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Etiqueta: derechos humanos

No en mi nombre, estimado monseñor

No en mi nombre, estimado monseñor No formo parte de ese supuesto «clientelismo político» suyo.

Interpelación, respetuosa pero firme, de Pilar Ureña, laica católica, de larga andadura en luchas por la justicia, inspiradas en el Evangelio, al Obispo Manuel E. Salazar Mora, por su discurso del pasado 2 de agosto.

Monseñor

Manuel Salazar Mora,

Obispo de Tilarán y Liberia.

Estimado Monseñor

Como ansiada agua de mayo hemos esperado y finalmente escuchado, la homilía que ha dirigido usted a los costarricenses el pasado 2 de agosto. Homilía ansiada, pues se ha hecho costumbre que el pueblo de Dios siempre espera escuchar de sus hermanos obispos las orientaciones, la luz y la guía del Evangelio que nos ayuden a enfrentar los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad costarricense y que día a día, en nuestro diario vivir, enfrentamos cuando tratamos de construir la sociedad más justa posible.

Efectivamente el pueblo costarricense se encuentra hoy día a merced de una serie de corrientes económicas, filosóficas, religiosas, que surgen, en síntesis, desde el más profundo egoísmo. Estas corrientes, todo lo pervierten confundiendo a todos, desde el más pequeño hasta el más poderoso. Sus palabras se esperan porque alientan y consuelan los anhelos más íntimos de todas las personas de buen corazón que se encuentran trabajando un día sí y otro también en la construcción del bien común. Nos invita a superar el egoísmo como raíz de todos los males para construir una sociedad de amor y de justicia.

Sin embargo, tengo la impresión de que su intento de brindar estas luces, se puede haber visto opacado por algunos conceptos que, en mi humilde opinión, generan confusión en este pueblo de Dios que habita la pequeña Costa Rica y desequilibran y desarmonizan el mensaje que ha querido dejarnos a los costarricenses.

Coincido con usted en que los católicos, ciudadanos también de este país, “tenemos el derecho inviolable a meternos en política”. Entendida la política, con usted muy bien señala, como “el esfuerzo para construir el Bien Común”. En ese sentido, como pequeños granos de levadura, los creyentes intentamos fermentar la masa. Intentamos ser sal de esta tierra bendita… sembramos día a día el grano de mostaza, la semilla que el sembrador nos ha dado, a la espera del gran Viñador, cuando venga a recoger su cosecha. Siervos inútiles somos, que trabajamos día a día en Su Viña. Y cuando hacemos esto, lo hacemos con la absoluta certeza de que construimos así su Reino.

Cada creyente, desde nuestros propios carismas y llamados personales del Señor. Cada uno, en nuestro diminuto espacio… grande o pequeño, ejecutando o dirigiendo, como ciudadano o como gobernante.

Sé que estando en el mundo, sin ser del mundo, y en el caso de Costa Rica, en el débil ejercicio de la democracia, los creyentes debemos enfrentar nuestras convicciones, contra viento y marea en un mar turbulento de ideas y de conflictos creados con oscuras intenciones. Sé que la mayoría de las veces saldremos maltrechos (eso se lo digo desde un corazón muchas veces herido y quebrantado). Como creyentes hemos sido vencidos en muchas de esas batallas…comenzando con la más dolorosa y gloriosa al mismo tiempo, la que terminó con Jesús colgado en una Cruz. Con Él y gracias a Él, hemos logrado resucitar, una y otra vez, de todas las experiencias de muerte o de desoladoras “noches obscuras”, consolados siempre por el Dios de la Vida.

Además, los creyentes, lentamente, hemos aprendido a discernir y reconocer las “semillas de Reino” presentes en el mundo… La presencia silenciosa y permanente del Dios Creador que descubrimos en el encuentro con todas las culturas y en todos los tiempos.

Quiero hacer una pequeña anotación sobre este espacio particular del Reino de Dios, donde el creyente participa en todas las esferas de la política (entendida como usted lo dice, como la búsqueda del bien Común). Ese espacio de la política ha sido asignado al pueblo de Dios en su estado laical, desde el Evangelio y desde la Doctrina Eclesial. Estoy convencida de que no es necesario que ahonde más en la esencia de la misión de los Obispos y de los sacerdotes, quienes, con una gran sensibilidad social, formación y claridad, deberán acompañar al laicado en esta gran tarea de la construcción del Bien Común con la acción política.

Es aquí donde siento yo que existe un desafortunado concepto expresado en su homilía: Hace usted afirmaciones muy serias sobre el derecho de los creyentes a participar en la política (cosa de lo que, en mi opinión, en Costa Rica nadie puede quejarse, pues hasta un Pastor Evangélico estuvo a punto de ganar las pasadas elecciones). Esta confusión nace, al terminar usted con una frase que perfectamente podría confundir a cualquiera que desconozca nuestra historia nacional y nuestra eclesiología católica. Dice usted “Y los clérigos políticamente tenemos derecho ¡a no ser ciudadanos de segunda categoría, minoría discriminada”

Antes de continuar, debo aclararle que no soy partidaria de don Carlos Alvarado. Tengo dificultades para defender su gestión y su capacidad de comunicación con los diversos sectores sociales del país. Tal vez esta aclaración me permita hacerle este comentario sin que lo considere usted que me mueven pasiones político-partidarias.

Ustedes, sacerdotes y obispos no han sido discriminados de la participación política en Costa Rica. En el momento de recibir y aceptar la llamada de Dios a tan maravillosa vocación renuncian voluntariamente a esa posibilidad, de igual manera a como asumen, por ejemplo, el celibato, la pobreza y la obediencia. Son decisiones personales de obediencia a lo interno de la vida eclesial. Estos conceptos son elementos básicos de nuestra formación catequética, documentada en nuestro básico Catecismo, pero además sustentados en infinidad de documentos doctrinales. Es igual a la renuncia que hacemos los laicos, a tener varios esposos, o a divorciarnos (aunque exista una ley que lo permita) o nuestras elecciones personales de llevar una vida austera. Son renuncias y opciones personales, tanto las suyas como las nuestras, las cuales asumimos porque creemos en ellas. En este tipo de decisiones, el Estado no participa, ni debiera participar nunca.

Es por eso, que, en esta pequeña Costa Rica, desconcierta escuchar en un documento eclesial, la frase con la que finaliza su párrafo: “Los creyentes tenemos derecho a la libertad religiosa, la exigimos.” Afirmar eso en la Costa Rica histórica y la Costa Rica actual me parece que hace exacerbar los ánimos en un pueblo confundido y que requiere de la mayor lucidez en este momento histórico.

Debo decirle, que como creyente, nunca me he sentido discriminada, en razón de mi fe o en el ejercicio de mi vocación laical, la cual trato de asumirla con la responsabilidad y la entrega que mis pobres limitaciones personales permiten. Creo que debemos tener mucho cuidado con las generalizaciones expresadas sin fundamento concreto. No es cierto que “Como católicos nos sentimos a veces marginados e invisibilizados, por autoridades civiles”. Victimizarnos a nosotros mismos, por asunto de nuestra fe, cuando muchos sectores sociales viven en la más absoluta y sistemática marginación e invisibilización, sin voz y en el absoluto abandono, para mí ha sido vergonzante, estimado Monseñor. Los pueblos indígenas, las mujeres pobres y marginadas, las personas migrantes, los pueblos despojados de su derecho a una nacionalidad, las personas asesinadas por defender la Naturaleza y a sus pueblos y a sus tierras, ¡cuántos rostros del Cristo sufriente, realmente marginados e invisibilizados por las autoridades civiles!… ¿con qué cara puedo presentarme ante ellos a decirles que he sido marginada e invisibilizada por mi fe?

El otro de los puntos que me ha generado un gran desconcierto, es su discurso sobre las personas sexualmente diversas. Sin ánimo de ofenderle, debo decirle que ha actuado usted como lo hace la típica persona homófoba: “Yo no soy homófobo… pero” Ese terrible “pero” que cae como losa pesada sobre las personas que viven en la más profunda angustia, porque no se entienden, porque no saben qué es lo que les pasa, porque no saben cómo amar a su hijo o hija amada, que buscan con desesperación una salida a lo que está viviendo. Algunas de estas situaciones, fruto de abusos que nacieron en nuestra amada Iglesia. Ese “pero” maldito, que termina condenando al otro: “Pero también es cierto, que tenemos derecho a exigir respeto a las creencias cristianas de la mayoría de la sociedad costarricense”.

No solo se ha contentado usted con borrar con el codo, la maravillosa lección cristiana de amor, nacida del mismo Maestro Jesús, sobre la acogida en el amor a las personas sexualmente diversas que señala al inicio del párrafo, sino que además, ha osado aglutinarnos a los creyente en un supuesto y “fuerte caudal político” para defender sus ideas, sean las que sean, que por cierto, según su texto, parecen ser la mismas que hemos escuchado a los fundamentalistas y recalcitrantes cristianos, ahora sus aliados .

No en mi nombre, estimado Monseñor. No formo parte de ese supuesto “clientelismo político” suyo, que reclama algún tipo de regalía. No desde mi fe en el Jesús del Madero y por su padre Resucitado. Mi obediencia, a prueba a lo largo de los años de trabajo en la Iglesia, no llega a tanto.

Los derechos humanos de las minorías no afectan de ninguna manera los derechos humanos de las mayorías. No se preocupe usted. Un derecho humano alcanzado por una persona beneficia a toda la humanidad. Un derecho humano violentado a una persona, violenta a toda la humanidad. Este principio básico, nos debe llenar de paz, Monseñor. Como creyentes no debemos temer: leyes que traten de humanizar los derechos (humanos y civiles) de una minoría no afectan a nuestra vida cristiana y nuestra libertad de vivirla. Es tarea nuestra, interna, de los cristianos, formar a nuestros hijos en el amor, en el respeto, en la tolerancia, en los principios de la justicia y de la paz, formarlos en la fe, y ser contrapeso, desde el amor, al egoísmo. Ahí tiene usted razón: a mis hijos los educo yo… pero agrego: en el Amor y la tolerancia.

Como lo dijo el Maestro: «Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos es semejante al padre de familia que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo”.

Me encantó por cierto su frase: “La política es el arte de negociar: a veces ceder para ganar todos.” Con todo respeto, Monseñor, debería comenzar a ponerla en práctica.

María del Pilar Ureña Álvarez

Compartido con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación (CEDI).

Por una Costa Rica donde todas y todos quepamos

1) Costa Rica hoy enfrenta serios problemas. Sobre todo enfatizamos aquellos que de forma directa afectan la calidad de vida y la dignidad de millones de personas e incontables familias: la carencia de empleo digno; el declive del poder adquisitivo de los ingresos; la inseguridad económica; la incertidumbre ante el futuro; la desigualdad social; los agudos desequilibrios entre regiones y territorios. Las mujeres, las personas jóvenes y las mayores sufren con mayor agudeza estos problemas. Lamentamos que no existan estadísticas que permitan corroborarlo, pero el conocimiento directo y vivencial de las realidades que enfrentan cotidianamente las personas LGBTIQ, nos hacen pensar que este grupo sufre con especial crudeza esas situaciones.

2) Todo esto incide muy negativamente sobre la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y el sistema político, y es terreno fértil donde, con sobrada razón, germina y crece el descontento social.

3) Urge que el gobierno de Carlos Alvarado y los diversos partidos con representación parlamentaria, reconozcan esta realidad y avancen decididamente en la búsqueda de soluciones prontas y efectivas.

4) Sobre todo enfatizamos la urgencia de un verdadero diálogo nacional  que articule y trascienda los loables, pero insuficientes, esfuerzos de diálogo sectorial, gremial o regional.

5) El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas y grupos sociales, sin excepción ni distingo alguno, es una condición moral y ética indispensable, en ausencia de la cual, cualquier proceso de diálogo quedaría viciado, manchado por la marca ignominiosa de la violencia y la exclusión.

6) En consecuencia, condenamos enérgicamente las propuestas de negociación, cuyo punto de partida es la apelación a principios presuntamente religiosos, desde los cuales se quiere enmascarar el ataque contra los derechos de las personas LGBTIQ. Causa repugnancia y hastío que haya quienes pretendan hacer de nuestra dignidad, moneda de cambio para negociar.

7) También consideramos absolutamente condenables los llamados a la violencia y la desestabilización de grupúsculos extremistas, que convocan incluso a golpe de estado. Defendemos el legítimo derecho ciudadano a la protesta pacífica, como enfatizamos que es deber ineludible de quienes gobiernan, escuchar a la ciudadanía, rendir cuentas con transparencia y trabajar por soluciones prontas y efectivas. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la paz y el diálogo.

8) Queremos una Costa Rica donde todas y todos quepamos, donde la paz se alimente de la justicia y la democracia sea una efectiva vivencia cotidiana. Esa es nuestra propuesta y ése nuestro llamado.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya, Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Presidente

 

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UCR: VIH y derechos humanos

VIH y derechos humanos" es un proyecto Trabajo Comunal Universitario de la Vicerrectoría de Acción Social que se enfoca en la promoción de los derechos humanos de poblaciones vulnerabilizadas...

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Costa Rica está en deuda con protección de defensores de Derechos Humanos

  • Urge que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Expediente No 19.610

  • Expediente cumple su plazo cuatrienal y está en peligro de archivarse

  • Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a Costa Rica proteger defensores de Derechos Humanos

(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.

La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).

El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.

Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.

Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.

La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:

  • que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años
  • la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos
  • serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores

En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.

Notas:

1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017. https://www.globalwitness.org/en/blog/nuevainformaci%C3%B3n-revela-que-197-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-han-sido-asesinadas-en-2017/

2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu

4) Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.com/pais/organizaciones-denuncianasesinato-de-dirigente-indigena-sergio-rojas/

 

Organizaciones interesadas en firmar esta petición comunicarse al WhatsApp: 87609800 o al correo electrónico incidenciafecon@gmail.com

Contactos:

Larissa Arrollo Navarrete, Acceder 8822 1364

Angélica Alvarado, Ríos Vivos: 8583 0253

Henry Picado Cerdas, FECON: 8760 9800

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas y Alejandro García Valerio.

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Colegio de Periodistas solicita respeto a la dignidad de las personas

El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación (Colper) manifiesta su indignación por un titular publicado en un medio de comunicación nacional en el que se dice que un diputado «cazó» a 30 migrantes. El verbo cazar significa buscar y perseguir animales por lo que no es correcto usarlo para referirse a personas.

También el Colper muestra su preocupación por el uso persistente de este tipo de lenguaje, el cual es inadmisible, incentiva la xenofobia y trae como consecuencia una mayor discriminación hacia un grupo determinado. Todas las personas merecen respeto, por lo que se les recuerda a los periodistas y directores medios que la ética debe privar a la hora de informar.

Comprendemos que el título es el gancho para atraer a los lectores, sin embargo, existen mejores formas de hacerlo sin tener que mancillar la dignidad de las personas.

Lamentamos las condiciones en que se está dando la migración y el abuso del que son víctimas quienes se ven obligados a alejarse de sus familias y sus raíces en busca de mejores condiciones de vida, pero terminan siendo blanco de negociantes del dolor humano que los tratan como animales al transportarlos en camiones de carga para evadir los controles fronterizos.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado por el Colegio de Periodistas.

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UCR: Nuevo protocolo aborda el »bullying» contra estudiantes LGTB en los centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con una serie de protocolos de actuación ante situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos del país. Sin embargo, en estos centros de enseñanza las prácticas violentas y discriminatorias a la población estudiantil LGTB no se reconocen, ni se visualizan y, lo que es más serio, no se intervienen de manera oportuna.

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FEUNA impulsa declaración regional por justicia y democracia en Nicaragua

  • Iniciativa se realizó en Belice ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano

  • Universidades afines al gobierno de Nicaragua bloquearon iniciativa

12/04/19. El pasado 10 de abril, durante la CXIII sesión del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) realizado en Belice, la FEUNA propuso que el órgano se pronunciara por el restablecimiento de la justicia, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, así como a favor de la liberación de las personas encarceladas por condiciones políticas. El CSUCA aglutina a las principales universidades de la región y busca contribuir a la integración y el fortalecimiento de la educación superior en Centroamérica.

La propuesta de declaración también incluía asegurar la reintegración de los estudiantes universitarios que se encuentran en condición de presos políticos, al sistema educativo sin ningún tipo de represalias; así como el respeto por la autonomía universitaria y el derecho a la libre expresión.

En la misma dirección, Carlos Tünnermann, destacado intelectual nicaragüense e integrante de la mesa de diálogo, solicitó al CSUCA pronunciarse por el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. “Las Rectoras de la UNAN Managua y UNAN León asistieron a la primera etapa del Diálogo Nacional como delegadas del Gobierno, igual que el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y se plegaron a las posiciones gubernamentales”, agregó Tünnermann.

Ante estas propuestas, las rectorías y presidencias estudiantiles de universidades nicaragüenses, argumentaron que el conflicto social y político ya había cesado, que no existían presos políticos y que la autonomía en ningún momento había sido violentada.

A pesar de la negativa de quienes integran el órgano, Noel Cruz, presidente de la FEUNA, sostuvo su postura y solicitó que quedara en actas su posición y la propuesta de declaración. “Es lamentable que el CSUCA no acompañe la lucha del pueblo nicaragüense, con quien nos solidarizamos para el restablecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos”, concluyó Cruz.

Contacto:

presidenciafeuna@una.ac.cr

8657-9858 – Noel Cruz, presidente de la Feuna

8558-7733 – Jazmín Arroyo, secretaria general–

Oficina Comunicación

Teléfonos: 2277-3224/ 2237-5929

 

Imagen tomada de video publicado por OCUPA INSS Nicaragua.

Enviado por UNA Comunicación.

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UCR: La violencia en Salitre y Térraba aumentó tras la muerte de Sergio Rojas

Eduardo Muñoz Sequeira

Vicerrectoría de Acción Social

La muerte del líder Bribri, Sergio Rojas Ortiz, se suma a la oleada de asesinatos en América Latina de indígenas y líderes comunitarios que coordinan procesos de justicia social y derechos humanos. Foto tomada del sitio del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.

Tras el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la escalada de violencia impune continúa. Personas de los pueblos Bröran y Bribri que habitan en los territorios indígenas en Térraba y Salitre, denunciaron públicamente este miércoles 3 de abril en conferencia de prensa que han recibido amenazas de acabar con sus vidas con armas de fuego, en un ambiente de impunidad y el abandono de las zonas por parte de los cuerpos de seguridad pública.

El encuentro con la prensa tuvo lugar en el paraninfo Daniel Oduber, en la sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla. En ella levantaron sus voces Mariana Delgado Morales, líder Bribri y recuperadora de tierras en Salitre; Pablo Sibar Sibar, integrante del Consejo de Mayores Bröran; así como Lucía y Alban, ambos de apellidos Rojas Lázaro, hijos de Sergio Rojas. Les acompañaron, el Dr. Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED (CICDE) y Vanessa Jiménez, abogada del Forest People Program, quien asesora a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre.

Representantes de los pueblos Bribri y Bröran convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el aumento de la inseguridad que viven dentro de sus territorios tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Foto cortesía de la UNED.

Posterior a la actividad se organizó un panel que discutió más ampliamente el tema y se presentó los resultados del estudio titulado “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010-2017”, realizado por el CICDE.

Líder hasta el último minuto. “Mi padre sigue siendo perseguido, aún después de muerto. El murió luchando por sus ideales, por un pueblo marginado y discriminado por el gobierno. Hasta el último día de su vida fue fiel a sus principios”, dijo a la prensa y a la audiencia presente.

“Pido al gobierno del presidente Carlos Alvarado que se comprometa con el pueblo Bribri, que siga con los procesos sobre nuestras tierras y que se coordine con nosotros y no con la gente ajena a nuestro pueblo”, exigió Rojas.

Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran, advirtió que lo que sucede en Térraba y Salitre es parte de la vida cotidiana en los otros territorios indígenas del país. Foto cortesía de la UNED.

Por su parte, Mariana Delgado advirtió que “estamos totalmente desamparados. Cuando hay disparos llamamos a los policías, ellos llegan tarde, una hora y media después y nos dicen que tienen miedo de meterse a nuestras fincas porque son privadas y que no tienen órdenes de sus superiores para protegernos y si no hay heridos o un muerto se van”.

Delgado aseguró que teme por su vida y la de su familia. “Aquí estoy presente con ustedes, mañana no sé si ustedes estarán hablando de mi muerte porque estamos siendo amenazados de muerte yo misma, unas compañeras y mi hijo, a quien un finquero le dijo le iba a dejar la cabeza como un colador”.

“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.

Ante las constantes denuncias en la fiscalía de Buenos Aires, la única respuesta que han obtenido insistentemente es que para recibir protección deben abandonar sus territorios, a lo que los denunciantes se han negado. “Les hemos dicho que porque no sacan a nuestros agresores que nos amenazan día con día, qué porque nosotros debemos salir de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestras casas”.

“Estamos a la merced de los criminales que caminan por nuestros territorios a toda hora, burlándose de nosotros. No es una sola persona que está siendo amenazada, anteayer advirtieron al compañero Oscar Rojas, que lo iban a sacar de la recuperación de territorio que él hizo, porque ahí cerca hay una persona no indígena, que con sus compañeros y al calor de las fiestas dispararon y le gritaron que va èl será el otro después de Sergio”, denunció la líder.

Voces no escuchadas. “Esta es una lucha por nuestros derechos, amparados en las convenciones internacionales. El Estado no hace nada por la invasión de los no indígenas a nuestro territorio”, manifestó Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran.

Un estudio de la UNED reveló que al abordarse el tema indígena en los medios de comunicación mayor cantidad de voces reflejadas son la del mismo periodista y personas no indígenas. Foto cortesía de la UNED.

Sibar condenó que ni los poderes Judicial y Legislativo han cumplido con los procesos para garantizar el pleno disfrute de sus derechos ancestrales; y más bien esta misma semana un juez les dio tres días para abandonar una parte de su territorio.

El líder Bröran explicó que vinieron a la capital a denunciar porque en los medios de comunicación no se escuchan sus voces, y más bien se les da espacio a personas no indígenas para hablar sobre la situación que viven.

El Dr. Luis Paulino Vargas, del CICDE, hizo un llamado a los medios de comunicación y al personal periodístico a hacer un cambio de enfoque. Según el estudio realizado por ese centro de investigación, de las noticias difundidas solo el 20% de las voces incluidas en dichas producciones corresponden a indígenas.

Vargas también expresó su preocupación por que entre el 2010 y 2017 se registraron 124 hechos de violencia en los territorios indígenas, pero a la fecha ninguna persona ha sido llevada a los tribunales. La situación es similar en territorios en otras regiones del país, añadió Sibar.

Asimismo, acotó la abogada Jiménez, “no se ha ordenado ningún desalojo de los no indígenas, pero si han habido órdenes judiciales para que indígenas para que dejen sus tierras”.

Jiménez exigió que se cree un mecanismo de protección real, a la luz de la medida cautelar #321-12 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“A nuestro hermano Sergio le gustaría que nosotros siguiéramos luchando, en memoria de él y de muchos defensores de nuestros territorios así lo haremos, a pesar de que nos quieran desalojar”, aseguró Sibar.

 

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

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Declaración Final: III Misión de Solidaridad de Vía Campesina a Colombia

Minga Informativa de Movimientos Sociales

Vía Campesina

Nosotras y nosotros, integrantes de la III Misión Internacional de Observación y Monitoreo de la Vía Campesina a la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, 20 delegados/as internacionales provenientes de 15 países y plataformas aliadas, realizamos cinco días de trabajo y recorridos en los departamentos de Bogotá, Cauca, Tolima y Cundinamarca. Allí mantuvimos múltiples reuniones con organizaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras; también con instituciones del Estado, con los ex combatientes de las FARC, representantes del Congreso de la República, embajadas y observadores internacionales, entre otros actores. Siempre guiados con la esperanza en el cumplimiento de los Acuerdos Para la Construcción de una Paz Estable y Duradera y por la defensa de los Derechos Humanos.

Concluimos que:

Para el pueblo colombiano es de suma importancia la implementación de los acuerdos para la construcción de una Paz con Justicia Social. Hay extrema preocupación en organizaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras por el incumplimiento estatal. Son ellas las principales víctimas del conflicto armado interno del país. Los Acuerdos de Paz han sido incumplidos en su mayor parte por el gobierno colombiano y consideramos que este debe tener y demostrar la voluntad política para implementarlos, cuestión que no se verifica ni en los territorios ni en las políticas públicas.

La III Misión de Vía Campesina constata un aumento en la criminalización, persecución y asesinatos de líderes y lideresas sociales, como también a ex combatientes y sus familiares, en relación a lo registrado en nuestra II Misión en 2017 lo que evidencia que los objetivos de esta masacre selectiva buscan quebrar la defensa de los territorios y la implementación de los acuerdos de paz.

El punto 1 de los Acuerdos de Paz, referente a la Reforma Rural Integral, que aún no ha sido implementado, ahora corre peligro de no ser concretado debido al desfinanciamiento por parte del Estado ya que no está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la planificación del gobierno de Colombia para los próximos 4 años. A su vez nos alarma que se siga desconociendo al campesinado como sujeto político de derecho, aún después de la Declaración de Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales de la Organización de Naciones Unidas- ONU aprobada oficialmente en 2018.

También observamos con gran preocupación que la protesta social – generada por décadas de incumplimiento del Estado con cientos de acuerdos firmados con indígenas, campesinos y afrodescendientes, y actualmente acentuada por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz – es reprimida por parte de las fuerzas militares y de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), violando así los derechos elementales a la vida, a la protesta social, a la libertad de expresión y a todo marco legal internacional, como sucede en la región del Sur Occidente de Colombia en la Minga Social y Popular.

Como Misión Internacional hacemos un llamado al Gobierno de Colombia a que se reactive la mesa de Diálogo entre el gobierno y el ELN, como también con las demás insurgencias, para avanzar hacia una Paz Estable y Duradera que requiere del reconocimiento de la totalidad de actores en el conflicto armado.

Fieles a nuestra historia de lucha y solidaridad, y en línea con lo realizado en las tres Misiones en Colombia, la Vía Campesina se compromete a seguir acompañando al pueblo colombiano en la Construcción de la Paz con justicia social y hacemos un llamamiento global para efectivizar la solidaridad internacional y denunciar en los organismos internacionales la violación sistemática de los Derechos Humanos en Colombia. Nuestro fin en esta lucha es la defensa de la vida y amerita cada uno de nuestros esfuerzos junto al pueblo de este querido país.

El camino es largo y espinoso, pero sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

¡¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!!

 

Bogotá – 2 de abril de 2019

 

Enviado por Pasa la Voz.

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A un año de resistencia en Nicaragua

Segundo Manifiesto de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua

Casi un año ha transcurrido desde que estalló la gran protesta en Nicaragua. La leve señal de malestar estudiantil -lo que al principio parecía ser- fue severamente reprimida y, entonces, el malestar se volvió enojo y se hizo general. Al grito de que eran delincuentes o, peor aún, terroristas, el gobierno de Daniel Ortega emprendió su mortal cruzada contra estudiantes, primero, y luego contra cualquier voz disonante, de las muchas que tenían años de soportar el silencio ensordecedor propio de las dictaduras.

Las personas campesinas opuestas al sacrificio de sus tierras ancestrales para la edificación de una canal dudoso en el centro mismo de la soberanía nicaragüense; las ambientalistas indignadas por la alegre complacencia del régimen cuando ardió la Reserva Indio – Maíz; las defensoras de los Derechos Humanos; las militantes del Movimiento de la Diversidad y las representantes de la prensa crítica al régimen, particularmente, fueron asesinadas, encarceladas, torturadas y forzadas al exilio o a la vida clandestina.

Solo ha pasado un año y sabemos que no, que no eran delincuentes, que eran estudiantes. Personas de bien cuya voz de libertad, por supuesto, causaba terror entre los que, desde las alturas del poder, tenían ya escrito su monólogo y no admitían ni una coma fuera de su línea. Menos aún un punto y aparte, o un borrón y cuenta nueva. Quedó claro asimismo que las voces no eran solo de estudiantes, de una juventud desengañada, sino de toda la sociedad nicaragüense, que compartía su indignación.

Sabemos también que el levantamiento de abril dio paso a una insurrección popular y que esa insurrección ha sido civil y ciudadana desde el principio: busca el cambio democrático al mismo tiempo que la paz. Y tenemos hoy día claro, como también lo tiene todo el mundo, que Daniel Ortega es un dictador y su gobierno una dictadura con prácticas mafiosas: mató a cientos de jóvenes; torturó y encarceló a todavía más; desterró a miles de opositores o los forzó al silencio de la vida clandestina; intentó liquidar la prensa crítica y atacó a los organismos de defensa de los Derechos Humanos. Sin ir más lejos: tan dictador es Daniel Ortega que hasta portar la bandera del país ha sido prohibido.

A estas alturas puede afirmarse que no hay vuelta atrás: Nicaragua va hacia el futuro. Pero el cambio que se ve venir trae consigo sus peligros. Por ejemplo, que no avance lo suficientemente rápido la unidad de los opositores al régimen, que se caiga en la trampa de un discurso (dizque) antimperialista – de sectores como el orteguismo que no han tenido problemas con imperio alguno en muchos años – o, que se les sugiera a las potencias de ayer y hoy que jueguen geopolítica en Centroamérica. Lo peor de todo sería que la oposición de hoy repita como gobernantes los errores de las dictaduras que hoy están a punto de dejar atrás. Lo bueno es que todas las razones existen para creer que estos peligros se van a conjurar. Y, en el caso de los que no estamos en Nicaragua, el riesgo sería que nos engañáramos creyendo que el problema es solo allá, y que caigamos en la indiferencia.

Como parte de esa gran reacción surge en Costa Rica la Iniciativa Universitaria por Nicaragua (IUN), abocada en primer lugar (pero no en único) a la defensa del principio de la Autonomía Universitaria, pues consideramos que la prosperidad de un país está directamente relacionada con la libertad con que en él se practique el pensamiento. Las universidades libres son un requisito de la prosperidad de una sociedad.

Hasta el día de hoy la IUN ha organizado charlas, conferencias, actividades artísticas y culturales y cursos sobre la situación nicaragüense. Realizamos el curso “Territorio y Sociedad en Centroamérica”, expresamente dirigido a estudiantes nicaragüenses en exilio en Costa Rica. Apoyamos la conformación Con universitarias nicaragüenses acompañamos la constitución del grupo de “Las Volcánicas”. Apoyamos la marcha contra la xenofobia en agosto d2 2018 y la Caravana de la Victoria en diciembre. Ante todo, hemos dado acogida a numerosos estudiantes que han hecho de Costa Rica su refugio.

A casi un año de la lucha civil en Nicaragua, y próximos a cumplir nuestro primero como Iniciativa, anunciamos nuestra determinación de continuar haciendo nuestra parte. La dictadura se irá más temprano que tarde, la paz será restablecida y se abrirán las puertas a la creatividad para la edificación de la democratización del país y la edificación de un nuevo orden en el que prive la justicia y una nueva institucionalidad al servicio del pueblo, que las y los nicaragüenses sabrán cómo definir. Universitarias y universitarios, es decir, quienes compartan el espíritu universitario, de allá y de aquí, debemos estar preparados para cuando se nos necesite.

En Nicaragua están sucediendo cambios que habrá pronto de profundizarse. Mucho de lo que allí ocurra tendrá un gran efecto en la región centroamericana. Es fundamental estar presentes desde ahora. Por eso, invitamos a participar en la IUN a quienes comparten nuestros fines. Toda idea es bienvenida; toda opinión, escuchada; toda ayuda material, muy agradecida.

Lo vivido desde el pasado abril, hasta el presente, a pesar de los crímenes de la dictadura, da pie al optimismo. Esta sociedad, que no hace mucho vio un cambio de siglo – e incluso de milenio – va muy bien hacia un cambio de algo más que un gobierno. Y eso es cosa nuestra también, de quienes imaginamos universidades libres para sociedades llenas de ideas.

A un año de insurrección en Nicaragua, se impone un alto para recordar todas las víctimas del orteguismo y renovar ideales y tareas. Que sea un alto breve, eso sí, porque queda mucho futuro por construir.

 

25 de marzo de 2019, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica.

 

Foto: AFP

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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