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Etiqueta: derechos humanos

UNA: lección inaugural tratará educación, género y derechos humanos

La Universidad Nacional en el marco de la Declaratoria por la Igualdad, la Equidad y la no violencia, le invitan a la Lección Inaugural del I ciclo lectivo 2019

Educación, género y derechos humanos, impartida por la Dra. Graciela Morgade

Investigadora y especialista en Educación Sexual, con enfoque de Género y Derechos Humanos, Universidad de Buenos Aires, Argentina

La perspectiva de género apunta a la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos, porque reconoce que las mujeres y los hombres son protagonistas del desarrollo, por lo que deben tener acceso, uso y control sobre los recursos, las propiedades, los saberes y la toma de decisiones en condiciones de igualdad, implica, por ende, una acción directa sobre la sociedad para transformar los términos de las relaciones sociales, así como una voluntad política para cambiar dichos términos de manera que sea posible la igualdad. En este sentido, involucra también la revisión de las capacidades de las instituciones existentes y sus mecanismos de acción afirmativa para lograr la igualdad entre los sexos.

Las instituciones de educación superior están llamadas a cumplir con el compromiso de respetar el derecho que tiene toda persona a no sufrir ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, condición económica, entre otras.

Asimismo las Declaraciones mundiales sobre Educación Superior (1998, 2009) enfatizan sobre la importancia de proseguir e intensificar esfuerzos para aumentar el índice de acceso de las mujeres a todas las esferas de la educación superior, especialmente a los estudios científicos y tecnológicos y a los cargos de responsabilidad y garantizar su permanencia y graduación.

La perspectiva de género plantea que al ser históricas y socialmente construidas, es posible cambiar las estructuras sociales en las cuales se basa la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por ello promueve el reconocimiento de otras dimensiones como las que provienen de la clase social, etnia, orientación sexual, discapacidad, condición económica, entre otras.

***Para mayor información comuníquese al 2277-3066.

Enviado por UNA Comunicación.

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DEI: Taller Socio-Teológico 2019

El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI; abre la convocatoria al Taller Socio-Teológico 2019: “Crisis política en América Latina, derechos humanos y reconstrucción de alternativas«, que se llevará a cabo del 6 al 31 de mayo.

Para las personas que desean asistir al taller, deberán completar el formulario de inscripción en línea cuanto antes: www.deicr.org

El día límite para la inscripción es el 22 de abril.

Para más información puede enviar sus consultas al correo: seminariosytalleres@deicr.org

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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Posición del CENIDH ante anuncio de negociación

Ante el anuncio de inicio de negociación entre el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recuerda que “los derechos humanos no son negociables”.

Esto, explicó su presidenta, Vilma Núñez de Escorcia, “negociar es un proceso en donde los agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular, intercambian información, promesas y compromisos formales”. ¿Hay condiciones? ¿Conocemos la agenda?

Todas aquellas demandas que la gente está planteando como libertad de prensa, libertad de presos políticos, suspensión de la represión, retiro de los paramilitares, regreso sin represalia de los exiliados, entre otros, son derechos humanos que “no se pueden negociar” y, por tanto, son los requisitos que deberían estar cumplidos antes de un diálogo.

La demanda que no debe postergarse y debe priorizarse, dijo Núñez, es la liberación inmediata de los presos políticos, su situación jurídica generada por los abusos cometidos al margen de las garantías del debido proceso y la imputación delictiva infundada deben resolverse con posterioridad y de usando los mecanismos legales existentes, como el recurso de nulidad absoluta, por ejemplo.

Para la presidenta del CENIDH la población debe saber puntos de importancia en este diálogo. Refirió que la representación de la Alianza Cívica tiene que explicar otra serie de aspectos, como lugar del encuentro, agenda, mediadores, proceso de selección de sus representantes para no correr el riesgo de generar desconfianza, y proyectar la imagen de que ha caído en la estrategia del secretismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En cuanto a los mediadores o garantes, indicó que, aunque se sobreentiende que seguirá siendo la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), le llama la atención que el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, haya salido del país “y hasta que está afuera nos avisa que está en Estados Unidos y que después va para España”, esto afirmó, le genera suspicacia.

Y concluye afirmando que no hay correspondencia entre el discurso de anoche y lo ocurrido la mañana de este viernes, cuando horas después del anuncio de negociación, “turbas” del régimen agredieron a varios periodistas y robaron el teléfono celular a la periodista de LA PRENSA, Leonor Álvarez, en momentos que realizaban cobertura de la citatoria al señor Ronaldo Jerez, padre de la presa política Irlanda Jerez, en el Distrito Uno, de la Policía, hecho que condenó.

Por eso, dijo que la desconfianza en la población de esta negociación es válida pues de forma reiterada Daniel Ortega ha demostrado que no respeta su palabra y ni cumple sus compromisos, lo que plantea un reto más grande que hay que asumir y vencer.

 

Imagen y texto tomado del Facebook de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – Cenidh

Enviado por María Elena López.

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Solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visite Venezuela

Compartimos la siguiente petición creada para solicitar firmas con el objetivo de pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visite Venezuela.

El texto de la petición está en inglés y dice lo siguiente:

OPEN LETTER TO THE UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL ANTONIO GUTERRES

AND TO THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS MICHELLE BACHELET

from Alfred de Zayas,  23 February 2019

Dear Mr Secretary General of the United Nations,

dear High Commissioner for Human Rights,

As former UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order (2012-2018) I would like to urge you to once again make your voices heard and make concrete proposals for mediation and peace in the context of the Venezuelan crisis.

The most noble task of the United Nations is to create the conditions conducive to local, regional and international peace, to work preventively and tirelessly to avoid armed conflicts, to mediate and negotiate to reach peaceful solutions, so that all human beings can live in human dignity and in the enjoyment of the human right to peace and all other civil, cultural, economic, political and social rights.  I am particularly worried by the Orwellian corruption of language, the instrumentalization and weaponization of human rights and now even of humanitarian assistance.

I look back at my UN mission to Venezuela in November/December 2017 as a modest contribution to facilitate the cooperation between the United Nations and the Venezuelan government and to open the door to the visits of other rapporteurs.  See my report to the UN Human Rights Council
https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/report-venezuela-dr-alfred-de-zayas-1.pdf and the relevant recommendations.

I believe that it would be timely and necessary for both of you to issue a statement reaffirming General Assembly Resolutions 2625 and 3314 and the 23 Principles of International Order that I formulated in my 2018 report to the Human Rights Council.  See para 14 of
https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/report-alfred-de-zayas-23-principles.pdf

It would be appropriate to recognize the fact that the government of Venezuela has put into effect some of the recommendations contained in my report — and in the six page confidential memo that I personally gave to Foreign Minister Jorge Arreaza upon my departure.  http://vtv.gob.ve/venezuela-onu-medicamentos-alimentos/

Indeed, first the Venezuelan government released 80 detainees — including Roberto Picón and 23 others whose release I had specifically requested — that was on 23 December 2017, followed by other releases in the course of 2018.  Alas, there has been practically no information about this in the mainstream media, although it is easily accessible in the internet.  See also the comments of Venezuela on my report

https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/comments-by-the-government-of-venezuela.pdf

in particular paragraph 46

(xvi) As a result of this on 23 December 2017, 80 people arrested for acts of violence during the protests in the country were released; and on 1 June 2018, 39 more people were released.

and paragraph 46

(xviii) In this regard, the Venezuelan Government values the willingness and disposition of the Independent Expert, who was pleased to inform the competent authorities of the requests he received from some relatives of the persons deprived of their liberty. His recommendations were accepted.

Shortly after my visit Venezuelan authorities met with the UN agencies and made additional cooperation accords, thanks to the valuable efforts Peter Grohmann, the UNDP representative in Caracas.

Now the government of Venezuela has formally asked the United Nations for humanitarian assistance in connection with the current crisis.  We must not let them down.

I think that the US should turn over all the humanitarian assistance and medical supplies it has flown into Colombia and have them distributed as soon as possible with the help of the United Nations and other neutral organizations, including the International Committee of the Red Cross.

Another item of information that is sorely missing from the mainstream media is the delivery last week of 933 tons of food and medicines at port La Guaira — coming from China, Cuba, India, Turkey etc.  https://www.ghm.com.ve/llegaron-al-pais-933-toneladas-de-medicinas/

https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html

Moreover an additional 300 tons of medicines and medical supplies provided by Russia arrived by air.

https://www.dw.com/es/maduro-anuncia-arribo-de-300-toneladas-de-ayuda-humanitaria-de-rusia/a-47576323

As I know from my conversations with Venezuelan ministers during my visit in 2017 and the recent conversations I have had with Venezuelan Ambassador to the UN in Geneva Jorge Valero — Venezuela has always welcomed and repeatedly asked for assistance from neutral and friendly governments so as to overcome the adverse human rights impacts of the financial blockade and the sanctions. Such help should be offered in good faith, without strings attached.

I believe that this is the moment for the UN High Commissioner for Human Rights to accept the invitation of the government of Venezuela, extended to her in December 2018, to visit Venezuela personally.  Her presence in Venezuela should ban the growing danger of a military intervention by foreign entities. She should endorse the efforts at mediation launched by Mexico and Uruguay at the Montevideo mechanism.

There are ominous parallels with the run-up to the Iraq invasion in 2003 — an illegal war, as Kofi Annan said on repeated occasions — https://www.nytimes.com/2004/09/16/international/annan-says-iraq-war-was-illegal.html

It is obvious to any first year law student that the constant threats against Venezuela are contrary to article 2(4) of the UN ‘Charter.  What many do not realize is that the threats, the economic war, the financial blockade and the sanctions violate the principles contained in Article 3 of the OAS Charter

“e. Every State has the right to choose, without external interference, its political, economic, and social system and to organize itself in the way best suited to it, and has the duty to abstain from intervening in the affairs of another State. Subject to the foregoing, the American States shall cooperate fully among themselves, independently of the nature of their political, economic, and social systems; f. The American States condemn war of aggression: victory does not give rights; g. An act of aggression against one American State is an act of aggression against all the other American States; h. Controversies of an international character arising between two or more American States shall be settled by peaceful procedures; I. Social justice and social security are bases of lasting peace…”

Moreover, they violate numerous articles of Chapter 4 of the OAS Charter,

“Article 17

Each State has the right to develop its cultural, political, and economic life freely and naturally. In this free development, the State shall respect the rights of the individual and the principles of universal morality.

Article 18

Respect for and the faithful observance of treaties constitute standards for the development of peaceful relations among States. International treaties and agreements should be public.

Article 19

No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. The foregoing principle prohibits not only armed force but also any other form of interference or attempted threat against the personality of the State or against its political, economic, and cultural elements.

Article 20

No State may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another State and obtain from it advantages of any kind.”

Dear Mr Secretary General, dear High Commissioner for Human Rights: The world looks up to you in the hope that you can avert even greater suffering to the peoples of Venezuela. They need international solidarity as expressed in the report of Virginia Dandan, the then independent expert on human rights and international solidarity. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Solidarity/DraftDeclarationRightInternationalSolidarity.pdf

I remain respectfully yours

Professor Dr. Alfred de Zayas, Geneva School of Diplomacy

Si desea firmar la petición, ingrese en el siguiente enlace:

http://chng.it/44nbn5X2YR

Enviado por Walter Antillón.

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Boletín ODHAIN

Observatorio de los Derechos Humanos y Autonomía Indígena

Adelanto al Informe Final de la 15° Misión

La 15° Misión del ODHAIN, al terminar su segunda parte, (4 y 5 de febrero 2019), entrega el siguiente comunicado a las autoridades oficiales y a la opinión pública, ante el aumento de la conflictividad que genera el aumento de la tensión y la posible violencia que puede desencadenar en enfrentamientos cuyas consecuencias sean irreversibles en la vida y la humanidad de las partes intervinientes en estos conflictos.

En esta oportunidad la 15° Misión tuvo contacto con tres situaciones de conflicto en los territorios indígenas, Rey Curre, finca Du Tuj, (borucas); Térraba finca Crun Shurin/ Potomac, (broran); Salitre finca Kapliña en La comunidad de Puente (bribris). Siendo que, en estas dos últimas fincas en recuperación por parte de familias indígenas, logramos constatar la conflictividad y la violencia, hechos que observamos en ambos lugares, en los que hay presencia física de no indígenas que pretenden esas tierras recuperadas por los indígenas. Esta tensión es permanente y creciente, tanto así que la misma policía permanece largas horas en medio de las partes para evitar los enfrentamientos, sin embargo, este elemento no está solucionando ni respondiendo al tema tan antiguo, al que el ODHAIN ha hecho recomendaciones que no han sido atendidas.

Es oportuno señalar que los territorios de Térraba y Salitre desde el 2015 cuentan con Medida Cautelar 321-12, de la CIDH, en razón de los índices de violencia, presentados y denunciados entre los años 2013 y 2015, en ambos territorios. Urgimos a las autoridades del Estado costarricense (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a garantizar los Derechos Humanos, acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en estos conflictos de las Fincas señaladas.

Este llamado, a efecto de que se establezcan responsabilidades de los hechos que puedan sobrevenir, con el interés de estar a tiempo en una acción disuasiva en este conflicto.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución en cualquier camino que busque alternativas de solución a los conflictos y la construcción a una PAZ POSITIVA.

San José, 11 de febrero 2019.

El ODHAIN es el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, creado en el 2012, tiene como objetivo observar, documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas de Costa Rica. Además, el ODHAIN busca acompañar a estos pueblos en la difusión y la denuncia a fin de incidir positivamente en la solución de los conflictos. Está integrado por personas representantes de organizaciones sociales, universidades, asociaciones y federaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y magisteriales, organizaciones ecologistas, de mujeres, de derechos humanos, paz y no violencia, de gremios profesionales, humanistas, pastorales de las Iglesias Católica y Luterana, entre otras.

Más información: Tel. 2223-4472 de Serpaj – CR (lunes – miércoles – jueves en horario de oficina).

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Centro de Amigos para la Paz.

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Actuación lenta del gobierno en Salitre no previene ni impide violencia directa

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

DESPOJO DE TIERRAS CON VIOLENTAS AGRESIONES A

INDIGENAS BRIBRIS EN COSTA RICA

El 25 y 26 de diciembre de 2018, aprovechando los días festivos, nuevamente un grupo de personas NO indígenas, invadieron el Territorio Indígena Bribri de Salitre, en los sectores de Río Azul y Fila de Palmital, despojando con violencia armada (de fuego y machetes) a las familias bribris dueñas de esas tierras.

El 24 de diciembre de 2018, en horas de la mañana, en un momento en que salieron a visitar a un vecino, los dueños bribris de la casa, Mariana Delgado Morales, Alberto Figueroa Calderón, Claudina Figueroa Rojas y siete menores de edad, fue aprovechado por los NO indígenas Eliodoro Figueroa Díaz y un hijo suyo Figueroa Uva (no son indígenas aunque coincidan los apellidos) con 8 (ocho) peones no indígenas, para ingresar a la casa, cortaron árboles con sierras de motor, pusieron alambres y cuando regresaron las familias dueñas, las amenazaron con agredirlas y matarlas, aun así, las familias indígenas se mantuvieron en su propiedad; así se mantuvo todo ese día, hasta el 25 de diciembre de 2018 como a las 7 de la noche, cuando hubo un ataque violento de los usurpadores, quiénes asaltaron la vivienda disparando armas de fuego, macheteando todo en la casa a la que prendieron fuego, las familias indígenas huyeron a la montaña para proteger sus vidas. La policía llegó muchas horas después y dijo que nada podían hacer pues no tenían suficientes pruebas y ninguna orden de detención, esto a pesar, de que se les mostraron los documentos legales otorgados por el gobierno local de la comunidad; se retiraron dejando instalados impunemente a los usurpadores, en la tierra indígena. Los usurpadores enviaron amenazas a otras familias indígenas, para que salgan de sus propiedades, porque si no les pasaba lo mismo que a la familia de Mariana Delgado.

El 26 de diciembre de 2018, Gerardo Figueroa Rojas y sus hijas e hijos, dueños originales de Finca Las Huacas, de 180 hectáreas, sector de Fila Palmital de Salitre, la recuperan al usurpador NO Indígena, José Nicanor Arauz Villanueva, quién hace 20 (veinte ) años les había quemado la casa y los desalojara injustamente, con sus hijos/as y nietos/as que hoy son hombres y mujeres mayores de edad y regresaron a reclamar su derecho a su tierra; en ese momento la policía les dijo que se fueran y pusieran la denuncia porque no tenían pruebas de los hechos del desalojo violento; el proceso agrario en la Corte tiene 20 años y no se resuelve todavía; por esa razón y amparados a las leyes y convenios internacionales, tomaron posesión de sus tierras y expulsaron al usurpador Arauz Villanueva, quién había sido notificado semanas atrás de la resolución del Consejo de Autoridades Propias Indígenas Defensoras de la Tierra – Ditsö Iriria Ajkônuk Wakpa de Salitre -. Hoy las Familias Bribris Figueroa Vargas, Figueroa Torres y Mayorga Torres, están instaladas en su finca, parte del territorio bribri de Salitre, acompañados por el Awá quién es una autoridad propia entre los bribris.

Después de varias llamadas por teléfono a las autoridades policiales y judiciales, la lentitud y actuación negligentes, parecen condescendiente con estas personas violentas usurpadoras, que por ley y por distintas resoluciones judiciales, les está prohibido ingresar o permanecer, menos poseer de cualquier modo tierras dentro de estos territorios (Ley 6172 de 1977 – Ley Indígena).

Las familias indígenas agredidas y despojadas violentamente, tuvieron que huir por la montaña y permanecer a la intemperie sin abrigo, sin alimentos y bajo la zozobra de un ataque a balazos, macanas y machetes.

Uno de los agresores, alegó que otro usurpador le había alquilado un terreno para echar ganado a pastar, como si fueran tierras de nadie, incluso llegó con un cabezal y el furgón placa No. 164122, a vista y paciencia de autoridades policiales y judiciales.

Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena se hicieron contactos con funcionarios y personeros de la presidencia de la República, quienes informaron que se habían girado las órdenes e instrucciones para evitar más violencia y detener a los agresores/ usurpadores, hecho que esperamos se cumpla, pues los responsables de los actos violentos permanecen invadiendo y con armas amenazando a las/ los dueños de las tierras y otros habitantes bribris que se acercan para reclamarles. Las familias agredidas han regresado acompañadas de otros bribris y han informado que desalojarán a los usurpadores, a como sea, lo que aumenta la tensión y una salida violenta ante la injusticia e impunidad.

Cabe agregar que desde abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció medidas cautelares (MC-321-12 CIDH), sobre dos territorios indígenas de Costa Rica, ambos al Sur del país: el Brörán de Térraba y el Bribri de Salitre, justo donde están ocurriendo las agresiones y despojo desde el pasado 25 de diciembre de 2018; siendo que desde hace 6 años se repite este «patrón» o conducta delictiva de los/as usurpadores, quiénes aprovechan los días festivos de fin de año y Semana Santa para atacar, invadir, agredir, despojar tierras y apoderarse ilegalmente de las mismas, las que son inalienables, intocables y exclusivas de los ocho pueblos indígenas que habitan en Costa Rica, según el ordenamiento jurídico costarricense.

Responsabilizamos al gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada y su gabinete, por las agresiones y despojos violentos aquí denunciados, y, los que ocurran de aquí en adelante, ya que no está cumpliendo con el Protocolo Específico y Especial de Implementación de las Medidas Cautelares de la CIDH, que lo obliga a mantener vigilancia y control preventivos para impedir estas acciones delictivas de los/ as no indígenas usurpadores, siendo esta la causa principal por las que se establecieron las citadas Medidas Cautelares.

Es reiterada la violencia e impunidad en que viven las comunidades indígenas costarricenses, no sólo por actos delictivos como los descritos, sino por otras violaciones de DDHH provenientes de particulares como despojos de tierras, destrucción de bosques, contaminación de ríos, cacerías y pescas ilegales; y por las cometidas por los agentes del Estado, como imposición de políticas públicas, mega-proyectos y planes de investigación y educación SIN consulta, irrespeto a sus tradiciones y costumbres, no reconocimiento de sus autoridades propias, ni de los procesos autónomos de salud y construcción de viviendas por ejemplo.

SOLICITAMOS,

  • A las autoridades policiales y judiciales intervenir, oportunamente, para evitar nuevos y más graves hechos de violencia; capturar e iniciar causas penales contra los/as agresores/ as de estas comunidades bribris y, cumplir con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, de lo que debe responder el Estado/gobierno costarricense.
  • A la comunidad nacional e internacional, les pedimos dirigirse al gobierno de Costa Rica y exigirle intervenir preventivamente para evitar mayores daños y proteger la integridad física y la vida de estas personas y comunidades, así como el cumplimiento de todos los DDHH de estos pueblos indígenas.

Estamos vigilantes y daremos seguimiento a estas denuncias y este llamado; aprovechamos para solicitar al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena de Costa Rica (ODHAIN), preparar y realizar una misión de observación urgente, que documente e informe sobre esta la violencia directa contra estas comunidades bribris de Palmital y Río Azul de Salitre.

San José, viernes 28 de diciembre 2018.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI.

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDIGENA (compuesto por 23 organizaciones sociales).

Comisión Justicia Paz e Integridad para la Creación (JPIC) – Claretianos Costa Rica.

Asociación Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP).

Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA) – Amigos de la Tierra Costa Rica.

Asociación Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ – CR).

Pastoral Indígena de Costa Rica.

Facebook: https://www.facebook.com/notes/comit%C3%A9-de-apoyo-a-la-autonom%C3%ADa-ind%C3%ADgena/comunicado-a-la-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-nal-e-internacional-despojo-de-tierras-con-viole/286246062066082/

Centro Amigos para la Paz

centroamigosparalapaz@gmail.com / info@amigosparalapaz.org

+506 2222-1400 / 2233-6168

www.amigosparalapaz.org

Diálogo abierto sobre historia y sentido político de la migración

En una conversación profunda, el rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington y el docente e investigador de esa casa de enseñanza superior, doctor Carlos Sandoval García, abordan el sentido político de la migración, en un mundo marcado por ese fenómeno social y económico que adquiere muy evidentes condiciones políticas a pesar de ser consustancial a la historia de la humanidad.

SURCOS le invita a ver el video de Diálogo abierto, el programa de la rectoría de la UCR y conocer, en alrededor de 50 minutos, las veredas sociales, históricas y políticas que han construido la categoría migrante.

 

La suspensión temporal por parte de Nicaragua de las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

 

Mediante una nota diplomática enviada por Nicaragua dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 19 de diciembre, Nicaragua ha decidido suspender temporalmente las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajan in situ desde el mes de junio del 2018 en su territorio.

En su larga misiva de 10 páginas (véase texto completo), Nicaragua deplora varias manifestaciones hechas por el Secretario General de la OEA y en varias partes, alude a la «falta de imparcialidad y objetividad» de los órganos a cargo de investigaciones in situ adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos mandatos y marcos de acción fueron acordados en mayo del 2018 con las máximas autoridades nicaragüenses. La carta también hace referencia a expresiones del Secretario General en el marco de una reciente reunión que tuvo lugar en la sede de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (véase anuncio oficial), el pasado 7 de diciembre.

Nicaragua ha optado por declarar, con efectos inmediatos, la «suspensión temporal de la presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI)«.

A su vez, da por expirado el plazo de 6 meses acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constituir un Grupo de expertos encargados de documentar los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente o GIEI): véase comunicado de prensa del mismo GIEI de octubre del 2018 sobre la labor desplegada en Nicaragua por parte de sus integrantes. Nótese que la presentación oficial de un informe del GIEI estaba prevista para este 20 de diciembre en Managua (véase nota de prensa). El informe fue presentado en la sede de la OEA en Washington este viernes 21 de diciembre (véase texto completo del informe del GIEI de 458 páginas) en el que se lee, entre muchos otros puntos, que:

«La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares» (p. 359).

En unas líneas anteriores, se lee que:

«El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma» (página 358).

Es de señalar que esta carta de Nicaragua se envió a la máxima autoridad de la OEA el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un comunicado de prensa titulado «CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua«, en el que, entre otros puntos, se lee que:

«La CIDH ha venido documentado un progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y del propio Estado de Derecho como consecuencia de la represión estatal a las protestas. En este contexto, y a ocho meses de iniciada la crisis en el país, la Comisión reitera su enérgica condena a la reacción estatal que ha derivado en la muerte de 325 personas y más de 2000 heridas; en más de 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)«.

(Véase texto completo del comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En respuesta a la decisión de Nicaragua, el Secretario General de la OEA circuló un comunicado de prensa el mismo 19 de diciembre, titulado «Secretaría General de la OEA rechaza expulsión de GIEI y MESENI de Nicaragua» en el que se lee que: «La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza en los términos más categóricos la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» (véase texto completo del comunicado de prensa). Nótese en la parte final de dicho comunicado que el Secretario General «responsabiliza públicamente al Gobierno de Nicaragua por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país«.

Foto extraída de nota de prensa de Naciones Unidas titulada «Nicaragua must end ‘witch-hunt’ against dissenting voices – UN human rights experts», del 9/08/2018

La inmediatez y la dureza de la reacción de Nicaragua al comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, y a su vez, las del Secretario General a la misiva enviada por Nicaragua, evidencian la tensión máxima a la que se ha llegado y los riesgos de ruptura que ello conlleva. La contundencia de las conclusiones del GIEI sobre la responsabilidad de las autoridades de Nicaragua para encubrir y dificultar las investigaciones sobre los hechos de violencia acaecidos desde el 18 de abril no deja ninguna duda sobre la imperiosa necesidad de mantener en Nicaragua algún tipo de presencia internacional.

Más mesurado que el Secretario General, el Consejo Permanente de la OEA había adoptado por consenso el 5 de junio una resolución inicial sobre Nicaragua (véase texto); el 12 de setiembre del 2018, el mismo Consejo Permanente adoptó otra resolución sobre Nicaragua, cuyo voto exhibió cuán divididos permanecen los 33 Estados Miembros de la OEA sobre este tema, en particular los Estados de Centroamérica (véase breve nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).

En el marco universal, un informe sobre los mismos hechos de violencia en Nicaragua realizado por un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y presentado en agosto del 2018 (véase informe) llevó a Nicaragua, 24 horas después de presentado, a dar por concluida la misión de Naciones Unidas en Nicaragua (véase nota nuestra al respecto).

Tal y como se puede apreciar, en el caso de Naciones Unidas, la estrategia de las autoridades de Nicaragua consistió en permitir que se presentara en Managua el informe, ordenando inmediatamente después la salida de los integrantes del equipo a cargo de elaborarlo; mientras que en el caso del GIEI, en el ámbito interamericano, se optó por evitar que fuera presentado el informe en Nicaragua, expulsando a sus integrantes 24 horas antes de la presentación oficial en Nicaragua de sus hallazgos.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Nery La Colectiva: Sobre situación de organizaciones sociales en Nicaragua

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe

 

La Oficina Regional en México de la Rosa-Luxemburg-Stiftung manifiesta su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de cancelar las personerías jurídicas a nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas nuestras organizaciones coparte: Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na).

Lamentamos que el Parlamento tomara esta decisión sin permitir que las organizaciones sociales tuvieran la oportunidad de defenderse de las graves acusaciones de las que fueron objeto.

Nos sorprendieron las confiscaciones y allanamientos realizados en la madrugada del 14 de diciembre del presente a dichas organizaciones, actos que no cumplieron con el derecho al debido proceso al realizarse sin orden judicial previa.

Deploramos la orden posterior emitida por el Ministerio de Gobernación en la que establece la expropiación inmediata de los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sociales, contraviniendo el plazo de 72 horas que había dispuesto la Asamblea Nacional para que dichos colectivos procedieran con lo que estaba establecido en sus estatutos sobre el tema.

Lamentamos las violaciones de las que son víctimas activistas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, que afectan sus derechos y libertades fundamentales.

Reconocemos ampliamente el trabajo que Fundación del Río y Fundación Popol Na han realizado en y desde las comunidades del pueblo nicaragüense.

 

Ciudad de México el 17 de diciembre de 2018.

Contacto: info@rosalux.org.mx

Fotografías: Archivos Popol Na y Fundación del Río

 

 

*Imagen tomada de la nota: La decisión de Nicaragua de dar por terminada la Misión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Enviado por Lili León, Voces Nuestras.

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Pronunciamiento en Solidaridad con ONGs en Nicaragua

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL; la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe; la Red de Educación Popular entre Mujeres Latinoamérica y el Caribe; la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE, La Alianza de OSC para la Eficacia al Desarrollo América Latina y el Caribe – AOED nos solidarizamos con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS, ILLS, IPADE, Fundación Río, CINCO y Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo del Municipio, organizaciones a las que el día 12 y 13 de diciembre del 2018 les cancelaron arbitrariamente su personería jurídica, así como con todas aquellas organizaciones que están en riesgo de perderla.

Las organizaciones abajo firmantes reconocemos la valiosa labor que han realizado todas estas organizaciones en defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses y lamentamos la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua, en detrimento de la democracia, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el estado de derecho en esta nación. Exigimos el cumplimiento de las garantías constitucionales de todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales afectados, quienes con su labor aportan desarrollo del país.

Consideramos que el diálogo sigue siendo necesario como salida pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, mientras que las represalias en contra de las organizaciones de la sociedad civil agudizan el conflicto actual y se continúa con la violencia institucional.

Como redes y movimientos latinoamericanos y del caribe ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de sociedades justas, libres e igualitarias.

– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

– MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe

– Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM)

– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

– Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo América Latina y el Caribe (AOED)

13 de Diciembre del 2018

Adhesiones:

Organizaciones, Colectivos y Redes

  • Acceso a la Justicia – Venezuela
  • Acción Campesina A. C. – Venezuela
  • ACCIÓN, Asociación Chilena de ONG – Chile
  • Alianza Internacional de Habitantes – México
  • Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular – Perú
  • Anticapitalistas – España
  • APROFA – Chile
  • Articulação de Mulheres Brasileiras
  • Articulación de Movimiento por la Autonomía Universitaria (MAU – UNI)
  • Articulación de Movimientos Sociales (AMS)
  • Asociación en Red de Educadorxs A.R.E.P.A. – Argentina
  • Asociación Nacional de ONS al Desarrollo – ANONG – Uruguay
  • Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) – Honduras
  • Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA) – Costa Rica
  • Asociación Sociocultural Guardabarranco Zaragoza – España
  • Caracol Youth Community Development – Costa Rica
  • Centro de Derechos Sociales del Migrante – CENDEROS – Costa Rica
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Monte Mozo S. J.” (CSMM) – Ecuador
  • Centro de Encuentros y Diálogos – México
  • Centro de Estudios Ecuménicos – México
  • Centro Solidario Tsomanotik A. C. – México
  • Cep Alforja – Costa Rica
  • Cep Parras – México
  • CIAZO – El Salvador
  • CIPE Consultores – Honduras
  • CoACS – México
  • Coalición Clima 21 – Venezuela
  • Colectiva Feminista Las Azucenas – La Plata, Argentina
  • Colectiva Tener Ovarios – Panamá
  • Colectivo CEAAL Argentina
  • Colectivo CEAAL Bolivia
  • Colectivo CEAAL Brasil
  • Colectivo CEAAL Chile
  • Colectivo CEAAL Colombia
  • Colectivo CEAAL Costa Rica
  • Colectivo CEAAL Ecuador
  • Colectivo CEAAL Guatemala
  • Colectivo CEAAL Honduras
  • Colectivo CEAAL México
  • Colectivo CEAAL Panamá
  • Colectivo CEAAL Paraguay
  • Colectivo CEAAL Perú
  • Colectivo CEAAL Puerto Rico
  • Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua – CSPN – Francia
  • Colectivo de Solidaridad con Nicaragua y Autoconvocados Solidarios – Francia
  • Colectivo Integral –
  • Colectivo Pico y Pala – París, Francia
  • Colectivo Rebeldía-Bolivia
  • Colectivos CEAAL Venezuela
  • CONAMURI – Paraguay
  • Coordinadora de la Mujer Boliviana – Bolivia
  • Coordinadora de Movimientos Sociales Loja-Ecuador
  • COPEVI – México
  • Culturas Vivas Comunitarias – Costa Rica
  • Equipo de Coordinación Estratégica del CEAAL
  • Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
  • Equipo Feministas A. C. – México
  • Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
  • Federación de Organizaciones Sindicales Loja-Ecuador
  • Fondo Alquimia – Chile
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU – AL – Uruguay
  • Foro Dakar – Honduras
  • Frente Popular-Ecuador
  • Fundación Acción Feminista Digital – Argentina
  • Fundación Azul y Verde –
  • Fundación Fe y Alegría Centro América
  • Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Popular – México
  • Fundación para Estudio e investigación de la Mujer – Argentina
  • Fundación Pedagógica Nuestra América – Costa Rica
  • Grupo de Acción Feminista – Antipatriarcal del CEAAL
  • Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
  • Grupo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL
  • Grupo de Paz y Convivencia del CEAAL
  • Grupo de Trabajo Ecología Política Latinoamericana de CLACSO
  • Grupo Drugos – Nicaragua
  • Grupo Economía Solidaria CEAAL
  • Grupo Social CESAP – Venezuela
  • Guanared – Costa Rica
  • Instituto de Comunicación Solidaria – Brasil
  • Instituto De Estudios Ecuatorianos
  • Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica Social (IIPS) – Bolivia
  • Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) – Nicaragua
  • Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C.- México
  • Instituto Polis – Brasil
  • ITIAS / CISO de la UPRH – Puerto Rico
  • Iyolosiwua A. C. – México
  • Juventud Revolucionaria del Ecuador
  • Machete y Garabato – Ecuador
  • Mano Diversa –
  • Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala / México / 32 organizaciones)
  • Movimento Nacional das Cidadᾶs Positivas – Brasil
  • Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente-Ecuador
  • Mujeres en Acción Loja-Ecuador
  • Mujeres por el Cambio-Ecuador
  • O.TRA.S – Uruguay
  • Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Niñas y Mujeres – México
  • Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas-Ecuador
  • Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres-Ecuador
  • Plataforma por los Derechos Humanos en Nicaragua del Estado Español (PDHNE)
  • Plataforma pro.refugiados Badajoz – España
  • Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria – México
  • Popol Na – Nicaragua
  • Prospera – Red Internacional de Fondos de Mujeres – Canadá
  • Red de Coordinación de la Biodiversidad (RCB) – Costa Rica
  • Red de Gestión Cultural Popular de Costa Rica
  • Red de Mujeres Rurales – Costa Rica
  • Red Mesoameri-Kaab – Red MAK – Mesoamérica
  • Rede Mulher de Educaçaõ – Brasil
  • RedTEC – México
  • Secretario de DDHH Provincia de la Rioja – Argentina
  • Servicios para una Educación Alternativa A. C.- EDUCA – México
  • Sinergía – Red Venezolana de OSC
  • Sociedad Civil – España
  • STEPV – Intersindical Valenciana – España
  • Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS Bolivia
  • Universidad de Costa Rica
  • Universidad de Malta – Unión Europea
  • VIRESCO R.L. – Costa Rica

Personas:

  • Adelaida Entenza – Activista Derechos Humanos – Uruguay
  • Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de la Paz – Argentina
  • Agustín Frutos, Zaragoza, España
  • Alba Pereyra Lanzilloto – Argentina
  • Albert Sansano – Valencia, España
  • Alberto Cortés Ramos – Costa Rica
  • Alicia Trussi –
  • Amalia E. Fisher O. Feminista, Emprendedora Social Ashoka y Sinergos
  • Ana Marí Baltodano – Nicaragua
  • Ana Marín –
  • Arnaldo Serna – Perú
  • Beatríz Cannabrava – Brasil
  • Bertha Elena Juárez Badillo
  • Boaventura de Sousa Santos – Portugal
  • Carlos Granados – Costa Rica
  • Carlos Ruiz –
  • Carmen Badia Altés – España
  • Carmen Campero Cuenca – México
  • Catalina Toro Pérez – Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO
  • César Picón Espinoza – CEAAL Perú
  • Claudia Korol – Argentina
  • Debora Solís Martínez – Chiles
  • Delfine Lacombe – Francia
  • Delfor “Pocho” Brizuela – Argentina
  • Diana Campos Ortíz – Costa Rica
  • Efrén Orozco Orozco – México
  • Elena Apilanéz Piniella – Feminista Internacionalista – Estado Español
  • Eva Carazo Vargas – Costa Rica
  • Evelyn Zeledon – Colectivo Pico y Pala – París, Francia
  • Fabiola Bernal A. – Costa Rica
  • Frei Betto – Brasil
  • Gerhard Dilger – Alemania
  • Germán Jäcome López – Ecuador
  • Gladys Noly Silvera – Integrantes de Pro Universidad de Maldonado – Uruguay
  • Henry Ruiz Hernández – Nicaragua
  • Iara Duarte Lins – Colombia
  • Iliana Lacayo Ortíz –
  • Jorge Amador González – Costa Rica
  • Jorge Cayano – Brasil
  • José María Villanta Flórez-Estrada –Diputado del Partido Frente Amplio – Costa Rica
  • Juan Carlos Barrientos – Comunicador Social – Costa Rica
  • Juan Hernández – España
  • Karla González – México
  • Lea Guido – Nicaragua
  • Luis Alberto Monge Arrieta – Costa Rica
  • Margarita Salinas Borja – CEAAL Bolivia
  • María de los Ángeles Aguilar Hernández – Costa Rica
  • María Esther Montanara Mena – Costa Rica
  • María Eugenia Díaz – Guatemala
  • María Laura Bretal – Argentina
  • Maristella Svampa – Argentina
  • Martha Recaséns – México
  • Maureen Zelaya – El Salvador
  • Miguel Ángel Paz Carrazco – México
  • Miguel Santibañez – Chile
  • Moema

Me Adhiero al Pronunciamiento

 

 

 

Foto: AFP

Enviado por CEAAL.

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