En tiempo de guerra y en tiempo de paz seguimos poniendo los muertos, mientras las potencias y países ricos recogen las ganancias, tanto del negocio de las armas como del narcotráfico. Lo que es una ganancia para esos países se revierte en pérdida en vidas humanas para los nuestros.
Urge cambiar radicalmente esta lógica neocolonial, propiciada por los poderes fácticos del capitalismo salvaje de un neoliberalismo que se vende como el ideal de prosperidad para los pueblos empobrecidos, mientras son sometidos a patrones financieros, sistemas productivos y estilos de consumo que profundizan la pobreza, la desigualdad y la violencia. Hay que erradicar este neocolonialismo, que se viste de buena vecindad, protector del libre comercio y hasta de los derechos humanos: un contrasentido a todas luces, que campea a fuerza de una propaganda mediática engañosa y desvergonzada.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una vez más, ha levantado la voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer que se eleve a la categoría de crimen internacional toda invasión militar de un país contra otro. Esta, entre otras acciones globales anticolonialistas contribuirían, sin duda, a una convivencia global más digna, afectiva y pacífica. Y permitiría contener los tambores que reiteradamente llaman a la guerra, para redefinir fronteras de influencia geopolítica entre las potencias y naciones más poderosas.
Hay que asumir el desafío de un nuevo pacto global con compromisos vinculantes que contribuyan a erradicar, de una vez por todas, el neocolonialismo guerrerista, antiecológico y homicida. No debemos permitir que se continúe profundizando el modelo de globalización dual: donde unos disfrutan los oasis de riqueza y otros perecen en la más escandalosa miseria, unos ponen los muertos y otros recogen el botín, unos conservan y cuidan la naturaleza y el ambiente y otros lo depredan y explotan para amasar capitales, unos son víctimas de enfermedades y pandemias y otros acumulan ganancias con el negocio de las medicinas y las vacunas…
Lamentablemente, un conjunto de nuevas fuerzas sociales, políticas y religiosas de corte populista y neoconservador están contribuyendo a desviar la atención sobre las causas estructurales de estos álgidos problemas. Por ejemplo, se utiliza el discurso de la anticorrupción, refiriéndolo de manera reduccionista a los comportamientos individuales o de grupos de interés que utilizan recursos públicos y privados para enriquecerse. De esta manera, se exime al modelo mismo, que genera y propicia esos comportamientos. Y las alternativas propuestas, van en la misma dirección, a saber, corregir esos comportamientos, como si se trata de simple voluntarismo personal o grupal. De esta manera, los correctivos son simples paliativos, porque se dejan intactas las estructuras socio-económicas, jurídico-políticas y culturales.
Construir los cimientos de un proyecto global alternativo postneoliberal sigue siendo la consigna necesaria para recoger y hacer viables esos esfuerzos e ideales que permitan heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Acciones desde los ámbitos personales, locales y comunales son tan necesarios como las acciones globales. Y en esta tarea, son precisamente los países que hoy ponen la peor parte: los muertos, quienes deben aunar acciones y esfuerzos para decir ¡basta Ya! Y avanzar hacia un nuevo modelo descolonizador y humana, social y ecológicamente viable, para “vivir bien, juntos”.
Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).
Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática
Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.
En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.
Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.
Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.
Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.
La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).
“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.
En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.
Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.
“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.
Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del IIIForo Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.
Pareciera que los costarricenses nos estamos acostumbrando a convivir con los problemas y hasta disfrutarlos, es decir, convirtiéndonos en masoquistas: un comportamiento enfermizo que encuentra placer en soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. Una resignada aceptación de los problemas más álgidos, algo así como que es mejor padecerlos que enfrentarlos y solucionarlos. Nos resistimos al cambio sustantivo entreteniéndonos con paliativos y mensajes-masajes (McLuhan) populistas que actúan como analgésicos.
Los informes sobre el Estado de la Educación del Programa Estado de La Nación año tras año nos desafían a cambiar de rumbo. Los problemas se acumulan y hoy estamos heredando a las nuevas generaciones un futuro de menos oportunidades y condiciones laborales cada vez más precarias. Naturalizamos la devaluación de la calidad educativa y, con en ello, empobrecemos más al país. Cómplices de todo ello: los sucesivos gobiernos de las últimas cuatro décadas que se entregaron a la política neoliberal de menos Estado social y más mercado; menos distribución y más crecimiento-concentración económica; menos soberanía alimentaria y más apertura comercial; menos Costa Rica solidaria y más Globalismo desigual.
De esta manera, no solo arrastramos las consecuencias sociales de la “generación perdida” de la década de 1980 por la aplicación de esa política, sino que, bajo las condiciones actuales de reducción presupuestaria para la educación y devaluación sustantiva de su calidad, teniendo una mayor cobertura, según el más reciente “Informe del Estado de la Educasión”, continuamos abonando el terreno para nuevas generaciones igualmente devaluadas en educación, destinadas a convertirse en maquileras de un sistema que sigue apostando por mano de obra barata y condiciones laborable de sobreexplotación con jornadas extendidas no remuneradas.
Los índices de pobreza estancados y una desigualdad creciente. No hay forma de que los gobiernos “tomen el sartén por el mago” y se decidan por una política tributaria verdaderamente justa y progresiva que revierta cualitativamente esa tendencia. Hacemos todo lo contrario, con un Plan Fiscal que favorece a los ricos y golpea a los pobres y la clase media, una Ley de Empleo Público que supuestamente trata de nivelar los salarios, cuando de lo que busca es de desmantelar el Estado Social de Derecho. Una política de salarios decrecientes que desestimula el trabajo profesional de calidad en el sector público. Es decir, leyes y acciones para ahondar las brechas sociales y, con ello, crear condiciones para que florezca el mercado informal del narcotráfico y se eleven los índices de violencia criminal.
Todo ello no es otra cosa que masoquismo, y al estilo costarricense donde todo lo digerimos y reciclamos con chistes; también hoy con descalificaciones donde se apela al lenguaje violento que busca “serruchar pisos” y hacer “bullyng”, para desviar la atención sobre los problemas reales. Una actitud evasiva enfermiza y complaciente con quienes nos han venido, desde hace rato, vendiendo falsas promesas mesiánicas.
Ha llegado la hora de despertar del letargo. No dejarnos anestesiar con esas promesas de reinos venideros. Decidirnos a “tomar las riendas” de este “caballo desbocado” que acelera su trote, para conducirnos al despeñadero. No podemos permitirnos, seguir mirándonos en el espejo de una patria irreconocible, por lo socialmente violenta y cada vez más polarizada. Llegó la hora de encarar la realidad. Dejar el comportamiento masoquista que nos está volviendo dóciles y débiles, destinados a soportar lo insoportable. Y, a pesar de todo ello, sintiéndonos “felices”, es decir, “jodidos y agradecidos”.
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
Para ver la noticia completa, con gráficos, ingrese en el siguiente enlace
PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Al momento de escribir esta columna el número de homicidios en Costa Rica ronda ya los 560 ( 27 de agosto de 2023) y las previsiones para el cierre del año pareciera se cumplirán sin problemas: más de 900 homicidios cerrarían esta temporada como la más violenta en la historia de la vida Republicana contemporánea.
En varias participaciones para medios locales se me ha solicitado que explique desde el punto de vista sociológico este hecho. Hemos insistido en el alto nivel de complejizacion de las estructuras criminales, su deslocalización y distribución en prácticamente todo el territorio nacional y la participación cada vez más frecuente de mujeres y jóvenes en estas organizaciones.
Ante ello, la respuesta institucional ha sido rebasada y su inacción resulta evidente. Ante la desarticulación de una figura delictiva, aparecen 3 más asegurando su rápida reproducción. A esta velocidad de reciclaje de la organización criminal no hay estrategia de respuesta posible.
No al menos desde los enfoques de seguridad comúnmente utilizados.
A nuestro juicio, y esto también lo hemos dicho en los espacios mediáticos donde intervenimos, la alternativa no pasa por sacar más policías a la calle. No es desde un enfoque punitivo que se combate esta violencia, que a todas luces es estructural.
Obviamente la mejor política de seguridad de un país como Costa Rica es restarle peso a su modelo neoliberal y el aumento de la desigualdad de los últimos años.
Para nosotros el componente comunitario seguirá siendo fundamental, la restitución de los espacios públicos como lugares para la integración y la socialización y una participación más protagónica de las poblaciones.
La disputa a la violencia no es desde un lugar represivo. Nos parece que debemos potenciar otras formas de comunicarnos y expresarnos y para esto el arte resulta fundamental.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Como si no hubiese sido ya lacerante el escrutinio al que fueron sometidas cientos de miles de personas en condiciones de movilidad humanaa nivel global durante la época pandémica, el mundo sigue esforzándose hasta el retorcimiento con acciones concretas y discursivas en contra de estas humanidades.
Entre julio y agosto los ejemplos han sido contundentes. Algunos lejanos, otros más cercanos a los contextos costarricenses.
El nombre Bibby Stockholm quizá no diga mucho para alguna gente por estos lares.Pero si ese enunciado se explica con una imagen extraña, llena de incertidumbre, como sacada de alguna trampa ficcional de cuento o novela, entonces adquiere otra dimensión.
Trataré de describirla.
Es una gran caja cuadrada de varios cientos de metros de extensión. Incrustada en algún lugar de los mares europeos como la noción moderna del Arca de Noé.
A simple vista parece un mal diseño de un crucero de turistas, de esos que un día sí y otro también bajan borrachos en puertos exóticos y se sacan fotografías hirientes con la pobreza y la desigualdad que el sistema neoliberal ha generadoen casi todos los destinos paradisiacos del amor líquido, como llamó el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman al turismo posmoderno alguna vez.
Pero esta caja no es ni por asomo ningún crucero del amor. Se trata de un proyecto más de esa Europa fortaleza, encargado por el gobierno británico para alojar allí, en el mar al sur de Inglaterra, cerca de 500 migrantes irregulares a la espera de la resolución de su estatus jurídico.
Es una cárcel flotante.
Se estima que en los próximos meses sean instalados más proyectos de este tipo, para “alivianar la carga social y económica que representan miles de migrantes en su intento de ingresar a esa Europa”, cada vez más conservadora y autoritaria.
Es una vergüenza compartir en la misma generación en la que estas ideas han sido puestas en funcionamiento.Da vergüenza y dolor.
Por otra parte, el ejemplo más cercano lo vemos en las calles costarricenses, donde de forma cotidiana se producen las actitudes de rechazo, sospecha y discriminación contra las migraciones en tránsito, sea de donde sea que vengan y éstas son traducen en discursos xenofóbicos vertidos en redes sociales y medios de comunicación.
Es esta una hora clave para la humanidad.Si nos logramos entender, habremos sido capaces de superar la pandemia del odio y la intolerancia. Habremos trascendido la vergüenza.
Pero si segregamos y rechazamos al otro, o lo desechamos fuera de nuestras fronteras como basura humana, los propios miedos y errores nos ganarán la partida. Seremos partícipes de la clausura de nuestra especie.Definitivamente.
El día jueves 27 de julio de 2023, el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) además de otras representaciones estudiantiles, brindaron una conferencia de prensa a raíz de la manifestación realizada por estudiantes de secundaria en contra de la Prueba Nacional Estandarizada.
En esta conferencia, los y las estudiantes alegan la desinformación que les rodea tanto a estudiantes como docentes, deviene directamente del Ministerio de Educación Pública, al no hablar con claridad sobre estas pruebas y demás procesos que conlleva. Además, denuncian cómo los centros educativos se encuentran en situaciones precarias a nivel de infraestructura, atentando contra la salud pública del estudiantado. Mencionan cómo se les exige un rendimiento académico elevado, mientras el Ministerio de Educación Pública no cumple con los lineamientos básicos de salubridad.
Señalan de igual manera, la contradicción que existe al excluir a los y las docentes de la toma de decisiones relacionadas con aspectos sobre la educación que imparten, mientras que esos puestos lo ocupan personas que no se encuentran inmersas en los colegios y escuelas públicas.
Muestran su descontento y oposición a las Pruebas Estandarizadas, debido a la poca información con la que cuentan, además de que ésta pretende ser un filtro que les excluye de la Educación Superior, al incidir directamente en la nota para entrar a las Universidades Públicas. Es por esto que exigen la anulación de estas pruebas, que se replanteen los métodos de evaluación, de manera que estas respondan a los contextos propios de la población estudiantil y que permita así una educación accesible, de calidad y digna. Además de que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública, que corresponde a una obligación constitucional del Ministerio de Educación Pública.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) en apoyo a la comunidad estudiantil de secundaria se une al llamado de la “Manifestación en contras de las pruebas estandarizadas”, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio de manera pacífica en San José, de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia, de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia; y el viernes 28 de julio en Guápiles.
Pronunciamiento
Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.
Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.
Este jueves 27 de julio estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:
Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.
Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.
No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.
Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.
Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.
Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.
Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Los proyectos sociopolíticos predominantes desde la década de 1940 hasta la de 1980: el socialcristianismo bajo el liderazgo de don Rafael Ángel Calderón Guardia, la socialdemocracia impulsada por José Figueres Ferrer y el “comunismo a la tica” de don Manuel Mora Valverde convergieron, en buena medida, alrededor de lo que se denominó la “vía costarricense” (Armando Vargas) de desarrollo económico, social y político.
A pesar de las diferencias que siempre hubo entre estos proyectos, se procuraba darle forma a un modelo de desarrollo que permitiera evitar la concentración de la riqueza, contener el empobrecimiento y ofrecer servicios públicos de calidad en salud, educación, agua, electricidad, telecomunicaciones e infraestructura vial. De esta manera, se creaban las condiciones para la movilidad y la inclusión social; es decir, engrosar la clase media y achicar las clases alta y baja.
Esfuerzos sostenidos en esta dirección, condujeron a logros significativos que nos colocaron entre los países latinoamericanos con los mejores índices de desarrollo humano: una sociedad subdesarrollada, pero apuntalando su clase media. Sí, aún y cuando persistía la pobreza al lado de los islotes de riqueza, la tendencia dominante era hacia la inclusión y la justicia social, lo que inducía a un orden social más equitativo y solidario. La inversión social sustantiva por parte del Estado, especialmente en educación y salud, fue un factor determinante para que el país se desmarcara del rumbo oligárquico que predominaba en los países de América Latina.
La década de 1980, con los Programas de Ajuste Estructural impuestos por los organismos financieros internacionales (particularmente el FMI y el BM), marca un antes y un después. Se inicia el camino hacia la oligarquización del país, proceso que se ve fortalecido por los gobiernos del bipartidismo desde esa década, así como por algunas de las nuevas fuerzas políticas.
Una coalición entre viejas y nuevas fuerzas político-partidistas, élites empresariales y organismos financieros internacionales le han declarado la guerra a la clase media, particularmente a profesionales del sector público a quienes se les ha estigmatizado como privilegiados con salarios y pensiones de lujo. De esta manera, se tira una cortina de humo sobre los privilegios que han sostenido las élites empresariales al amparo de gobiernos populistas, que se visten de salvadores de la patria enfilando su “artillería” contra la clase media, convertida hoy en el chivo expiatorio de los males que padece el país.
Con la destrucción de la clase media se está sustituyendo la “vía costarricense” de desarrollo por la vía oligárquica: la que han optado la mayoría de los países centroamericanos, que hoy expulsan significativos contingentes de su población hacia Estados Unidos y construyen mega cárceles, porque el empobrecimiento y la desigualdad de las sociedades oligárquicas solo conducen a la violencia o a la huida, el éxodo masivo.
Todavía estamos a tiempo de dar un viraje, que nos coloque en la ruta de la “vía costarricense” del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ello implica, por un lado, alcanzar los más altos niveles de calidad y competencia colaborativa en el ejercicio de la función pública, para garantizar mejores servicios. Y, por otro, enfrentar las medidas y acciones que han venido utilizando reiteradamente el discurso de la ética y la anticorrupción para reducir el Estado y abrir las puertas a la privatización de nuestra institucionalidad pública socialmente “rentable”. Es decir, medidas y acciones que “tiran al niño con el agua sucia de la bañera”.
El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022 es una herramienta valiosa que brinda información relevante en el diseño de políticas locales, al mostrar asimetrías en las oportunidades de desarrollo, la igualdad y el bienestar en Costa Rica. Esta herramienta revela altos niveles de desigualdad en Costa Rica.
El informe, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra un panorama preocupante en términos de desarrollo en el país.
El Atlas 2022 se basó en una metodología utilizada en los cálculos nacionales desde 2010 hasta 2021. Esta metodología se nutre de la aplicación de un conjunto de índices a nivel cantonal, lo que permite obtener un panorama detallado en todo el territorio costarricense.
