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Etiqueta: despojo territorial

AMDES denuncia nuevo ataque armado contra comunidades mayangnas en la Reserva de Biosfera Bosawás, Nicaragua

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Según la organización indígena, un grupo de colonos armados incendió viviendas, secuestró a cuatro hombres y asesinó a dos de ellos, padre e hijo, en la comunidad Dimanwas.

La Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) emitió una “denuncia pública urgente y muy grave” el 19 de octubre de 2026 sobre un nuevo ataque contra familias del pueblo mayangna en la Reserva de Biosfera Bosawás, en Nicaragua. Según la organización, el ataque fue perpetrado por colonos no indígenas armados.

Los hechos denunciados

De acuerdo con la información recibida de liderazgos comunitarios de la zona, entre la noche del domingo 18 y el amanecer del lunes 19 de octubre, unos 15 colonos armados entraron en la comunidad Dimanwas, del territorio Sauni As, en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Según AMDES:

  • habrían incendiado al menos cuatro viviendas habitadas por familias, con niñez y personas adultas;
  • dispararon con armas de fuego contra el ganado;
  • secuestraron a cuatro hombres y asesinaron a dos indígenas mayangnas, padre e hijo: Dionicio Hernández Bruno y Wilmer Hernández Smith.

Un patrón de violencia y la omisión del Estado

La organización señala que la Costa Caribe Norte de Nicaragua ha sido escenario de violencia contra las comunidades indígenas durante los últimos 15 años. Solo en el territorio mayangna de Sauni As se han registrado al menos seis episodios de violencia de alto impacto, con grave deterioro del patrimonio ancestral, alta inseguridad, falta de libertad y pérdida de vidas.

Según AMDES, estos hechos son conocidos por las autoridades territoriales, municipales, regionales y nacionales, que “han hecho caso omiso” y no han adoptado medidas ni brindado garantías efectivas para proteger a la población mayangna. La organización denuncia además que el Estado de Nicaragua mantiene en detención arbitraria a guardabosques indígenas que defienden la Madre Tierra, su cultura y sus comunidades.

El comunicado advierte que en las últimas semanas han circulado en redes sociales imágenes de jóvenes colonos con armas de guerra, como fusiles M16 y AK47. También circula un supuesto comunicado de colonos que amenaza con salir a las comunidades a “degollar” a comunitarios, en represalia por las labores de vigilancia territorial.

AMDES señala también el conocido interés minero y ganadero en continuar el desplazamiento violento de las poblaciones mayangnas para expandir sus actividades extractivas en esas tierras, fértiles y con gran potencial minero.

En el mes en que se cumplen 39 años desde que el Estado de Nicaragua reconoció la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, la organización denuncia estos hechos de extrema violencia, que a su entender constituyen “crímenes de genocidio y etnocidio cultural”.

Las demandas

AMDES demanda al Estado de Nicaragua:

  • investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos;
  • garantizar con urgencia la protección jurídica y social de las comunidades indígenas que sufren esta violencia;
  • iniciar lo antes posible el saneamiento de los territorios indígenas, para que los pueblos puedan vivir en paz en las tierras heredadas de sus ancestras y ancestros.

Al pueblo de Nicaragua le pide solidaridad con las familias indígenas, en especial con las afectadas por la violencia de estos días, y que se informe a fondo de lo que ocurre en los territorios indígenas. A la comunidad internacional la exhorta a emprender las acciones diplomáticas necesarias para instar al Estado de Nicaragua a proteger a los pueblos indígenas de la violencia y del despojo de sus territorios.

Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES)
“Conservando la sabiduría ancestral, honramos el legado de nuestros antepasados”. Hijos de la Madre Tierra – Sau Nanang Sulani Balna.

A Genaro Gutiérrez se le cae su arrebato contra Pablo Sivas Sivas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

“Lo que se da y se quita…se vuelve cuita”. Tal parece que ese viejo dicho se le está cumpliendo a cabalidad a Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral -ADI- de Térraba, en el caso del despojo que le quiere hacer a Pablo Sivas Sivas de su tierra en San Andrés, Potrero Grande de Buenos Aires. Este abuso de autoridad se le ha convertido en un “cuitero” legal ya que se siguen sumando evidencias que desdicen su rabieta. Y ni qué decir de la pérdida de su condición ética.

La ADI legitimó la propiedad de Pablo Sivas

Como relatamos en agosto del 2025 en “La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI”, el 7 de agosto 2025 la Junta Directiva de la ADI de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…”, finca que hasta ese día era propiedad incuestionada del indígena Bröran Pablo Sivas Sivas, pues la negoció con el señor Leitano Nájera, otro indígena, lo cual es legal según la Ley Indígena. Ese trato fue reconocido por todas las personas de Térraba y por supuesto por sus colindantes.

A partir de ese certificado que firmó Gutiérrez en favor de la señora Flores, Sivas Sivas, defendió sus derechos violentados. El asunto está en tribunales, pero hasta ahora no se había considerado un elemento fundamental que desdice cualquier duda sobre la legitimidad de la propiedad de Pablo Sivas Sivas de ese terreno. De igual manera, con esa evidencia, se reafirma que la actuación del presidente de la ADI, es contraria a cualquier compromiso con la justicia, la mediación asertiva que debería ejercer entre la gente indígena de acuerdo con su cargo legal, y su resistencia permanente a los procesos de recuperación de la tierra por parte de la población que fue desterrada por “sikuas”/no indígenas, incluso con ayuda de la ADI, como ha sido denunciado repetidamente por personas indígenas de Térraba y otros territorios.

La prueba que se está sumando al proceso es una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” de la ADI de Térraba (así está en el original) en la que se dice: “Hace constar: Que el señor (a) Pablo Gerardo Sivas Sivas, cédula de identidad número 6-123-262, es indígena miembro de esta Comunidad. Asimismo, se hace constar, que la persona anteriormente indicada, es poseedor (a) legítimo del terreno que a continuación se describe” , y se indican los linderos de la finca de San Andrés de Sivas Sivas. Además, la ADI certificó que “El terreno mide: 10 hectáreas. Se deja constancia expresa, con vista en la declaración jurada del interesado (a), así como la información comunal existente, que el terreno ha sido poseído en forma pacífica, pública e ininterrumpida, durante 05 años, y que a la fecha no se conocen otros poseedores con igual o mejor derecho sobre el terreno, ni litigios judiciales o administrativos”. Este documento, firmado por la entonces presidenta de la ADI de Térraba, Geini Gutiérrez Navas, está fechado en Térraba el 28 de noviembre del año 2013. En el mismo se incluye una declaración jurada de Pablo Sivas Sivas en la que reconoce los alcances legales de la constancia y acepta lo formalizado por la presidenta de la ADI.

Las ADIs fueron impuestas por el Estado

Dentro de algunos de los territorios indígenas desde hace mucho tiempo se asumió que las ADIs no son representaciones legítimas de las culturas originarias. De acuerdo con Marina Navas Obando, recuperadora Bröran, que por cuatro años ha participado en un proceso de estudio sobre derechos de los Pueblos Originarios, auspiciado por el proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas”, “una de las principales razones del malestar en el pueblo indígena es la imposición por parte del Estado de las Asociaciones de Desarrollo Integral en las comunidades indígenas, como si fueran figuras de representación legítimas”. Entre las quejas fundamentales se incluye que las ADI son las propietarias de las tierras indígenas en el Registro Público de la Propiedad y con ese “título” de “propietarios del territorio”, y apoyados por el Estado, las Juntas Directivas de las ADIs son la “parte ejecutora del Estado” por medio de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Incluso, las ADIs “han abierto portones para que ingresen personas no indígenas al territorio”. De hecho, en el proceso de estudio mencionado, uno de los asuntos de mayor debate y exposición entre indígenas de los pueblos del sur del país como Salitre, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), China Kichá, Bröran, Térraba y Ngäbe, se anota como particularidad de la ADI de Térraba, que en muchas ocasiones entre sus afiliados ha habido más “sikuas” que indígenas y más personas que viven fuera que dentro del territorio, todo lo cual es conocido pero no corregido por DINADECO, lo que reafirma que hay una clara colusión de fines entre esa ADI y la entidad gubernamental.

Las controversias con y dentro de la ADI de Térraba tienen larguísima historia. El 26 abril de 2022 Cindy Vargas Ortiz y Heylin Figueroa Calderón, indígenas Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, en su artículo “ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas” explicaron que “Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia (la de Genaro Gutiérrez Reyes) aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses”.

En total concordancia con lo indicado por las mujeres indígenas citadas, en el año 2010 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un informe titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, había indicado que “la ADI (de Térraba) tiene el título de su territorio y el grupo que controla la ADI, rutinariamente toma decisiones sin informar al pueblo y en algunos casos el presidente toma decisiones sin siquiera consultar al resto de la junta directiva de la ADI. Las solicitudes de información presentadas por los miembros de la comunidad indígena acerca de las decisiones tomadas por la ADI de Térraba son continuamente ignoradas”.

En ese documento de Naciones Unidas quedó señalado lo que se ha reiterado durante décadas desde los Pueblos Originarios, y que también, permanentemente, ha sido ignorado por las autoridades de gobierno que se relacionan con las poblaciones indígenas, como DINADECO: “los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo Térraba, han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”

En resumen, Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la ADI de Térraba, escondió, negó, desconoció o simplemente no le importó, que su misma asociación, en aquel momento presidida por su sobrina, hubiera reconocido y validado mediante una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” el derecho de Pablo Sivas Sivas a la tierra que ahora está empeñado en arrebatarle. Que un tribunal externo dicte sentencias sobre este asunto mediante un “interdicto agrario” es lo que la normalidad jurídica “sikua” dicta, pero eso no resuelve éste ni ningún otro conflicto. Eso más bien reafirma la no aplicación de la Ley indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de numerosas sentencias judiciales sobre la propiedad y la administración de la tierra dentro de los territorios indígenas. Pero que sea un indígena, que en buena teoría debería defender a su pueblo, el que se ensañe contra las personas indígenas recuperadoras, debe anotarse con todas las letras y nunca ser olvidado.

Está del todo claro que Pablo Sivas Sivas era y es el único y legítimo dueño de la tierra de San Andrés. Eso lo reconoció la ADI y esa constancia sigue vigente. A pesar de eso Genaro Gutiérrez está empecinado en quitarle su derecho no sólo a Sivas Sivas, sino a muchas más personas recuperadoras de otras tierras, por cuya recuperación nunca movió ni una pestaña cuando eran los sikuas/usurpadores quienes las explotaban. Sin embargo, como “lo que se da y se quita…se vuelve cuita”, ahora parece que Genaro deambula descalzo en un suamposo piso de gallinero porque escogió, contra todo principio de protección de su gente, comprometerse con el despojo y el desconocimiento de los derechos de su propio pueblo. Una vez más su condición ética queda del todo cuestionada. Es por eso que, ya sea por sikuas o por gente de esta estirpe, que estas expresiones del racismo siguen marcando la vida de los Pueblos Originarios de Costa Rica.

La raíz indígena poco mencionada en el café con tintes transfronterizos: Costa Rica y Panamá

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Alejandro Machado García
Consultor
Gestor de desarrollo, migraciones y género

Alejandro Machado García

Al pensar en Los Santos —Tarrazú, Dota, León Cortés— la imagen suele ser fincas cafetaleras, cooperativas y montañas de café. Esa narrativa, sin embargo, es más compleja. Antes del café ya existía movilidad transfronteriza y ancestral entre lo que hoy son Costa Rica y Panamá, impulsada por pueblos indígenas que se relacionaban en un ámbito cultural amplio, mucho antes de las fronteras, colonias, países y el café.

Como investigador, he señalado que la actividad del café en Los Santos es una de las labores más desafiantes e innovadoras para miles de campesinos y caficultores. La organización de pequeños productores, cooperativas y microbeneficios ha sido clave para distribuir riqueza y bienestar en el territorio. Esos ingresos permitieron que productores enviaran a sus hijos a estudiar, hicieran mejoras en sus hogares y regeneraran el tejido empresarial familiar, incorporando nuevas técnicas e innovación.

No obstante, la movilidad indígena entre el sur de Costa Rica y el oeste de Panamá no está vinculada únicamente a la recolección. El hallazgo de elementos culturales en cementerios indígenas en fincas locales hace unas décadas atrás, demuestra movimientos indígenas preexistentes. Estudios de lingüística, arqueología y genética confirman que los pueblos originarios de la región compartían la familia lingüística chibcha, que abarcaba desde Nicaragua hasta Colombia, por lo que fácilmente se pueden encontrar dispersos en varias regiones.

Investigaciones muestran una correlación genética entre los Ngäbe-Buglé, las borucas, los Bribris, los Cabécares, los Teribes y los Maluku. Se ha aportado también evidencia arqueológica de la «Gran Chiriquí», un horizonte cultural que vincula la región fronteriza del Pacífico de Costa Rica y Panamá, lo que permite establecer vínculos entre pueblos hoy divididos por la frontera.

Con la llegada del colonialismo español cambió la percepción de estas poblaciones, que fueron vistas como «salvajes» y despojadas de su tierra y cosmovisión. Las notas coloniales del siglo XVI describían a los Ngäbe como pobladores de áreas densas y boscosas, con agricultura de subsistencia.

Tras la independencia, los pueblos indígenas fueron gradualmente despojados y convertidos en jornaleros; la propiedad comunal pasó a manos privadas y la población indígena disminuyó drásticamente entre los siglos XVIII y XIX. Para el siglo XIX la dinámica costarricense se centró en la caficultura del Valle Central, mientras las poblaciones indígenas fueron desplazadas y relegadas a oficios jornaleros.

Los Santos se conformó inicialmente con migración interna, no con el café desde el inicio. Entre 1865 y 1894 llegaron más familias, principalmente desde Desamparados, Guadalupe y Alajuelita. En la zona se cultivaban productos de subsistencia y se practicaban otras actividades como ganadería y aprovechamiento forestal.

A veces considero si realmente los Ngäbe y Buglé regresaron al sur y a los Santos como reactivación de una movilidad histórica que desconocemos pero bueno, lo cierto del caso es que su presencia para la población local, se nota en los noventa cuando Costa Rica tiene el resultado de la crisis del modelo agroexportador, deudas y caída de precios del café, que encarecieron los insumos y empujaron a familias endeudadas a emigrar a los Estados para evitar perder fincas. No todos eran pequeños productores; muchos carecían de medios de producción. Estados Unidos terminó siendo una opción para mejorar la posición social mediante ahorro y remesas, similar a lo que muchos indígenas llegan a la zona, con ese anhelo de sacar adelante a sus familias.

Los Santos tiene la oportunidad de integrar turismo cultural con la producción cafetalera, dejando de ver a las comunidades indígenas solo como mano de obra y reconociéndolas como parte de un encuentro cultural anual que puede generar proyectos y valor agregado.

Reconocer esto no es solo académico; es reparar la invisibilización histórica de los pueblos originarios y entender que la frontera entre Costa Rica y Panamá es una construcción reciente sobre un territorio que siempre fue compartido. Los 10,000–12,000 migrantes Ngäbe-Buglé que vienen a cosechar café no son necesariamente «extranjeros»: podrían representar una reactivación de una movilidad histórica que trasciende Los Santos y merece reconocimiento simbólico y económico.

Proyecto de ley pretende recortar casi un tercio del territorio indígena de Këköldi y revertir fallo de la Sala Primera

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  • El proyecto violaría el Convenio 169 de la OIT

Bloque Verde. Diversas voces han alertado sobre la presentación de un proyecto de ley que plantea una modificación sustancial al territorio indígena bribri de Këköldi, ubicado en Cocles, cantón de Talamanca, el cual implicaría una reducción aproximada del 31,5% de su extensión actual.

La iniciativa, titulada “Ley para la Delimitación Territorial de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi”, fue presentada al final del período legislativo 2022-2026 por la entonces diputada Carolina Delgado Ramírez, quien el 5 de mayo del 2026 fue nombrada presidenta ejecutiva del INAMU por la presidenta electa Laura Fernández. Aunque el texto del proyecto utiliza el término “modificación”, sus propias cifras evidencian un recorte significativo del territorio, pasando de 7.857 hectáreas a aproximadamente 5.386 hectáreas, lo que representa la pérdida de 2.471 hectáreas.

Esta propuesta busca revertir los avances logrados tras más de 15 años de litigio judicial que permitieron la restitución de tierras ancestrales legalmente reconocidas al pueblo indígena de Këköldi, incluyendo áreas que les brindan acceso al mar. En ese sentido, se advierte que el proyecto no contempla medidas de reparación ni garantiza un proceso amplio de consulta, limitándose a mencionar la participación de la Asociación de Desarrollo Integral de Këköldi y sus organizaciones representativas. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT establece que la consulta debe ser previa, libre e informada, es decir, debe realizarse antes de la formulación de este tipo de iniciativas y no cuando ya han sido presentadas.

Cabe recordar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia N° 004507-F-S1-2019 del 12 de diciembre de 2019, anuló los decretos ejecutivos de 1996 y 2001 que habían reducido ilegalmente el territorio, precisamente por no haber realizado la consulta previa obligatoria, y restableció los límites originales del territorio, incluyendo el área costera. Ese territorio restituido pertenece al pueblo Bribri de Këköldi y sobre este punto el Estado costarricense no puede retroceder.

La modificación de los límites de un territorio indígena debe regirse por los principios del derecho indígena y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense. En este caso, la propuesta no solo implica un retroceso respecto al nivel de protección alcanzado mediante una sentencia judicial, sino que también contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos. Al no haber sido consultada de manera previa, el proyecto vulnera el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales establecen que la consulta debe realizarse en todas las etapas del proceso, desde antes de la presentación de la iniciativa y durante su trámite.

Adicionalmente, el proyecto invoca la situación de propietarios no indígenas de buena fe atrapados dentro del territorio restituido para justificar el recorte. Es un argumento con resonancia humana, pero tiene una trampa, ya que ese problema ya tiene solución en el ordenamiento jurídico vigente, y el Estado se ha negado sistemáticamente a aplicarla. El artículo 5 de la Ley Indígena N.° 6172 obliga al Estado a reubicar o, si no es posible, a expropiar e indemnizar a esas personas.

La propia Sala Primera, en la sentencia que ahora se pretende revertir, ordenó expresamente al INDER y la CONAI iniciar esos procesos de expropiación. El plazo venció. El Estado no actuó. Y ahora, en lugar de cumplir lo ordenado por el tribunal, se propone rediseñar el mapa para que las fincas de terceros queden fuera del territorio indígena, trasladándole al pueblo de Këköldi el costo de la negligencia institucional. Que el Estado haya incumplido su propia sentencia no puede convertirse en argumento para despojar a una comunidad indígena de su territorio ancestral.

Desde el colectivo Bloque Verde se advierte que esta propuesta representaría un retroceso que aumentaría la vulnerabilidad territorial del pueblo Bribri de Këköldi, en beneficio de intereses vinculados a la especulación inmobiliaria.

Hacemos un llamado urgente a revisar con detenimiento el contenido y las implicaciones del proyecto, en resguardo de los derechos territoriales indígenas reconocidos tanto en la legislación nacional como en el derecho internacional. La posible reducción del territorio no solo implicaría un grave retroceso jurídico, sino que sentaría un precedente altamente peligroso para otros territorios indígenas que enfrentan procesos históricos de ocupación por parte de personas no indígenas, en contextos donde el Estado tampoco ha cumplido la ley. Esto no solo agrava la deuda histórica, sino que alimenta escenarios de conflicto, como los que ya se viven en procesos de recuperación territorial, marcados por la violencia, la impunidad y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.

Información de la posición de la comunidad de Kéköldi: Proyecto de ley podría reducir en más de un 30% territorio indígena en Keköldi – YouTube

¿Unidad o simulación? La verdadera prueba del Convenio 169 en Cahuita

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore.

En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.

La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.

La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.

Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.

El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.

El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.

Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».

El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.

En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.

En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.

En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.

Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.

Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.

Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.

Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.

Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.

No hay una tercera vía.

La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.

Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.

En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.

La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:

¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?

Cahuita, Talamanca

¿Casualidad o estrategia?

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Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y la primera del XXI, el cierre de las líneas ferroviarias en el Caribe Centroamericano marcó el inicio de la etapa final de un agresivo proceso de despojo y gentrificación que afectó principalmente a la población afrodescendiente.

En Honduras se clausuró la línea entre San Pedro Sula y Puerto Cortés en 1994; en Costa Rica, la conexión de Puerto Limón a San José dejó de operar en 1995; y en Panamá se cerró el tramo Guabito–Puerto Almirante en 1996.

Esos años constituyen puntos clave: La pérdida de transporte y logística locales fue el detonante económico que precipitó el desempleo masivo y la desarticulación de economías de subsistencia de múltiples pueblos afrodescendientes caribeños.

Es un hecho innegable, que las comunidades mayormente perjudicadas fueron, en su mayoría, afrodescendientes que desde generaciones vivían de la agricultura local, el comercio pequeño y el trabajo en ferrocarriles y puertos.

Con el fin de los trenes desapareció no solo una vía de conexión sino también mercados, empleos y una red social económica que sostenía a familias enteras. El resultado inmediato fue el desarraigo poblacional.

Muchos habitantes abandonaron tierras ancestrales, emigraron en busca de trabajo o vendieron propiedades bajo presión económica; otros quedaron atrapados en situaciones de vulnerabilidad o en formas precarias de ocupación de la tierra, debido a políticas prohibitivas de titulación a principios del siglo.

Paralelamente, la inacción estatal y la complicidad de grandes empresas —bananeras y corporaciones nacionales e internacionales — facilitaron la llegada de inversores con mayor poder financiero.

En Costa Rica, las familias que resistieron vender enfrentaron usurpaciones toleradas por instituciones públicas y la imposición de figuras de protección ambiental (humedales, parques nacionales, refugios), que por un lado “conservaron” territorios, y por otro limitaron la posibilidad de uso tradicional de la tierra.

Esa estrategia —abandono administrativo combinado con marcos regulatorios— exacerbó la expulsión de residentes tradicionales y la transferencia de tierras al sector privado y al Estado.

Lo que siguió fue una regentrificación evidente: La aparición de centros comerciales, tiendas libres de impuestos en Guabito, y empresas controladas por nuevos inversores e inmigrantes que transformaron el tejido urbano y comercial.

Localidades como Guabito y Changuinola de Bocas del Toro, Sixaola, Manzanillo, Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Estrada, Marina, Siquirres, Tortuguero y Barra del Colorado, hoy exhiben una creciente oferta comercial moderna, pero con una población afrodescendiente reducida y marginada, salvo excepciones muy marcadas.

En contraste, Cahuita ha logrado conservar buena parte de las propiedades familiares de los años setenta; es, hasta ahora, el último bastión que ha resistido parcialmente la política de desplazamiento y transacción total de tierras.

Defender ese legado —las tierras, la memoria y la continuidad comunitaria— es la tarea urgente para evitar que más pueblos se conviertan en ejemplos de desarraigo y regentrificación irreversible.

Las múltiples caras de África: cuestiona la empatía y solidaridad con fronteras

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica

Contrario a la narrativa simplificada que durante décadas se nos ha impuesto, África no es un país, sino un continente conformado por 54 Estados soberanos, múltiples regiones geográficas y una vasta diversidad de pueblos, culturas y subculturas ancestrales, cuya historia se remonta a tiempos prehistóricos, anteriores a la era cristiana. Desde el Magreb y el norte de África, pasando por África Occidental —incluida Nigeria y su capital económica, Lagos—, África Central, África Oriental y África Austral, el continente africano ha sido siempre plural, complejo y profundamente diverso.

Dentro de estas sociedades, ayer como hoy, han coexistido realidades marcadas por una profunda desigualdad: los que tienen y los que no tienen, una brecha estructural que no ha desaparecido y que continúa reproduciéndose en el presente.

Las imágenes recientes provenientes de Lagos, Nigeria (África Occidental) revelan procesos de desplazamiento forzado, exclusión urbana y concentración de riqueza que resultan incluso más alarmantes que los fenómenos actualmente observados en la costa del Pacífico de Costa Rica, derivados de la implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) promovidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Este paralelismo deja al descubierto una realidad incómoda: el desalojo sistemático de poblaciones de ingresos bajos y medios, junto con la expulsión de pequeños emprendimientos locales de zonas costeras estratégicas para abrir paso a grandes capitales y desarrolladores inmobiliarios, no es una ocurrencia aislada de la política nacional costarricense, sino parte de una estrategia de “desarrollo” de carácter transnacional.

En este contexto, resulta imposible ignorar el silencio sepulcral de muchos autoproclamados líderes de la Diáspora Africana, quienes proclaman con orgullo su ancestralidad africana, se envuelven simbólicamente en togas identitarias, pero dan la espalda a nuestros hermanos y hermanas avasallados en la madre patria. Ese silencio —cómodo y selectivo— se convierte en una forma más de complicidad frente al despojo y la exclusión que hoy sufre África.

Y revela que nuestra empatía y solidaridad tiene fronteras restringidas.

Este patrón global, que atraviesa continentes y discursos, nos obliga a cuestionar no sólo las políticas públicas y los modelos económicos vigentes, sino también la coherencia ética de ciertos liderazgos y el sentido real de la solidaridad afrodescendiente. Al final, la pregunta sigue siendo inevitable:

¿Desarrollo para quién y a costa de quién?

Una falsa narrativa de “conflicto interno” en comunidades afro costeras… ¿Para qué sirve?

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Bernardo Archer Moore
Cahuita 20/11/2025

No es casualidad que cada vez que alguna persona de pueblos afro-costeros alce su voz, aparece la acusación de que estamos “divididos” o “peleando entre nosotros”.

Esa narrativa tiene propósito:

Por un lado, protege a ciertos líderes locales incompetentes, que no toleran la diversidad de opiniones.

En lugar de promover debates y análisis, llaman “división” a cualquier pensamiento diferente.

Así, disfrazan su propia incompetencia bajo la bandera de una falsa unidad que solo sirve para silenciar a quienes piensan distinto.

Por otro lado, esta misma idea de “conflicto interno” favorece a los grandes intereses económicos detrás de los Planes Reguladores Costeros (PRC) y las concesiones municipales que muchos propietarios locales no pueden pagar.

Cuando la comunidad parece “inestable”, es más fácil justificar la gentrificación del Caribe costarricense y avanzar en la apropiación de tierras afro-costeras sin respetar nuestra voz ni nuestros derechos.

Pero eso no nació ayer:

Veamos su raíz histórica.

Durante siglos, los pueblos africanos fueron tratados como mercancía cruzando el Atlántico, no como personas individuales. Esa lógica sobrevivió incluso después de abolida la esclavitud.

En Costa Rica, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, a los negros se les consideró una “raza indeseada”, sin ciudadanía plena y sin libertad de movimiento.

De ahí nació el prejuicio de que “los negros piensan igual”, que solo existe una voz (Autonombrado u escogida por ellos); y que cualquier diferencia debe verse como “problema”.

Hoy, esa herencia colonial vuelve a usarse en nuestra contra:

Lo que en cualquier comunidad sería un debate normal, en la nuestra lo presentan como conflicto.

La verdad es otra:

La diversidad de opiniones es una señal de madurez, no de división.

La verdadera amenaza no es nuestra pluralidad, sino la estrategia de quienes quieren silenciarla para abrir paso a proyectos que desplazan a quienes siempre hemos vivido aquí.

Es momento de decirlo claramente:

Defender el derecho a pensar distinto es defender nuestro territorio, nuestra historia, nuestro presente y bienestar de futuras generaciones.

Los contratos de carbono y la amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Costa Rica

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El Observatorio Bienes Comunes UCR comparte un análisis clave del abogado Rubén Chacón Castro sobre cómo los contratos de carbono, el PSA y REDD+ impactan los territorios indígenas en Costa Rica.

Bajo el discurso climático se esconden riesgos de restricciones a prácticas ancestrales, pérdida de autonomía y nuevos mecanismos de despojo territorial.

Descubra por qué este debate es urgente para la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas.

Lee la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/los-contratos-de-carbono-y-la-amenaza-a-los-derechos-territoriales-de-los-pueblos-indigenas-en-costa-rica

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

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La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.