Etiqueta: democracia

Lo sucedido en Managua es lamentable, triste y especialmente inaceptable

Escrito en 11/02/2023. Publicado en Derechos.

José Luis Pacheco Murillo

Lo sucedido en Managua, Nicaragua con la decisión del gobierno de Ortega Murillo de expulsar 222 prisioneros políticos y despojarlos de su nacionalidad nicaragüense, es lamentable, triste y especialmente inaceptable por parte de la comunidad internacional.

El hecho de haberlos detenido y cercenarles sus derechos civiles ya era motivo suficiente para repudiar no solo la decisión sino al régimen mismo.

Esas personas tenían sueños e ilusiones para su país, diferentes a las del régimen opresor. Querían poner su granito de arena para la construcción de una Nicaragua libre y soberana y hacer de sus ciudadanos, hombres y mujeres libres, con un futuro esperanzador. El régimen los despojó de sus sueños y esperanzas. Les reprimió y les robó la libertad.

Hoy, como si la nacionalidad fuera un tema de papeles, los hace apátridas y los abandona en el mundo. Eso se devolverá como una mole de nacionalismo y sacudirá los cimientos de la patria.

Lo que ha sido y sigue siendo inexplicable es el silencio cómplice de los países que deberían alzar la voz y actuar consecuentemente con los principios que dicen profesar de democracia y libertad. Es tiempo de acción y no de volver caras y cerrar ojos. Es tiempo de tomar decisiones sobre esas relaciones “diplomáticas” que avergüenzan porque permiten estas violaciones y estas acciones en contra de ciudadanos que lo único que querían era lo mejor para su país.

Mi solidaridad para con esos ciudadanos del mundo que han sido liberados y con aquellos que aún siguen presos a expensas de un régimen opresor y tiránico.

Mi solidaridad con el pueblo nicaragüense que repudia estas acciones y que desea el fin de esta pesadilla Ortega Murillo.

Dios quiera que pronto acabe y que Nicaragua vuelva por la senda de la democracia, de la Paz y la libertad.

Ley N° 9999: el recuento de los daños a nivel ético-pedagógico

Escrito en 10/02/2023. Publicado en Comunidad, Educación.

Vilma Leandro Zúñiga
Psicóloga

El 29 de junio del 2021, con 41 votos a favor, se aprobó la Ley N° 9999, la cual pretende prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Empezó a regir el 27 de agosto de ese mismo año.

Hasta donde conozco, no tiene reglamento aprobado, lo cual no es un tema menor, ya veremos más adelante por qué.

Es mi criterio profesional que esta ley atenta, severamente, contra la función y la labor de la escuela como instancia formadora de un carácter democrático y democratizante, pues se enfila a destruir la fuente primaria del aprendizaje y motor de la experiencia escolar, que es el vínculo entre la familia, el estudiantado y el centro educativo. No es el único golpe que se ha recibido en esa línea, pero sí podría representar, el zarpazo final.

Entiéndase “escuela” en este texto como cualquier escenario educativo formal, antes de la universidad, o sea preescolar, primaria y secundaria.

Ahora iré más despacio y trataré de ser lo más detallada posible en mi argumentación.

Este no es un análisis jurídico pues no es mi campo de conocimiento. Más bien se trata de una reflexión “político-pedagógica” como decía Paulo Freire; que integra mi visión como psicóloga social y mi trayectoria en el sector educativo costarricense.

Lo primero a indicar es que me he dedicado, durante casi toda mi vida profesional, a trabajar con niñez y adolescencia, siempre desde un enfoque de derechos, en el que tengo una amplia formación y convicción; de manera que soy la primera en celebrar que se elabore legislación y acciones para la protección de esta población.

Llevo muchos años trabajando en educación, especialmente en el sector público, al que le conozco bastante bien sus luces y sus sombras, que no son pocas en ambos casos.

Así que, al contraponer, el texto de la Ley 9999 tal cual se aprobó y lo que está aconteciendo en los centros educativos, la mezcla es un desastre por donde quiera que se le mire y, en su aplicación práctica, terminará perjudicando a todas las partes.

Del proyecto de ley: la matrix

Inexplicablemente, este fue un proyecto de ley presentado por una educadora con años de experiencia en el sistema público de educación; se trata de Patricia Villegas Álvarez, exdiputada del Partido Integración Nacional. En el currículum que aparece en el sitio web de ese partido se indica que ha sido docente desde 1990, en los niveles de preescolar y primaria. Tiene una maestría en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica.

La propuesta de ley de la exdiputada fue apoyada por la Defensoría de los Habitantes, encabezada por Catalina Crespo en ese entonces; fue consultada solo a seis instancias: el MEP, la CCSS, el PANI, la Defensoría, el Servicio Civil y la Unicef. (Cr.hoy, 17 de noviembre del 2022).

Con excepción del Servicio Civil, todas las otras son representantes y garantes de los derechos de la niñez y la adolescencia, integrando un bloque unilateral que no contempla la contraparte interesada, por ser la posible demandada, que es el gremio educativo.

Lo anterior revela un error gravísimo en política -que esperemos que haya sido solo ingenuidad o inexperiencia y no otra cosa- pues, en el campo político, se sabe con claridad que siempre se debe lidiar con intereses contrapuestos y que la creación de algo tan delicado como una ley debe considerar las perspectivas y análisis de todas las partes involucradas.

En la nota de Cr.hoy, se estableció que los representantes de los gremios magisteriales señalaron que no fueron consultados y el trámite de discusión en el plenario fue “vago”. Lo cual ha provocado a que en este momento se estén realizando reuniones y diligencias desde los sindicatos con el Ministerio para revisar la ley, pues, a pocos meses de su aprobación, se ha convertido en una verdadera pesadilla para el funcionamiento interno de muchos centros educativos.

El espíritu de la ley: un sapo en vez de una gracia

Como ya lo dije, el Derecho no es mi campo; sin embargo, realicé algunas consultas a profesionales de esa rama para estar más clara en algunos puntos acerca de la ley. El texto tiene 13 páginas y 16 artículos, a lo largo de los cuales se hace referencia a otras leyes y herramientas jurídicas.

Es un texto corto, se lee rápidamente, pero que tiene, desde mi perspectiva, graves vacíos, los cuales se exacerban pues no tiene reglamento y porque la realidad de los centros educativos es, verdaderamente, muy compleja.

La norma 9999 se creó, supuestamente, para evitar tanto que se revictimice a niños, niñas y adolescentes (NNA), como la impunidad en los procedimientos disciplinarios de funcionarios que tienen denuncias por algún tipo de maltrato contra las y los estudiantes.

Con esto es evidente que ya existían las herramientas necesarias para atender esas situaciones, tales como el Código de la Niñez y la adolescencia y los diversos protocolos internos del MEP, para citar algunos. Parte de la dificultad ha estado en la ejecución de tales herramientas y la ausencia de la evaluación de esos fallos y falencias para mejorarlos.

Cuando se lee el texto completo, da la impresión de que el espíritu de la ley es totalmente opuesto al del principio de inocencia que rige a las sociedades democráticas: “todos somos inocentes hasta que nos demuestre lo contrario”. Y más bien operaría el “somos culpables hasta que demostremos (aunque no esté muy claro cómo) lo contrario”. En resumidas cuentas, la ley contraviene ese principio universal democrático del derecho sobre la presunción de inocencia y se podría estar violentando el derecho a la defensa del funcionario o funcionaria.

Al establecer el relato de la persona menor de edad como posible único indicio probatorio y que, en caso de duda, debe fallarse a favor de la persona menor de edad “En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima” (art. 10), se parte de la culpabilidad automática de la persona denunciada, por lo que la colocaría en una situación de absoluta vulnerabilidad, que, además, según indica la norma, debe ser suspendida o reubicada a partir del momento mismo de la denuncia.

Sumado a lo anterior, la ley no establece con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada: las instancias ante las que debe presentar las pruebas, qué tipo de pruebas puede ofrecer, si tendrá un defensor público, qué pasa con su salario mientras está suspendida, si queda absuelta quién repara el daño moral de lo vivido, qué sucede si pasan los tres meses que indica la ley para resolver y el MEP y demás instancias no lo han hecho, qué hacen las jefaturas con ese puesto sin nombramiento, qué pasa con lo que viven los grupos de estudiantes a cargo de esa persona docente, entre otras interrogantes.

El impacto en la educación: descolocar el rol docente

Todo lo anterior lleva a la reflexión central: si lo que digan los y las estudiantes, bajo cualquier concepto, de un o una docente u otro funcionario del MEP, va a ser siempre aceptado de forma unilateral, no solo genera vulnerabilidad laboral y jurídica para esa persona, sino que quebranta, de entrada, la relación docente-estudiante.

La base del aprendizaje formal está en el vínculo que la maestra, maestro o profesor/a establezca con sus pupilos, vínculo que parte del respeto mutuo, de la admiración por un saber que se intenta transmitir y compartir.

Pero sobre todo, por un contrato social implícito basado en ciertas reglas de convivencia social que, en la escuela y el colegio, pasan por aportar en la formación ética y ciudadana de niños, niñas y jóvenes. Todo lo cual implica, entre otras acciones, la corrección y, a veces, la sanción (con aspiración formativa, no represiva) de conductas que atentan contra la convivencia del aula, situación que suele acarrear frustración para los y las estudiantes y a veces también para sus familias.

En este sentido, el año pasado los medios de comunicación han ofrecido amplia muestra de las situaciones de violencia entre estudiantes tan dramáticas que les ha tocado enfrentar a las escuelas y los colegios.

Esta ley, tal cual está planteada, solo va a empeorar el escenario de relaciones que ya se tiene, el personal que es negligente y mediocre se va a esforzar menos porque va a evitar ser sancionado, con lo cual, hará una mediación pedagógica cada vez más deficiente, sin posibilidad de tener una evaluación del desempeño como corresponde, porque aún no se ha discutido ni construido tal mecanismo.

El personal comprometido y riguroso, con vocación y esperanza en lo que hace, es el que más está sufriendo, viéndose arrinconado, con fuertes crisis éticas internas, pues su labor y desempeño como formador se ven seriamente amenazados, así como su estabilidad y futuro laboral.

Es decir, los malos se harán peores y los buenos tienen, como mínimo, tres posibilidades: 1-se irán del sistema, 2-se harán mediocres, 3-terminarán con peores síntomas del síndrome de quemado por el trabajo de los que ya presentan.

Es innegable que, en los momentos actuales, existe una especie de colapso parental: padres, madres, encargados no saben, en muchos casos, qué hacer con la crianza de sus hijos e hijas.

A veces, con suerte, acuden a los centros educativos en busca de orientación y guía, pero, especialmente en secundaria, se ausentan del todo, siendo el personal docente y administrativo el que debe esforzarse con creatividad y esmero para realizar su labor y llenar los vacíos afectivos y las carencias familiares para que esas personitas rindan y logren alcanzar algunas habilidades básicas para la vida.

Sumemos a toda esa problemática que el espíritu actual alaba y recomienda el facilismo, el mínimo esfuerzo, el individualismo, la excesiva felicitación por tareas y responsabilidades que son absolutamente propias y mínimas de realizar en la infancia y en la adolescencia, la bajísima tolerancia a la frustración debido a una muy frágil regulación emocional; producto de dos tipos de fenómeno: por un lado, el abandono del esquema de protección básico (negligencia familiar) y, por otro, un excesivo mimo.

En ambos casos, chicos y chicas tienen muy pobres herramientas de enfrentamiento a las adversidades del mundo, escasa capacidad de autocorrección e iniciativa y una autorreferencialidad relacionada, en muchas ocasiones, con inmadurez socio afectiva, que repercute gravemente en la orientación para la tarea educativa y el desempeño escolar.

A todo eso se “le entra” en las escuelas y colegios, con todo lo complicado y desgastante que puede ser. La institución educativa está, prácticamente, sola en esta tarea, por eso está condenada a fallar. Esa es una trampa muy peligrosa que estamos viviendo.

Lo anterior se agudiza porque, si, de entrada, se vulnera y desacredita la función docente, invirtiendo los roles jerárquicos (que no es lo mismo que autoritarios), la tarea educativa ahora sí resultará imposible, y por eso, todos perdemos.

El sistema público educativo en CR siempre ha apostado (con mayor o menor éxito) por una formación integral de la convivencia humana pues se nutre de la diversidad de situaciones y experiencias, con la guía y orientación de personas adultas investidas de una autoridad simbólica, esa había sido su fortaleza para la vida armónica en común. La escuela ha sido un espacio de comunidad afectiva, pedagógica y humanista donde la niñez y la juventud reciben no solo información sino formación para pensar en sí mismas como parte de una sociedad amigable y donde el respeto a los seres humanos es la esencia de la vida social.

El maltrato infantil no es de recibo, es innegable que lo ha habido dentro de las aulas -con impunidad muchas veces- y hay que erradicarlo; pero no a merced de socavar quizá el único espacio potable que le queda a nuestra niñez y adolescencia de los sectores medios y bajos para la vida democrática.

Democracia ¿en el Perú?

Escrito en 09/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo

Han sido miles de páginas y cientos de libros escritos en torno de la democracia y es posible que sean infinitas las reflexiones particulares que se harán sobre este fenómeno social, histórico y anhelo ciudadano, dado que no es posible agotar las singulares conquistas y particulares significaciones que tiene la democracia en cada ámbito social. La democracia expresa el dinamismo de realidades inéditas, que no son semejantes a otras, así como tampoco es estática en cada espacio social, ni es similar para los distintos grupos de interés, segmentos o clases sociales. La democracia es particular, no privada, aun cuando frecuentemente es medida y comparada de manera estandarizada o por los ciegos poderes autocráticos del Perú.

Las referencias a la democracia y los enfrentamientos por alcanzarla cubren gran parte del pasado y el presente de los pueblos del mundo. Las luchas contra la desigualdad, la exclusión, la explotación y contra toda forma de esclavismo, sumisión y colonialidad del poder, ha sido la historia común de muchas colectividades del universo social. Tal vez, se podría reescribir el pasado y el presente, a través del recuerdo y recuento de las múltiples formas adoptadas por conquistar la libertad, la igualdad y la solidaridad de la ciudadanía y sus pueblos. Sin duda, no sería una historia de vencedores, dominadores ni explotadores, sería la de quienes se les ha negado derechos, cultura y pensamiento propio y sobre todo, al esclavizarlos, excluirlos y reprimirlos estatal por pensar y actuar sobre el presente y futuro colectivo y nacional. La usurpadora del poder en el Perú, como algunos diputados, han expresado sin mediación alguna, que los manifestantes carecen de derechos de definir la política y el devenir nacional, cuando son precisamente los dictados de la ciudadanía y de los pueblos quienes definen la actuación del Estado que tiene la obligación obedecer. El Estado que transgrede los deberes con su sociedad y violenta sus derechos solo es una tiranía fascista. El poder totalitario, nunca admite errores, es absoluto, como inmunes e impunes son los asesinos de los manifestantes y de los explotadores privilegiados, con el apoyo de las fuerzas brutas que indebidamente e ilegítimamente lo amparan.

Rescatar el pasado en el pragmatismo contemporáneo, donde solo importa el presente y el economicismo rampante, es la visión cínica, que oculta las luchas y logros democráticos de nuestros pueblos peruanos.

El desarrollo nacional en el Perú, es presentado por los autócratas y los empresarios globales, como la aspiración de todos, no obstante es solo una invención ideológica privada, excluyente y exclusiva, que beneficia a propietarios del dinero global, a los delincuentes financieros y sus sirvientes de la institucionalidad estatal. Ellos han creado leyes indignas e incluso la Constitución de la República, a la medida de sus intereses contra la ciudadanía y la nación.

La política, expresión del poder de la colectividad de todas las organizaciones de la heterogeneidad social, se ha privatizado contra toda razón y conocimiento científico. En el Perú el poder cambio discursiva y judicialmente, para convertir el despotismo tiránico del Estado por democracia; el clamor popular democrático por terrorismo; lo privado por lo público; el diálogo social por represión y asesinatos; la paz por guerra total; la igualdad por racismo; el pensamiento y la solidaridad social por complicidad terrorista; las luchas sociales por la situación y el progreso nacional por comunismo radical; los intelectuales y pensadores independientes por instigadores de la violencia y por lo tanto, todos espiados, perseguidos, detenidos, secuestrados y próximos a ser desaparecidos.

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Sin embargo, los ignorantes poderes tiránicos han creído en todos los tiempos que los subalternos pueden ser controlados y dominados fácilmente con represión, miedo y muerte, por ello las revoluciones siempre han sido inesperadas e inexplicables derrotas para quienes detentan el poder y la explotación absoluta.

El Perú es el experimento radical de la privatización de lo nacional en América Latina, están privándonos de ser actores colectivos de la construcción del presente y futuro nacional, de aspirar la igualdad social, jurídica y democrática. El poder autocrático en el Perú imagina que la historia, solo sirve para llenar libros y para charlas de café, lo cual es una muestra fehaciente que la estupidez, no tiene límites para los que se consideran dueños de nuestro Perú profundo.

Ignorantes gobernantes, la historia no es pasado, es presente, ilumina y da sentido a nuestra cotidianidad, así lo demuestran los pueblos que expresan con su presencia la histórica peruanidad de pensamiento y acción contra esta perversa y asesina tiranía, que no gobierna, nos asesina y pretende hacerlo con nuestra historia.

Enviado a SURCOS por el autor.

Organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia en Perú

Escrito en 02/02/2023. Publicado en Derechos.

130 organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democracia:

UN PLAN NACIONAL POR LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO COMO SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA NACIONAL RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y ELECCIONES ESTE 2023.

Ante los recientes y graves acontecimientos suscitados en el país las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el ejemplo de coraje y dignidad de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, mujeres, movilizadas en gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, libertad, la dignidad y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana.

Nos sentimos parte de las luchas de nuestros pueblos. Estamos por un nuevo pacto político que nos represente a todos y a todas sin exclusión Con estos esfuerzos esperamos contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para un nuevo proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante siglos han sido postergados.

Rechazamos la actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la violación a los derechos humanos, como respuesta al legítimo derecho a la protesta ciudadana y sus justas demandas democráticas, de parte del gobierno. Esta peligrosa deriva autoritaria ha significado hasta el momento 56 fallecidos, 9 menores de edad, 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, detenciones ilegales, durante las cuales se ha agredido a detenidos y violentado sexualmente a las mujeres, así como más de 100 personas investigadas sin garantías de un debido proceso.

Para justificar la violencia del Estado, con el apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, generan un escenario de guerra interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos, y ciudadanas a las y los dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo hacen sin pruebas que lo sustenten y obviando conscientemente que estas organizaciones indígenas y populares no sólo fueron afectadas y violentadas por el terrorismo, que les costó la vida a cientos de dirigentes populares en defensa de sus organizaciones y de la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes de la derrota del senderismo criminal.
Criticamos el desempeño de las fiscalías y del poder judicial por incumplir su función de defensa de los derechos, negándose a recibir los habeas corpus, así como al no hacerse presentes de manera oportuna en los momentos que se reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo a los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos, que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que sean estas las encargadas de investigar los crímenes contra la población movilizada y no las de crimen organizado.
Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo cometidos por infiltrados y por grupos violentistas que actúan en las marchas y manifestaciones pacíficas para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con su responsabilidad de identificar y detener a los responsables de estos hechos, así como que actúe cumpliendo la normatividad nacional y los estándares internacionales establecidos para el control del conflicto social.

La presencia de sectores tradicionalmente ignorados como las organizaciones indígenas y campesinas, así como amplios sectores de la sociedad, especialmente de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, nos compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política que los articula y convoca, así como construir una agenda nacional de corto y mediano con mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos ampliar y reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos. Es desde la solución de las demandas políticas de la población movilizada, que se debe articular integralmente las diversas agendas regionales, generando propuestas para los temas críticos que permitan cerrar las brechas estructurales que están en la base de las masivas movilizaciones en gran parte de las regiones del país.
Esta agenda nacional y descentralizada, debe tener como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra sociedad, así como la defensa de los derechos civiles y políticos, los de las mujeres, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para darle contenido democrático y sostenibilidad, esta agenda debe construirse mediante el diálogo y la concertación entre la población y sus organizaciones, los gobiernos regionales y locales, así como con los múltiples actores económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada uno de los territorios.
Frente a la gravedad de la crisis que estamos atravesando como componentes de la sociedad civil proponemos con carácter de urgencia:

Renuncia de la presidenta Dina Boluarte
Adelanto de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE. Se debe realizar la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre y el cambio de ambos poderes del Estado antes del 31 de diciembre.
Ni un muerto más. Reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho a la protesta sin criminalizarla y en cumplimiento de los estándares internacionales.
Renovación de la Mesa Directiva del Congreso para que se elija una presidencia con un mínimo de legitimidad ciudadana para conducir el proceso electoral y la transición hacia nuevas autoridades.
Referéndum para que el pueblo decida iniciar un proceso Constituyente.
Cambio de mandos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales, y reforma policial.
Impulso a la articulación nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado de la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas como la salida política a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social.
Apelamos a los diversos organismos internacionales, así como a instituciones con legitimidad como la ANGR o las universidades nacionales, para que asuman un rol activo de mediadores entre la sociedad movilizada, con el Gobierno y el Congreso, para abordar las demandas políticas urgentes.
Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo.
Acompañaremos y participaremos en diálogos y reuniones con organizaciones y representantes sociales, económicos y políticos en los diversos territorios para concertar propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. Coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo regional representativos y autónomos.

Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar el monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56 personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de las mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos.

Y exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se profundicen.

Lima, 26 de enero de 2023

Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS-ANC
13 BRUJAS
ADECEP/PURISAK
WARMYKUNA
ADEPROSACO
ALTERNATIVA CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL Y EDUCACION POPULAR
AMUNETRAP
ANCIJE-SAN MARTIN
APDES
ARTICULACIÓN FEMINISTA MARCOSUR
CENTRO FLORA TRISTÁN
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAMBAYEQUE – ADOSCIL
ASOCIACION AMAR C
ASOCIACIÓN ARARIWA
ASOCIACIÓN CIVIL JAPIQAY, MEMORIA Y CIUDADANÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL LUPUNA – ARTES AMAZÓNICAS
ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PERUANAS AFECTADAS POR LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS, AMPAEF
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES ECOLÓGICOS DE QUEBRADA VERDE
ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS DE SALUD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.
ASOCIACIÓN HUMANIDAD LIBRE
ASOCIACIÓN PERLAS DE YURA
ASSOCIAZIONE STUDIO3R DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE
AVEF-LIMA-CALLAO-AMPAEF
BRIGADA VOLUNTARIA DE SALUD
CADEP JOSE MARÍA ARGUEDAS-CUSCO
CANAL DE TV YOLI TV HUARAZ – PERIODISTA RADIO GRTE. INTEGRACIÓN HUARMEY
CECYCAP
CEDAL-CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO
CEDER
CEEPIP
CENDIPP
CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA (CAAAP)
CENTRO ANDINO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN – CADEP – JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
CENTRO DE DESARROLLO ANDINO SISAY
CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – CEMPDIS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ASESORÍA POBLACIONAL CIDAP
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER MICAELA BASTIDAS _ TRUJILLO
CENTRO LOYOLA AYACUCHO
CENTRO WAMAN WASI
CEPRODEP
CIPCA
CIUDADANÍA ACTIVA
CLADEM PERÚ
COLECTIVA MUJER Y PODER
COLECTIVO SONQO WARMI
COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA- IQUITOS
COMITÉ NACIONAL DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO, ESCUELA PARA EL DESARROLLO
CONADES JUVENIL
CONSEJO DE EDUCACIÓN POPULAR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- PERÚ COOPERACCIÓN
COORDINADOR DE DESPLAZADOS DE LIMA SUR
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS- CNDDHH
COORDINADORA NACIONAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DEL PERÚ. (CN. FAVIDEFO-PERÚ)
CUT-SM
DESSOS
EMPODERADXS
EQUIPOS DOCENTES AULAS ABIERTAS
ESCUELA MAYOR DE GESTIÓN MUNICIPAL
ESTUDIOS AMAZÓNICOS
FARTAC
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PERU – FENTAP
FÉMINAS PERÚ
FENMUCARINAP-SM
FOMENTO DE LA VIDA- FOVIDA
FORO REGIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS FORDES AREQUIPA
FORO SALUD
FÓRUM SOLIDARIDAD PERÚ
FREDEPA
FRENTE DE DEFENSA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
FRENTE DEFENSA DEL DISTRITO DE ISLAY
FUNDAVAL
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
GIMCC
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GRESP PERU
GRUPO GÉNERO Y ECONOMÍA
GRUPO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
IFEJANT
ILLA
INICIATIVA CIUDADANA CONTRA LA CORRUPCIÓN AYACUCHO – ICCCA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ AMAZÓNICA
ISOLA SOLIDALE
JUBILADOS DE EDUCACIÓN
LATINDADD – RED LATINOAMERICANA POR JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL
LESBIANAS INDEPENDIENTES FEMINISTAS SOCIALISTAS-LIFS
MANOS CREATIVAS
MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES
MASA PERU
MESA DE CONCERTACIÓN DE GÉNERO -COMAS
MISS PERÚ TRANS
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
MOVIMIENTO TLGBQIA+ CALLAO
NI UNA MENOS SOMOS TODAS- SAN JUAN DE LURIGANCHO
NO MADE ARTE, ACCIÓN, POLÍTICA.
NUEVO PERÚ POR EL VIVIR
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODISEX
ODAER. ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN REGIONAL
ORG.DE MUJERES YACHAQMAMA
PARTIDO SOCIALISTA
PATRULLAS ECOLÓGICAS INSTITUTO DE CIUDADANÍA AMBIENTAL, INCLUSIÓN SOCIAL, ODS
PAZ Y ESPERANZA
PERÚ EQUIDAD
PLATAFORMA DE COMERCIO JUSTO Y CONSUMO ÉTICO- PERÚ
PLATAFORMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT
PROMSEX, CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
QUINTA OLA
RED AGUA DESARROLLO Y DEMOCRACIA
RED DE MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
RED DE PROMOTORES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA «TRABAJANDO POR UN FUTURO SIN VIOLENCIA»
RED MUJERES ORGANIZADAS DE CARABAYLLO PREVINIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO
RED OLLAS COMUNES DE LIMA METROPOLITANA
RED UNIENDO MANOS PERÚ
REDIFAAC
RENUNCIA DE DINA Y NUEVAS ELECCIONES 2023
SEDYS TRUJILLO
SEMILLA INTERCULTURAL
SER
SJL EN ACCIÓN
SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO
SOMOS SUR COCHABAMBA
SUTE CANCHIS
SUTEP
SUTRA UGEL CUSCO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
WARMIKUNA PURIRISUN CANCHIS
YO SOY SEMILLA

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Es la misma cosa de siempre

Escrito en 31/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

El país que vivimos centra su atención en asuntos como por ejemplo la poca inteligencia de una ministra o la minusvalía de otro ministro. Son aspectos importantes enmarcados en lo que pretende Chaves y su equipo por el fondo: disminuir la democracia, deslegitimar a las instituciones o violentar principios constitucionales.

Mientras eso se discute, el mundo social nacional sigue acumulando problemas sin que se vea posibilidad de solución.

La semana pasada se informa en La República que Costa Rica está en el podio de países con mayor DESEMPLEO, según la OCDE. Con el 11,6% de tasa de desempleo que cerró el año pasado, el país ocupa el segundo lugar de todos los países miembros de esa organización con mayoría de personas desempleadas, solo superado por España, pero ocupando el primer lugar de los países latinoamericanos miembros de ella.

Hoy se informa que el Régimen No Contributivo, el que paga las pensiones a los más pobres y necesitados del país, inició el año con un faltante de recursos que no presupuestó Hacienda, que hará que no se puedan entregar 5.000 nuevas pensiones y que obligaría a reducir el monto de la pensión de ¢80.000 a ¢70.000.

Por otra parte, también se informa, que las becas para los estudiantes de primaria y secundaria se reducirían en número este año, en una cantidad superior a las cien mil becas.

Todo esto sin hablar de muchos otros asuntos como el deterioro creciente del poder adquisitivo del salario, el alto costo de la vida, que más de la mitad de las familias costarricenses no llegan a fin de mes o que la concentración de la riqueza es un problema obsceno.

Mientras esa realidad golpea a las grandes mayorías, el Gobierno que es el responsable de esta situación se vanagloria de los superávit fiscales aunque lo logren con el empobrecimiento de las personas más necesitadas.

Esta realidad terminará imponiéndose, a pesar de las cansinas promesas gubernamentales que no se concretan en nada.

¿Quién está detrás del intento de golpe de Estado contra la democracia brasileña?

Escrito en 30/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani
Université de La Réunion

El 8 de enero de 2023 varios miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las tres principales instituciones democráticas de Brasil. El Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio Presidencia en la Plaza de los Tres Poderes de la capital fueron saqueados durante varias horas en un intento de golpe de Estado. El atentado, meticulosamente planificado, provocó indignación en todo el mundo.

El 30 de octubre de 2022, en ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los brasileños dieron su voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, con una estrecha ventaja sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Con un total del 50,9%, Lula consiguió dos millones de votos más que su adversario, de un total de 124 millones de votantes. Después de dos legislaturas consecutivas de éxito entre 2003 y 2010 y el 80% de opinión favorable, el antiguo líder obrero vuelve al poder para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027.[1]

El Presidente Lula debería haber vuelto al Palacio Presidencial en enero de 2019 como candidato favorito de las elecciones de 2018. Pero tras una conspiración orquestada por el fiscal Sergio Moro en el marco del caso de corrupción Lava Jatopara impedir su candidatura, Lula fue condenado arbitrariamente en 2017 a nueve años y seis meses de prisión – aumentados a 12 años en apelación – por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin que se presentara ninguna prueba material ante el tribunal. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el juicio contra Lula afirmando que “violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a intimidad y sus derechos políticos”.[2]Lula pasó 580 días en prisión, de abril de 2018 a noviembre de 2019, lo que permitió a Bolsonaro hacerse con el poder sin dificultad. El líder ultraderechista ni siquiera intentó guardar las apariencias y que se apresuró a dar las gracias al fiscal Moro nombrándolo Ministro de Justicia.[3] En 2019, Tribunal Supremo anuló la condena de Lula, denunciando la instrumentalización política del proceso en su contra.[4]

Bolsonaro es un líder abiertamente fascista. “Vamos directamente a la dictadura”, dijo en el pasado.[5]Nostálgico del régimen militar brasileño que marcó al país entre 1964 y 1985, enemigo de los principios democráticos, el expresidente calificó en 2019 de “héroe nacional” al coronel Carlo Alberto Ustra, condenado por actos de tortura y barbarie por la justicia brasileña. Dilma Roussef, Presidenta de Brasil de 2011 a 2016, fue torturada por los servicios de Ustra cuando era una joven militante revolucionaria opuesta a la autocracia de los generales.[6]

Tras de cuatro años de gobierno, el balance de Bolsonaro es singularmente negativo, marcado por el ultraconservatismo, el fortalecimiento del poder de la Iglesia Evangélica, el discurso de odio contra las personas de color, las mujeres, la diversidad sexual y la izquierda.[7] Su catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 ha convertido a Brasil en uno de los países del mundo con mayor tasa de letalidad del mundo. Sus políticas antisociales han disparado la tasa de pobreza, con 33 millones de personas que pasan hambre. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 60%, destruyendo tierras indígenas y causando preocupación en la comunidad mundial. En el plano internacional sus políticas han provocado el debilitamiento de los lazos con muchos países.[8]

A pesar de la transparencia de las elecciones de 2022, Bolsonaro siempre se ha negado a reconocer la victoria de su adversario, difundiendo rumores de fraude y calentando a su electorado, que ha multiplicado las acciones violentas desde 2022, sobre todo bloqueando carreteras. Además, desde entonces, centenas de personas acampaban en frente del cuartel general del ejército en Brasilia coreando el lema “S.O.S. Fuerzas Armadas”, exigiendo explícitamente una intervención militar para romper la legalidad constitucional e impedir el acceso de Lula al poder el 1 de enero de 2023, todo ello con el acuerdo tácito de Bolsonaro.[9] Además, el presidente saliente no dudó en presionar fuertemente al Tribunal Superior Electoral para que anulara las elecciones. Pero el TSE se negó a ceder a las amenazas y validó el escrutinio, denunciando la acción de Bolsonaro y calificando sus acusaciones de “ridículas e ilícitas”, afirmando que eran “ostensiblemente conspirativas al Estado democrático de derecho”. Incluso el Ministerio de Defensa concluyó que no hubo fraude en un informe de noviembre de 2022.[10]

El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la ceremonia de investidura de Lula, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, negándose a cumplir con la tradición republicana de entregar la banda a su sucesor, símbolo de una transición pacífica. Era la primera vez desde el advenimiento de la democracia en 1985 que un presidente saliente se negaba a saludar al nuevo mandatario. Aquel año el general Joao Figueredo, último jefe de la junta militar, se negó a participar en la ceremonia de investidura del Presidente electo José Sarney.[11] La actitud de Bolsonaro fue incluso criticada públicamente por su vicepresidente saliente, el general Hamilton Mourao: “Líderes que deberían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país han permitido que su silencio o su protagonismo inoportuno y dañino creen un clima de caos y desintegración social”.[12]

El 1ro de enero de 2023, la ceremonia de investidura reunió a numerosas delegaciones oficiales de todo el mundo para presenciar la toma de posesión de Lula como Presidente de la República, lo que ilustró el apoyo internacional al nuevo poder. Cientos de miles de brasileños viajaron a la capital para dar la bienvenida al advenimiento de una era diferente para Brasil, marcado por cuatro años difíciles. Para simbolizar la nueva etapa para el pueblo brasileño, especialmente para las categorías más indigentes, Lula eligió a una mujer de 33 años recolectora de basura, Aline Sousa, para entregarle la banda presidencial.[13]

En su discurso de investidura, Lula recordó la larga y difícil batalla jalonada de obstáculos que lo llevó a la victoria, denunciando el uso de fondos públicos con fines electorales por parte de su adversario. Presentó un requisitorio contra el gobierno saliente por “destruir las políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la sanidad y la educación”. Prometió a los brasileños una “vida digna, sin hambre, con un acceso al empleo, la sanidad y la educación”.[14]

Una semana después, el 8 de enero de 2023, miles de activistas de extrema derecha se reunieron en la capital, Brasilia, en lo que fue claramente una operación cuidadosamente planificada. Lanzaron un asalto de varias horas contra las tres principales instituciones democráticas del país, el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo, tres joyas de la Plaza de los Tres Poderes, edificadas por el arquitecto Oscar Niemeyer, saqueando los locales y destruyendo obras de arte de un valor incalculable, con el objetivo de quebrantar la legalidad constitucional. Dos años casi exactos después del ataque al Capitolio en Washington por parte de los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el resultado de las elecciones, Brasil vivió el mismo dramático episodio. La comunidad internacional condenó unánimemente el atentado contra el Estado de derecho.[15]

El Presidente Lula firmó un decreto que delega la seguridad de la capital en las autoridades federales hasta finales de enero de 2023.[16]Hasta 1.200 personas han sido detenidas y el Tribunal Supremo ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de los golpistas en un plazo de 24 horas.[17]

Las responsabilidades

A pesar de sus negativas, el principal autor intelectual de este intento de golpe de Estado es el mismo presidente saliente.[18] De hecho, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente los resultados electorales unánimemente reconocidos, avivando las llamas del resentimiento de sus partidarios y galvanizando a los sectores más radicales tentados por la ilegalidad. Como señala el New York Times, el asalto fue “la violenta culminación de los incesantes ataques retóricos del Sr. Bolsonaro contra el sistema electoral del país”.[19]Por su parte, CNN subrayó que “Bolsonaro ha puesto constantemente en duda la legitimidad de la votación, sin presentar ninguna prueba”.[20]El ex jefe de Estado abrió así la vía a una acción violenta sin precedentes en la historia del Brasil democrático. A través de su abogado, persistió en calificar los acontecimientos de “movimiento social espontaneo dirigido por la población”. El Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra él. Según la prensa estadounidense, “no hay duda de que inspiró a las aproximadamente 5 000 personas presentes en la manifestación que se volvió violenta”.[21]Además de la responsabilidad de Bolsonaro, también está la de los grupos que prestaron apoyo material y financiero para la organización de tal operación.

Los servicios de inteligencia tenían sin duda toda la información necesaria sobre los proyectos violentos de los militantes bolsonaristas. Por ejemplo, numerosos mensajes que circulaban por Telegramy WhatsApp llamaban a “atacar infraestructuras estratégicas, como refinerías de petróleo y a levantar barricadas”. No cabe duda de que los grupos de manifestantes estaban infiltrados por agentes de los servicios de inteligencia, como ocurre en cualquier país del mundo. Así, según una nota de la policía militar de Brasilia, no menos de 100 autobuses con más de 4.000 personas llegaron a la capital entre el viernes 6 de enero y el domingo 8 de enero de 2023.[22]No obstante, no se tomaron medidas para detener a los organizadores e impedir la agresión.

Además, la responsabilidad del ejército está claramente comprometida, ya que aceptó la presencia del bando golpista, que pedía la ruptura del orden constitucional, durante más de diez semanas en una zona de seguridad nacional. Además, el día de los disturbios, el batallón de la guardia presidencial estacionado permanentemente en el Palacio del Jefe del Estado no consideró oportuno intervenir para impedir la invasión. Estos soldados “incluso impidieron, en varias ocasiones, que la policía detuviera a los alborotadores”, según Le Monde.[23]

Del mismo modo, no cabe duda de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que debían proteger la capital. El contingente de policías presentes en Brasilia era mucho menor que el necesario para custodiar las diferentes instituciones de la democracia brasileña. El riesgo de incidentes era muy alto dada la presencia masiva y beligerante de los extremistas de Bolsonaro. El 6 de enero se había celebrado una reunión entre Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, y las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el jefe de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y se había llegado a un acuerdo sobre el número de agentes que se desplegarían para proteger las instituciones en previsión de la manifestación del domingo. Ahora bien, contra todo pronóstico, el contingente presente fue mucho menor de lo acordado. El Ministro Dino denunció un cambio de ultima hora, sin explicación alguna por parte de las autoridades de Brasilia.[24]Así, mientras la explanada debía estar cerrada a los manifestantes, el gobernador Rocha decidió en el último momento abrirla. El Ministro de Justicia sólo se enteró por la prensa.[25]En lugar de cumplir su misión de proteger la zona, la policía se distinguió por su inacción e incluso complicidad con los golpistas. El New York Times expresó su asombro: “Han circulado por Internet vídeos en los que se ve cómo los agentes presentes parecen escoltar a los manifestantes hacia los edificios federales y se detienen para hacerse selfies con ellos”.[26]El Presidente Lula denunció “la connivencia explícita de la policía con los manifestantes”. La justicia brasileña ya ha empezado a actuar arrestando al responsable de la seguridad de la capital.[27]

Inicialmente, el Tribunal Supremo suspendió por 90 días al gobernador Torres de Brasilia, firme partidario de Bolsonaro y exministro de Justicia.[28]Pero la policía descubrió en su domicilio un proyecto de decreto presidencial destinado a anular la elección de Lula mediante una toma de control del Tribunal Superior Electoral por el gobierno federal, lo que provocó un escándalo sin precedentes en Brasil. El documento, sin fecha, llevaba el nombre de Bolsonaro al final con un espacio reservado para su firma. Torres, en un torpe intento de defensa, pidió que no se juzgara el documento “fuera de contexto”, reconociendo así la autoría del proyecto y la autenticidad del documento destinado a preparar un golpe de Estado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades, a la espera de un juicio.[29]

El Código Penal francés

En cualquier democracia occidental, los acontecimientos del 8 de enero se castigarían con duras penas de prisión. Por ejemplo, según el Articulo 412-1 del Código Penal francés, “cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República” está “castigado con treinta años de reclusión criminal y 450.000 euros de multa”. Además, las penas se elevan a cadena perpetua y multa de 750.000 euros si los hechos son “cometidos por una persona que ostente autoridad pública”. El artículo 412-4 impone una pena de “quince años de prisión y 225.000 euros de multa por participar en un movimiento insurreccional”. Este último última se define: “ocupar por la fuerza o mediante engaño o destruir cualquier edificio o instalación; proporcionar transporte, sustento o comunicaciones a los insurgentes; hacer que los insurgentes se reúnan por cualquier medio”.[30]

El intento de golpe de Estado que orquestaron los partidarios de Bolsonaro ilustra la verdadera cara de la extrema derecha, incapaz de respetar los principios democráticos cuando el voto popular está en su contra. En un país que aún arrastra las dolorosas cicatrices de dos décadas de dictadura militar, fracturado y polarizado por el gobierno saliente, la misión del Presidente Lula es recuperar la necesaria cohesión nacional y recordar a todos los brasileños, independientemente de su tendencia política, que la nación es de todos y que tiene el deber moral de velar por las categorías más frágiles. “Orden y Progreso”, es el lema republicano de Brasil.

[1]Agence France-Presse, « Congratulations Pour In for Brazil President-Elect Lula », 31 de octubre de 2022.

[2]United Nations Human Right Office of the Hight Commissionner, « Brazil : Criminal proceedings against former President Lula da Silva violated due process guarantees, UN Human Rights Committee finds », United Nations, 28 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-criminal-proceedings-against-former-president-lula-da-silva-violated(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

[3]Glenn Greenwald & Victor Poury, « Hidden Plot. Exclusive: Brazil’s Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election », The Intercept, 9 de enero de 2019. https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[4]Reuters, « Brazil judge orders ex-president Lula released from prison », 8 de noviembre de 2019.

[5]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[6]Reuters, « Brazil’s Bolsonaro extols convicted torturer as a ‘national hero’ », 8 de agosto de 2019.

[7]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[8]Heriberto Araujo, « For Lula and the World, the Tough Job of Saving the Amazon Begins », The New York Times, 31 de diciembre de 2022 ;Ecole de Politique Appliquée, « Election présidentielle au Brésil : le retour historique de Lula », Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrook, 8 de noviembre de 2022. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3324(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[9]Vanessa Barbara, « The ‘Trump of the Tropics’ Goes Bust », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[10]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[11]AFP/Le Point, « Brésil : Bolsonaro s’envole pour les Etats-Unis avant la fin de son mandat », 31 de diciembre de 2022.

[12]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[13]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[14]Lula da Silva, « Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional », 1de enero de 2023. https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[15]The New York Times, « Governments Condemn Brazil Protests », 8 de enero de 2023 ; Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Supporters Lay Siege to Brazil’s Capital », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[16]David Biller, « Authorities probe who was behind uprising in Brazil capital », Associated Press, 9 de enero de 2023.

[17]Ana Ionova & Jack Nicas, « Here’s the latest on the riot in the Brazilian capital », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[18]Jack Nicas, « Bolsonaro has been holed up thousands of miles away in Florida », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[19]Jack Nicas & André Spigariol, « Her’s what to know about the protest fueled by false claims of electoral fraud », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[20]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[21]Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Faces Investigation for Inspiring Brazil’s Capital Riot », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[22]Alan Yuhas, « What We Know About the Investigations Into the Brazil Protests », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[23]Bruno Meyerfeld, « Au Brésil, les limites de la purge de Lula dans l’armée, après les émeutes du 8 janvier », Le Monde, 21 de enero de 2023.

[24]Jack Nicas, « What Drove a Mass Attack on Brazil’s Capital ? Mass Delusion », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[25]Jack Nicas & Simon Romero, « ‘We Wille Die for Brazil’ : How a Far-Right Mob Tried to Oust Lula », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[26]Amanda Taud, « A Vital Question for Brazil’s Democracy : Where Were the Police ? », The New York Times, 11 de enero de 2023.

[27]Tara John Rodrigo Pedroso & Kareem El Damanhoury, « Brazilian President Lula criticizes police for protesters’ breach of government buildings », CNN, 10 de enero de 2023.

[28]Reuters, « Brazil’s Top Court Removes Brasilia Governor Over pro-Bolsonaro Riots », 8 de enero de 2023.

[29]Agence France-Presse, « Election au Brésil : révelations compromettantes dans l’entourage de Bolsonaro », 13 de enero de 2023 ; Le Monde, « Au Brésil, Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, a été arrêté », 14 de enero de 2023.

[30]Code pénal français, « Article 412-1 & 412-4 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136044/#LEGISCTA000006136044

(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

Publicado en https://rebelion.org/quien-esta-detras-del-intento-de-golpe-de-estado-contra-la-democracia-brasilena/ y compartido con SURCOS por el autor.

Imagen: Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media

Troles y democracia

Escrito en 16/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

El escándalo de los troles se inscribe dentro de las luchas políticas en defensa de la información trasparente y de la democracia. Más allá de los dimes y diretes y de lo detestable que puede ser y parecer un trol, el trasfondo de las denuncias y del desenmarcariamiento de este tipo de conductas, se enmarca dentro de la defensa de los principios democráticos de la sociedad.

Callar ante los troles o de los sicarios políticos es legitimar la mentira, el acoso, denigrar a lo más bajo a las personas, inventar las peores ofensas, ocultos en la oscuridad del anonimato y la impunidad. Desenmascarar este tipo de acciones políticas es necesario para intentar adecentar las luchas sociales, aspecto en el que tienen especial interés las fuerzas patrióticas nacionales.

Esta lucha en la Asamblea Legislativa y en otros medios probablemente no va lograr eliminar la existencia de este tipo de prácticas, pero sí dejará en evidencia a aquellos políticos que se ufanan de honestos y diáfanos, pero que utilizan métodos o procedimientos de lo más vil como el uso de troles. Eso es muy importante para limpiar, aunque sea en una mínima parte, los procesos políticos y tal vez que los dirigentes que los utilizan sepan que son ellos los sicarios intelectuales de los troles.

El trabajo de la Asamblea por desenmascarar a los troles será, también, un beneficio para crear algo de conciencia social y política en sectores de la población. Aunque fuere mínima es una acción necesaria para avanzar en la creación de esa conciencia. Esa lucha es beneficiosa para el país y para el pueblo. Bien vale llevarla a cabo.

Lo que podría parecer extraño es que guardemos silencio ante las formas y las acciones espurias que usan, como es el caso de los sicarios políticos, para atacar a las personas que les pueden parecer incómodas o que minimicemos las denuncias emprendidas contra esos procedimientos.

Los troles son un ataque a la democracia porque utilizan sujetos inexistentes, falsos y mercenarios para acallar la oposición, denigrar o destruir personas que critican, así como enturbiar el debate franco y abierto de los actos gubernamentales. Los troles son un problema nuevo y serio que habrá que ir desenmascarando.

Los troles o sicarios políticos son un arma utilizada por la extrema derecha en todo el mundo, para ganar elecciones de forma truculenta. Por ello es más urgente su denuncia, así como exponer su peligro democrático.

Como han dicho sobre la obra del filósofo Han: “Los bots -las cuentas falsas automatizadas en las redes sociales- difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas apuntalando la desinformación. Las teorías de la conspiración y la propaganda dominan el debate político”.

Esta campaña emprendida por diputados de la Asamblea contra los troles puede que no logre mayor cosa, pero es importante empezar exponiendo ante la opinión pública y la conciencia social a los sicarios intelectuales.

Brasil: Advertencia a la navegación democrática

Escrito en 13/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Boaventura de Sousa Santos*

Lo que ocurrió en Brasilia el pasado día 8, una semana después de la toma de posesión del presidente Lula da Silva, es un acontecimiento que solo tomó por sorpresa a quienes no quisieron o no pudieron informarse de sus preparativos, ampliamente difundidos en las redes sociales. La ocupación violenta de las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial y de los espacios aledaños, así como la depredación de los bienes públicos de estos edificios por parte de manifestantes de extrema derecha, constituyen actos de terrorismo planeados y minuciosamente organizados por sus cabecillas. Se trata, por tanto, de un acontecimiento que pone en serio peligro la supervivencia de la democracia brasileña y que, por la forma en que sucedió, puede amenazar mañana otras democracias en el continente y en el mundo. Conviene, pues, analizarlo a la luz de su importancia. Las principales características y lecciones son las siguientes:

El movimiento de extrema derecha es global y sus acciones a escala nacional se benefician de experiencias antidemocráticas extranjeras y a menudo actúan en alianza con ellas. Es conocida la articulación de la extrema derecha brasileña con la extrema derecha estadounidense. El conocido portavoz de esta última, Steve Bannon, es amigo personal de la familia Bolsonaro y desde 2013 ha sido una figura tutelar de la extrema derecha brasileña. Además de las alianzas, las experiencias de un país sirven de referencia a otro y constituyen un aprendizaje. La invasión de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia es una copia «mejorada» de la invasión del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, pues aprendió de ella y trató de hacerlo mejor. Fue organizada con más detalle, procuró traer a mucha más gente a Brasilia y utilizó varias estrategias para hacer que la seguridad pública democrática sintiese que nada anormal sucedería. Los cabecillas tenían como objetivo ocupar Brasilia con al menos un millón de personas, sembrar el caos y permanecer el tiempo necesario para permitir la intervención militar que pusiese fin a las instituciones democráticas.
Se pretende hacer creer que se trata de movimientos espontáneos. Por el contrario, están organizados y tienen una profunda capilaridad en la sociedad. En el caso brasileño, la invasión de Brasilia se organizó desde diferentes ciudades y regiones del país y en cada una de ellas había líderes identificados con un número de teléfono para poder ser contactados por los adherentes. La participación podía adoptar muchas formas. Quienes no pudiesen viajar a Brasilia, tenían misiones que cumplir en sus localidades, bloqueando la circulación de combustibles y el abastecimiento de los supermercados. El objetivo era crear caos por la carencia de productos esenciales. Algunos recordarán las huelgas de camioneros que precipitaron la caída de Salvador Allende y el fin de la democracia chilena en septiembre de 1973. A su vez, el caos en Brasilia tenía objetivos precisos. Fue asaltada la sala del Gabinete de Seguridad Institucional, ubicada en el sótano del Palacio de Planalto, donde fueron robados documentos confidenciales y armamento de alta tecnología, lo que demuestra que hubo entrenamiento y espionaje. También se encontraron cinco granadas en el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional.
En los países democráticos, la estrategia de extrema derecha se basa en dos pilares: a) invertir fuertemente en las redes sociales para ganar las elecciones con el objetivo de, si las gana, no usar el poder democráticamente ni dejarlo democráticamente. Así fue con Donald Trump y con Jair Bolsonaro como presidentes. b) En el caso de que no prevea ganar, comenzar a cuestionar desde antes la validez de las elecciones y declarar que no acepta ningún otro resultado que no sea su victoria. El programa mínimo es perder por un pequeño margen para hacer más creíble la idea del fraude electoral. Fue lo que ocurrió en las últimas elecciones en Estados Unidos y en Brasil.
Para tener éxito, este ataque frontal a la democracia necesita contar con el apoyo de aliados estratégicos, tanto nacionales como extranjeros. En el caso de los apoyos nacionales, los aliados son fuerzas antidemocráticas, tanto civiles como militares, instaladas en el aparato de gobierno y de la administración pública que, por acción u omisión, facilitan las acciones de los rebeldes. En el caso brasileño, es particularmente clamorosa la connivencia, la pasividad e incluso la complicidad de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y de sus dirigentes. Con el agravante de que esta región administrativa, por ser sede del poder político, recibe cuantiosos ingresos federales con el propósito específico de defender las instituciones. En el caso brasileño, es escandaloso también que las Fuerzas Armadas se hayan mantenido en silencio, sobre todo cuando era conocido el propósito de los organizadores de crear el caos para provocar su intervención.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas toleraron la instalación de campamentos de manifestantes frente a los cuarteles, un área de seguridad militar, y que permanecieran allí durante dos meses. Fue así como la idea del golpe prosperó en las redes sociales. En este caso, el contraste con Estados Unidos es flagrante. Cuando se produjo la invasión del Capitolio, los jefes militares estadounidenses hicieron cuestión de subrayar su defensa de la democracia. En este sentido, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, que parece apostado en una buena y reverente relación con los militares, no augura nada bueno. Es un ministro problemático después de todo lo que ha sucedido. Brasil está pagando un precio muy alto por no haber castigado los crímenes y a los criminales de la dictadura militar (1964-1985), teniendo en cuenta que algunos crímenes ni siquiera prescribieron. Esto fue lo que permitió al expresidente Bolsonaro elogiar a la dictadura, rendir homenaje a los militares torturadores y designar militares, algunos fuertemente comprometidos con la dictadura, en importantes cargos de un gobierno civil y democrático. Solo así se explica por qué hoy se habla del peligro de un golpe militar en Brasil, pero no en Chile o en Argentina. Como es sabido, en estos dos países los responsables de los crímenes de la dictadura militar fueron juzgados y penados.

Además de los aliados nacionales, los aliados extranjeros son cruciales. Trágicamente, en el continente latinoamericano, Estados Unidos ha sido tradicionalmente el gran aliado de los dictadores, cuando no directamente el instigador de golpes de Estado contra la democracia. Resulta que, esta vez, Estados Unidos estaba del lado de la democracia y eso hizo toda la diferencia en el caso de Brasil. Estoy convencido de que, si Estados Unidos hubiera dado las habituales señales de aliento a los aspirantes a dictadores, hoy estaríamos frente a un golpe consumado. Desgraciadamente, a la luz de una historia de más de cien años, esta posición estadounidense no se debe a un repentino celo por la defensa internacionalista de la democracia. La posición de Estados Unidos estuvo estrictamente determinada por razones internas. Apoyar el bolsonarismo de extrema derecha en Brasil sería dar fuerza a la extrema derecha trumpista estadounidense, que sigue creyendo que la elección de Joe Biden fue el resultado de un fraude electoral y que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. De hecho, preveo que mantener una extrema derecha fuerte en Brasil será importante para los propósitos de la extrema derecha estadounidense en las elecciones de 2024. Es de esperar que la intención sea crear una situación de ingobernabilidad que dificulte al máximo la actuación del presidente Lula da Silva en los próximos años. Para que esto no suceda, es necesario que los golpistas y depredadores sean severamente castigados. Y no solo ellos, sino también sus mandantes y financistas.
Para garantizar la sostenibilidad de la extrema derecha es necesario tener una base social, disponer de financiadores-organizadores y de una ideología lo suficientemente fuerte como para crear una realidad paralela. En el caso de Brasil, la base social es amplia, dado el carácter excluyente de la democracia brasileña, que hace que amplios sectores de la sociedad se sientan abandonados por los políticos democráticos. Brasil es una sociedad con gran desigualdad socioeconómica, agravada por la discriminación racial y sexual. El sistema democrático potencia todo esto hasta el punto de que el Congreso brasileño es más una caricatura cruel que una representación fiel del pueblo brasileño. Si no es objeto de una profunda reforma política, eventualmente será completamente disfuncional. En estas condiciones, existe un amplio campo de reclutamiento para las movilizaciones de extrema derecha. Obviamente, la gran mayoría de los que participan en ellas no son fascistas. Solo quieren vivir con dignidad y no creen que esto sea posible en democracia. En cuanto a los financiadores-organizadores, parecen ser, en el caso de Brasil, sectores del bajo capital industrial, agrario, armamentista y de servicios que se beneficiaron del (des)gobierno bolsonorista o con cuya ideología se identifican más.

En lo que se refiere a la ideología, parece asentarse sobre tres pilares principales. En primer lugar, el reciclaje de la vieja ideología fascista, es decir, la lectura reaccionaria de los valores de Dios, Patria y Familia, a los que ahora se suma la Libertad. Se trata sobre todo de defender incondicionalmente la propiedad privada para así, con eso: a) poder invadir y ocupar la propiedad pública o comunitaria (territorios indígenas); b) defender efectivamente la propiedad, lo que implica armar a las clases propietarias; c) tener legitimidad para rechazar cualquier política ambiental; y, d) rechazar los derechos reproductivos y sexuales, en particular el derecho al aborto y los derechos de la población LGBTIQ+. En segundo lugar, la ideología implica la necesidad de crear enemigos a destruir. Los enemigos tienen varias escalas, pero la más global (y abstracta) es el comunismo. Cuarenta años después de que, al menos en el hemisferio Occidental, han desaparecido los regímenes y partidos que defienden la implantación de sociedades comunistas, este sigue siendo el fantasma contradictoriamente más abstracto y más real. Para entender esto es necesario tener en cuenta el tercer pilar de la ideología de extrema derecha: la creación incesante y capilar en el tejido social de una realidad paralela, inmune a la confrontación con la realidad real, llevada a cabo por las redes sociales y por las religiones reaccionarias (iglesias evangélicas neopentecostales y católicas antipapa Francisco) que vinculan fácilmente el comunismo y el aborto y así infunden un miedo abisal en poblaciones indefensas, todo ello facilitado por el hecho de que hace tiempo que éstas perdieron la esperanza de tener una vida digna.

El intento de golpe de Estado en Brasil es un aviso a la navegación. Los demócratas brasileños, latinoamericanos, estadounidenses y, en última instancia, de todo el mundo deben tomar esta advertencia muy en serio. Si no lo hacen, mañana los fascistas no se limitarán a tocar la puerta. Seguramente irrumpirán sin ceremonia para entrar.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Nota del editor de Other News: Debido a la delicada situación en Brasil, trasmitimos de inmediato en forma adelantada del habitual servicio de nuestro servicio distribuido en las tardes, este interesante análisis del profesor de las universidades de Coímbra (Portugal) y de Wisconsin-Madison (EE.UU), Boaventura de Sousa Santos recibido esta mañana.

*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo enviado a OtherNews por el autor, el 10.01.23

La derecha peruana masacra al pueblo y acusa a las víctimas

Escrito en 12/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La profunda crisis de legitimidad política en la que se ha venido sumiendo la nación peruana, a partir de la elección del profesor Pedro Castillo Terrones, como resultado de la segunda vuelta electoral efectuada en el mes de junio de 2021, es el resultado de la incapacidad –por así llamarla- de la derecha de aceptar un resultado electoral que le sea adverso, a semejanza de lo ocurrido hace apenas unos días en Brasil: la legitimidad reside en el elegido para el período 2021-2026 y no en sus detractores.

Desde el momento en que se conocieron los resultados electorales, la candidata ultraderechista Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, que gobernó ese país con mano de hierro, a lo largo de toda la década de los noventa, desconoció los resultados de esas elecciones generales, llegando a acusar a algunos votantes andinos del Perú Profundo de haber actuado de manera tramposa e irregular, cosa que fue desmentida con sólidas pruebas. Era su tercer intento fallido de alcanzar la presidencia de ese país sudamericano.

Durante la mayor parte de junio y julio de ese año, cuando faltaban pocos días para la proclamación del presidente electo, que debía asumir el día 28 de julio de 2021, la derecha bruta y achorada del Perú acudió a todos los recursos que pudo para impedir que el organismo electoral proclamara al ganador. Después, ante el inevitable juramento del nuevo presidente, emprendieron la ruta hacia la vacancia o destitución de Castillo, acusándolo de “terrorista” y enemigo de la democracia (en realidad del corrupto régimen oligárquico imperante). De ahí en adelante, se sucedieron dieciséis meses de hostigamiento incesante, por parte de la prensa, el congreso y un poder judicial sujeto a los designios de los poderes fácticos del país, cuyos jueces y fiscales acudieron a la figura del lawfare, judicializando la política para enlodar al gobernante rechazado por los poderes fácticos.

Se acudió a dos intentos fallidos de vacancia, a negar el voto de confianza a numerosos ministros que debieron renunciar, por lo no pudo llevar adelante su gestión, asediada por una prensa corporativa y totalitaria. El hecho de que el nuevo presidente no fuera un hombre de izquierda ni cosa que se le parezca, tampoco condujo a un cambio de actitud de sus adversarios limeños (e incluso algunos señorones serranos, como la presidenta del congreso María del Carmen Alva). La condición de campesino serrano y mestizo lo hacía inaceptable e indigerible para las viejas élites del Perú, las que terminaron acorralándolo, y dándole un golpe de estado con la abierta intervención de la Embajada de los Estados Unidos, a pesar de los intentos reiterados de Pedro Castillo de obtener el respaldo de la Casa Blanca.

Lo más probable es que la negativa del presidente Castillo de emplear la fuerza contra las comunidades campesinas, las que se oponen a los depredadores proyectos mineros en la región de los Andes, basados en contratos ley típicamente colonialistas, propiedad de empresas canadienses y españolas, entre otras condujo al desenlace: un fallido intento del presidente de cerrar el congreso y llamar a elecciones para una asamblea constituyente, ocurrido el día 7 de diciembre tal y como había prometido durante la campaña electoral, un hecho del que no se sabe mucho porque el presidente fue secuestrado por las propias fuerzas de seguridad, cuando intentaba llegar a la Embajada de México en Lima. Un mes después el presidente legítimo permanece en la misma condición sin que haya sido posible conocer su versión libre de los hechos.

La hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte asumió el mando del ejecutivo, dándole la espalda a sus antiguos aliados, y acudiendo de inmediato a la represión más sanguinaria contra las poblaciones rurales y urbanas de los Andes que rechazan el golpe dado por los militares, la prensa y el congreso. Por otra parte ante la evidente falta de legitimidad del nuevo régimen, escudado en una débil legalidad e ignorando el abierto rechazo de más del 90 por ciento de la población, Boluarte y los militares han optado por la represión y una campaña de calumnias contra las mayorías que protestan, las que hasta el momento han sufrido la pérdida de medio centenar de vidas en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Arequipa, Puno y otros puntos de la geografía peruana, pensando erróneamente que con el mero ejercicio de la fuerza militar y policial se fortalecen, pudiendo así perpetuarse en el poder, cuando en realidad acontece todo lo contrario, conforme pasan las horas y los días.

Estos fascistas, disfrazados de demócratas, llenos de odio racista y clasista, se aferran al poder a sangre y fuego, llevando a cabo limpiezas étnicas contra los aymaras y quechuas del altiplano ¿cuántos muertos más se necesitarán para que se vayan? o ¿es que acaso pretenden perpetuarse en el poder mediante una masacre de dimensiones colosales? De lo que no hay duda es de que la frágil institucionalidad democrática latinoamericana se encuentra en serio peligro de muerte: lo ocurrido en la vecina Bolivia en noviembre de 2019 y en Brasil el domingo 8 de enero de 2023, revelan la necesidad de enfrentar con firmeza, inteligencia y prudencia la amenaza totalitaria de una derecha que jamás ha sido democrática.

Etiqueta: democracia

Juan Huaylupo

Oscar Madrigal

Salim LamraniUniversité de La Réunion

Óscar Madrigal

Por Boaventura de Sousa Santos*

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

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