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Etiqueta: derechos humanos

No más falsos positivos: #SOSJULIANYZ11

SURCOS pasa la voz de alarma sobre la integridad física y seguridad de Julián y Jhonatan detenidos en el mes de octubre de 2021 durante el Paro Nacional en Colombia, quienes serán procesados a “intramural” –prisión preventiva–, la cual es una medida que emplea el sistema de justicia colombiano para presentar casos de falsos positivos a nivel judicial e irrespetar los derechos humanos y el debido proceso.

 

Compartido por SURCOS por  #soslibertad

Reunión sostenida en Fiscalía con representantes de organizaciones y territorios indígenas

SURCOS comparte la siguiente información:

Fiscalía General de la República

San José 

Costa Rica

San José, 13 de junio de 2022

Oficio N°457-FGR-2022

Señores y Señoras

Territorio Cabécar de Bajo Chirripó

Concejo Distö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre

Consejo Iriria Sat Kök de Yamabï Dí (Cabagra)

Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú

Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo

Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska

Recuperadoras/es de Saka Duwë Senaglo

Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego

Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin

Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés

Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc

Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur

Cootraosa

Comité de lucha por la tierra Finca Changuina

Voces Nuestras

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Bloque Verde

Organizaciones de Pueblos Originarios y defensores de derechos humanos

Estimados señores y señoras:

Reciba un cordial saludo, en relación con la nota presentada en la reunión sostenida con representantes de las distintas organizaciones arriba indicadas, relacionada con situaciones que enfrentan los pueblos indígenas costarricense y, en la cual se hiciera los requerimientos a la Fiscalía General:

  1. Un informe pormenorizado de causas penales citadas en la nota.
  2. Compromiso por parte del Ministerio Público a efectuar investigaciones sin discriminación.
  3. Presencia en los territorios indígenas para abordar las distintas situaciones delictivas presentadas.
  4. Directrices para la atención de casos con personas indígenas intervinientes, que sean consultadas.
  5. Establecer canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes.

Al respecto, se les informa lo siguiente:

  1. Se ha designado una persona fiscal de Fiscalía General, quien, de manera independiente y objetiva, está realizando la revisión de las causas citadas en la nota, con el fin de evaluar fortalezas y debilidades presentadas en cada una de ellas. Una vez que rinda su informe, se procederá a su análisis y valoración por parte del jerarca del Ministerio Público. No obstante, de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, la información obtenida de estas revisiones, no pueden ser compartidas con quienes no figuren como partes procesales del caso concreto, ya que los datos por imperativo legal son privados. Lo que sí se puede indicar es que, de los hallazgos que se obtengan de las revisiones de los casos, la Fiscalía General podrá establecer acciones de mejora a directrices internas y derechos internacionalmente reconocidos.
  2. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar -conjuntamente con la policía judicial- todos los supuestos donde exista un delito de acción pública que perseguir, aplicando para ello los principios de principio de legalidad y, en caso de los pueblos indígenas debido proceso intercultural. En ese sentido, se reitera el compromiso de la Fiscalía General en brindar reconocimiento efectivo a los derechos culturales, individuales y colectivos que asiste a la población indígena, en cada caso concreto.
  3. En cuanto la toma de denuncia dentro de los territorios, es un aspecto ya contemplado dentro de las políticas institucionales. En cada caso, la persona representante fiscal a cargo de la diligencia debe efectuar las valoraciones pertinentes y, de considerar necesaria la presencia de l
  4. as partes en oficinas judiciales procurar su traslado y garantizar la ayuda económica. En diciembre del 2021, de acuerdo a los planteamientos externados por varias personas indígenas, la Fiscalía General emitió la Circular 27-ADM-2021, la cual contiene principios rectores que se deben aplicar de forma obligatoria, al momento de desarrollar las investigaciones con intervinientes indígenas, a fin de no vulnerar el efectivo derecho constitucional al acceso a la justicia.
  5. Por último, en cuanto a establecer canales de comunicación efectivos, se reitera la apertura y compromiso como jerarca del Ministerio Público de escuchar a las personas indígenas, con el objetivo de que sus planteamiento sean tomados en cuenta en las distintas acciones administrativas y políticas de persecución penal que como ente encargado de la acción penal nos corresponde. 

Sin otro particular, se suscribe atentamente.

Warner Molina Ruíz 

Fiscal General a.i. de la República 

Ministerio Público

 

Imagen ilustrativa.

Llamado a la acción por la justicia social – caso de Carlos Andrés Pérez Sánchez

Le invitamos a participar este miércoles 22 de junio (hubo cambio de fecha) de la concentración “Porque Carlos Andrés Pérez Sánchez es inocente. ¡Absolutoria definitiva de su injusta sentencia!”, organizada por el movimiento Mujeres en Lucha Social, en apoyo con el movimiento social y sindical.

La concentración empezará a las 2:00 p. m. en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Circuito Judicial en Goicoechea, San José, con motivo de solidarizarse con Carlos Andrés y su familia ante el impacto de un proceso injusto de criminalización y persecución política.

 

Compartido con SURCOS por Mujeres en Lucha Social.

La historia de Carlos Andrés Pérez – I

Isabel Ducca D.

Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.

He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.

Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

En la sentencia, se lee:

Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.

¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera?  O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.

Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.

De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.

Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.

Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.

¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!

Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)

Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.

Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

Continuará.

Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

Bolivia: 15 años para Jeanine Añez y la apertura de otros procesos ordinarios

Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.

*Galo Amusquivar

Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.

Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.

Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.

Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.

A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.

Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.

Pacientes de cáncer y sus familiares tienen nueva casa en Heredia

Gracias a la Fundación Mujeres en Rosa FUNDEMURO y la Municipalidad de Heredia se abrió este valioso espacio hace 6 meses cerca del Hospital de Heredia.

Allí pueden dormir, cocinar, recibir talleres y charlas relevantes, y sobre todo no estar sola o solo, pero sentirse apoyado y acompañado por personas en las mismas condiciones que entienden y comparten lo que usted vive en estos momentos difíciles de la vida.

El servicio es gratis gracias a la voluntad y entrega de pacientes o sobrevivientes de cáncer. El alquiler es cubierto por la Municipalidad.

Para poder brindar un mejor servicio, se reciben donaciones de víveres, sábanas, paños, productos de limpieza, así como materiales para los talleres de artesanía como telas o pinturas que ayudan a distraer y calmar la mente y encontrar paz. También hace falta una silla de ruedas y se puede donar, y que sean 1.000 colones, cómodamente al SINPE móvil: 6249 7418.

Para más información: https://m.facebook.com/Fundamuro

https://adiariocr.com/salud/heredia-cuenta-con-nuevo-centro-de-atencion-para-pacientes-con-cancer/

Mestizaje y racismo en América Latina

El Observatorio para la Acción Contra el Racismo le invita el próximo miércoles 06 de julio a las 4:00 p.m. a la conferencia magistral llamada “Mestizaje y racismo en América Latina”, a cargo de la Dra. Mónica Moreno Figueroa, Associate Professor de la Universidad de Cambridge quien visitará la Universidad de Costa Rica durante la primera semana de julio de 2022. 

La conferencia contará con un espacio presencial en la Sala de Audiovisuales de  Facultad de Ciencias Sociales en el 1er piso, y también con transmisión virtual por medio del Canal WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales y por medio de las redes sociales: @ObcraUCR y el Centro de Investigaciones Antropológicas: @cianucr. 

Si desea asistir a la actividad presencialmente reserve su cupo en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpH2gRVQkcxmjxzYM6idFQO3WIS0GNosL4erpM5XTJ8N7tQ/viewform

Organizaciones feministas en contra de la revisión de la norma técnica para regular el aborto terapéutico

El día miércoles 1 de junio de 2022, 18 organizaciones feministas se unieron para emitir un comunicado, mediante el cual manifestaron su absoluto rechazo a la revisión de la norma técnica vigente que regula el aborto terapéutico. Esta revisión fue anunciada por Joselyn Chacón, Ministra de Salud, posterior a la reunión sostenida entre el Poder Ejecutivo y miembros de la Conferencia Episcopal el día 19 de mayo. Según el comunicado, esta reunión fue excluyente porque no se invitó a representantes y organizaciones de la sociedad civil que por años han reclamado un espacio en la agenda política para defender los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres y personas gestantes.

Asimismo, se hace un llamado a cumplir con el marco normativo internacional que insta a los Estados a respetar y garantizar el cumplimiento del derecho de la salud de las mujeres. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, son parte de los tratados de los que Costa Rica es firmante. 

Citan el caso de Ana y Aurora, dos mujeres costarricenses a las que se les negó el acceso a un aborto terapéutico por tener embarazos inviables, y que durante este proceso sufrieron maltrato y violencia por parte del Estado. Actualmente ambas llevan un proceso de denuncia contra el Estado costarricense en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La violencia vivida por estas mujeres es un recordatorio de que la obstaculización por parte del Estado para acceder a procedimientos como un aborto terapéutico, representa daños inimaginables en la vida de estas personas y como bien lo manifiesta el comunicado, cualquier intento de retroceder en materia de derechos humanos es alarmante, aún más cuando surgen desde una posición dogmática y no de evidencia científica.

Para leer el comunicado completo, puede consultar las imágenes adjuntas. 

SITRAPA pide esclarecer muerte de trabajador

Con Dania Obando

El 3 de junio pasado, Gerardo Picado Ramírez, de 45 años, trabajador de la empresa Palma Tica, se trasladaba junto a otros trabajadores en una carreta de la empresa. Según información recabada por una radio local cuando el tractor subía la Cuesta de Tinoco de Osa se le soltó el pin de enganche y la carreta se fue para atrás.

Giorgio Trucchi

En el accidente perdió la vida Picado Ramírez, mientras que otros trabajadores sufrieron golpes de diferente entidad.

“Se trasladaban de finca 6 a finca 11 de Palmar Sur, recorriendo la Carretera Interamericana Sur Ruta 2, cuando ocurrió el accidente. Nos solidarizamos con la familia del compañero y con los otros trabajadores que quedaron golpeados.

De igual manera hacemos un llamado a las autoridades institucionales y a Palma Tica, para que investiguen y esclarezcan las causas del accidente”, dijo a La Rel, Dania Obando, secretaria general del Sitrapa1.

¿Una tragedia evitable?

En agosto del año pasado, el Sitrapa lanzó un grito de alarma por el deplorable estado de las carretas que Palma Tica SA, que pertenece a Grupo Agroindustrial Numar, usa para el transporte del personal.

“Hemos reportado al Departamento de Salud Ocupacional y a Recursos Humanos lo grave de esta situación, al tiempo que hemos denunciado internacionalmente, con fotos y videos, las condiciones en que se trasladaban los trabajadores.

Agujeros en el piso, sin luz, una vergüenza. Nunca nos hicieron caso. Tampoco las autoridades del trabajo respondieron cuando pedimos una inspección para analizar esta y muchas otras problemáticas que vivimos”, manifestó Obando.

La dirigente sindical explicó que se trata de carretas haladas por tractores que tienen que hacer recorridos bastante largos y en calles de piedras, trasladando a mucha gente y a las herramientas de trabajo.

Vigilar sobre su buen estado, reparar de inmediato cualquier desperfecto y adquirir nuevas carretas es fundamental para prevenir posibles accidentes y desgracias.

“Como escribimos en el comunicado que firmamos junto a Fentragh2, es urgente que quien administra Palma Tica impulse un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las carretas. Sólo de esta forma podemos reducir los riesgos y accidentes de trabajo”, advirtió Obando.

“De igual manera, las autoridades del trabajo deben tomar en serio las denuncias que hemos venido haciendo, porque al final los que sufrimos somos las y los trabajadores”, concluyó.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sitrapa-pide-esclarecer-muerte-de-trabajador/

En el Día del Ambiente agarran a balazos carro de la ADI de Chirripó

Más de 13 balazos impactaron un vehículo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina

Este ataque amenazó la vida de más de 17 personas que venían en auto

Al igual que muchas comunidades que celebraron a nivel internacional el Día Mundial del Ambiente, la comunidad cabécar de Bajo Chirripó realizó, junto a otras comunidades cabécares de la provincia, un encuentro regional de mujeres indígenas en la comunidad de Namaldi de Matina Limón, en donde disfrutaron de una feria de artesanía, gastronomía, actividades deportivas, y otros eventos más.

La feria se desarrolló con toda normalidad y disfrute durante el fin de semana. No fue hasta el regreso en la noche del domingo, cuando las personas de las comunidades se devolvían en distintos transportes, que el vehículo propiedad de la ADI fue atacado con armas de fuego por individuos desde una loma cercana a la carretera, impactando el vehículo con 13 disparos.

El presidente de la ADI, Adrián Sanabria Payán, conducía el vehículo y narró que en primera instancia sintió como un desperfecto mecánico y se disponía a parquear. Por suerte, las personas que lo acompañaban que iban en el cajón, le advirtieron que se trataban de disparos y que debía acelerar para salir del alcance de los atacantes.

“Por milagro nadie salió herido o asesinado”, aseguró el presidente de la ADI, organización que interpuso las denuncias al 911 y ante el OIJ el día de ayer para recabar pruebas del suceso.

Contexto. En diciembre pasado, Leonel García Segura, dirigente indígena de Bajo Chirripó en Matina, fue brutalmente agredido, dejándolo internado en cuidados intensivos durante dos semanas en el Hospital de Limón.

A mediados de febrero, Leonel, por medio de un video denunció nuevamente amenazas de muerte para él y su yerno, testigo clave del brutal ataque. En aquel momento, Leonel asegura que el padre e hijo de apellido León son los responsables de las amenazas y uno de ellos siendo responsable del ataque que le hicieron a su persona. Leonel ha advertido “que me van a matar, que iban a darme dos meses de tiempo y al testigo también que lo quieren callar”. No es la primera vez que este sujeto de apellido León amenaza a Leonel. También ha procedido a amenazar de muerte a otros dirigentes comunitarios, además de haber deforestado y cazado ilegalmente dentro del territorio indígena (Bloqueverde, 16-2-22).

En el 2020, la ADI interpuso una denuncia contra el agresor ante tribunales por “tenencia irregular de tierras por un no indígena”, y el juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre este caso, el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, emitió, en agosto recién pasado, una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gómez para frenar la “corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso” (Voto 2021000200).

Desde BLOQUEVERDE y La Coordinadora de Lucha Sur Sur, hacemos un llamado a las autoridades para que actúen antes de que vuelva a correr la sangre. Al mismo tiempo que solicitamos a la fiscalía, OIJ e instancias judiciales respectivas a realizar las investigaciones y diligencias para establecer los responsables de este atentado.  Al mismo tiempo, se exige garantizar la protección de la vida de Leonel García y su familia, por quienes tememos que sufran un nuevo ataque.

Informes con Adrián Sanabria Payán, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Indígena Cabécar de Bajo Chirripó Matina, tel: 85445524 o también coordinadoradeluchass@gmail.com y bloqueverde@gmail.com

Ubicación del lugar del ataque, en Namaldi:  https://www.google.com/maps?q=9.980285,-83.324752&shorturl=1