La Plataforma Regional de Organizaciones Basadas en la Fe (OBF) invita al foro virtual: Xenofobia y violación de los DDHH a las personas en migración en México y Centroamérica.
La actividad será este jueves 22 de abril de 2:00 a 4:00pm, vía Zoom. Y tendrá la participación de las expositoras Melissa Vertiz, Leslie Voguel y Tracey King.
Usted puede acceder a este foro en el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/81645499938
SURCOS comparte la siguiente información:
DENUNCIA PÚBLICA
Domingo 18 de abril de 2021
Al ser las 7:00 pm la familia recuperadora de Sui Dikolr (Quebrada de Armadillos) en el sector de Las Juntas, fue agredida por una turba de aproximadamente 30 personas no indígenas, alentada por el usurpador Enrique Jiménez Valverde. quien en horas de la tarde celebró una fiesta para motivar el ataque. Producto de este hecho resultaron gravemente heridas las personas: Evangelista Mayorga Badilla, Heiner Torres Rojas, Jordy Granados Rojas, Junior Granados Rojas, Cristina Rojas Figueroa, fueron atendidas por la Cruz Roja.
Denunciamos públicamente que este ataque ocurre a pesar de las alertas interpuestas previamente por este Consejo ante el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, la Defensoría de los Habitantes y las Naciones Unidas (oficina de Costa Rica). Responsabilizamos al Estado de Costa Rica por no hacer efectivo el derecho al territorio de los pueblos originarios y permitir este tipo de violaciones a nuestros Derechos Humanos.
Para mayor información:
Maximiliano Torres Torres Teléfono:87783833 Coordinador
Adjuntamos la imagen oficial del comunicado:
Consejo de Mayores y Mayoras lriria Jtécho Wakpa del Territorio lriria BribriSá Ká ªCabagra
Imagen del header tomada de Ditso, Costa Rica
La Catedra José Martí de la Universidad de Costa Rica invita a participar del conversatorio: ¿Qué está pasando en los territorios indígenas del sur de Costa Rica?
El espacio contará con la participación de Pablo Sibar, Líder indígena y defensor de pueblos originarios. Además, Daniel Camacho, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y activista por los derechos humanos y la Lideresa Bribri, Roxana Figueroa, defensora de los pueblos originarios.
La actividad será este lunes 19 de abril 2021, a las 4pm y se transmitirá vía zoom.
Información de acceso:
Id:837 5071 6462
Código:835212
El CAM es un proyecto del Programa Kioscos Socioambientales inscrito en la Facultad de Ciencias Sociales. Surge en el año 2019 como un espacio de encuentro para mujeres que provienen de distintos territorios: costeros, urbanos, campesinos e indígenas. Inicia con tres campamentos audiovisuales, en los cuales participaron 24 mujeres de 14 comunidades y 13 organizaciones de Costa Rica.
El proyecto busca fortalecer procesos organizativos de mujeres defensoras de territorios, usando los teléfonos celulares y el audiovisual como herramienta para comunicar sus resistencias de manera autogestionada.
“Mujeres Territorio: Retratos y Relatos”
“Mujeres Territorio: Retratos y Relatos” contiene un conjunto de collages, producto de un ejercicio realizado durante el tercer campamento del CAM en el 2019, llamado “Mural de defensoras de territorios y relatos”. Donde las participantes leyeron las historias de mujeres publicadas por la “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres en Resistencia”, y decidieron tener una publicación de collage parecida. Para construir los relatos, se les preguntó a cada una por ¿Cómo se describe a sí misma?, ¿Por qué es defensora de territorios? y ¿Con cuáles elementos visuales acompañaría su retrato?
Los 24 collages buscan compartir la representación que cada defensora tiene de sí misma y el tipo de lucha de territorio que realiza, explicando desde las palabras de cada una, la diversidad de identidades de las mujeres y luchas que se dan en el país, acompañando a su vez, elementos significativos del paisaje de sus territorios.
Los retratos de las participantes fueron tomados por las fotógrafas Rebeca Sánchez y Tatiana Saballos, gracias a la iniciativa de La Feria Producciones. La gestión del documento estuvo a cargo del CAM y gracias al apoyo de este proyecto, Paula Peña diseñó los collages durante el 2020.
“Retratos y Relatos” es una forma de visibilizar a las mujeres que resisten y han resistido a diversos embates en Costa Rica. Desde el autoreconocimiento de las propias historias de cada compañera, ellas identifican acciones e identidades que usan para responder a las violencias del sistema patriarcal y extractivista.
Zuiri Méndez
Programa Kioscos Socioambientales
Cada persona somos lo que hemos amado durante nuestra residencia en la tierra, lo único que nadie podrá arrebatarnos. Amar, construir nuestra felicidad y apoyar a la de las otras personas, ésa es nuestra tarea en la vida que, demasiadas veces, se olvida o se posterga.
Yo habitaba un país con desfiles militares e himno nacional, con domingos de misal y planes de verano. En la casa familiar conocí la puerta de salida. Y a cambio conocí la palabra bienvenida. Mi noción de patria tiene julios, octubres y algún agosto que me espera. Sin desfiles militares, ni misal y una casa familiar con solo puertas de entrada. Vivir es ampliar la noción de patria.
Pasando de contiendas electorales, siglas partidarias, aritméticas políticas y sumas cero. No hay balance de pérdidas y ganancias que nos distraiga. Los corazones atentos a la vida ocupan sus horas y los espacios en acunar abrazos y osadías. Así, contra el ritual de los políticos de la bolsa, cada día es una oportunidad para la poesía.
Mantente en pie luna llena para que las olas den su testimonio. Que salga de las profundidades la estrellita de mar más pequeña con su relato. La salinidad humana de las lágrimas reclama las fraternidades de las gotas. Que hasta las rocas más arrogantes se vean horadadas en su codicia y violencia para que nadie llore en vano.
¿De dónde sacamos la garra para vivir? ¿De dónde brotan las fuerzas para desafiar lo injusto? ¿De dónde la alegría, la risa y el ingenio? De caminar con otras y también con otros, de sabernos pares que es cuando se saben ciertos los abrazos, de recorrer la memoria de la piel y de los sueños, de experimentarnos en conexión contra todo mandato y pronóstico de abismos.
En Kisangani, a las libélulas las llaman las guardianas del agua, son consideradas símbolo de la vida. Cuentan que la breve vida de una libélula es tan intensa que la prodigan sin reservas entre el río y el cielo. Al caer la noche las relevan las luciérnagas sobre el río Congo, presumiendo de estrellas. La danza de la vida no repara en otra cosa que en la vida misma. Spinoza decía que las personas libres de lo que menos se ocupan es de la muerte.
Lo que venga que me halle amando, con un inventario a favor de la alegría.
Imagen tomada de: https://www.marca.com/
El próximo 26 de abril del 2021, iniciará el programa Orden del Día. El espacio busca analizar los proyectos que están en la corriente legislativa, sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los derechos humanos.
Este programa se transmitirá todos los lunes a las 5pm por la frecuencia 96.7 de Radio Universidad, de las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Conducido por las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano.
El espacio de reflexión técnica de temas de interés ciudadano es una colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas, IJJ, y el Programa de Libertad de Expresión UCR, PROLEDI.
Información brindada a SURCOS por Orden del Día.
Los primeros resultados de una rápida búsqueda en cualquier explorador de internet a la palabra Manrique, Colombia, devuelven cierta narrativa sobre violencia y peligrosidad. Se trata de un gran conglomerado poblacional, la comuna número 3, ubicada al noroeste de Medellín, capital de Antioquia, con una historia ciertamente compleja, pero no la única que atraviesa sus espacios sociales.
Hace algunos años como parte de un proyecto sobre trata de personas y derechos humanos que nos juntaba a personas investigadoras de Colombia, España y Costa Rica, fuimos a dar a Manrique, donde conocimos a un cura revolucionario, organizador incansable de acciones encaminadas a arrebatarle al niño, niña y joven de esta comuna, al riesgo social.
Una tarde, conversando en su comuna, me confesó que una de las estrategias para trabajar con estas poblaciones era alentar su cercanía con el arte como vehículo de transformación. Que tenía que ser contextualizada esa relación. Y cómo no advertir que justamente en Manrique se teje una de las conexiones populares de largo aliento con el tango como expresión cultural.
Durante esos días en la comuna, pude observar el trabajo de academias enteras de niños y niñas practicando tango por las calles. A todas horas y en todos los espacios, este territorio con una rica historia gardeliana, permite a sus niños y niñas expresar y recrear sentido de la vida.
Recordé justamente una de las formas mediante las cuales Medellín encontró para contender la violencia a nivel político, pero sobre todo sociocultural: disputar los espacios públicos a los actores involucrados y crear uno de los festivales de poesía más emblemáticos a nivel mundial, como es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 31 años ininterrumpidos de llevar la palabra a las comunas y zonas más complejas de esta capital antioqueña.
Como un brazo artístico y amoroso, este festival desarrolla el Proyecto Gulliver, consistente en impulsar la creación poética y literaria en los niños y niñas de las distintas comunidades en riesgo. En ambos casos, la poesía y el tango, no resultan solamente expresiones estéticas y de representación de la vida, sino herramientas comprometidas para la transformación social.
Hará quizá hace dos años fui invitado a participar en un encuentro literario en el municipio de Quezaltepeque, en El Salvador. También las narrativas sobre las violencias en ese país son recurrentes y provienen casi siempre de interlocutores con poca capacidad analítica para sopesar las razones históricas y estructurales de los procesos de exclusión social y desigualdad en aquel país.
En el marco de esa actividad fuimos invitados a leer a una escuela de un sector rural del municipio. Al llegar, nos recibieron cerca de 300 niños y niñas que prepararon un escenario con nuestras fotografías, buscaron nuestros trabajos poéticos en internet para leerlos en la actividad y hurgaron en nuestras biografías para conocernos mejor.
Esa mañana comprendí el profundo vínculo entre el arte como vehículo social y las formas diversas para reconocer la realidad para transformarla, como es el caso de las diversas disciplinas que conforman el vasto campo de las Ciencias Sociales.
En una nota sobre la proclamación del Día Mundial del Arte, que se celebra todos los 15 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura (UNESCO) indicaba: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales poder lograr un mundo libre y pacífico” (es.unesco.org).
Ciertamente experimentamos un entorno plagado de incertidumbre, de hegemonías duras en lo económico y excluyentes en lo social. A estas durezas solo se les resiste desde otras posibilidades expresivas, que contienen en sus cimientos una política de los cambios y las transformaciones.
Vincular el arte como herramienta y la ciencia social como expresión ontológica y epistemológica de vida y de transformación, debe ser un objetivo común para quienes aspiramos a un mundo un poco mejor al que ya existe. En ese camino andamos.
Luego de un análisis realizado al texto, la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper) manifiesta su oposición, al proyecto de Reglamento de Afiliación para trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Consideramos que:
1. La propuesta es lesiva a los trabajadores independientes, en nuestro caso periodistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales, publicistas, diseñadores publicitarios y comunicólogos.
2. La base del cálculo resulta discriminatoria.
3. Se le confieren poderes amplios a la CCSS, que pueden resultar en actos abusivos de los derechos humanos de los ciudadanos.
4. Violentas normas constitucionales al derecho, al trabajo, la salud y la vida digna.
5. El plan es discriminatorio y confiscatorio.
Recordemos que el trabajo es un derecho humano y constitucional, por lo que le solicitamos a la CCSS, revisar dicho reglamento y modificar, las cláusulas que pueden ir en detrimento de los trabajadores independientes, en especial porque muchos de ellos, vieron afectados sus ingresos, a causa de la pandemia del Covid-19.
Junta Directiva 2021
Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación
San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.
Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.
Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.
Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.
En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.
Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.
Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.
Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.
El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.
Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.
Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.
En los últimos días de su sesión anual en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, adoptó la resolución titulada «Human Rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice» (véase texto completo).
Se trata de un recordatorio anual de las distintas obligaciones que, en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incumple impunemente Israel desde hace ya muchos años. Es así como se lee que el Consejo de Derechos Humanos
«4. Deplora la persistente falta de cooperación de Israel con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de las Naciones Unidas que intentan investigar las presuntas vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y pide que se coopere plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y todos sus procedimientos especiales, mecanismos pertinentes e investigaciones, así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
5. Exige a Israel, la Potencia ocupante, que ponga fin a todas las acciones ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otras la construcción de asentamientos; la demolición de estructuras residenciales, incluidas las demoliciones punitivas de viviendas; el desalojo forzoso de habitantes palestinos y la revocación de los permisos de residencia de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental mediante una serie de leyes discriminatorias; las excavaciones en lugares religiosos e históricos y sus alrededores; y todas las demás medidas unilaterales que tienen por objeto alterar el carácter, el estatus y la composición demográfica de todo el territorio, todas las cuales tienen, entre otras cosas, efectos graves y nocivos para los derechos humanos del pueblo palestino y las perspectivas de un arreglo justo y pacífico«.
Entre los párrafos añadidos a los usualmente reunidos en esta resolución, que se adopta cada año en Ginebra, se lee que para este 2021, el Consejo de Derechos Humanos:
«18. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla las obligaciones que le impone el derecho internacional respecto de la población ocupada protegida y garantice un acceso sin discriminación a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, entre otros medios en coordinación con el Gobierno del Estado de Palestina«.
Como se observará si se lee el texto completo, el Consejo de Derechos Humanos no hace sino externar su profunda preocupación por la situación imperante en el territorio palestino ocupado, exhortando a la potencia ocupante a cumplir sus obligaciones como tal y a investigar y sancionar a los responsables de exacciones cometidas contra la población civil palestina.
Una resolución objeto de un fuerte cabildeo israelí en su contra
Como es ya bastante usual, Israel (Estado que no integra este órgano de Naciones Unidas) desplegó intensas gestiones diplomáticas semanas antes de la votación, así como su incondicional aliado norteamericano (que tampoco lo es) en aras de intentar obtener un resultado favorable entre los 47 Estados que integran este Consejo. Pocamente divulgado en algunos medios internacionales, cabe recordar el hecho siguiente: el Presidente israelí realizó personalmente una gira en Austria, Alemania y Francia pocos días antes de la votación, como parte de la campaña oficial de Israel en contra de la justicia penal internacional de La Haya (véase cable de la agencia china de noticias Xinhua del 16/03/2021).
Como se recordará, en junio del 2018 Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró que retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más apropiado y oportuno: un gesto raramente observado, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde febrero del 2019 en este enlace oficial.
Los resultados de la votación en breve
Para este año 2021, la resolución titulada «Situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia» se adoptó con 32 votos a favor (incluyendo los de Francia y Alemania), 6 en contra (entre los cuales el de Austria) y 8 abstenciones.
Un Estado de Oriente Medio y miembro del Consejo de Derechos Humanos particularmente observado, Bahrein, optó por no participar en la votación (ausencia de su delegado en el momento de la votación, también denominado «No Show«): es el único Estado de los 47 en haber recurrido a esta peculiar técnica para el voto de esta resolución. Como se recordará, el 15 de setiembre del 2020, Bahrein e Israel anunciaron la firma, desde Washington, de un sorpresivo acuerdo sobre la normalización de sus relaciones oficiales.
En esta ocasión, Israel pudo únicamente contar con los votos de Austria, Bulgaria, Brasil, Camerún, Malawi y Togo (que votaron en contra del texto) según se desprende del registro de la votación (véase enlace) y que a continuación reproducimos:
Por parte de América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil que votó en contra, los demás Estados de la región votaron a favor de la resolución (Argentina, Bolivia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela), Bahamas optando por abstenerse (al igual que Filipinas, India, Islas Marshall, Nepal, Reino Unido, República Checa y Ucrania). Siempre con relación a América Latina, no está de más recordar que en octubre del 2020, resultaron electos por parte de América Latina, Bolivia, Cuba y México, en sustitución de Perú y Chile, con México logrando ser reelecto (véase nuestra breve nota al respecto); mientras que en octubre del 2019, resultaron electos Brasil (reelección) y Venezuela, al tiempo que Costa Rica intentó de manera sorpresiva postularse, sin lograrlo (véase nuestra breve nota al respecto).
Cabe señalar que en el 2020, un texto muy similar contó con 17 abstenciones, entre las cuales las de Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal y Uruguay: 8 Estados que optaron entre el 2020 y el 2021 por cambiar su posición y votar afirmativamente en favor del texto.
Justicia y rendición de cuenta en Palestina: un acento diferente en este 2021
A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 23 de marzo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino.
En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace).
Un reciente foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programa y enlace del foro, realizado el 30/03/2021).
Al respecto, resulta oportuno mecionar que este próximo 9 de abril vencerá el plazo otorgado por la CPI a Israel (así como a Palestina) para contestar la notificación enviada el pasado 9 de marzo a ambos Estados: como bien se sabe, el principio de complementaridad (Nota 1) obliga a la CPI a solicitar inicialmente al Estado incriminado el listado de investigaciones realizadas sobre los mismos hechos (de manera a no duplicar los esfuerzos de entidades nacionales preexistentes). En estos primeros días de abril, no pareciera tenerse mucha claridad sobre la estrategia de Israel (véase nota del Jerusalem Post del 1/04/2021 titulada «Israel has no planned approach, response to ICC, with 9 days to go» y este artículo de opinión publicado en Haaretz titulado «Israel and the ICC: Denial Isn’t Just a River in Egypt» en la misma fecha ). De contestar formalmente Israel a la CPI sobre las eventuales investigaciones internas realizadas en Israel con relación a los hechos que quiere investigar la CPI, legitimaría la decisión del pasado 5 de febrero (que oficialmente Israel considera oficialmente ilegítima, sesgada e incluso «antisemita» (Nota 2); y de no contestar a la CPI, habilitaría jurídicamente a los investigadores de la CPI a examinar ellos mismos todos los hechos, sin excepción de ningun tipo, objeto de la solicitud presentada por Palestina a la Fiscalía de la CPI.
Cabe también señalar que este 3 de abril del 2021, la CPI saludó el retiro de sanciones en su contra por parte de la nueva administración norteamericana (véase comunicado oficial de la CPI). Como bien se sabe, el único Estado en haber felicitado a Estados Unidos por esta insólita decisión tomada en junio del 2020 fue Israel (véase nota del Times of Israel del 11/06/2020): habíamos tenido la oportunidad de explicar que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos al anunciar estas sanciones disimulaban otras, menos explícitas, relacionadas a Israel (Nota 3).
Votaciones anteriores en breve sobre justicia y rendición de cuentas en Palestina
En el año 2020, una resolución muy similar (véase texto integral en inglés) había sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos con 22 votos a favor (incluyendo el voto de Bahrein), 8 en contra (Austria, Australia, Brasil, Bulgaria, Islas Fidji, República Checa, Togo y Ucrania) y 17 abstenciones.
En 2019 (véase texto integral), el resultado obtenido fue de 23 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones. Es de notar que en el 2019, Bahrein figuraba entre los Estados proponentes del proyecto de resolución.
En 2018, un texto similar (véase texto integral) obtuvo 27 votos a favor, 4 en contra (Australia, Estados Unidos, Togo y Reino Unido) y un total de 15 abstenciones.
A modo de conclusión
Más allá de la situación bastante peculiar para este 2021 de la delegación de Bahrein en Ginebra, y del súbito cambio de parecer de varios Estados partidarios de abstenerse el año pasado, la comparación de los resultados obtenidos desde el 2018 en la votación de esta resolución evidencia el siguiente dato: la marca registrada en este 2021 es la peor obtenida por la diplomacia israelí y la de su fiel aliado norteamericano en los últimos 4 años.
Lo cual viene a confirmar (nuevamente) el efecto contraproductivo que conllevan para Israel la tónica y la actitud adoptada por sus máximas autoridades en los últimos tiempos, consistiendo en desafiar abiertamente las bases del ordenamiento jurídico internacional.
—
Notas:
Nota 1: El principio de complementariedad (también denominado «subsidiaredad«) de la CPI significa que únicamente examina asuntos que no hayan sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades judiciales nacionales. O bien, cuando a través de supuestas «investigaciones«, se manifiesta claramente la renuencia del Estado a investigar y a sancionar debidamente a los responsables de los hechos incriminados. Véase al respecto: C.-TOUSSIGNANT M., «L’instrumentalisation du principe de complémentarité de la CPI: une question d’actualité» RQDI (Revue Québécoise de Droit International), 2012, pp.73-99. Texto integral del artículo disponible aquí.
Con relación al crimen de guerra que constituye la colonización ilegal a la cual ha procedido Israel desde muchos años y objeto de la solicitud hecha por Palestina a la CPI, se leyó recientemente por parte de especialistas franceses, que:
«Le droit israélien considérant la colonisation comme légitime, aucune enquête nationale ne sera bien sûr menée sur les auteurs du crime de colonisation. Le bureau du procureur pourra donc enquêter sans délai sur ces faits, sans qu’Israël puisse lui opposer la règle de la « complémentarité », à savoir l’existence de procédures pénales menées dans un État contre les auteurs de crimes de guerre et qui peut faire obstacle à l’exercice de la compétence de la CPI, comme cela sera peut-être le cas dans les deux premiers types de crimes commis à Gaza» (véase PICHET E. & POISSONNIER G., «Colonisation des territoires palestiniens : quelles conséquences peut entraîner l’ouverture de l’enquête de la CPI ?«, The Conversation, edición del 17/03/2021, y disponible en este enlace).
Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota del Times of Israel, titulada «Netanyahu: An ICC investigation of Israel would be ‘pure anti-Semitism’ » (edición del 6/02/2021) y a este artículo de opinión publicado por el Presidente de Israel en Le Figaro (Francia), el pasado 18 de marzo del 2021, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 24 de setiembre del 2020, y disponible aquí. Nos permitímos concluir en aquella oportunidad con la siguiente reflexión que a continuación reproducimos:
«En relación con estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse de que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación), relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la fiscal de la CPI.»
(*) Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica