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Etiqueta: derechos laborales

Las galimatías metajurídicas de la Procuraduría acerca del ajuste salarial del sector público

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde?” (M. Benedetti)

Manuel Hernández

  • Los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios son vinculantes (artículo 695 Código de Trabajo)

En el dictamen C-202-2020,  de 29 de mayo de este año,  la Procuraduría General de la República (PGR) atendió una consulta que formuló el anterior Ministro de Hacienda, quien solicitó criterio acerca de si resultaba procedente revocar el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17/12/ 2019,  que fijó el ajuste salarial para el  2020.

Este dictamen concluyó que un decreto ejecutivo, por tratarse de un acto normativo general, no es susceptible de revocación, pero agregó  -motu proprio- que sí se puede derogar, sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la norma derogada.

En un artículo que publiqué la semana pasada, titulado “La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal”, analicé los alcances de ese dictamen y comenté que aunque le abría de par en par la puerta al Gobierno para que dictara un sobreviniente decreto derogatorio, por lo menos, salvaguardó aquellos derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Ahora bien, resulta que el actual titular del Ministerio de Hacienda solicitó al mismo bufete del Estado una reconsideración y/o aclaración de dicho dictamen, solicitando particularmente que se aclare si “el aumento 2020 constituye una situación jurídica consolidada que impide su derogación”.

En el dictamen C-219-2020, de 12 del mes en curso, la PGR afirma  que esa gestión no se debe tramitar por la vía de la reconsideración, porque lo pretendido es una aclaración de los alcances del dictamen C-202-2020.

El nuevo dictamen le enmienda la plana a las autoridades de Hacienda y reconviene que interpretaron incorrectamente aquel dictamen, porque partieron de la premisa errónea que la PGR consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos, y en consecuencia, la imposibilidad de derogar el aumento salarial.

Este dictamen sobreviniente confirma el precedente, reiterando que se puede derogar aquel decreto, advirtiendo que se aclara ese dictamen en el sentido que corresponde exclusivamente a la Administración activa revisar si existen o no derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de algún funcionario o funcionarios.

Con fundamento en estas consideraciones que contiene el dictamen complementario de PGR se pueden inferir tres conclusiones:

En primer lugar, la PGR reitera que el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto que fijó el ajuste salarial del año 2020.

En segundo lugar, en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, es donde el nuevo dictamen hace aguas, a merced de un curioso análisis dialéctico, que trata de precisar el alcance de aquella expresión que parecía tan contundente en el dictamen original, que determinó que el decreto se podía derogar,  sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante su vigencia, pero que ahora en este giro la Procuraduría acota que nunca consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Esta es una cuestión, añade el dictamen, que le compete revisar y definir  únicamente a la Administración activa, cumpliendo así este dictamen  escrupulosamente con el protocolo sanitario de la técnica del lavado de manos, con agua y jabón hasta los codos.

Es decir, la PGR hizo un giro contorsionista que más de un artista de circo envidiaría, para retractarse de lo que en el dictamen principal definió con total claridad y precisión.

En tercer lugar, por la vía singular de la aclaración, tácitamente se reconsideró el dictamen principal, de manera parcial, obviándose de esta manera que la cuestión planteada por el Ministerio de Hacienda la conociera la Asamblea de Procuradores, que es la instancia que por ley le correspondía revisar dicho dictamen.

Insisto, como lo sostuve en aquel artículo de mi autoría, que al amparo del Decreto Ejecutivo que fijó el ajuste salarial de los servidores públicos, quedaron reconocidos derechos subjetivos y consolidaron situaciones jurídicas a favor de los funcionarios públicos, que un decreto sobreviniente no puede de un solo plumazo suprimir, aunque sea con el licenciamiento de la PGR; salvo que sea quebrantando el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, que constituye un principio esencial del Estado de Derecho.

Además, ese ajuste salarial fue producto de una negociación pactada con los sindicatos en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (sesión N° 03-2019 de 17/12/2019), que mucho menos puede ser unilateralmente revocada por el Gobierno, a contrapelo del Convenio N° 98 OIT y del artículo 695 del Código de Trabajo:

“Artículo 695.

(…) En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones públicas emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado.”

Esta disposición del Código de Trabajo, por cierto ampliamente desconocida, la cual destaco, determina la obligatoriedad jurídica que producen los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, los cuales tienen que ser ejecutados por las Administraciones Públicas.

El Poder Ejecutivo no puede desvincularse ad nutum de un acuerdo pactado en aquella Comisión, cuyo acuerdo, materializado en el Decreto Ejecutivo  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, vino a configurar auténticos derechos subjetivos a favor de los servidores de toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada.

Veremos cuál será la siguiente jugada maestra del Gobierno, pero todo indica que ese Decreto está pegado a un respirador mecánico, aunque su derogatoria sería manifiesta y evidentemente ilegal e inconstitucional.

“Cosas tenedes, que harán hablar las piedras”, contestó Alfonso VI al Cid.

16/06/2020

CR. El gran negocio de contratar extranjeros

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales-Gamboa

Dice la señora de CADEXCO que en sus empresas y las demás del sector agroexportador, todos sus trabajadores están asegurados. Por testimonio de varios trabajadores y trabajadoras que inclusive yo he recogido durante años en mi trabajo de campo y lo que publican recientemente algunos medios de comunicación (no todos), los salarios que se les paga en muchas empresas son muy bajos e, inclusive, por debajo del salario mínimo. Pero existe un enorme porcentaje de trabajadores que son contratados sin ningún derecho, ni siquiera el pago del seguro social en muchas empresas agrícolas de todo el país.

Esa es la razón por la cual a esas empresas llegan masivamente trabajadores extranjeros y muy pocos costarricenses.

Entonces si es que se les pagara el seguro social, la contribución de esas empresas es mínima debido a que entre más bajo sea el salario, menor es el porcentaje que pagan los patronos.

Entonces, ahora que está de moda lavarse las manos, algunos empresarios aprovechan la oportunidad. Ellos y algunos políticos a su servicio, culpan del desorden migratorio al Gobierno, a la fuerza pública, al Ministro Salas y a Román Macaya; pero el transporte ilegal y la contratación ilítica de migrantes irregulares es un gran negocio. Eso les permite a ciertas empresas competir, no a partir de mejores rendimientos de la productividad, sino a través de estafar a los trabajadores y estafar al Estado y, de paso, estafarnos a todos nosotros.

 

*Imagen: SINART

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Sindicato de Hacienda llama atención al ministro sobre lenguaje y conocimientos

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

SURCOS recibió copia de este mensaje enviado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional al ministro Elián Villegas Valverde:

Señor Ministro de Hacienda:

En SITRAHSAN comprendemos su posible temor, en virtud de la eventual caída por indicadores otorgados por las calificadoras, originado quizás por la actuación de su persona en tan importante MEGA Ministerio.

Es claro que; la escaza formación para asumir la rectoría de un Ministerio cuya actuación tiene implicación directa en la política económica, fiscal, y tributaria de esta gran Nación, además de la “pandemia”, generen los indicadores negativos.

Consideramos: que por ello le queda como “anillo al dedo”, hacer eco y atacar con el mismo lenguaje de los grandes consorcios empresariales de este país a los funcionarios públicos. Pero ignora; como jerarca de alto nivel, el conocimiento fáctico de las actuaciones que este Ministerio desarrolla y que es muy distinto a los años en los que disfrutó del confort en el INS.

Rezaba un estribillo de un gran jurista y litigante privado, para contender consideraciones de tipo legal, con la realidad y evolución del Derecho mismo: “mucho abogado de larga data, deja de estudiar y se convierte en un funcionario técnico” para justificar la diferencia entre el estudio cotidiano, en el ejercicio del Derecho, en el campo privado, versus la tranquilidad o confort que brinda a mucho profesional en Derecho desempeñarse en el Servicio Público; no obstante, esta premisa no es de aplicación generalizada, en virtud de que dichosamente tenemos muchos profesionales que día a día se están actualizando en diversidad de áreas y materias, y con ello poder ejercitar su profesión con la diligencia , probidad y decoro que el tiempo requiere.

Lamentamos, ese bache profesional que su persona soporta, ya que la interpretación de los números y el desconocimiento del manejo cotidiano de la Hacienda Pública, lo exponen como muy vulnerable y sujeto de riesgo, arrastrando a todo ciudadano costarricense. Esperaríamos equivocarnos, pero el nivel de riesgo que nos imponen las calificadoras internacionales, en mucho; está vinculado con la cabeza de este Ministerio.

Tener el conocimiento y la capacidad técnica y profesional nos hace fuertes, lo contrario nos debilita, y debemos tener esa madurez para aceptar nuestras debilidades.

El ataque a los funcionarios públicos no se vale, satanizar nuestra función, no se vale, eso es simple; porque no superamos un riesgo del 2,5% en materia de control fiscal, debido a la complacencia de los políticos de turno, que no nos blindan con normas fiscales fuertes, claras, precisas o concretas, que puedan brindarle una señal al contrabandista, evasor o elusor, o quién jinetea o roba los impuestos, de que lo meteremos a la cárcel si lesiona con su actuar el Estado que los abriga y que los hace acreedores de mucha riqueza, y muchos de los que “lloran” es porque tienen tanto dinero, que contribuir con el ESTADO no es de su interés.

Sr. Ministro, en finanzas hay razones financieras, que podrían construirse o bien vincularse, de tal manera que si observa el componente del impuesto de renta sobre el salario, observará que un empleado público, puede contribuir más en una quincena, que lo que grandes empresas contribuyeron en un año. Le invitamos a repasar las cifras.

Señor Ministro, debemos hacerle ver, que su desconocimiento integral de la materia en Ciencias Económicas lo debilita, y hace quizás, dependiente del buen consejo de nuestros compañeros de carrera, por lo que deberá seguirlos al “pie de la letra” de lo contrario va a quebrar al ESTADO mismo, y usted esperamos, vino a fortalecerlo no a debilitarlo.

Sr. Ministro, obsérvese la cuantía en mora tributaria, sólo en Aduanas alcanzó la nada despreciable suma de más de 76 mil millones, es decir, lo que pagó el INS a Hacienda, curioso pero cierto, medido, dejamos de cobrarle al importador, y se lo sacamos al INS, al fin y al cabo, hay recursos, protegemos la empresa privada, y que sea el ESTADO el que asuma el costo.

Sr Ministro, el costo social de un pequeño incremento salarial de 7,500 colones por funcionario, en nada socaban las finanzas del ESTADO, si hemos observado la cantidad de millones en “la trocha”, o en la deuda política, porque de este componente, no se toca un cinco, será que quieren tener con bien a los “Diputados”.

Sr. Ministro, esperaríamos que el bache fiscal, que se llevó consigo con daño colateral, dos excelentes funcionarios de carrera, no se repita. En nuestro caso, estaremos vigilantes y accionaremos ante el Ministerio Público de ser necesario, señalando a quién realmente pueda sufrir la persecución penal.

Sr. Ministro, tiene sobre sus espaldas una grandísima tarea, por no decir “camisa”, la que esperaríamos, desarrolle de manera adecuada, sin requerir el consejo sólo el sector que ha resultado privilegiado y blindado en esta pandemia, nos referimos al sector empresarial.

Sr. Ministro, busque los errores legales, que mantienen la división del Estado mismo y todas, aquel capital que está disperso, faltando al principio constitucional de “caja única”.

Sr. Ministro, desearíamos señalarle tanto, y lamentamos, que venga a “hacer escuela” con el manejo de la Hacienda Pública, como muchos otros actores antes lo hicieron, y que de manera irresponsable simplemente visualizan incremento tarifario o recorte del gasto social, donde la historia nos ha demostrado que “el frío no está en las cobijas” y nos endosan el error de su actuar, son muy diestros y complacientes, en materia de amnistías y casi “cero” control fiscal, para que la fiesta siga.

Sr. Ministro, le invitamos a considerar empoderar al consumidor final, para reactivar la economía en un corto plazo, recomiende se libere los “cinquillos del ROP”, que pertenecen a los trabajadores, el FCL también, porque la pandemia muchas veces, no es sólo en materia de salud, la pandemia también en materia de finanzas a las que nos han expuesto desde muchos años, y la peor pandemia, consideración subjetiva, es la pandemia en conocimiento.

Los Empleados Públicos, no tenemos la culpa de la impericia y desconocimiento de nuestros jerarcas, pero sufrimos las consecuencias, porque somos los primeros en poner nuestro sacrificio.

Piden a ministra de Trabajo protección para sindicalistas de APM y Rada Maersk

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:

“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.

“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.

El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:

 

Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Martes 9 de junio del 2020.

La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.

En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

  1. Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
  2. Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
  3. Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
  4. Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

  • Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
  • Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
  • Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
  • Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
  • Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.

Foto: https://ojoalclima.com

Se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Maikol Hernández Arias

Este domingo 7 de junio, trabajadores de la TCM – APM Terminals y Rada Maersk, en Limón, Costa Rica, tomaron la valiente e histórica decisión de conformar el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).

Este movimiento de trabajadores nace en un ambiente de represión sindical. Solamente un día antes de la asamblea los trabajadores denuncian que la empresa APM Terminals al enterarse del proceso que impulsaban algunos trabajadores ejecutó el despido de varios de ellos, incluido el secretario general electo.

El SCITA es el primer y único sindicato en Costa Rica que define su accionar en la industria del transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, integrando todos los eslabones de la cadena de valor.

Muy motivado de haber sido parte de la conformación de esta nueva organización, que nace naturalmente desde los trabajadores.

Los mayores deseos de éxito para estos trabajadores, amigos y vecinos. Grandes retos están por delante.

Es importante mencionar que el acto de asamblea constitutiva se llevó a cabo tomando las medidas de prevención ante el COVID-19, como lo son el distanciamiento social, el uso de tapa bocas y la desinfección de manos.

En este video puede escuchar la explicación del secretario general del nuevo Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines, Leslie Azofeifa Quintana.

Notificación al Ministerio de Trabajo en relación con la constitución del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines.

#CostaRica “Logramos un primer paso”. Pero Dole sigue haciendo de las suyas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado 29 de mayo, Filimon Angulo Duarte, trabajador de Agroindustrial Piña del Bosque (Standard Fruit Company de Costa Rica, Dole) afiliado al Sinatraa, fue reinstalado por orden judicial tras haber sido despedido de manera injustificada y discriminatoria.

Giorgio Trucchi

La subsidiaria de la trasnacional frutera había decidido “deshacerse” de su trabajador cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó reubicarlo en un puesto que no empeorase su estado de salud.

El sindicato, con el apoyo de la Fentragh2, interpuso una demanda ante el Juzgado del Trabajo de Alajuela, logrando su reinstalación provisional.

En el acta de acompañamiento para la reinstalación se le advirtió a la empresa “abstenerse de impedir u oponer obstáculo a lo ordenado en la resolución”.

Además, la empresa deberá pagar los salarios a partir del día 26 de mayo, fecha de la notificación de la resolución judicial, y el monto se determinará en base al salario promedio diario devengado por Duarte.

“Se logró un primer paso, aunque la empresa ya apeló la resolución y sigue empecinada en decir que no hay labores aptas para él.

Después de su reinstalación no sólo no le dieron trabajo, sino que lo tienen en un centro que ni siquiera es propiedad de la empresa”, dijo a La Rel, Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

“Aunque el lugar está bien acondicionado y el trabajador dice sentirse cómodo, creemos que la empresa debe cumplir con la resolución judicial, reubicándolo en un puesto compatible con su estado de salud”, aclaró Morales.

El directivo sindical explicó que en diferentes ocasiones han señalado a la empresa las tareas que se le pueden asignar a Filimon Duarte, sin embargo, la trasnacional estadounidense sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones.

“La discriminación no ha terminado y estamos esperando la audiencia para presentar todos estos elementos al juez”, concluyó Morales.

 

Foto: Gerardo Iglesias.

Enviado por Maikol Hernández.

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La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Cualquier otro sobreviniente decreto que derogue este ajuste salarial resultaría ilegal e inconstitucional

Manuel Hernández

En diciembre de 2019, varios sindicatos y el Gobierno de la República definieron el ajuste de salarios del sector público (Gobierno Central) del año 2020.

Este acuerdo fue pactado por algunas confederaciones sindicales,  tradicionalmente afectas al Gobierno, que aprobó un raquítico ajuste de 7.500  colones mensuales, para todo el 2020, complementado por incrementos graduales hasta 8.750 colones mensuales.

El Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17 de diciembre de 2019, materializó este acuerdo.

El Decreto rigió a partir de 1° de enero de 2020 y el ajuste debió hacer efectivo en la segunda quincena de febrero de este año

A pesar de la precariedad del  ajuste salarial, legitimado por la condescendencia habitual de aquellas alineadas confederaciones sindicales, el Poder Ejecutivo en el Decreto N° 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, de 06 de abril de 2020,  suspendió unilateralmente el pago de ese incremento general de sueldos.

La Procuraduría General de la República (PGR) en un reciente dictamen C-202-2020, estableció que el mecanismo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para suprimir un decreto de esta especie, es la derogación,  y no la revocatoria o suspensión  de la aplicación de un decreto. 

De esta manera, el dictamen de la PGR viene a  salvaguardar –únicamente- los ajustes salariales  que debieron cancelarse a los servidores públicos, desde el 1° de enero de 2020,  pero –entiéndase muy bien- hasta la fecha en que permanezca vigente el decreto N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN.

No obstante, este dictamen abre, de par en par, el espacio para que el Poder Ejecutivo promulgue un nuevo decreto, que venga a derogar el Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, que fijó el ajuste salarial de 7.500 colones.

A partir de aquí es más que cuestionable este criterio de la representación legal del Estado.

Un eventual decreto derogatorio sería no solamente ilegal, sino además inconstitucional, porque estaría lesionando situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios públicos, a contrapelo del artículo 34 de la Constitución Política.

Esta norma constitucional consagra el principio de irretroactividad, al  tenor de la cual ninguna ley –en sentido amplio o general-  puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha distinguido los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas:

“Los conceptos de «derecho adquirido» y «situación jurídica consolidada» aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la «situación jurídica consolidada» representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado.) (…) En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege -tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada.” (Voto Sala Constitucional 2003-00738).

A diferencia de los derechos adquiridos, estas últimas son aquellas que configuran una situación jurídica concreta, consolidada, definida en sus características normativas y sus efectos, en el orden de que si se produce el supuesto de hecho condicionante previsto en la norma, se producirá la misma consecuencia jurídica.

Así las cosas,  de conformidad con el artículo 34  de la Constitución y la doctrina de la Sala Constitucional, una pretendida –inminente- derogatoria del  Decreto  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, estaría violentando una situación jurídica consolidada, derivada de dicho decreto ejecutivo, a merced del cual los servidores públicos mantienen intangible el ajuste salarial, de todo el 2020, conforme los términos originales que estableció este Decreto de Gobierno.

La eventual derogatoria de este acto normativo, además de ilegal, devendría inconstitucional por grave infracción del principio de irretroactividad, que configura un principio esencial del Estado de Derecho.

05/06/2020