UNA Comunica. 17 de octubre. Tras la pandemia, los indicadores relacionados con los mercados laborales en el país han cambiado considerablemente; la vulnerabilidad del empleo se manifestó en una mayor expulsión de personas ocupadas en informalidad, mujeres y personas jóvenes.
Las implicaciones de ello tienen una trascendencia social ineludible, de manera que es preciso leer en detalle los hallazgos de cada trimestre para poder comprender estas nuevas dinámicas. En este artículo se presenta una lectura general sobre datos de empleo y violencia para generar reflexión sobre la necesidad de mirar más allá de la tasa de desempleo y situarse en esas otras dinámicas nacionales que se relacionan con lo que pasa en materia de empleabilidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), si comparamos el trimestre junio-julio-agosto de este año con el mismo período del año anterior, el desempleo ha disminuido 1.9 puntos porcentuales en el caso de los hombres y una cifra asombrosa de 4.5 puntos porcentuales para las mujeres ¿Cómo puede ser esto posible si al mismo tiempo se reporta una salida de 55 mil mujeres de la población ocupada?
La explicación reposa en la forma en cómo se calcula la tasa de desempleo, que es la siguiente: población desempleada/ (población ocupada + población desempleada).
De manera que, si la cantidad de personas ocupadas cae, estaremos dividiendo la población desempleada entre una cantidad menor, por lo cual estamos obteniendo una tasa más baja con respecto a períodos anteriores, sin que ello signifique más empleos a nivel país, en especial, en el caso de las mujeres.
Es imprescindible leer la tasa de desempleo a la par de otros indicadores, como, por ejemplo, la cantidad de población fuera de la fuerza de trabajo (aquella población que no está trabajando en los mercados laborales y que tampoco busca trabajo), la cual, según los datos para el último trimestre móvil junio-julio-agosto, ha aumentado en 206.392 personas en comparación con el mismo período para el año anterior. Es decir, no hay menos personas desempleadas porque hayan encontrado trabajo, sino porque ya no están trabajando ni están buscando un empleo.
Aunado a lo anterior, las estadísticas del INEC (2023) para el II trimestre del año en curso son contundentes. El empleo asalariado es el único que ha repuntado con respecto al mismo período del año anterior (INEC, 2022), con un 2% que no alcanza para resarcir las caídas en las otras posiciones.
Esta situación evidencia, al menos, dos situaciones: i) sigue siendo difícil para los sectores productivos del país generar empleos, pues en un año el empleo asalariado creció tan solo un 2%; ii) para las personas que deciden emprender (ya sea por propia voluntad o porque no encuentran un empleo asalariado) el panorama no está siendo muy alentador, pues en un año la reducción de un 10% es de gran relevancia.
Ahora bien, es importante tener presente que lo que acontece en los mercados laborales determina en gran medida el bienestar de la población, pues los hogares en su mayoría dependen principalmente de los ingresos obtenidos por concepto de sus trabajos. De manera que un panorama en el que hay menos personas trabajando genera condiciones para el deterioro de las condiciones de vida de la población en general.
Con respecto a la violencia, las personas de escasos recursos y escasa escolaridad poseen una mayor vulnerabilidad a ser absorbidas por bandas criminales; por ejemplo, en el caso de Puntarenas, las estadísticas de empleo indican que la población ocupada se ha reducido en un 3% (3.269 personas ocupadas menos) entre el segundo trimestre del 2022 y el segundo trimestre del 2023, período en el que hay 11.773 personas más que no trabajan ni buscan empleo.
Pese a que no se trata en este espacio de establecer un análisis de causalidad, entre desempleo y violencia, es importante leer estos datos a la luz del crecimiento en la cantidad de homicidios en este espacio, en el que de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha incrementado la cantidad de estos en un 35% con respecto al año anterior, por lo que cobra relevancia lo planteado por Villalobos, Peraza y Rodríguez en su escrito “Puntarenas análisis sociodemográfico y criminológico del cantón central”: “las posibles causas de la incidencia criminal en Puntarenas varían, sin embargo, se encuentran algunos puntos de acuerdo en temas como la falta de fuentes de empleo, las pocas opciones de escolarización y el consumo/venta de drogas” (p.51).
Por su parte, a nivel nacional las estadísticas del OIJ del 2023 dan cuenta de un incremento importante en la violencia en el país, pues, la cantidad de homicidios en lo que va del año ha aumentado un 42% si se le compara con el año anterior. Lo lamentable es que se ha duplicado la cantidad de personas menores de edad asesinadas por ajuste de cuentas o venganza, y son personas que por su edad tendrían que estar estudiando y custodiadas por sus padres o personas responsables.
Por lo anterior, los indicadores en materia de empleo trascienden la visión macroeconómica y de crecimiento económico, pues en realidad sostienen un complejo metabolismo social y determinan las condiciones de vida de la población; esto es, el trabajo como actividad organizadora de la vida. Por lo cual, la reducción en la cantidad de personas ocupadas requiere con urgencia de acciones focalizadas que tomen en cuenta que, en materia de empleo, la educación es la herramienta por excelencia.
Apremia la necesidad de contar con programas de tecnificación con enfoque territorial dirigidos a segmentos de población específica, como lo son las personas jóvenes, cuyo enfoque sea la promoción del fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para elevar su empleabilidad en puestos de calidad, que permita protegerles ante vulnerabilidades sociales.
La buena noticia es que la institucionalidad pública existe: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una amplia capacidad de ofrecer carreras técnicas de seis meses a dos años, además de la presencia en una gran cantidad de territorios, lo cual es una oportunidad por aprovechar, por lo que está en las manos del Estado y sus autoridades articular lo que competa para cumplir con las responsabilidades de sus cargos.
(*) La autora de este artículo es economista, Master Scientae en Estudios Latinoamericanos con Énfasis en Cultura y Desarrollo, profesora e investigadora de la Escuela de Economía, donde coordina el proyecto Trabajo y Crisis: aportes desde una Economía Política Crítica Heterodoxa para la vida.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.
En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.
Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.
En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).
Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.
Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.
“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.
No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.
En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.
Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.
En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.
Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.
Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.
“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.
La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.
Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.
En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.
Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.
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General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.
II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.
Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.
El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.
Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.
En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.
En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada.Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.
A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.
En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.
Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.
El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.
“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
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PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
1.1 La situación social en Costa Rica se sigue agravando. Algunos de los indicadores que muestran esta situación de crisis, son: desempleo, subempleo, pobreza, deterioro de los servicios sociales y delincuencia.
1.2 De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, al 4 de mayo de 2023, la tasa de desempleo estaba afectando al 10,6% de la población económicamente activa (PEA).
1.3 Por su parte, el subempleo, es decir, trabajos mal pagados y de baja calidad, en esa misma fecha, mayo 2023, llegaba al 7%.
1.4 El Ministerio de Trabajo ha valorado de manera positiva las nuevas mediciones del empleo y el subempleo expresando que hay una tendencia a la baja. Pero el Colegio de Economistas ha planteado que si bien se está llegando a los niveles pre pandemia, esto no es para celebrarlo ya que en ese momento las cifras eran altas, a este fenómeno, este Colegio, lo denomina, “desempleo estructural”. El desempleo y el subempleo afecta especialmente a personas jóvenes, mujeres y personas mayores. Algunos analistas, igualmente, han señalado que las cifras actualizadas de desempleo y subempleo son mayores a estas actualizaciones ya que recientemente se registra una disminución de personas que buscan empleo vía desmotivación, razón por la cual, no es que ha bajado el desempleo, si no que menos personas buscan trabajo.
1.5 En cuanto a situación de pobreza esta se situaba en diciembre del 2022 en un 25%, superando en tres puntos porcentuales, las cifras pre pandemia. La pobreza extrema pasó de un 6% a un 8% entre mayo 2022 y abril 2023.
1.6 En lo que respecta a servicios públicos tales como salud, educación, vivienda, la situación se viene agravando día con día. El tema de las listas de espera no se resuelve. Igualmente se ha paralizado el plan de construcciones de nueva infraestructura afectando la construcción de nuevos hospitales tales son los casos de Limón y Cartago. A la educación se le viene bajando el presupuesto. El presidente Chaves ha dicho que a su parecer el 8% del PIB para educación él lo ve como una política populista. En Vivienda, de acuerdo con una noticia de La Nación del 19 de junio del 2023: “La cantidad de bonos de vivienda formalizados en el 2022 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tocó un mínimo que no se veía desde 1999, cuando se otorgaron 6.621 de estos beneficios; mientras que el monto total colocado registró dos años consecutivos en caída, con una cifra que no se veía desde el 2015.”
1.7 Finalmente, como corolario de esta situación muy regresiva de la sociedad costarricense se registra un incremento sostenido de la criminalidad, apareciendo o profundizándose fenómenos como el sicariato, el narcomenudeo, los feminicidios, los homicidios, entre otros graves problemas. De acuerdo con una nota de Delfino CR del 3 de mayo del 2023: “El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este miércoles que Costa Rica ya alcanzó la cifra de 300 homicidios, es decir, ha registrado en promedio 2.4 homicidios al día. Cada mes del año 2023 ha roto hasta ahora el récord de homicidios de su par del año previo. A la fecha, las cifras superan por 93 a la cantidad de homicidios registrada en el mismo lapso durante el 2022 (207), año que cerró con el número más alto de homicidios en la historia del país con 656. Además, es alarmante que entre el 2012 y 2022 se registran 257 feminicidios y solo en los primeros días de enero 2023, 10 mujeres son asesinadas.
2. Situación política
2.1 El gobierno se ha debilitado, pero sigue siendo fuerte. De acuerdo con el CIEP de la UCR, según su encuesta de abril del 2023, se constata una tendencia a la caída de las opiniones positivas en el desempeño de Chaves en tanto presidente de la República. De modo que, entre noviembre del 2022 y abril del 2023, perdió 5% de opiniones positivas, situándose en un 60% de opiniones positivas.
No obstante, el apoyo a Chaves sigue siendo muy importante, es decir, casi dos terceras partes de la población sigue respaldando su gestión. Otros datos a tener en cuenta son los suministrados por el Observatorio de Comunicación Digital de la U. Latina, en el sentido de que las opiniones positivas hacia Chaves en redes pasaron de un 65,3% en junio del 2022 a un 32.7% en mayo del 2023. Tanto el estudio de la UCR como el de la UL constituyen mediciones de opinión pública.
2.2 El otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de las luchas sociales o movimientos sociales. Algunos de los movimientos sucedidos en los últimos meses son: el 19 de abril hubo concentración frente a Casa presidencial y piquetes en ruta 32 convocados por el Bloque de Vivienda para exigir al ministro de Hacienda que le pague al BANHVI los 10.000 millones de colones que forman parte del Presupuesto Nacional y se archive proyecto 23.450, debe indicarse que se están perdiendo 1.300 viviendas del bono ordinario”;marcha de los agricultores en San José el 29 de marzo, lucha por asfaltado ruta 811 donde comunidades aledañas se unen para incidir en las autoridades municipales y gestionar comunicación directa con el gobierno; manifestaciones con bloqueos y piquete de apoyo en el Ministerio de Hacienda del pueblo limonense el 1º de junio, por un conjunto de peticiones desde indemnizaciones para los ex muelleros hasta la lucha por restituir al Banhvi los 10 mil millones recortados; huelga de las(os) trabajadoras(es) de la CCSS el día jueves 8 de junio, y, finalmente la manifestación del sector educativo el día 20 de junio. Han sido movimientos importantes puesto que muestran una cierta respuesta desde el campo de las luchas. Pero generalmente han sido movimientos fragmentarios con escasa articulación entre diferentes movimientos sociales. Parece que hay una tendencia al ascenso de las luchas, pero por el momento no se consolida.
2.3 El movimiento indígena merece una mención específica. La lucha por la tierra, específicamente, las recuperaciones de tierra han sido una constante en los últimos años. En algunos de los territorios indígenas del sur del país, tales son los casos de Salitre, Térraba, China Kichá y Cabagra se han dado importantísimos procesos de recuperación de tierras. Los colonos y finqueros han realizado intentos de volver a tomar lo que consideran sus tierras, pero la férrea resistencia lo ha impedido. Muy importante es señalar la condena del asesino de Jerhy Rivera en el juicio que finalizó el 1º de febrero del 2023, condenando a 22 años de cárcel al asesino de este dirigente indígena. El movimiento indígena está en momentos de fuerza y recuperación. Sería muy importante avanzar en articulación de este movimiento con otros movimientos sociales y políticos del país en la perspectiva de la articulación y la hegemonía obrera, trabajadora, mujeres, indígena, campesina y popular.
2.4 El llamado a la huelga por parte de los sindicatos del sector salud para el 5 de julio del 2023. Esta huelga podría ser muy importante ya que se da en un nuevo contexto político de la CCSS y de deterioro del gobierno de Chaves. En concreto, la resolución de la Sala IV en el sentido de que la medida ejecutada por el gobierno de destitución de la anterior Junta Directiva es inconstitucional, resolviendo esté órgano, la restitución inmediata de la representante sindical y el representante cooperativista. De manera que, es de esperar que esta huelga se produzca en el marco de un salto en el deterioro de la autoridad gubernamental.
2.5 Hasta el momento la respuesta del gobierno frente a estas marchas y movimientos ha sido la de minimizar su fuerza y a desestimar las demandas. Ningún movimiento ha resultado victorioso en sus demandas específicas. Lo positivo de estos procesos de movilización es que han desemperezado ciertos sectores de lucha, pero todavía han sido esfuerzos débiles. Hasta el momento sigue prevaleciendo la desarticulación, pero a lo mejor la situación podría cambiar con la huelga de la CCSS del 5 de julio.
3. Nuestra política
3.1 Nuestra orientación principal sigue siendo la de apoyo y participación en las demandas inmediatas de la clase trabajadora y el pueblo. Se debería continuar trabajando en la perspectiva de la solidaridad con las luchas y movimientos que se presenten, tales como defensa de la CCSS, defensa de los derechos de los pueblos indígenas en especial su derecho a la tierra; por supuesto se debe mencionar el derecho a la vivienda digna; educación, centrado en la consigna de cumplimiento del 8% del PIB para la educación.
3.2 Con el llamado a la huelga de la Caja para el próximo 5 de julio esta se convierte en la tarea más importante de la coyuntura actual. Se debe tomar en cuenta que el objetivo de esta huelga es muy político, defensa de la autonomía de la Caja. Muy bien hay que defender la autonomía de la Caja, pero debemos ser vigilantes al mismo tiempo de lo que haga cualquiera sea la Junta Directiva que se instale en la Caja.
3.3 La consigna de Encuentro Obrero y Popular para enfrentar la crisis y para articular las luchas es una orientación correcta, pero de difícil realización en este momento puesto que las principales direcciones del movimiento de masas no están de acuerdo con esa política y porque somos muy débiles como para imponer esa orientación por nosotros mismos. Igualmente, pareciera que la mayor parte de las masas en este momento no comprende la necesidad de la unificación de las luchas. Pero dado que la situación se está poniendo más dinámica pudiera ser que en un cierto plazo la consigna de Encuentro Obrero y Popular se ponga a la orden del día.
3.4 Otra consigna importante tiene que ver con el tema de la deuda interna y externa. Como se sabe, cerca de la mitad del presupuesto estatal se lo está llevando el pago de la deuda. Por ejemplo, para el caso del presupuesto 2023 este rubro se lleva el 44,1% del total de presupuesto. De igual manera, el gobierno sigue recurriendo a nuevas deudas para cumplir con sus compromisos, así en este presupuesto del 2023 se proyecta que un 40,9% se financiará con nuevo endeudamiento, en tanto que el restante 59,1% se financiará mediante impuestos.
El alto endeudamiento incide en muchos aspectos: congelamiento salarial de las personas trabajadoras del sector público, no cumplimiento de la deuda con la CCSS, recortes presupuestarios a salud, vivienda y educación, recorte de pensiones. Es muy importante saber a quiénes se debe. Al respecto se debe recordar que la Sala IV resolvió que los nombres de los tenedores de bonos de deuda pública es información confidencial. Por tanto, no sabemos a manos de quiénes están yendo los altísimos pagos por intereses y principal de la deuda. El conocimiento público de los prestamistas del Estado es una información muy relevante para que el pueblo tome a criterio respecto a esta deuda.
La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo.
¿Por qué Costa Rica confía en la U pública? Porque con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA), desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico. “Se hizo realidad lo que hace muchos años estamos trabajando, para mí aparte de trabajo es el sostén de mi familia. Aspiramos a ir más allá, si es posible hasta salir del país con las ostras”.
Felipe Peralta, ostricultor.
Compartimos el video con el testimonio de las personas de las comunidades del litoral Pacífico, beneficiarios del proyecto:
La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo, una cifra que hoy alcanza el 20 % en estas regiones.
Con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA) y el apoyo de otras instituciones del estado, desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico.
Este proyecto está a cargo de Sidey Arias Valverde, de la Estación de Biología Marina de la UNA, con el apoyo de Gerardo Zúñiga Calero y un equipo de especialistas multidisciplinario, altamente calificado, quienes han desarrollado el paquete tecnológico de producción de semilla de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), validando procesos en la caracterización de sitios basados en la calidad del agua e hidrografía oceanográfica, eventos de floraciones algales tóxicas, así como el comportamiento del crecimiento de la especie en mención.
Paralelo a estos aportes, las agrupaciones han recibido acompañamiento y asesoría desde la UNA en temas como: gestión ambiental, acompañamiento en la solicitud de permisos de concesión, floraciones de algas, taller para la elaboración de sistemas, asesoría en la realización de compras, ejecución de presupuesto y entrega de informe de cumplimiento al IMAS.
Asimismo, la UNA en conjunto con el Parque Marino del Pacífico y algunas instituciones como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras, trabajan desde hace casi dos décadas con el pargo manchado, un cultivo que se realiza en Paquera y que consiste en una granja marina con jaulas, donde se cultiva el pargo desde un gramo hasta que alcanza su talla comercial de 450 gramos. El objetivo es venderlo al sector turístico y eliminar así a los intermediarios, pues los beneficios son mayores.
También, tomando como base un proyecto piloto, el año anterior arrancó una iniciativa de cultivo de camarón en jaulas, con el mismo objetivo de desarrollar turismo complementario para optimizar los recursos y mejorar los ingresos de las familias. El proyecto de cultivo de camarón es desarrollado por Coopeacuicultores R.L de Isla Venado, quienes estiman producir anualmente unos 9 mil kilogramos de camarón de manera artesanal. Las jaulas están al lado de una plataforma flotante, habilitada para recibir turistas y brindarles alimentación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el coordinador y economista, Fernando Rodríguez Garro, nos comparte un análisis de la notable situación que se vive en busca de la recuperación socioeconómica del país post pandemia.
La pandemia del COVID-19 provocó una situación inédita en la historia económica reciente del mundo, una crisis profunda provocada por las medidas sanitarias, que fue repentina, relativamente rápida, pero de efectos importantes. En Costa Rica implicó la duplicación del desempleo, el aumento de la pobreza y el deterioro de la capacidad del gobierno de responder con medidas anticíclicas, que permitiese responder con fuerza ante los efectos que el cierre de negocios y la paralización de actividades económicas provocó entre la población del país. A esto debe sumarse que la Administración Alvarado Quesada no impulsó medidas para buscar ingresos adicionales temporales, que permitiese extender las ayudas del Bono Proteger, que solo funcionaron 3 meses, y tampoco quiso suspender la aplicación de la regla fiscal, lo que pudo hacer dadas las condiciones excepcionales existentes. Entonces, no solo enfrentamos problemas económicos importantes de forma muy intensiva, sino que no tuvimos las condiciones financieras para compensarlas, no buscamos ingresos adicionales para hacerlo y no le dimos al Estado la flexibilidad para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Como sociedad no previmos la principal implicación en el mediano y largo plazo de esta situación: su efecto en el bienestar humano y el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población más vulnerable. Aunque hubo, en efecto, una recuperación en medio de la propia pandemia e incluso en la etapa actual, que podemos llamar post pandémica, el deterioro de algunos indicadores se mantuvo o se acumuló a los problemas que venían desde antes. El desempleo, por ejemplo, se disparó desde la anterior crisis en el año 2009, debido a la caída del sector inmobiliario en el país, situación que incluso ya había empezado a desmejorar previo a la pandemia, propiamente en el año 2019, cuando el crecimiento económico del país empezaba a ralentizarse y el desempleo tocaba el máximo de la década previa, llegando a un 12%.
En la década previa a la pandemia del COVID-19 no hubo un atisbo de recuperación del empleo, incluso los problemas se extendieron a lo largo de todo este tiempo. Según una publicación del medio La Nación, el desempleo juvenil (entre personas de 15 a 24 años) ha duplicado el nivel de desempleo general del país, desde el inicio del cálculo de la Encuesta Continua de Empleo en el año 2010. En los trimestres previos al 2020, año de la pandemia, el desempleo juvenil incluso escaló hasta el 30% a nivel nacional y sobrepasó ese nivel, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2019 el desempleo juvenil alcanzó un 35,14%. La pandemia disparó este problema, rozando el 50% de desempleo juvenil en el segundo trimestre del 2020.
Desde el Observatorio Económico y Social UNA, hemos advertido de esta situación desde el año 2019, el deterioro que estábamos sufriendo en el caso de los jóvenes y la distribución desigual de este tema en las distintas regiones del país, con las regiones costeras sufriendo el problema con mayor énfasis. Luego de esa situación, el fin de la pandemia y el fin de las medidas de restricción para casi la totalidad de los negocios, sumado a otros factores regionales y locales, los problemas de seguridad han crecido, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se incrementan y los homicidios en el país crecen de forma preocupante. Precisamente las zonas costeras y, propiamente, los cantones de Puntarenas y Limón son de los más afectados por estos fenómenos, precisamente las zonas donde desde hace tiempo el problema del desempleo juvenil viene en crecimiento, incluso desde antes de la pandemia como se indicaba anteriormente.
¿Qué hacer? La pandemia dejó una huella que aún nos afecta, pero este problema está más entronizado de lo que habíamos pensado. Jóvenes con problemas para encontrar empleo en sus primeras experiencias laborales, muchachas y muchachos que dejan los estudios sin posibilidad de integrarse al mercado laboral, una política pública insuficiente y sin enfoque regional, un gasto en educación en retroceso y una economía enfocada en la creación de trabajos calificados (los jóvenes apenas están en proceso de formación laboral), son la realidad que debemos enfrentar.
“Deberíamos dedicar más recursos a una formación técnica que sea transversal a la formación diversificada en los colegios del país, por ejemplo, enseñándoles a los jóvenes sobre manejo de aspectos que pueden incidir en su empleabilidad, como el manejo de redes o mejorando de forma importante el manejo de un segundo idioma”, indica el académico Rodríguez.
Los colegios deberían ser lugares modernos, seguros y que permitan el uso seguro de espacios de socialización, como los lugares para la práctica del deporte. Para eso necesitamos invertir en tecnología y en infraestructura física, pero no se puede lograr eso con un gasto en educación en franco retroceso. Además, es difícil mantenerse estudiando cuando las necesidades materiales en el hogar se multiplican, por lo que las ayudas públicas a los hogares con jóvenes son muy importantes. Desaplicar la regla fiscal en las ayudas públicas, como becas y subsidios es muy importante, así como no aplicarla sobre los gastos de inversión y equipamiento de los centros educativos.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Cidea-UNA repudia todo intento por imponer una política represiva, que, bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía de la violencia y el crimen, deteriore los servicios públicos de educación y la cultura en detrimento de la democracia.
El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA), y sus Unidades Académicas, emitieron este 17 de mayo un pronunciamiento ante el desmantelamiento sistemático del sector cultural del país.
Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de restar cuatro mil millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2024, académicos y artistas enumeran las afectaciones a programas específicos, talleres, fundaciones y fondos concursables para la producción artística.
Anuncian el recorte de empleos para el sector e inestabilidad laboral. Además afirman,“sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado”.
Pronunciamiento del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la UniversidadNacional (Cidea-UNA) y de sus respectivas unidades académicas, ante eldesmantelamiento sistemático del sector cultural del país.
Resultando:
Al iniciarse el ejercicio de presupuestación para el año próximo, el Poder Ejecutivo propone eldesfinanciamiento de todo el sector cultura, restando cuatro mil millones de colones alpresupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud – MCJ, para el año fiscal 2024, reiterando yampliando la decisión ya manifestada el año anterior, cuando propuso disminuir el presupuestodel sector cultura en mil millones de colones.
El recorte presupuestario propuesto para el sector cultural afecta directamente a la BeneméritaOrquesta Sinfónica Nacional, a las compañías y talleres de teatro y danza; a los museos yteatros públicos (Incluido el Teatro Nacional y al Teatro Popular Mélico Salazar), al InstitutoNacional de la Música (Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional), a las Fundacionesdel Museo de los Niños y del Parque La Libertad; a los fondos concursables para producciónartística y a todos los proyectos de gestión, producción y enseñanza de las artes auspiciados por elMCJ.
De concretarse el recorte presupuestario anunciado, se quedarían sin empleo las personas docentesde arte que hacen extensión en los teatros, compañías y en los proyectos de extensión cultural delMCJ en todo el país, con un doble impacto social por la pérdida de empleos, y por el cierrede programas de enseñanza y producción artística que llegan gratuitamente a personas de muyescasos recursos económicos en todo el país.
Lo anterior ha generado una gran inestabilidad e incertidumbre laboral entre las personastrabajadoras de todos los programas adscritos al Ministerio de Cultura, en especial la OrquestaSinfónica Nacional, teatros, museos y compañías artísticas estatales.
Ante la advertencia responsable y seria de destacados profesionales que ocupaban cargos dedirección y jefatura en diferentes instancias del MCJ, sobre el impacto que tal reducción de recursos presupuestarios causará en el sector cultural del país, la ministra de cultura procedió adestituir al director general del Archivo Nacional, al director del Centro de Producción Artística yCultural (CPAC), a la directora del Centro Nacional de Música, y a la encargada de la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ.
Paralelamente a estos hechos, se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley “Alivio de costos para los establecimientos comerciales” (expediente 23.702), que pretende eliminar laprotección que otorga la Ley de Derechos de Autor y Conexos vigente en nuestro país a los autores,compositores en lo concerniente a la difusión pública de registros sonoros y producción musical,con lo cual se eliminan también los ingresos que aporta el sector privado a las personasartistas, como contraprestación por utilizar sus producciones en los centros comerciales y negocios privados.
Se suma a lo anterior, la falta de compromiso del Gobierno con la revisión de la Política Nacionalde Derechos Culturales 2014-2023, y en general, la falta de priorización de las acciones y de política pública cultural.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, han redireccionadopartidas del presupuesto de educación 2023, por 3.200 millones de colones al Plan Costa RicaSegura Plus del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 1900 millones de colonescorresponden a becas estudiantiles.
Considerando:
La UNIVERSIDAD NACIONAL y en específico sus unidades académicas dedicadas ala investigación y enseñanza de las artes, tienen el compromiso de apoyar la preservación delos bienes culturales de la Nación, de fortalecer una cultura nacional pertinente y sustentable, democrática, facilitadora de la integración social. Compromiso que desarrollan mediante susprogramas académicos, de producción y de extensión artística y poniendo al servicio del país,profesionales de todas las áreas artísticas que fomentan la cultura como un bien inmaterial yaportan con su creatividad a la producción, el turismo y a la economía nacional.
Esta acción docente, de investigación y extensión universitaria en el campo de la enseñanza yproducción de las artes, se realiza desde la UNA, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Pública, ente rector de la educación nacional, y en especial coordinación con elMinisterio de Cultura y Juventud, ente rector en materia cultural, responsable de promover laspolíticas públicas generales en materia de cultura y juventud, con el fin de fomentar y preservar lapluralidad y la diversidad cultural y de facilitar la participación de todos los sectores sociales,en los procesos de desarrollo cultural, artístico y recreativo, sin distingo de género, grupo étnico yubicación geográfica, a través de la apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y la diversidad cultural, así como la creación y apreciación artísticaen sus diversas manifestaciones (Ley N° Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971).
El CIDEA-UNA asume este compromiso con el arte y la cultura, también desde el mandatode los artículos números uno y ochenta y nueve de la Constitución Política, que definen a Costa Rica como una República pluricultural, entre cuyos fines culturales está conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Lo anterior nos faculta para hacer un vehemente llamado de atención a las autoridades deGobierno y a la población en general, sobre el peligroso giro en las políticas culturales y educativas delpaís. Sorprende que se desconozca el papel de la educación y la cultura en la preservación de losvalores nacionales, en particular del trabajo, la democracia y la paz.
Quitar fondos de educación y cultura para fortalecer programas de seguridad ciudadana opriorizar las políticas de seguridad en detrimento de la educación y cultura, nos avisa de la entradade un nuevo paradigma que modifica radicalmente nuestra tradición política y parece insertarnos en ladinámica de un Estado que pretende garantizar la paz social aumentando la represión a costa de debilitar la educación y la cultura.
La sola idea de que podamos ingresar en la nómina de Estados que en afán de seguridad abandonaron sus responsabilidades con la democracia, nos obliga a reaccionar, recordando que es por la educación y la cultura que nuestro país alcanzó la paz social que noscaracteriza y distingue como una potencia democrática a nivel internacional.
Sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado.
Por lo tanto:
El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional – CIDEA, y susUnidades Académicas (Escuela de Música / Escuela de Arte Escénico / Escuela de Arte yComunicación Visual / Escuela de Danza), manifestamos al Gobierno de la República, a laAsamblea Legislativa, a la Defensoría de los Habitantes y al país:
NUESTRO RENOVADO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y CON LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LAPRESERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA NACIÓN.
LA MÁS ENÉRGICA DEMANDA AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE MANTENGA EL FINANCIAMIENTO JUSTO Y NECESARIO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DELMINISTERIO DE CULTURA Y DE SUS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN YEXTENSIÓN ARTÍSTICA; ASÍ COMO PARA QUE NO SE TRASLADEN LOS FONDOSDESTINADOS A FINANCIAR BECAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS PROGRAMAS DESEGURIDAD CIUDADANA.
NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LACULTURA EN EL SECTOR PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CON LAS PERSONASPROFESIONALES EN ARTES DEDICADOS A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA, CUYOSEMPLEOS DEBEN PRESERVARSE.
UNA VOZ DE ALIENTO A LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS RAMAS ARTÍSTICAS, PARA QUE NO PIERDAN EL INTERÉS NI LA VOCACIÓN QUELES CONVOCÓ A FORMARSE COMO ARTISTAS Y PARA QUE SIGAN TRABAJANDO POR EL FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
NUESTRO REPUDIO A TODO INTENTO POR IMPONER UNA POLÍTICA REPRESIVA, QUE BAJO EL PRETEXTO DE PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LA VIOLENCIA Y ELCRIMEN, DETERIORE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y LA CULTURA ENDETRIMENTO DE LA DEMOCRACIA.
AL PODER EJECUTIVO, CONCRETAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓNPRIORIZADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CULTURAL Y EDUCATIVA, CONSTRUIDAS EN CONSULTAS CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDADINVOLUCRADOS Y UTILIZANDO EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIAACUMULADA, PARA QUE NO SEAN SIMPLES ENUNCIADOS RETÓRICOS O IMPROVISACIONES SIN VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA.
NUESTRO LLAMADO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Y A LAASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SEAN GARANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES ESTATALES, PRINCIPALMENTE PRESUPUESTARIAS CON EL SECTORCULTURA Y CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS; Y PARA QUE NO SE APRUEBAN POLÍTICAS Y LEYES QUE LESIONEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONASPROFESIONALES DE LA CULTURA, NI SE ATENTE CONTRA SU DERECHO AL TRABAJO.
NUESTRA VOZ DE ALERTA A LA CIUDADANÍA, PARA QUE ESTÉ ATENTA EINFORMADA SOBRE LOS RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES QUE ENTRAÑA, DESFINANCIAR LOS SERVICIOS Y EDUCATIVOS PÚBLICOS.
M.Sc. José Pablo Solís Barquero Decano M.A. Ileana Pérez Álvarez Vicedecana Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística Universidad Nacional
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Artículo de opinión por la académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, quien coordina el Proyecto de Investigación Trabajo y Crisis
La disminución del desempleo es algo que todas y todos queremos en este país. Por lo cual si se presenta un decrecimiento hay que celebrarlo y reconocer los avances que ello significa, en especial en esta época post pandemia en la que se han profundizado las asimetrías en los mercados laborales. Sin embargo, festejar una caída del desempleo que no se acompaña de un crecimiento de la población ocupada es dejarse engañar por las cifras, es pasar por alto que en los mercados laborales siempre hay que revisar dos veces lo que está sucediendo y analizar las diferentes aristas, a no ser que se esté consciente de ello y aun así se quiera confundir a la población.
Por ello, aunque podemos notar en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del I Trimestre 2023 (INEC, 2023) que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 11%, lo que también se puede visibilizar es que con respecto al trimestre anterior (INEC, 2022a) y al I Trimestre del 2022 (INEC, 2022b) hay una reducción significativa de la población ocupada.
Análisis interanual
En general, los datos del I Trimestre del 2023 con respecto al I Trimestre del 2022 reflejan que hay un total de 139.044 personas más fuera de la fuerza de trabajo y que la población ocupada se redujo en 3.974 personas, pese a que la cantidad de personas desempleadas bajó en 81.448, por lo que no se trata de que esas personas estén encontrando trabajo, por lo que se trata de una reducción de la Población Económicamente Activa (PEA) que, en total corresponde a 85.421 personas en el lapso de un año.
Análisis trimestral
Asimismo, si comparamos el I Trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022 los cambios son más profundos, pues se evidencia una reducción de la cantidad de desempleados de 38.306, sin embargo, en este caso tampoco se trata de que pasen a engrosar la población ocupada, por lo contrario, esta se redujo en 74.958 personas, lo cual corresponde a una reducción de la PEA de 113.264 personas.
La población desalentada
Por otra parte, es importante considerar otro fenómeno importante en la población y es que si revisamos las cifras de las encuestas de empleo encontramos que la reducción del desempleo se explica en parte por la población desalentada -que termina ampliando aquella fuera de la fuerza de trabajo- y que corresponde a esa que no está buscando trabajo porque no tiene dinero, se cansó de buscar, no le dan trabajo, no hay trabajo en la zona o sabe que no en esta temporada no hay trabajo, en suma son 24.616 personas.
Pero, ¿quiénes son esas personas desalentadas? En cuanto a sus territorios, son personas mayoritariamente de zonas urbanas, se distribuyen mayoritariamente en la región Central, Brunca y Huetar Norte. En cuanto a su perfil educativo, son personas con una baja especialización, que se concentran mayoritariamente en el grupo etario que va entre los 45 y 59 años, y los 15 y 24 años, y que son sobre todo hombres.
Las presiones sobre la satisfacción de las necesidades
Por lo cual, se mantiene la preocupación sobre la condición de actividad de las personas en el país, pues si la PEA se reduce hay serias presiones sobre los ingresos de los hogares, los cuales dependen mayoritariamente de lo percibido por medio de sus labores -salario- para sostener la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, ello significa una mayor dependencia económica, por lo cual podríamos esperar incrementos en los niveles de pobreza de la población.
Crecimiento económico que no se traduce en nuevos empleos
Todo esto, mientras el crecimiento económico del país se mantiene al alza, pues según el Banco Central de Costa Rica (2023) la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado fue de un 4.3%, y se proyectó en 3.3% para el 2023, es decir, producimos más pero con menos gente, lo cual es esperable ante un contexto de cambio tecnológico global; sin embargo, plantea el desafío de cómo dotar a la población de las herramientas necesarias para insertarse en esas nuevas formas de trabajo, por un lado. Por el otro, el de cómo generar nuevos puestos de empleo a fin a la población desempleada -y desalentada- mientras se ajusta el perfil de especialización de estas personas, otorgándole una atención especial a la población joven y a las mujeres, para incentivar su inserción en las ciencias.
Alternativas como responsabilidad gubernamental sobre el bien común
Seguimos esperando la reactivación económica necesaria para que la población desempleada sea absorbida por la población ocupada y no por la que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Continúa la necesidad de que los sectores productivos nacionales se fortalezcan para que puedan producir y generar empleo, para ello, es preciso -primero- saber leer adecuadamente las cifras del mercado laboral para no caer en eso de pasar un gato por una liebre.
Se mantiene la urgencia de que el sector productivo nacional junto con el Estado -incluida la academia- generen alternativas para incrementar la productividad de las actividades económicas y generen puestos de empleo de calidad, para ello, por supuesto que no basta con hacer a la población trabajar más horas.
Ojalá que se vean pronto propuestas en esta materia y en especial, ojalá que estas propuestas estén a la altura del bien común, y no, del aprovechamiento de un sector de la población en detrimento de otros y otras; lo cual no es otra cosa que la responsabilidad del Gobierno electo.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Impactó la noticia de que nuestro país es el que tiene mayor tasa de pobreza infantil de las 38 naciones que componen la OCDE. Según esos datos, el 27% de los menores de 17 años viven en pobreza. Por cierto, a diferencia de la de otros países, nuestras cifras son del 2021, lo que quiere decir que toman en cuenta la situación creada por la pandemia del Covid-19, que presumiblemente empeoró la situación de la población, especialmente la de la más pobre. Es decir, en la realidad estamos peor de lo que dicen los datos de la OCDE.
Es, además, dice ese organismo, el segundo país con mayor desempleo (solo superado por España).
Es posible que ambas cifras tengan que ver, pues son las mujeres las más golpeadas por el desempleo y la pobreza. Y mujeres solas crían a la mitad de los niños que nacen en este país.
Para ese organismo uno de los motivos que explican este fenómeno es la cantidad de niños nacidos de madres adolescentes. Pero sucede que nuestro país redujo esos índices de manera ejemplar en la pasada década. El porcentaje correspondiente cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Ese factor, el de ser hijos e hijas de madres adolescentes, sigue pesando, sin duda. Pero podríamos pensar que hay otros factores más decisivos.
El 70% de los niños que nacen en Costa Rica son nacidos fuera de matrimonio, y la mitad de ellos de madres solteras, es decir, sin pareja. Son un total de 24.140 pequeños. Y eso sí parece ser significativo, sobre todo porque las madres solteras siguen tomando la delantera. En el 2008 eran no más de 16.331.
Además, de los niños así nacidos, un 30% carece por completo de soporte económico de su padre.
La OCDE dice:
«La custodia de los hijos suele corresponder a la madre, quien frecuentemente tiene un ingreso personal menor que su expareja. Por consiguiente, no es de sorprender que el riesgo de pobreza (de 31%) de las familias monoparentales sea tres veces mayor que el de las familias con dos padres (10%) en toda la OCDE en promedio”.
Según el Banco Mundial (Oportunidades para reducir la pobreza en Costa Rica) “las madres solteras enfrentan desafíos mayúsculos. Sus ingresos laborales tienden a ser bajos y aquellos provenientes de transferencias públicas y privadas no resultan ser un complemento suficiente. Más de la mitad de todas las madres solteras pueden clasificarse como pobres y su situación pareciera haberse deteriorado en la última década”. La tasa de pobreza calculada por ese informe para las mujeres es de 27,7%. La de los niños de 0 a 14 años, del 40%.
El aumento de la pobreza infantil tiene esos componentes que tienen que ver con las malas prácticas de la sexualidad y la reproducción, la desigualdad a que se ve sometida la mujer, la poca efectividad de nuestras leyes y prácticas de paternidad responsable y muchas otras, que aparentemente tienen que ver con el comportamiento individual de las personas. Pero la verdadera causa no se encuentra allí. Está en un régimen social de por sí injusto, en la que el ser humano es mercancía de segunda, y donde los niños, por ser improductivos, por su vulnerabilidad y su dependencia, son los más sacrificados.
Resulta especialmente triste comprobar que los niños de todos los países de esa organización privilegiada, entre ellos el nuestro, sean el sector de la población que muestra mayores cifras de pobreza y que, además, representan un sector cuyo número va en aumento. Son más pobres que los ancianos, mucho, pero mucho más pobres que la media de la población adulta y además cada vez son más. Eso es así en todos los países, En España y en Israel, en Estados Unidos y en Francia, y más, como vemos, en Costa Rica.
Es el resultado más demoledor de un régimen estructuralmente injusto, cuyos males sociales se han agravado por las políticas de contención del gasto público y la privatización galopante.
Al fin y al cabo, la clave está allí, y el sacrificio de nuestros niños ante el altar del capital es un signo de la debacle de nuestro régimen social y político corrupto e inhumano. Esa sangre inocente clama por un cambio de régimen, que transforme esta democracia podrida que los condena a la muerte por otra democracia, popular, participativa, socialista.
