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Etiqueta: democracia

Rescate Nacional hace llamado para salir nuevamente a las calles

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento y video:
Las personas, organizaciones y sectores abajo firmantes, hacemos de conocimiento público considerando:
PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:
Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de la desigualdad social.
Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.
SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:
Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.
Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.
TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:
Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:
a) Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.
Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.
b) Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
c) Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
d) El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas. Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
e) El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
f) Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
g) Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
h) Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
i) Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid- 19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.
POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:
1- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
2- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
3- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado.
4- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
5- Nuestra disposición de unir esfuerzos y establecer una agenda de mínimos comunes, con otros actores, organizaciones y/o comunidades que compartan lo aquí expresado.
6- Nuestro vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases sectoriales, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse desde ya para dar su aporte a las distintas acciones conjuntas en fechas que estaremos anunciando en los próximos días.

De la Marcha sobre Roma a la Marcha sobre Washington

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los sucesos del 6 de enero en Washington me hicieron recordar la Marcha sobre Roma que organizó Mussolini en Italia, en 1922, momento de su ascenso al poder, comparable con la intención de Trump de hacerse por la fuerza del Gobierno y la Presidencia que perdió en elecciones.

El fascismo italiano se había desarrollado al finalizar la I Guerra Mundial, en 1919, con la complacencia del Rey Víctor Manuel III, y se mantuvo como régimen o sistema político hasta 1945, al finalizar la II Guerra Mundial. Benito Mussolini se había destacado como el principal líder dentro del Partido Nacional Fascista.

En 1922 Mussolini organizó una Marcha sobre Roma, la que se llevó a cabo, en su movilización, entre el 22 y 29 de octubre de 1922.

El resultado político de la Marcha fue que Mussolini se hizo con el poder, acabó con el sistema parlamentario imperante en Italia y más tarde acabó con los partidos de la oposición política prohibiéndolos, imponiéndose como un dictador, un gobernante autoritario.

El discurso de Mussolini era contra los socialistas y comunistas, exaltaba la violencia y las movilizaciones de sus simpatizantes, organizados como brigadas de choque social contra opositores, con grupos armados inclusive. Hacía un discurso violento desde cualquier espacio público que se le facilitara.

En 1921 Mussolini había sido electo diputado desde donde empezó a combatir a todo el sistema político imperante en Italia.

Mussolini atacó al liberalismo y a la democracia desde sus posiciones populistas, que eran muy atractivas para los grupos sociales desplazados por las consecuencias de la I Guerra Mundial, afectados por la crisis social generada por ellas y por la “amenaza” que sentían del surgimiento de la Revolución Rusa, y sus impactos en Italia como en el resto de Europa, especialmente durante los años 1919-1921, y de que pudieran llegar al poder.

En octubre de 1922 Mussolini impulsó convocatorias para que se realizaran concentraciones públicas en toda Italia. Así prepararon su Gran Marcha sobre Roma, llegando a Roma en tren, en autos, o a pie, para forzar o presionar la renuncia de las autoridades políticas, especialmente en las regiones donde había autoridades socialistas, que dominaban principalmente el norte de Italia. El objetivo de la Marcha era tomar el poder para Mussolini. Desde el 22 de octubre de 1922 empezaron a llegar a Roma, amenazando de hecho con la guerra civil si les impedían la llegada. Trump ha creado condiciones para un enfrentamiento civil en la sociedad norteamericana, desde las acciones policial represivas contra negros y afrodescendientes hasta la de enfrentamientos de sus seguidores con otros ciudadanos.

La situación llegó a ser tan tensa que el entonces Primer Ministro italiano, Luigi Facta, impuso un estado de sitio, para la ciudad de Roma, acto que el Rey, Víctor Manuel III, lo suspendió, facilitando que el 31 de octubre se realizará la gran concentración convocada, permitiendo que Mussolini al día siguiente se hiciera con el poder, impusiera su Gobierno e iniciara su dictadura, la que fue estructurando poco a poco, pero de manera acelerada.

Características del fascismo fue su nacionalismo, su totalitarismo, su antiliberalismo, su antimarxismo, su antisocialismo, su anticomunismo, el culto a la personalidad de Mussolini procurando, con ello, un control y la subordinación de todas las autoridades y líderes políticos, el control del Partido Nacional Fascista, convirtiéndose Mussolini en el líder de masas más importante de ese momento en Italia. El culto a la “personalidad” individualista de Trump es parte de su arraigo en una gran masa de ciudadanos y votantes.

Como gobernante Mussolini impulsó una serie de leyes y acciones administrativas de actos de gobierno contra personas y grupos sociales, con un profundo carácter racial, en ese momento contra judíos, exceptuando a los “judíos convertidos en arios”, o que prestaban ciertos servicios al Estado. Estableció leyes que impedían matrimonios con judíos, que emplearan judíos, que impedían el ingreso de judíos a Italia, de retiro de la ciudadanía italiana, que impedían inscribir niños judíos en escuelas públicas.

Estas leyes se impulsaron por la influencia de Hitler en Italia, y por el acercamiento político de Mussolini y de Hitler.

Mussolini exhortó a que los italianos se declararan racistas. Hasta llegaron a elaborar el “Manifiesto de la raza”, con apoyo de una gran cantidad de intelectuales y personajes de la cultura. Allí se hablaba de la existencia de razas humanas, razas grandes y pequeñas, de la raza como concepto biológico, de la pura “raza italiana”, de distinguir entre mediterráneos de Europa, de los orientales y los africanos, excluyendo categóricamente a los judíos de la raza italiana, entre otros conceptos.

En 1922 en Italia había una crisis del sistema político, un vacío de poder. La Marcha sobre Roma fue un movimiento político, una acción política para imponer un gobierno de derecha y autoritario. La base social de Mussolini era el sindicalismo con la Confederación Italiana de los Sindicatos Económicos y la Confederación Nacional de Corporaciones Sindicales, particularmente. La base social de Trump también es de sectores laborales y sindicales, de campesinos y de habitantes de zonas rurales.

El 27 de octubre de 1922 el gobierno italiano, del Primer Ministro Facta, dimitió mientras los fascistas iban controlando el escenario político. La izquierda italiana, incluido el Partido Comunista, nada pudo hacer contra la Marcha. Los otros líderes políticos trataban de llegar a un acuerdo político con Mussolini, que impuso el 30 de octubre un Gobierno de Coalición, controlado por Mussolini, de nacionalistas, de los grupos llamados populares, de los democrático sociales nittianos, giolittianos, salandrinos e independientes filofascistas, mientras la Marcha avanzaba sobre Roma.

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos fue intempestuosa. Tradicionalmente no era un cuadro político, un líder político, ni siquiera de larga tradición y vínculo con el Partido Republicano, hasta había apoyado en el pasado a líderes y candidatos del Partido Demócrata. No era en sentido estricto un militante político. Nunca ejerció un cargo de elección popular. Era un intruso en ese Partido Republicano y en la política tradicional norteamericana, donde logró imponerse en las elecciones internas de ese partido, en las llamadas elecciones primarias.

Su campo principal de acción estaba en los negocios e inversiones. En el campo político desplazó líderes tradicionales e históricos dentro del Partido Republicano, haciendo uso social, especialmente, de las redes sociales digitales, que en las elecciones norteamericanas empezaron a desempeñar un gran papel desde las elecciones del 2008, en ese momento usándolas Barak Obama.

Las redes sociales sustituyeron espacios tradicionales de comunicación de líderes, candidatos y partidos políticos, sin que los desplazaren del todo, con la ventaja de que son mecanismos al instante, más baratos, directos a los públicos que están destinadas, fáciles de conexión, con cantidades masivas de participantes o de “seguidores”.

Donald Trump, quienes le han estudiado, afirman, que se vinculó a estas redes desde el 2009, con sus actividades profesionales y empresariales, logrando gran alcance de masas.

A la cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación, se vinculó desde ese mismo año, 2009. Así hizo su campaña del 2016 y así la repitió en el 2020. Pero no solo hizo campañas electorales de esa forma. Todo su gobierno, 2016-2020, lo manejó y comunicó principalmente en sus acciones constantes, al instante, mediante su Twitter, con más de 40.000 twitts, según lo han estudiado, durante todo este período. También utilizó hashtags, retuis, las plataformas digitales como Instagram, Facebook y otras.

La imagen proyectada de Trump es la del Héroe, la del superhéroe capaz de hacer grande a los Estados Unidos y de volverlo a hacer, como planteó para esta campaña electoral.

Para Trump los Estados Unidos estaba primero, había que recuperar su economía, sus espacios económicos, de manera que sus relaciones económicas no fueran deficitarias, de allí el ataque y la rediscusión de los tratados de libre comercio con Canadá, México y su disputa con China. El retorno de empresas a Estados Unidos para revitalizar su economía fue clave, la recuperación de empleos en sus primeros años de gobierno le dieron fuerza, la crítica a la infraestructura vial y de comunicaciones que hacía le depararon seguidores, su preocupación por el empleo fue determinante antes de la Pandemia.

Para Trump el papel de los Estados Unidos se había debilitado internacionalmente, de allí que cuestionara el proceso globalizador del que formaba parte, rompiendo alianzas estratégicas militares, económicas y políticas, saliéndose de algunos compromisos internacionales, impactando los escenarios geopolíticos y geoestratégicos.

En lo interior arremetió contra el Partido Demócrata al que constantemente atacaba de socialista y de querer introducir el comunismo en Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos el Partido Comunista existe desde 1919. Esta lucha contra el socialismo la quiso llevar, sin éxito, y sin investigaciones del Congreso, casi hasta los niveles de la época macartista de la década del 50, a pura publicidad y ataques mediáticos.

Hizo del Partido Demócrata su principal enemigo político y le convirtió en su principal adversario a derrotar por el bien de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano, porque los males internos de los Estados Unidos se los achacaba a este partido y a las estructuras políticas e institucionales dominantes en ese país.

Poca atención prestó a los problemas sociales de los negros, de los afroamericanos, de los latinos. Su discurso contra los mexicanos y puertorriqueños, desde el inicio de Gobierno, lo era contra todos los latinos, contra todos los migrantes, contra los mexicanos, con su lucha por el muro fronterizo, casi una obsesión, logró detener bastante los procesos migratorios terrestres hacia los Estados Unidos, estableciendo una alianza estratégica con el con Gobierno de México el que puso casi 30.000 efectivos militares a resguardar la frontera para contener a los migrantes.

Su principal atención eran los ciudadanos norteamericanos y no los que habían llegado, como migrantes, o ilegalmente, a Estados Unidos. Sus políticas antimigratorias dividió familias, separó niños de sus padres, se acentuaron cotidianamente.

Ley y Orden, consignas fundamentales, que autoritariamente blandía para recordar la mano dura de su gobierno.

Cuando Trump se enfrentó a Hillary Clinton, en el 2016, la presentó como la representante de las estructuras de poder, que él cuestionaba. Cuando se enfrentó a Joe Biden, en el 2020, lo presentó como el parásito de la política, que tenía 46 años de estar en política, que nunca había trabajado, decía.

A Hillary como a Biden los presentó como lo más negativo siendo Trump el factor positivo, el salvador de los Estados Unidos, presentándose, en muchas ocasiones como la víctima de los medios de comunicación, a pesar de que tenía los propios que lo defendían y exaltaban. Este campo para Trump era un campo minado contra la corrupción imperante.

El discurso de Trump fue vulgar, ofensivo, insultante, siempre negativo hacia sus contrincantes, siempre combatiendo todo lo que se le oponía o creía que se le enfrentaba. Atacó instituciones, medios de comunicación, personas, líderes de todo tipo.

En las elecciones que acaban de pasar, el 3 de noviembre, Trump enfrentó su peor crisis de gobierno, de sus políticas y acciones Ejecutivas, especialmente por el impacto del surgimiento de la Pandemia del Coronavirus Covid-19, y su imponente desarrollo en los Estados Unidos, que también paralizó el mundo en sus relaciones económicas internacionales, que bloqueó las redes de intercambios productivos, de comercio, de transportes internacionales y locales, de turismo, de millones de contagiados y de muertos.

En el caso del gobierno de Trump despreciando el papel de los científicos en esta lucha, contra el COVID-19, estimulando con su actitud la expansión de la pandemia en los Estados Unidos, como un elemento de limpieza “étnica”, entendiendo que los afectados con este virus son principalmente sectores y poblaciones pobres, de migrantes, de negros y afroamericanos, de latinos, poblaciones marginales. Quizá su desinterés estaba asociado a la eliminación de votantes, por la pandemia, más del Partido Demócrata que del Republicano.

Irresponsablemente convocando a manifestaciones en el período electoral, de carácter masivo o presencial, facilitando de esa manera los contagios.

Frente a las elecciones últimas, sabiendo de la situación de la pandemia, de las dificultades de las concentraciones humanas, del resultado preliminar de las encuestas desfavorables a él, empezó a cuestionar todo el proceso electoral, presentándose como una víctima del mismo y de los mecanismos de fraude que podían hacerse mediante los sistemas de emisión de votos que hay en Estados Unidos, debilitando la institución federal de correos en este campo, incitando a la población que le sigue fanaticamente a que se estaba fraguando un fraude en su contra, apoyándose en bases sociales incultas, de poca educación, de los grupos fascistas, nacionalistas, racistas, supremacistas, anti migracionistas, misóginos, conservadores en general, en los miembros de la Asociación del Rifle Norteamericana, en la población de tradición religiosa pentecostal, especialmente de la población de los Estados centrales y rurales de los Estados Unidos. Mientras Mussolini combatió y persiguió a los pentecostales, en una sociedad italiana muy católica, Trump los apoyó y los hizo sus aliados estratégicos, en una sociedad no tan católica.

Nadie como Trump había cuestionado el proceso y el sistema electoral de los Estados Unidos, que se tenía como un modelo democrático casi ideal, de larguísima tradición histórica, confiable en todos sus extremos, donde la posibilidad de hacer fraude electrónico es de 0.009 %. Con este cuestionamiento quebró la credibilidad de la misma población norteamericana en su propia estructura democrática. Siempre habló de que las elecciones y su triunfo se la habían robado. Este fue parte del argumento que utilizó para la Marcha sobre Washington, impedir el robo de su elección y triunfo.

Cuestionó el mismo sistema electoral de votos populares donde fue ampliamente derrotado, así como el de los electores del Colegio Electoral, que surgen de esos votos populares, donde también sufrió una amplia y contundente derrota, que son los que en definitiva definen el ganador.

De acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos, cada uno de los 50 Estados, más el Distrito Capital, tienen sus propios sistemas de votación y de conteo de votos. De hecho, son 50 procesos electorales, cuyos resultados tienen que tenerse el 14 de diciembre, habiendo sido las elecciones el 3 de noviembre. Certificados estos procesos electorales de los Estados su informe de resultados se pasa al Congreso el 6 de enero, lo que sucedió, para sobre las certificaciones de votación declarar el candidato ganador de las elecciones para que asuma, formalmente, el 20 de enero la Presidencia de los Estados Unidos.

No satisfecho Trump con los resultados empezó a cuestionar, bajo el pretexto de fraude hecho de distintas maneras, resultados electorales de aquellos Estados que más Electores dan al Colegio Electoral con la finalidad de cambiar el resultado final. Impugnó casi en 60 localidades, de los distintos Estados, la emisión de votos, sin resultado favorable a sus pretensiones, así fallados en su contra por Cortes Federales.

No satisfecho con esto desde el mismo día 14 de diciembre empezó a preparar el ambiente contra lo resuelto que tenía que conocerse el pasado 6 de enero en el Congreso.

Su objetivo, al estilo de la Marcha sobre Roma de Mussolini, una gran Marcha sobre Washington el 6 de enero cuando el Congreso debía conocer los resultados, para detener allí el robo electoral que se le había hecho, sitio en el que todavía se podían impugnar resultados conforme se fueran dando los informes de las certificaciones electorales de los resultados de las votaciones, y tratar de anularlos con el propósito de que, en situación extrema, el resultado pasara a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde tiene una amplia y holgada mayoría de Jueces nombrados por el Partido Republicano, y por su propio Gobierno, todos de características conservadoras en su formación profesional.

La Marcha sobre Washington no solo para presionar con la multitud, sino para actuar, como lo hicieron, sobre los Congresistas reunidos, e impedir de esa manera la proclamación y reconocimiento de la Presidencia para Joe Biden. La Marcha sobre Washington, fue debidamente planeada, hasta en el asalto al Congreso, para cambiar los resultados electorales por la presión de los manifestantes. La Marcha sobre Washington no fue una movilización de desobediencia civil, fue una acción debidamente impulsado de desacato, de desconocimiento, de no aceptación del resultado de la elección del 3 de noviembre, ni fue un simple asalto al Congreso como inicialmente lo pintaron. Fue una acción contra los congresistas, su institucionalidad y contra la misma Constitución Política de los Estados Unidos.

Los movilizados iban con la intención de tomar el Congreso, de asaltarlo, de impedir que sesionara. Minutos antes los convocados a Washington, que llegaron de distintas partes de los Estados Unidos, se habían reunido en la Casa Blanca, donde fueron alentados por miembros de la Familia Trump a actuar violentamente contra los congresistas. De la Casa Blanca fueron invitados a marchar sobre el Congreso, al edificio del Capitolio, para tomarlo. Así se movilizaron las hordas trumpistas.

De hecho, Trump esperaba una imposición de la multitud sobre los congresistas, del “pueblo” sobre sus “representantes”. Estaba a las puertas de un Golpe de Estado, de una situación de sedición popular, que alentó constantemente desde que cuestionó el resultado electoral aún días antes de que se produjera la votación.

Llamaba a que se reconociera que él debía seguir gobernando, que debía mantenerse en la Presidencia, que desconociera a Joe Biden. De hecho, proponía un golpe de Estado institucionalmente ejecutado en su favor.

Las elecciones para Trump habían sido un éxito, aun en su derrota electoral. Había llegado casi a los 75 millones de votantes en su favor, lo que lo convertía en un líder popular, populista, como no tiene el Partido Republicano, como tampoco lo hay en Estados Unidos en el campo político. Trump como fenómeno político había irrumpido como el principal dirigente político de masas en los Estados Unidos. Había desplazado a todos los dirigentes de la estructura organizativa del Partido Republicano y no había casi ninguna duda de que sería el candidato de las elecciones del 2024, a las que ya había anunciado que volvería a participar.

Las elecciones para el Partido Republicano también fueron exitosas a nivel del Congreso, donde aumentó el número de diputados. Perdió el Senado, por la derrota del 5 de enero de los senadores de Georgia, que en parte ya había perdido desde el 3 de noviembre. La actitud de Trump contra el proceso electoral en general, de fraude en su contra, se ha señalado como una causa adicional para que el 5 de enero estos dos senadores republicanos perdieran, dándole un triunfo apretado al Partido Demócrata del Senado, y del Congreso, lo que obligará al Presidente Biden a un gran proceso de negociaciones políticas constantes, en lo que tiene gran experiencia.

La derrota de Trump no ha acabado con la derrota del fascismo en Estados Unidos. Con Trump se ha alimentado esta tendencia política, que en Estados Unidos tiene más de 1000 distintas organizaciones fascistas y filofascistas de diferentes tipos, que agrupan todo tipo de ciudadanos, lo que explica parcialmente también por qué Trump tiene seguidores latinos, afroamericanos, entre otros grupos. Trump puede convertirse en su líder más importante aun cuando lo llegaren a marginar de procesos político-electorales. Trump puede seguir siendo el emblema del fascismo actual en los Estados Unidos y el agitador político más importante de oposición al nuevo gobierno que inicia el 20 de enero. Podría llegar a convertirse en un mártir político si se le llega a apresar con motivo de los juicios y acusaciones que le seguirán.

Con esta tendencia populista de Trump quizás entramos a una nueva etapa de liderazgos políticos en los Estados Unidos, liderazgos de masas, de populismos políticos…

Los sucesos de asalto al Capitolio, que se señalan de terroristas, que le imputan a Trump su responsabilidad, lo que ha abierto es un juicio político contra él, ya aprobado en el Congreso, ahora en manos del Senado, juicio que puede concluir, ya no en su destitución, sino en una sanción político-jurídica que lo inhabilite para participar en futuros procesos electorales y a puestos de elección pública. Este es el resultado óptimo que esto puede tener.

Si de algo no va a escapar Trump es de la persecución judicial a la que será sometido por una serie de acusaciones que ya le tienen montadas, de las que difícilmente saldrá triunfante de todas ellas.

La Marcha sobre Washington sigue latente para el próximo 20 de enero, con posibilidades de altos grados de violencia, y hasta de actos terroristas contra su realización, y de posibles atentados contra Biden y las nuevas autoridades públicas norteamericanas. Lo que tradicionalmente ha sido una actividad de traspaso de poder festiva, popular, y tranquila, la del 20 de enero es un traspaso de poder que se realizará con un público altamente militarizado, con uniformes militares, con medidas extremas de seguridad y posiblemente sin caminata del Congreso a la Casa Blanca…con protestas republicanas y pro trumpistas en diferentes partes de los Estados Unidos. Será, por todo esto, más una ceremonia virtual que física presencial. Estos son los nuevos Estados ¿Unidos?

La Falsa y Loca “Democracia” en EEUU

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

A propósito de los sucesos, donde los partidarios del presidente Donald Trump se dirigieron contra el Capitolio estadounidense, irrumpieron y tomaron algunos recintos del mismo, en el que se desarrollaba la ceremonia de certificación de la victoria del candidato Joe Biden; se suscitaron enfrentamientos entre civiles y la policía del exterior del edificio de gobierno, donde resultó muerta una mujer de un disparo, finalmente fue cerrado el Capitolio, todo a raíz del discurso de Trump afirmando que “nunca” concederá la derrota ante Biden.

Las turbas utilizaron la violencia para subvertir el proceso usual y legal mediante el cual se elige a los presidentes.

El diario Washington Post, habla de un golpe de Estado en el Capitolio, el cual fue incitado por un Presidente sin ley que intenta desesperadamente aferrarse al poder y alentado por sus cínicos facilitadores republicanos en el Congreso.

Realmente es una situación inédita, en un país donde se precian de ser el “modelo de democracia” en el mundo. El tema de la democracia en USA, es amplio, muy comentado por especialistas, políticos y muy extenso para tratar en un artículo, por lo que nos limitaremos a trazar unas líneas-notas en torno al mismo.

Lo básico del término es, Democracia = demos + cracia, el gobierno de (o por) el pueblo; y en relación a EEUU, gracias a una intensa y sostenida campaña propagandística, colmada de alabanzas y rastreras adulaciones, aparece como la tierra de la libertad y la democracia. Es más, como un país al cual Dios le habría encomendado la misión de recorrer el mundo sembrando libertad, justicia, derechos humanos y democracia por doquier. Sin duda es una visión mesiánica.

No obstante, lo cierto es que, además, la academia, la intelectualidad y los políticos, son insuficientes para ocultar un hecho decisivo: en la propia Constitución de Estados Unidos, con sus correspondientes enmiendas, la palabra “democracia” no aparece ni una sola vez.

Esto contrasta con afirmaciones como: “El sistema de gobierno estadounidense ha mostrado, durante sus 240 años, su ejemplaridad, despertando la envidia de todo el mundo”, Joseph Robinette Biden Jr.

Estas afirmaciones son más bien un mito, que son compartidas por una nada despreciable masa de la población occidental: basado en la fábula que la norteamericana es la democracia por antonomasia y, en consecuencia, digna de ser imitada. La historia, la Constitución y el régimen electoral estadounidenses desmienten tales creencias. En todo caso, no es recomendable hacerse ilusiones respecto del país, que cumple el rol de imperio dominante y que ha marginado históricamente a su pueblo, y a muchos otros del orbe.

Ya conocemos de las múltiples y mayores barbaridades, fraudes, golpes de Estado y genocidios de los últimos 200 años se han realizado en nombre de la sacrosanta democracia, y de algunos principios “democráticos” (como libertad de circulación, diálogo, consenso, elecciones libres, entre otros), que pareciera ser el escudo protector de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y su cohorte de políticos y gobernantes de nuestro mundo tan poco occidental como cristiano.

Lo indudable, es que EEUU ha olvidado algo que señala el académico Bruce Barton: “la democracia estadounidense, le debe su sello distintivo a los principios y la estructura de los Gobiernos civiles de los indios norteamericanos”. Tema apasionante e ilustrativo a abordar en otro momento.

En términos electorales, que parece ser la única premisa fundamental de la democracia estadounidense, reconocida como tal, en este país contiene un solo proyecto, el imperialista con dos variantes: el Partido Demócrata y el Republicano.

En términos económicos, según la obra “Capitalismo Progresista” de Joseph E. Stiglitz, la situación del país es devastadora ya que el crecimiento del PIB no acompañó necesariamente al mejoramiento social y que se alteró desde 1980: la economía se ralentizó, el nivel de vida decayó, la desigualdad se volvió creciente, incluyendo las desigualdades de raza, condición étnica, género y oportunidades, la desigualdad en sanidad y, desde luego, en riqueza, pues el 1% de la cima dispone de más del 40% de la riqueza total del país.

En síntesis, la igualdad ya no es el rasgo característico de la gran nación, otrora admirada en Europa y en el propio continente.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, señala que EEUU es “un país disfuncional en términos democráticos” y “una democracia fallida”, habla de una “degradación total” al subrayar que “las casas se protegen el día de las elecciones por las milicias armadas en las calles”. “Es el único país del mundo donde eso ocurre”.

En general, la democracia de EEUU, hace muchísimo tiempo, viene demostrando que están bastante de espalda a los intereses de las mayorías populares. Este es un problema serio. Y las formas de resolver las crisis pasan por líderes autoritarios como Trump.

Históricamente, para recalcar e ir concluyendo, los Estados Unidos se autoproclaman un pueblo pacífico, destinado por la providencia a expandir el ideal de la libertad y la democracia por el planeta. Su relato se complementó más adelante con la doctrina Monroe de 1821, cuyo eslogan «América para los americanos» fue la excusa para imponer su voluntad a los nacientes Estados de América Latina. Doctrina Monroe y «destino manifiesto» han tenido diferentes interpretaciones y actualizaciones, según gobiernen demócratas o republicanos. Desde la política del garrote y la zanahoria, pasando por la del «buen vecino», el panamericanismo y la Alianza para el Progreso hasta las políticas militares y geoestratégicas. Guerras de baja intensidad, lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, reversión de procesos revolucionarios, otros.

Bajo dicho paraguas proclaman su condición de gendarme no sólo en América Latina, sino en el mundo occidental. Según argumentan sus ideólogos y think tanks, no se trata de una situación buscada, sino de una especie de fatalidad con la cual deben convivir, impuesta por Dios, como pueblo elegido para garantizar la democracia. Así, educados en la paz, tendrán que hacer la guerra. Defensores de los derechos humanos, tendrán que violarlos. Bajo la promesa de defender la justicia y la libertad, se ven abocados a transgredir dichos principios en pro de lograr el objetivo final, que no es otro que imponer por la fuerza y a su pesar el Estado de Derecho. Para ello no escatiman esfuerzos, promueven golpes de Estado, derrocan gobiernos y, si es necesario, invaden países en nombre de la pax americana.

Concluimos que la “Democracia” de USA, es una democracia simulada, ya que tanto demócratas como republicanos han sostenido el infame bloqueo a Cuba, atacan a pueblos como Venezuela, se han entrometido en la política de los gobiernos de la región, han organizado golpes de Estado militares con el fin de que sus empresas exploten al máximo nuestras riquezas naturales.

Por décadas se presentó a Estados Unidos como ejemplo de democracia avanzada. Todos los medios propagandísticos y comunicacionales sirvieron para ello y se reforzaba por la idea de elecciones libres y la inexistencia de golpes de Estado liderados por fuerzas militares, lo que en América Latina servía para explicar que “allá no hay golpes porque no hay embajada norteamericana”, recordaba el ecuatoriano Egard Isch.

Ese “espíritu democrático” de las élites hace que EE.UU, apoye siempre las peores dictaduras, los golpes más sangrientos, las guerras de dominación simuladas como guerras civiles, siempre que fueran útiles a sus intereses nacionales y los de sus empresas expoliadores.

Aquella promesa de igualdad, libertad y fraternidad quedó anegada en los cimientos de la estatua de la Libertad, ya que colocaron la libertad individual (a expresarse, a votar) como el único rasgo, desechando oficialmente la igualdad y la fraternidad. No se puede olvidar que se trata de un régimen teocrático en el que en actos públicos se jura ante la Biblia, en el que en siete estados se prohíbe a los ateos ser profesores o funcionarios públicos, y sufren discriminación en el ejército, si es que logran ingresar.

Todavía hoy, el servicio de inmigración establece en su guía de políticas que un miembro de un partido comunista no puede ser admitido en el país. Pero el mismo criterio se aplica a los ciudadanos en una serie de empleos si se los identifica como comunistas (o terroristas, calificación que puede alcanzar a cualquiera que no sea blanco).

Esta crisis del sistema político de EEUU, y por ende, de su identidad, no sabiendo a ciencia cierta dónde van, que no sea su mera ambición de poder, ojala, los confunda y disuade a no imponer por la fuerza su pésimo sistema político.

Imagen tomada de New York Times.

UCR manifestó compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica

En el marco de las celebraciones por el octogésimo aniversario de esta casa de estudios superiores, el Consejo Universitario emitió el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica a sus 80 años: compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos.

Este documento cimienta la relevancia de las universidades públicas y sus aportes al desarrollo nacional desde una perspectiva histórica; así como los compromisos asumidos por la Institución de cara a los desafíos que enfrenta Costa Rica en el mediano plazo.

La propuesta plantea vehementemente que la UCR sigue y deberá seguir siendo el más importante propulsor del desarrollo de nuestra República, pues de su trayectoria y permanencia dependerán el equilibrio de nuestra sociedad y el bienestar social de sus habitantes, por lo que es responsabilidad de toda la ciudadanía, gobernados y gobernantes, protegerla y fortalecerla para continuar su aporte crítico a las transformaciones de la sociedad costarricense.

El Manifiesto apuesta por un proyecto colectivo de sociedad y enfatiza la idea de bien común que cuestione el individualismo exacerbado de los intereses particulares; en correspondencia, la Universidad no puede adaptarse acríticamente a las circunstancias, su razón de ser es generar saberes que permitan una reflexión crítica del contexto en que está inmersa, la autorreflexividad y el ejercicio de diálogos horizontales con todos los sectores sociales en procura de construir una sociedad más justa, democrática, pluralista e inclusiva.

Este documento fue elaborado por una comisión especial conformada por representantes de todas las áreas, de las sedes regionales y del sector estudiantil y tuvo como base la preocupación institucional ante una serie de iniciativas de ley que, mediante líneas de pensamiento ligeras y so pretexto de contribuir al fortalecimiento de la educación superior pública, procuran intervenir directamente en el quehacer académico de las universidades públicas.

 

Imagen: Luego de revisar las iniciativas de ley, leyes y estrategias argumentativas utilizadas para socavar la autonomía de las universidades públicas en los últimos años, el Consejo Universitario emitió un manifiesto en que el reafirma la trascendencia de estas institucionales para el país. (Foto: Archivo ODI)

Publicación: “Fundamentalismos, crisis de la democracia y amenaza a los derechos humanos en América del Sur: tendencias y desafíos para la acción”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Fórum Ecuménico de la ACT Alianza en América del Sur (Fesur) publicó la investigación “Fundamentalismos, crisis de la democracia y amenaza a los derechos humanos en América del Sur: tendencias y desafíos para la acción” de la Dra. Magali do Nascimento Cunha.

La publicación promueve una reflexión acerca de cómo se ha dado el avance de los fundamentalismos en América del Sur y los períodos de intensos procesos reaccionarios frente a avances en el campo de los derechos sociales, sexuales y reproductivos, derechos de trabajadores y de poblaciones tradicionales.

La investigación incorpora la conceptualización del fundamentalismo, entrevistas a profundidad con especialistas, grupos focales y entrevistas grupales con líderes y activistas, y Seminarios de Investigación con el Grupo de Investigación Comunicación y Religión de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinares de la Comunicación (Intercom), la cual está integrada al Grupo de Estudios de Medios, Religión y Cultura (MIRE).

Además, la investigación fue desarrollada entre febrero y junio del 2020, en el contexto del COVID-19 en América del Sur.

SURCOS invita a reflexionar con base en los contenidos de la publicación.

Investigación-FESURDescarga

 

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

El Derecho de la función pública del enemigo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

El glorioso 7 de noviembre de 1889

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta 1889 los procesos electorales en Costa Rica se realizaban sin partidos políticos, tal y como ahora los conocemos. Los ciudadanos, con capacidad de participar en procesos electorales con aspiraciones a la Presidencia de la República, o a diputados, se postulaban ante los electores, que eran ciudadanos con capacidad de votar, hombres, mayores de edad, que sabían leer y escribir, con cierta capacidad económica, y que ejercían su voto de manera pública, de modo que por esa forma se podía estimar el resultado electoral.

En la elección de 1889, por primera vez participaron dos partidos políticos, el Partido Liberal Progresista que postulaba a Ascensión Esquivel y el Partido Constitucional Democrático con José Joaquín Rodríguez como candidato. A Ascensión Esquivel lo presentaban como un candidato más liberal y del Olimpo, de los que estaban arriba, y a José Joaquín Rodríguez, más popular, que salía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato presidencial.


Las elecciones se hacían por el sistema de primer y segundo grado, las de primer grado se hicieron el 3 de noviembre, que designaba los electores que el 7 de noviembre realizarían su votación final.

El Presidente Bernardo Soto, haciendo una maniobra, se separa del Poder, y llama el 1 de mayo de 1889 a ejercer la Presidencia a Ascensión Esquivel, con un movimiento de la tropa del Ejército, presionando la opinión pública y a los ciudadanos, con lo cual procuró darle ventaja electoral a Ascensión Esquivel, lo que provocó la resistencia ciudadana, que al ir conociendo el desenlace electoral a favor de José Joaquín Rodríguez, se supuso que no se iba a respetar el resultado de las elecciones, y se lanzaron los ciudadanos a la calle, más de 7 mil personas de la época, alrededor de un 3% de la población, cerca de 150 mil personas hoy, campesinos, trabajadores urbanos de distintos oficios y profesiones, mujeres, con sus instrumentos de trabajo, como armas, logrando de esa manera hacer valer la voluntad electoral a favor de José Joaquín Rodríguez y hacer respetar los resultados electorales. Así se evitó un fraude electoral, en un sistema electoral que tenía por costumbre hacerlos, y el pueblo impuso su voluntad electoral.

Los ciudadanos sitiaron la ciudad capital, con enfrentamientos callejeros, el Presidente Bernardo Soto deposita la Presidencia en el Designado Dr. Carlos Durán, para terminar su período, quien gobernó seis meses hasta entregarle la Presidencia a José Joaquín Rodríguez. Así se hizo respetar un resultado electoral, con movilizaciones populares y armas e instrumentos de trabajo en las manos.


La participación de las mujeres hizo que el Presidente José Joaquín Rodríguez exaltara la necesidad de reconocer el derecho de voto de las mujeres, sin que se lograra en esos años.

En los años siguientes se exaltó ese acontecimiento de manera especial y se le fue dando la relevancia de defensa de la Democracia, de las Elecciones y de la Representación Popular.

En el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia se estableció, por Decreto No. 18, en 1942, que cada 7 de noviembre se debía celebrar el Día de la Democracia Costarricense. En la celebración del Centenario de esta fecha el Presidente Óscar Arias inauguró la Plaza de la Democracia

Aportes al pensamiento jurídico costarricense VI

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Estimadas y estimados:

Esta semana quiero compartir con ustedes la presentación que hice en el lanzamiento público del libro del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño cuyo título se especifica abajo. El tema es de enorme actualidad y promete seguir estando en las agendas de la investigación académica y en el debate político nacional.

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Presentación del libro “Costa Rica: La Democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño.
Presentador: Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez.

El libro que se reseña es el resultado, en primer lugar y por supuesto, del destacado aporte investigativo de su autor, el Profesor Manuel Antonio Solís Avendaño, con el patrocinio de la Universidad de Costa Rica a través del Instituto de Investigaciones Sociales, y de la Editorial de la UCR, quienes propiciaron la edición y divulgación de los resultados de este trabajo intelectual, del más alto nivel, y que me atrevo a decir, constituye un aporte histórico, con el que las actuales y futuras generaciones podrán conocer y entender mucho mejor algunas de las claves, no sólo del nombramiento de jerarcas de otros poderes e instituciones a cargo de la Asamblea Legislativa, sino de la dinámica funcional misma, con sus vicios y limitaciones, de la democracia costarricense.

Se impone en esta presentación, a mi juicio, hacer dos o tres señalamientos formales:

(a) Primero, el hecho cierto de que estamos ante una investigación socio-histórica y jurídica cuyas fuentes son, por cierto, una amplísima bibliografía convencional con referencia a autores que teorizan, en general, sobre temas epistemológicos; pero bibliografía que también repara en textos, estudios, análisis, informes, atinentes todos al tema que se focaliza; y principalmente,  una bibliografía que hurga, a lo Foucault, en notas periodísticas del momento, actas de sesiones de  la Asamblea Legislativa, su Comisión de Nombramientos, y  actas de la Corte Suprema de Justicia, así como expedientes legislativos y administrativos de ambas instituciones;

(b) Segundo, la investigación realizada, en el plano metodológico, obliga casi inevitablemente a toparse con la analogía de un examen arqueológico, donde Solís Artavia, herramientas en mano, se mueve con destreza obsesiva, del tema particular al general (en dirección inductiva) y viceversa, de lo general a lo particular (en dirección deductiva), varias veces, de un capítulo al siguiente, de una página a la precedente y a la que le sigue, desnudando estrato por estrato, capa a capa, las conexiones y relaciones entre hechos que, en principio, nos pueden parecer sin  conexión alguna, como meras casualidades, pero que sin embargo van develando poco a poco su escondida trama, su verdad secreta. Es de igual manera inevitable imaginar al autor cual Diógenes, alumbrando con su lámpara los rincones de una reciente historia patria que choca con frecuencia con lo infranqueable: lo que no se consignó en el acta, las razones que no se dieron y jamás conoceremos, las componendas debajo de la mesa, los silencios que se fraguaron o se consintieron. Y es entonces cuando el Doctor Solís nos arroja preguntas, para que ayudemos, o al menos intentemos respondernos como ciudadanos o simples lectores. Porque debe saberse que este texto vale tanto por lo que dice, explica y revela, cuánto por lo que deja entre paréntesis, interroga y deja al lector para que reflexione y responda por sí mismo.

(c) Hay un tercer rasgo relevante en esta investigación y es el encuadre que se hace en el contexto político nacional e internacional. Es importante anotar que este es un trabajo que procura ubicarnos en los temas de fondo, en el contexto de las determinantes socio-políticas de cada momento, tanto en cuanto al ámbito nacional, como en cuanto al internacional. Cuestiones que pueden verse, descuidadamente, como fenómenos aislados o compartimentalizados, resulta que adquieren especial tonalidad y relevancia cuando se relacionan con las cosas más puntuales y particulares que se están analizando. Tal el caso del secuestro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en 1992, la movilización social contra el llamado “Combo del ICE”, o la solidaridad interna y externa al ámbito judicial por la no reelección del Magistrado Cruz Castro en 2012. También el encuadre tiene que ver con momentos internacionales de especial relevancia, como la vuelta a la democracia en América Latina a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, las estrategias de legitimación y democratización de las instituciones públicas como resultado natural de ese fenómeno, o bien las estrategias de financiación de reformas, más o menos logradas, más o menos frustradas, con inversiones cuantiosas por parte de agencias estadounidenses y europeas de ayuda en nuestros países.

Y es aquí donde me atrevo a ensayar, un poco prematuramente, una respuesta al último de los cuestionamientos que el autor nos enrostra en la página final de su libro. No, don Manuel Antonio, yo no creo posible cambio auténtico alguno, de nuestro Poder Judicial y en general de nuestra institucionalidad, sin una profunda transformación de la cultura política dominante y sin una radical transformación de nuestra democracia. Las razones para que nada cambie, y por el contrario, para que las transformaciones democráticas sean inviables, están en un modelo económico que privilegia con exclusividad el libre mercado, la salvaje consigna de la competitividad a cualquier precio, el debilitamiento del Estado y sus instituciones como agentes de equilibrio social,  la privatización a ultranza de servicios básicos y estratégicos, y el menoscabo del concepto mismo de lo público; con decisiones y políticas públicas que nos tienen en caída libre hacia una sociedad cada vez más desigual y violenta, con sectores cada vez más amplios que no pueden sentarse a la mesa del reparto mínimo; con obsesivos señalamientos de que la causa de todas nuestras desdichas tiene que ver con salarios,  pensiones y derechos laborales,  precisamente los presupuestos que más bien sustentan a los sectores medios , soporte de toda democracia, dejando en la penumbra a quienes evaden y eluden al fisco cifras con las que bien podría paliarse esa inequidad creciente y esa violencia estructural.

Después de leer el libro del Doctor Solís, tengo la impresión, muy personal, de que en Costa Rica se debate y decide en nuestros días una disyuntiva vital entre dos conceptos diferentes de democracia:  la herencia de un régimen más formal que real, con una institucionalidad electoral todavía fuerte y creíble, pero que no alcanza ya para una convivencia democrática de largo aliento; una  modalidad de democracia donde las élites se han desligado casi por completo de sus bases, donde el juego electoral apenas da para sostener una institucionalidad precaria, en grave riesgo y, para decirlo en los términos del autor, “de razones débiles”, a la hora de articular su legitimidad en la práctica. Cuando  los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al momento de frenar reformas de mayor calado en los procedimientos para nombrar jerarcas que le competen, apelan a que esa Asamblea es soberana y representante exclusiva del pueblo, -precisamente para consolidar sus poderes y prerrogativas-, lejos de ayudar a la democratización, la erosionan, amplían la brecha entre la gente y sus representantes,  entre quienes toman decisiones más o menos arbitrariamente y la sociedad que sólo las contempla o las padece.

He aquí la principal causa del desgaste de los partidos políticos tradicionales y el reto que tienen los partidos políticos emergentes, cualquiera sea su impronta ideológica. Es un problema centrado en cómo se ejerce el poder en una democracia, cuánto puede abusar el representante de sus representados y cuánto se puede actuar y decidir sin razones legítimas y de peso.  Frente a esa democracia de las formas hay que construir la democracia de la participación ciudadana efectiva. ¿No fue acaso, como bien lo señala Solís Avendaño, la movilización social por el “Combo del ICE”, lo que impidió que se dilapidara un patrimonio colectivo que llevaba décadas de atesorarse? ¿No fue acaso la movilización a lo interno del Poder Judicial, con el apoyo externo de diversos sectores, lo que influyó para que no se consumara el atropello contra el Magistrado Cruz y la judicatura independiente, no ya con razones débiles,  sino con desvergonzados y  absurdos pretextos? Aunque el autor no lo diga con estas palabras, creo que coincidiremos si digo, bajo mi responsabilidad, que no fueron precisamente las tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional las que se expresaron en la no reelección de un magistrado probo, sino la prepotencia de sectores políticamente dominantes dispuestos a imponer, al precio que sea,  su modelo socio-económico con el fervor propio de un fanatismo religioso; dispuestos a darle, como lo confesaron, “una lección” al Poder Judicial respecto de quién manda en este país y cuál es el precio que pueden pagar jueces independientes y críticos. Está más que probado que esos sectores no sólo quieren la mayoría en todas las instancias decisorias, -que como sabemos la han tenido- sino que quieren la unanimidad; no toleran la disidencia, aunque sea minoritaria. Buscan una judicatura sumisa y de rodillas. Ya podrán adivinar ustedes qué fuerzas se mueven a la hora de escoger un miembro de la Corte Suprema a partir de estas realidades subyacentes.

Una de las conclusiones principales de la investigación que comentamos, es que la Asamblea Legislativa ha sido incapaz de renunciar, o al menos de transparentar el ejercicio de nombrar a magistrados de la Corte y a otras autoridades de control político estratégico, como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, entre otras. Ante esta realidad, ahora científicamente comprobada, no veo más salida que, en el contexto de una nueva cultura política y democrática, la ciudadanía costarricense se organice y vigile estos procesos legislativos, demande transparencia y ejerza un control que si bien informal, pueda contribuir a evidenciar las cosas que se hacen mal.

Del largo elenco de vicios enunciados por el autor y perpetrados por la Asamblea Legislativa en los nombramientos a su cargo, podemos hacer un resumen acotado, sabiendo que a no dudarlo se nos quedarán por fuera algunas cosas importantes. El nombramiento de jerarcas institucionales, constitucionalmente depositados en la Asamblea Legislativa, han transitado, desde los dorados tiempos del monopartidismo, donde el Partido Liberación Nacional ejerció prácticamente un monopolio gracias a sus mayorías legislativas (décadas cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado y que en el libro del Dr. Solís no se analizan); al tiempo del bipartidismo en las dos últimas décadas del siglo XX (donde arranca la investigación), y en las que la lógica que se impuso fue el reparto equitativo (en coloquial: uno para vos, otro para mí); hasta ingresar en un siglo XXI con la emergencia de nuevas fuerzas políticas (principalmente el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario), que no trajeron en realidad cambios importantes en la dinámica legislativa en esta materia.  Aún en esas dos primeras décadas del siglo XXI, las fuerzas del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, a veces haciendo concesiones a otros sectores minoritarios, pero en la mayoría de los casos imponiendo sus fichas, han jugado a proponer cambios estructurales de importancia pero con paupérrimos resultados. Únicamente se instituyó la Comisión de Nombramientos; se ensayaron metodologías para los procesos de designación, pero prácticamente uno para cada caso; y se logró una reforma constitucional en el año 2003 con la que se aumentó el número requerido para elegir magistrado de Corte a 38 votos, igual cantidad requerida para la no-reelección con esa misma mayoría de votos, pero en contra. 

El universo de democracia formal al que nos referíamos, según lo reseña el autor, se ha desplazado desde iniciativas bien intencionadas para despolitizar, o mejor dicho despartidarizar, los nombramientos de jerarcas, hacia una serie de maniobras  truculentas en la práctica, y entre las que don Manuel Antonio destaca: cambios constantes en la metodología de trabajo a lo interno de la Comisión de Nombramientos y directamente relacionados con los aspectos a calificar, el valor en la puntuación de cada ítem, el porcentaje a distribuir entre los aspectos objetivos y subjetivos, éstos últimos centrados en una entrevista a los candidatos y candidatas, que se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo el asignar máximas calificaciones para ayudar a ciertos postulantes rezagados a ascender en la escala de la nómina, y, a contrario, asignar puntajes bajos y hasta nulos a postulantes posicionados en los primeros puestos, con la evidente intención  de rebajar sus posibilidades; también se ha abusado del número de integrantes de las nóminas que traslada la Comisión al Plenario, a veces ungido único, a veces tres, cinco, diez o más, según se quiera dar oportunidad a quienes no encabezan las listas; se ha integrado a las nóminas de elegibles candidatos o candidatas con evidentes ventajas de entrada, como pertenecer al mismo Poder Legislativo, a cúpulas partidarias o a parientes o amigos cercanos de esas cúpulas; maniobras dirigidas a propiciar reelecciones automáticas para evitar rendiciones de cuentas y, al contrario, exigir votaciones en casos que quieren complicarlas;   la cereza del pastel lo constituye la designación de personas que no han pasado por el concurso, ni por el filtro de la Comisión,  maniobra que se ha podido prestar a verdaderos actos de corrupción por eludir eventuales cuestionamientos al candidato finalmente designado.  La seguidilla de gazapos continúa en el Plenario Legislativo con algunos casos de votaciones sin siquiera una presentación de los recomendados, sin discusión alguna de sus méritos y en ocasiones sin que se tenga a mano al menos un currículum de la persona propuesta. Todo esto, y más, por supuesto, en la máxima opacidad, sin la mínima transparencia y sin que se legitimen las designaciones con buenas razones, las que permitirían conocer por qué se está nombrando a una persona y no a otra, por qué es ésta la idónea y no otra para ocupar la silla en disputa. Más bien, tanto en la Comisión como en el Plenario, los diputados se han aferrado al voto secreto y no fundamentado.

Esa (in)cultura política, conformada por prácticas y decisiones arbitrarias y claramente antidemocráticas, es lo que hay que cambiar. Y si hoy vivimos en una democracia que decide quiénes sí y quiénes no van a la Asamblea Legislativa, dejando esas trascendentales decisiones en manos de asambleas partidarias, reducidas, crípticas y controladas por círculos mínimos, cuando no por un dueño del partido, en el marco del más anacrónico caudillismo, es hora, conforme lo investigado por el Profesor Solís, de intentar cambiar también eso. ¿Qué magistrados, qué contralores generales, qué defensores de los habitantes podemos esperar de asambleas legislativas así integradas? ¿Qué precio pagan algunos representantes populares para sentarse en el Congreso? ¿Qué impide que éstos quieran imponerle ese mismo precio a quien aspira a ser Magistrado, Contralor o Defensor? ¿Podemos, como ciudadanos y para traducir el dicho a Tiquicia, seguir apostando a que el güitite nos dé aguacates? Por eso, la única salida que puedo intuir es la construcción de una verdadera cultura de participación ciudadana, todavía pendiente en esta Costa Rica de mítica democracia consolidada.

Por supuesto que aquí la última palabra la tendrán las nuevas generaciones. En las últimas elecciones generales (febrero-abril 2018), de manera espontánea, precisamente porque es una necesidad sentida, hubo grupos que se organizaron y tuvieron un peso decisivo en los resultados finales. En el 2000 manifestaciones populares impidieron la rapiña sobre la cosa pública; y en el 2012, se libró la más importante batalla por la independencia judicial al impedirse que la silla de Fernando Cruz fuera usurpada. Ese es el norte. Como igualmente, el norte será vigilar y controlar desde los medios de opinión pública, desde las organizaciones gremiales, desde todas las instancias ciudadanas posibles, la forma y manera en que se harán las cosas de ahora en adelante. Está pendiente en la Asamblea Legislativa el nombramiento de ocho plazas de magistrado o magistrada. Eso es más de un tercio de la Corte Plena. Probablemente será la Corte que integre la cúpula del Poder Judicial en los próximos veinte años. No podemos permitir que estos procesos que se avecinan culminen con designaciones sustentadas en razones débiles ni en pasajes ocultos, que se abran y cierren portillos a los aspirantes a puestos de control político, según los ilegítimos criterios del compadrazgo y las encomiendas pactadas.

El primer paso está ya ante nuestros ojos. Una nueva metodología ha sido recientemente acordada para los nombramientos que se vienen. Tomemos la lupa, critiquemos y advirtamos los riesgos que pueda tener esa novísima metodología. De entrada, un 40% para la entrevista es ya indicio de que pueden colarse subjetivismos y maniobras. Exijamos pues a los diputados y diputadas que nos expliquen por qué califican bien o mal a un postulante; apuntemos con esa lupa a quienes quieren colocar fichas en razón de afinidades partidarias, ideológicas o religiosas; no permitamos que se anulen excelentes postulantes sin exponerse con claridad las razones para que cualquier ciudadano pueda valorar si se trata de un argumento legítimo o es una mera arbitrariedad. Y así, en todos y cada uno de los pasos en que la instancia legislativa terminará tomando las decisiones que nos afectarán a todos. En el libro del Dr. Solís Avendaño, nos muestra lo mal que se han hecho las cosas, nos interroga e interpela, es hora de aprovechar todo ese bagaje teórico y transformarlo en acciones efectivas, por el bien de esta república y para hacer honor a lo mejor de la herencia de los abuelos.

Resta un tópico que no quisiera dejar por fuera de esta presentación. Tiene que ver directamente con la cultura política y el concepto de democracia manejable. Se trata del carácter de la reforma o las reformas que se han intentado en el Poder Judicial costarricense. Aquí la disyuntiva es de  acentos, entre una reforma que prioriza la modernización y avances tecnológicos en la organización de los despachos y la prestación eficiente del servicio público justicia, en procura de superar,  lo que el autor refiere claramente de otros con una herencia colonial y decimonónica (modelo napoleónico de organización y funcionamiento); reforma cuya impronta es sobre todo tecnocrática, cuyo adalid fuera el ex presidente Luis Paulino Mora Mora; y frente a esto una reforma  mucho más cualitativa, que revise precisamente esas herencias coloniales y decimonónicas, pero para tomar en cuenta aspectos sustanciales que nos acerquen no sólo a una justicia de calidad, sino esencialmente democrática, inscrita en una nueva cultura democrática. Entiendo que aquí también hay más preguntas que respuestas, pero el terreno ha sido suficientemente preparado por el análisis del Profesor Solís como para empezar a sembrarlo.

Digo finalmente quizá una verdad de sobra conocida, pero no por ello menos pertinente y bajo mi exclusiva responsabilidad. Todo sistema autoritario o autocrático comienza por intentar controlar a sus jueces. El asunto es complejo, se da con regímenes políticos de todo signo ideológico, sea que nos ubiquemos en la tradicional separación entre izquierdas y derechas, sea que nos refiramos a democracias precarias o consolidadas. Puede darse a partir de formas burdas y descaradas como cuando un magistrado de Corte se sube a la tarima de un candidato a presidente de la República, o puede darse a través de formas más sutiles y refinadas. Me temo que Costa Rica ha ido perdiendo el tacto de la sutileza para avanzar en el terreno de la impudicia y el descaro. En el fondo, quizá la cuestión es sencilla: cómo legitimamos el poder despótico, cómo damos la apariencia de democracia a lo que es esencialmente antidemocrático. Si al final un juez manipulable y dócil termina bendiciendo las decisiones del ejecutivo o el legislativo en defensa de ciertos intereses particulares, se tendrá el argumento idóneo para defender un estado de cosas, pero a la larga, jamás encontrará la legitimidad que puede hacer perdurar los valores que sustentan un sistema democrático auténtico. Estaríamos en el punto sin retorno para un necesario cambio radical, pero no sabemos a qué costo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca,

agosto de 2018.

Post Scriptum: está en prensa la segunda parte del libro del Dr. Solís Avendaño sobre estos temas. En el ínterin, la Asamblea Legislativa ha realizado todos los nombramientos pendientes a la fecha en que esta presentación se realizó (mediados del 2018). Baste decir que la segunda parte llevará el título: “Sin propósito de Enmienda”.