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Etiqueta: democracia

Las instituciones importan…Pero, ¿realmente importan…? (II y final)

Caryl Alonso Jiménez

¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres…?

Caryl Alonso Jiménez

En uno de los libros donde el posicionamiento de la democracia es el sello distintivo y postura ejemplar, es la que asume Norberto Bobbio (1909-2004), en aquel legado testimonial que no deja espacio a la duda en su libro, “El futuro de la democracia” (1987), que afirma, “Si para concluir el análisis se me pide quitarme la vestimenta de estudioso, y ponerme la del hombre comprometido con la vida política de su tiempo, no tengo ningún empacho en decir que prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres” (p. 136).

Y justamente, las instituciones son la expresión en la que se traduce el lenguaje de la respuesta democrática. Es el lugar donde la función institucional solo se explica por la defensa concreta de todo aquello que construya la verdadera realización de la sociedad en canales de ascenso social (Gutiérrez, 2014), pero lo contrario, es la negación del ciudadano como razón de la democracia…ese es el tema: el ciudadano y el bienestar.

El debate de las instituciones puede parecer denso por la complejidad de las redes del poder que se ejercen desde todos los ángulos, (discrecionalidades) que a veces es derrota y agotamiento en sociedades que siguen a la espera de servicios públicos reales.

Es verdad, ya están emergiendo generaciones de mujeres y hombres ejemplares, comprometidos con claridad de transformación en las instituciones de la región, a quienes seguramente habrá que acompañar….

Esos serán los temas en el curso PhD, “Teorías de Gobierno, gestión pública y gobernanza” gracias a la gentil invitación del Doctor Jean Paul Vargas, hombre comprometido con su tiempo, la región y dilecto amigo, Director del Doctorado Gestión Pública y Ciencias Empresariales, del Programa de Doctorado, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que tendré el honor de impartir a funcionarios y profesionales latinoamericanos.

Es indudable, a principios de este siglo el Doctor Manrique de la Peña, Profesor del Tecnológico de Monterrey dijo, “Para un barco sin rumbo, cualquier viento es bueno…”, En referencia a una reflexión sobre lo que sería el Siglo XXI, y, ¡Qué razón 22 años después tenía…!

Por cierto, fue una de las primeras experiencias virtuales en Guatemala, promovida por el Decano, Hugo Beteta, de la Facultad de Economía, de la Universidad Rafael Landívar de aquel entonces, del que fui invitado facilitar. Era una trasmisión que venía vía el Instituto del Banco Mundial, dirigido por Arturo Vergara, conectado vía satelital con México. Hugo Beteta hoy es el Embajador de Guatemala en Washington.

La democracia define el marco de la organización republicana, (independencia de los tres poderes Estatales). El gobierno, en teoría, ejerce su función apegada al marco Constitucional, y las instituciones públicas son, justamente el orden legal que, bajo competencias delegadas, cumple funciones en favor del ciudadano hacia el bienestar.

En esto no hay discusión y estoy convencido de que los demócratas con pensamiento republicano, aspiramos a que las imperfecciones del modelo se ajusten a procesos de mayor capacidad de respuesta: educación, salud, empleo, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa de las fronteras, justicia, propiedad privada y activación socioeconómica nacional e internacional. ¿En dónde no se entiende…?

Sin embargo, los grandes coloquios sociales, nacionales e internacionales, se embarcan en emblemáticos encuentros para analizar el espíritu y las grandes doctrinas que mueven los marcos democráticos. Extraño, ¿Antinomias o dudas Constitucionales…?

El Estado son todos aquellos principios abstractos y concretos que con precisión legal y normativa mueven la armonía colectiva (el orden economico, social y político), que tiene su particular reparto histórico. De eso justamente hablaremos: de las responsabilidades Estatales (todos), de las funciones institucionales (los que gobiernan) y el compromiso cívico (participación, organización ciudadana, auditoria social y derechos).

Se repasará la importancia de políticas, rol del partido, los agentes económicos y actores sociales en la construcción del Proyecto de Nación, que a veces no es la nación del Estado. Sin tentativas emocionales se abordará la importancia de la estrategia de Estado, la generación de pensamiento y la expectativa futura, con índices y mediciones.

Los programas de gobierno pueden incidir en la gestión de la institucionalidad pública, articulando redes de coordinación nacional y territorial para impactar el desarrollo. Pero no ocurre, si apuntaran a factores causales, seguro construirán certeza y confianza…

“El problema son los procedimientos que no se cumplen…”, dijo un alto funcionario del control gubernamental recientemente… Entonces, Como pedía Bobbio, ¿gobierno de leyes o de hombres…? Hoy es el momento de hacer efectivo el gobierno de leyes…

¿Quién teme la democracia?

Por Habib Succar Guzmán

Habemus reforma judicial

Los jugosos privilegios de los(as) ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

El salario del presidente:

El salario en pesos del presidente AMLO en 2024 es de $186.000 brutos/mes

(Aprox. US$9.300), que luego de rebajos de ley resulta en

aproximadamente US$7.750 mensuales.

El salario de un ministro(a) de la Corte:

El salario en pesos de un ministro(a) de la Suprema Corte de Justicia

mexicana es de $297.000 al mes, más una serie de prestaciones salariales

adicionales que suman un total de $600.000 (seiscientos mil pesos),

unos US$30.000 brutos al mes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS de 19 de mayo de 2021

Ley / Capítulo I – Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus respectivas atribuciones.

En el artículo 9, de la Ley de Remuneraciones, se establece que el salario máximo de un servidor público es el del presidente de la República, así: “Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.”

La primera reforma constitucional salarial

Data del año 2009, a iniciativa del año 2006 del “partido de izquierda” mexicano Partido de la Revolución Democrática (PRD) de aquel entonces y que llevó casi tres años en proceso de negociación y aprobación final. En ese entonces, se estableció en general que el salario máximo dentro del sector público federal, sería el del presidente de la República, con lujo de detalle de toda la normativa atinente.

Fue en 2021 cuando a instancias de la coalición gobernante (MORENA + PES + PT) se presenta y aprueba una modificación importante a los salarios de los servidores públicos y se reafirma nuevamente que el salario máximo será el del presidente de la República. Simultáneamente se aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aplica una sustancial rebaja en los salarios de todo el sector, incluyendo al presidente de la República, aplicando en general una rebaja cercana al 50% de todos los salarios previamente establecidos, bajo los principios que enunció el presidente AMLO de “austeridad republicana” y de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Reacción inmediata de la casta

Inmediatamente después de publicadas estas importantes reformas constitucionales y modificada su respectiva Ley de Remuneraciones, en vez de aplicarse las rebajas respectivas en ciertos organismos autónomos del gobierno federal así como en el Poder Judicial, llegaron a las instancias judiciales sendos recursos de amparo de organismos como el INE, el INAI, la COFECE, la COFEPRIS, etc. y lo más sorprendente: y de los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que no se podían aceptar rebajos a sus salarios. Y la misma SCJN fue la que aceptó y tramitó los recursos de amparo. Ni siquiera se excusaron (recusaron) para que otros integrantes Ad hoc se pronunciaran al respecto. No. Ellos querían garantizarse su salario, aunque estuviera en contra de la Constitución que ellos juran defender.

De esta forma, desde 2009 y hasta la fecha, pasando por la reforma de 2021, los ministros(as) de la Suprema Corte, los magistrados y jueces de distrito, perciben desde entonces salarios mayores que el del presidente de la República, pero son mucho más altos, en el caso concreto de los ministros(as) de la SCJN, hasta 4 veces más que el presidente.

Esta flagrante violación a la Constitución Política por parte de ministros, jueces y magistrados, indudablemente que constituye una afrenta al pueblo de México, porque son ellos precisamente los llamados a vigilar el respeto a la Constitución y sancionar las violaciones a los preceptos constitucionales. Y AMLO se los ha recordado y reclamado cada semana desde junio de 2021 pero ha sido como reclamarle a una pared…

El Plan B y el Plan C

Ya hemos reseñado en estas mismas columnas sobre los Planes B y C del presidente AMLO: el B pretendía una reforma electoral, incluyendo modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral y la eliminación de los diputados y senadores llamados “plurinominales” de modo que el Congreso pasaría de 500 a 300 diputados(as) y el Senado pasaría de 128 a 64 senadores(as). El Plan C, consistió básicamente en solicitar al electorado mexicano que, en la elección del 2 de junio votaran masivamente por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (MORENA + VERDE + PT), de modo que se pudieran alcanzar las mayorías calificadas en el Congreso de los Diputados (334 votos de 500) y en el Senado de la República (86 votos de 128), con el fin de realizar todas las reformas constitucionales que AMLO presentó el 5 de febrero de 2024 al Congreso, donde se incluía prioritariamente la reforma judicial y la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), más otras 16 modificaciones a la Constitución, incluyendo una reforma electoral y la eliminación de los Diputados y Senadores plurinominales y rebajar así de 500 a 300 y de 128 a 64 los Diputados y Senadores, respectivamente.

Habemus reforma judicial

Apenas se integró la nueva legislatura que funcionará del 1° de setiembre de 2024 al 31 de agosto del 2027 (son periodos trienales para Diputados y sexenales para Senadores), se abocó de inmediato a la aprobación con mayoría calificada de la reforma judicial tramitada en la legislatura anterior, que la dejó “servida en bandeja” para que la siguiente legislatura 2024-2027 la aprobase como una prioridad en su agenda. Y así fue. Con sesiones maratónicas y todo tipo de sabotajes y bloqueos de la oposición, la reforma judicial fue aprobada con sobrada mayoría calificada en el Congreso de los Diputados y con la exacta mayoría calificada en el Senado. De inmediato se remitió a ratificación de los congresos estatales (se requerían al menos 17 estados de los 32 a favor) y en menos de una semana se obtuvieron 23 aprobaciones estatales.

La médula de la reforma judicial consiste en 4 aspectos. 1. Ajuste de todos los salarios para que se respete el principio establecido desde 2009 de que ningún funcionario público puede percibir un salario igual o mayor al del presidente de la República; 2. Que la elección o nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se realice mediante votación popular debidamente dirigida por el INE con base en las regulaciones y procedimientos que establezcan las leyes derivadas de la reforma constitucional; 3. Que se elija también popularmente un Consejo de la Judicatura independiente de la Suprema Corte, que evalúe y sancione las actuaciones de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN; y 4. Establecer un lapso máximo de un año para resolver los casos penales, excepto por la debida motivación ante la Judicatura.

Este punto 4 es muy relevante en México, porque ya hemos dicho que es quizás el único país del mundo donde el 40% de la población penal no tiene juicio ni condena, es decir, no saben por qué están presos y hay decenas de miles de personas en esa condición que llevan ya más de 10 años presos sin saber de qué se les acusa ni tener una condena.

Berrinches de la comentocracia

Razonablemente, cualquier persona objetiva y juiciosa se podrá preguntar si elegir jueces, magistrados y ministros en México de forma popular mediante voto secreto y directo, tal como se elige al presidente, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes (presidentes) municipales, es la mejor opción para contar con una “justicia pronta y cumplida” de la mejor forma posible. La oposición y toda la comentocracia han inventado una y mil descalificaciones para el futuro ensayo democrático en la elección de autoridades judiciales.

Sin duda, toda la derecha política mexicana está horrorizada con la posibilidad de que el pueblo concurra a la elección de las autoridades judiciales en 2025, porque en general, la derecha en todo el mundo le tiene pánico a la democracia, donde el pueblo sea quien ejerza el poder mediante sus propios representantes y no, como ha sido hasta la fecha, una simulación de democracia donde la oligarquía es siempre la que impone a los líderes políticos o los doblega una vez electos para que sirvan a sus intereses.

La pregunta es válida sobre la nueva realidad judicial. México será un laboratorio cuyos resultados tendrán sin duda una clara influencia a nivel mundial sobre el novedoso sistema de conformación de las autoridades judiciales mediante voto popular. Pero una cosa es absolutamente cierta e incontrastable: el actual sistema judicial mexicano está absolutamente podrido y no se le pueden hacer reformas parciales porque todo el sistema ha demostrado ser ineficiente y absolutamente corrupto, al servicio de los grupos de poder (poderes fácticos como empresarios, oligarcas, políticos, medios de prensa, grupos de presión, etc.) y no atiende las demandas de justicia del pueblo llano, sino solamente de los que tienen dinero suficiente para pagar costosos procesos judiciales, para sobornar jueces, magistrados y ministros y torcer la ley mediante la venalidad del sistema (corrupto, inmoral, deshonesto).

Cuando AMLO presenta el 5 de febrero su “paquete de 18 leyes o iniciativas” al Congreso, incluye de forma estelar la reforma judicial y al proponer el Plan C, AMLO insiste en pedirle al pueblo en la elección del 2 de mayo una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales necesarias para ese paquete de 18 leyes.

Claudia Sheinbaum por su parte, durante toda su campaña electoral, insistió una y otra vez en la necesidad del Plan C para aprobar las reformas constitucionales y otras presentadas por AMLO el 5 de febrero, como una forma clara de continuidad del “proyecto de transformación de la vida pública de México”, la llamada CUATRA TRANSFORMACIÓN. Y el pueblo le respondió generosamente dándole un 60% de votación el 2 de junio para 35,9 millones de votos, superando de forma impensable la gigantesca votación que había obtenido AMLO en 2018 de 30,15 millones de votos.

En el gráfico siguiente podemos visualizar el abismo de diferencia entre las elecciones de Felipe Calderón, Enrique Peña N. y AMLO y Claudia. Hemos agregado el dato de AMLO para el año 2006, anotando que en esa elección se ha demostrado que se cometió fraude electoral contra AMLO, por medio de la intervención del presidente Vicente Fox (2000-2006), coludido con la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Federal Electoral (IFE), así como los medios de comunicación comandados por Televisa, poderosa televisora que entonces se daba el lujo de poner presidentes a su antojo.

En general, se considera con datos duros bien conocidos y documentados, que las elecciones federales en México siempre fueron fraudulentas, a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el año 1994, y luego el fraude contra AMLO en 2006 y 2012. La elección del 2018 se acepta que fue legítima, sin fraude, así como la de 2024, dado que en ambos casos la votación mayoritaria a favor de MORENA y sus aliados fue tan abrumadora que no había posibilidad de fraude y el INE tuvo que certificar así los triunfos de AMLO y Claudia.

México después de la reforma judicial

Sin duda se abre un panorama apasionante para el futuro de México. La reforma judicial traerá también la necesaria reforma del sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que son parte intrínseca de la corrupción que caracteriza al Poder Judicial.

Será a partir de 2025 que estos cambios fundamentales se irán instrumentando en la realidad política y judicial mexicana y que se podrá empezar a evaluar su impacto positivo o negativo en la vida de los mexicanos.

Lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum será la “continuidad con cambio de estilo” de la CUARTA TRANSFORMACIÓN de la vida pública de México, así lo ha declarado ella insistentemente y se ha dicho que es orgullosa heredera del poderoso movimiento fundado por AMLO (y por ella) en 2011 y que hoy gobierna en casi todo México, que cuenta con una estructura federal con 31 gobiernos estatales y el de la Ciudad de México que cuenta con su jefa de gobierno y un congreso propio, para 32 entidades federativas en total, de las cuales el oficialismo gobierna 24.

MORENA ha pasado de gobernar 4 estados en el 2018 -cuando ganó en CDMX, Veracruz, Tabasco y Chiapas- a ser gobierno en 24 entidades, luego de las elecciones del 2 de junio, logrando en menos de diez años desde su creación tener gobiernos estatales en más de dos tercios del país, incluyendo estados que solo habían sido priistas, como el Estado de México que ganó el año pasado.

Del Palacio Nacional a Palenque

Un hecho que pone locos a los comentócratas y políticos de la oposición en México es que AMLO se ha declarado a sí mismo como “maderista: sufragio efectivo no reelección” (el lema de Francisco I. Madero que ayudó a tumbar la dictadura de Porfirio Díaz: el “porfiriato” abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911). De modo que al finalizar su periodo presidencial el 30 de setiembre de 2024 se jubila y se retira a su rancho en Palenque, Chiapas, donde asegura que no recibirá visitas y se dedicará a escribir su próximo libro sobre el periodo prehispánico de México.

Y es que la oposición reclamó durante casi 6 años que AMLO pretendía reelegirse, perpetuarse en el poder. Y además, tanto políticos como comentócratas han venido diciendo, en actos de machismo puro, que AMLO seguirá gobernando por medio de Claudia Sheinbaum, quien será algo menos que un títere que hará todo lo que AMLO le ordene. Nada más alejado de la realidad, pero ese ha sido el camino de los discursos opositores: primero que se iba a reelegir y ahora, que su delfina es una marioneta.

Ya la prensa tuvo el primer aviso de que Claudia será una presidenta con su autonomía, su carácter y firmeza: ella fue la que ordenó que se invitara al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a los actos de traspaso de poder el 1 de octubre, y no al rey de España, como ha sido la costumbre. Y Pedro Sánchez en un acto de machismo puro, alegó que fue AMLO quien ordenó que no invitaran al rey, algo que ya fue aclarado por el mismo presidente quien dijo tajantemente que fue Claudia la que tomó esa decisión que él apoya 100%.

Nuevos tiempos, muy interesantes, se ciernen sobre México con la primera mujer presidenta de su historia: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dice orgullosa heredera del proyecto de transformación liderado por AMLO.

Habib Succar Guzmán

29.9.24

Óscar Aguilar Bulgarelli llama a “desprenderse de diferencias que hoy no valen la pena” para tener una opción electoral democrática y digna

A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes. 

Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este  un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país. 

El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.

Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil. 

¡Solo quedan 365 días!

Le invitamos a escuchar la exposición:

¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército necesario para el clima, que anunció, de inseguridad democrática?

Vladimir de la Cruz

La institución del Ejército de Costa Rica duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando la Junta de Gobierno, Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, decidió abolirlo, eliminarlo de nuestra institucionalidad.

Cuando esa decisión se llevó al seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se aprobó esa abolición como una norma constitucional, que ha hecho que todas las generaciones de niños, de jóvenes, desde 1948 no se vean sometidos a ninguna obligación militar por parte del Estado, o a llamados del gobierno con ese fin de enlistamiento militar, de apuntarse en una lista con obligación de formar parte de la estructura militar, por un período generalmente breve, para recibir a la fuerza un entrenamiento y conocimientos militares básicos.

El no tener ejército nos obliga a no participar en conflictos bélicos, ni ser socios de acciones militares de países. Así quedó confirmado por la Sala Constitucional de la República, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, 2002-2006, decidió poner su firma en las operaciones militares, que Estados Unidos realizó en Irak, como parte de una “aparente” coalición internacional en ese conflicto, que era exclusivo de los Estados Unidos.

En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fortaleciendo esa decisión de 1948, se declaró a Costa Rica como una Democracia desarmada y neutra ante problemas y conflictos militares.

Al calor de la Guerra Fría, y del anticomunismo que se desató en el continente ante la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsaron en Centroamérica el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en la década de 1960, que reunía a todos los ejércitos de Centroamérica, incorporándose Costa Rica como parte observadora del mismo, haciéndose representar oficialmente en las reuniones del CONDECA por el que fuera Embajador de Costa Rica en Guatemala, donde estaba la sede de esta organización militar, desde 1961 hasta 1979.

Con los cambios operados en el escenario internacional desde 1990 cambiaron también las políticas regionales de seguridad, por el llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática, impulsándose especialmente la Declaración Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la conformación de lo que también se ha impulsado en esos tres países, reconocidos como El Triángulo Norte de Centroamérica.

El no tener Ejército no eliminó una fuerza policial para salvaguardar las necesidades de seguridad de la población. Desde 1948 se impulsó una Fuerza Pública para mantener el orden. Durante años se entrenó como una fuerza militar, especialmente su oficialidad que era enviada a las academias militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá, así como a Alemania, Israel, Corea del Sur, Chile y otros países.

Los grados con los que se organizaba eran de tipo militar, que le fueron eliminados en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, por grados de carácter civil. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, le fueron restituidos los grados militares a la Fuerza Pública. De nuevo, posteriormente se los volvieron a eliminar.

En el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, se impulsaron políticas, bajo la modalidad de tratados internacionales contra el militarismo, la producción y compra de armas a nivel mundial, en la ONU.

Centroamérica, como resultado de las guerras internas desde la década de 1980 ha sido un escenario de gran tráfico de armas, de compra y venta de armas de guerra. Tráfico ilegal del que Costa Rica no ha escapado. En nuestro territorio se mueven armas con conocimiento oficial y poco control.

La venta de armas es autorizada en Costa Rica. Especialmente de armas que no son de guerra; pero, se están vendiendo armas de guerra. Los grupos asociados al comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, están bien armadas con este tipo de armamento militar. Constantemente, esto se evidencia en las noticias que se publican de sus enfrentamientos, en disputas por el control de los territorios de distribución de drogas y de exportación de la cocaína a Europa, así como por el cuido de sus bodegas, consideradas de las más importantes y grandes de la región, comparadas con algunos países suramericanos, por sus dimensiones.

La reorganización que se ha venido haciendo en la Seguridad Pública nacional contribuye al fortalecimiento de estos grupos, de sus negocios de drogas como del manejo de armas que poseen.

La venta de armas de guerra que se hace en el país, por la cual se puede adquirir armamento de guerra, de combate, armas modernas de distintos calibres y calidades ofensivas, las que se pueden traer, como parte de estas ventas, constituye un grave peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas y para la seguridad del mismo sistema democrático que tenemos.

La existencia de las policías privadas en el país, en número superior a la Fuerza Pública, hace más peligroso ese arsenal de armas existentes en el país, por la dimensión de pequeños “ejércitos privados” que pueden constituirse de esa manera, algunos de los cuales pueden ser útiles incluso a políticos del actual gobierno como de fuera del gobierno y la institucionalidad.

La existencia de centenares de pistas aéreas “clandestinas” que operan en el país, unas reconocidas y otras no oficialmente, facilitan ese comercio de armas, como de drogas. A veces, la prensa da cuenta de aeronaves abandonadas en algunas de esas pistas.

Desde el punto de vista de la seguridad social cada vez más son atendidos, en las emergencias hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro social, y en hospitales y clínicas privadas, ciudadanos heridos con armas de guerra. Solo el año pasado la atención de estos ciudadanos llegó casi a los 1500, un promedio de cuatro diarios. Por armas de fuego en los nueve meses que llevamos del 2024 han sido atendidas 821 personas. Y del período 2019 al 2024 han sido atendidas 5.652 personas, a un promedio diario, en estos cinco años, de casi 3.3 personas diarias. De acuerdo con el OIJ, los muertos con armas de fuego, de manera dolosa, este año suman 640 personas.

Las armas de guerra que se están empleando, entre otras son AR-15, M 16, AK47. La AR-15 es traída de Estados Unidos, traficada por las organizaciones criminales que la pagan con drogas. De acuerdo con los datos criminológicos del país estamos en la cuarta ola del narcotráfico, con una violencia homicida que tiene un 60% de vinculación con el crimen organizado.

Esta situación obliga a que se deban tomar decisiones más fuertes en el control del comercio lícito de armas. Ese control pasa inexorablemente por prohibir de manera definitiva la traída de cualquier tipo de armas de guerra, y de penalizar severamente a quien las posea.

El ambiente de inseguridad nacional es muy peligroso para la estabilidad democrática del país. Facilita incluso que desde el gobierno se pueda provocar un clima y una situación que conduzca a un estado de excepción, un estado de sitio, a un autogolpe de estado, a una prolongación fáctica del gobierno aduciendo esta situación de inseguridad y de inestabilidad.

El gobierno constantemente contribuye a ella atacando la institucionalidad pública, los poderes del Estado, los organismos e instituciones de control político y administrativo, provocando la pérdida de la fe en los Poderes Legislativo y Judicial, cuestionando, criticando y debilitando los actores críticos de la sociedad costarricense, a los partidos políticos, a los dirigentes políticos nacionales, a los gestores de opinión y a los analistas políticos.

Recientemente, con las detenciones para efectos de investigación judicial, que se ha hecho de directores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno, en pleno, con sus ministros y su fracción de diputados, todos de traje negro, como si asistieran al funeral anunciado de la democracia nacional, en boca del presidente jaguar, que curiosamente no rugió como suele hacerlo, advirtió de que se está a punto de perder la democracia y que de parte del gobierno se requieren, en posibilidad, acciones más fuertes, insinuando justamente el autogolpe de estado, el estado de excepción, las limitaciones de las libertades y derechos ciudadanos. Amenazó incluso de que podría no haber elecciones en el 2026.

Estos últimos días, particularmente de noche, han puesto a funcionar helicópteros, sin insignias del gobierno, pero tampoco intervenidos por las autoridades de seguridad pública, en caso de que fueran privados, a volar bajo, muy bajo, sin luces, casi a nivel de techos en determinadas comunidades, en Montes de Oca, en Escazú, en Santa Ana, dando vueltas a todo ruido de motores, llamando la atención y provocando preocupación de los ciudadanos en sus casas, como si fueran operativos policiales o de seguridad, en persecución o de acciones policiales en desarrollo.

Ante la protesta, preocupación y consulta de ciudadanos se ha dicho que han sido “acciones de entrenamiento para condiciones del mal clima”. ¿Cuándo, en Costa Rica, se han hecho ese tipo operaciones y maniobras policiales, que parecen más de ejército en condiciones de represión y de golpes de estado, aduciendo prácticas de entrenamiento? ¿Ni siquiera las hacen de día? ¿Por qué asustan y preocupan a la población con esos desplantes? ¿O, es que están preparando a la gente para el ambiente de zozobra, de inquietud o de amenaza, y de represión o de autogolpe institucional de estado, que se quiere imponer por la forma autoritaria de ejercer el Gobierno de la República? ¿Quién dio la orden de esos “ejercicios” nocturnos de los helicópteros, que no parecían ser del gobierno, todos negros, sin identificación alguna? ¿Tendrá el presidente un grupo altamente especializado en este tipo de operativos, como el que tiene a su servicio de manera directa, para su seguridad presidencial, que parece más para su seguridad personal, que solo a él le reporta?

¿A cuál “mal clima” se han referido las autoridades que han justificado esos vuelos rasantes de helicópteros, justamente la noche de la detención de los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Al clima político que están viviendo quienes están siendo sometidos a investigación judicial en el Gobierno? ¿O eran vuelos de apoyo moral para los detenidos esa noche?

Justamente, ese día y esa noche fatídica para el gobierno, como lo reconoció el jaguar principal, también coincidieron acciones amenazantes de tipo terrorista contra el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y contra el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército?

Los desplantes militaristas de los vuelos rasantes y los desplantes militaristas de las caravanas presidenciales matutinas hacia Zapote apuntan en muy mala dirección política nacional.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Universidades públicas transforman vidas y crean oportunidades

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.

Promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante funciones de investigación, extensión y administración de servicios es parte fundamental del quehacer de las universidades públicas. Los recursos que el Estado invierte en estas instituciones se devuelven al país a través de programas de becas, promoción de la salud, bienestar estudiantil y movilidad social.

El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó un foro en la Asamblea Legislativa titulado «Reducción de la desigualdad: las universidades públicas generando oportunidades que transforman vidas». Participaron María José Cascante, coordinadora de la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil; Randall Hidalgo, vicerrector de Docencia de la UNA; Olman Madrigal, de la División de Planificación Universitaria de Conare; y Sharon Jiménez, estudiante de la UNED. La actividad fue moderada por Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA.

Cascante destacó que, aunque Costa Rica ha sido reconocida por sus bajos niveles de desigualdad, en los últimos años ha habido un aumento en la pobreza, con más del 20% de la población afectada. Recordó el aporte de las universidades públicas para mitigar algunos efectos de la pandemia, proporcionando acceso a estudiantes de sectores más pobres, e hizo énfasis en la ampliación de la oferta académica, especialmente en áreas STEM, y en la inversión en becas y programas de apoyo socioeconómico, lo que ha permitido que muchas personas continúen sus estudios.

Hidalgo explicó en detalle el modelo de estratificación que aplica la Universidad Nacional para el ingreso de sus estudiantes, donde, además de la prueba de admisión, desde 2009 se implementa un sistema de tipificación y estratificación que ha aumentado el acceso a la educación superior de estudiantes en mayor vulnerabilidad.

El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) lleva más de 15 años recopilando información sobre los graduados de universidades públicas en Costa Rica. El último estudio incluyó a más de 10,000 graduados, de los cuales el 59% eran mujeres, y el 66.3% eran de primera generación, es decir, los primeros en sus familias en obtener un título universitario. Fuera del Gran Área Metropolitana, esta cifra asciende al 77%. La mayoría de los graduados provienen de colegios públicos (74.7%).

De acuerdo con los datos presentados por Madrigal, en 2022 la tasa de desempleo entre los graduados fue del 6.5%, significativamente menor que el 12.2% de desempleo general en Costa Rica. Las disciplinas con mejores indicadores de empleabilidad, con un 0% de desempleo y 100% de empleos relacionados con el área de estudio, fueron aquellas en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destacándose particularmente computación y ciencias económicas.

También resaltó las competencias más demandadas por los empleadores en ambos sectores (público y privado): compromiso ético, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y satisfacción oportuna de las demandas laborales.

Sharon Jiménez, estudiante de Informática Educativa en la UNED, compartió su experiencia afirmando que ser estudiante va más allá de lo académico, y destacó cómo la educación superior pública trasciende las estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay personas, familias e historias que reflejan el impacto de estas instituciones en el bienestar social.

“En la universidad pública, el estudiante entra con la clara convicción de que debe graduarse, y por lo tanto, no está solo; está acompañado de un sistema de apoyo integral que incluye una vida estudiantil robusta, la posibilidad de participar en grupos culturales, de ser estudiante asistente, formarse junto a los profesores, y acceder a servicios de bibliotecas, bases de datos, salud y recreación”, expresó Francisco González, rector de la UNA.

Voces

La diputada Rosaura Méndez, quien gestionó este espacio, mencionó que las universidades siguen siendo pilares de desarrollo para estudiantes y comunidades, a través de programas de becas, extensión e investigación. Destacó que un alto porcentaje de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos y muchos reciben becas, lo que refleja el compromiso del sistema educativo con la equidad.

Por su parte, la diputada Paulina Ramírez expresó su fuerte identificación con las universidades públicas y la educación, resaltando su importancia como motor de oportunidades para los sectores más vulnerables. Criticó las decisiones políticas que amenazan la continuidad de este derecho fundamental y aseguró que, desde la Asamblea Legislativa, se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar las acciones del gobierno.

La también diputada Alejandra Larios destacó la importancia de contar con espacios donde los datos desmienten los mitos sobre las universidades públicas. “Los datos son esenciales para mostrar en qué se invierte el dinero de las universidades y combatir las falsedades sobre su financiamiento”, señaló.

Finalmente, el diputado Óscar Izquierdo subrayó la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto para las universidades. Afirmó que reducir las desigualdades es un motivo clave para luchar por un presupuesto justo para las universidades públicas y aseguró que su fracción legislativa está comprometida a garantizar los recursos necesarios para que estas instituciones continúen desempeñando su rol en el desarrollo del país y combatan los mitos sobre su financiamiento.

Foro completo:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Grupo Puentes llama a respetar la democracia

SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.

UN LLAMADO AL RESPETO A LA DEMOCRACIA

Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:

1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.

2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.

3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.

4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.

5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.

En apoyo a lo anteriormente expuesto firmamos:

Rolando González Ulloa 2-0274-0540

Alexánder Rodríguez Chaves 1-0967-0546

Clemencia Rodríguez Alpízar 6-0118-0392

María Rosa Angulo Angulo 5-0216-0076

Luis Fernando Acuña Loaiza 1-0599-0123

Bernardo Aguilar González 1-0566-0270

Sergio Alfaro Salas 2-0464-0884

Felipe Arauz Cavallini 1-0486-0636

Fernando Berrocal Soto 1-0337-0722

María Gabriela Campos Méndez 1-0510-0893

Manuel Carballo Quintana 1-0300-0515

Anabelle Castillo López 3-0313-0976

José Martín Chacón Chacón 1-0670-0597

Jeannette Cordero Gamboa 4-0119-0233

Marinela Córdoba Zamora 3-0297-0351

Leda García Pérez 1-0487-0511

Ángel Jiménez Segura 6-0359-0767

Rodrigo Jiménez Sandoval 1-0537-0978

Guido Mora Mora 3-0257-0217

Jorge Mora Portuguez 1-0690-0544

Carmen Muñoz Quesada 1-0619-0272

Welmer Ramos González 5-0191-0924

Eduardo Robert Ureña 1-0964-0187

Omar Rojas Donato 1-0460-0740

Melvin Sáenz Biolley 1-0412-0634

Erick Sojo Marín 3-0351-0353

Federico Tinoco Carmona 1-0386-0600

Yayo Vicente Salazar 1-0435-0724

Y 59 nombres más.

Propuesta del Movimiento Mauro Fernández Acuña

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
Setiembre 2024

Profundamente conmovidas por el deterioro de la Educación costarricense y de las condiciones tan difíciles en las que realiza su labor el Magisterio Nacional, el 19 de agosto de 2024 escribimos un manifiesto en el que reconocemos sus esfuerzos y vivencias y agradeciéndoles sus sacrificios de manera que el sistema pueda seguir funcionando y el estudiantado aprendiendo.

Esta acción, que podría haber pasado desapercibida, se convirtió en un punto crucial, que desató un movimiento que se fue auto-organizando y creciendo de manera autónoma.

Las primeras horas del crecimiento del movimiento las hemos recogido en un artículo que titulamos Somos Voz y que publicó el medio de prensa Delfino.cr el día 21 de agosto

El movimiento de apoyo a la educación pública nacional ha continuado creciendo y cada vez se unen más personas, incluyendo docentes aunque estos últimos lo hacen de manera anónima, por temor a represalias.

Frente a esta realidad existe una creciente manifestación en pro de la educación del país, hemos asumido el compromiso de poder dar curso a la energía que está movilizando a tantas personas de tan diversos ámbitos de la sociedad.

Reconocemos que es un movimiento auto-organizado y facilitaremos que continúe siendo así. Sin embargo, para continuar dándole vida, hemos avanzado con dos estrategias:

  • Darle identidad
  • Proponer una agenda inicial

IDENTIDAD

Hemos querido honrar la obra de Don Mauro Fernández Acuña, cuyo impacto positivo benefició a la educación costarricense por cien años.

En 1886 don Mauro ideó un sistema coherente y orgánico y democratizó el acceso a la educación. En tres años, impulsó el proceso educativo nacional, ratificando la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria decretada por Jesús Jiménez en 1869 y promoviendo la creación de escuelas primarias. En su gestión, Costa Rica había pasado de tener 62 escuelas públicas (con 3.543 estudiantes de 5 a 14 años) a tener 369, que llegaban a las zonas rurales, a las que asistían 20.998 estudiantes, la mayor parte hijos e hijas de artesanos y jornaleros. Fundó el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Su sistema incluía jardines de infantes, Escuela Normales, becas de estudio para docentes, bibliotecas pedagógicas, edificios escolares, el almacén de material escolar, las juntas protectoras de la educación, las escuelas para adultos y las ambulantes, así como la creación de la revista El Maestro para el intercambio de ideas pedagógicas y métodos. Debido a su preclara visión sabía que el sistema debería estar vivo y abierto y que debía estar en constante evolución. Por eso decía: “Está en marcha la evolución educativa”.

Como dijo León Pacheco: “Don Mauro reformó una democracia”.

La herencia de don Mauro rindió frutos por cien años, pero hace ya algunas décadas que las nuevas realidades nacionales y regionales reclaman un nuevo impulso.

Nos inspiramos en la visión y la acción de don Mauro en beneficio de la educación de toda la población del país para augurar un nuevo aire para la educación nacional. Pedimos que se conjuguen todos los esfuerzos nacionales para promover una educación de calidad, para los próximos 100 años.

Por eso llamamos a esta iniciativa: Movimiento Mauro Fernández Acuña.

AGENDA INICIAL

Somos Voz

Buscamos abrir canales de comunicación para dar voz a todas las personas que quieren opinar y dar aportes para el mejoramiento de la educación del país y que por diversas circunstancias no pueden hacerlo.

Mediante el uso del correo electrónico apoyoeducacioncr@gmail.com las personas interesadas pueden compartir sus testimonios e iniciativas. Los testimonios tienen el valor de dar sustento para poner en evidencia las realidades que enfrentan las personas que están protagonizando dentro y fuera de los centros educativos situaciones tan críticas que enfrentan el personal educativo, las personas estudiantes y sus familias.

Muchas personas que han escrito al correo electrónico han manifestado su interés de ser parte de la solución con acciones e iniciativas para el apoyo a la educación. De estas iniciativas podemos, como sociedad civil, contribuir y canalizar acciones afirmativas.

Somos Ciudadanía

Buscamos promover espacios para promover una educación ciudadana, que fomente el conocimiento sobre y el aprecio por la democracia, la educación, y los valores que dan sustento a una convivencia pacífica y próspera.

Estaremos aprovechando todos los medios de comunicación posibles, sobre todo los medios digitales que permiten hacer llegar mensajes cortos, directos e interesantes para todo público.

Invitamos a todas las personas, que han manifestado su deseo de colaborar, enviar un correo electrónico a apoyoeducacioncr@gmail.com indicando si tienen conocimientos y tiempo disponible para:

  • Creación de listas de correo electrónico, blog en plataforma gratuita.
  • Creación de contenido de educación cívica.
  • Creación de mensajes para TikTok, Facebook, YouTube, Instagram.
  • Interpretación de mensajes por medio de voz, movimiento, actuación.
  • Otro… por favor indicar.

Esta es una agenda inicial que podría variar y ampliarse según las necesidades. Lo más importante es que todas y todos tenemos la bandera de Costa Rica como estandarte y nos une el interés por mejorar la educación de nuestro país.

8 % ya

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Costa Rica: “Trabajadores uníos” … O terminaremos en el patíbulo

Rafael A. Ugalde Quirós*

La época de falsos salvadores del pueblo costarricense terminó. La hora de las verdades y las decisiones políticas ganan terreno frente a las excusas y los viejos sofismas de desarrollo social, con dignidad y justicia social. La democracia la elevamos a la participación de la gente, sin trampillas legalistas ni mañosos intermediarios, o nos seguimos hundiendo.

a.-Las “medias tintas” se acabaron. No es fácil en la región, por consiguiente, tampoco en Costa Rica, pasar de un “pueblo masa” disperso, desesperado y destrozado por la “politiquería” a sueldo, pero aún con enormes reservas morales, a un “pueblo politizado”, articulado y, sobre todo, con un camino unitario por construir sin recovecos; subidas y bajadas, para dejar atrás treinta y ocho años de saqueos, despojos y simulaciones groseras, por las élites del poder.

Ello pareciera difícil en nuestro país cuando hacen agua el congreso, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones autónomas, la educación pública, la seguridad social, la agricultura, nuestra soberanía y, la credibilidad, en general, de quienes fueron jefes de la política nacional, desgastados y carentes de la más mínima moral e imaginación, con pocas excepciones a la regla.

Lo anterior implica una oportunidad real de rectificación por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares, porque irremediablemente se ahondarán las contradicciones sociales y los diversos relatos oficializados, en torno a un modelo de desarrollo económico y social absolutamente inhumano y evidenciado, desde hace tiempo, como una estafa sin precedentes para millones de jóvenes, obreros, empleados públicos, amas de casa, jubilados, pequeños y medianos ahorrantes, empresarios honestos, entre otros.

Quizá, cuando comprendamos que, la democracia pertenece directamente a un soberano llamado “pueblo”, encargado de poner y quitar a sus servidores como parte de su “institucionalidad”, asimilaremos que las grandes marchas y protestas sociales quedan reducidas a manifestaciones de fuerza, sí los trabajadores carecemos de un horizonte claro y definido hacia el cual todos caminamos.

La experiencia histórica en otros lados así ha sido. A los mexicanos, para poner un ejemplo, costaron 42 largos años de ver como su Seguro Social era saqueado, su educación pública, en todos los niveles, era prolegómenos de los negocios y privilegios privados más sui generis, su poder judicial y legislativo era un verdadero templo de mercaderes modernos, controlados por los dos partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Aquello no fue obra de generación espontánea. El presidente Miguel de la Madrid (1982 – 1988) inició las humillaciones para su pueblo. Los tecnócratas siguientes, sin excepción alguna, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), blindaron luego legal y constitucionalmente todos los caminos para que sus sucesores, hasta 2018, hicieran creer a los votantes que cambiando de caballo cada seis años seguirían por el camino correcto trazado por ellos.

b). – Entre el viejo caballo y la construcción de un nuevo camino.

(F. de la página del PLN en https://www.plncr.org/paes).

La idea que la miseria y la pobreza de millones de costarricenses están causadas por las pérdidas acumuladas por las empresas del entonces llamado “Estado social ” o “capitalismo del bienestar”, caló hondo y sigue calando profundo en nuestro país, gracias a un eficiente grupo de opinólogos y politiqueros a sueldo – paradójicamente la mayoría de ellos nunca trabajaron y vivieron a expensas del Estado- que posesionaron en las mentes mayoritarias la necesidad imperiosa de la disminución estatal para ser felices y dignos.

Fue cuando, empero, escogimos el camino de “vivir de fiado” para que los pocos miembros de una casta insaciable viviesen como príncipes y la mayoría pagáramos por el sendero delineado centímetro a centímetro por el Banco Mundial, mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Los PAES, según los hechos históricos, se establecieron durante los gobiernos liberacionistas de Luis Alberto Monge Álvarez (1985 PAE I); de Óscar Arias Sánchez (1989 PAE II) y de José María Figueres Olsen (1995 PAE III).

El PAE I suponía un cambio de paradigma en la política económica del país. (Puede consultarse https://www.plncr.org/paes) . Restructuraría el aparato productivo, diversificaría la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica, entre otros.

En cuanto a la política agrícola, prometía la implementación de un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación, tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la reforma del CNP y el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables, etc.

Ya en elPAE II– citando la misma fuente – se hablaba de la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica.

Reformaría el sistema arancelario para reducir aún más la protección efectiva, que supondría la fijación del arancel máximo en el 40% y un nuevo sistema de incentivos a la exportación que incluiría una modificación de los Certificados de Abono Tributario (CATs).

Estos certificados alcanzaron relevancia cuando descubrieron una estafa por muchos millones de dólares con fondos públicos por parte de beneficiarios, calificándose ese hecho en la Asamblea Legislativa de entonces como “un asalto multimillonario a los dineros del Estado”.

La fuente citada, informa, que las reformas en el sistema financiero se centraron en la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública; la modificación de las reglamentaciones bancarias para mejorar el control y la eficiencia del sector financiero y la creación de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.

En cuanto a el PAE IIIrecordemos a groso modo aquella falta de acuerdo entre la Administración Calderón y la llamada oposición liberacionista, que prolongó su aprobación hasta 1995- estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. La influencia del PAE III es sostenida por todas las siguientes administraciones, incluyendo los últimos dos gobiernos dirigidos por Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el presente, encabezado por el ex funcionario del Banco Mundial y presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.

Sí bien es cierto en el PAE III, estrictamente, sólo se hace referencia a el programa acordado con el Banco Mundial, hay tres acuerdos firmados con el BID, denominados “Programa de ajuste del sector público”, “Programa sectorial de inversiones” y “Programa de crédito multisectorial”, todos ellos enmarcados dentro de la misma línea de este PAE. Ninguno de los gobiernos dichos se ha apartado de ese derrotero.

(F. Wikipedia).

c.-País de grandes reservas morales. No sabemos con exactitud el porcentaje de sindicatos disueltos desde que la política fiscal empezó a golpear a aquellos gremios que se creían inmunes a los efectos desbastadores de los PAEs, por ser apéndice de éste o aquel partido. La realidad es que, los esfuerzos por debilitar o desconocer las organizaciones de los trabajadores son sostenidos hasta nuestros días. La existencia de siete centrales sindicales contabilizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más otra de reciente fundación, demuestra un innegable activismo del sindicalismo costarricense; eso sí, hay que decirlo, con poca articulación entre sí, como para hacer pensar a las élites atrincheradas en sus doctrinas liberales, disfrazadas de socialdemócratas, izquierdas inoperantes, religiosas o socialcristianas, que están en peligro sus privilegios por un cambio de modelo con justicia social y participación popular determinante.

El redireccionamiento del trabajo de nuestros gremios, en busca de un modelo de desarrollo más digno, inclusivo, mayor equidad social y democracia abierta, entre otros, no parece fácil ni que esté a la vuelta de la esquina, sí comparamos cantidad de centrales sindicales, número de sindicatos, tamaño de territorio y fuerza de trabajo.

Sin embargo, por la misma dinámica social, no está lejano el día cuando se refuerce la labor de las actividades sindicales por TikTok, YouTube X, Whatsaap o Instagram, entre otras importantes redes sociales a nuestra disposición, con la experiencia acumulada por más de 75 años con faenas planificadas del “cara a cara”, casa por casa, calle por calle, vecindario completo, más allá de sí seguimos o no inmersos en el bonito oficio de la “reunionitis”,”seminaritis” y “encuentrotitis” ,fomentado por largos años por viejos líderes de la vieja guardia.

Según estos registros de la OIT, hablamos de más de 240 sindicatos, sin sumar 20 más aglutinados alrededor de la “Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical” de reciente inauguración. (Consúltese: Centrales Sindicales Costa Rica en (https://webapps.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/worker/sindi/cr.htm).

Contrasta, lo anterior, según información emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estado de las convenciones colectivas en el sector público, dónde se supone, está la mayoría de sindicatos con mayor actividad gremial. De 1994 a 2024 hay poco más de 43 convenios colectivos renovados, caducos o a negociarse este año. (Consúltese: https://www.mtss.go.cr/elministerio/ConsejosTripartitosyDialogosocial/Convenciones_Colectivas.html).

Es cuando, la afirmación que plantean no pocos sabiondos, en el sentido de que es “locura hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes’”, no tiene ninguna cabida dentro de las leyes de la Física, independientemente a quien atribuyan la frase. Para entender la falsedad de este axioma hay que mirar unos pocos ejemplos en nuestra región. En Argentina, los Fernández transitaron por el mismo camino marcado por Carlos Saúl Menemy Mauricio Macri, cabalgando con caballos distintos, pero luego dejaron la mesa servida para que un pueblo desarticulado, robado, engañado, mentido y herido en lo más profundo de sus entrañas, sentara a un grupo de fascistas de nuevo cuño. Otra cosa es que ahora quieran evadir responsabilidades.

Y sí hay un pueblo que sabe cómo los resultados nos fueron peores con el “hacer lo mismo” con idénticos efectos, es el costarricense. El proyecto de ley para imponer las llamadas jornadas4x3 está vivito y coleando a la espera de cualquier parpadeo de los trabajadores, como si fueran insipientes las horas de trabajo efectivo realizado por los ticos.

Hay un número creciente de adultos mayores, pensionados de la Caja, que están obligados a trabajar ocasionalmente para “redondearse” el 60% de la jubilación asignada, según consignaron una tarde de estos telenoticieros nacionales.

El faltante acumulado de vivienda digna en el país es de 759.055 casas. Citando datos del Colegio Federado de Ingenieros y el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, dados a conocer por el Semanario Universidad, la necesidad de casa representa un 42.7% del total de moradas en la actualidad.

En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todas las ultimas administraciones han arrancado “bocaditos” a la institución, en su afán de “normalizar” la sostenida desnaturalización de la seguridad social tripartita, solidaria y universal, frente a un modelo asistencial privado, que cada día gana terreno e impone sus condiciones.

Al 1ª enero de 2017, según registros de la CCSS, la deuda acumulada del Estado ascendía a ¢840.247,2 millones, monto que al 30 de abril de 2022 alcanzó la cifra de ¢2.758.332,0 millones, de los cuales ¢2.250.313,3 millones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018,8 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), precisó la Contraloría.

(Foto: Katya Alvarado- Semanario Universidad).

d.- La democracia en profunda crisis: En cuatro décadas, los grupúsculos encargados de controlar el poder, lograron erradicar del costarricense promedio la más humanas de todas las reacciones: la capacidad de asombrarnos. Nos fue totalmente “normal” ver el chorro de dinero echado por el tubo controlado por estas élites: Los CATs, el cierre del Banco Anglo, del Crédito Agrícola, la “Trocha”, el “Cementazo”, “Asebanco”, “Cochinilla”, Caja Fischel”, “ICE Alcatel”, “Diamante”, “Banco Nacional”, “Coopeservidores”, “Aldesa”; la lista es larga, sí sumamos la evasión, subfacturación, amnistías tributarias y el contrabando.

Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Barrantes, la deuda pública costarricense es espeluznantes. Precisó que para atenderla se necesitan 16 mil millones de colones diarios o el equivalente a 31.200.000 dólares al día.

Esta central sindical sostiene que los trabajadores públicos llevan cinco años con los salarios congelados, producto de una serie de medidas fiscalistas. Se refirió a la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, “Plan Fiscal” o simplemente denominado “Combo Fiscal”, aprobada en la administración de Carlos Alvarado

Débase recordar que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se opuso férreamente en 2018 a la aprobación del “Combo Fiscal” porque, argumentó, precarizaría los salarios de la clase trabajadora, aplicaría impuestos a los principales productos de consumo diario y afectaría a las pequeñas y medianas empresas

En aquella ocasión, próxima a las navidades, votaron a favor del “Combo Fiscal” una mayoría de 35 diputados:16 del PLN, 10 del fenecido PAC, 7 del PUSC, 1 del PRSC y 1 autodenominado “Independiente”.

Los profesores de Segunda Enseñanza rechazaron el Combo Fiscal en setiembre de 2018. (F.APSE)

Hoy, el “combo fiscal”, aprobado por 35 diputados, está presente en los intentos de dar el zarpazo final a la educación superior universitaria, tras desamparar por años la construcción de escuelas y colegios públicos en todo el país.

Por eso, plantear en “abstracto” el financiamiento del 8% para las instituciones de educación superior públicas, sin mirar hacia atrás y cómo impactamos a los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes etc., de todas las regiones, podía conducirnos a idénticos caminos transitados ya en Chile, Perú, Argentina, entre otras naciones, donde destrozaron la enseñanza humanista y la noble virtud de enseñar a pensar.

Gracias a los impuestos pagados por la gente más humilde, los empresarios honestos, los profesionales, e intelectuales etc., lograron muchos ser médicos, economistas, periodistas, veterinarios, abogados, sociólogos, bailarines, actores, poetas, nanotecnólogos, biólogos, entre una larga lista, a pesar que ya en la década de los ochenta sabíamos para qué servía la prueba de admisión.

¿Cuántos médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, actores, economistas, pintores, músicos, arquitectos etc., procedentes de Talamanca, Liberia, la reserva indígena de Mora, Puriscal o Upala, solo a manera de ejemplo, graduaron las universidades públicas en sus sedes regionales en los últimos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo nacional y en defensa del bien común? Es cuando se cumple aquello de “tus hechos os defenderéis” o la afirmación martiana: el deber cumplido sencilla y naturalmente.

Durante mi vida como universitario conocí a dos muchachos, uno proveniente de un selecto colegio al que no se ingresa sí no se cumplen ciertos requisitos extra materias, aunquetenga todo el capital del mundo, el otro decía que había cursado toda su primaria y secundaria en un colegio ubicado entonces en Moravia; ambos se jactaban que solo pagaban la cuota de bienestar estudiantil porque “no tenían nada inscrito a su nombre”

Hoy, las élites, desarrollan la misma estrategia inhumana con nuestra educación pública estatal. Es idéntica a la aplicada contra quienes madrugan desde la 4 a.m. para una cita en un Ebais, esperan dos años para una intervención quirúrgica en los hospitales o los padres de familia obligados a dar dinero para cubrir materiales en las escuelas y colegios estatales.

Dejaron de último la aplicación de esta malvada estrategia contra las universidades públicas porque, como dijo Günther Anders (1953) en “La obsolescencia del hombre”, estas clases sociales requieren idiotas. Palabras más, palabras menos: dijo que para sofocar cualquier revuelta al estilo de Hitler hoy resulta “arcaico”, pues basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo “el nivel” y la “calidad” de la educación.

Y 134 años antes de la publicación “La obsolescencia del hombre”, Simón Bolívar – el 15 de febrero de1819 –, como si se estuviera dirigiendo a los costarricenses de hoy y tuviera conocimiento de los planes actuales de nuestras élites, nos alertaba: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”.

*Periodista, abogado y notario por la UCR.