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Etiqueta: derechos humanos

Feria de la Salud de la Mujer en San Ramón de Alajuela

«Nuestro cuerpo, nuestro derecho: salud integral para todas».

El Día Internacional por la Salud de las Mujeres busca crear conciencia sobre las desigualdades y desafíos que enfrentan las mujeres en relación con su salud y bienestar. En el contexto de la violencia de género, esta celebración busca destacar la importancia de abordar y prevenir la violencia como un factor determinante de la salud de las mujeres.

Al abordar la violencia de género y promover la igualdad de género, se contribuye directamente a mejorar la salud de las mujeres, pues implica garantizar el acceso a servicios de atención integral para las sobrevivientes de violencia, promover la educación en género y derechos humanos, fortalecer las leyes y políticas de protección, y fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud.

Es necesario visibilizar la intersección entre la violencia de género y la salud de las mujeres, pues es necesario abordar ambas problemáticas de manera integral y generar cambios positivos en la vida de las mujeres, pues las violencias históricas hacia las mujeres son notorias en las presiones sociales que definen como “debe ser sus cuerpos” o el lugar subordinado por roles de género. Las violencias por el hecho de ser mujer son agudizadas bajo estructuras económicas enfocadas en la acumulación de capital en pocas manos y las múltiples formas que adquiere la discriminación. Estas relaciones socioeconómicas al ser contrarias al bienestar de las mujeres van manifestándose en diferentes afectaciones a su ser bio-pisco-social y que lamentablemente también encuentran su máxima expresión en los femicidios.

El actuar de las instituciones estatales están siendo modificadas mediante políticas públicas neoliberales que poco ayudan a mejorar y ampliar los servicios de salud como medio para concretar los Derechos Humanos. De modo que, el fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades de los funcionarios públicos, más la dotación de presupuesto, se ubican entre los aspectos centrales que contribuirán al abordaje de los efectos nocivos de la violencia en la salud y aportan a disminuir otras vulnerabilidades que agravan la violencia, de hecho, es un tema de salud pública que le corresponde al Estado velar y cumplir.

Les invitamos a acompañarnos en la feria de la salud de la mujer organizada por MUSADE, el sábado 27 de mayo de 8 a 5 p.m. en nuestras instalaciones, San Ramón, Alajuela, 75 sur de urgencias del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.

EN ESTE DIA DEMANDAMOS

«Salud para todas las mujeres, sin discriminación ni violencia».

«Basta de violencia de género, salud y bienestar para todas».

Enid Cruz Ramírez
San Ramón, 17 de mayo, 2023

¿Qué significa LGBTQIA+ y persona no binaria?

Conmemoración

Todas las personas deben ser tratadas en igualdad de condiciones, respetando sus derechos humanos y con dignidad, sin distinción por su origen étnico, nacionalidad, condición de salud, discapacidad, sexo, género o identidad de género, religión, orientación sexual, opinión o participación política, entre otras características.

Los conceptos son parte del reconocimiento de todas las poblaciones y sus derechos humanos. Acá te compartimos algunos de ellos para respetar la identidad de todas las personas.

El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, bifobia y la Transfobia, se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales establecida por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta es una fecha sumamente importante para la comunidad universitaria porque recuerda la necesidad de luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia, discriminación, rechazo o invisibilización dirigida a personas por razón de su identidad de género, su orientación sexual o su expresión de género.

La UCR cuenta con un reglamento contra la discriminación que busca resguardar los derechos de todas las personas. Este reglamento tiene como finalidad prevenir y sensibilizar acerca de la discriminación, tipificar conductas y situaciones discriminatorias que se presenten en la Universidad y regular el procedimiento de denuncia.

La Universidad de Costa Rica es un espacio libre de discriminación, por eso, queremos compartirte información importante para seguir avanzando en el respeto de las identidades y los derechos humanos de todas las personas.

Glosario de la diversidad sexual

Género. El género es una construcción social y una norma sobre los atributos construidos socialmente entre las personas.

Sexo asignado al nacer. El sexo asignado al nacer se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de la especia humana.

Expresión de género. Es la forma en la que una persona comunica su género. Incluye expresiones como vestimenta, formas de hablar o moverse, nombres, pronombres, entre otras.

Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, que podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. La identidad de género puede ser binaria (hombre/mujer) o no binaria

Orientación sexual. Es la atracción emocional, afectiva y sexual que sienten las personas por otras, así como a las relaciones íntimas, sexuales o afectivas. Esta puede ser hacia uno o varios géneros.

Persona No Binaria. Refiere a aquellas personas que se autoperciben fuera del espectro binario (Hombre/mujer)

LGBTQIA+ son las siglas utilizadas para representar una amplia gama de sexualidades e identidades. Significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y asexual. El + representa todas aquellas que no esten contempladas en estas letras.

Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres

Gay: Hombre que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otros hombres

Bisexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y/o sexualmente por personas del mismo género o de un género distinto.

Trans: Es un término que se utiliza para nombrar la amplia diversidad de personas que se autoperciben con una identidad o expresión del género diferente al sexo asignado al nacer. Puede ser transexual o transgénero.

Queer: Personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema cisgénero binario y heterosexual.

Intersexual: Es un concepto que se utiliza para nombrar todas aquellas situaciones en las que la anatomia sexual de las personas no se ajusta físicamente a los estándares culturales definidos para el cuerpo masculino o femenino, es decir, una anatomia sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica de hombre o mujer.

Asexual: Se refiere a las personas que generalmente no experimentan atracción sexual o no desean contacto sexual. Sienten el deseo sexual hacia otras personas por distintos motivos que no siempre tienen que ver con la atracción física, tal y como es el caso de las personas demisexuales, que llegan a experimentar atracción sexual gracias a un vínculo emocional fuerte con otra persona.

Denunciá

Ninguna persona debe sufrir discriminación por su identidad o expresión de género y su orientación sexual. Si has sufrido discriminación por alguno de estos motivos, podés denunciarlo.

Cualquier persona de la comunidad universitaria puede interponer una denuncia ante la comisión.

Para realizar una denuncia, se deben presentar personalmente o mediante correo electrónico ante la Comisión Institucional Contra la Discriminación.

Para más información escribí a: comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr

El Reglamento Contra la Discriminación de la UCR establece que cualquier persona de la comunidad universitaria puede ser sancionada por cometer actos discriminatorios. Además, prohíbe cualquier tipo de represalias en contra de una persona que interponga una denuncia por discriminación o bien que sea testigo del proceso.

 

Comisión Institucional Contra la Discriminación

Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de Latinoamérica y el Caribe discutirán sobres sus derechos colectivos

Desde mañana 18 y hasta el 19 de mayo organizaciones de pueblos indígenas, negros, expertos en derechos, académicos y aliados se darán cita en la Universidad de Costa Rica para analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH ante la imperiosa necesidad de generar un análisis y diálogos críticos desde los pueblos indígenas y negros que son beneficiarios de sentencias de la para que, en conjunto, como región, se puedan discutir estrategias y adoptar medidas genuinas para el cumplimiento.

Es decir, que la Corte haga cumplir con el mandato de poner en el centro a los pueblos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y que ven en este sistema la última opción para obtener protección, verdad, justicia y reparación.

El evento es propuesto y organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue fundada en 1979 y lucha por el bienestar del pueblo Garífuna hondureño, en específico la protección de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las 46 comunidades Garífunas asentadas en el Litoral Atlántico Hondureño.

La fundación del Sistema Interamericano fue vista por los pueblos indígenas y negros como una oportunidad de alcanzar la justicia más allá de las fronteras de los países partes. Sin embargo, el rezago histórico no ha disminuido en la proporción que se esperaba. Para el caso de los pueblos indígenas y negros, tienen casos presentados desde los años 90s y con sentencias desde los inicios del 2000, para las cuales, después de más de 23 años la justicia no ha sido servida.

Para OFRAHEH: “existen un alto retraso procesal en el sistema en el trámite de las peticiones y casos y en lo referente a las sentencias, el nivel de incumplimiento por los estados parte es aún más alarmante. la Corte IDH, desde ese entonces ha venido emitiendo sentencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de la región; sin embargo, tenemos entendido que poco o nada se han cumplido dichas sentencias y por el contrario en la mayoría de los casos se han incrementado la conflictividad dentro de las comunidades”.

Por ejemplo, algunos estudiosos han recogido datos de la información contenida en las sentencias emitidas por la Corte IDH entre enero de 2010 y diciembre de 2019, y han concluido que, en promedio, entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la CIDH transcurrieron 134,6 meses.

En el Foro participarán unas 30 persona de casos directamente, expertos y personas de cada uno de los pueblos indígenas o negras involucradas o beneficiarias de las sentencias y los que tienen casos en proceso de los países de México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Se desarrollará en la Sala 4 Escuela de Antropología. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Ciudad de la Investigación. 9am a 12:30 y de 2-4:30pm. En nuestro país colabora en el evento el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica (UCREA), el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), la Escuela de Antropología, El proyecto Pueblos Originario y Universidades de CONARE, proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Carta por la paz: Contra el gasto militar y la militarización

Sres. Presidentes de América Latina, El Caribe y de América del Norte

De nuestra consideración,

Las organizaciones y personas firmantes apoyamos la Campaña Internacional Contra el Gasto Militar. Por lo anterior, queremos señalar lo siguiente:

1.- De acuerdo a información del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2022 alcanzó su máximo histórico llegando a un total de 2.240 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 20.210 millones de dólares; Colombia con 9.937 millones de dólares; México con 8.535 millones de dólares; Chile con 5.566 millones de dólares; Perú con 2.845 millones de dólares; y Argentina con 2.577 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.200 millones de dólares. En América del norte, Estados Unidos fue el país que más gastó, tanto en nuestro continente como en el mundo, llegando a 876.943 millones de dólares y Canadá 26.896 millones de dólares.

2.- Mientras hay dinero para el gasto militar la pobreza se mantiene o aumenta en todos nuestros países a causa de la inflación, del pago de la deuda externa, entre otros graves problemas que viven muchos de nuestros países. El informe Panorama Social 2022 proyectó que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema. Al mismo tiempo, la FAO ha señalado que cerca de 60 millones de personas pasan hambre en nuestro  continente y 131 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable.

3.- Lola Castro, directora regional del WFP (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU, señaló que “La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19”.

4.- La guerra por muy lejos que esté nos afecta a todos. Levantamos nuestras voces y apoyamos los esfuerzos diplomáticos de diálogo y negociaciones para lograr acallar las armas y lograr que llegue la paz entre Rusia y Ucrania, en Yemen, en Sudán, en Palestina, como en otros países que viven conflictos armados.

5.- La verdadera seguridad que necesitan nuestros países, la región, como del mundo, radica en el bienestar social, económico y político de toda la población, en el respeto entre todas las naciones, y en el establecimiento de garantías de protección y seguridad común para todos.

6.- La militarización, como la carrera armamentista, sólo destruye la confianza entre nuestros pueblos y socava los esfuerzos de fraternidad, cooperación y solidaridad entre nuestros países que deberían mirarse como hermanos y no como enemigos.

7.- Exhortamos a nuestros Estados a revitalizar los esfuerzos de integración en nuestro continente, especialmente en la CELAC y UNASUR, para que de manera mancomunada se realicen esfuerzos contra las verdaderas amenazas que enfrentan nuestros pueblos que viven la violencia y la pobreza como consecuencia del neoliberalismo, del saqueo permanente de los recursos naturales, y de la depredación que realizan las grandes Corporaciones y sus Megaproyectos Extractivistas en nuestros territorios.

8.- Finalmente, pedimos que los gobiernos de nuestro continente reduzcan o eliminen el gasto militar y comprometan esos fondos para el bienestar social, en legitimar esfuerzos de paz, de amistad, de unidad, cooperación, y multilateralismo, que nos alejen de la amenaza de la guerra, la destrucción y del aniquilamiento. Lo que se necesita son fondos suficientes para el goce de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales (el ecosistema), para la acción colectiva, para la solidaridad, para abordar conjuntamente las emergencias globales de nuestro tiempo.

Atentamente,

Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia -ACOOC, Colombia
ACCSS, Guatemala
ACODEHU, Costa Rica
Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras para la Paz – Gamip América Latina y el Caribe –Gamip Alianza por el Desarme y la Justicia Social, Colombia
Araña Feminista, Venezuela
Asociación Campesina de Trabajadores Agropecuarios de San José de Miranda, Colombia
Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas – ACHNU, Chile
Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán Caquetá Colombia ACISC
Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Colombia
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Costa Rica
Asociación Rumiñahui, España
Asociación Sara Macdougal, Perú
Asociación Teatro de la Tierra Mercy Bustos, Madrid, España
Asociación de Productores Agroecológicos de Valle, Honduras

Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC
ATRAHDOM, Guatemala
Centro Cívico San Javier, Colombia
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador
Centro de Estudios Ecuménicos A.C., México
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos del Perú
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer- CISFEM
CESTA, El Salvador
Circulo Bolivariano Yamileth López,  Costa Rica
Colectivo Pro derechos Ecológicos y Ambientales, Sección Qro., México  
Colectivo Voces de Oya, Colombia
Colegio de Profesoras y Profesores de Collipulli, región de la Araucanía, Chile
Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20
Comisión Ética contra la Tortura, Chile
Comité Oscar Romero, Sicsal-Chile
Comité por un Chile Digno – Noruega
Comunidad Ecuménica Magdala, México
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Comunidad Slow Food del Sur de Chile
ComuniSur Frente Comunicacional, Bolivia
Conaicop, Internacional
Concertación Mons Romero, El Salvador
Confederación Unitaria de Trabajadores, Costa Rica
Consejo Comunal Marapa Marina A B C, Venezuela
Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño Colombia
Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-, Guatemala
Conversemos y actuemos, Colombia
Coordinadora Americana Derechos de los Pueblos y Víctimas Prisión Política
Corporación 3 y4 Álamos, Chile
Corporación El Canelo, Chile
Corporación Paz Caribe, Colombia
Denver Justice and Peace Committee, Estados Unidos (Denver, Colorado)
Desarrollo de infancia y adolescencia, México
E. Pueblos Originarios Serpaj, Argentina
Educar Mujer Venezuela, Venezuela
Federación Venezolana de Abogadas
Foro de Educación Religiosa, Costa Rica
Frente de Paz y Solidaridad Costa Rica
Fundación Desarrollo Permanente, Colombia
Fundación Hogar Padtorin, Colombia
Fundación Lazos de Dignidad, Colombia
Fundación Movimiento Ajedrez Escolar, Chile
Fundación Procrear, Colombia
Género, Diversidad, Interculturalidad y Derechos Humanos, Ecuador
Global Campaign On Military Spending (GCOMS), Internacional
Global Thought Mx, México
Grupo Taller del Sur, México  
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Costa Rica
Iglesias por la Paz, México
Instituto RIA AC, México
Justapaz Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción No violenta, Colombia
Laboratorio de Paz, Venezuela
Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS, Venezuela
Mujeres en Marcha Chile
Mujeres para el Diálogo, México
MUVACOFUM, Guatemala
Naufrago de Itaca Ediciones, Venezuela
Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidad de Católica de Minas Gerais, Brasil
Observatorio centroamericano de medios de comunicación y género GEMA, Costa Rica
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Observatorio por el Buen Trato a Personas Mayores en Quilpué, Chile
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
OCDIH, Honduras
Organización Rural Cooperativa AGROTUANAIME, Colombia
Parroquia Jesús Señor de la Vida – Santiago de Chile
Partido de la Independencia y del Trabajo de Senegal
Partido Vanguardia Popular, Costa Rica
Pastoral Cultural Sagrada Familia en Concepción, Chile
Pastoral Social Iglesia Anglicana de México
Pax Christi International
Programa Casa Refugiados, México
Programa de las Américas, Americas.ORG, México
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Rebelión o Extinción Medellín, Colombia
Red Acueductos Boyacá, Colombia
Red de Esperanza y Solidaridad, Puerto Rico
Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-,  República Dominicana
Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia
Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica
Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, EEUU/MX
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, México
REDIALOGO – Red de Mujeres Constructoras de Paz, Venezuela
Resuena, Colombia
Secretariado Social Mexicano
Sercoba – Equipo de Servicio a Comunidades de Base, El Salvador
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile
Servicios y Asesoría para Paz, México
SICSAL, México
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS)
Tinta Violeta, Venezuela
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche), España
Universidad Popular de los Pueblos, Colombia
World BEYOND War, Internacional

 

Personas:

 

Abraham Barboza Gómez

Costa Rica

Alba Lucía Cardona Carvajal

Colombia

Alejandro Baño Oyarce

Chile

Alejandro Reyes Córdova

Chile

Alicia Dorantes

México

Alicia Lira Matus presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Chile

Alicia Marchandon Sánchez

Chile

ALIRIO GARCÍA

Colombia

Álvaro Quiroz SJ

México

Álvaro Vega Sánchez

Costa Rica

Ana Carolina Herrera Galeano

Colombia

Ana Julia Paz

Colombia

Ana María Vera

Chile

Ana Monzón

Guatemala

Angélica Orozco Idárraga

Colombia

Anita Soto

Chile

Antonio Rabasa González de la Vega

México

Ayda Arismendy Castañeda

Colombia

Baltazar Castañeda

Colombia

Benita Osdelia Ramírez Fernández ICW Honduras

Honduras

Bernardo Reyes Ortiz, Ética en los Bosques

Chile

Betssi Sñez

Venezuela

Birgit FunckShorack

Alemania

Blanca Azucena Sánchez

Colombia

Blanca Norha Ossa Hoyos

Colombia

Blas H. Rico

Colombia

Brettis Rojas

Venezuela

Carmelina de Jesus Rivera

El Salvador

Carmen López Téllez

Guatemala

César Abadía

Colombia

Cristian Rivera

Chile

Dania Batista Guevara

Panamá

Daniela Peña, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM

Chile

Danilo Monteverde

Chile

Dayana Monroy Núñez

Colombia

Deisy Yolima Rendón Castaño

Colombia

Deivis Ovares Morales

Costa Rica

Denisse Araya Castelli

Chile

Dorys Gilma Zorro Coronel

México

Eddy Oswaldo Lucero Alfaro

Guatemala

Edgar Orlando Galvis

Colombia

Edgar Pérez Ruiz

México

Eduardo Bustamante

Colombia

Eduardo Huerta Arias

Chile

Eduardo Menéndez

México

Ela Ferris

Venezuela

Elida Piedad Mantilla Díaz

Colombia

Emilio Arranz Beltrán

 

Emilio Espin

El Salvador

Enrique Araya Leiva

Chile

Esperanza Fajardo Piñones

México

Eugenia Mijangos

Guatemala

Eugenia Valdés Ossa

Chile

Evelin Carolina Hernández Cáceres

El Salvador

Evelyn Elizabeth Ibáñez

El Salvador

Evelyn Margron

Haití

Exilda Azar Cortes

Chile

Ezequiel Valdez

República Dominicana

Fabiola Lizette Mancilla Castillo

México

Fernando Aranguren

Venezuela

Fernando Astudillo Becerra Izquierda Cristiana

Chile

Francisco Javier Lopera

Colombia

Francisco Trabol Melipil

Chile

Francy Elena Molina Arboleda

Colombia

Franklin Ledezma Candanedo -Periodista y Escritor

Panamá

Fray Julián Cruzalta

México

Gabriela Tello

México

Galina Sandino

Cuba

Gilberto López y Rivas

México

Gloria Elena Ospina Pérez

Colombia

Gonzalo Munguía del Río

México

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Mexico

Graciela Barbosa Martinez

Colombia

Guillermo Díaz

México

Guillermo Pérez

México

Gustavo Adolfo Sepúlveda Martínez

Colombia

Hansel Luis Ramirez Rodriguez

Costa Rica

Héctor Maturana B.

Chile

Helen Barrientos

Guatemala

Henry Guevara

Colombia

Hernando Mejía Díez

Colombia

Hervi Lara Bravo

Chile

Hicham Amraoui

España

Hildelisa Preciado

Ciudad de México

Hugo Quesada Hernández

Costa Rica

Hugo Urrestarazu

Chile

Ingrid Almendras Orellana

Chile

Isabel Cristina Buriticá Mira

Colombia

Isnel Alecio Mosquera Rentería

Colombia

Ivonne Parra

Venezuela

Javier Elgueta

Chile

Jeannette kurte López

Chile

Jhony Arango

José Amesty Rivera

Colombia

Jonathan Sebastián Cayul Cayul

Chile

Jorge Garzón

Colombia

Jorge Marín

Colombia

Jorge Martínez Muñoz

Chile

Jose Enrique González Ruiz

México

José Fabio Naranjo

Colombia

José Fredis Sandoval

El Salvador

Jose Guillermo Rampira Ruiz

Colombia

Jose Joaquín Cristancho Cuesta

Colombia

Jose Juan Hernández

Colombia

José Marcial Apablaza Yañez

Chile

José María Navarro Flores

España

José Schulman

Argentina

Juan Carlos Celis Gonzàlez

Colombia

Juan Jose Tamayo acosta

España

Judith Kelly, Embajadora de la Paz, Pax Christi USA

EEUU

Juliana Sepúlveda Hurtado

Colombia

Julio Yao, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá

Panamá

July Henríquez Sampayo, abogada y defensora de DDHH

Colombia

Jutta Buergi

Suiza

Katherina Toffoli Aspe

Chile

Kathy Kelly

United States

Lautaro Fernández Milla

Chile

Leonardo Amaya

Colombia

Leonardo Díaz

Colombia

Lía Esther Lemus Gómez

Colombia

Lilian Guardado

El salvador

Lina Carrillo

Colombia

Lina Tudela Poblete

Chile

Lohania Josefina Aruca Alonso

Cuba

Lorena Libertti M.

Colombia

Los Viñedos de Tobalaba

Chile

Lucía Arredondo Alvarez

Chile

Lucio Diaz Dumenez

Chile

Lucy Magali Millán Ferrer

Puerto Rico

Luis Alberto Soto Ramírez

Costa Rica

Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Costa Rica

Luis Ernesto Lozano Arana

México

Luz Marína Jaramillo Valencia

Colombia

Luzmar Quiroga Cortés

España

M. Cepeda

México

Ma Estrella Ramos Veloso

España

Magdalena Vargas Pieschacon

Colombia

Maggie Urueta Oviedo

Colombia

Magnolia ang

México

Malena Suhcled

Argentina

Manuel Dios Diz

España

Manuel Urbina Marchant

Chile

Marcela Zamora Cruz

Costa Rica

Marcha Carnaval Aburrá

Colombia

Marcial Enrique Jiménez Cu

México

Marco Antonio Marín Bernachea

Chile

María Alexandra correa Mantilla

Colombia

Maria Angelica Vejar Merado

Chile

Maria del Rosario Roiz

Honduras

María Elena López Gallardo

México

María Elena Paredes González

México

Maria Elvia Vallejo Villa

Colombia

María Eugenia

México

María Eugenia Díaz

Guatemala

María Eugenia Solís García

Guatemala

María Fernández

Colombia

María Riera

Venezuela

María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH

Paraguay 

Maria Teresa Messidoro Lisangà

Italia

María Virginia Agostini

Costa Rica

María Ynes Villa

Colombia

Mario Alberto Villalobos Arias

Costa Rica

Mario Mus

Guatemala

Mario O. Luengo. (Escritor y Poeta)

Chile

Mario Sosa

Guatemala

Maris Ines Urrutia

Chile

Maris Pilar Cumba Zabaleta

Colombia

Mariza G.Leiva Vargas

Perú

Marli Morales Calderon

México

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo

Paraguay 

Martin Pascual A.

Chile

Martín Rodríguez Espinoza

Costa Rica

Mauricio Correa V.

Colombia

Mayerly Pabon

Colombia

Miena Perla

El Salvador

Miriam Mangual

Puerto Rico

Moisés Torres López

Colombia

Myriam Paste Carmona

Chile

Myrna Kroff

Noruega

Nairelys Gómez Miranda

Cuba

Nelson Augusto Duque Arias

Colombia

Nelson Villarreal Durán

Uruguay

Neptalí Monterroso Salvatierra, profesor universitario

Guatemala

Neris González

El Salvador, Central América

Nestor Orlando Acosta P

Colombia

Nidia Arrobo Rodas, Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Ecuador

Nitza Segui, Latinas en Poder

United States of America

Norberta López García

México

Olga Lucía Ramírez

Colombia

Oscar Hector Leiva Cerrato

Costa Rica

Pablo Divas

Guatemala

Pablo López Romero, profesor

Chile

Pablo Ruiz Espinoza, periodista

Chile

Pablo Varas Fuenzalida

Chile

Patricia Muñoz García

Chile

Patricio Véjar Mercado

Chile

Paulina Muñoz Molina

Chile

Pedro Antonio Reyes Linares

México

Pedro Lopera Gallego

Colombia

Pilar Bravo

Chile

Pilar Ortega Marcelo

España

Rafael Venegas Cortes

Chile

Raúl FIGUEROA Vergara

Chile

Rebeca Zúniga-Hamlin

Estados Unidos

Redouane

España

Rev. Luis Carlos Marrero – Centro Oscar Arnulfo Romero

Cuba

Ricardo Durán Serrano

Colombia

Rigelio Alfaro

El Salvador

Roberto Ortiz Velazquez

México

Rocío Suárez López

México

Rodrigo Sepulveda

Chile

Romel Gonzalez

México

Ronny Umaña-Olivas

Costa Rica

Rosa Herrera

Chile

Rosa Wantland

Guatemala,

Rosalia Vasquez

Colombia

Roxana Badosa Rodríguez

Cuba

Saaid Jamis Tovar

Colombia

Sandra Calle

Venezuela

Sandra Morán

Guatemala

Sandra Muñoz Gutiérrez

Chile

Sara Yaneth Fernández Moreno

Colombia

Selin Carrasco

Chile

Sergio Lorenzini

Chile

Shirley Ruiz Monge

 

Silvia Aristizabal López

Colombia

Solange Atabales Q

Chile

Sonia Sgambatti.

Venezuela.

Stella Calloni, periodista

Argentina

Susana Córdova Rodríguez – EDUMOVI

Chile

Suy Wong

Costa Rica

Tatiana Otto Golovina

Costa Rica

Temis Angarita Valencia

Colombia

Teresa Monardes

Chile

Valter Pinheiro

Brasil

Víctor Javier Velásquez Gil, Corporación Justicia y Democracia

Colombia

Victor Manuel Iregui Perez

Colombia

Virginia Melloh Tavera

México

Vivian Murúa

Chile

Viviana Catrileo E – ANAMURI

Chile

William de Jesús Estrada Cano

Colombia

Yeny Astrit Bedoya Betancur

Colombia

Zoraida Espinosa

Colombia

   
   

Abya Yala 15 de mayo de 2023

FEUNA rechaza posible recorte de presupuesto al Ministerio de Cultura y Juventud

Comunicado de prensa

  • Recortar 4 mil millones puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del MCJ.

Sin ningún tipo de sorpresa, días atrás se anunció el probable recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el próximo año, siendo un empujón más a la propuesta de recorte que planteó directamente este mismo ministerio el año anterior. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) se mantiene una posición en contra de esta posible medida.

“Es importante recordar que este ministerio es el que tiene más órganos desconcentrados, que realiza una labor de atención directa a través de sus programas y proyectos a poblaciones de zonas vulnerables como Agua Zarcas, Pococí, Garabito, Santa Cruz. Además, sus proyectos permiten atender a la niñez, adolescencia de zonas en las que el riesgo a la inseguridad y delincuencia son parte del cotidiano y que es por medio del arte y la cultura que se atiende de manera integral a estas poblaciones”, indicó la federación.

Para la FEUNA, este recorte significa:

  1. Para el Parque de la Libertad: amenaza la continuidad de programas de formación para el empleo (CETAV), emprendimiento, STEAM, reforzamiento escolar, alfabetización digital, prevención de la violencia, habilidades para la vida y desarrollo socioemocional. Se corre el riesgo de un cierre total al Parque de la Libertad.
  2. Recorte a los fondos SOS Socio culturales que afecta directamente: gestores culturales, organizaciones y asociaciones comunitarias.
  3. Al Teatro Melico Salazar un recorte que afecta a: la Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro, Programa Proartes.
  4. Una afectación al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica lo cual afecta al fondo para el fomento Audiovisual y cinematográfico “El Fauno”.
  5. Todas sus actividades centrales (mantenimiento, alquiler, pago de servicios, insumos, telecomunicaciones, informática…)
  6. Reduce el presupuesto destinado a las diferentes becas (Becas Taller, Puntos de Cultura, proyectos recibidos en las diferentes convocatorias), investigación y conservación de patrimonio, promoción de las artes, producción artística y cultural.
  7. Se añaden también diferentes reducciones como en los fondos a los procesos en diferentes comunidades; afectaciones al 50% en la atención de los espectáculos asociados al PND y la misión del TNCR, sin capacidad en contratos a directores, gremio de teatro, danza y música, diseño de vestuarios, escenografía y utilería, cierre del programa “Érase una vez”.
  8. La no participación del MCJ en la Feria del Libro dejaría sin trabajo a más de 300 personas. Vulnerabilidad a los Centros Cívicos por la Paz y la labor en Casas y Centros de cultura.
  9. Cierre total de la Orquesta Sinfónica Nacional, Museo de los Niños, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y más…
  10. Desaparece el proyecto “Teatro en el Aula” con más de 15.000 estudiantes beneficiados, desaparece el Festival Nacional de Danza y el Encuentro Nacional de Teatro con más de 25 agrupaciones y más de 200 personas beneficiarias.
  11. Cierre de operaciones del archivo nacional.
  12. Los montajes de la Compañía Nacional de Teatro, Danza y sus actividades docentes con más de 350 talleres que incluyen 3723 estudiantes dentro y fuera de la GAM.

Estas son algunas de las afectaciones de este recorte, lo planteado puede significar un cierre técnico en su totalidad a funciones del Ministerio.

Al aprobarse este recorte, el Ministerio de Cultura y Juventud queda sin la capacidad de ejecución, sin margen de acción, cierres técnicos, más de 500 personas sin empleo al no realizarse festivales y despidos en asistencia en las áreas técnicas y mantenimiento, más de 18.000 estudiantes perderán el contacto con la cultura y el arte.

“Esta propuesta de recorte es totalmente inaceptable, irresponsable e incoherente a la realidad país en donde el arte y la cultura ocupan un papel fundamental en la reactivación de la economía, reducción de la inseguridad, formación, gestión en comunidades, acceso a derechos humanos fundamentales como la educación, el ocio, la libertad de expresión, salud mental y una vida digna”, manifestó Clareth Calderón, secretaría general FEUNA.

La FEUNA convoca este miércoles 17 de mayo a las 4:30 p.m. a manifestarnos en la Plaza de la Cultura para que este gobierno no avance con su propuesta neoliberal de recortes.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad nacional, a las personas artistas, trabajadoras de la cultura, a colectivos independientes, a todas aquellas personas que se han visto alguna vez permeadas por el arte a unirse, a levantar la voz y evidenciar los intereses del actual gobierno”, concluyó Calderón.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

2022 registró 291 acciones colectivas en protección del ambiente y Derechos Humanos

  • Pueblos indígenas registraron 127 acciones y de estas 45 fueron denuncias por violencia en su contra.

El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales (OCAC- IIS) de la Universidad de Costa Rica presentó su informe anual 2022 donde se registran los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan en distintos territorios del país.

Este es su tercer informe que se construye a partir del monitoreo de medios y organizaciones sociales. En total durante el período enero-diciembre 2022 se registraron 291 acciones colectivas. Un número menor que en los dos años anteriores. Sin embargo, esto no se debe necesariamente a una mayor atención de las problemáticas o a una disminución de estas sino “más bien, pareciera que se puede apuntar a un cambio influenciado por el regreso a la presencialidad y los cambios en los protocolos sanitarios. Esto se evidencia en los repertorios y estrategias utilizadas desde diversos colectivos para manifestarse” (Informe 2022, OCAC).

En particular destaca el tema de las luchas por la defensa territorial de los pueblos originarios y su lucha por la recuperación de sus territorios que continúan sin una respuesta integral del Estado y la impunidad ante los hechos violentos sufridos en dichos procesos. De hecho, del total de acciones 127 estuvieron vinculadas a las demandas realizadas desde grupos de personas indígenas. De estas 45 denunciaban amenazas o agresiones directas, incendios, amenazas con armas y tentativas de homicidio, entre otras.

Por otra parte, desde el sector de acciones colectivas por la defensa del ambiente también se puede ver cómo continúan las disputas correspondientes a proyectos mega hoteleros, conflictos por el acaparamiento y contaminación del agua, promoción de proyectos de ley que perjudican al ambiente y oposición a proyectos que buscan la protección de quienes lo defienden (Acuerdo Escazú). Se ve también un mantenimiento de las problemáticas relacionadas a la violencia de género, desalojos y al debilitamiento de la institucionalidad y la producción local.

Sobre el papel del Estado dentro de las dinámicas de estos conflictos, el docente y coordinador del Observatorio Daniel Fernández Vásquez menciona: “los conflictos no nacen de la nada, no es como que se contamina sólo un río y por ahí sale el conflicto, sino que esa contaminación viene justamente una serie de políticas, un modelo de desarrollo, un modelo de producción.”

Este informe 2022 del OCAC es el primero de estos que no se ve permeado de una manera tan directa por el contexto pandémico y las particularidades arraigadas a la virtualidad y además incorpora acciones colectivas de las organizaciones feministas y del movimiento LGBTIQ+.

Al igual que en los informes correspondientes al 2020 y al 2021, los cuales contaron con cifras de 431 y 406 acciones colectivas, las luchas por territorios indígenas y el ambiente se mantienen como principales actores dentro de la movilización social en estos tres años.

El OCAC surge en el año 2019 como un complemento a la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En su página oficial señala que el Observatorio se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.

Descargue gratis aquí: https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/handle/123456789/1186

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Kioscos Ambientales UCR

ANEP: Situación fiscal y Derechos Humanos en Costa Rica

El pasado viernes 21 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó al Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el planteamiento obrero-social de la situación fiscal en Costa Rica y el dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica en detrimento de un enfoque prioritario en Derechos Humanos. 

Respecto al planteamiento, la ANEP señala que hay temas muy relevantes que se estaban dejando de lado en los análisis o bien, se habían tratado muy superficialmente como la concentración del ingreso que se genera año tras año, resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública. 

Asimismo, afirma que para corregir esta falencia, hay acciones urgentes como una eficiente gestión tributaria y aduanera que pueden dinamizar el mercado, generar empleos y traer prosperidad compartida  pero, no son incluidas por las evaluaciones de los organismos internacionales ni son tomadas en cuenta por los grupos nacionales de poder económico. 

Según la ANEP, Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad por lo que considera que los negocios prósperos deberían contribuir con el financiamiento del Estado. Además, afirma que forzar el ajuste fiscal vía recorte del gasto social no es justo, equitativo y sostenible así como tampoco es conveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos. 

Por otra parte, la ANEP expone que hay otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI tales como el mal funcionamiento de algunos mercados que son extractores de rentas oligopólicas por lo que al país también le urge una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados. 

En cuanto al dictamen legal sobre el pago de intereses de la deuda pública en Costa Rica, la ANEP considera preocupante que el Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público que en realidad es inversión social pública en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias. 

Por lo anterior, la ANEP se posiciona a favor de la responsabilidad social, teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento, tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

En este sentido, la ANEP menciona que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad. Es decir, bajo un enfoque de Derechos Humanos, es permitido preguntarse sobre lo que es o no prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja?

Ante esta situación, la ANEP enlista las recomendaciones finales del dictamen, manifestando la a)necesidad de exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante organismos financieros internacionales, b) acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y c)realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables. 

Los diputados realizan un fraude de ley en la discusión de la jornada de trabajo de 12 horas diarias

Vladimir de la Cruz

Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.

Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.

De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.

Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.

Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.

El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.

El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.

La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.

La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.

El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.

Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.

En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.

El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.

Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.

Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.

Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.

Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.

Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.

La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.

La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.

A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.

La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.

El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?

El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.

Por intoxicación masiva de estudiantes en San Juan de Florencia: Solicitamos investigación del Ministerio Salud, MAG y MINAE

(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.

La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).

Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.

Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.

También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.

En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.

En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.

Kioscos Ambientales
UCR

Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna

El pasado 27 de abril en el  programa de Radio 8 de Octubre participaron Orlando Barrantes Cartín, María José Lechado, Adrián Jaen España y Félix López Zambrana, activistas e integrantes del Comité Ejecutivo del Bloque de Vivienda, en el espacio de “Diálogo sobre la lucha de las familias y comunidades por defender el derecho humano a vivienda digna”. Esto fue motivado por la concentración popular en Casa Presidencial y la Plaza de la Democracia, así también en la ruta 32 y ruta 27 el miércoles 19 de abril. 

Como consecuencia de esta movilización se consiguió abrir una mesa de conversaciones con el gobierno.

 

Compartido con SURCOS por Maria Trejos Montero.