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Etiqueta: derechos sociales

Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas – webinario

Este lunes 20 de julio a las 3 de la tarde se realizará el webinario Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas.

La transmisión será mediante los espacios de Facebook de Bloque Verde y de Kioscos Socioambientales.

Es una actividad organizada por Ríos Vivos, Kioscos Socioambientales, FECON y Bloque Verde. Participarán Angélica Alvarado, Álvaro Sagot, Dany Villalobos y Valeria Montoya quien será la moderadora.

Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

Pronunciamiento:
5 de Julio, 2020.

Interinazgo en la Universidad de Costa Rica:
Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

La Universidad de Costa Rica como lo señala el Estatuto Orgánico es una institución democrática de educación superior y cultura, benemérita de la patria, la cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por participar en la construcción de una Costa Rica solidaria y humanista, principios que acompañan sus actividades sustantivas y se fomentan en la vida universitaria.

Sin embargo se ha actuado de forma negligente hacia las personas funcionarias en condición de interinazgo durante décadas, provocando desigualdad salarial, vulneración de sus derechos laborales y que más de la mitad del personal docente contratado se encuentre en esta condición.

Esta desigualdad histórica no ha sido resuelta por ninguna administración de forma definitiva generando afectaciones negativas en la salud y desarrollo vital de personas funcionarias, así como en la calidad educativa y desarrollo institucional, ya que la mayoría de sus docentes tienen que realizar sus funciones sin la posibilidad de tener una estabilidad laboral que les permita un avance continuo de sus labores, y una vida digna. Para poner un ejemplo, a las personas docentes interinas se les contrata durante los ciclos lectivos, esto quiere decir siete meses exclusivamente, así ellas y ellos deben asumir sin pago los costos de la actualización, diseño y propuesta de cursos, aspecto que a todas luces es, no solo un atropello a los derechos laborales sino también una forma de desincentivar el desarrollo de calidad y excelencia de la labor docente que la institución dice promover, dejándolo sujeto a iniciativas individuales que muchas veces riñen con la salud física y mental del personal. Cabe mencionar que en la crisis por COVID-19 esto se ha agudizado, pues además de aumentar las horas de trabajo, la condición de trabajo a remoto ha implicado un incremento en los gastos relacionados con luz, internet, acceso a plataformas digitales, entre otros costos que recaen sobre el personal docente.

Es una práctica común que la institución celebre logros institucionales como los avances en rankings internacionales o la enorme cantidad de proyectos de Acción Social e Investigación que desarrolla la universidad en todo el territorio nacional, o que hable de internacionalización, pero no se hace reconocimiento público del aporte de las personas interinas que impulsan y construyen las actividades sustantivas con la calidad y rigurosidad que se exige.

Por otro lado, es fundamental que las personas subcontratadas para labores de limpieza tengan condiciones dignas y se les asegure su permanencia laboral, en tanto el despido se suma a los niveles de pobreza y exclusión en el país.

La Universidad de Costa Rica, en aras de ser consistente en materia de Derechos Humanos, debe realizar acciones efectivas y diligentes para proteger a todas las personas interinas y modificar las formas de contratación de este personal, siendo urgente en este período de pandemia por el COVID 19.

Por ello exigimos:

  • Que la administración universitaria asegure que ninguna persona interina será cesada durante el periodo de la pandemia, priorizando la inclusión, la vida y el derecho al trabajo.
  • Que la administración universitaria tome acciones para consolidar el nombramiento continuo que establezca como criterio prioritario el nombramiento de personal interino existente y sea de acatamiento por las unidades académicas, garantizando el ingreso a plazas en propiedad mediante concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que la administración universitaria inicie un proceso de reformas al Estatuto Orgánico y reglamentos para que se instaure el voto universal en la Universidad de Costa Rica, que incluya a todas y todos los funcionarios (interinos y en propiedad) así como estudiantes, esto como una acción afirmativa hacia la democratización de las decisiones dentro de la institución.
  • Que la administración universitaria gire directrices claras a las Oficinas de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Planificación Universitaria con acciones para proteger a todo el personal interino y tercerizado de la institución.
  • Que las Asambleas de las Escuelas y los Consejos Científicos de las Unidades de Investigación inicien acciones para proteger a todo el personal interino, así como la realización de concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que se inicien acciones para generar dentro de la Universidad de Costa Rica una reforma progresiva y solidaria de los esquemas de remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.
  • Que las candidaturas a la rectoría se pronuncien lo antes posible con las acciones concretas que van a tomar para proteger al personal interino y tercerizado.
  • Que la actual administración del SINDEU termine con sus acciones anti sindicales que desprestigian la lucha trabajadora, y apoye a las personas funcionarias interinas para organizarse como Seccional.
  • Que la Comunidad Universitaria inicie las discusiones respecto a las condiciones laborales del personal de la institución con énfasis en el personal en las condiciones más vulnerables (interinos y tercerizados) para revisar y cambiar en una reforma progresiva y solidaria los esquemas de contratación y remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.

Firman,

Carmen Caamaño Morúa, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Adriana Rodríguez Fernández, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Lucía Molina Fallas, Escuela de Psicología.
Andrés Dinartes Bogantes, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Alexia Ugalde Quesada, Maestría en Psicología Comunitaria y Sede de Occidente.
Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología.
Ruthman Moreira Chavarría, Escuela de Psicología.
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación.
Adriana Maroto Vargas, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Jorge Esteban Prado Calderón, Escuela de Psicología.
Miguel Márquez Cueva, Sede de Guanacaste.
Kira Schroeder Leiva, Escuela de Psicología.
Andrés Cambronero Rodríguez, Docente interino.
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología.
Jimena Escalante Meza, Escuela de Psicología.
Ana Sanabria Villalobos, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de Representación estudiantil CRE y Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Mauricio Álvarez Mora, Programa Kioscos Socioambientales.
Gustavo Jiménez Barboza, Escuela de Sociología, Escuela de Formación Docente e Instituto de Investigaciones Sociales.
Santiago Navarro Cerdas, Escuela de Psicología.
María José Masís Méndez, Escuela de Psicología
María Andrea Araya Carvajal, Sede de Occidente y Escuela de Psicología.
Gabrielle Herrera Arias, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de representación estudiantil CRE y representante titular ante el Consejo Superior Estudiantil.
Marisol Jara Madrigal, Escuela de Psicología.
Shantal Fallas Ruiz, estudiante Escuela de Psicología. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Nicole Umaña Molina, Consejo de representación estudiantil CRE.
Adela Herrán Rescia, Escuela de Psicología.
Adriana Villalobos Elizondo, Escuela de Psicología.
Kattya Grosser Guillén, Escuela de Psicología.
Maurizia D’ Antoni Fattori, Escuela de Psicología.
Keithlin Aguilar González, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Miguel Granados Rivera, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de
Psicología AEPs.
Laura Álvarez Garro, Escuela de Filosofía y Posgrado en Psicología.
Eduardo Bolaños Mayorga, Escuela de Psicología.
Mikel Quesada Artolozaga, Estudiante Escuela de Psicología.
Teresita Ramellini Centella, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Marvin Amador Guzmán, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mónica Quirós Villalobos, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Paola Brenes Hernández, Sede Occidente y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Roxana Hidalgo Xirinachs, Escuela de Psicología y Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
Laura Chacón Echeverría, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
María del Rocío Murillo Valverde, Escuela de Psicología.
Valeria Dondi Aguilar, Estudiante de Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Vásquez, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Andres Sanabria Zaniboni, Observatorio Bienes Comunes y Programa Kioscos Socioambientales.
Mariana Romero Tortós, Estudiante de la Escuela de Psicología.
Ross Salazar Vargas, Estudiante Facultad de Educación.
Sileny Mena Gómez, Escuela de Psicología.
Vilma Leandro Zuñiga, Escuela de Psicología.
Lucía Rescia Chinchilla, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Fabián Alfaro Rodríguez, estudiante de la Escuela de Psicología.
Fabio Romero Salas, Escuela de Psicología.
Marco E. Carranza Morales, Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología.
Mariela Richmond Vargas, Escuela de Artes Dramáticas.
José Manuel Salas Calvo, Escuela de Psicología. Profesor Emérito.
Mar Fournier Pereira, Escuela de Psicología.
Luisa Ochoa Chaves, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Centro de Investigación en Comunicación.
Jennifer Mora Román, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Roberto Fragomeno Castro, Escuela de Filosofía.
Mariano Fernández Sáenz, Escuela de Psicología y Maestría en Teoría Psicoanalítica.
Sergio Villena Fiengo, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Silvia Azofeifa Ramos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, Sede Rodrigo Facio y Sede Guanacaste.
Heidy Hernández Romero, Escuela de Psicología.
Isis Campos Zeledón, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Rebeca Vaglio Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y de Derecho.
Catalina Arce Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y Escuela de Formación Docente.
Carlos Calderón Herrera, Escuela de Artes Plásticas.
Priscilla Echeverría Alvarado, Escuela de Psicología.
Ignacio Dobles Oropeza, Escuela de Psicología.
Bradly Marín Picado, Escuela de Psicología.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Escuela de Psicología.
Andrés Fernández Ramírez, Estudiante Escuela de Psicología.
Daniela Solís-Rodríguez, Estudiante Maestría Profesional Psicología Comunitaria.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Psicología.
Ginette Sánchez Gutiérrez, Escuela de Psicología y Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
Adriana Vindas González, Escuela de Psicología.
Mirta González Suárez, Escuela de Psicología. Profesora emérita.
Sofía Cortés Sequeira, Recinto de Paraíso, Instituto de Investigaciones Sociales y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Soledad Hernández Carrillo, Escuela de Psicología.
Silvia Camacho Calvo, Posgrado en Psicología.
Doris Céspedes Alvarado, Escuela de Psicología.
Nora Chaves Rodríguez, Estudiante Sede de Occidente. Asociación de Psicología Sede de Occidente (AEPSO).
Valeria Sancho Quirós, Escuela de Psicología.
Marcela León Madrigal, Escuela de Psicología.
Elena Andraus Alfaro, Escuela de Estadística.
Eugenia Boza Oviedo, Escuela de Trabajo Social.
Alejandra Paniagua Bonilla, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente.
Carolina Morales Quirós, Escuela de Matemática.
Mario Salazar Montes, Docente interino.
Damaris García Madriz, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Suhelen Araya Moya, Escuela de Formación Docente.
Amy Hernández Villalobos, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Fernández, Escuela de Psicología.
Mario Soto Rodríguez, Escuela de Psicología.
Romel Brumle Kerr, Sede del Caribe y Sede del Pacífico.
Andrea Molina Ovares, Escuela de Psicología y Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, Sede de Occidente.
Javier Tapia Balladares, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Enyell Valerio Carranza, Estudiante Escuela de Psicología.
Laura Meza Pineda, Estudiante Escuela de Psicología.
Dunnia Flores Santamaria, Escuela de Orientación y Educación Especial.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.
Daniel Chavarría Camacho, Sede del Pacífico.
Milena Castro Mora, Escuela de Estadística.
Elías Natán Jiménez Alvarado, Escuela de Química.
Andrés Vargas Abellán, Estudiante Escuela de Psicología.
Patricia Velásquez Prada, Estudiante Escuela de Psicología.
Sergio Salazar Araya, Escuela de Ciencias Políticas.
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales y Sede de Occidente.
Dylanna Rodríguez Muñoz, Programa Kioscos Socioambientales.
Níoe Víquez Moreno, Escuela de Psicología.
Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales.
Gloriana Rodríguez Corrales, Instituto de Investigaciones Sociales y Radioemisoras UCR.
Zuiri Méndez Benavides, Programa Kioscos Socioambientales.
Elsy Vargas Villalobos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mariechen Wüst Picado, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Benjamín Reyes Fernández, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Luis Rojas Torres, Instituto de Investigaciones Psicológicas.
José Daniel Jiménez Bolaños, Escuela de Historia.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad Cultural Latinoamericana.
Roberto Marín Villalobos, Escuela de Psicología, Posgrado de Psicología y Sede de Occidente.
Ricardo Vargas Durán, Escuela de Estudios Generales.
Catalina Ramirez Vega, Escuela de Psicología.
Eleazar Morales Aguirre, Estudiante Escuela de Psicología.
Marialina Villegas Zúñiga, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Ernesto Aguilar Carvajal, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Roxana Vargas Solano, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Maureen Murillo Rivera, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Sanders Pacheco Araya, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Braulio Solano Rojas, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
María Barboza Gutiérrez, Sede del Pacífico.
Hazel González Araya, Danza Universitaria, Vicerrectoría de Acción Social.
Miguel Regueyra Edelman, Estudiante Escuela de Psicología, Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.

Los Juegos del Hambre: Edición Frontera Norte

Los diseñadores del juego no me quieren muerto.
No aún, de cualquier manera.
Juegos del Hambre – Suzanne Collins

Luis Andrés Sanabria Zaniboni*

Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?

Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.

Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.

Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?

Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.

No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.

Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.

Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.

Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.

Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.

Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.

* Ciudadano

La vida es primero

“Porque ¿qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma (vida)”.
Jesús de Nazaret

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, a quien el pueblo costarricense le reconoce estar enfrentando la pandemia del COVID19 con gran sensibilidad humana y profesionalismo, ha dicho de manera contundente que “[…] ninguna transacción comercial, ni economía puede estar por encima de la vida y la salud […]”[1].

De esta manera, recoge y expresa el pensamiento social y humanista en que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho; pensamiento que se nutre de diferentes fuentes, siendo una de ellas la Doctrina Social de la Iglesia Católica que antepone la defensa de la vida, la dignidad humana, a cualquier otro valor o principio. El Estado y el mercado deben estar al servicio de la persona humana y del bien común.

Sí, en las circunstancias actuales, tenemos que apostar decididamente por anteponer el derecho a la vida digna y saludable a los intereses mezquinos y egoístas de sectores que solo ven en la pandemia una oportunidad o un obstáculo para seguir acumulando riqueza. Y siguiendo el mal ejemplo de países como Estados Unidos y Brasil, que hoy puntean los índices de mayor mortalidad por causa de la pandemia del COVID19, anteponen los intereses comerciales y económicos a la vida y la salud de las personas.

Buena parte de los ideólogos de la reactivación económica apuestan a salvar la economía aunque la gente se muera. Parten del principio economicista de que si a la economía le va bien a la gente también. La noticia falsa más consumida y publicitada, por los “vendedores de políticas económicas” (Krugman).

Se trata de un añejo discurso que apela a la promesa de un futuro paradisiaco a cambio de un presente de sacrificios, así como a que la riqueza siempre se desborda y nunca se concentra. Es la versión económica de la religión como “opio del pueblo” –religión de mercado–, es decir, que busca la resignación y sometimiento a los sufrimientos, miserias y explotaciones presentes a cambio de la recompensa en un futuro indeterminado. Como alguien ha dicho, en el largo plazo todos estaremos muertos.

Hoy, estamos ante la encrucijada de optar por la vida digna y justa o dejar que la actual pandemia y tantas otras sigan cobrando vidas. Por ejemplo, las pandemias de la pobreza y del hambre, generadas por un sistema tributario injusto que cobra impuestos a los pobres como ricos y a los ricos como pobres, elevando los niveles de desigualdad y endeudamiento público.

Efectivamente, se trata de enfrentar los desafíos que representan las múltiples pandemias, como bien ha señalado el Papa Francisco: “En los primeros cuatro meses de este año 3 millones 700 mil personas murieron de hambre […] Esta oración de hoy para pedirle al Señor que detenga esta pandemia debe hacernos pensar en las otras pandemias en el mundo. ¡Hay muchas! La pandemia de la guerra, del hambre y otras más”[2].

Según, Julio Berdegué, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 900 millones padecen de hambre en el mundo, y es una enfermedad, a diferencia del COVID19, para la que sí existe “vacuna”. Resulta “espeluznante”, señala Berdegué, que nos hayamos acostumbrado a vivir con una tercera parte de la humanidad en condición de inseguridad alimentaria[3].

En el caso de la población en condición de pobreza, en América Latina se incrementará en 20 millones después de la pandemia; alcanzará la escandalosa suma de 90 millones de pobres. Las proyecciones, para Costa Rica son de más de un 30%, es decir, más de millón y medio de pobres.

En una reciente entrevista radial, en el Programa La Lupa, el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), aunque reconocía el valioso aporte en materia de política sanitaria del Ministro de Salud, resentía la falta de iniciativa gubernamental para la reactivación económica[4].

Cabe señalar, al respecto, que, en las condiciones actuales, una buena política sanitaria podría ser también una buena política económica y social. Sin embargo, lo que no se vale es utilizar esta política para continuar apuntalando un sistema económicamente injusto y jurídica y éticamente espurio. O sea, que lo bueno que se hace con una mano se borre con la otra.

No se vale aprovecharse de que la gente esté en casa y utilizar el discurso del miedo para apuntalar el autoritarismo gubernamental y empresarial, lesionando intereses y derechos legítimos de los trabajadores públicos y privados, como ha venido sucediendo, un día sí y otro también, en este país que se precia de ser adalid de la democracia y los derechos humanos, en el concierto de las naciones: “luz en la calle y oscuridad en la casa”.

Un sí a la vida, exige renovar la esperanza en la sensibilidad y el compromiso de un pueblo que, en circunstancias adversas, ha sabido levantar la antorcha de la dignidad para construir su futuro sobre los sólidos cimientos del derecho, la justicia y la paz social. Un tiempo oportuno para la gran tarea de construir con tenacidad el nuevo pacto social post-neoliberal.

[1] https://elperiodicocr.com/ministro-de-salud-ninguna-transaccion-comercial-puede-estar-por-encima-de-la-vida-y-la-salud/

[2] https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-05/santa-marta-papa-francisco-coronavirus-pide-libercion-pandemias.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=hZgjaR_TgoA

[4] https://www.facebook.com/1818672778427731/videos/2952243401563174/

 

Foto: FAO.

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Ingreso mínimo vital y distribución de la riqueza

Manuel Hernández

Este 29 de mayo el Consejo de Ministros de España aprobó la renta mínima o ingreso mínimo vital (IMV).

El ingreso mínimo vital es una renta básica, cuyos destinatarios son los hogares en situación de pobreza severa, que corre a cargo de la Seguridad Social.

La aspiración es que esta renta cubra unas 850.000 familias, cuya cuantía oscila entre 462 euros y 1.105 euros, por hogar,  la cual se reconocerá desde el primero de junio de 2020.

Además, se pretende que esta renta no desincentive la inserción laboral.

Esta prestación extraordinaria, si bien es cierto se aprobó en esta coyuntura de  pandemia, tendrá un carácter permanente.

Sin duda, una conquista muy valiosa, un nuevo derecho social, que sobresale entre los tantos retrocesos laborales y  sociales, que en la última década ha  sufrido  la clase trabajadora y el pueblo de ese país del viejo continente.

Por otro lado, por el nuestro, más allá de la limosna pública, que ya huele a clientelismo electoral,  uno se dice, ahora más que nunca, que falta nos hace una renta mínima vital, en un país donde la tasa de desempleo estaba en el orden del 12.4%, la más alta de la última década, que en la crisis de la pandemia el desempleo se habrá disparado hasta el 20%, a consecuencia de las políticas permisivas  que  no  impusieron ningún límite a los despidos individuales y colectivos de las personas trabajadoras.

Uno dice que falta nos hace un ingreso mínimo universal, cuando el Ministerio de Trabajo  no ha hecho más que girar, en automático, la maquinilla para autorizar la suspensión de los contratos de más de 29.000 trabajadores, y  más de  52.000 trabajadores a quienes unilateralmente se les  recortó el salario, abruptamente hasta el 75%, en función de la reducción proporcional de la jornada de trabajo, a merced de una ley espuria de la República, que votaron por igual todos los partidos políticos, sin distingos de color, ideología o religión.

Qué tanta falta nos hace un ingreso mínimo asegurado en una robusta democracia donde la pobreza flagela el 21% de la población, de acuerdo con estudios de OCDE (2019) y la pandemia habrá lanzado a más de la mitad al sector de la economía informal.

En definitiva, qué tanta falta hace que se cumpla con el principio constitucional de redistribución social de la riqueza, que manda el articulo 50 de nuestra Constitución Política, norma que es inherente a un Estado Social y Democrático.

Lamentablemente esta norma se ha convertido en papel mojado, un precepto constitucional fallido de un Estado que, por una parte, cada vez es menos social y a la inversa, cada vez más neoliberal, y por otra parte, menos democrático y proporcionalmente más autoritario.

¿Será que no se les pondrá la cara roja de vergüenza, o no les sudarán los cojones, cuando con tanta efusividad celebran el ingreso de CR a la OCDE, el país que tiene el mayor nivel de pobreza y desigualdad social de este club privilegiado?

29/06/2020

SITRAHSAN comenta y puntualiza ruta para salida a la crisis

SURCOS recibió del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) un documento enviado por el licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general, a las jefaturas de fracción y a las comisiones legislativas. En el escrito del dirigente sindical se comentan las rutas para salir de la crisis adoptadas por el gobierno y se propone otras con base en los criterios de equidad y justicia.

Compartimos el documento:

San José, 25 Mayo del 2020
SG-SIT-135-2020

Jefaturas de Fracciones Legislativas
Comisión de Asuntos Hacendarios
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión de Asuntos Sociales
Medios de comunicación social

En calidad de Secretario General de una organización que representa los intereses del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional SITRAHSAN, con sobrada solvencia académica, experiencia laboral, así como pleno conocimiento y estudio de la política, económica y los problemas nacionales y sus propuestas de potenciales soluciones considero que:

1- No es prudente acudir a empréstitos internacionales, que generen más apalancamiento al ESTADO, en virtud de la Pandemia COVID – 19, ya que en Costa Rica hay sobrada liquidez y solvencia en poder de los acreedores financieros, y activos líquidos de los trabajadores, como el FCL y el ROP.

2- Se han realizado varias reformas a la Ley 02 de 1943, donde se ha incorporado el Régimen Obligatorio de Pensiones, inicialmente provisto como un recurso para evitar la pandemia financiera en la CCSS, en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.

3- Ciertamente muchos también ha sido los esfuerzos para arreglar las finanzas del Estado y sus obligaciones contraídas con Regímenes de Pensión como el del Magisterio Nacional, o del Poder Judicial, y otros similares, los que su carga dentro del Presupuesto Nacional, viene poniendo en aprietos las finanzas Públicas, y la Política fiscal y económica de este país, desde hace muchos años.

4- Se han gestado desde el año 2000 cuando entró en vigor et ROP, diversas iniciativas parlamentarias, concurriendo al final en Leyes nacionales, para promover regímenes fiscales, regular las relaciones del Sujeto activo y el sujeto pasivo, y el detonante en esas reformas, por Io general constituyen como punto céntrico, incrementar la tarifa tributaria y la base imponible.

5- Dentro de esas reformas, NO se ha visto el interés de promover un umbral adecuado y razonable para disminuir el calificativo de DELITO TRIBUTARIO, que permita a la Administración Tributaria, cuya competencia recae en el Ministerio de Hacienda, encarcelar a quien robe, jinete o contrabandear o eluda los IMPUESTOS. Muchas han sido las propuestas sociales, y los políticos de turno hacen caso omiso a las mayorías. Prueba de ello la última reforma con la Ley es35 de diciembre de 2018, denominada COMBO FISCAL popularmente y legalmente LEY de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tarea concretada con una alianza entre el Poder Ejecutivo liderado por Doña Rocío Aguilar y el Sr. Nogui Acosta y la clara resistencia de una mayoría muy identificada.

6- La reforma tributaria; consideré prudente para recaudar los impuestos en mora, incorporar una amnistía tributaria, provocando en muchos casos darles un premio de miles de millones a quienes durante mucho tiempo jinetearon los impuestos, y de manera quizás “temeraria», presentaron un estado de cuenta que los favorece en Demasía y con ello se pudieron “tapar” con la figura de la prescripción, algo más pendiente, es decir, aunque el legislador normó las condiciones, algunos declarantes, porque muchos contribuían en “cero” salieron gananciosos de una reforma fiscal, para nada equitativa, ni justa, ni progresiva. PERO RICA EN PERDÓN

7- Luego de la ampliación de la carga tributaria, empiezan los efectos adversos en la economía y se da la premonición social traerá pobreza y menos ingresos producto del incremento en el costo de los factores, todos, desde la producción, hasta la distribución misma, tanto así, que genera cuatro escenarios, los que pagan el 13%, los que pagan el 4%, los que pagan el 2% y los que no pagan nada o estén exentos por un plazo determinado, ya que en julio de 2020, todo va a contribuir, hasta la el consumo de la canasta básica.

8- SE ALQUILA, el ciudadano común, observa los grandes rótulos donde las PYMES que un dfa estaban generando trabajo a muchos ciudadanos deben cerrar sus locales, pero; que el impacto de la Ley 9635 incrementó el desempleo al 13% y la informalidad en casi un millón de personas. Un efecto quizás calculado adverso, y como golpe a la informalidad, todos pagan, todos deben inscribirse, quizás es la justificación, pero el trabajador es quien sufre las consecuencias directas. Y el informal evasor o elusor continúa su camino dejando deudas y acumulando riqueza.

9- No prevista la pandemia, revienta en CHINA y afecta a Costa Rica en marzo de 2020, generando una respuesta de todo el Sector Salud, y las actuaciones sindicales no se dejaron esperar, solicitando la suspensión de las clases, la dotación de recursos en salud, y un sin fin de pretensiones; muchas de las cuales, no se hubieran concretado, sin una posición fuerte, y contundente de muchos Líderes valientes, para enfrentar la PANDEMIA, lograr mitigarla, evitar que el sistema colapse y hacer valer nuestro derecho a la SALUD.

10- El manejo de actores del Poder Ejecutivo ampliado con Instituciones Autónomas, da los resultados posibles, no obstante; se sigue a la vanguardia de muchos países del área, y hay temor de que ingresen más casos foráneos, nos colapsen y gasten los recursos que contamos, debido a que muchos de los grandotes empiezan a blindarse.

11- Con la pandemia a cuestas, los grandes empresarios, muchos de los que agremiados en Cámaras como la UCCAEP o Similares, no pagaban impuestos, declaraban cero en Renta o quizás se salvaron con la Amnistía, acuden a cuesta de moras y a Zapote, en un gran llanto, pidiendo protección, para que el COVID-19 les otorgue flexibilidad laboral, les permita una moratoria tributaria y con ello justificar las posibles pérdidas que una pandemia de 15 días les podía generar, cuando muchos de estos, tenían años de años de lucrar en un mercado libre y casi de cero regulación fiscal. Así como blindarse financieramente por demandas laborales.

12- Se concretan las normas, se blindan los poderosos, y los pobres trabajadores con el QUEDATE EN CASA, se Ie remite sin sus derechos laborales, sin el salario digno, y los poderosos, recuérdese que la provisión contable permite acreditar ese componente como GASTO en el cálculo de la RENTA NETA y con ello afectar la base imponible a su favor en ese impuesto.

13- Con la pandemia, se inventan que PAPÁ ESTADO debe proveer el BONO PROTEGER para subsidiar Io que a ellos correspondía, como si en realidad hubieran pagado muchos impuestos cuando hubo bonanza, en épocas de «vacas gordas».

14- El «chicharrón» se le viene al trabajador Ie caen las siete plagas ni salario ni comida y para paliar un poco sale una ley que parcializa el retiro del FCL pero resulta insuficiente.

15- Como premio, en tiempos de pandemia, surge la noticia de que la Ex Ministra de Hacienda, a quien la Contraloría General dejó de buscar para notificarle una resolución de suspensión de un mes, se nos informa que será la nueva SUPER INTENDENTE DE PENSIONES ante la renuncia del Dr. Ramos.

16- A los defensores de la última reforma fiscal, o también podríamos señalar muchos otros actores que ocuparon puestos en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y que de manera poco solidaria, solo defendieron o promovieron propuestas que en nada resultaron ser progresivas, justas y equitativas, y que quizás la historia los reconozca, como los responsables de la debacle fiscal y financiera de este “paraíso fiscal», pero eso corresponderá a otras generaciones, si acaso, los veremos, no hay ninguna certeza al respecto. Y el Ministerio público o leyes penales, no los puede encarcelar o enjuiciar, ya que el sistema mismo, parece ser complaciente con la clase política de este país, no obstante; no hay ningún proyecto que revele el interés de sancionar las malas prácticas, el chorizo, la negligencia, la impericia, y hasta la omisión de actores civiles en la generación de actos calificados con reproche social. SIGUE LA FIESTA. “acuden al método de PRUEBA Y ERROR, al final si nos equivocamos el pueblo paga”.

17- Recuérdese que estamos en pandemia, y que los estragos económicos impactan sólo al trabajador, debido a que el “ricachón poderoso financiero o empresario” están blindados desde los tres poderes. Eso parece, en virtud de diversas actuaciones civiles y muchas rechazadas de facto.

18- El pueblo consternado ante tanta miseria provocada por la Pandemia, solicita a algunos de sus representantes “padres de la patria”, miembros del nada despreciable calificativo PRIMER PODER DE LA REPÚBLICA, el auxilio para retirar el ROP y el FCL. Claro, solución a su pandemia de años, como un alivio razonable en tiempos de escasez. Pero; que los poderosos acaudalados financieros de este país no desean ponerlo en poder del pueblo. EL PODER CORROMPE, EL PODER ABSOLUTO CORROMPE ABSOLUTAMENTE

19- Se hace público por medio de ONGs como la Fundación Oscar Arias para la Paz, que el 80% de la población sufrirá los efectos de esta pandemia. Yo le agregaría, ese 80%, somos la clase media trabajadora labriega y sencilla, porque los ricos reitero, están “blindados».

20- Es razonable que si hay un recurso o derecho que pertenece al trabajador, este desee utilizarlo cuando “tiene el agua hasta el cuello”, pero se escucha la única voz de la señora Aguilar de “no es prudente, porque colapsaría el sistema”, es de esperar entonces que el Pueblo colapse, ante diversas interrogantes como: ¿Dónde está ese ROP? ¿Qué pasa si me informan mes a mes tenerlo las operadoras? ¿Por qué tanto misterio? ¿Será que aquí se legisla sólo para los poderosos? ¿Cómo es eso que el Presidente del Primer Poder de la República, le consulta al respecto? ¿Y la autonomía de poderes?

21- La pandemia misma, ha estado generando pérdidas a los ahorros por estos conceptos, tanto así que todas las operadoras ya lo están confirmando en sus comunicados de resultados.

22- Los que estudiamos, sabemos que el circulante y la liquidez son razones financieras, y que el sistema va a colapsar, si es dinero contabilizado a la cuenta individual de un trabajador, es decir, esos recursos, aunque representen millones, no es para obra pública, es para el bienestar individual de los trabajadores, aunque “digan misa”, aceptar las motivaciones o justificaciones de los aliados la señora Aguilar, es aceptar el grito de los acumuladores de riqueza, que son los que tienen «si declaran en un solo libro”, la nada despreciable suma de más de treinta y cinco mil millones de millones de dólares circulando en el sistema financiero y adicionamos las reservas del Estado en no menos de nueve millones de millones de dólares y si seguimos escarbando, dinero va apareciendo.

23- Aquí hay plata barata para el rico, y para el pobre, debe quitarse el sudor de su frente.

24- La razón de liquidez y rotaciones de inventario, y otras más aplican en el mercado en general, dotar a los agentes del mismo, en especial de recursos económicos y capacidad de pago al consumidor final, es una buena, es una razonable y comprobable económicamente, es una justificable y es una práctica necesaria en tiempos de COVID, que permita cancelar deudas, comprar o adquirir quizás eso que en toda su vida de trabajador o pensionado no va a alcanzar, y el dinero puesto a circular va a quedarse en el mercado local, dinamizando y acelerando la reactivación económica necesaria, para que a pesar de no haber recibido salario en tres meses, pueda subsistir al menos otros tres más, y esa fortaleza en su psiquis y de gran motivación, con la responsabilidad del caso, pueda tener una coraza para blindarse de la pandemia.

25- No se vale, que sólo los ricos puedan lograr sus metas, el pueblo necesita hoy día subsistir, y el ROP y el FCL son buenos aliados si los ponen manos de los trabajadores.

26- A nivel nacional, el impacto en el bienestar de social proyectado al liberar el ROP al 100% a cada uno de sus propietarios, y empezar de cero, y como paliativo en la pandemia financiera, contribuirá también a disminuir los índices de inflación, deuda y morosidad sin olvidar los intereses de deuda contrario a la “descomunal” deuda por préstamos que nos pretenden endosar y que en mucho son promotores de la defensa de los intereses de los poderosos financieros. También hay que tomar en cuenta, que la entrega del ROP en un solo tracto, que en estos momentos tan difíciles, para los trabajadores(as) representaría una inyección muy importante de recursos, que va a ayudar que muchos empleados, tanto públicos como privados, a cancelar préstamos, tarjetas y demás deudas que los asfixian, con Io que podrían mejorar sustancialmente su estabilidad financiera, podrían además tener mayor liquidez para consumir y por lo tanto, para dinamizar el contraído mercado interno.

27- El ROP tiene un fin de bienestar individual en tiempos de jubilación, la pandemia obliga al legislador, a tomar cartas en el asunto, es quién a esta fecha, tiene el poder de dotarle la posibilidad a sus representados de su uso, goce y disfrute en vida, porque no tiene sentido alguno después de muerto cuando esos recursos pudieron salvarle la vida, o morir si así fuera su deseo, morir feliz, o salvarle la vida a un ser querido, por poder comprarle el regalo más preciado “medicina social”.

28- No se vale que un trabajador tenga pandemia financiera, tenga ahorros, recursos frescos y no pueda hacer uso de ellos para asegurarse un mejor bienestar económico, en beneficio de su familia, de su tranquilidad emocional y sobrevivir al menos un tiempo.

29- Las pérdidas registradas en estos dos meses son abismales e incomprobables para muchos, demuestra también algo de impericia y deben liberar esos recursos, caso contrario a juicio del suscrito, se estaría cometiendo la exposición a una demanda penal por una eventual administración fraudulenta y rentabilidad usurera por parte de los administradores de esos recursos, cuyo beneficiario exige su liberación y no retención, caso contrario debe responderse con el patrimonio de cada gestor en las operadoras citadas.

Cómo se puede apreciar de los distintos escenarios y hechos fácticos que aquejan al trabajador, se están cercenando sus derechos individuales, se Ie está limitando al acceso a su propiedad, precepto constitucional, pero en especial están cometiendo serias injusticias, discriminando de su derecho a un tiempo de plena realización individual, al sentirse satisfecho de haber trabajado durante muchos años y poder así cumplir sus compromisos o metas personales y no sentirse como «niño incapacitado” que Io deben asistir a medias y por un tiempo prolongadísimo, para que no compre de una vez, la salud integral que requiere.

La actitud mezquina de los poderosos acaudalados, muchos de los que estén en esas cámaras, o la ABC, no es otra conducta del ejercicio del poder y tensión de hilos a títeres humanos, en pro de no permitir al ciudadano vivir en un pedacito de cielo, al menos en vida y por un tiempo adecuado a su decisión.

Debe liberarse el ROP y el FCL, son los recursos más baratos que posee el mercado nacional, y además que posee el actor más importante en una economía, el consumidor final.

Fundamento de Derecho: Art. 10 y 118 CPCA, Art. 191 y 193 LGAP, Art. 7 y 27 Constitución Política

Para notificaciones el correo sitrahsan-adm@hacienda.go.cr, la oficina de SITRAHSAN ubicada en Calle Blancos, Aduana Central de la Coca Cola 250 Oeste, Tel: 2248 9865, cel. 8713 7049.

Sin otro particular, suscribe
Lic. Miguel Ureña Cascante
Secretario general de SITRAHSAN
Lic. en Administración C # 3759
Lic. en Derecho C# 29984
C.P.I. C# 28875

Mi pensamiento en el ocaso de este 1° de mayo

Manuel Hernández

1.- Incrementar y asegurar las medidas de máxima protección de todo el personal sanitario.

De ellas depende nuestra salud y vida.

2.- Garantizar la mayor protección de la seguridad y salud posible de las personas que progresivamente se reincorporan a las actividades productivas.

3.- Fortalecer la protección del empleo y los salarios de los trabajadores.

4.- Crear la mayor protección social a los trabajadores que perdieron su empleo y las personas en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

5.- Impulsar el diálogo social tendiente a la reactivación económica y la empleabilidad de las personas sin trabajo.

6.- La urgencia del diálogo social.

Es un imperativo ético, ineludible de todos los movimientos sociales, agentes productivos y partidos políticos.

7.- La defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública, entre ellas la CCSS y las universidades públicas, entre otras tantas.

8.-La defensa de la democracia y las libertades fundamentales.

Insisto: las libertades fundamentales no están en cuarentena y menos la libertad de reunión, manifestación, movilización, la protesta social, la libertad sindical, comprensiva de la huelga.

8.- Impulsar la profunda transformación social, económica y política de la sociedad.

Mejor distribución de la riqueza y mejor reparto del poder político.

Por último, mi reconocimiento a todos los y las trabajadoras de los servicios esenciales, que nos han asegurado el funcionamiento de nuestra sociedad.

Solicitan que se investigue y actúe ante denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras. 

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Información compartida con SURCOS por Adilia Solís Reyes.

Imagen ilustrativa

Fuente: CEJIL https://cejil.org/es/organizaciones-solicitan-que-se-investigue-y-actue-diligencia-serias-denuncias-amenaza-e

DE ALTO RIESGO

Cosas veredes,
amigo Sancho, en el
trajinar que nos va deparando
este nuevo planeta,
hoy con esa forma de
corona con patas.
Resulta que ahora
nosotros, modelo
cincuenta de probada
calidad, resultamos ser
ciudadanos de alto riesgo.
Y tienen toda la razón
esos fondillos monetarios
del Banco Mundial usurero:
somos realmente de alto
riesgo porque
tenemos memoria
de paquidermos y no
comemos cuento ni
tragamos sus aldabas.
Somos un riesgo para
sus planes totalitarios
de continuar sin estorbos
con la destrucción del planeta
que estiman exclusivamente
propio y privado para
su zángana política
económica. Claro
que somos población
de alto riesgo para
refrescarles la memoria
a quienes hoy abogan
por destruir el Estado
Social de Bienestar y
arrodillar a la clase trabajadora
para que viva sumida
en ese pestilente pantano
de las migajas que caen
de sus mesas de ébano.
Población de alto riesgo
hemos sido desde
nuestros años escolares,
cuando nuestros Maestros
y Maestras en la Escuela
Pública, nos enseñaron
a distinguir claramente
entre la justicia
y la injusticia. Y
además,
nos instruyeron para
que anheláramos ser
Juan Santamaría
en las veladas del 11 de Abril;
o don Juanito proclamando
sus manifiestos de libertad
y patriotismo. Entonces
claro que somos de alto riesgo;
de altísimo digo con certeza,
porque ya lo verán que 
no habrá nueva figura
de planeta con patas
que impida a esta
GENERACIÓN
salir a enfrentar a los
filibusteros criollos
y malinches que hoy
pretenden embucharse
los tesoros del Estado
solidario y seguir hartándose
con el pan ajeno como
virus antisociales ciegos
de codicia y avaricia.
Somos de alto riesgo,
y sabemos plenamente
que no pasarán,
y que con Alberti,
los echaremos al mar
con cepo y cadena
al cuello.

ClaMo
Toyopán, ZURQUÍ

Ilustración: http://www.revistaikaro.com/museo-juan-santamaria-rendira-honores-a-memoria-de-juan-rafael-mora-porras-y-jose-maria-canas-escamilla/

Vidas en riesgo, si la OMC prioriza el comercio sobre la salud pública

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) se ha sumado a cientos de sindicatos y aliados de la sociedad civil de todo el mundo, pidiendo a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las negociaciones comerciales durante la pandemia Covid-19 y que, en su lugar, dé prioridad a las políticas que refuercen los sistemas de salud pública.

La ISP solicita a las afiliadas que escriban a sus gobiernos antes del 29 de abril pidiéndoles que suspendan las negociaciones.

En una influyente Carta Abierta presentada en la reunión virtual de la OMC el 17 de abril, los firmantes, incluida la ISP, señalaron cómo: «La primera y única prioridad para los negociadores comerciales en este momento debería ser eliminar todos los obstáculos, incluidas las normas de propiedad intelectual, de los acuerdos existentes que impiden el acceso oportuno y accesible a los suministros médicos, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, y la capacidad de los gobiernos para tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis».

En la reunión, la OMC postergó la decisión de continuar las negociaciones para consultar con los estados miembros durante esta semana.

La ISP pide a los sindicatos afiliados que se pongan en contacto con sus ministerios, para apoyar la suspensión de las negociaciones de la OMC y promover una política comercial en favor de la salud pública.

Descargue nuestro modelo de carta y modelo de comunicado de prensa.

(
Los sindicatos también pueden firmar la Carta Abierta a la OMC aquí.)Ver más detalles en el sitio web de la ISP.

Información compartida con SURCOS por Óscar Rodríguez, ISP.

Fuente: https://us15.campaign-archive.com/?u=0e49960d12b29d61d9e588b2b&id=0f2f0d9c83