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Etiqueta: desigualdad

Amenazas reales y falsas sobre el futuro de la humanidad

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Miguel Sobrado

Las amenazas reales

Tomada de la Revista CR

En el mundo que vivimos crecen olas de pesimismo sobre el futuro de la humanidad. Por una parte, acecha el cambio climático, que golpea cada vez con mayor crudeza en diversas partes del planeta, al mismo tiempo que se agotan los suelos y se contaminan los mares, dejando la pesca sin controles efectivos lo que amenaza el abastecimiento de los recursos marinos.

Los presupuestos de las grandes naciones, mientras tanto, se orientan a concentrar las esferas de poder, priorizando los gastos en armamentos y guerras descuidando la importancia de estas amenazas para el futuro de la especie.

Las amenazas sin sustento inducidas por los medios masivos

Por otra parte, se afirma, partiendo del crecimiento y envejecimiento poblacional, que no habrá pensiones ni estabilidad social para las actuales generaciones debido a la falta de recursos. Esto se ve reforzado por el resquebrajamiento de la estabilidad que gozaban antes las clases medias, el desplazamiento de la mano de obra física y administrativa, por la tecnología y los robots. Todo esto asociado al incremento de los trastornos mentales, especialmente después de la pandemia.

Sin embargo, la contaminación y el cambio climático son amenazas reales, que deben y pueden ser enfrentadas con los recursos existentes, por una organización de Naciones Unidas efectiva, que reoriente los recursos que se gastan en los juegos suicidas de poder militar y se dediquen a la defensa de la humanidad frente a los peligros que la acechan. Este tema trasciende los alcances de este artículo, ya que implica cambios importantes en la organización mundial, pero tiene fundamento en los elevados presupuestos militares existentes.

Las otras amenazas sobre la falta de respaldo para el bienestar de las actuales generaciones y un futuro amenazador sobre los fondos de pensiones por el incremento poblacional y el crecimiento del porcentaje de personas mayores, con el que se imprimen temores y desesperanza, no tiene como veremos más adelante sustento, si reorganizamos los recursos.

Es falso que nos aboquemos a un desastre económico

Para analizar la realidad debemos de partir de los datos concretos. No es cierto que el incremento poblacional nos haya hecho más pobres. Es cierto que la población mundial paso de 2.5 mil millones de habitantes en 1950 a 8000 millones en 2023, pero el Producto Interno Bruto por habitante del planeta paso de US$ 1974 en 1950 a US$ 12.900 en 2023. O sea, año con año a pesar del crecimiento desbordante de población, creció la riqueza por persona. Claro que este fenómeno ha sido acompañado de un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso. En general, el índice de Gini para el mundo ha fluctuado, con un aumento notable en la desigualdad desde los años 80.

Lo que sí es una realidad, es la ideología neoliberal que nos despoja de nuestro carácter gregario y nos hace ver como individuos aislados responsables de nuestra desgracia.

El problema de América Latina

América Latina por su parte presenta el mayor índice de desigualdad del planeta donde el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos, superando incluso a otras regiones del planeta como el África subsahariana, la más pobre, donde el 10% más rico acumula el 37% de los ingresos. En las listas internacionales de crecimiento económico América Latina, a pesar de sus riquezas, ocupa por su organización política que mantiene en la exclusión histórica una parte considerable de su población, la última posición en el mundo.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología y más recientemente la Inteligencia Artificial, perfilan un incremento acelerado de los ingresos para quienes aprovechen los avances especialmente la inteligencia artificial, con un desplazamiento simultáneo de la mano de obra no calificada y reactiva a los cambios. Este desplazamiento será especialmente peligroso en América Latina por la debilidad de su calidad y cobertura de sus sistemas educativos y el poder creciente del narcotráfico que se nutre de la pobreza y la exclusión social.

Como se puede apreciar existen peligros importantes para la estabilidad del planeta y de nuestra región, que demandan visión y políticas públicas de inclusión social. Recursos existen, pero demandan recuperar nuestro carácter gregario, para ejercer una acción sobre el sistema político y social creando un reordenamiento de los ingresos y de políticas públicas sobre todo en el campo de la educación y capacitación, que contribuyan a reducir la exclusión social. Incorporando al mismo tiempo los conocimientos ancestrales que pueden contribuir a la preservación del ambiente e incorpore a los excluidos, debidamente organizados con autonomía real, sin manipulaciones clientelistas, a la creación de una nueva cultura de esperanza.

Desigualdad en América Latina y el Caribe ¿Cómo estamos?

Escrito el . Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

Aprovechamos la publicación del informe «EconoNuestra Es tiempo de una economia para todas y todos» publicado por OXFAM para poner en común las tendencias socioeconómicas que están caracterizando a nuestra región.

Según el informe, América Latina y el Caribe siguen siendo la región del mundo con mayor polarización entre la riqueza concentrada y la pobreza. Sólo un dato, el 1% de la población concentra 43.5 de cada 100 dólares, en cambio, el 50% más pobre concentró apenas 0.8 de cada 100 dólares.

Esta tendencia, se ve apoya por la existencia de un sistema tributario injusto, que permite al 1% más rico de la región, pagar proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre. Es decir, «estamos ante sistemas que no reducen la brecha de desigualdad, sino que por el contrario las incrementa» concluye el informe.

Este informe nos recuerda condiciones estructurales de la región que siguen marcando esta tendencia (Oxfam, 2024):

  • Desarrollo económico basado en materias primas: dependientes y vulnerable a ciclos internacionales, ha provocado la erosión de la calidad de vida de las comunidades y los beneficios han sido concentrados por élites económicas.
  • Reconcentración del poder en una reducida élite.
  • La reforma del Estado impulsada desde la década de 1980, ha «legitimado» la acumulación y riqueza de sectores minoritarios.

La tarea pendiente para enfrentar este contexto pasa por el compromiso por profundas transformaciones para responder por un lado a los impactos de la crisis que ya están presentes y por otro lado, transitar hacia otro modelo orientado a (Oxfam, 2024):

  • Políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales.
  • Promoción de la justicia climática.
  • Políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados.

Como parte de los insumos para reflexionar este contexto, les compartimos esta infografía con los principales datos de este escenario de desigualdad que atraviesa nuestras sociedades.

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La CTRN denuncia ante la comunidad internacional la grave desinversión social del gobierno y su alejamiento de la Agenda 2030

Escrito el . Publicado en Derechos.

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTR), Fanny Sequeira, denunció una grave “desinversión social” que ha llevado a Costa Rica a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo, al tiempo que clamó por un “nuevo pacto social” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El planteamiento lo formuló Sequeira en el marco del Foro Político de alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, del 8 al 17 de julio. Dicho foro efectuó un examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Estado costarricense presentó su tercer informe nacional voluntario respecto al avance en el logro de tales objetivos, pero el movimiento sindical del país tuvo la oportunidad de presentar su propia valoración, que discrepa profundamente de la oficial.

La CTRN, en coordinación estrecha con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), realizó la tarea de documentar la visión sindical de la realidad nacional en este ámbito, fruto de lo cual la CSI ha presentado formalmente al FPAN un informe alternativo con una valoración objetiva y contextualizada, que evidencia la insuficiencia e incoherencia en materia de políticas, inversión social y protección ciudadana y que alerta sobre un grave deterioro de indicadores-clave del estado de bienestar y del desarrollo humano sostenible.

“Nuestra presencia institucional en dicho Foro ha sido esencial para reforzar las claves del referido informe sindical, y para hacer un llamado público internacional al Gobierno para que se dedique con verdadera voluntad política a recuperar la economía, la inversión social y productiva, el empleo decente y el desarrollo humano, pero con políticas favorables a los ODS, reforzando el marco de derechos y la institucionalidad democrática del país”, apuntó Sequeira.

Tarea para la cual es muy necesario también contar con un esquema de cooperación técnica consecuente de las Naciones Unidas, añadió la dirigente sindical.

En su intervención ante una amplia representación de todos los países del mundo, la secretaria general de la CTRN expresó que “es imposible lograr los ODS con la actual política sostenida de desinversión social que afecta gravemente los servicios públicos y los programas sociales básicos, con una legislación que recorta derechos fundamentales y sindicales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y la seguridad social.

“El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo y el país con más desigualdad social dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, lamentó Sequeira.

En el marco de las políticas neoliberales que actualmente imperan, los gobiernos han hecho lo posible por desvincular el objetivo 8 de la Agenda, que se refiere a la creación de trabajo decente, los objetivos 1 y 2, que se refieren a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo.

“El empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre”, puntualizó.

Finalmente, la secretaria general de la CTRN invocó la urgencia de un nuevo contrato social en Costa Rica para “redefinir constructivamente” las políticas públicas que impulsen el desarrollo humano sostenible, “garanticen los equilibrios sociales y económicos pendientes en algunas áreas desde hace décadas y nos permitan recuperar el terreno perdido en áreas vitales del estado de bienestar”.

Según la CEPAL, en el 2030 América Latina apenas habrá logrado un 22% de avance en las metas de los ODS, y que tendrá un retroceso en un 36% de dichas metas. De mantenerse las políticas ultraneoliberales, tales predicciones podrían ser peores, sobre todo en lo relativa al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Puede escuchar un resumen de la posición expresada por la secretaria general de la CTRN mediante este enlace.

La violencia económica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos.

El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.

“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Fotografía Freepik

¿Detener el movimiento?

Escrito el . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

A inicios de la semana que concluye el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una nueva orden ejecutiva relacionada con el tema migratorio. En esta disposición, se restringe el ingreso de migrantes indocumentados y se limita la posibilidad de obtención de la figura de asilo.

Nada nuevo en el marco de una retórica de continuidad en la política migratoria estadounidense que pareciera no establecer diferencias entre Republicanos y Demócratas cuando se trata de este tema.

Justamente, las voces de esperanza en que Biden realmente lograra adecentar la política migratoria de Estados Unidos con un corte absolutamente securitario, no repararon en que detrás de una aparente humanización y adecentamiento de las acciones en materia de migración, seguridad fronteriza, integración, se posicionaba el enfoque real con el cual Estados Unidos como país ha abordado el tema en los últimos 25 años.

Esta Orden Ejecutiva firmada el 3 de junio, llega en un momento político aderezado por la campaña electoral estadounidense. En este sentido, bien es conocida la postura racista, xenófoba y antiinmigratoria de Donald Trump, el seguro candidato republicano, con la cual se ha granjeado millones de votos sustentados en una combinación entre enojos y un nacionalismo exacerbado.

Tomando posturas de esta naturaleza, Biden apuesta también por obtener apoyos para su estrategia política, en medio de un contexto en el que las movilidades humanas no cesan a nivel global. En lo que se escriben estas notas, se conoce del drama de cientos de personas migrantes africanas en Islas Canarias, en España. Es que las movilidades humanas poco entienden de cercas, vallas fronterizas, políticas duras y agresivas.

El presidente estadounidense ha dicho que con la firma de esta acción se recuperará el control de las fronteras, desbordadas como están por la necesidad incesante de cientos de miles de personas. La pregunta, que no es retórica, que debemos hacernos es quién firmará de una vez por todas una acción global contra la violencia, el hambre, la miseria, la desigualdad, el racismo, la pobreza. Aguardemos entonces.

Defensoría: Urge fortalecer medidas económicas a favor de personas adultas mayores

Escrito el . Publicado en Derechos.

Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional

Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.

La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.

Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.

En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al INFOCOOP promover entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.

En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE) informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia. Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

Escrito el . Publicado en Derechos.

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Amenaza de regresividad de derechos desvela al país

Escrito el . Publicado en Derechos.

Defensoría: Situación del país en materia de seguridad, salud, educación y atención de la pobreza es crítica

Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.

Para la Defensoría de los Habitantes, el Estado debe prestar no solo atención al estado de esta situación sino también fortalecer las acciones tendientes a luchar contra manifestaciones de violencia en distintos espacios de la vida cotidiana de las personas, y atender con prontitud, toda acción que procure discriminación y con ello, inequidad, desigualdad y la falta de igualdad de oportunidades.

La pobreza -medida por el método de ingresos, el método multidimensional o ambos métodos- afecta a más del 30% de la población costarricense, la cual también se ve agravadas, de una u otra forma, con recortes en la inversión social.

La seguridad ciudadana y la convivencia pacífica ha desmejorado desde el año 2015 y se originan cambios constantes en los lineamientos estratégicos de la institucionalidad que atiende el sector. En el año 2023, se registraron 907 homicidios (la mayor cantidad en la historia del país). Al 21 de marzo de 2024 se registran 200 homicidios. Mientras tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace llamados urgentes al país, y de manera constante, por un fortalecimiento de su presupuesto.

A ello se suma que los flujos migratorios mixtos han sobrepasado las capacidades de la institucionalidad pública costarricense. Más de 400.000 personas cruzaron Costa Rica proveniente de otros países con crisis humanitarias sobrevenidas por complejas dinámicas socioeconómicas y políticas.

En materia de Educación, el panorama expuesto por el Estado de la Educación 2021 y 2023 es urgente de atender en campos como la calidad, el financiamiento, infraestructura, brecha digital, competencias lectoras de las y los estudiantes; el liderazgo pedagógico, ampliación de la cobertura del bilingüismo y el fortalecimiento de la educación técnica, entre muchos otros aspectos.

Las vulneraciones al derecho a la salud debido a las listas y tiempos de espera para procedimientos y exámenes médicos, los rezagos en infraestructura hospitalaria y del primer nivel de atención, así como el faltante de especialistas, entre otras situaciones. A ello se suma las diversas crisis de acceso al agua potable para consumo humano en diversas regiones del país, tanto en la Gran Área Metropolitana como en el resto del país.

“Costa Rica debe dar el paso en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos a través del fortalecimiento de la institucionalidad en las comunidades, la participación activa de la sociedad civil organizada y la disponibilidad de recursos dirigidos a la inversión social”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

Escrito el . Publicado en Derechos.

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica