31-12-19, Surcos, 1-4-20, Teletica.com, 19-4-19, Elpais.cr, 14-2-22, Nacion.com,17-4-19, Crhoy.com, 5-4-23, Elpais.cr,12-18-21).

Este proceso de destrucción de los humedales fue también evidenciado en este estudio del SINAC y es posible que se llegue incluso a contar con permisos de construcción municipal, lo cual constituye una “licencia” para la destrucción de humedales que quiere generalizarse por medio del Plan Regulador.

Según este informe, el área total de los 13 humedales suma 165,12 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie total de la Zona Marítimo-Terrestre estudiada. Estamos hablando de un área importante que según la zonificación propuesta terminaría destruido. Esa destrucción constituye un delito que estaría siendo concretado mediante el Plan y avalado por el Minae e INVU. Es importante aclarar que solo una fracción de estos 13 humedales fueron clasificados en la zonificación como zonas de patrimonio natural del Estado o áreas de protección, como se puede contrastar en el visor elaborado por Zagt.

Navegar por la herramienta es fácil desde una computadora y ha permitido a las personas hacer el trabajo que le correspondía a la municipalidad de informar a las comunidades de cuáles son las actividades propuestas en la zonificación. Esta es una herramienta en construcción y se pretende que las mismas personas puedan ir completando información como, por ejemplo, denuncias que han realizado COVIRENAS, la identificación de otras zonas de importancia cultural o evidenciar las irregularidades como sucede con los humedales.

Dos ejemplos de traslape en humedales. La herramienta permite ver con facilidad la forma en la que uno de estos humedales (que además es bosque y estaría en el área de amortiguamiento del Refugio Gandoca Manzanillo) es propuesto como un estacionamiento ( Ejemplo 1). Esto refleja un cambio de uso de suelo de bosque y destrucción de humedal, que constituyen delitos penados por ley. Además, desecar un humedal no solo impacta el área en sí, ya que al mismo tiempo se debe rellenar, lo que llevaría a cabo un impacto en el límite del refugio se impactara este ecosistema. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen comparando el estudio de humedales y la propuesta de zonificación a partir de la herramienta del geógrafo Zagt.

Como se puede observar, este estacionamiento impactaría la misma entrada principal del Refugio Gandoca, cuando en un círculo amarillo se ve otra zona ya impactada que, si bien esta fuera del área marítima y del plan, podría ser una alternativa a la propuesta de destruir el humedal.

Otra gran área invadida por la zonificación es el sector conocido como Playa Grande, Almendros y Corales (Ejemplo 2). Esta es la parte de humedal más grande que aún queda en la costa, con una cobertura de 44 hectáreas que es donde pareciera haber mayor interés aprobación del Plan Regulador, pues ya es posible ver en internet megaproyectos inmobiliarios en venta. Como puede apreciarse en la imagen comparativa unas pequeñas partes en amarillo son declaradas como área de protección y Patrimonio Natural del Estado, mientras en anaranjado viene el destino de esos humedales propuestos por el plan regulador que es: Turístico Baja Intensidad y Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. Es decir que la Municipalidad -apadrinada por el MINAE y el INVU- está promoviendo la destrucción del humedal más grande de la zona fuera del Parques Nacional Cahuita y el Refugio de Gandoca. Es importante recordar que este humedal estuvo dentro del mismo Refugio de Gandoca pero fue desafectado mediante una ley específica, que fue declarada parcialmente inconstitucional por no compensar esta regresión ambiental (Delfino.cr, 2019). Es claro que también hay una extralimitación de competencias, pues se modifican áreas de protección por parte de la Municipalidad, que no es la institución autorizada para tal efecto.

Parte del error de omitir estos importantes datos sobre la cantidad de humedales queda de manifiesto en el mapa de humedales que se presenta en el Estudio de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA). Este se basa en el mapa de inventario de humedales del SINAC (2017) y no toma la caracterización de humedales del SINAC del 2021, hecha a partir de trabajo de campo y en una escala de más detalle, con pruebas de suelo, entre otras. El mapa de humedales del IFA del PRC se basa en una escala nacional que, aunque se puede considerar como información de apoyo, no se puede considerar como la información definitiva, dado que no tiene un alcance local y no se basa en interpretación de imágenes satelitales y verificación de campo con muestras de suelo, lo que hace que la zonificación propuesta termine siendo al menos irregular, y delito si llegara a aplicarse.

La herramienta fue solicitada por el Movimiento Cahuita Unida al geógrafo Zagt, quien actualmente colabora desde los Países Bajos donde está cursando la maestría en Geografía Política en la Universidad de Ámsterdam. Zagt habría realizado su tesis de licenciatura sobre las Multiterritorialidades del Mar en Cahuita, en el cual se analizan las relaciones territoriales mediante los usos, discursos y representaciones visuales por parte de diferentes agentes territoriales. Como parte de los resultados, esta investigación evidencia que el mar se ha concebido como un espacio vacío de personas pero lleno de biodiversidad y recursos naturales por parte de agentes hegemónicos, como el Estado, organizaciones internacionales y empresas transnacionales. Este “vaciamiento” del mar se ha encargado de invisibilizar la producción territorial por parte de la comunidad, quienes han tejido meticulosamente relaciones con el mar desde el siglo XVII, con sus propias epistemologías locales e integrando el mar como un espacio habitado. El mar pasa a ser entonces un territorio disputado entre su modificación para ser convertido en la nueva frontera neoliberal y las identidades territoriales por parte de la comunidad de Cahuita.

Para Zagt “este Plan Regulador parece obedecer esta lógica de invisibilizar a las comunidades, de ignorar sus modos de vida, y de irrespetar espacios protegidos para poder cumplir con una agenda meramente comercial. La historia se repite. No es la primera vez que las comunidades del Caribe sur se enfrentan a proyectos promovidos por el mismo Estado. Recordemos la imposición sin consulta del Monumento Nacional y el Parque Nacional Cahuita en la década de los 70s, donde personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares; o el cambio en la tarifa de entrada al Parque Nacional Cahuita en la década de los 90s que iba a afectar el turismo, la principal fuente de ingreso de la comunidad; o la vez que, nuevamente sin consulta, se querían realizar proyectos petroleros a principio del milenio en las montañas de Talamanca y en los mares”.

Rodrigo Rosales Arce tras la absolutoria del secretario general de la ANEP

Escrito el 16/12/2021. Publicado en Trabajo.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, fue absuelto del delito de instigación pública, es decir, en perjuicio de la tranquilidad pública del que el Ministerio Público le acusaba.

El licenciado Rodrigo Rosales Arce, tras la absolución del Secretario General de la ANEP, enfatizó en que desde sus inicios en el proceso, la disposición de la defensa era técnica para demostrar que el video, que era la prueba principal, fue obtenida de manera irregular, sin el consentimiento de la persona que emitió las declaraciones.

Además, explicó que el sitio era privado y el delito que se acusaba lo cometía quien se abocó a realizar tipos penales tutelados en el código penal, lo que no se acusó ni querelló como delito propiamente.

Según sus declaraciones, Albino Vargas nunca instigó a un sujeto determinado, que es lo que establece la conducta penal.

Aseguró también que, en un Estado de Derecho, lo único que procedía era la absolución del caso.

Sindicato AFAS solicita valorar destitución del director general de operaciones de ARESEP

Escrito el 06/07/2021. Publicado en Trabajo.

De acuerdo con la información subministrada por la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL, la Sala de Casación penal dejó en firme la sentencia, en contra del señor Gerardo Alvarado Blanco, director de operaciones de la autoridad reguladora de servicios públicos, quien se le acusa del delito de falso testimonio.

Se condenó penalmente al señor Alvarado Blanco por el delito de falso testimonio ante la Sala Constitucional, en prejuicio de una funcionaria del IMAS, que con fundamento en ese testimonio fue despedida de forma ilegal e injustificada. Para la Asociación de funcionarios de la ARESEP y SUTEL es preocupante que en el puesto actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior de la Dirección de Recursos Humanos, que atiende temas por los cuales fue denunciado y condenado.

Ante esto las personas que integran la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL solicitan valorar la destitución del señor Alvarado Blanco en el cargo que actualmente ocupa, de manera que se envíe una señal positiva a la opinión pública sobre la ética y principios morales que rigen en la ARESEP.

Se adjuntan documentos donde se amplía dicha solicitud:

OF-038-AFAS-2021-Solicitud-de-destitución-del-señor-Gerardo-AlvaradoDescarga

Comunicado-N3-Nombramiento-señor-Gerardo-Alvarado-como-Director-General-de-Operaciones-ARESEPDescarga

Fiscalía pedirá juicio por homicidio de indígena Térraba

Escrito el 21/04/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

El 19 de abril del 2021 se publicó en el sitio Web del Poder Judicial una nota realizada por Tatiana Vargas Vindas sobre la investigación que se estaba llevando a cabo por el homicidio de una persona indígena, en el que se acusó a un hombre de apellidos Varela Rojas como presunto responsable del delito.

Según se dio a conocer en este mismo medio la parte ofendida tiene 13 días para presentar una acusación por medio de un abogado particular y gestar un reclamo económico por concepto de daños y perjuicios. Una vez vencido ese plazo, el expediente se presentará al Juzgado Penal de Buenos Aires, con la solicitud de apertura de juicio.

Los hechos delictivos ocurrieron el 24 de febrero del 2020, en el territorio indígena de Térraba, en San Antonio de Buenos Aires, Puntarenas, cuando la víctima, Yehry Rivera Rivera, se encontraba en la vía pública, junto con una mujer.

Para conocer más del caso puede dirigirse al Sitio Web del Poder Judicial:

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/medios-informativos/noticias-judiciales/fiscalia-pedira-juicio-por-homicidio-de-indigena-terraba?fbclid=IwAR2FK0JegEwMBHhr6J7vLBfjAGYKGGGm-i-HXBDzNm4i8cTmtCyUN__LRo4

Enviado a SURCOS por Elides Rivera.

Nuevo gobierno, viejos piñeros

Escrito el 08/05/2018. Publicado en Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas (*)

Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas

FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”

Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”

Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.

Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)

Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).

Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800

Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur: la protesta es un derecho, reprimirla es un delito

Escrito el 20/11/2015. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Araya Rojas

¿Pregunta? ¿Era necesaria la presencia de un contingente de antimotines armados con gases lacrimógenos para atender una marcha pacífica de campesinos e indígenas ayer martes 17 en Palmar Sur? Desde luego que no, con solo unos cuantos oficiales de la Fuerza Pública hubiera sido suficiente para mantener el orden y el libre tránsito.

Además, era una marcha pacífica, nadie representaba un peligro, campesinos e indígenas no son delincuentes, no son elementos subversivos que van a crear caos y conflictos. Ninguno estaba armado, las mantas y mensajes eran de tela y papel, ni siquiera eran sostenidos por palos.

Parece que la Fuerza Pública les tiene más miedo a humildes personas que defienden con ideas sus derechos de una manera pacífica que a otro tipo de manifestaciones más conflictivas que se han presentado en el país.

Aunque no fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública ni hubo violencia contra ellos, si deja en evidencia que así es como pretenden reprimir también la protesta social en la Zona Sur, especialmente contra familias campesinas, indígenas, niños, mujeres y adultos mayores.

En el álbum que publiqué ayer, pueden ver más fotos de esta Marcha por la Tierra y el Agua en la Zona Sur. ¡La protesta social es un derecho, reprimirla es un delito!

Información e imágenes tomadas para SURCOS Digital de la página de Facebook del autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/