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Hablemos de IVM. Sala Primera de la Corte consideró desvío de fondos en la CCSS – Parte III

Escrito en 24/09/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

M.Sc. Rodrigo Arias López

Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.

En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse: ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?

Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: “No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.

Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.

De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).

Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:

“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).

Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).

Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:

“a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)

b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).

O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.

Todo lo anterior fue advertido a la CCSS desde muchos años atrás, reiterado ante su Presidencia Ejecutiva en el año 2018 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGC9CeqNwcuwcyP1), recurrido ante su Junta Directiva en diciembre de 2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGriPdm1JQuowjyv). No se sabe del resultado de la atención al acuerdo que tomó esa Junta el 19/12/2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGsQFSmUJgfBvS_4), o si estará en la madriguera del conejo.

Nota: Montos en millones de colones.

Fuente: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiHXHX_c1ZiGt3p2d

Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.

Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).

En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).

El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.

Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.

Lea también la parte uno: Hablemos de IVM – Parte I y la parte dos: Hablemos de IVM. Mega huecos presupuestarios contra la CCSS – Parte II

Nuestra Independencia. Algunos elementos a tener presente este día

Escrito en 15/09/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La Independencia es un acto que se caracteriza por dos elementos: pasar de ser una colonia de un imperio a ser una Nación y sus habitantes que pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Esas son las características del proceso independentista.

En Costa Rica por las particularidades que tuvo nuestra Independencia, la formación de la Nación y la Ciudadanía tuvieron un proceso de constitución de alrededor de unas dos décadas hasta 1841 donde el Estado logró consolidarse y definirse en sus líneas generales. La formación del Estado costarricense fue configurada por la naciente oligarquía cafetalera, que conforma una burguesía y que plantea el desarrollo de un modelo de desarrollo capitalista.

Tanto en la Independencia en 1821 como en la creación del Estado en 1841, la Nación que surgía a la vida tuvo que ser llenada de contenido. Los contenidos principales de ese Estado se pueden resumir de la siguiente manera:

A-. De hombres blancos
B-. De propietarios
C-. De católicos

La nueva Nación otorgó derechos solo a los hombres, pero no a las mujeres; a los blancos, pero no a los indígenas, negros o esclavos; a los propietarios, pero no a los peones agrícolas, artesanos o campesinos pobres; a los cristianos, especialmente a los católicos, pero no a otras minorías.

Es Estado fue representante de los hombres blancos, propietarios y católicos. A este prototipo se otorgaron todos los derechos, aunque no al resto de los habitantes del país.

La Ciudadanía que, en consecuencia, se formó fue negada a las mujeres, a los indígenas, negros, esclavos y a los que no poseían bienes patrimoniales. Los ciudadanos costarricenses fueron una pequeña minoría que gobernaba principalmente para ellos en detrimento de esos amplios sectores de la población.

La democracia fue, además, una democracia mutilada, reducida solo para ese pequeño círculo de poder de hombres blancos, propietarios y católicos. El resto de la sociedad no eran ciudadanos con el pleno goce de sus derechos.

El nuevo Estado creó una ciudadanía y democracia mutiladas. El capitalismo no nos trajo la democracia.

Tampoco la independencia creó una sociedad homogénea como algunos afirman, en relación con una sociedad donde la inmensa mayoría fueron pequeños propietarios por lo general pobres. Nunca existió en Costa Rica una sociedad homogénea, ni siquiera en la Colonia, porque siempre existieron los pobres (aunque sean los más pobres de los pobres), los negros, los mulatos, los pardos, los indígenas o los esclavos. (Los esclavos fueron determinantes en la producción de cacao que permitió la acumulación primitiva de capital que luego facilitó la explotación cafetalera).

El hecho es que la independencia fue generando una sociedad cada vez más diferenciada, estratificada, con una clase cafetalera oligárquica minoritaria sobre unas mayorías asalariadas empobrecidas.

La Independencia generó los derechos individuales de libertad personal en muchos campos para un grupo selecto, pero no así los derechos sociales que tuvieron que tardar casi un siglo para empezar a gestarse.

La Independencia generó la conciencia individual pero no la conciencia social, no solo de clase sino de pertenencia a grupos o comunidades. Los derechos sociales con plena madurez y fuerza empezarán a manifestarse en el segundo siglo de Independencia.

Durante el Primer siglo de Independencia se logró consolidar el Estado capitalista y luego la República y mantener el carácter independiente de la Nación en la guerra del 56. La influencia de la Religión Católica a lo largo de los primeros 60 años fue determinante y representó un gran poder, pero fue llevada casi hasta la nulidad con las reformas liberales; la democracia logró algunos pocos avances con las ampliaciones del sufragio.

El primer siglo de Independencia es el de la consolidación del modo de producción capitalista fundamentado en la producción y exportación de café, de una oligarquía cafetalera que se proyectará hasta nuestros días, consolidada a través de gobiernos sustentados en una democracia muy restringida, limitada únicamente a hombres blancos y propietarios. La consolidación de ese modelo se hizo a base de autoritarismo y límites democráticos para las amplias capas sociales del país.

Hablemos de IVM. Mega huecos presupuestarios contra la CCSS – Parte II

Escrito en 09/09/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

Los mega huecos ocasionados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS o Caja) por políticos y empresarios, ampliamente difundidos últimamente por medios de prensa, desde el PLN, el PAC, PUSC y sus Gobiernos, se hacen cotidianamente, con el único fin de debilitarla. Van saliendo poco a poco a la luz pública, a pesar del esfuerzo para taparlos incluso, desde la misma institución y el Ministerio de Hacienda (MH). Y eso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha prometido combatir a fondo estas cosas.

Es increíble como “jinetean” el dinero de los trabajadores quienes terminan engañados como pensionados después de pagar primas duplicadas a la CCSS recibiendo jubilaciones de hambre, ofreciéndoles la institución, listas de espera, falta de equipo, medicamentos y un llamado a “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que fue conducido a la quiebra. Algo parecido ha pasado en otros países latinoamericanos; en Colombia, por ejemplo, las mafias del poder se robaron el Seguro Social (Así se robaron…https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11420683).

Durante años los gobiernos del PLN, PUSC y PAC simularon preocupación por el futuro de la Caja; sin embargo, el ejemplo más reciente de la farsa fue publicado en estos días por diversos medios. “Caja inicia ejecución de sentencia para recuperar casi ₡6 billones que le adeuda el Estado” aparece en titulares del Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-inicia-ejecucion-de-sentencia-para-recuperar-casi-%E2%82%A16-billones-que-le-adeuda-el-estado/), que informa:

“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó formalmente la ejecución de sentencia por la deuda de casi ₡6 billones que tiene el Estado con la institución debido al traslado del primer nivel de atención en salud.

Esa decisión fue comunicada por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya al diputado del Frente Amplio, José María Villalta.”

El diputado del Frente Amplio José María Villalta, valientemente demandó al Estado en el año 2013 por el incumplimiento del giro a la CCSS de los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley N° 7374. ¿Pero, cómo fue que los políticos de alta alcurnia desde los distintos gobiernos durante años engañaron a los trabajadores presentándose como defensores de la CCSS?, se preguntarán los lectores. Una respuesta resumida es recurriendo a una serie de mecanismos muy parecidos a una especie de lavado, fraude de ley, tráfico de influencias, maquillajes de estados financieros, corrupción e impunidad. Trataremos de explicarlo en esta nota y en las próximas.

Cuando se aprobó la universalización del seguro de salud (SEM) con la Ley N° 5349 del 24/09/1973 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32335&nValor3=34110&strTipM=TC ), se trasladó a la CCSS una buena parte del personal del Ministerio de Salud (MS), 22 hospitales nacionales y se le obliga a atender la salud, prácticamente, a toda la población. Solo los programas de atención preventiva de la salud quedaron a cargo de la cartera de salud, según el artículo 6 de dicha ley. Por tal motivo, el MS continuó a cargo de los Programas de Atención Primaria, Ampliado de Inmunizaciones, Cáncer, Tuberculosis, Lepra, Odontología Sanitaria y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, para lo cual el ministerio del ramo continuó con la infraestructura de una parte del personal, 494 puestos de salud y 90 centros de salud, entre otros.

En el año 1993, con la reforma del sector salud impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptada de rodillas por los políticos criollos, se promulgó la Ley N° 7374 del 03/12/1993 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22571&nValor3=23930&strTipM=TC ), la cual ordenó al Gobierno en su artículo 5, pagar en efectivo todas las obligaciones pendientes (hasta 1993) con la CCSS en un plazo de cuatro años y seguir pagándole en efectivo las obligaciones futuras a partir de 1997. Se cumplió aquello que dice: El papel aguanta lo que le pongan cuando la corrupción es la que gobierna, porque eso fue el disimulo para iniciar uno de los huecos más grandes contra la CCSS y sus cotizantes. Una vez puesta la primera piedra de la obra se impone el artículo 7 para el traslado a la CCSS de los programas antes citados que estaban a cargo del MS y los centros y puestos de salud, motivo por el cual, no solo se derogó el artículo 6 de la Ley N° 5349, sino que en el artículo 8 se autorizó el traslado a la CCSS del personal del MS que estaba a cargo de esos programas. Simulando el derecho a la salud de todos los habitantes, se ordenó a la CCSS “continuar con el proceso de universalización” y “lograr su fortalecimiento, su administración y la prestación integral de ellos”, lo cual significaba para la Caja aumento de inversiones y gastos en adición al costo de la planilla de trabajadores que se trasladó.

La Ley N° 5349, dispone, por otra parte, en su artículo 1 que “La Caja Costarricense de Seguro Social no podrá aceptar ningún traspaso mientras no se le fijen las rentas suficientes para atender el servicio médico a los no asegurados”. Por tal motivo la Ley N° 7374 dispuso en su artículo 9 lo siguiente:

“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”

Sin embargo, nuevamente la corrupción y el tráfico de influencias entraron en acción, ya que durante muchos años de vigencia de la Ley N° 7374, los burócratas y políticos de la CCSS facturaron anualmente a sus camaradas del MH solamente una pequeña fracción del nuevo costo asumido por la Caja; pero sus camaradas no aceptaron la dadivosa bicoca porque ellos pretendían una fracción más pequeña, logrando que transcurrieran más de 25 años sin pagar y sin tomar las “previsiones presupuestarias” que ordena el artículo 9 citado, atenidos, al fin y al cabo, a que la maraña de leyes nunca serian entendida por el pueblo y que la prima duplicada del 15% o más que pagan los trabajadores asalariados al SEM desde el año 1982, alcanzaría para cubrir ese nuevo costo, e incluso, sobraría para acceder a otros mega engaños que se abordarán en otro próximo artículo.

La Asamblea Legislativa, donde por años se aparentó un supuesto debate de ideas (prácticamente inexistente hoy con el “gobierno de unidad nacional” del PAC, PLN, PUSC y un pequeño séquito) tiene responsabilidad, porque para aceptar imposiciones extranjeras simplemente ordenó a Hacienda, sin definir la fuente permanente de los recursos; urgía someterse cuanto antes al FMI, aunque a decir verdad, esto tampoco hubiese sido garantía, pues los dineros ordenados por el artículo 7 de la Ley N° 5349 tampoco llegaron a la Caja. ¿Qué se hicieron esas rentas e ingresos? ¿Dónde están las rentas específicas creadas a favor de la CCSS por el Estado ahí ordenadas? ¿Dónde están esos estudios conjuntos de la Caja y el Ministerio de Salud ahí también ordenados? ¡Sí usted conoce esos estudios, hágale un favor al país, díganos dónde ubicarlos!

Todo lo tenían fríamente calculado para que a la CCSS no le llegaran nuevos recursos. En la página numerada como 53 de la “Memoria del MS 1994” (http://www.asamblea.go.cr/sd/memoriasgobierno/forms/allitems.aspx ) los políticos establecieron que uno de los objetivos de la reforma del sector salud era el “Fortalecimiento Institucional de la CCSS”, con la condición de que la Caja debía “velar por que los servicios que se suministren se ajusten a los recursos disponibles, provenientes de las obligaciones que el Estado, patronos y trabajadores destinen a cada seguro” (página 55). Más claro no canta un gallo.

En los gráficos siguientes se muestra la cantidad de trabajadores y los gastos del MS y la CCSS, usando como fuente las memorias del MS y la página web de la CCSS, entre otras. Los costos del MS corresponden a los asociados con el presupuesto vinculado.

Por ejemplo, en los años 1994, 2000 y 2017, las cantidades de empelados del MS fueron 6.465; 3.864 y 4.914; con reducciones de 2.581 y 1.551 en 2000 y 2017, respecto del dato de 1994. El gasto sobre el PIB pasó de 0,51% a 0,31% en 2000 y a 0,24% en 2017. En la CCSS la cantidad de empleados fueron 27.305; 31.381 y 55.878 en esos años; es decir, en 2017 la cantidad duplicó la que había en 1994. En el caso de los costos sobre el PIB los valores fueron 4,48%; 4,63% y 5,86% en esos años, respectivamente.

Los “maquillistas de oficio”- nadie los conoce pero que de lejos se nota son inexpertos en guarismo –al determinar el monto de las nuevas obligaciones asumidas por la Caja, pretendieron meter gato por liebre a los asegurados (https://neumoexpertos.org/2018/12/03/que-no-te-den-gato-por-liebre-a-proposito-de-una-tribuna/), pues lo estimaron como el 80% del costo de la planilla de 1.515 funcionarios del MS trasladados a la CCSS, más un 30,58% de cargas sociales. “Nadie sabe” los motivos para incluir solo el 80%. Ese “modelo” era tan bueno para el Gobierno que mantenía las 1.515 plazas fijas hasta el fin de los tiempos, con la posibilidad de que, si nadie escudriñaba, a medida que los trabajadores trasladados ya no estuvieran en alguna de esas plazas, entonces se cobraría por los que hubiera. Como este mundo es tan pequeño, se logró escudriñar que ya en el año 2008 solo se cobraba por 1.200 plazas. La perfección del disfraz era tal, que tampoco consideraba costos por servicios no personales, compra de medicamentos, inversiones en ebais, etc. Ni se incluían costos del período 1994-1997. Era un traje a la medida.

En el proceso de la demanda del diputado Villalta, la CCSS y Hacienda trataron de maquillar un poco más al gato con pimienta y comino para que su carne tuviera sabor a liebre, agregando unos recargos por servicios no personales; pero dejando fija la cantidad de plazas en 1.515 y, excluyendo grandes costos de inversión que tuvo la CCSS, así como medicamentos, equipos, etc.; es decir, en el fondo siempre el asegurado comería gato por liebre y Hacienda “caviar marinado”. Para ello elaboraron un “Prospecto de Programas Trasladados del Ministerio de Salud a la CCSS y Propuesta de metodología de estimación de costos complementarios al recurso humano trasladado”. Aunque el MH quería más, decía que cuando todos los trabajadores trasladados fallecieran, se pensionaran o renunciaran, el costo sería nulo. Incluso, era de la tesis que la CCSS solo podía cobrar los costos de 1994 a 1997, para lo cual también tenían un proyecto de interpretación auténtica que sería enviado a la Asamblea Legislativa.

Según los datos de la CCSS, en el año 2014 el gato disfrazado de conejo era equivalente a ₡413.384,79 millones, desglosados como la suma de ₡193.822,48 de las 1.200 plazas hasta 2008; ₡37.553,93 millones de las restantes 350 plazas “olvidadas” hasta 2008 y ₡182.008,38 millones para que el gato tuviera mejor sabor. Ver certificación en:

https://drive.google.com/file/d/1o8wTjWHpRf3mWd83hCz9ThTdBqw-2cG_/view?usp=sharing

Al 30 de junio de 2020 la CCSS tenía una cuenta contabilizada por cobrar al Estado por un monto total de ₡1,9 Billones, de los cuales ₡0,3 Billones eran del IVM y ₡1,6 Billones del SEM. Dentro de estos ₡1,6 Billones aparece el gato disfrazado por un monto de ₡484,3 mil millones, como se muestra en el anexo del oficio GF-DFC-1828-2020 del 31/7/2020; los restantes ₡1,12 Billones son por otros conceptos.

Ver: https://drive.google.com/file/d/1PQA8UOlkOJqH5wZTxO-QsSGE5slH_bwF/view?usp=sharing

La sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 13-006261-1027-CA) no estableció el monto de la deuda del Estado del artículo 9 de la Ley N° 7374, solamente resolvió

“(…) En consecuencia se acoge parcialmente la demanda establecida por el actor José María Villalta Flores-Estrada contra el Estado, y se condena al Ministerio de Hacienda a cesar en la conducta omisiva y cumplir con la obligación establecida en la Ley N° 7374. A efecto de hacer posible el traslado de los fondos debidos a partir de la firmeza de ese fallo, se dimensiona esta sentencia para que en etapa de ejecución de sentencia y en un plazo máximo de cinco meses el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto que se deberá trasladar de forma mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al Seguro de Enfermedad y Maternidad, originados en la omisión, los cuales serán fijados también en etapa de ejecución de sentencia. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFIQUESE.”

Sin embargo, en la etapa deliberativa, la CCSS presentó al gato disfrazado de conejo, como puede verse en los ítems 29 al 34 del “RESULTANDO” de la sentencia, páginas 28 a la 34. Ver:

https://drive.google.com/file/d/1x5JEFF5uKny9PB0anoHhD-FGVMjaztyG/view?usp=sharing

El representante del Estado no estuvo de acuerdo con el Tribunal- recordemos los objetivos en la “Memoria del MS 1994”– por lo que presentó apelación. La Sala Primera dispuso en la resolución Nº 00197-2018: “Se declara sin lugar el recurso promovido por el representante de Estado, quien deberá sufragar sus propias costas.” Ver:

https://drive.google.com/file/d/1qXxy9WjUSOh5TvGahuWAS_8FkT88sfwt/view?usp=sharing

Ahora la gente puesta por los partidos políticos dentro de la CCSS presenta para liquidación de sentencia al posible conejo real, ya viejo y con cataratas en los ojos de tantos años de espera, con un bolso gigante para recoger ₡5,93 Billones, en lugar del gatillo flaco maquillado que estaba asentado en los estados financieros con que quisieron engañar a los trabajadores. Esta liebre, es solamente por la deuda del artículo 9 de la Ley N° 7374, un auténtico dinosauro; es decir, no incluye la deuda de ₡1,12 Billones del SEM de otros conceptos, ni la de ₡0,3 Billones del IVM, por lo que, si los jueces no le dan “chiquitolina” al dinosaurio, el monto de la deuda estatal no negociada subiría a ₡7,35 Billones (5,93 + 1,12 + 0,3). Caso contrario, hasta nos podrían recetar de nuevo el gato, incluso más empapelado y con más pulgas que carne.

Llama la atención que dentro de los ₡5,9 Billones de pretensión, se incluyen solamente ₡1,8 Billones de intereses – 46% del principal – usando “la tasa básica pasiva promedio anual” y posiblemente el interés simple. Considerando que la Caja normalmente obtiene en sus inversiones rendimientos reales superiores a un 4%, lo anterior nos conduce a que el mega hueco podría ser superior al monto pretendido. La niña “Pochita” dando su clase de matemática explica que si al principal de ₡3,9 Billones reclamado judicialmente se le incluyera un rendimiento real de interés de 4%, el dinosaurio de ₡5.93 Billones se elevaría con creces al tamaño de una ballena de más de ₡8,5 Billones; ya que como el principal, sigue explicando la “Pochita”, es una deuda de largo plazo, lo esperado es que los rendimientos superen el monto del principal, tomando en cuenta que la tasa de inflación anual promedio de 1994 a 2019 fue 8,7%; pero en el período 1994-2008 rondó el 12,8%. Niños, fíjense, les explicaba la maestra, por ejemplo, ₡1 de diciembre de 1993 vale hoy ₡8,5, tomando en cuenta solo el efecto inflacionario; pero al agregarle el 4% real el valor ahora sería ₡23,5.

La parte positiva; pero dolorosa de este apestoso mega hueco presupuestario urdido por la clase política, es que deja en evidencia el doble discurso y la doble moral con que una vez y otras también, actuó para llevar a la quiebra al IVM, al mejor estilo de Chile de Pinochet y Piñera o del de México de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox o Peña Nieto, una verdadera escuela de disimuladores del “progreso” y “modernización” de sus países.

¿Por qué para la ejecución de sentencia los políticos de la Caja presentaron la liebre gigante en lugar del gato con artritis? ¿Por qué la FGR no ha hecho nada para responsabilizar penal o administrativamente a quienes maquillaron y jugaron con las finanzas de la Caja? ¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la Fiscala General en relación con el cumplimiento de sus deberes?

Nos referiremos en próximas entregas, esperando que el gato siga vivo.

Hablemos de IVM – Parte I

Escrito en 01/09/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López

Los políticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están llamando a los sectores sociales para “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Ver https://semanariouniversidad.com/pais/ccss-iniciara-dialogo-sobre-ivm-con-sectores-sociales/.

Mi tesis es que tanto los políticos de la Junta Directiva de la Caja como los políticos que nos han gobernado -PLN, PAC, PUSC- son los responsables directos de la quiebra de IVM. Digo quiebra o bancarrota del IVM aunque el término no le agrade al representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217202301706407&id=1136685301). Ello a pesar de que el mismo informe actuarial de la CCSS señala: “El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el período de 100 años bajo estudio)”. Ver https://www.supen.fi.cr/PortalSUPEN-TemaPrincipal-theme/visor/web/viewer.html?file=/documents/10179/20292/RIVM-CCSS+con+corte+al+31+de+diciembre+2018.

¿Y si no fuese que IVM está en vísperas de la bancarrota, por qué llamar de urgencia a reformar el IVM? Don Mario Devandas -al igual que la Sra. Martha Elena Rodríguez González del Sindicato UNDECA de la CCSS– parece no querer aceptar la idea de que los políticos de este país llevaron al IVM a la quiebra, al igual que lo hicieron con el régimen de pensiones de los maestros. Doña María Elena desea que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les presente otra vez un estudio actuarial que les diga que el IVM está como quinceañero con plata, como aquel maquillaje que hizo esa organización en el año 2009. Pero la realidad es otra, es dura y hay que aceptarla; lo cual no significa liberar de responsabilidad a quienes quebraron al IVM, ni tampoco que por eso sus administradores tengan luz verde para que hagan lo que sea para equilibrarlo.

Entre las reformas más importantes que plantean los políticos de la CCSS están aumentar las edades de retiro, utilizar todos los salarios cotizados para calcular la base de referencia, reducir el porcentaje de beneficio básico, no reponer el 100% de la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones y aumentar las tasas de cotización. Casi todas esas medidas producirían menores beneficios, ya sea porque el monto de la pensión será menor o porque se tendrá que disfrutar durante un menor tiempo; pero, en cualquier caso, a un costo mayor al de hoy. Por eso uno de los principales aspectos que debe ser abordado, es el análisis de los beneficios que hoy se ofrecen. Al respecto el último informe actuarial realizado por la CCSS es sumamente deficiente, lo único que muestra es la cantidad de pensiones según riesgo y el monto de la pensión promedio (Ver Cuadros N° 7 y N° 8 de la página 30 del informe actuarial arriba indicado). Por tal motivo considero que es necesario que la CCSS entregue a los sectores sociales las bases de datos necesarias para realizar mediciones independientes sobre este y otros asuntos.

En aras de mostrar la importancia de que las tasas de reemplazo y en general la suficiencia de los montos de las pensiones se analicen profundamente, presento a continuación la planilla de pensionados de la CCSS al 31 de diciembre de 2015, ajustando los montos de las pensiones por costo de vida de diciembre de 2015 a julio de 2020 y por aumento en salarios, entre otros, con ayuda de los datos del Cuadro I-7 disponible en https://www.ccss.sa.cr/arc/estadisticas/actuarial/69/2019/I-07_2019.zip. En el caso de muerte lo que muestro corresponde al monto de la pensión que resulta sumando todos los montos de pensión de los beneficiarios del fallecido. En diciembre de 2015 el IVM tenía 216.790 pensiones en curso de pago con un monto global de pensión promedio de 250.235 colones; la estimada para el colectivo actual rondaría los 281.000 colones. Las distribuciones según monto de pensión se presentan en el gráfico adjunto, el cual incluye la tabla con la distribución relativa acumulada para cada riesgo (invalidez, vejez, muerte y total). Los montos de las pensiones de IVM son, en mi opinión, sumamente bajas ¿O usted cree que no y que aún se deben reducir más, como pretenden los políticos y administradores de IVM en la CCSS?

En mi apreciación con base en esta estimación, en muchos casos los montos de pensión de IVM no satisfacen las necesidades básicas de quienes las reciben. Por ejemplo, en el caso de invalidez el 63% de las pensiones tienen montos menores o iguales a 150.000 colones; un 39% en caso de vejez; un 72% en muerte y un 53,4% en el total de pensiones. Cerca de un 90% de este 53,4% -que podrían ser unas 130 mil pensiones en la actualidad- estaría recibiendo una pensión mínima de 137.000 colones. Si tomamos como referencia el monto de 300 mil colones, que es próximo al salario mínimo actual, tendríamos que el 87,5% de los montos de las pensiones de invalidez son menores o iguales a dicho monto; 65% de las pensiones en caso de vejez; 90,1% en caso de muerte (causantes) y 77% del total. Obviamente que para medir la suficiencia o insuficiencia de los beneficios no basta con ver solo estos valores; sino que es necesario analizar también los gastos y otros ingresos que tienen los beneficiarios de IVM, entre otras variables, lo cual no abordo aquí; pero sin duda considero que formará parte del proceso que se avecina, de tal forma que se elimine cualquier subjetividad de mi parte en esta nota.

Conforme a lo mostrado con este ejercicio, considero que es obvio que para cualquier negociación que se pretenda, resulta imprescindible contar con los datos más recientes del año 2020, tomando en cuenta que en la actualidad el IVM tiene cerca de 280.000 pensionados causantes o 300.000 beneficiarios y es necesario conocer la distribución real de los montos de las pensiones de IVM en la actualidad. Por supuesto que también es necesaria mucha otra información no indicada en esta nota.

Creo que la definición de la quiebra de IVM no la podemos reducir al momento en que ya no se pueda pagar el 100% de los beneficios. También debemos tomar en cuenta si los beneficios que hoy se ofrecen satisfacen adecuadamente las necesidades de sus pensionados y si el nivel de la reserva actual es el que previeron los actuarios y los legisladores cuando crearon el IVM en la Ley Constitutiva de la CCSS. Porque esa ley creó un régimen de capitalización colectiva, no un régimen de reparto como el que decidieron crear los políticos de la CCSS sin reformar dicha ley, camuflando la quiebra del IVM con el llamado modelo de primas escalonadas, que de tal queda casi nada, pues cada tres años cambiarán la prima y la reserva es básicamente de contingencias, pues no es ni 2,5 veces el gasto anual de las pensiones en curso de pago; mientras que la esperanza de vida promedio de los pensionados ronda los 18 años. Y para los 1,5 millones de asegurados activos cotizantes de IVM los políticos de la CCSS no tienen en reserva ni un centavo.

Veámoslo así. En el informe actuarial de IVM arriba citado dice que se requiere una prima de 24,5% sobre los salarios a partir de enero de 2019 para que IVM esté equilibrado actuarialmente. También se ha informado que la CCSS pretende subir los aportes sobre los salarios hasta un 15% (https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/1033905-330/costa-rica-estudian-fuerte-aumento-de-cuotas-de-ccss). Si ese aumento hubiese sido a partir de enero de 2019, entonces el déficit de reserva que le produjeron al IVM es equivalente a 24,5% – 15% = 9,5% sobre los salarios, lo cual equivale a 75 billones de colones en valor presente. Transcurrieron 60 años y los políticos no variaron la prima de 7,5% sobre los salarios de IVM, a pesar de que la esperanza de vida al nacer aumentó de 55 años a 80 años desde hace más de 40 años. Ahora pretenden pasarle la factura a los trabajadores y pensionados aduciendo que todo es responsabilidad del cambio demográfico; pero, repito, no hicieron nada con la prima durante 60 años cuando ya conocían las proyecciones demográficas; desde 1970 sabían que la esperanza de vida había aumentado y que las tasas de natalidad y fecundidad se estaban reduciendo, como lo corroboraron en décadas posteriores, sin que movieran la tarifa de 7,5% para evitar la quiebra de IVM. Y lo más irracional es pretender ahora una reforma sin transitorios superiores al mínimo de 18 meses que ordena la Sala Constitucional. En mi criterio, tanta irresponsabilidad en la gestión de IVM no la deberían asumir los asegurados de IVM. ¿Usted qué opina?

Políticas de austericidio

Escrito en 18/08/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.

El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.

Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.

Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.

Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.

BUSSCO: Futuro de IVM de la CCSS debe revisarse con diálogo participativo

Escrito en 02/08/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:

Señores y señoras
Román Macaya Hayes
María de los Ángeles Solís Umaña
Fabiola Abarca Jiménez
Marielos Alfaro Murillo
Christian Steinvorth Steffen
Bernal Aragón Barquero
José Luis Loría Chaves
Maritza Jiménez Aguilar
Mario Devandas Brenes
Junta Directiva
CCSS

Estimados (as) señores (as):

El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.

Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.

Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.

Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.

Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales

En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.

La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.

Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.

Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”

Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.

Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.

Reforma del 2017

En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.

Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.

También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.

Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe

Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.

Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”

Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.

Las reformas propuestas

Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.

Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:

Las propuestas para todos los trabajadores del país

Plan 1	– Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2	– Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3	– Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado

Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.

Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.

2.- Disminuir el monto de las pensiones

a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia

En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.

La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.

b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.

El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.

La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.

Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.

3.- Aumento de las contribuciones

Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.

4.- Reducción de la cuantía adicional

El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.

Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.

La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.

Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:

En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.

Sin otro particular, suscribe atentamente,

P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.

Martha Elena Rodríguez González.
Secretaria General Adjunta UNDECA.
Comisión Política, BUSSCO.

Copias:

Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica.
Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT.
Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.MTSS
Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU
Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS.
Movimiento sindical y Social.
Trabajadores y trabajadoras.
Archivo.

Foto: Semanario Universidad.

Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas – webinario

Escrito en 18/07/2020. Publicado en Agua, Madre Tierra.

Este lunes 20 de julio a las 3 de la tarde se realizará el webinario Otras voces sobre la propuesta de ley de aguas.

La transmisión será mediante los espacios de Facebook de Bloque Verde y de Kioscos Socioambientales.

Es una actividad organizada por Ríos Vivos, Kioscos Socioambientales, FECON y Bloque Verde. Participarán Angélica Alvarado, Álvaro Sagot, Dany Villalobos y Valeria Montoya quien será la moderadora.

Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

Escrito en 09/07/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

Pronunciamiento:
5 de Julio, 2020.
Interinazgo en la Universidad de Costa Rica:
Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

La Universidad de Costa Rica como lo señala el Estatuto Orgánico es una institución democrática de educación superior y cultura, benemérita de la patria, la cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por participar en la construcción de una Costa Rica solidaria y humanista, principios que acompañan sus actividades sustantivas y se fomentan en la vida universitaria.

Sin embargo se ha actuado de forma negligente hacia las personas funcionarias en condición de interinazgo durante décadas, provocando desigualdad salarial, vulneración de sus derechos laborales y que más de la mitad del personal docente contratado se encuentre en esta condición.

Esta desigualdad histórica no ha sido resuelta por ninguna administración de forma definitiva generando afectaciones negativas en la salud y desarrollo vital de personas funcionarias, así como en la calidad educativa y desarrollo institucional, ya que la mayoría de sus docentes tienen que realizar sus funciones sin la posibilidad de tener una estabilidad laboral que les permita un avance continuo de sus labores, y una vida digna. Para poner un ejemplo, a las personas docentes interinas se les contrata durante los ciclos lectivos, esto quiere decir siete meses exclusivamente, así ellas y ellos deben asumir sin pago los costos de la actualización, diseño y propuesta de cursos, aspecto que a todas luces es, no solo un atropello a los derechos laborales sino también una forma de desincentivar el desarrollo de calidad y excelencia de la labor docente que la institución dice promover, dejándolo sujeto a iniciativas individuales que muchas veces riñen con la salud física y mental del personal. Cabe mencionar que en la crisis por COVID-19 esto se ha agudizado, pues además de aumentar las horas de trabajo, la condición de trabajo a remoto ha implicado un incremento en los gastos relacionados con luz, internet, acceso a plataformas digitales, entre otros costos que recaen sobre el personal docente.

Es una práctica común que la institución celebre logros institucionales como los avances en rankings internacionales o la enorme cantidad de proyectos de Acción Social e Investigación que desarrolla la universidad en todo el territorio nacional, o que hable de internacionalización, pero no se hace reconocimiento público del aporte de las personas interinas que impulsan y construyen las actividades sustantivas con la calidad y rigurosidad que se exige.

Por otro lado, es fundamental que las personas subcontratadas para labores de limpieza tengan condiciones dignas y se les asegure su permanencia laboral, en tanto el despido se suma a los niveles de pobreza y exclusión en el país.

La Universidad de Costa Rica, en aras de ser consistente en materia de Derechos Humanos, debe realizar acciones efectivas y diligentes para proteger a todas las personas interinas y modificar las formas de contratación de este personal, siendo urgente en este período de pandemia por el COVID 19.

Por ello exigimos:

Que la administración universitaria asegure que ninguna persona interina será cesada durante el periodo de la pandemia, priorizando la inclusión, la vida y el derecho al trabajo.
Que la administración universitaria tome acciones para consolidar el nombramiento continuo que establezca como criterio prioritario el nombramiento de personal interino existente y sea de acatamiento por las unidades académicas, garantizando el ingreso a plazas en propiedad mediante concursos justos y en equidad de condiciones.
Que la administración universitaria inicie un proceso de reformas al Estatuto Orgánico y reglamentos para que se instaure el voto universal en la Universidad de Costa Rica, que incluya a todas y todos los funcionarios (interinos y en propiedad) así como estudiantes, esto como una acción afirmativa hacia la democratización de las decisiones dentro de la institución.
Que la administración universitaria gire directrices claras a las Oficinas de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Planificación Universitaria con acciones para proteger a todo el personal interino y tercerizado de la institución.
Que las Asambleas de las Escuelas y los Consejos Científicos de las Unidades de Investigación inicien acciones para proteger a todo el personal interino, así como la realización de concursos justos y en equidad de condiciones.
Que se inicien acciones para generar dentro de la Universidad de Costa Rica una reforma progresiva y solidaria de los esquemas de remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.
Que las candidaturas a la rectoría se pronuncien lo antes posible con las acciones concretas que van a tomar para proteger al personal interino y tercerizado.
Que la actual administración del SINDEU termine con sus acciones anti sindicales que desprestigian la lucha trabajadora, y apoye a las personas funcionarias interinas para organizarse como Seccional.
Que la Comunidad Universitaria inicie las discusiones respecto a las condiciones laborales del personal de la institución con énfasis en el personal en las condiciones más vulnerables (interinos y tercerizados) para revisar y cambiar en una reforma progresiva y solidaria los esquemas de contratación y remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.

Firman,

Carmen Caamaño Morúa, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Adriana Rodríguez Fernández, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Lucía Molina Fallas, Escuela de Psicología.
Andrés Dinartes Bogantes, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Alexia Ugalde Quesada, Maestría en Psicología Comunitaria y Sede de Occidente.
Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología.
Ruthman Moreira Chavarría, Escuela de Psicología.
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación.
Adriana Maroto Vargas, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Jorge Esteban Prado Calderón, Escuela de Psicología.
Miguel Márquez Cueva, Sede de Guanacaste.
Kira Schroeder Leiva, Escuela de Psicología.
Andrés Cambronero Rodríguez, Docente interino.
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología.
Jimena Escalante Meza, Escuela de Psicología.
Ana Sanabria Villalobos, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de Representación estudiantil CRE y Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Mauricio Álvarez Mora, Programa Kioscos Socioambientales.
Gustavo Jiménez Barboza, Escuela de Sociología, Escuela de Formación Docente e Instituto de Investigaciones Sociales.
Santiago Navarro Cerdas, Escuela de Psicología.
María José Masís Méndez, Escuela de Psicología
María Andrea Araya Carvajal, Sede de Occidente y Escuela de Psicología.
Gabrielle Herrera Arias, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de representación estudiantil CRE y representante titular ante el Consejo Superior Estudiantil.
Marisol Jara Madrigal, Escuela de Psicología.
Shantal Fallas Ruiz, estudiante Escuela de Psicología. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Nicole Umaña Molina, Consejo de representación estudiantil CRE.
Adela Herrán Rescia, Escuela de Psicología.
Adriana Villalobos Elizondo, Escuela de Psicología.
Kattya Grosser Guillén, Escuela de Psicología.
Maurizia D’ Antoni Fattori, Escuela de Psicología.
Keithlin Aguilar González, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Miguel Granados Rivera, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de
Psicología AEPs.
Laura Álvarez Garro, Escuela de Filosofía y Posgrado en Psicología.
Eduardo Bolaños Mayorga, Escuela de Psicología.
Mikel Quesada Artolozaga, Estudiante Escuela de Psicología.
Teresita Ramellini Centella, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Marvin Amador Guzmán, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mónica Quirós Villalobos, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Paola Brenes Hernández, Sede Occidente y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Roxana Hidalgo Xirinachs, Escuela de Psicología y Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
Laura Chacón Echeverría, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
María del Rocío Murillo Valverde, Escuela de Psicología.
Valeria Dondi Aguilar, Estudiante de Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Vásquez, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Andres Sanabria Zaniboni, Observatorio Bienes Comunes y Programa Kioscos Socioambientales.
Mariana Romero Tortós, Estudiante de la Escuela de Psicología.
Ross Salazar Vargas, Estudiante Facultad de Educación.
Sileny Mena Gómez, Escuela de Psicología.
Vilma Leandro Zuñiga, Escuela de Psicología.
Lucía Rescia Chinchilla, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Fabián Alfaro Rodríguez, estudiante de la Escuela de Psicología.
Fabio Romero Salas, Escuela de Psicología.
Marco E. Carranza Morales, Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología.
Mariela Richmond Vargas, Escuela de Artes Dramáticas.
José Manuel Salas Calvo, Escuela de Psicología. Profesor Emérito.
Mar Fournier Pereira, Escuela de Psicología.
Luisa Ochoa Chaves, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Centro de Investigación en Comunicación.
Jennifer Mora Román, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Roberto Fragomeno Castro, Escuela de Filosofía.
Mariano Fernández Sáenz, Escuela de Psicología y Maestría en Teoría Psicoanalítica.
Sergio Villena Fiengo, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Silvia Azofeifa Ramos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, Sede Rodrigo Facio y Sede Guanacaste.
Heidy Hernández Romero, Escuela de Psicología.
Isis Campos Zeledón, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Rebeca Vaglio Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y de Derecho.
Catalina Arce Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y Escuela de Formación Docente.
Carlos Calderón Herrera, Escuela de Artes Plásticas.
Priscilla Echeverría Alvarado, Escuela de Psicología.
Ignacio Dobles Oropeza, Escuela de Psicología.
Bradly Marín Picado, Escuela de Psicología.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Escuela de Psicología.
Andrés Fernández Ramírez, Estudiante Escuela de Psicología.
Daniela Solís-Rodríguez, Estudiante Maestría Profesional Psicología Comunitaria.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Psicología.
Ginette Sánchez Gutiérrez, Escuela de Psicología y Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
Adriana Vindas González, Escuela de Psicología.
Mirta González Suárez, Escuela de Psicología. Profesora emérita.
Sofía Cortés Sequeira, Recinto de Paraíso, Instituto de Investigaciones Sociales y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Soledad Hernández Carrillo, Escuela de Psicología.
Silvia Camacho Calvo, Posgrado en Psicología.
Doris Céspedes Alvarado, Escuela de Psicología.
Nora Chaves Rodríguez, Estudiante Sede de Occidente. Asociación de Psicología Sede de Occidente (AEPSO).
Valeria Sancho Quirós, Escuela de Psicología.
Marcela León Madrigal, Escuela de Psicología.
Elena Andraus Alfaro, Escuela de Estadística.
Eugenia Boza Oviedo, Escuela de Trabajo Social.
Alejandra Paniagua Bonilla, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente.
Carolina Morales Quirós, Escuela de Matemática.
Mario Salazar Montes, Docente interino.
Damaris García Madriz, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Suhelen Araya Moya, Escuela de Formación Docente.
Amy Hernández Villalobos, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Fernández, Escuela de Psicología.
Mario Soto Rodríguez, Escuela de Psicología.
Romel Brumle Kerr, Sede del Caribe y Sede del Pacífico.
Andrea Molina Ovares, Escuela de Psicología y Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, Sede de Occidente.
Javier Tapia Balladares, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Enyell Valerio Carranza, Estudiante Escuela de Psicología.
Laura Meza Pineda, Estudiante Escuela de Psicología.
Dunnia Flores Santamaria, Escuela de Orientación y Educación Especial.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.
Daniel Chavarría Camacho, Sede del Pacífico.
Milena Castro Mora, Escuela de Estadística.
Elías Natán Jiménez Alvarado, Escuela de Química.
Andrés Vargas Abellán, Estudiante Escuela de Psicología.
Patricia Velásquez Prada, Estudiante Escuela de Psicología.
Sergio Salazar Araya, Escuela de Ciencias Políticas.
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales y Sede de Occidente.
Dylanna Rodríguez Muñoz, Programa Kioscos Socioambientales.
Níoe Víquez Moreno, Escuela de Psicología.
Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales.
Gloriana Rodríguez Corrales, Instituto de Investigaciones Sociales y Radioemisoras UCR.
Zuiri Méndez Benavides, Programa Kioscos Socioambientales.
Elsy Vargas Villalobos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mariechen Wüst Picado, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Benjamín Reyes Fernández, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Luis Rojas Torres, Instituto de Investigaciones Psicológicas.
José Daniel Jiménez Bolaños, Escuela de Historia.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad Cultural Latinoamericana.
Roberto Marín Villalobos, Escuela de Psicología, Posgrado de Psicología y Sede de Occidente.
Ricardo Vargas Durán, Escuela de Estudios Generales.
Catalina Ramirez Vega, Escuela de Psicología.
Eleazar Morales Aguirre, Estudiante Escuela de Psicología.
Marialina Villegas Zúñiga, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Ernesto Aguilar Carvajal, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Roxana Vargas Solano, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Maureen Murillo Rivera, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Sanders Pacheco Araya, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Braulio Solano Rojas, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
María Barboza Gutiérrez, Sede del Pacífico.
Hazel González Araya, Danza Universitaria, Vicerrectoría de Acción Social.
Miguel Regueyra Edelman, Estudiante Escuela de Psicología, Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.

Los Juegos del Hambre: Edición Frontera Norte

Escrito en 12/06/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Los diseñadores del juego no me quieren muerto.
No aún, de cualquier manera.
Juegos del Hambre – Suzanne Collins

Luis Andrés Sanabria Zaniboni*

Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?

Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.

Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.

Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?

Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.

No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.

Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.

Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.

Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.

Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.

Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.

* Ciudadano