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Etiqueta: derechos laborales

Comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer, Trabajo.

Hoy miércoles 5 de agosto se estará presentando el comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé, firmado por organizaciones sociales y comunidades, así como proyectos, institutos , centros de investigación y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Se transmitirá en el FB del Programa Kioscos Socioambientales UCR, a las 3:00 pm. Para más informes: todoslosderechoslaborales@gmail.com

Las dimensiones del COVID-19, desempleo y pérdida de derechos laborales de las y los trabajadores de los servicios públicos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Rodríguez León*

Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.

En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).

En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.

Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.

El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.

Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.

Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento  de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.

En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.

Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.

La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.

En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.

A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.

Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.

El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:

  • Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
  • Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
  • Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
  • Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.

Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.

Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.

Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.

He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.

En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.

Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.

El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.

Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.

Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.

Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.

Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:

“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.

Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:

“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.

* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.

1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020

2 FMI:    https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imfmanaging-director-statement-followinga-g20-ministerial-call-on-the-coronavirusemergency

3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.

4 https://www.dw.com/es/sanofi-da-prioridad-a-ee-uu-para-vacuna-contra-covid-19/a-53436248

Artículo publicado en la revista: Trabajo y Democracia Hoy https://we.tl/t-JGkwNbEExE

Compartido con SURCOS por el autor.

SINTRAJAP: Ley de jornadas flexibles es retroceso laboral y carga crisis sobre trabajadores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.

Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.

Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.

Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.

Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.

Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General

Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

El procedimiento de gestión de despido del enemigo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

“Fusílenlo, después averiguamos” (Villa)

Manuel Hernández

  • VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

Existe un tema en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21336), ciertamente uno de los tantos desaguisados que contiene, que por las implicaciones tan serias, no puede pasar inadvertido.

Me refiero puntualmente a las modificaciones normativas que se pretenden de las reglas del procedimiento de gestión de despido, actualmente regulado en el artículo 43 y otros del Estatuto de Servicio Civil.

Estas variaciones de grueso calibre, fabricadas en los astilleros de MIDEPLAN, no pueden ser vistas con indiferencia, como si no fueran relevantes, porque tienen una incidencia directa en el debido proceso y derecho de defensa de los y las servidoras públicas, amparados por el Estatuto de Servicio Civil; es decir, para que se entienda, no estamos hablando de cualquier derecho, sino de Derechos Fundamentales.

Partiendo de lo anterior, analicemos este singular tema, empezando por las reglas actuales del procedimiento de gestión de despido, luego, advirtiendo las modificaciones que se pretenden y finalmente, ponderando el impacto de estas reformas.

I.- Las reglas del Estatuto de Servicio Civil que actualmente ordenan el procedimiento disciplinario, derivan directamente de la articulación de los numerales 39, 41 y 192 de la Constitución Política.

De conformidad con el canon de estas normas constitucionales, el servidor público sólo puede ser despedido, por motivo disciplinario, con base en las causales contempladas en la legislación, previo cumplimiento del debido proceso.

En términos generales, las normas del Estatuto estipulan que en los procedimientos de gestión de despido que promuevan los jerarcas de los Ministerios, la investigación administrativa la realizará la Dirección General de Servicio Civil, correspondiéndole al Tribunal de Servicio Civil dictar la resolución de primera instancia.

Esta resolución puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil.

Una vez resumido, de manera muy esquemática, el procedimiento de ley vigente, pasemos de seguido a destacar las exorbitantes reformas que se pretenden introducir (de lege ferenda).

II.- En esta materia, los cambios sustanciales que propone el proyecto son cuatro modificaciones:

1.- La instrucción se realizará mediante el denominado procedimiento sumario, regulado en el artículo 320 y siguientes de la Ley General de Administración Pública (LGAP).

En las Actas de discusión del proyecto de esta ley, se consignó que procede el procedimiento sumario, a diferencia del ordinario, » (…) siempre que no haya conflicto, procesal o presente, con el administrado, ni perjuicio, material o previsible, para él, sea por tratarse de trámites que le favorezcan, o porque el acto final le sea indiferente.»

Esta clase de procedimiento está diseñada exclusivamente para la emisión de actos administrativos de carácter favorable, declaratorio de derechos, o actos de gravamen que tenga consecuencias disciplinarias muy leves, por ejemplo: amonestaciones verbales o escritas.

El sumario es un procedimiento cuyo objetivo es sustanciar la causa disciplinaria de manera célere y eficiente, en el plazo de un mes.

El procedimiento sumario no admite la proposición de pruebas, el debate –contradictorio- y la realización de audiencias.

2.- La instrucción del procedimiento sumario la realizará el propio Ministerio; es decir, el Ministerio donde la persona investigada presta sus servicios.

La instrucción de dicho procedimiento estará a cargo de un órgano director, que forma parte de la misma estructura orgánica del correspondiente Ministerio, subordinado del jerarca ministerial.

3.- El acto final le competerá dictarlo al mismo jerarca que ordenó la apertura del procedimiento.

4.- Este acto administrativo es susceptible de un recurso de revocatoria ante el propio jerarca y apelación ante el Tribunal de Servicio Civil.

Esta es la reingeniería que introduce el proyecto de empleo público, o mejor dicho, como veremos a continuación, el proyecto de des-empleo público, y no solo por los motivos que se exponen en este comentario, sino también porque el proyecto le apuesta a la externalización y privatización del los servicios públicos, lo cual quedará para otro análisis.

III.- Así las cosas, las implicaciones más serias que tiene esta modificación del procedimiento disciplinario son las siguientes:

1.- El procedimiento sumario está diseñado, como se explicó, en el ámbito disciplinario, exclusivamente para la sustanciación de asuntos que puedan conducir a la imposición de sanciones muy leves.

Entonces, resulta absolutamente irrazonable e inadecuado que se aplique este procedimiento en aquellas causas de las que se pueda derivar una sanción administrativa de cierta gravedad, como puede ser una suspensión disciplinaria sin goce de salario, pero aún más improcedente e inadecuado el sumario, cuando se pueda derivar la imposición de un despido.

Nuestra jurisprudencia reiteradamente ha establecido que el despido es la sanción más severa que puede sufrir un servidor público.

En consecuencia, cualquier procedimiento administrativo que ostente una pretensión disciplinaria de esta intensidad, cuyos efectos jurídicos puedan ser graves o muy graves contra el servidor, necesariamente tiene que cumplir los principios constitucionales del debido proceso y reunir las exigencias mínimas que garanticen plena y efectivamente la tutela y el ejercicio del derecho de defensa, sin cortapisas de ningún tipo.

No existe la menor duda que estas exigencias no las reúne, ni aun remotamente, el cuestionado procedimiento sumario.

El sumario se reduce prácticamente a un procedimiento de mera constatación, que enerva el derecho de defensa y el debido proceso, que constituyen pilares del Estado de Derecho.

2.- Por contrario a esta caricatura procedimental, la misma LGAP disciplina otro procedimiento administrativo, el procedimiento ordinario –aunque ciertamente no de carácter adversarial-, previsto para aquellas causas en que se pretenda imponer al funcionario público una sanción de cierta entidad, que puede ser una suspensión disciplinaria sin remuneración, destitución, o cualquiera otra de similar gravedad:

“El numeral 308 reseñado prevé y regula todas las etapas del debido proceso, estableciendo plenamente las etapas para el ejercicio del derecho de defensa, es aplicable para todos los procedimientos sancionatorios en los que se pueda causar perjuicio grave al investigado y en supuestos disciplinarios, cuando la posible sanción sea suspensión y/o revocatoria, y el procedimiento sumario

que restringe esas etapas del derecho de defensa, como la bilateralidad de la audiencia, es aplicable a aquellos casos no previstos para el procedimiento ordinario.” (Sentencia N° 89-2018-VI de TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, de 30/07/2018).

El procedimiento ordinario, muy diferente al sumario, garantiza en forma amplia el debido proceso, el derecho de defensa y el contradictorio.

3– No obstante, las reglas actuales del Estatuto de Servicio Civil configuran un procedimiento de carácter adversarial, en el que se confrontan directamente las partes intervinientes, cuya resolución compete dictarla a un órgano ajeno a las partes de la controversia, el Tribunal de Servicio Civil, que no forma parte de la misma estructura del Ministerio que gestionó el despido.

En el proyecto de ley, la Administración asume, en simultáneo, la doble condición de juez y parte: instruye y resuelve.

La doctrina más autorizada critica el esquema no adversarial de este procedimiento administrativo:

” La Administración reúne en el procedimiento administrativo la doble condición de juez y parte, razón por la cual el principio de imparcialidad, característico del proceso, resulta relativizado en cierta medida.” (García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, 1981, p. 401).

El proyecto de ley viene a degradar la objetividad y la imparcialidad del procedimiento administrativo, porque la propia Administración asume simultáneamente esta doble y privilegiada condición; que además viene a quebrar el equilibrio razonable que debe tener todo procedimiento.

Esa especie de procedimiento implica un decaimiento del debido proceso, porque el acto final lo va a dictar el propio jerarca, en lugar del Tribunal de Servicio Civil, que luego tendría únicamente un recurso de apelación ante este Tribunal.

IV.- En síntesis, la iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo devalúa los estándares constitucionales del derecho de defensa, el debido proceso y la tutela efectiva, violentando aquellas normas de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, por su carácter regresivo, vulnera el principio de progresividad de los derechos fundamentales, contemplado en el artículo 26 de la misma Convención.

El proyecto legislativo da lugar a una reingeniería muy peligrosa del procedimiento disciplinario, con consecuencias muy gravosas contra los funcionarios y funcionarias que vayan a correr la suerte, probablemente muy poco afortunada, que se les aplique un pseudoprocedimiento de esta clase. Podríamos decir, algo así como una crónica de una sanción anunciada.

El procedimiento administrativo del enemigo, parafraseando a Gunther Jakobs, en toda su expresión.

Esta reconfiguración regresiva –in peius- del procedimiento de despido, se corresponde totalmente con la lógica autoritaria y antidemocrática de dicho proyecto de ley, maquillado por OCDE y BM.

En definitiva, ahora que está políticamente tan de moda la expresión, un martillazo en seco contra la Justicia, “valor supremo del ordenamiento”, como lo ha establecido la Sala Constitucional, copiado de algún trasnochado manual procesal draconiano.

15/07/2020

Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Pronunciamiento:
5 de Julio, 2020.
Interinazgo en la Universidad de Costa Rica:
Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

La Universidad de Costa Rica como lo señala el Estatuto Orgánico es una institución democrática de educación superior y cultura, benemérita de la patria, la cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por participar en la construcción de una Costa Rica solidaria y humanista, principios que acompañan sus actividades sustantivas y se fomentan en la vida universitaria.

Sin embargo se ha actuado de forma negligente hacia las personas funcionarias en condición de interinazgo durante décadas, provocando desigualdad salarial, vulneración de sus derechos laborales y que más de la mitad del personal docente contratado se encuentre en esta condición.

Esta desigualdad histórica no ha sido resuelta por ninguna administración de forma definitiva generando afectaciones negativas en la salud y desarrollo vital de personas funcionarias, así como en la calidad educativa y desarrollo institucional, ya que la mayoría de sus docentes tienen que realizar sus funciones sin la posibilidad de tener una estabilidad laboral que les permita un avance continuo de sus labores, y una vida digna. Para poner un ejemplo, a las personas docentes interinas se les contrata durante los ciclos lectivos, esto quiere decir siete meses exclusivamente, así ellas y ellos deben asumir sin pago los costos de la actualización, diseño y propuesta de cursos, aspecto que a todas luces es, no solo un atropello a los derechos laborales sino también una forma de desincentivar el desarrollo de calidad y excelencia de la labor docente que la institución dice promover, dejándolo sujeto a iniciativas individuales que muchas veces riñen con la salud física y mental del personal. Cabe mencionar que en la crisis por COVID-19 esto se ha agudizado, pues además de aumentar las horas de trabajo, la condición de trabajo a remoto ha implicado un incremento en los gastos relacionados con luz, internet, acceso a plataformas digitales, entre otros costos que recaen sobre el personal docente.

Es una práctica común que la institución celebre logros institucionales como los avances en rankings internacionales o la enorme cantidad de proyectos de Acción Social e Investigación que desarrolla la universidad en todo el territorio nacional, o que hable de internacionalización, pero no se hace reconocimiento público del aporte de las personas interinas que impulsan y construyen las actividades sustantivas con la calidad y rigurosidad que se exige.

Por otro lado, es fundamental que las personas subcontratadas para labores de limpieza tengan condiciones dignas y se les asegure su permanencia laboral, en tanto el despido se suma a los niveles de pobreza y exclusión en el país.

La Universidad de Costa Rica, en aras de ser consistente en materia de Derechos Humanos, debe realizar acciones efectivas y diligentes para proteger a todas las personas interinas y modificar las formas de contratación de este personal, siendo urgente en este período de pandemia por el COVID 19.

Por ello exigimos:

  • Que la administración universitaria asegure que ninguna persona interina será cesada durante el periodo de la pandemia, priorizando la inclusión, la vida y el derecho al trabajo.
  • Que la administración universitaria tome acciones para consolidar el nombramiento continuo que establezca como criterio prioritario el nombramiento de personal interino existente y sea de acatamiento por las unidades académicas, garantizando el ingreso a plazas en propiedad mediante concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que la administración universitaria inicie un proceso de reformas al Estatuto Orgánico y reglamentos para que se instaure el voto universal en la Universidad de Costa Rica, que incluya a todas y todos los funcionarios (interinos y en propiedad) así como estudiantes, esto como una acción afirmativa hacia la democratización de las decisiones dentro de la institución.
  • Que la administración universitaria gire directrices claras a las Oficinas de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Planificación Universitaria con acciones para proteger a todo el personal interino y tercerizado de la institución.
  • Que las Asambleas de las Escuelas y los Consejos Científicos de las Unidades de Investigación inicien acciones para proteger a todo el personal interino, así como la realización de concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que se inicien acciones para generar dentro de la Universidad de Costa Rica una reforma progresiva y solidaria de los esquemas de remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.
  • Que las candidaturas a la rectoría se pronuncien lo antes posible con las acciones concretas que van a tomar para proteger al personal interino y tercerizado.
  • Que la actual administración del SINDEU termine con sus acciones anti sindicales que desprestigian la lucha trabajadora, y apoye a las personas funcionarias interinas para organizarse como Seccional.
  • Que la Comunidad Universitaria inicie las discusiones respecto a las condiciones laborales del personal de la institución con énfasis en el personal en las condiciones más vulnerables (interinos y tercerizados) para revisar y cambiar en una reforma progresiva y solidaria los esquemas de contratación y remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.

Firman,

Carmen Caamaño Morúa, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Adriana Rodríguez Fernández, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Lucía Molina Fallas, Escuela de Psicología.
Andrés Dinartes Bogantes, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Alexia Ugalde Quesada, Maestría en Psicología Comunitaria y Sede de Occidente.
Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología.
Ruthman Moreira Chavarría, Escuela de Psicología.
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación.
Adriana Maroto Vargas, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Jorge Esteban Prado Calderón, Escuela de Psicología.
Miguel Márquez Cueva, Sede de Guanacaste.
Kira Schroeder Leiva, Escuela de Psicología.
Andrés Cambronero Rodríguez, Docente interino.
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología.
Jimena Escalante Meza, Escuela de Psicología.
Ana Sanabria Villalobos, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de Representación estudiantil CRE y Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Mauricio Álvarez Mora, Programa Kioscos Socioambientales.
Gustavo Jiménez Barboza, Escuela de Sociología, Escuela de Formación Docente e Instituto de Investigaciones Sociales.
Santiago Navarro Cerdas, Escuela de Psicología.
María José Masís Méndez, Escuela de Psicología
María Andrea Araya Carvajal, Sede de Occidente y Escuela de Psicología.
Gabrielle Herrera Arias, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de representación estudiantil CRE y representante titular ante el Consejo Superior Estudiantil.
Marisol Jara Madrigal, Escuela de Psicología.
Shantal Fallas Ruiz, estudiante Escuela de Psicología. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Nicole Umaña Molina, Consejo de representación estudiantil CRE.
Adela Herrán Rescia, Escuela de Psicología.
Adriana Villalobos Elizondo, Escuela de Psicología.
Kattya Grosser Guillén, Escuela de Psicología.
Maurizia D’ Antoni Fattori, Escuela de Psicología.
Keithlin Aguilar González, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Miguel Granados Rivera, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de
Psicología AEPs.
Laura Álvarez Garro, Escuela de Filosofía y Posgrado en Psicología.
Eduardo Bolaños Mayorga, Escuela de Psicología.
Mikel Quesada Artolozaga, Estudiante Escuela de Psicología.
Teresita Ramellini Centella, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Marvin Amador Guzmán, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mónica Quirós Villalobos, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Paola Brenes Hernández, Sede Occidente y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Roxana Hidalgo Xirinachs, Escuela de Psicología y Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
Laura Chacón Echeverría, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
María del Rocío Murillo Valverde, Escuela de Psicología.
Valeria Dondi Aguilar, Estudiante de Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Vásquez, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Andres Sanabria Zaniboni, Observatorio Bienes Comunes y Programa Kioscos Socioambientales.
Mariana Romero Tortós, Estudiante de la Escuela de Psicología.
Ross Salazar Vargas, Estudiante Facultad de Educación.
Sileny Mena Gómez, Escuela de Psicología.
Vilma Leandro Zuñiga, Escuela de Psicología.
Lucía Rescia Chinchilla, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Fabián Alfaro Rodríguez, estudiante de la Escuela de Psicología.
Fabio Romero Salas, Escuela de Psicología.
Marco E. Carranza Morales, Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología.
Mariela Richmond Vargas, Escuela de Artes Dramáticas.
José Manuel Salas Calvo, Escuela de Psicología. Profesor Emérito.
Mar Fournier Pereira, Escuela de Psicología.
Luisa Ochoa Chaves, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Centro de Investigación en Comunicación.
Jennifer Mora Román, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Roberto Fragomeno Castro, Escuela de Filosofía.
Mariano Fernández Sáenz, Escuela de Psicología y Maestría en Teoría Psicoanalítica.
Sergio Villena Fiengo, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Silvia Azofeifa Ramos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, Sede Rodrigo Facio y Sede Guanacaste.
Heidy Hernández Romero, Escuela de Psicología.
Isis Campos Zeledón, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Rebeca Vaglio Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y de Derecho.
Catalina Arce Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y Escuela de Formación Docente.
Carlos Calderón Herrera, Escuela de Artes Plásticas.
Priscilla Echeverría Alvarado, Escuela de Psicología.
Ignacio Dobles Oropeza, Escuela de Psicología.
Bradly Marín Picado, Escuela de Psicología.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Escuela de Psicología.
Andrés Fernández Ramírez, Estudiante Escuela de Psicología.
Daniela Solís-Rodríguez, Estudiante Maestría Profesional Psicología Comunitaria.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Psicología.
Ginette Sánchez Gutiérrez, Escuela de Psicología y Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
Adriana Vindas González, Escuela de Psicología.
Mirta González Suárez, Escuela de Psicología. Profesora emérita.
Sofía Cortés Sequeira, Recinto de Paraíso, Instituto de Investigaciones Sociales y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Soledad Hernández Carrillo, Escuela de Psicología.
Silvia Camacho Calvo, Posgrado en Psicología.
Doris Céspedes Alvarado, Escuela de Psicología.
Nora Chaves Rodríguez, Estudiante Sede de Occidente. Asociación de Psicología Sede de Occidente (AEPSO).
Valeria Sancho Quirós, Escuela de Psicología.
Marcela León Madrigal, Escuela de Psicología.
Elena Andraus Alfaro, Escuela de Estadística.
Eugenia Boza Oviedo, Escuela de Trabajo Social.
Alejandra Paniagua Bonilla, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente.
Carolina Morales Quirós, Escuela de Matemática.
Mario Salazar Montes, Docente interino.
Damaris García Madriz, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Suhelen Araya Moya, Escuela de Formación Docente.
Amy Hernández Villalobos, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Fernández, Escuela de Psicología.
Mario Soto Rodríguez, Escuela de Psicología.
Romel Brumle Kerr, Sede del Caribe y Sede del Pacífico.
Andrea Molina Ovares, Escuela de Psicología y Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, Sede de Occidente.
Javier Tapia Balladares, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Enyell Valerio Carranza, Estudiante Escuela de Psicología.
Laura Meza Pineda, Estudiante Escuela de Psicología.
Dunnia Flores Santamaria, Escuela de Orientación y Educación Especial.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.
Daniel Chavarría Camacho, Sede del Pacífico.
Milena Castro Mora, Escuela de Estadística.
Elías Natán Jiménez Alvarado, Escuela de Química.
Andrés Vargas Abellán, Estudiante Escuela de Psicología.
Patricia Velásquez Prada, Estudiante Escuela de Psicología.
Sergio Salazar Araya, Escuela de Ciencias Políticas.
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales y Sede de Occidente.
Dylanna Rodríguez Muñoz, Programa Kioscos Socioambientales.
Níoe Víquez Moreno, Escuela de Psicología.
Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales.
Gloriana Rodríguez Corrales, Instituto de Investigaciones Sociales y Radioemisoras UCR.
Zuiri Méndez Benavides, Programa Kioscos Socioambientales.
Elsy Vargas Villalobos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mariechen Wüst Picado, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Benjamín Reyes Fernández, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Luis Rojas Torres, Instituto de Investigaciones Psicológicas.
José Daniel Jiménez Bolaños, Escuela de Historia.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad Cultural Latinoamericana.
Roberto Marín Villalobos, Escuela de Psicología, Posgrado de Psicología y Sede de Occidente.
Ricardo Vargas Durán, Escuela de Estudios Generales.
Catalina Ramirez Vega, Escuela de Psicología.
Eleazar Morales Aguirre, Estudiante Escuela de Psicología.
Marialina Villegas Zúñiga, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Ernesto Aguilar Carvajal, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Roxana Vargas Solano, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Maureen Murillo Rivera, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Sanders Pacheco Araya, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Braulio Solano Rojas, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
María Barboza Gutiérrez, Sede del Pacífico.
Hazel González Araya, Danza Universitaria, Vicerrectoría de Acción Social.
Miguel Regueyra Edelman, Estudiante Escuela de Psicología, Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

UCR: Comunicado del rector para personas interinas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

De la manera más cordial les extiendo un saludo en esta particular coyuntura que vive nuestra institución y la humanidad en general, y lo hago solidariamente para externarles que si la situación es incierta para todas las personas, comprendo que, con más razón, lo es para el personal que se encuentra en condición laboral interina.

En dicho contexto, deseo señalarles que, este servidor y quienes me acompañan como colaboradores más próximos, estamos seguros de que es urgente una revisión profunda del régimen docente, para lograr una dignificación laboral más integral que la obtenida hasta el momento, pero para una administración transitoria y de pocos meses es imposible atender la radicalidad de tal situación.

Desde tal conciencia, es nuestro interés comunicarles que esta Rectoría ha tomado todas las previsiones del caso para garantizar los derechos laborales que les corresponde a cada una y a cada uno de ustedes, según es posible definir para el próximo año, en el cual se deberá garantizar los nombramientos en correspondencia al número de semanas que la estabilidad impropia tutela. En razón de esto, quisiera pedirles que mantengan confianza en la vocación humanística del Alma Mater que me corresponde resguardar.

Pronto estaremos emitiendo indicaciones más específicas junto con las directrices que fueran necesarias para que lo que indico anteriormente sea cumplido a cabalidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector, Universidad de Costa Rica

Tras que deben, cobran. Aclaraciones de SINTRAJAP

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado:

Para trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA, afiliados a SINTRAJAP y población en general:

Lamentable, si muy lamentable la actitud y la actuación de la Presidencia Ejecutiva y parte de la Administración de JAPDEVA, que intenta lavarse las manos y desviar la atención de la crisis y torta que ellos mismos han creado y que al parecer los está superando. Con un cinismo insuperable pretenden hacerle creer a los trabajadores y a la población en general que SINTRAJAP es responsable por los errores que ellos han cometido. Por eso decimos prohibido olvidar.

Es importante recordar las responsabilidades de cada parte, para no caer en las trampas de comunicación que utilizan para confundirnos. La responsabilidad de lo bueno o lo malo que le pase a JAPDEVA, por una buena o mala administración es de ellos, los que han llevado a JAPDEVA a la triste realidad que hoy vive, han sido ellos, los gobiernos y los administradores que pusieron ellos para sacar la institución adelante. A SINTRAJAP le corresponde organizar a los trabajadores para defender sus intereses y sus derechos y para lograr esto puede y debe utilizar todos los recursos legales que permite la democracia y el estado social de derecho que nos regula.

SINTRAJAP con el fin de colaborar y por tratar de impedir que los administradores de turno cometan abusos ha dado luchas, ha presentado muchas denuncias en los tribunales intentando impedir violaciones a la ley que perjudiquen a los trabajadores, a JAPDEVA, a Limón y a la patria. SINTRAJAP ha presentado propuestas que a nuestro criterio pueden ayudar a la administración a mejorar su gestión, algunas cosas se han aplicado otras no. Todo ese esfuerzo ha tenido un alto costo mediático, político y económico para la organización. Sabemos que esta lucha le arde a los político-empresarios que gobiernan el país y no lo perdonan, pero continuará mientras sea necesario y la ley lo permita.

El Presidente de la Republica actual dijo públicamente que todos estos cambios se harían sin provocar desempleo o perjudicar a JAPDEVA, hay actas firmadas por el gobierno y administradores donde se acuerda respetar los salarios y los empleos, existen medidas cautelares acogidas por los tribunales que les recuerdan a los administradores que los trabajadores tenemos derechos.

No sabemos por qué nos tocó estar aquí en estos momentos al frente de la organización, pero le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros y le pedimos que nos siga iluminado para tratar de hacer lo correcto.

JAPDEVA tiene obligaciones legales con los trabajadores, la provincia y el país y no los está cumpliendo, si los que administran no están en capacidad de sacar la tarea, es mejor que lo reconozcan y le permitan a otros hacerlo, porque necesitamos sacar la institución adelante a pesar de todo el daño que le han provocado.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Las galimatías metajurídicas de la Procuraduría acerca del ajuste salarial del sector público

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde?” (M. Benedetti)

Manuel Hernández

  • Los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios son vinculantes (artículo 695 Código de Trabajo)

En el dictamen C-202-2020,  de 29 de mayo de este año,  la Procuraduría General de la República (PGR) atendió una consulta que formuló el anterior Ministro de Hacienda, quien solicitó criterio acerca de si resultaba procedente revocar el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17/12/ 2019,  que fijó el ajuste salarial para el  2020.

Este dictamen concluyó que un decreto ejecutivo, por tratarse de un acto normativo general, no es susceptible de revocación, pero agregó  -motu proprio- que sí se puede derogar, sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la norma derogada.

En un artículo que publiqué la semana pasada, titulado “La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal”, analicé los alcances de ese dictamen y comenté que aunque le abría de par en par la puerta al Gobierno para que dictara un sobreviniente decreto derogatorio, por lo menos, salvaguardó aquellos derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Ahora bien, resulta que el actual titular del Ministerio de Hacienda solicitó al mismo bufete del Estado una reconsideración y/o aclaración de dicho dictamen, solicitando particularmente que se aclare si “el aumento 2020 constituye una situación jurídica consolidada que impide su derogación”.

En el dictamen C-219-2020, de 12 del mes en curso, la PGR afirma  que esa gestión no se debe tramitar por la vía de la reconsideración, porque lo pretendido es una aclaración de los alcances del dictamen C-202-2020.

El nuevo dictamen le enmienda la plana a las autoridades de Hacienda y reconviene que interpretaron incorrectamente aquel dictamen, porque partieron de la premisa errónea que la PGR consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos, y en consecuencia, la imposibilidad de derogar el aumento salarial.

Este dictamen sobreviniente confirma el precedente, reiterando que se puede derogar aquel decreto, advirtiendo que se aclara ese dictamen en el sentido que corresponde exclusivamente a la Administración activa revisar si existen o no derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de algún funcionario o funcionarios.

Con fundamento en estas consideraciones que contiene el dictamen complementario de PGR se pueden inferir tres conclusiones:

En primer lugar, la PGR reitera que el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto que fijó el ajuste salarial del año 2020.

En segundo lugar, en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, es donde el nuevo dictamen hace aguas, a merced de un curioso análisis dialéctico, que trata de precisar el alcance de aquella expresión que parecía tan contundente en el dictamen original, que determinó que el decreto se podía derogar,  sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante su vigencia, pero que ahora en este giro la Procuraduría acota que nunca consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Esta es una cuestión, añade el dictamen, que le compete revisar y definir  únicamente a la Administración activa, cumpliendo así este dictamen  escrupulosamente con el protocolo sanitario de la técnica del lavado de manos, con agua y jabón hasta los codos.

Es decir, la PGR hizo un giro contorsionista que más de un artista de circo envidiaría, para retractarse de lo que en el dictamen principal definió con total claridad y precisión.

En tercer lugar, por la vía singular de la aclaración, tácitamente se reconsideró el dictamen principal, de manera parcial, obviándose de esta manera que la cuestión planteada por el Ministerio de Hacienda la conociera la Asamblea de Procuradores, que es la instancia que por ley le correspondía revisar dicho dictamen.

Insisto, como lo sostuve en aquel artículo de mi autoría, que al amparo del Decreto Ejecutivo que fijó el ajuste salarial de los servidores públicos, quedaron reconocidos derechos subjetivos y consolidaron situaciones jurídicas a favor de los funcionarios públicos, que un decreto sobreviniente no puede de un solo plumazo suprimir, aunque sea con el licenciamiento de la PGR; salvo que sea quebrantando el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, que constituye un principio esencial del Estado de Derecho.

Además, ese ajuste salarial fue producto de una negociación pactada con los sindicatos en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (sesión N° 03-2019 de 17/12/2019), que mucho menos puede ser unilateralmente revocada por el Gobierno, a contrapelo del Convenio N° 98 OIT y del artículo 695 del Código de Trabajo:

“Artículo 695.

(…) En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones públicas emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado.”

Esta disposición del Código de Trabajo, por cierto ampliamente desconocida, la cual destaco, determina la obligatoriedad jurídica que producen los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, los cuales tienen que ser ejecutados por las Administraciones Públicas.

El Poder Ejecutivo no puede desvincularse ad nutum de un acuerdo pactado en aquella Comisión, cuyo acuerdo, materializado en el Decreto Ejecutivo  N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, vino a configurar auténticos derechos subjetivos a favor de los servidores de toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada.

Veremos cuál será la siguiente jugada maestra del Gobierno, pero todo indica que ese Decreto está pegado a un respirador mecánico, aunque su derogatoria sería manifiesta y evidentemente ilegal e inconstitucional.

“Cosas tenedes, que harán hablar las piedras”, contestó Alfonso VI al Cid.

16/06/2020

CR. El gran negocio de contratar extranjeros

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales-Gamboa

Dice la señora de CADEXCO que en sus empresas y las demás del sector agroexportador, todos sus trabajadores están asegurados. Por testimonio de varios trabajadores y trabajadoras que inclusive yo he recogido durante años en mi trabajo de campo y lo que publican recientemente algunos medios de comunicación (no todos), los salarios que se les paga en muchas empresas son muy bajos e, inclusive, por debajo del salario mínimo. Pero existe un enorme porcentaje de trabajadores que son contratados sin ningún derecho, ni siquiera el pago del seguro social en muchas empresas agrícolas de todo el país.

Esa es la razón por la cual a esas empresas llegan masivamente trabajadores extranjeros y muy pocos costarricenses.

Entonces si es que se les pagara el seguro social, la contribución de esas empresas es mínima debido a que entre más bajo sea el salario, menor es el porcentaje que pagan los patronos.

Entonces, ahora que está de moda lavarse las manos, algunos empresarios aprovechan la oportunidad. Ellos y algunos políticos a su servicio, culpan del desorden migratorio al Gobierno, a la fuerza pública, al Ministro Salas y a Román Macaya; pero el transporte ilegal y la contratación ilítica de migrantes irregulares es un gran negocio. Eso les permite a ciertas empresas competir, no a partir de mejores rendimientos de la productividad, sino a través de estafar a los trabajadores y estafar al Estado y, de paso, estafarnos a todos nosotros.

 

*Imagen: SINART