Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.
Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.
La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.
De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.
¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.
Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.
Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.
La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.
Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.
La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.
Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.
Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.
En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.
Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.
Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.
Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.
Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.
Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?
Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.
La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.
Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.
Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.
La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.
Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.
El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.
Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.
Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.
Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.
Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.
Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.
En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.
La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.
Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del Poder hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana, de sus propios municipios.
La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los Diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.
Independientes los países latinoamericanos procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el Poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.
En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas, que garantizaban el acceso al Poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.
En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912 se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo, hasta 1924 se estableció el voto secreto y con la Constitución Política de 1949 se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974 los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien, y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.
En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340.000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos, mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.
La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, con la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aún en gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos de hecho se han impuesto en casi todo el mundo.
Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el Poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del Poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilita o permite su permanencia.
La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Sicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país, hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.
Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.
La lucha por el Poder Político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.
La Política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al Poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los Poderes públicos. De allí que la Política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.
En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto, otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes, otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.
Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la Democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y por ello a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la Política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes, dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al Poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.
Para mí el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.
El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.
Está el votante que se presenta a las urnas y vota en blanco, devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.
A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer, a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.
El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.
Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países, segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.
El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un Nuevo Pacto Nacional, a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.
Voces y Política: Hoy conversaremos sobre “El gobierno del PAC y el debilitamiento de la institucionalidad democrática costarricense” con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: Directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica. Teléfono: 2234 3233 ⏰5:00 pm 📻Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
“No temas Jeanine No tengas miedo, Jeanine. A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara. No te raparán la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda. No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos. No lo permitirían » las polleras «, esas cholas que tanto despreciaste y perseguiste. No tengas miedo, Jeanine. Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados. Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo. No tengas miedo Jeanine. Aunque hayas renegado de ser » una coya» y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo. Ellas, nosotras, no somos como vos.” CECILIA SOLÁ.
A PROPÓSITO DE LA DETENCIÓN DE JANINE ÁÑEZ, LA EXDICTADORA, ORDENADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA DE BOLIVIA.
Cuán flaca y débil es la memoria histórica, una afirmación reiterada que se escucha a menudo, ella nos conduce a evidenciar lo que resulta ser el meollo de todo un tema de gran importancia en la vida social y política de nuestros países, tanto que debería ser objeto de una reflexión y una discusión muy profundas. ¿será por eso que para muchas gentes del común –por así llamarlas- lo que no aparece en las pantallas, las ondas radiales o en las páginas de los medios de comunicación del régimen de la dictadura neoliberal no existe o no existió y punto?
¿Será entonces, que por esos motivos muchos (as) ni siquiera se enteraron de la inmensa tragedia vivida, durante casi un año, por las grandes mayorías populares de Bolivia, a raíz del golpe de estado llevado a cabo por Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos bolivianos, actuando como la cabeza de los sectores fascistas más radicales en extremo racistas de ese país, con la decisiva complicidad y el apoyo activo de algunos jefes militares y policiales amotinados que exigieron la renuncia del presidente Evo Morales, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 (lo invitaron a dejar el gobierno y el país amenazándolo de muerte), cuando faltaban todavía más dos meses para cumplirse el período para el que había sido electo?
Estos fascistas llegaron al Palacio Quemado y a la Plaza Murillo de la capital boliviana, Biblia en mano y quemando o pisoteando la Whipala, el símbolo más sagrado y representativo de los pueblos originarios del Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia.
Por fortuna, hace un par de meses, el heroico pueblo boliviano ha revertido las cosas a costa de innumerables sacrificios, haciendo girar la rueda de la historia permitiendo así el regreso de la democracia.
Todo esto tuvo un alto precio, como fue la existencia de los 37 o 38 manifestantes muertos de Senkata, en la ciudad del Alto de La Paz, y en Sacaba en las proximidades de Cochabamba(en realidad llegaron a 40, porque algunos fallecieron en los hospitales), durante esos días, quienes actuaban en calidad de defensores del orden constitucional y del gobierno legítimo que estaba siendo derrocado fue entonces, y sigue siendo ignorada por los grandes medios de comunicación, de manera cínica (tienen esqueletos en el ropero y ni siquiera se ruborizan). Estos valerosos ciudadanos fueron víctimas de la represión militar lanzada por el régimen golpista de Jeanine Áñez, con el decisivo concurso de grupos paramilitares de choque de la ultraderecha, como los pititas y los cochalas motorizados de Cochabamba que cometieron innumerables atropellos en muchas partes del país, como sucedió con estos últimos, quienes torturaron a la alcaldesa de una pequeña ciudad de ese departamento: la rociaron de pintura roja, la raparon, la hicieron caminar descalza por un escabroso camino y a la orilla de un río le pusieron una pistola en la sien para que renegara de Evo y del MAS. Las cosas han cambiado y ella fue electa senadora por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales del 18 de octubre, cuando los bolivianos lograron recuperar la democracia. No a la impunidad de estos fascistas y en extremo racistas de las bandas cochalas y pititas armadas y motorizadas. Todo esto configuró un escenario que provocó que al dolor de los familiares de las víctimas se uniera un profundo sentimiento de injusticia, provocado por la impunidad en la que permanecen los autores de esos hechos. Cuando los alteños, llevando a sus muertos, bajaron para manifestar su duelo y determinación de lucha en las calles de La Paz, se les disparó y se les arrojaron gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas represivas al servicio de Jeanine Áñez, lo que provocó que los ataúdes de las víctimas quedaron tirados en las calles, dentro de lo que fue un grotesco y cruel espectáculo, además de una infinita vejación.
Ha llegado la hora de que la señora Áñez, los cívicos de Santa Cruz, los cochalas motorizados de Cochabamba, los militares y policías golpistas amotinados, a quienes mediante un decreto la dictadora, que ahora se victimiza y encuentra eco en la derecha continental, exoneró de toda culpa si cometían excesos como ya los mencionados en la salvaje represión ejercida contra quienes se resistieron al golpe de estado, junto los actos corruptos y violentos de los personeros de su régimen dictatorial de opereta por los que deben responder, los que son muchos más que los aquí mencionados.
Es así como, podemos constatar que la derecha neofascista de este continente quedó desenmascarada ante los ojos de muchas personas desaprensivas. Esas gentes no son demócratas, en modo alguno, sí no ganan las elecciones entonces hay fraude, cuando esto sucede entonces dan golpes de estado en la modalidad soft para negarlo después (Áñez dice que ese hecho no ocurrió), de paso asesinan y torturan a ciudadanos de las mayorías populares, de por sí para ellos no son seres humanos, si acaso son indios, llamas, animales de carga…
Con este título uno de los columnistas semanales de La Nación, el director del Estado de la Nación hace resumen de las enseñanzas de la pandemia. Hacemos otras valoraciones:
1-. El éxito tenido en el enfrentamiento de la crisis sanitaria se debe a la fortaleza de nuestro Estado de Bienestar y la existencia de instituciones como la Caja, AyA o un ministerio de Salud rector. Otros países como Perú alcanzaron tasas récord de muertes debido a la debilidad del Estado.
2-. La crisis golpeó de manera diferente a los sectores sociales; algunos de ellos no solo NO se vieron afectados, sino que aumentaron considerablemente sus capitales, por ejemplo, el sector exportador de zonas francas y los tradicionales.
3-. La crisis mostró el egoísmo y la poca solidaridad de estos sectores que nunca aceptaron -ni transitoriamente- un aporte tributario para ayudar al país, sino incluso hicieron negocios con el hambre, como es el caso de la Alianza Empresarial para el Desarrollo.
4-. Quedó de manifiesto que el Gobierno se plegó solo a los requerimientos del grupo empresarial más poderoso, rechazando siempre medidas tributarias de fondo que mantuvieran cierto equilibrio que propusieron las universidades, grupos sociales o economistas independientes. Los intentos de consenso y diálogo entre diferentes sectores y el Gobierno fueron minimizados y en algunos casos traicionados por el Gobierno.
5-. El bloque de 5 partidos Liberación Nacional, Unidad, PAC, Restauración y Nueva República, aprovecharon la crisis para la aprobación de un paquete de proyectos orientados contra los trabajadores y trabajadoras, contra el movimiento social y para cercenar derechos y limitar la democracia. El Partido Liberación Nacional ha demostrado que es el partido político más neoliberal de la actualidad.
6-. La crisis contribuyó a desmovilizar a los grupos organizados de la sociedad que ya venían en una crisis de organización y orientación política, potenciada por problemas subjetivos.
7-. La gran influencia de la prensa empresarial que aún fija agenda política hace temblar a los políticos, conserva el monopolio de las ideas ideológicas. El contrapoder que pueden ser las redes sociales aún no ha sido suficientemente aprovechado, aunque cada vez crece más en influencia.
8-. Junto a la crisis sanitaria se levantó una gran campaña con resultados exitosos contra los llamados privilegios de los empleados públicos que repite en especial los trabajadores que ganan los más bajos salarios. Esa lucha contra los privilegios de muy pocos funcionarios oculta los verdaderos privilegios de otros sectores que gozan de exenciones y subvenciones cuantiosas.
Por supuesto que hay muchas más enseñanzas de esta pandemia. Todos tenemos nuestras experiencias.
Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.
Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).
Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.
Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.
El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)
Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).
En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.
La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.
Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.
Compartimos la siguiente carta enviada a SURCOS por un grupo de personas costarricenses:
La historia nos convoca de nuevo a galopar
Carta dirigida al Presidente de Argentina por un grupo de representantes de distintos sectores de la sociedad costarricense:
Señor Presidente de la hermana Nación Argentina, Alberto Ángel Fernández:
Igual que en el pasado la larga hilera de Los Andes, que para nuestra convicción nace en los desiertos de Sonora, se va llenando de voces que llaman a la lucha y la unidad.
La lección está aprendida, y no hay que dejar resquicio alguno para que se cuele el agachamiento y la sumisión.
Con gran alegría vemos con ojos atentos los pasos que se vienen dando para cerrar filas. Argentina y México tienen una responsabilidad histórica para encabezar ese proceso, que no debe parar y que inicia con un acuerdo para fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación con miras a una alianza estratégica que incluye temas como soberanía, género, derechos humanos, certeza de acceso a vacunas y fortalecimiento económico.
Como no somos presa de la ingenuidad, sabemos que, igual que ayer, hay personas y fuerzas agazapadas. Están los viles y los aviesos. Son capaces, demostrado está, de ser crueles y traidores. Fueron realistas entonces, y ahora su baja estatura moral, les hace proclives a servir a poderes ajenos a los países que conforman. En las diferencias, hay un solo pueblo que seguirá reclamando victorias.
Lo que sucede con el resurgir del progresismo del Río Bravo al Cabo de Hornos, los lleva a descomponerse tanto que asumen formas y conductas del fascismo. Creen, en su desvarío, que con groseras iniciativas, difamando y acosando, son capaces de detener el galope que gana cadencia y velocidad y que conduce a la democracia, -que es sinónimo de justicia-, y a la soberanía, a la independencia, a la plena libertad.
Desde este rincón de esa América que no se cansa, que sabe que la vida nos va en la unidad, llegue nuestra voz de aliento, nuestro respaldo militante y comprometido al actual gobierno argentino de Alberto Fernández.
La armonía y la concordia del noble pueblo argentino conocemos que es su meta indeclinable. Con ustedes estamos, en filas cerradas como otrora, para seguir domando cordilleras sin desmayo.
Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.
La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.
Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.
Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.
Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.
En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.
Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.
Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.
Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.
Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.
“La sororidad constituye una experiencia práctica intelectual y política que se fortalece con la alianza entre las mujeres. Es más que la solidaridad ya que implica la modificación de las relaciones entre las mujeres para potenciar un mundo mejor”. Marcela Lagarde.
Pretendemos explorar algunos antecedentes internacionales y nacionales en la ruta de búsqueda de una mayor participación de las mujeres políticas en la vida pública de cara al Bicentenario de la democracia de Costa Rica. A partir de los antecedentes, nos referiremos a los obstáculos institucionales y partidarios a la participación efectiva de la mujer, a retrocesos en la democracia por desacato de los partidos políticos en Costa Rica. Frente a este reto, rescatamos la función de los mecanismos de la mujer en los partidos políticos; su lucha presente y futura en “sororidad” hacia una mayor igualdad y acceso al poder desde lo interno de los mismos partidos. Honramos el sentimiento colectivo que potencia y transforma al Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica (FREMUPP CR) en una alianza poderosa por la democracia paritaria y la equidad de género en el país.
LA LUCHA DE LAS MUJERES: CONTEXTO GLOBAL Y BICENTENARIO
La Costa Rica del Bicentenario es una realidad cada vez más cercana para nuestra nación; no obstante, la mitad de la población constituida por las mujeres, no se enrumba con un paso firme a celebrar doscientos años de igualdad. En tan crítica situación de la economía y la política nacional como han advertido el Estado de la Nación, los índices INEC sobre empleo, donde las mujeres y las jóvenes están sumidas en el subempleo, la informalidad y sujetas a altísimas tasas de endeudamiento y porcentajes de fracaso en sus emprendimientos, con pocas oportunidades de empleo digno y devueltas al ámbito doméstico con teletrabajo en triple jornada. Costa Rica en el 2019 ocupaba el número 44 entre 129 países en el índice global de igualdad de género y según el Foro Económico Mundial, el país se ubicó en el puesto 105, con una brecha de desigualdad del 32% en cuanto a sus oportunidades de educación, salario, participación económica y política en comparación con los hombres.
ONU Mujeres ha indicado que en gestión de talento empresarial, cuando hay más mujeres en los niveles gerenciales, aumenta la rentabilidad, el liderazgo horizontal y la innovación en la empresa. Es en este contexto y con un gran sentido de urgencia y preocupación por el futuro de nuestra sociedad costarricense, que las mujeres partícipes en organizaciones sociales y política partidaria, ocupamos desarrollar y ejercer liderazgos creando una mayor conciencia y participación ciudadana con equidad que persiga la igualdad y un mayor acceso al poder a través de nuestras mujeres en la toma de decisiones de alto nivel desde las organizaciones sociales y políticas.
A pesar de cumplir con 71 años de haber alcanzado el derecho y el ejercicio al sufragio para las mujeres en Costa Rica, la igualdad efectiva se asoma tímida mientras se nos enfatiza a las mujeres que somos seres humanos iguales en deberes y derechos políticos. Entonces, como mujeres políticas, requerimos del intercambio de saberes, herramientas y condiciones más favorables para el pleno ejercicio de nuestros deberes ciudadanos y el disfrute de nuestros derechos humanos y políticos en el país acorde con un mandato internacional dictado desde el Plan de Acción de la Conferencia de Beijing: buscar una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas en todas las áreas de la vida nacional.
Abundan ejemplos de los compromisos suscritos internacionalmente para la búsqueda activa de la igualdad de género como son los pronunciamientos en América Latina y el Caribe de los Consensos de Brasilia, Montevideo, Santo Domingo, Quito, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), dando impulso a temas vitales como la autonomía de las mujeres, la participación en todos los poderes del gobierno, la firma del protocolo facultativo, el establecimiento del aparato nacional para el adelanto de la mujer, entre otros. Costa Rica también suscribió la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en su Objetivo 5, “Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas”, ha fijado la meta 5.5 del liderazgo y de la participación plena y efectiva de la mujer en la vida pública, política y económica.
Todos estos esfuerzos internacionales permean la cultura política y requieren de acuerdos concretos para dar pasos firmes hacia el cumplimiento de una mayor igualdad de género en todos los ámbitos públicos y privados. No obstante, una Auditoría Operativa sobre los ODS de la Contraloría General de la República citado en el Informe Técnico de la Dirección Estratégica del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que únicamente se podría superar el bajo índice integrado de implementación del ODS 5 (45%) por medio de un Pacto Nacional para planificar, ejecutar, financiar y evaluar 14 indicadores nacionales. Las alianzas estratégicas interinstitucionales y la cooperación internacional eran necesarias para elevar la implementación del ODS 5 de la Agenda 2030.
Al respecto, la anterior Comisionada Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackleford, insistía entonces que los temas sociales como el tratamiento de la pobreza y la reactivación económica del país, debían verse desde planteamientos integrales que permitieran transversalizar la equidad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) anotó que las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en distintos ámbitos gubernamentales, en las esferas de la vida política y enfrentamos obstáculos estructurales a la participación tales como la desigualdad de oportunidades para encabezar nóminas, la falta de financiamiento para campañas y la violencia política.
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: EL CONTEXTO NACIONAL
En ese contexto nacional por imposición legal, la participación política de las mujeres se sigue promoviendo desde los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos porque requieren dotar sus estructuras en un 50% de mujeres. Pero las voces de alerta de grupos organizados de mujeres, del PNUD, de foros políticos y comunicados de prensa del mismo INAMU surtieron efecto en la preocupación por la perspectiva de género en la labor formativa del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED del TSE) y de otros entes como el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, genuinamente interesados en tener mayor incidencia desde la capacitación para empoderar mujeres y lograr una mayor democracia paritaria.
El Instituto Nacional de las Mujeres como ente rector de la institucionalidad para la igualdad de género se basa en tres publicaciones tituladas Estado I, II y III de los Derechos Humanos de las Mujeres, (2011, 2015 y 2019 respectivamente) para trazar entre varios temas, la evolución de la autonomía, la ciudadanía y la participación política de las mujeres en dos cuatrienios. En estos períodos, se reconocen algunos pasos sustantivos hacia la igualdad efectiva en más espacios de toma de decisiones pero advierten del efecto “latigazo” (“cuando se avanza en un paso, se retroceden en dos”) en nuestros derechos políticos. El Tercer Estado de los Derechos de las Mujeres (INAMU, 2019) parte de un acercamiento a los retos, los problemas o nudos críticos y estructurales aún existentes en Costa Rica para evidenciar el rezago en algunos derechos de las mujeres como la participación ciudadana. La exclusión histórica de las mujeres en la esfera de lo político-público visto desde una construcción cultural y social limitante que reduce nuestros derechos políticos a “una clara relación entre el hacer política de las mujeres y su subordinación” (INAMU, 2015) se debe a que siempre tenemos que enfrentar la división sexual del trabajo en el ámbito político. La desigualdad de género entonces impera en cada una de las áreas revisadas en las investigaciones del INAMU como la educación, la salud, el trabajo, las oportunidades, el acceso a la tecnología, pero sobre todo en la participación política.
En especial, hay indicadores de rezago en la participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en tanto no se aborde el tema de la promoción de las autonomías. Según Marcela Lagarde, la autonomía es “algo por construir” y parte de “la estrategia de lucha de las mujeres en el mundo”. (Lagarde, 1997). Desde la CEPAL (2016), la dimensión de la autonomía que se refiere a los derechos políticos es la del poder y la toma de decisiones. Además de las diferencias político-partidarias, las mujeres enfrentamos retos comunes en relación a la inclusión de mecanismos paritarios, al techo en el ascenso político, a las oportunidades de ejercer un liderazgo autónomo y de combatir los escenarios de violencia política en todas sus manifestaciones. Si no trabajamos juntas las mujeres políticas, superando las divisiones partidarias, dando la lucha y desarrollando autonomía en el poder y la toma de decisiones dentro de los partidos políticos, aunque aumente la participación de más mujeres, no será real ni sustantiva en su capacidad de incidencia interna ni en el impacto nacional.
La participación de las mujeres debe ser entonces efectiva y real. Atrás deben quedar las imposiciones de nombres de mujeres para cumplir con una cuota o el llenado de papeletas con sus nombres en función de objetivos políticos patriarcales. La falta de autonomía se justifica en una construcción social-cultural que no permite ubicar a las mujeres fuera del ámbito doméstico-privado. Muchas mujeres con potencial político no se autoperciben como sujetos con derechos y aspiraciones políticas válidas a pesar de su gran trabajo y experiencia a lo largo de los procesos electorales. Ese liderazgo de mujeres a veces se sustituye en la inscripción de papeletas con el nombre de “la esposa, la hija o sobrina” de los liderazgos de hombres usurpando el derecho que por mérito le corresponde a las mujeres que sí han trabajado. El peligro es que esta práctica sea aceptada por las mujeres en aras de sólo llenar en la esfera de lo político-público aquellas que sean impulsadas por hombres y mujeres sin tener una visión o perspectiva de género.
Por eso, una de las premisas de igualdad descansa en la idea de que una mayor participación de las mujeres en la política va en paralelo con la construcción social-cultural de la entrada de los hombres en la vida doméstica-privada. El tema de la corresponsabilidad en el cuido y compartir las tareas del hogar entre ambos géneros cobra aún más interés como resultado del confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde el recargo sobre el trabajo y el tiempo de las mujeres, produjo un retroceso de las mujeres hacia los roles domésticos y de cuido. (OEA CIM, 2020) Es consecuente, entonces que el confinamiento pueda haber reducido también la participación política de las mujeres, lo cual amerita ser analizado en algún otro momento.
Por último, la misión de la Organización de los Estados Americanos que observó las elecciones municipales 2020 y entrevistó a varias representantes oficiales de las mujeres en algunos partidos políticos, reveló que Costa Rica debe limitar la cantidad de veces consecutivas en que se pueden reelegir los alcaldes, no existiendo un derecho humano absoluto para ocupar un cargo, y que los derechos a elegir y ser electos pueden ser regulados, criterio fundamentado en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. La misión reiteró una recomendación hecha en el 2016 de ponerle un tope a la reelección de los alcaldes a través de una revisión de la legislación vigente. Más alarmante la misión también detectó casos de violencia política contra las mujeres, resaltando que solo 9 mujeres fueran electas alcaldesas y recomendó avanzar en la elaboración de una ley sobre violencia político-electoral contra las mujeres para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo tipo de violencia y discriminación en la política. (CRHoy, Febrero 3, 2020).
JURISPRUDENCIA Y VOTOS DE LA SALA: PARTIDOS MARCAN RETROCESOS EN LA RUTA NACIONAL Y MUNICIPAL HACIA LA PARIDAD
En este apartado se cita jurisprudencia, votos relevantes de la Sala Constitucional y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que permiten contrastar la normativa existente con lo que consideramos las mujeres políticas un retroceso en la ruta municipal y nacional hacia la paridad. En la Resolución Nº 16070 – 2015 “(…) la Sala afirma que -conforme al tenor literal y sistemático del Código Electoral- sí resulta exigido a los partidos políticos el respeto de la paridad no solo a lo interno de cada nómina sino a lo largo de todas las nóminas de elección popular, es decir la paridad en los encabezamientos o paridad horizontal, por lo cual dichas organizaciones deben tomar las acciones, acuerdos y procedimientos que juzguen más apropiados (incluyendo por supuesto las posibles consultas al Tribunal Supremo de Elecciones, como órgano competente) para dar cabal cumplimiento al mandato legal que se origina especialmente en los artículos 2 y 52 incisos ñ) y o) del recién citado cuerpo legal, según se ha explicado.” Apoyados en el principio de autonomía partidaria, no tanto los partidos más nuevos que han proliferado en Costa Rica, sino los partidos más tradicionales y patriarcales asumen riesgos incumpliendo o manteniendo los mínimos necesarios en sus estatutos con respecto a la paridad horizontal o en la implementación de los mecanismos a pesar de lo expresamente reglamentado en la normativa actual.
El TSE en la Resolución Nº 3603 – E8- 2016, que indica que “la paridad de las nóminas a candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50% de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación postule. Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario. No obstante, en caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas.
Esta aparente permisibilidad del órgano electoral nacional ha consentido que los partidos continúen inscribiendo papeletas a pesar de que en sus estatutos vigentes incumplan con la normativa electoral en cuanto al mecanismo que implementen para la paridad horizontal, por cuanto, de haber algún incumplimiento, el TSE puede corregir y subsanar a través del mecanismo de rifa. Esta resolución no generó los cambios necesarios ni mejoró la representación de las mujeres desde los partidos políticos. En el sistema democrático occidental, el único acceso a los puestos políticos es por medio de la participación en los partidos políticos; por consiguiente, para lograr una participación efectiva de las mujeres es necesario que se cumpla con los principios de justicia, equidad y representatividad de las mujeres en los puestos de elección popular. En el caso de Costa Rica, el artículo 98 de la Constitución Política obliga a los partidos políticos a respetar la ley y a ser democráticos en su funcionamiento. Consecuentemente, si las mujeres representamos casi el 50% de la población electoral del país, debemos reclamar la paridad que define el Artículo 2 del Código Electoral, pero con reglas claras. Consideramos que es legalmente viable que se le niegue la inscripción a aquellos partidos políticos que incumplan con establecer en su normativa interna las reglas claras sobre la participación de la mujer en el acceso a los puestos de elección interna y popular. Pese a lo anterior, los partidos pueden seguir participando en procesos electorales sin establecer en sus estatutos y reglamentos, los modelos que garanticen la paridad y la igualdad en sus procesos de elección en flagrante incumplimiento al Artículo 98 constitucional y en contra de las convenciones internacionales suscritas en el país sobre la participación y representación política de las mujeres.
Otro gran obstáculo para la participación política de un mayor número de mujeres se debe al financiamiento electoral. No puede haber una paridad real sin el acceso a los recursos que establece este cuerpo normativo como obligatorio sino se realizan actividades formativas específicas para el empoderamiento de las mujeres o sin actividades de sensibilización a los hombres que en conjunto generen el cambio cultural y político necesario a lo interno de las estructuras partidarias hacia la democratización paritaria de sus partidos. Con respecto a la obligación de destinar recursos de la contribución estatal al rubro de capacitación, el TSE desde el 23 de setiembre de 1999, emitió la resolución N° 1863, revirtiendo el criterio imperante desde 1977 (a partir del que bastaba que los partidos cumplieran con el 40% de mujeres en las nóminas, sin que el lugar que ocuparan fuera de relevancia) y establece que los partidos deben ubicar ese 40% en puestos elegibles. En cuanto a la obligación de destinar un porcentaje de la contribución estatal a capacitación femenina, la nueva legislación tuvo por génesis la indicada declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 193 del antiguo Código Electoral.
Nuestro Código Electoral reformado en el año 2009, a hoy instituye en sus artículos 2 y 52 la participación política de hombres y mujeres como un derecho humano, la alternancia como mecanismo para asegurar la participación de hombres y mujeres, la obligatoriedad de los estatutos de los partidos políticos en emitir normativa clara para la igualdad de condiciones de participación y la necesidad de fomentar la igualdad en la capacitación política. (Código Electoral, 2009). El resultado de la aplicación de la alternancia en la nómina de las diputaciones no rindió los resultados esperados dado que la mayoría de los encabezamientos fueron hombres por lo que inclusive se obtuvo una menor representación de mujeres diputadas que en el pasado. Este hecho demuestra que a pesar de la proliferación de nuevos partidos en la arena política de Costa Rica, la visión patriarcal se impuso y se manifestó en los encabezamientos de las nóminas de diputaciones de los distintos partidos participantes.
La labor del Tribunal Supremo de Elecciones aunque intencionada y corregida por la Sala Constitucional, fue insuficiente para impulsar junto con la reforma del 2009, la discusión de la democracia paritaria como un fin primordial en los partidos políticos, para crear mecanismos que impidieran la inscripción y participación electoral de aquellos partidos que incumplieran el espíritu del Artículo 2 del Código Electoral. La autonomía partidaria no es irrestricta: la Constitución Política y el mismo Código Electoral establecen requisitos de inscripción y funcionamiento partidario expresos en materia de paridad de género que los partidos políticos incumplen hasta el día de hoy como si nada.
Para las mujeres político-partidarias, el máximo órgano electoral llamado a promover desde el 2016 la cultura electoral hacia la democracia paritaria por la vía de la acción afirmativa-normativa es también omiso en coadyuvar ese proceso de cambio para las elecciones municipales 2020. Con la interpretación oficiosa en su Resolución No. 1724-E8-2019 dispensa a los partidos políticos de aplicar la paridad horizontal en los puestos uninominales, dictando que aplica únicamente para los puestos plurinominales, nóminas de regidurías y concejalías, que los encabezamientos de propietarios y suplencias serán el mismo género y que no aplicaba para alcaldías ni sindicaturas, que cada partido definiría su normativa y que la entrada en vigencia de la paridad horizontal en los puestos uninominales sería en el 2024.
La respuesta esperada por el comportamiento previo de los partidos políticos sería incumplir y boicotear la posibilidad de más encabezamientos de mujeres a los puestos de elección popular, delegaciones y órganos superiores. Es notorio que existen partidos de amplia trayectoria nacional que aunque hayan reescrito sus estatutos, incumplen con la aplicación de la normativa sobre la paridad horizontal o peor, los que aún no han realizado la reforma estatutaria necesaria haciendo caso omiso de los citados artículos 2 y 52 del Código Electoral. Por lo tanto, siguen en deuda con las mujeres que militan en sus filas por la incertidumbre que causa la falta de reglas de participación claras y la falta de certeza jurídica que al cabo, se da tanto para hombres como para mujeres. Como prueba de lo anterior tenemos, que de los 82 cantones que integran el país, sólo 9 mujeres son electas alcaldesas lo que equivale a únicamente el 9,7% de los gobiernos locales haciendo evidente la deuda histórica con los derechos políticos de las mujeres.
EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL SENTIDO COLECTIVO DE LUCHA
La historia nos recuerda que una mayor inclusión de las mujeres a la vida partidaria se gestó a partir de las luchas feministas por obtener el sufragio y luego establecer las cuotas de participación. Ninguna de estas luchas previas por reivindicar derechos políticos de las mujeres ha sido fácil. El debate sobre las cuotas, por ejemplo, versó sobre la imposición de mujeres en forma alterna “sólo por su género y no por su capacidad”, repitiendo la violencia estructural que nos ha excluido del derecho a elegir y ser electas. No obstante, la necesidad de ésta y otras acciones afirmativas darían como resultado un incremento de mujeres en las filas de los partidos políticos colaborando en distintas áreas del quehacer político más allá de labores sexistas como la preparación y distribución de los alimentos en campaña, la confección de banderas, la jefatura de los centros de votación, las labores secretariales, etc.
A pesar de que solamente el 25% de la población se declara militante de un partido político en Costa Rica, debemos reiterar que en tanto el único medio de acceso real al poder político estatal ocurre a través de los partidos políticos, es ahí en donde deben darse los cambios estructurales de la normativa interna y de la cultura política para promover la democracia paritaria. Por consiguiente, las acciones afirmativas no solamente deben ser indicativas sino también sancionatorias para la inscripción y participación electoral partidaria. Al reproducir las estructuras esa división sexual del trabajo político en subordinación para las mujeres, se excluye de una manera u otra, la presencia de más mujeres en encabezamientos y en puestos de toma de decisiones en los órganos de representación partidaria a pesar de que en toda la estructura de campaña, las mujeres normalmente asumen serias responsabilidades organizativas y logísticas (humanización de cantones, censos electorales, coordinación y gestión de papeletas, búsqueda de miembros de mesa y fiscales, gestión de permisos y preparación del centro electoral, entre otras funciones). Por eso debe fomentarse en los partidos políticos una visión más integradora de la mujer como sujeto político con aspiraciones, habilidades y capacidades desarrolladas para ser electas en puestos de poder y para la toma de decisiones en todas las distintas áreas del quehacer político.
En los partidos políticos, para asegurar entre otras cosas que las mujeres participen, se capaciten y se formen, se debe contar con una instancia oficial con autonomía funcional como los frentes, sectores o movimientos de la mujer que también velan de manera consecuente por el avance de los derechos políticos de sus militantes. Debe de diferenciarse los órganos electos democráticamente entre las mujeres de los que son órganos delegativos por los órganos superiores del partido: los primeros cuentan con una autonomía intrínseca por ser el resultado de elecciones directas, no siendo sujetos de remoción por sus diferencias de criterios u opiniones, y los segundos están supeditados a su delegación, por consiguiente son puestos removibles por las cúpulas de resultar incómodos.
Cada partido tiene su estructura organizativa que debe respetar los principios de legitimidad y representatividad. Algunos partidos en los procesos internos para renovar sus estructuras, elijen representantes oficiales del movimiento o frente de mujeres partidario. Estos órganos o mecanismos oficiales son los que promueven los cambios necesarios dentro de los partidos para que las luchas como la paridad de género avancen. Mención aparte merecen las mujeres que han sido electas en un órgano superior y ostentan la Presidencia de un comité ejecutivo de su partido por mérito propio ya que representan la legitimidad democrática de su elección. Vemos de buena manera que en un futuro no muy lejano, tengamos en Costa Rica más partidos políticos liderados por mujeres en la presidencia pero con profunda perspectiva de género impulsando a las mujeres hacia las máximas candidaturas. Por ello, las representaciones de la mujer y los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos políticos no deben ser una concesión de las estructuras patriarcales sino un espacio ganado y reclamado por ellas desde su trabajo y real empoderamiento, junto a una nueva concepción de “masculinidad política” (Chavarría, 2020) que habilite los acuerdos y consensos internos de cada partido para definir cual mujer debe ostentar tal designación.
Los mecanismos que velan porque esa aspiración política sea cada vez más real y efectiva para las mujeres de los partidos pueden llamarse secretarías, comisiones, fiscalías, movimientos y/o frentes de mujeres de los partidos políticos. Estas estructuras u órganos funcionales electos o creados en los partidos además de promover y capacitar a las nuevas lideresas en los principios ideológicos de sus organizaciones, garantizan y fiscalizan de manera dinámica la participación efectiva de las mujeres en los distintos procesos internos, promueven la aplicación de la normativa electoral sobre la democracia paritaria e impulsan los cambios necesarios desde la perspectiva de género como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres en política. Estas instancias que también son consultivas, deben coordinar acciones programáticas y formativas de manera directa con sus comités ejecutivos superiores o nacionales en aras de asegurar la paridad de los hombres y las mujeres participantes en todos los órganos superiores, órganos de representación, delegaciones, nóminas de elección popular y diputaciones. (Código Electoral, 2009)
En el 2018, por primera vez la Defensoría de la Mujer con Alejandra Mora Mora y bajo la dirección de Catalina Crespo y el INAMU coordinan un acercamiento a las representantes oficiales de los mecanismos de la mujer de algunos partidos políticos, pero se les invita a través de los presidentes de los partidos del PUSC, PLN, PAC, FA, PRSC, PNG y NR. En el primer encuentro de secretarias de la mujer y mujeres presidentes de movimientos y frentes de la mujer participaron Waizaan Hin Herrera, Carolina Delgado, Carmen Muñoz, Esther Camac, Rocío Alfaro, Marcela Sánchez y Cindy Quesada. La convocatoria fue hecha de manera indirecta a los mecanismos de los partidos políticos para hablar sobre la paridad horizontal. De ese primer encuentro, este grupo de lideresas reclama que se les convoque en su calidad de presidentes por derecho propio y por su representación legítima de las mujeres partidarias. Se revisan los resultados de las elecciones anteriores y se vislumbra un trabajo en conjunto con el INAMU, ante la oportunidad de crecer en sororidad para la consecución de objetivos comunes como mujeres de partidos políticos de Costa Rica.
Se plantea entonces la necesidad de un modelo de alianza interpartidaria en la lucha por los derechos políticos de las mujeres de manera representativa, legítima y sororaria que comparta una plataforma de acción común, una base de organización y formación política en igualdad de género para que las luchas por la equidad y el acceso al poder no se den en solitario y se puedan construir formas reales de inclusión e incidencia política de las mujeres desde sus organizaciones.
De esta manera en Mayo del 2019 confiando en la rectoría del INAMU en asuntos políticos de las mujeres, y en particular con ayuda del Departamento de Ciudadanía Activa, se traza una ruta para trabajar en alianza estratégica con las representantes oficiales de los mecanismos internos de avance de la mujer de los partidos políticos formalmente constituidos a nivel nacional o cantonal para luchar por las mujeres y la igualdad de género en los partidos. En un documento de la Dirección Estratégica que define esta alianza de trabajo entre mujeres políticas diversas, se advertía que las decisiones a tomar en ese momento coyuntural iban a impulsar o desalentar avances alcanzados por y para las mujeres en las estructuras de partidos. Dichas decisiones no solamente tendrían un efecto en el ámbito específico de los procesos electorales, sino que constituirían referentes teórico-prácticos en tiempos no electorales que podrían tener una fuerte repercusión en:
La visión de lo que implica la discriminación contra las mujeres, la igualdad y cómo se expresan en el acceso al poder,
La defensa de los derechos humanos y políticos de las mujeres,
el reconocimiento de la paridad como un pilar y principio fundamental de la democracia versus la autonomía de los partidos políticos y la definición de puestos “intocables”.
Promover la discusión de temas afines a todas las mujeres de distintos partidos en cuanto a la definición de la violencia política contra las mujeres.
Las alianzas estratégicas entre distintos mecanismos y actores estratégicos en defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La discusión de retrocesos normativos en los estatutos de los partidos políticos y las organizaciones sociales.
El acompañamiento ante el desaliento, cansancio y solitud de lideresas y organizaciones que defienden la igualdad efectiva, que luchan por un puesto de decisión.
Además, la contención o manejo de una mayor rivalidad entre las mujeres que ya se encuentran y aspiran a los mismos espacios políticos.
De la valoración de importantes temas de coincidencia, las mujeres políticas acordamos indistintamente de nuestras diferencias, articular con la Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y las funcionarias Yensy Herrera y Juliana Sibaja del Departamento de Ciudadanía Activa, una alianza para el trabajo y una hoja de ruta estratégica para afianzar la lucha dentro de los partidos políticos en temas comunes: participación política, paridad de género en todo, violencia de género, violencia contra las mujeres en política y promoción y apoyo a iniciativas de ley en estas temáticas.
Coincidimos en el respeto a las luchas pasadas de nuestras mujeres políticas costarricenses, en el reconocimiento de la cuarta revolución de lucha hacia la democracia paritaria, en que el Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica sea una acción de cooperación multipartidaria para tratar problemas urgentes y comunes indistintamente de las diferencias ideológicas y programáticas en nuestras organizaciones. En un gran esfuerzo de diálogo abierto y desde la representación oficial de los mecanismos de avance de las mujeres dentro de nuestros partidos políticos, llámense Secretaria/ Fiscalía de la Mujer y/o Frente de Mujeres, varias organizaciones partidarias como el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, el Partido Nuevas Generaciones, el Partido Republicano Socialcristiano y el Partido Progreso Social Democrático, hemos discutido temas como la subrepresentación de mujeres en las elecciones municipales y nacionales, la falta de definición sobre mecanismos para la aplicación de la paridad horizontal en período electoral 2020, la falta de financiamiento a campañas de mujeres, la inaccesibilidad a los presupuestos de capacitación y la conceptualización de la violencia política en el ámbito municipal, legislativo y nacional.
Nuestra agenda fue impactada de manera inesperada por la entrada del COVID-19 obligándonos a poner un paréntesis para participar en el Foro Ampliado del INAMU y de la Mesa de Diálogo al lado de otros grupos organizados de mujeres de la sociedad civil y gremios sobre la contingencia por salud para las mujeres, la reformulación del FOMUJER e inclusive dialogar sobre los riesgos de recortes al presupuesto ordinario del INAMU. El producto de estas sesiones ampliadas del foro fue el envío de propuestas consensuadas a la Junta Directiva de la institución y un pliego de ideas al gobierno central sobre los temas de alta prioridad para las mujeres. Ante la difícil situación económica y laboral planteada por la pandemia principalmente a las mujeres, los grupos feministas y de mujeres con la rectoría del INAMU, solicitamos tener más sillas en representación y más voces de mujeres en las mesas de diálogo nacional. Ese intento de que el diálogo fuera inclusivo y respetuoso de las mujeres fue infructuoso y lamentablemente motiva la renuncia de la Ministra Patricia Mora Castellanos al INAMU a finales del año 2020.
Las mujeres políticas del país de cara al Bicentenario de la nación, debemos buscar los espacios apropiados para forjar alianzas estratégicas y avanzar en los temas que nos unen. El espacio compartido como el Frente de Mujeres de partidos políticos denominado FREMUPP CR deben consolidarse ya que es una instancia consultiva y de colaboración constructiva que legitima la lucha por los derechos políticos de las mujeres dentro del marco de los ODS concertando un espacio de diálogo permanente de las mujeres político-partidarias en el panorama nacional con la colaboración del ente rector INAMU. Refuerza la búsqueda del derecho a la participación política de la mujer sin violencia y la concientización sobre la democracia paritaria que son la base de nuestros derechos políticos.
Esta alianza nos ha permitido presentar de forma conjunta con INAMU, dos iniciativas de proyectos de ley Expediente No. 21.790 sobre las vicealcaldesas y el Expediente No. 21.791 sobre el fortalecimiento de las secretarías de la mujer en los partidos políticos. Con la venia de la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa, FREMUPP CR espera la aprobación final de ambos proyectos de ley en favor de afianzar los mecanismos de avance de las mujeres en los partidos y de mejorar condiciones para las vicealcaldesas en los gobiernos locales. Se nos invita a participar en la revisión del texto sustitutivo del Proyecto 20.308 sobre la Violencia contra las Mujeres en Política cuya importancia radica en la necesidad de conceptualizar, prevenir, sancionar y reparar daños por incidentes de acoso y violencia para las mujeres políticas en general y para las mujeres en el ejercicio de altos cargos. Esperamos poder impulsar más legislación en favor de la igualdad de género tal como se acompañó la aprobación de la Ley No. 20.299 contra el Acoso Sexual Callejero en el 2020.
Las redes interpartidarias y plurales de mujeres en política han sido consideradas como fundamentales para el avance hacia la igualdad sustantiva según ONU Mujeres. Estas alianzas de mujeres políticas en la contemporaneidad podrían extenderse a otras instancias públicas que esperan que la paridad de género se aplique en los puestos directivos y también para visibilizar y vigilar la labor y cumplimiento de políticas públicas y institucionales en las unidades de igualdad de género. Con parámetros de unidades excepcionales como la UTIEG de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Género del Poder Judicial, se puede entablar un trabajo en conjunto que transversalice la perspectiva de género más allá de la Red de Unidades para la Igualdad de Género (RUPIG) existente desde el 2010 hacia toda la institucionalidad pública en Costa Rica.
Buscar el apoyo de actores estratégicos dentro de la arquitectura de género de la institucionalidad pública es vital para el logro de nuestros objetivos como el Frente de mujeres de partidos políticos. Resalta la iniciativa y colaboración de la Sra. Haydeé Hernández desde la Jefatura de la UTIEG quien ha realizado estudios comparativos de los estatutos de nuestros partidos políticos en cuanto a la normativa electoral vigente. Gracias a estos ejercicios, hemos podido detectar las falencias estatutarias y enfocar nuestros esfuerzos en luchar para reparar y subsanarlas. Estos puntos de encuentro se nutren del trabajo individual partidario de las lideresas que ostentan esa representación oficial tanto como del planeamiento estratégico como colectivo de mujeres políticas en la búsqueda del bien común. El caso de FREMUPP CR muestra sólo el comienzo de que trabajando en sororidad como mecanismos oficiales y representativos de los derechos de las mujeres político-partidarias, con las mujeres que están tomando decisiones dentro de los órganos representativos de los partidos, podemos caminar con más firmeza y acompañamiento en la búsqueda de un mayor acceso al poder dentro de los partidos políticos que al fin y al cabo son organizaciones humanas perfectibles, reflejo de las dinámicas del poder político en la democracia actual de cara al bicentenario de Costa Rica.
FRENTE DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS DE CR
Waizaan Hin Herrera (PUSC), Carolina Delgado Ramírez (PLN), Marcela Sánchez Cortés y Rocío Alfaro (FA), Cindy Quesada (Unidos por Costa Rica), Esther Camac, (PAC), Luz Mary Alpízar Loaiza (PSP), Giselle Mora Peña (PRSC). Carmen Muñoz fue sustituida por Vivian Solís Espinoza (PAC).
Presentación de Proyectos de Ley No. 21.790 y 21.791. Nos acompañó la Comisión Especial Permanente de la Mujer de la Asamblea Legislativa y Yensy Herrera de Ciudadanía Activa del INAMU.
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