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Etiqueta: deuda pública

Costa Rica en el espejo de Grecia: crisis fiscal, deuda pública y pagos por intereses

Luis Paulino Vargas Solís

Escuché en un programa de radio una comparación que parecía establecer una similitud o paralelismo entre Costa Rica y Grecia (la de Europa, no el bello cantón alajuelense), en asuntos atinentes a la cuestión fiscal, la deuda pública y los pagos por intereses de la deuda. Ese era un símil muy frecuente hace algunos años. Hoy, aunque menos habitual, no deja de circular. Creo que es una comparación que puede resultar fértil, pero la cual exige suma cautela, ya que, desde diversos e importantes puntos de vista, son casos disímiles.

Empecemos por recordar que en Grecia hubo una deliberada falsificación de los datos, realizada por el gobierno conservador de Konstantinos A. Karamanlis, para lo cual contó con la cómplice y delincuencial colaboración de Goldman Sachs, uno de los gigantes neoyorkinos de la banca de inversión. Cuando Yorgos Papandréu, del Partido Socialista, asumió el poder en 2009, dio a conocer la realidad: el déficit fiscal no era del 3,7% del PIB, según la mentira del gobierno anterior, sino cercano al 13%.

No solo había una mentira, sino que el déficit era mucho más alto del que jamás hemos tenido en Costa Rica. De hecho, en el período reciente, el nivel más alto registrado -cercano al 8%- se alcanzó en el contexto de la pandemia, o sea, en el año 2020. Además, y relativamente al tamaño de su economía, la deuda pública de Grecia era, y sigue siendo, mucho mayor que la nuestra: al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, se encontraba en los alrededores del 145-150% de su PIB. Hoy, 13 años después, y luego de un larguísimo período de mortificante y destructiva austeridad fiscal, todavía excede del 170%, o sea, más de 20 puntos por encima de donde estaba al inicio de la crisis ¿podría haber mejor forma de comprobar el fracaso de las políticas de austeridad? En nuestro caso, la deuda pública alcanzó un 68% en 2021, y ahorita andamos en los alrededores del 62-63%.

Pero hay una diferencia fundamental, habitualmente menospreciada e incomprendida, incluso por el común de nuestros más reconocidos economistas: Grecia carecía de una moneda propia. Siendo parte de la Zona Euro, no podía gestionar su propia moneda y dependía de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Su deuda, por ello mismo, era totalmente vulnerable a los ataques especulativos de los inversores, en especial los fondos de cobertura, cuyo negocio consiste en apostar a la ruina de empresas, inversores e, incluso, países.

En la cúspide de la crisis de la deuda europea, en julio 2012, Mario Draghi, presidente del BCE en aquel momento, pronunció, en Londres, las palabras milagrosas: «dentro de su mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente». Es muy discutible que lo haya hecho “dentro de su mandato”. Todo indica que fue más allá, puesto que el BCE fue creado bajo el influjo de la ortodoxia dominante del Bundesbank, o sea, el Banco Central de Alemania, y, por lo tanto, fuertemente orientado al combate de la inflación y muy poco más. Pero, y en todo caso, lo importante es que Draghi, y el BCE, lo hicieron, y, entre otras cosas, eso impidió la quiebra de España, y la implosión del euro, aunque no las brutales políticas de austeridad que agravaron y prolongaron la crisis innecesariamente.

Aunque maltrecha y golpeada, Costa Rica todavía tiene una moneda nacional, y, todavía, la mayor parte de nuestra deuda está en colones: un 75% del total, aunque hay que reconocer que esto se ve artificialmente favorecido por la fuerte baja del dólar en los últimos 15 meses, lo cual disminuye el peso de la deuda en moneda extranjera. Si la tasa de cambio dólar-colón estuviera hoy a su nivel de junio 2022, la parte de la deuda en colones sería algo más baja: un 73%, y el peso de la deuda total, como proporción del PIB, estaría en los alrededores del 65-66%.

El mayor peso de la deuda en colones ha sido una ventaja a nuestro favor, porque ello ha atenuado las posibilidades de sufrir ataques especulativos desde el exterior. Contradictoriamente, algo de eso, o sea, algo de tales arremetidas especulativas, se ha vivido a la interno, lo cual reiteradamente se ha visto reflejado en presiones para que el Ministerio de Hacienda ofrezca tasas de interés más rentables, sobre sus emisiones de bonos en colones. Y, de hecho, históricamente hemos pagado tasas irrazonablemente altas sobre esas emisiones de deuda interna. Así, el año pasado pagamos una tasa de aproximadamente un 8%, o un poco más, lo cual resulta una verdadera locura.

De ahí que, en el bienio 2021-2022, pagáramos, por concepto de intereses, un monto cercano a los cuatro billones de colones (cuatro millones de millones), lo cual supera en un 50% el presupuesto anual dedicado a educación, y en más del 40% el total de la deuda del gobierno con la Caja, la cual, como bien sabemos, la administración de Rodrigo Chaves se niega ni siquiera a reconocer.

Claramente la política basada en recurrir a endeudamiento externo como instrumento para bajar los pagos por intereses, en la que se viene insistiendo desde hace unos 5 años, ha fracasado ruidosamente. Cuando, por otra parte, al crecer la parte de la deuda en moneda extranjera, también se acrecienta nuestra vulnerabilidad frente a eventuales ataques especulativos.

Y, entre tanto, y paradójicamente, funcionamos con base en un dogma, bien establecido y al parecer irrompible, que impide que el Banco Central colabore de ninguna forma concebible con el Ministerio de Hacienda, para amortiguar las presiones especulativas que surgen a lo interno de la economía costarricense, y que elevan de forma inaceptable las tasas de interés. Aclaro: no digo que sea esto lo único que debería hacerse, pero sí enfatizo que es una de las herramientas a las que deberíamos echar mano.

Aquí bien vale recordar la frase de Mario Draghi, pronunciada en 2012, a la que hice referencia previamente, cuando advirtió que el Banco Central Europeo (BCE) haría lo necesario para impedir lo que de otra manera iba a ser el derrumbe definitivo de la Zona Euro. Reitero la advertencia: no se trata de establecer comparaciones antojadizas y arbitrarias: ni nuestro Banco Central es el BCE, ni Costa Rica es Europa, ni nuestra situación actual es la de la Zona Euro en aquellos momentos.

Pero un detalle debemos recuperar y destacar: potencialmente el Banco Central posee herramientas que le permitirían incidir sobre los pagos por intereses, y reducir así, siquiera en parte, la magnitud desorbitada que estos alcanzan. No lo hace esencialmente porque seguimos bajo el poderoso influjo de implacables fantasmas ideológicos.

Pero todavía hay un segundo detalle que no debemos olvidar: el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad en Grecia. En un contexto ciertamente diferente, y aunque no tan brutales en nuestro caso, esas políticas también en Costa Rica vienen causando grave daño. También en este aspecto estamos atrapados por perniciosos espectros ideológicos.

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Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2023/09/costa-rica-en-el-espejo-de-grecia.html?m=1

Finanzas públicas: decálogo sobre la demencia

Luis Paulino Vargas Solís

1. Las universidades públicas solicitan al gobierno cumplir con el 1% adicional sobre el presupuesto aprobado el año pasado, según el compromiso asumido en su momento. El gobierno se niega a hacerlo. En total, son aproximadamente ₡5.600 millones.

2. El año pasado, 2022, por concepto de intereses de la deuda pública, el gobierno pagó un total de ₡2.044.143,4 millones. O sea: más de dos millones de millones o, si usted lo prefiere, más de dos billones.

3. Por lo tanto, el monto de los intereses pagados en 2022, equivale a 365 veces lo que las universidades están solicitando.

4. En su informe sobre la liquidación presupuestaria del gobierno, correspondiente a 2022, la Contraloría le advirtió al Ministerio de Hacienda que no solo incumplió con el pago de ₡252 mil millones que, por obligación legal, debía realizar a la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que, encima de eso, omitió indicar esa cifra en la mencionada liquidación. O sea: el gobierno no solo no pagó lo que debía, sino que quiso “hacerse el chancho” y ocultar la información correspondiente.

5. Compare la cifra NO pagada en 2022 a la Caja, con la que SI se pagó por intereses: la relación es de 8,11 veces. O sea: se pagó por intereses 8,11 veces lo que debió pagarse, pero no se pagó, a la Caja.

6. ¿Cuánto es la deuda total del gobierno con la Caja? La cifra anda en aproximadamente ₡2,8 billones (millones de millones). Según Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, habría que cerrar prácticamente todas las instituciones públicas para satisfacer esa deuda. Ignoraremos tales charlatanerías, y volvamos a comparar con el pago de intereses de la deuda.

7. El monto total de esos intereses, sumado lo correspondiente a 2022 más lo pagado hasta el mes de mayo de 2023 (17 meses en total), suma ₡2.937.389,1 millones, o sea, más de ₡2,9 billones. O sea: una cifra superior al total de la deuda con la Caja.

8. ¿Cómo se explica que no haya problema en pagar ese disparate de dinero en intereses, y, en cambio, resulte “imposible” pagar lo que corresponde a las universidades y a la Caja? Con el agravante de que “tampoco hay dinero” para escuelas, comedores estudiantiles, la policía, albergues infantiles, atención a personas mayores, vivienda popular, etc. etc.

9. Conclusión 1: el manejo de las finanzas públicas, y la forma como se pretende resolver el problema fiscal, es un ejercicio de absoluta irracionalidad, que está causando grandes devastaciones sociales y humanas, y está destruyendo el futuro de Costa Rica.

10. Conclusión 2: urge frenar esta demencia, y abrir un amplio debate democrático que nos permita reorientar las cosas…antes de que sea demasiado tarde.

Un gobierno sombrío

Oscar Madrigal

No sé a ustedes, pero a mí todo este Gobierno me parece oscuro, opaco, poco trasparente, raro. Será por lo mentiroso que es.

Empezó con un presidente cuestionado y sancionado por acoso sexual en el Banco Mundial, que Chaves siempre negó, pero cuyas sanciones ahí estaban como un hecho real, grande y concreto.

Para no retroceder mucho en el tiempo, hace unos días el Presidente Chaves detuvo la construcción del Hospital de Cartago blandiendo documentos falsos de un terreno distinto al adjudicado para la construcción del hospital. Luego que agarraron al Presidente en la mentira ni se sonrojó y mucho menos se disculpó.

El ministro Nogui sustenta acusaciones de evasión en documentos que no existen, aunque afirme bajo juramento de la existencia. Miente, pero se justifica en su ignorancia.

Chaves propone un aumento considerable en la carga de impuestos incurriendo en una flagrante contradicción con lo ofrecido en campaña, pero lo excusan en que no se trata de nuevos impuestos, sino simplemente de aumentarlos. Toman del pelo a los costarricenses creyéndolos estúpidos.

Las famosas Rutas, del arroz, de la educación y otras, solo han servido para devolver favores financieros a sus amigotes o para destrozar la ya decaída educación nacional.

Alquilan y compran partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales. Como falló el partido creado por una asesora presidencial con una trayectoria más que dudosa en México, ahora compraron el partido que propuso a Greivin Moya. Detrás de todo esto hay financistas de oscura trayectoria: unos señores chinos, investigados por lavado de dinero, que primero compraron más de ¢150 millones al partido de Chaves y luego aparecen ligados también al partido de Greivin comprado por un Federico, amigo y asesor de Rodrigo Chaves. Todo muy raro, muy opaco, poco trasparente.

Comprometieron su palabra a los Rectores de las universidades públicas para el año entrante aumentar el presupuesto en un 1%, ello para contrarrestar la inflación. Nogui dice que no les pagarán y les echa la culpa a los diputados porque redujeron el presupuesto del pago de intereses de la deuda pública. Es decir, primero pagar los intereses antes que educación, antes seguridad que educación, parece ser su consigna, lo cual no es más que reproducir el círculo de la pobreza. Renegaron de su palabra, incumplieron un acuerdo solemne, pero eso, ¡qué importa!

Desde el inicio el Presidente sostuvo que la CCSS estaba quebrada y luego destituyó al presidente ejecutivo, a la junta directiva, a los más altos cargos y a todo aquel que opinara o demostrara lo contrario.

Su objetivo es procurar la privatización de importantes servicios, eliminar la universalización de la seguridad social por costosa y no pagar la deuda del Estado a la Caja. No estamos exagerando es lo que indicó ayer la señora Esquivel, presidenta de la Caja. Sino ¿qué sentido tiene decir que la universalización de los seguros sociales es insostenible? En el fondo es dejar un seguro social solo para los asalariados y el resto de la población, dos terceras partes, sin seguro y dejados al cuidado de las antiguas Unidades Sanitarias.

Ayer la señora Esquivel hizo un montón de afirmaciones que deberá sustentar y que parece que su único motivo es justificar el NO pago del Estado a la Caja. Este parece ser el motivo de fondo de este Gobierno, NO pagar lo que le debe a la CCSS. Eso es lo que está en el fondo del show montado por el Gobierno de Chaves ayer, porque de cosas positivas, de propuestas, de fórmulas para fortalecer la Caja, ninguna.

¡Qué enorme diferencia demuestra el Gobierno en cuanto a pagar los intereses de la deuda pública y pagarle a la Caja lo que el Estado le debe!

Mientras la presidenta ejecutiva Esquivel se muestra supuestamente implacable contra la corrupción, quita una plaza de médico al Hospital de Puntarenas para nombrar a la ex de Salud, Jocelyn Chacón, en un puesto burocrático en San José. Esto no tiene otro nombre más que CORRUPCIÓN y resta toda credibilidad a los aspavientos de la señora Esquivel. Para los amigotes cuchara grande, para los pobres caridad.

Este Gobierno es tan opaco como el Presidente.

¡La Caja no se vende. La Caja se defiende!

Deivis Ovares, coordinador del FRENAS hace un llamado en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el mensaje que nos comparte solicita  a la Presidencia de la República a cumplir su deber constitucional de saldar la deuda que tiene el Estado con la CCSS, pues con el pago de esta se pueden mejorar los servicios, construir nueva infraestructura.

Compartimos el video: https://fb.watch/l9S1UQi–Z/?mibextid=cr9u03

Para su reflexión – Mensaje de SITRAHSAN

Hay momentos en que los ciudadanos y empleados públicos, debemos ponernos la camiseta que nos recomiendan los políticos de turno por el bienestar del país, como sucedió en el caso de la implementación de la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, implementada a partir del 01 de julio 2019, donde, maquillado el asunto por el gran endeudamiento del sector público, no se autorizó hacer efectivo el pago del último incremento salarial aprobado para este sector, por parte de la comisión de salarios, que regía a partir del 01 de enero 2020, el cual no se hace efectivo bajo el argumento de la agobiante deuda pública del país.

Hoy tres años después, de estar suspendido ese incremento salarial y según información del Ministro de Hacienda, la situación fiscal del país ha mejorado sustancialmente, al pasar la deuda del sector público de un 82.8 % del PIB (Producto Interno Bruto), según datos del exministro Adrián Villegas en el año 2020, donde para marzo del 2023 pasa a representar un 59% del PIB, a partir  del comunicado de prensa CP 19/24 de marzo 2023.

Así las cosas y esperando la reciprocidad de los políticos, de aplicar lo que  la  ley señala, la camisita de la clase trabajadora y empleado público, como su persona lo realizó en el caso de la Ley de Usura, le emplazamos respetuosamente, Sr Ministro, ya que estimamos es hora de que, dé otra señal de buena fe, haciendo efectivo ese incremento salarial suspendido desde enero 2020. En esta ocasión, le motivamos con el argumento de que la deuda pública ha disminuido por debajo de lo normado en la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en su apartado regla fiscal.

SITRAHSAN el sindicato que defiende los derechos de los trabajadores.

ACOJUPEMA solicita auditoría de la deuda pública

La Contralora General de la República Marta Acosta Zúñiga recibió una solicitud de la Asamblea de Cotizantes de JUPEMA (ACOJUPEMA) para que se realice una auditoría externa sobre la deuda pública.

La licenciada Marjorie Hernández Delgado, presidente de ACOJUPEMA indicó a SURCOS que “esto está muy entrelazado con la debacle en los fondos de pensiones. De lograr que se realice esa auditoría se estarán dando pasos importantes en muchos campos”.

En la carta la organización magisterial señala: “El motivo de la presente es expresar nuestra preocupación por el comportamiento que a partir del año 2016 tiene el Sistema de la Deuda Pública, en su componente de deuda interna y verificada la alarmante subida de las tasas de interés en relación con el PIB”.

Por ello ACOJUPEMA solicita que “se inicie un programa consolidado y permanente de auditoría a la deuda pública de manos de esa Contraloría General. Al mismo tiempo recordamos que ante la omisión de dicha auditoría, el Estado costarricense podría estar violentando su obligación de progresividad y no regresión de las garantías sociales y derechos humanos, siendo que la función del Estado va mucho más allá del pago de altas tasas de interés a los inversionistas en bonos de deuda pública”.

SURCOS comparte la carta enviada por ACOJUPEMA a Marta Acosta Zúñiga.

Y después del fútbol, ¿qué?

Óscar Madrigal

Acaba la aventura mundialista de la Selección con dos resultados, el fracaso y la venta de humo a la confiada afición nacional. Una vez más nos engañaron y nos vacilaron.

Ahora de vuelta a la tierra hay que enfrentar los verdaderos y graves problemas por los que atraviesa el país. Recogemos en esta nota solo algunas informaciones de las últimas semanas que no han tenido mayor repercusión nacional:

El 54% de las familias no llega a fin de mes. En palabras sencillas, a la mayoría de la población no les alcanzan sus salarios o ingresos para comer durante todo el mes. O para decirlo más descarnadamente, terminan el mes con hambre.

Respecto al último año, si comparamos el promedio de los ingresos reales de los trabajadores del tercer trimestre del año 2021 con el mismo trimestre del 2022, lo que muestran es que su capacidad de compra cayó 7%. Solo en un año. Como se ve la crisis la siguen pagando los asalariados porque los salarios en vez de crecer, decrecen.

En 2021, el año pasado, el país sobrepasó las cifras más altas de desigualdad social por ingresos, según el Estado de la Nación. Costa Rica tuvo la mayor desigualdad en los últimos 35 años, con lo cual profundizó rezagos sociales y económicos en la última década “y, lo peor”, “los normaliza”, dice el PEN.

La inversión pública, lo que se invierte en carreteras, escuelas, puentes, etc., es la más baja de los últimos 30 años según el PEN.

La conmoción provocada por los acontecimientos o, mejor llamarla tortura, cometidas contra las trabajadoras de la tienda SYR fue de repudio total y generalizado, aunque no así las declaraciones de Tomoya Obokata relator especial de la ONU, cuando manifestó que el “caso de SYR es la punta del iceberg de esclavitud moderna en Costa Rica”. Al decir del señor Obokata esos abusos y explotaciones son comunes y corrientes en Costa Rica en diferentes lugares como “fábricas, plantaciones y casas de habitación con trabajadoras domésticas”. ¡Qué vergüenza, verdad! Dice La Nación que “El jurista encontró indicios de trabajos forzados como “jornadas de trabajo muy largas sin pausas para comer o ir al baño, salarios bajos, ambientes de trabajo insanos, hostigamiento y acoso sexuales” en sectores como agricultura, trabajo doméstico, servicios, transporte y construcción”. Llama la atención que la reacción ante tan graves hechos de nuestra clase política dominante haya sido el silencio absoluto. ¿Será que hemos normalizado la esclavitud moderna? ¡Y algunos proponen jornadas de 12 horas diarias!

El relator de la ONU se refiere a un hecho que todos conocíamos pero del cual nadie habla: la corrupción vergonzosa de la Oficina de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo. Desde siempre se ha sabido que es una de las oficinas más corruptas de la Administración y ahora el señor Obokata lo pone de manifiesto. Dice La Nación: “Obokata aseguró que, durante su visita a diferentes organizaciones, empresas y comunidades, encontró que más del 95% de las partes interesadas le expuso que las inspecciones laborales son inefectivas, burocráticas o carecen de transparencia. Las partes interesadas, incluyendo trabajadores, alegaron la EXISTENCIA DE COLUSION ENTRE EMPLEADORES Y AUTORIDADES”. Esta es la razón por la cual los empresarios se oponen rotundamente a una transformación y fortalecimiento de esa Oficina. Veremos si el gobierno actual que se dice comprometido en la lucha contra la corrupción, empieza por limpiarla.

Esta es una muestra del panorama nacional.

El Gobierno del Presidente Chaves presentó su plan para ejecutar en los próximos 4 años. En él, desde luego, no hay ninguna referencia a la solución de este panorama y mucho menos de cómo solucionarlo. Las conclusiones que se pueden sacar, en primera instancia, es que ese plan es una réplica de las medidas económicas y financieras del anterior gobierno de Carlos Alvarado; son la misma medicina. Que la deuda pública no cederá, sino que a lo mejor aumentará, lo cual significa que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados por los próximos cuatro años. Que la improvisación sigue siendo la política del actual gobierno: solo 4 horas después de su proclamación ya se estaban desdiciendo de las propuestas formuladas con toda la pompa gubernamental.

Los planes del gobierno a lo largo de la historia solo han servido para los archivos. A ninguno se le da seguimiento y menos cumplimiento. No vemos por ningún lado las soluciones urgentes que el país necesita.

Nos siguen vendiendo humo.

6 razones para no vender el BCR

Carta pública a la Asamblea Legislativa*

Los abajo firmantes, apoyamos la posición de muchos profesionales y expertos que, desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas, manifiestan oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Consideramos que la competencia entre la banca privada y la banca pública siempre es beneficiosa. La banca es mucho más que un tema financiero: tiene que ver con el bienestar de las personas y la ciudadanía, propósito último de toda política pública.

1.- LA COMPETENCIA BANCARIA SIEMPRE ES BUENA. De acuerdo con la SUGEF, Costa Rica tiene 11 bancos privados, 5 financieras privadas y 21 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas. Es decir, 37 entidades privadas y solo 3 bancos públicos (ver información detallada en la página web de la Sugef). En simple teoría de la competencia, base de la sociedad de mercado, es muy sano que esa enorme cantidad de entidades bancarias privadas tengan competencia de algunos pocos bancos públicos con funciones diferenciadas. Esto ayuda al mercado, ayuda a la ciudadanía y a transparentar el negocio bancario.

Pretender lo contrario es favorecer oligopolios. Es estar en contra de la competencia misma. El BCR es la institución financiera pública con menor margen de intermediación del país (6,46%). El margen de intermediación financiera del BCR se redujo en casi un 3% entre 2019 y 2020, pasando de 171 mil millones de colones en 2019 a 167 mil millones de colones en 2020.

Eso es eficiencia operativa. Justamente, entre 2017 y 2019 dicho indicador pasó de 67,55% a 78,12%, es decir un aumento de más de 10 puntos porcentuales en menos de 2 años. Los principales expertos en banca nos indican que, a pesar de tantos bancos privados, el mercado bancario costarricense es oligopólico, con tasas de interés muy altas (y una diferencia muy aguda entra la tasa activa y pasiva). Dos importantes estudios lo demuestran: “Intermediación Financiera y Poder de Mercado: el caso Costa Rica” de Castro y Serrano (2013); y el estudio de Salas, Mora y Agüero, del año 2015, “Una mirada a la competitividad del Sistema Bancario Nacional Costarricense a través del Indicador de Boone”, publicado en la Revista de Ciencias Económicas, lo cuales concluyen claramente que el mercado bancario privado en Costa Rica es muy cerrado y no favorece al consumidor. Necesita competencia.

2.- LA VENTA DEL BCR NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DEUDA: La venta del BCR en la suma que ha mencionado el propio presidente, de USD 1.800 millones, no es una solución al problema de la deuda en el corto plazo.

Tampoco en el largo plazo, pues es más lo que pierde el país por los rendimientos dejados de percibir por el BCR que el dinero que ahorraría en pago de intereses. Veamos los números duros:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado, la deuda del Gobierno Central fue de USD 43.015 millones de dólares, los cuales corresponden a un 68,34% del PIB. Así que, USD 1.800 millones sería un aporte de solo el 4,1% en reducción a la deuda que ni siquiera nos libera de la situación más gravosa de la Regla Fiscal.

Veamos los números detallados: solo el año pasado 2021, el pago de intereses de la deuda del Gobierno fue de USD 2.989 millones (4,91% del PIB), de los cuales USD 2.593 millones (4,26 % del PIB) correspondieron a intereses de deuda interna, y USD 396 millones (0,65 % del PIB) a intereses de deuda externa. Literalmente, esos USD 1.800 millones se esfumarían en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses.

En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual o creciendo. Lo mismo que tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las medidas para reducir la deuda tendrán que ser mucho más estructurales, como indicamos al final de este artículo.

3.- ¿Y SI NOS QUEDAMOS SOLO CON EL BANCO NACIONAL? Sería un grave error.

Serían 37 entidades privadas compitiendo contra un solo banco público.

Las tendencias oligopolistas se verían acentuadas. Además, se trata de dos bancos muy distintos. El BN es un banco más abierto y tradicional, con una gran masa de ahorrantes en cuentas de ahorro y créditos, extendido por todo el país. El BCR ejerce otra función: es una plataforma de servicios moderna, dinámica, que ofrece servicios mediante miles de negocios que apoyan la vida cotidiana de millones de personas al año.

4.- EL BCR Y EL BENEFICIO A LAS PYMES Y LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. Con 162 oficinas, el BCR logra atender más de un 1 millón de transacciones mensuales entre clientes y usuarios, impulsando la autogestión bancaria y el uso de canales digitales. Adicionalmente, a través de 95 plataformas distribuidas en 67 oficinas BCR dentro de instituciones públicas, se beneficia con servicios bancarios a la población, con más de 9.815.000 servicios al año.

El BCR ha logrado colocar una serie de créditos y apoyos para las pymes del país a través de “PUNTOS TUCÁN”, el programa de microbanca más exitoso en la historia de Costa Rica, con 4.676 puntos y cobertura del 41% en comercios fuera de la GAM.

La clave es una red de pequeños comercios (sodas, pulperías, farmacias, etc.) que contribuyen al impulso social y a los procesos de bancarización. Como dijimos, el PROGRAMA TUCÁN del BCR es una red de 4.676 pequeños negocios afiliados que dinamizan económicamente a la sociedad.

Lo anterior convierte al BCR en la institución financiera que tiene mayor cobertura a nivel nacional, una tercera parte del alcance genérico está dedicado a sectores fuera de la GAM, superando en razón 4:1 la cantidad de oficinas que tiene el banco privado que más oficinas tiene.

El tercer rubro más importante en las colocaciones del BCR el año anterior fue a pymes, pasando de 25.959 millones de colones en 2020 a 36.491 millones en 2021. Aparte de su ser una gran Plataforma de Negocios para pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los último cinco años (período 2017-2021), las aportaciones a estas instituciones han sido las siguientes:

− CONAPE: 10.651.536.687 colones

− CNE: 6.390.922.155 colones

− IVM: 34.415.944.483 colones

− Infocoop: 11.564.438.799 colones

No solo se perderían esas cargas parafiscales sino, además, una serie de herramientas de carácter estratégico como el pago a pensiones de invalidez, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y las donaciones directas a emergencias nacional.

5.- EL BCR Y SU IMPORTANCIA PARA EL MUNDO RURAL. El BCR cuenta con 162 oficinas distribuidas en 15 regiones, zonas como Pérez Zeledón cuenta con 13 oficinas, la Zona Sur, con 6, el Caribe con 15, Guanacaste con 17 y la Zona Occidental y Puntarenas con 7 y 10 respectivamente. ¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas del país, como es el caso de Guayabo de Bagaces o Aguas Claras de Upala? No. Allí solo existen el BCR y el BN. La razón es muy sencilla: la vida rural no es generalmente rentable para la banca privada, cuyo eje son las tarjetas de crédito y crédito de consumo.

El mundo rural se mueve con créditos a pequeña escala para los productores, ofreciendo servicios financieros, acompañamiento empresarial y manejando el ahorro de miles de familias. Eso solo lo hace la banca estatal, pues son actividades que no generan mucha rentabilidad financiera. Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática.

6.- ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE LA DEUDA? La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente. Pero, además, correcciones tributarias modernas y justas. Cobrar impuestos (no a la mayoría de los empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5,4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 4,15% anual del PIB adicional, según estudios del Ministerio de Hacienda del año 2021. Ambas sumas son más del 9% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.

Hay que eliminar los odiosos privilegios de las grandes empresas que reportan 0 ganancias en impuesto de renta; y también de aquellas que se esconden en paraísos fiscales mediante mecanismos como los denunciados en Panama Papers. Son malas prácticas tercermundistas. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una democracia moderna.

Ya el G-20, impulsado por el propio gobierno de los EE.UU. anunció que hay que implantar un impuesto corporativo mundial de, al menos, el 15%.

Y ni qué decir del sobrepago de los intereses de la deuda pública interna que, injustamente, absorbe otros puntos del PIB en sobreprecios.

La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural que dilapidar los activos estratégicos.

Insistimos en lo que se dijo al inicio: regalar el Banco en 1.800 millones de dólares, como si fuera un plato de lentejas, no puede ser visto más que como una “curita” a corto plazo sin reformas estructurales y de largo plazo. Está claro que no solucionará la deuda del Gobierno Central. Un activo como el Banco de Costa Rica es mucho más que su valor financiero, es un motor de desarrollo que le genera gran cantidad de beneficios al país.

*FIRMANTES

  • Alpízar Otoya, Claudio. Politólogo.
  • Arguedas, Gabriela. Experta en bioética.
  • Araujo, Ana Margarita. Experta en mediación.
  • Arrunátegui Madrigal, Karla. Psicóloga.
  • Botey, Montserrat. Economista.
  • Bustos, José Manuel. Empresario.
  • Cabezas Moya, Rodrigo. Médico.
  • Carranza Villalobos, Carlos. Investigador.
  • Castellón Rodríguez, Leonardo, director Instituto de Investigaciones Económicas (UCR)
  • Castro Calvo, Ricardo. Asesor Legislativo.
  • Chan Mora, Gustavo. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.
  • Cuevas Cordero, Felisa. Socióloga.
  • Céspedes Vargas, Renzo, Economista.
  • De Sárraga, Alejandro. Economista, experto en desarrollo local.
  • Díaz Jiménez, Luis Fernando.
  • Dubois Cisneros, Vanessa. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).
  • Fonseca Rodríguez, Ariel. Periodista.
  • Garrón Figuls, Ricardo.
  • Hernández González, Greivin. Economista.
  • Leiva, Jorge. Economista y empresario.
  • Lopes, Gilberto. Periodista y escritor.
  • Moreno Buján, Marcela. Decana de la Facultad de Derecho UCR.
  • Muñoz Villalobos, Alejandro.
  • Mora Portuguez, Jorge. Vicepresidente del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca.
  • Nuñez Artiles, Adriana., Periodista.
  • Nuñez Vargas, Eduardo. Politólogo.
  • Olivares Martínez, Luis Carlos. Abogado, economista, especialista en Políticas Públicas.
  • Ordóñez Chacón, Jaime. Abogado.
  • Quirós, Javier. Ex secretario del Tribunal Electoral del PLN.
  • Ramos González, Welmer. Economista.
  • Rosales, Rotsay. Politólogo.
  • Solís, Sonia Montejo, Economista.
  • Succar Guzmán, Habib. Escritor.
  • Trejos Benavides, Eugenio. Exrector TEC.
  • Ulate, Enrique. Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
  • Varela Erasheva, Marcelo. Experto en desarrollo.
  • Vargas Zeledón, Olman. Exsecretario Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos (CFIA).
  • Vartanian, Daniel. Economista.
  • Vásquez Drexler, Juan Carlos. Abogado especialista en tecnología.

UNI Global UNION en contra de la venta del BCR e INS

UNI Global Union es la voz de 20 millones de personas trabajadoras del sector de servicios del mundo entero. A través de 900 sindicatos afiliados, UNI representa a trabajadores y trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. UNI representa a los trabajadores de los sectores de Limpieza y Seguridad, Comercio, Finanzas, Juegos de Azar, Gráficos y Embalaje, Peluqueros y Esteticistas, Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes; Correos y Logística, Seguro Social, Deporte, Trabajadores Temporales y de Agencias y Turismo.

Dos de sus representantes se han posicionado respecto al proyecto de ley del Gobierno de Costa Rica, que pretende vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. Citan el caso de Argentina, un país en el que se comenzó vendiendo acciones de los bancos estatales, con porcentajes similares como los que se pretende en Costa Rica (un 49% de las acciones del INS); sin embargo, todas las funciones sociales se perdieron poco a poco y terminó siendo de dominio privado.

Consideran que el problema con esta privatización, es el deshacerse de una herramienta financiera a largo plazo que pertenece al Estado y le da solvencia económica por medio de sus utilidades, por una disminución realmente simbólica del 3% de la deuda pública. Pero además, no solo en términos económicos, las afectaciones repercuten en el apoderamiento del Estado y la afectación a toda la institucionalidad pública.

Además, se refieren al caso de la pandemia, escenario global de crisis y de consecuencias nunca antes vistas, pero a pesar de ello, un país como Costa Rica se sostuvo gracias a su estructura pública y al financiamiento de bancos estatales para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto también destacan el papel del INS para cubrir condiciones de salud que por lo privado, hubiese sido inviable para la mayor parte de la población.

Finalmente, reflexionan sobre la tendencia creciente de América Latina y Costa Rica, de limitar la libertad en los derechos de negociación colectiva, diálogo social y sindical. Consideran que es necesario que el Poder Ejecutivo escuche las opiniones de las organizaciones y sindicatos, previo a cualquier ejercicio de toma de decisiones.

 

Información compartida con SURCOS por Alejandra Apuy Alvarado.

BCR: El jugoso negocio del Estado que el Gobierno quiere vender

Las autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país contemplan dentro de sus iniciativas para mitigar la deuda pública, la intención de vender en su totalidad o de manera parcial algunas de las llamadas “joyas de la abuela”. 

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), respetuoso de la estrategia financiera presentada, comparte la publicación del Semanario Universidad, considerando dicha fuente como confiable y creadora de opinión sobre diversos tópicos nacionales. 

Sin dejar de lado lo anterior, SITRAHSAN hace hincapié en el aporte que brinda la aplicación de la Ley 9430, el cual se estima entre dos y tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), si se suman mejores normas tributarias para unificar actuaciones en el Código Procesal Tributario, se puede contribuir entre uno a uno y medio del PIB y si se saca a la luz el Proyecto de Cánones presentado por la ex legisladora Ligia Fallas, se podría contemplar un uno y medio de más, es decir que se obtendrían seis puntos en total del PIB. 

Además, en muchos Documentos Únicos Administrativos (DUAS), se deben de verificar los valores de transporte o seguros declarados; y la acción en sede Penal, cuando se comete el delito de Falso Testimonio contenido en el Artículo 323 del Código Penal, resultando necesario. 

La soluciones alternativas están, la viabilidad política depende de los diversos caminos para llegar “a Roma”.

Las imágenes compartidas y su contenido son responsabilidad del Semanario Universidad, se muestran en el siguiente enlace: https://semanariouniversidad.com/pais/bcr-el-jugoso-negocio-del-estado-que-el-gobierno-quiere-vender/