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Etiqueta: economía

Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Dr. Mario Hidalgo González*

La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.

Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.

Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.

Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.

Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.

Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.

Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.

Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.

Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?

Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.

¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020

Imagen ilustrativa.

Economía antediluviana: Las propuestas de Fernando Naranjo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Grupo Economía Pluralista
Director CICDE-UNED

La lógica de la economía ortodoxa, que en Costa Rica muestra su rostro más anacrónico y desfasado, se centra en la deflación generalizada como solución frente a la crisis económica. La premisa subyacente gira alrededor de la idea de que, detrás de la crisis hay excesos que deben corregirse, es decir, que la economía debe pasar por una especie de purga, o en términos médicos decimonónicos, que se le debe aplicar un sangrado, a fin de “limpiarla” y, así, crear las condiciones para su recuperación. La idea de fondo es absurda y disparatada: nos dice que para superar la crisis… ¡hay que agudizar la crisis!

Una nota reciente en el medio digital Crhoy.com lo ilustra. Su título “Economista alerta sobre peligros en idea de que el BCCR financie créditos de rescate” (https://www.crhoy.com/economia/economista-alerta-sobre-peligros-en-idea-de-que-el-bccr-financie-creditos-de-rescate/). El economista al cual se hace referencia es Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, exgerente general del BNCR y actual presidente de la consultora CEFSA.

Tal cual lo anticipa el título de la nota, Naranjo se opone a que el Banco Central asuma un rol más enérgico y proactivo, dentro de la estrategia de políticas frente a la crisis económica que el país sufre. Su argumento es un anacronismo: básicamente una apelación al pasado (“sería como volver 30 o 40 años atrás…”), como si las condiciones actuales, fuesen iguales a las de entonces. La realidad hoy es muy distinta, como también es completamente distinto el papel que en este momento cumplen los bancos centrales en el mundo. Pero Naranjo, como miembro destacado de la ortodoxia dominante, de eso no se entera.

Hablamos de una economía devenida ideología fantasmagórica, poblada de espectros e ideas zombis.

Por lo demás, su planteamiento se enfoca, según indica la nota, en “recuperar la capacidad de los mercados de generar empleos…”. Para lo cual propone la deflación generalizada de la economía, básicamente mediante dos mecanismos: reducción de salarios (“…salarios negociados por debajo de los rangos mínimos”) y la reducción en un 50% de las cuotas de la seguridad social. Todo lo anterior sumado a la devaluación de la moneda. Y siendo cierto que el colón está seguramente sobrevaluado, pensar en devaluar es una idea que, más que inoportuna, resulta temeraria, puesto que, en momentos de gran incertidumbre como los actuales, la devaluación vendría a sumar elementos adicionales de incertidumbre.

Se trata de una política destinada a infligir sufrimiento: contra los sistemas de seguridad social –que han sido la primera línea de defensa de la población costarricense frente a la pandemia del Covid-19– y contra las familias de clase trabajadora de Costa Rica. Es claramente una estrategia de “dumping social”: reducir costos y recuperar la competitividad de las empresas, mediante el debilitamiento financiero de la seguridad social y el deterioro de las condiciones de vida de las clases asalariadas.

No olvidemos el contexto en que esas políticas deflacionarias se aplicarían: una economía mundial sumida en la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Dadas esas condiciones, es desatinado imaginar que las exportaciones –menos aún el turismo– puedan tener una pronta recuperación, ni siquiera si se busca levantar la competitividad, mediante mecanismos espurios como la depresión salarial y el debilitamiento de la seguridad social.

O sea: en un momento en que los mercados internacionales están deprimidos, Naranjo propone que se deprima aún más el mercado interno, mediante la comprensión del consumo privado. Y puesto que su propuesta excluye cualquier acción del Banco Central, y no considera ningún aporte de la política fiscal vía inversión pública, inevitablemente surge la pregunta ¿Qué habría entonces de incentivar a las empresas a contratar más personal, si no tendrían a quién venderle lo que se produzca? Cuando, y en todo caso, las actuales condiciones de incertidumbre frenan cualquier posibilidad en ese sentido, y ello no solo no se modificará con la aplicación de esta terapia de “dumping social” que Naranjo promueve, sino muy probablemente se agudizará, en virtud del descontento e inestabilidad social que ello propicia.

Por otra parte, la posible deflación de precios que esa estrategia seguramente pondría en marcha, es una pésima idea en momentos en que los niveles de endeudamiento, tanto público como privado, son muy altos. Ello agravaría el peso de las deudas, dificultaría adicionalmente el manejo de las finanzas pública, y agravaría los problemas del sistema financiero.

En resumen: estamos en presencia de una versión antediluviana de la economía, esperpéntica en lo teórico y totalmente desconectada de las realidades actuales.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/.
Enviado por el autor.

LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA GENTE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Guillermo E. Zúniga Chaves.

“Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible…”. (Papa Francisco, Un Plan para Resucitar, en La Vida Después de la Pandemia, 2020.)

Hay un esfuerzo por hacernos creer que existe una sola forma de entender la Economía; es “la pura”, “la científica”. Un interés por vender un pensamiento único, apoyados por las escuelas de Economía y la prensa especializada. Pero el debate y los resultados de la vida real contradicen esa pretensión.

EL EQUILIBRIO. La teoría económica ortodoxa sostiene que los sistemas económicos tienden al equilibrio. Como ese equilibrio no se ve en la vida real, entonces los diseñadores de Política Económica se dedican a buscar los mecanismos para llegar a él. Reducen la Política Económica a la búsqueda del restablecimiento de los equilibrios perdidos, a eliminar “las distorsiones” que los impiden, manejando “con prudencia y austeridad” las variables económicas. Hay que equilibrar la economía a como de lugar, evitando la menor “intervención extraeconómica”.

ES UNA APROXIMACIÓN BASTANTE MECÁNICA. Reducen la política económica a un ejercicio meramente “técnico”, “economicista”. Se le quita el contenido social al estudio de la Economía y a la Política Económica. Se plantea –de esta forma– una dicotomía falsa entre lo económico y lo social, entre lo técnico y lo político e, incluso, se presume que se debe subordinar lo político a lo técnico-económico. Se sataniza lo político, pero no reconocen que detrás de esos enfoques están impulsando proyectos económicos y políticos no confesos.

OTRA FORMA. Desde los clásicos (Smith, Ricardo, Marx) se entendió la existencia de grupos sociales en los procesos de producción, distribución y consumo. David Ricardo dice que “la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la Economía Política”. Identificaba en su época “… tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya actividad se cultiva”. (David Ricardo, “Principios de Economía Política y Tributación”). Terratenientes, capitalistas, trabajadores.

RELACIONES SOCIALES. Este enfoque permite entender que la Economía estudia las relaciones que se establecen entre los seres humanos para articular las formas de producción, distribución, consumo y la reproducción de las condiciones materiales y sociales que permiten la generación del excedente, la acumulación de capital y el reparto de la riqueza.

LA POLÍTICA ECONÓMICA es también una disciplina social y, por tanto, debe incorporar en su diseño el análisis del poder. La inclusión de la armonía y la contradicción política y social es un componente inseparable del diseño de la Política Económica. Entendida la vida económica como relaciones entre seres humanos, nos ayuda a entender por qué se dan momentos en que hay armonía social y por qué hay momentos en que hay desavenencias que pueden llegar, incluso, a conflictos radicales. Por ello, la Política Económica debe entenderse como la gestión del Estado sobre el ciclo del capital, arbitrando las contradicciones a través del reparto del excedente socialmente producido.

REACTIVACIÓN. Como la Economía y la Política Económica no tienen explicación única, y como el proceso de creación y distribución de la riqueza es social y es contradictorio, se explica por qué ha costado tanto acordar el programa de reactivación, que incluya el período pos-pandemia. Es mejor reconocer que es un tema de poder, un tema de grupos de interés, pues lo que está en juego es el reparto de las cargas y los beneficios. Este arreglo pasa por un acuerdo, un nuevo pacto social, con la participación y convencimiento de la gente, de los grupos; de los actores sociales. Y el tiempo apremia. ¡Luego será tarde!

CONCLUSIÓN: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos…no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.” (Papa Francisco, A un Ejército Invisible, 2020)

 

Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog personal: https://notasaltema.blogspot.com/

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Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica

Economistas escriben al presidente con propuestas excepcionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Tiempos excepcionales demandan respuestas excepcionales

Carta Abierta al presidente Carlos Alvarado

Grupo Economía Pluralista

(24 de abril de 2020)

Muy honorable señor presidente:

Con nuestros muy atentos saludos, y esperando se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted, en nuestra doble condición de ciudadanas y ciudadanos costarricenses y profesionales de la economía, para manifestarle, con todo respeto, lo siguiente:

1) Reconocemos y apoyamos el trabajo que su gobierno ha venido realizando, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, y sus respectivos jerarcas, Dr. Daniel Salas y Dr. Román Macaya, para enfrentar la emergencia sanitaria del covid-19. Con usted, nos congratulamos de los buenos resultados que Costa Rica está logrando. Confiamos que, como comunidad nacional, sabremos seguir adelante por esa misma ruta de responsabilidad, solidaridad y disciplina. Consideramos que, en esta materia, deben respetarse los criterios científicos y la recomendación de las personas expertas en la materia. Ninguna otra instancia tiene autoridad ni debería inmiscuirse, en las decisiones sobre la cuarentena y las medidas de prevención que se apliquen.

2) Bien sabemos que todo esto inevitablemente conlleva un elevado costo económico, lo cual implica una severa contracción de la producción nacional, y la pérdida de decenas, quizá centenares de miles de empleos, con lamentables y muy dolorosas consecuencias humanas y sociales.

3) La situación que se plantea es inédita desde todo punto de vista, no solo por la severidad de la recesión económica que enfrentamos, sino especialmente por las condiciones, sumamente peculiares, bajo las cuales esto tiene lugar.

4) Enfrentamos circunstancias que, por novedosas e imprevistas, exigen una alta dosis de creatividad e innovación. Las fórmulas económicas ortodoxas, de dudosa eficacia incluso en tiempos normales, no solo se vuelven del todo inútiles hoy día, sino que más bien arriesgan ser un grillete que dificulte, e incluso impida, hacer lo que debe hacerse.

5) Con la caída de la economía y la pérdida masiva de empleos, viene un severo y repentino empobrecimiento, con afectaciones especialmente severas para las mujeres. Una primera pregunta que debemos contestar es ¿cómo hacemos para distribuir equitativamente los costos asociados a ese doloroso retroceso? Creemos que es nuestro deber garantizar un reparto equitativo de los costos, lo cual necesariamente significa que las personas, familias y sectores sociales en condiciones relativamente favorables, deben aportar a fin de fortalecer y ampliar el Plan Proteger de su gobierno, y de esa manera brindar un auxilio efectivo a los centenares de miles de familias y personas que hoy sufren pobreza y agudas carencias, entre las cuales debemos mencionar, en lugar prioritario, las mujeres jefas de hogar, y las personas mayores, discapacitadas, indígenas, migrante, trabajadoras domésticas y personas LGBTIQ. Aparte ser un deber ético y moral y una obligación que solidariamente toca asumir, esto ayudará a sostener el mercado interno, y atenuar la recesión de la economía.

6) Debe asimismo tomarse las decisiones que sean necesarias, a fin de garantizar que en estos momentos apremiantes, los recursos que se dedican a usos suntuarios o prescindibles, se canalicen hacia fines prioritarios y urgentes, como la atención de la crisis sanitaria, el apoyo a empresas en problemas, la protección de los empleos, y, desde luego, el auxilio a los sectores sociales más carenciados. En el sector público hay margen para una reasignación de recursos de ese tipo, ya sea mediante el ahorro en rubros prescindibles (publicidad, consultorías, etc.) o aprovechando los ahorros que la propia cuarentena está generando. Algo similar se podría propiciar en el sector privado, mediante un esquema tributario apropiado que no penalice la actividad productiva, sino solamente las formas suntuosas de consumo.

7) Pero, asimismo, debemos interrogarnos acerca de cómo lograr atenuar la recesión económica, y cómo impedir que, en lo posible, ésta no deje secuelas perdurables, de difícil recuperación futura. Las medidas que su gobierno ha impulsado, destinadas a posponer el pago de impuestos, cuotas de seguridad social y servicios públicos por parte de las empresas, son necesarias para facilitar el manejo de flujo de caja y de capital de trabajo de éstas, aunque deberían estar reservadas para aquellas empresas golpeadas por la crisis, no las que siguen teniendo un desempeño satisfactorio.

Especial atención deben recibir las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria.

8) La moratoria en el pago de las deudas de familias y empresas –en especial las micro y pequeñas, así como las de la economía social y solidaria– la definición de una tasa de usura, la reducción de los costos y comisiones de los datafonos, el alivio o posposición de los pagos de servicios públicos, y la disponibilidad de crédito en condiciones favorables, por parte de bancos tanto privados como públicos, son asimismo medida necesarias para sobrellevar la crisis y atenuar el impacto de la recesión.

9) Necesitamos con urgencia una actuación enérgica y decidida del Banco Central. A éste le corresponde garantizarle liquidez a los bancos y entidades financieras, crear las condiciones necesarias para facilitar la concesión de moratorias sobre deudas de personas y empresas, y hacer bajar las tasas de interés sobre la deuda pública, a fin de propiciar un ahorro significativo en los pagos por intereses. Asimismo, y de forma ineludible, le corresponde al Banco Central apoyar el financiamiento del déficit fiscal y, en particular, el financiamiento de las medidas de emergencia, no solo las que tienen que ver con la parte sanitaria, sino las destinadas a atenuar el impacto de la recesión. En conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central debe generar los mecanismos necesarios para dar sostenibilidad a las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y garantizar la continuidad de sus proyectos de inversión.

10) En relación con lo indicado en el punto anterior, es desde todo punto de vista desatinado traer a colación, en el contexto actual, el fantasma de la inflación. No hay riesgo alguno de inflación, no solo porque las tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y de desocupación de la capacidad productiva instalada, son altísimas, sino porque, en la actual realidad sociopolítica de Costa Rica, no hay posibilidad alguna que se dé lugar a una espiral precios-salarios, como las que fueron características del decenio de los setenta del siglo pasado. El problema hoy es el desplome de la economía y el desempleo, no la inflación, y ello hace urgente que el Banco Central aporte lo que le corresponde.

11) Debemos, desde ya, avanzar en la definición de un programa de recuperación de la economía, que se pondrá en marcha tan pronto como las condiciones sanitarias se hayan estabilizado. Este programa debe estar animado por un firme compromiso ambiental, y animado por un enfoque social y humano, orientado a garantizar condiciones de vida digna para toda la población. Un componente muy importante dentro de ese esfuerzo de recuperación, debe ser un programa de inversión pública muy ambicioso, el cual ha de reconocer varias fases, inclusive una, de corto plazo y fácil y rápida ejecución, planificada para la generación inmediata de muchos empleos, tanto directos como indirectos, incluyendo objetivos que, de forma expresa, favorezcan la incorporación de las mujeres y el beneficio de las regiones más empobrecidas y carenciadas de Costa Rica. En etapas posteriores, ese plan, aparte afirmar los esfuerzos de reactivación económica y creación de empleos, debe también contribuir a la consolidación de una economía de alta productividad, respetuosa con la naturaleza, que genere muchos empleos y que distribuya el ingreso y la riqueza de forma muy equitativa. Debemos concebir este programa como el inicio de un esfuerzo ineludible de refundación de la economía costarricense, sobre bases profundamente renovadas.

12) Debemos innovar en los mecanismos de financiamiento de ese programa de inversión pública. El recurso a financiamiento externo en condiciones blandas y de largo plazo, será una, entre algunas otras, de las opciones que debemos aprovechar. Apoyamos las negociaciones que su gobierno realiza con diversos organismos internacionales, pero advertimos que esas negociaciones deben enfatizar objetivos de reanimación de la economía y creación de empleos, bajo condiciones de equidad y justicia social. No caben aquí las agendas ideológicas orientadas a propiciar procesos de privatización, o inspiradas en criterios de austeridad fiscal, comprobadamente fallidos, todo lo cual resultaría, en este momento, por completo desatinado e impertinente.

13) La crisis dejará, inevitablemente, un déficit fiscal y una deuda pública más altas. Es tan inevitable como necesario. Ello hará necesario avanzar decididamente en la introducción de reformas progresivas a nuestro sistema tributario, y en un combate mucho más enérgico contra la evasión y la elusión. Con todo respeto, señor presidente, nos permitimos agregar lo siguiente: la forma más saludable y eficaz de lograr reducir el déficit y poner bajo control la deuda, es con base en una economía dinámica, que genere muchos buenos empleos. Para lograrlo, es importante olvidarse del fallido catecismo ortodoxo que insiste en la austeridad fiscal, y avanzar hacia un programa de recuperación económica vigoroso, tal cual aquí brevemente lo hemos pergeñado.

14) Es importante indicar, señor presidente, que en la economía no existe una única perspectiva teórica y epistémica. Todo lo contrario más bien: la economía es hoy una ciencia que se energiza y renueva a partir del debate amplio y pluralista. Cuando, por otra parte, ya desde la crisis financiera mundial y la Gran Recesión de 2007-2009, quedó muy claro que la versión ortodoxa tradicional de la economía, no solo carga gravísimos errores, sino que es claramente incapaz de articular ninguna respuesta creíble frente a las situaciones de crisis. En los difíciles momentos que hoy vivimos, ello nuevamente se pone de manifiesto: la ortodoxia económica, aun dominante en Costa Rica, se mantiene encapsulada dentro de los rígidos moldes teóricos y propositivos que le son característicos, al punto que ni siquiera capta que una situación excepcional como la actual, demanda por ello mismo respuestas excepcionales. Esa economía simplemente sigue aferrada a las fórmulas de siempre.

15) Finalmente, señor presidente, nos ponemos a sus órdenes, con el ánimo de contribuir, con espíritu patriótico y constructivo, y con la más amplia disposición al diálogo respetuoso, en la búsqueda de soluciones justas y equitativas, que también sean económicamente viables y eficaces. Lo que aquí hemos planteado, tan solo esboza algunas de nuestras ideas y propuestas. Con gusto querríamos ampliar ante usted nuestros puntos de vista, si usted nos concede la oportunidad y el honor de hacerlo.

Sin más por ahora, nos suscribimos ante usted, muy atenta y respetuosamente,

Ana Rosa Ruiz Fernández, economista, cédula 3-0248-0440, Instituto Tecnológico de Costa Rica / Red Feminista
Daniel Vartanian Alarcón, economista, cédula 8-0051-0962
Eduardo Rosales Blandino, administrador, cédula 1-0412-1404
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9-0041-0880, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica
Fernando Rodríguez Garro, economista, cédula 4-0165-0895, académico Escuela de Economía, UNA
Greivin Salazar Álvarez, economista, cédula 1-0971-0643, Escuela de Economía, UNA
Henry Mora Jiménez, economista, cédula 1-0512-0542, catedrático UNA
Hugo Cascaste Micó, economista, cédula 6-0107-1240
Jorge Arturo Chaves Ortiz, economista, cédula 1-0413-0957, director Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) / UNA
Jorge Andrey Valenciano Salazar, economista, cédula 2-0542-0447, Escuela de Economía, UNA
Luis Carlos Olivares Martínez, economista, cédula 1-1445-0826, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad
Luis Paulino Vargas Solís, economista, cédula 2-0327-0373, director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
María Leonela Artavia Jiménez, cédula 1-1444-0882, Investigadora Centro Dominico de Investigación (CEDI) / Académica Escuela de Economía, UNA
Mario Devandas Brenes, economista, cédula 1-0342-0692, directivo Caja Costarricense del Seguro Social
Martín Gerardo Murillo Córdoba, economista, cédula 1-0498-0565, profesor UNED / Consultor
Osvaldo Ureña Jiménez, economista, cédula 1-1307-0662
Pablo Abarca González, economista, cédula 1-1452-0672
René Fonseca Cortés, administrador, cédula 9-0110-0864
Rosberly Rojas Campos, economista, cédula 2-0454-0781, Investigadora UNED
Roxana Morales Ramos, economista, cédula 1-1167-0990, Escuela de Economía, UNA
Welmer Ramos González, economista, cédula 5-0191-0924, diputado

Derecho de respuesta: Ennio Rodríguez

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS recibió el siguiente mensaje de correo electrónico:

«Estimados representantes del medio Surcos Digital.com:

En respuesta a la publicación realizada en su medio de comunicación, en la que se publica una carta enviada al presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, Ennio Rodríguez, le enviamos la respuesta a esa carta.

Le adjunto el link:

Covid-19 en Costa Rica: carta abierta al presidente del Colegio de Ciencias Económicas

Por esta razón para que puedan darle seguimiento a esa información, y con la versión oficial del Colegio, les solicitamos con mucho respeto realizar la publicación, o tomarla en cuenta para una nota y su divulgación en su prestigioso medio.

Saludos, y cualquier duda, consulta o ayuda, estamos para servirles.

Josué Sánchez Ruiz, encargado de Comunicación, Colegio de Ciencias Económicas».

En atención a esa solicitud, SURCOS publica la respuesta citada (descargar), la cual nos fue enviada en formato PDF:

Respuesta-a-Carta-Abierta-por-Ennio-RodríguezDescarga

Covid-19 en Costa Rica: carta abierta al presidente del Colegio de Ciencias Económicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

17 de abril de 2020

Dr. Ennio Rodríguez
Presidente
Colegio de Ciencias Económicas

Estimado don Ennio:

Con nuestros cordiales saludos, queremos por este medio referirnos a su nota del pasado 8 de abril, dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Carlos Ricardo Benavides.

Compartimos con usted la que, según podemos interpretar, es su preocupación básica: la ausencia, por parte del gobierno de Carlos Alvarado, de una propuesta de políticas integrales en materia económica, que trascienda las urgencias de la atención de la crisis sanitaria asociada al covid-19, y que anticipe los esfuerzos de recuperación de la economía –más que de simple reactivación– que deberán emprenderse tan pronto como se pueda, y al menos una vez la situación sanitaria se haya estabilizado.

La situación planteada es de una magnitud excepcional, por lo cual, el esfuerzo que ello nos demanda como país, ha de ser asimismo extraordinario. Es algo que ya estamos haciendo en el frente sanitario, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de frenar el contagio y proteger la salud y la vida de las personas. Pero, en cambio, es mucho más limitado el esfuerzo que se hace para auxiliar a las familias en situación de pobreza y a toda esa enorme cantidad de personas que repentinamente se quedaron sin trabajo, o ven reducidas sus jornadas laborales y sus ingresos. Menos aún –en eso coincidimos con usted– hay claridad sobre la “hoja de ruta” para la recuperación de la economía, una vez superada la crisis sanitaria.

Es cierto que esta crisis implicará un aumento, posiblemente muy significativo, en el déficit fiscal y en la deuda pública. No solo es inevitable, sino, y sobre todo, es necesario. Porque debemos combatir y frenar la crisis sanitaria; porque debemos tratar de minimizar sus efectos sobre el empleo; porque debemos ayudar a las personas cuya ocupación e ingresos están siendo golpeados por la crisis; porque debemos auxiliar a las empresas que enfrentan problemas. Todo ello es necesario, y todo ello repercutirá en los balances fiscales.

Eludir tales responsabilidades a fin de evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas, es una falsa solución, que no solo agravará la crisis sanitaria y los impactos humanos y sociales que ésta trae consigo, sino que profundizará la crisis económica y dificultará la posterior recuperación, lo que, de nueva cuenta, repercutirá negativamente sobre la situación fiscal.

La opción aquí no es entre menor o mayor desequilibrio fiscal, sino entre minimizar los impactos de la crisis, o permitir que esos impactos se desplieguen sin atenuante y sin alivio. Y siendo claro que estamos ante una coyuntura de alcances excepcionales, bueno sería que los y las economistas, estemos dispuestos a innovar en materia de política económica, en vez de seguir aferrados a fórmulas ortodoxas, de dudosa eficacia incluso en tiempos “normales”, las cuales devienen un grillete que inmoviliza frente a una crisis que exige creatividad e imaginación, así como capacidad de respuesta inmediata. Por ello, no deja de sorprendernos su preocupación por los presuntos efectos “desestabilizadoras” que, a su juicio, podría tener la intervención del Banco Central en la crisis. Cuando la economía se desploma y los empleos se pulverizan ¿en serio a usted le preocupa la inflación?

Teniendo esto claro, también debe decirse con toda claridad, que enfrentar la crisis pasa por dar satisfacción a un compromiso ético y moral, que los y las economistas de Costa Rica  debemos asumir de forma explícita, lo cual se resume en lo siguiente: los costos de la crisis deben distribuirse de la forma más equitativa posible, y las condiciones de vida de las poblaciones más débiles y vulnerables deben ser protegidas.

Por ello es tiempo de hablar de un esquema, muy progresivo, de impuestos y subsidios, el cual, aun siendo transitorio, puede ser diseñado apropiadamente, para que tenga efectos contra-cíclicos. Si se traslada ingresos de sectores sociales con altas tasas de ahorros a sectores sociales carenciados, y si se trasladan recursos de usos suntuosos y prescindibles, hacia usos realmente urgentes (como fortalecer las finanzas de la Caja), el efecto neto para la economía y el empleo será positivo.

Y siendo innegablemente claro que los desequilibrios fiscales se agravarán, incluso de forma muy significativa, por ello mismo se hace obligatorio tener claro de qué hablamos cuando mencionamos la necesidad de un esfuerzo de reactivación económica, que, dada la magnitud de la actual crisis, debería ser más bien un esfuerzo de recuperación en el pleno sentido de la palabra.

No podemos proponerle al gobierno de Costa Rica que a la hora de buscar dialogar con organismos internacionales en busca de apoyo financiero, lo haga desde una posición perdedora, poniendo los “equilibrios macroeconómicos” por delante ¿De cuáles “equilibrios”  habla usted? Del contexto de su nota, se deduce que básicamente de los “equilibrios fiscales”.  Lo cual resultaría bastante desatinado, cuando a nivel mundial se extiende un consenso que admite que ni las deudas ni los equilibrios fiscales han de ser hoy los criterios guía a la hora de decidir y canalizar la cooperación dirigida a países del sur.

El gobierno de Carlos Alvarado tiene la responsabilidad ineludible de aplicar una enérgica política destinada a atraer fondos externos. Y esto debe ser parte de un diseño integral de políticas que, liberadas de dogmas y rigideces ideológicas, ponga por delante la recuperación del empleo y la economía, desde criterios de equidad y justicia. Priorizar lo fiscal al empleo y al restablecimiento del dinamismo económico, tal cual se ha hecho por años, ha incidido fuertemente en la persistencia de los desequilibrios fiscales, y es, a fin de cuenta, la causa principal de que la crisis del covid-19 nos haya atrapado en medio de una precaria situación fiscal.

Nos interesa, tanto como a usted, restablecer una situación fiscal sólida y saludable. Pero enfatizamos que la ruta de la austeridad fiscal es comprobadamente errónea: las finanzas públicas no se sanean con base en políticas recortistas, sino con base en políticas que promuevan el crecimiento y el empleo.

Concluimos formulado ante usted, en su calidad de presidente del Colegio de Ciencias Económicas, una respetuosa pero enfática excitativa: tome en cuenta, por favor, que nuestro colegio es pluralista, y de ninguna manera una entidad en la que prevalezca un pensamiento único. Por lo tanto, le solicitamos que promueva espacios amplios de diálogo, debate y reflexión, que permitan enriquecer las propuestas que nuestro colegio formule o que, en todo caso, y como mínimo, que visibilicen esa pluralidad teórica y epistémica que hoy enriquece el pensamiento económico en Costa Rica.

De usted, muy atentamente

Luis Paulino Vargas Solís
Director CICDE-UNED
Cédula 2-0327-0373, carné 001797

Welmer Ramos González, diputado
Cédula 5-0191-0924, carné 003628

Roxana Morales Ramos, economista
Cédula 1-1167-0990, carné 04571

Eugenio Trejos Benavides
Profesor Instituto Tecnológico
Cédula 9-0041-0880

Daniel Vartanian Alarcón, economista
Cédula 8-0051-0962, carné 018870

Osvaldo Ureña Jiménez, economista
Cédula 1-1307-0662, carné 033318

Eduardo Rosales Blandino, economista
Cédula 1-0412-1404, carné 007956

René Fonseca Cortés, economista
Cédula 9-0110-0864, carné 019088

Pablo Abarca González, economista
Cédula 1-1452-0672, carné 044325

Mario Devandas Brenes, economista
Cédula 9-0110-0864, carné 019088

Cc: Carlos Ricardo Benavides, presidente legislativo/Jefaturas de fracción/Ciudadanía costarricense

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FECON: Propuestas para atender la emergencia sanitaria y superar la crisis estructural

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ante la presente emergencia sanitaria internacional, las representaciones organizativas de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) nos posicionamos en favor de las medidas que se sustenten en la búsqueda de justicia social, ambiental y de género, además del rechazo al oportunismo que exhiben los sectores más explotadores de la vida humana y de la naturaleza. De tal forma que:

1) Consideramos necesario visibilizar el problema estructural de nuestro país de cara a esta emergencia. Según la base estadística de IndexMundi (2019), el PIB del país es dependiente de las actividades comerciales y venta de servicios en un 73.4%, el sector industrial representa el 20.1%, y el sector primario, donde se encuentran la agricultura, ganaderías, pesca y actividad forestal, sólo aporta el 5.5% a la economía global del Estado. Es necesario invertir estas cifras para lograr un reajuste estructural que garantice mayor resiliencia económica ante futuras situaciones de la magnitud que estamos viviendo actualmente.

2) No sólo consideramos que el Gobierno debe enfocar recursos en recuperar los sectores productivos más básicos de la economía en esta coyuntura, pues lo amerita, sino que también proponemos que se realice un examen serio del modelo agrario actual, pues a pasar de que tenemos enormes extensiones del campo costarricense ocupadas por agroindustria y ganadería, su cifra de aporte al PIB es minúscula, equiparable con los escasos ingresos de sus trabajadores y su balance negativo en cuanto a daños graves al ambiente y la salud pública.

3) Proponemos, tal como lo hicimos en el 2018, que se grave con impuestos por unidad de exportación a las industrias y agroindustrias que se mantienen activas durante el periodo de emergencia, para que aporten también al fondo solidario que el Gobierno propone. Es un hecho que están exponiendo a sus trabajadores a contagios para sostener sus mercados, por lo que el Estado debe exigirle el aporte ante el gasto extraordinario que conlleva la escala de atención sanitaria pública actual.

4) Rechazamos la propuesta absurda, irracional e infundamentada de las Cámaras Empresariales sobre flexibilizar el registro de semillas y agroquímicos para importar más tecnologías agrícolas sin evaluación de impacto. Esto pondría aún más en riesgo la salud de los costarricenses, a los agricultores nacionales y genera aún más dependencia económica.

5) Proponemos más bien que el Estado disponga estratégicamente recursos de la emergencia en manos de los pequeños y medianos productores agropecuarios, así como de los pescadores artesanales, para financiar proyectos que ayuden a consolidar la soberanía alimentaria en el país, mejorando la producción de estos sectores para abastecer a la población de la alimentación básica, ante la incertidumbre que podría derivarse en importaciones.

6) Consideramos inviables también la propuesta de las Cámaras Empresariales de bajar precio de los combustibles, pues el impuesto único es el que determina el precio final y este se requiere ahora más que nunca, para que el Estado disponga de recursos propios para sostener los costos de atender la emergencia, cuyo plazo es todavía indeterminado. Y en el tema eléctrico, ya el ICE, la CNFL y demás prestatarios de servicio han dispuesto sus medidas de flexibilización de los costos de energía.

7) Estamos de acuerdo en que se deben obtener recursos económicos extraordinarios para solidarizarse con las necesidades de trabajadoras y trabajadores más afectados durante el periodo de emergencia por efecto de la Ley 21.854 “Reducción de la Jornada de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia”. Pero consideramos que estos recursos deben salir de los sectores más acaudalados de la sociedad Costarricense: desde salarios y pensiones de lujo a los grandes contribuyentes que han llegado a declarar cero ganancias para defraudar al Estado, que hoy tiene que atender la emergencia en un contexto de déficit fiscal.

8) Apoyamos la propuesta de suspender el pago de la deuda externa de los países de América Latina al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos financieros, para permitir la disposición de mejores recursos a la atención de la crisis y apuntando a bajar las cargas impositivas consecuentes que pesan sobre los grupos más desfavorecidos de nuestro país. El Gobierno debe apoyar también esta medida para superar la crisis.

9) Observamos con preocupación la intromisión de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales en el Gobierno, con la intención de hacer un manejo antidemocrático de la crisis sanitaria. Consideramos que la mayoría de sus aportes ante esta crisis son vagos y sus propuestas inmoralmente convenientes a sus intereses. Los planes bancarios no deben salvar a grandes empresas que hayan defraudado al fisco con declaraciones de cero ingresos o que se hayan beneficiado de las amnistías tributarias recientemente aprobadas.

10) Es autoritaria la propuesta de la UCCAEP para regular las jornadas de trabajo del sector público, que tiene mucho que aportar ante esta coyuntura. Ya suficiente el golpe económico que han tenido los trabajadores privados del sector comercio y servicios, como para que pretendan profundizar más la crisis económica del país con recortes a los trabajadores del sector público.

11) Hacemos un serio llamado al Gobierno para que haga un manejo político equilibrado de la situación de emergencia. Solicitamos que, ante la lesión parcial del ejercicio de la democracia participativa que implica respetar las medidas de distanciamiento social solicitadas por el Ministerio de Salud, se abstenga de apoyar medidas oportunistas de los grupos de poder económico del país bajo la excusa de la emergencia. Debe más bien ejercer una representación de intereses responsable, justa y democrática. De no ser así, es claro que cosechará fuertes vientos al finalizar el estado de emergencia.

 

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Información de FECON.

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Colegio de Trabajadores Sociales ante propuesta de más impuestos a la clase trabajadora

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Comisión de Realidad Nacional y las personas profesionales que atendemos cotidianamente las manifestaciones de la pobreza y la desigualdad. Hoy 28 de marzo de 2020, hacemos un llamado vehemente a la sensatez por parte de las esferas de poder políticas y económicas del país, considerando que:

  1. El actual Gobierno de la República, firmó el 3 de diciembre del año 2018, la ley 9636, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, «LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO», a pesar del llamado de la clase media trabajadora, durante semanas de manifestaciones multitudinarias, a negociar una ley progresiva que no afectara de manera tan significativa sus ingresos.
  2. El 21 de marzo de 2020, se aprueba la ley denominada: «AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL». Ley 9832, como medida para las empresas que vean afectados sus ingresos en al menos un 20% en relación al mismo mes del año anterior, provocado por un suceso declarado de emergencia nacional.
  3. El 24 de marzo de 2020, el Gobierno, mediante su página oficial emite un comunicado de prensa que anuncia medidas laborales en el sector público para combatir el Covid- 19, entre ellas: «Creación de un plan básico de funcionamiento y cancelaciones a los aumentos salariales a los funcionarios». Como medida de reducción del impacto de la crisis económica del país.
  4. Las instituciones públicas costarricenses han respondido a la emergencia y han demostrado la responsabilidad en la atención de la Pandemia del Covid-19.
  5. La emergencia nacional ha sido acogida por la mayoría de sectores adoptando la medida de seguridad de quedarse en casa, situación que desmoviliza a las y los trabajadores.
  6. Una gran cantidad de personas del sector independiente y empresarial van a ver sus ingresos reducidos al mínimo, sin poder garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.
  7. El día 26 de marzo, el señor Rodrigo Chaves, Ministro de Hacienda, anunció la propuesta del Gobierno de un impuesto solidado a los salarios mayores de ₵500,000 (quinientos mil colones), para «ayudar» a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19. Noticia que fue después reversada por el presidente de la república Carlos Alvarado.
  8. El día 27 de marzo, el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, plantea un impuesto solidario de carácter temporal para salarios que superen el ₵1,000,000 (un millón de colones).
  9. Previo a la pandemia, muchas familias en pobreza y pobreza extrema veían comprometida su salud física y mental debido a la dificultad de cubrir los costos de la canasta básica.
  10. La exclusión económica y la desigualdad en el país son históricas, por lo que impactan derechos básicos para la vida humana como vivienda y salud.

Consideramos, por lo tanto:

  1. Invitar al Gobierno Central y Ministerio de Hacienda a gravar a los grandes capitales y empresas evasoras, con el fin de no aniquilar la economía básica de sectores que deben sobrevivir con ingresos per cápita en vulnerabilidad que no permiten la cobertura de servicios ni la canasta básica. Así como, ofertar deducciones de sus propios ingresos, evitando así recargar en la clase media- baja trabajadora el peso de la crisis económica que enfrenta el país.
  2. Reflexionar que, a pesar del constante aumento en el costo de vida, el sector público brindó su aporte al no percibir el aumento anual. De igual forma, parte de los salarios se encuentran sujetos al pago de impuesto de renta y en calidad de consumidoras, las personas pagan el reciente impuesto al valor agregado. Por ello, recomendamos que la contribución solidaria grave los salarios (públicos y privados) y pensiones de aquellas personas que se ubiquen a partir del quinto decil más alto según los salarios reportados[1].
  3. Recordar a la Asamblea Legislativa y gobernantes del país, que la ciudadanía les escogió como servidores públicos y que las medidas redistributivas solidarias inician cuestionando los propios privilegios.
  4. Solicitar al Poder Ejecutivo que brinde criterios claros de selección de las personas que recibirán subsidios por afectación del COVID-19; así como, habilitar y diversificar los medios de comunicación y espacios de participación accesibles para aquellas personas que no cuentan con recursos digitales para optar por el beneficio.
  5. Instar que las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean cuidadosas, solidarias, sostenibles y transparentes; de lo contrario, las acciones pueden vulnerabilizar aún más a quienes disponen de menos recursos para garantizar la reproducción de sus condiciones de vida.
  6. Hacer un llamado de atención a los habitantes del país a dar seguimiento y fiscalizar los actos del Gobierno y las propuestas que después de salir a la luz, sean desmentidas públicamente. La corrupción se gesta, la mayoría de las veces, desde la complicidad y el silencio.
  7. Considerar como un deber ético de nuestra profesión el pronunciarse ante la injusticia y defender los derechos de los sectores en pobreza, pobreza extrema y población vulnerable en torno a su acceso a la salud.
  8. El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica pone a disposición la experiencia de personas profesionales en torno al diseño, ejecución y evaluación de Políticas Sociales, que garanticen bajo un enfoque de derechos los criterios y medios más adecuados para la distribución de dichos recursos.

Según la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en su artículo 1 corresponde a este ente “b. Velar por que se cumplan los principios éticos de la profesión”, “c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados” y “d. Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente”.

[1] Según datos a los que se tuvo acceso reportados por la CCSS con base en la Dirección General de Hacienda, el quinto decil se encuentra en un rango entre 2,250,000 y 2,500,000 colones. Para más información consultar sem anarioun iversidad .com/p ais/cuantos-son-y-cuanto-es-el-salario-d e-los-sup erricos/.

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Costa Rica: Apuntes para un Programa Económico Urgente frente la crisis del Covid-19

Escrito en . Publicado en Derechos.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
CICDE-UNED

Las condiciones que se viven:

1) El Covid-19 plantea un desafío sanitario de dimensiones no vistas en generaciones.

2) El tipo de medidas que es indispensable aplicar para frenar el contagio, tienen severas consecuencias económicas que, principalmente (aunque posiblemente no de forma exclusiva), tienen el aspecto de un abrupto “choque de demanda”, con una fuerte reducción de las ventas en diversos sectores de la economía, algunos de los cuales quedan cerrados del todo.

3) Esto lanza a la economía a territorio negativo, y provoca un decrecimiento económico, el cual podría ser, al menos durante un tiempo, realmente agudo.

4) Pero, por sobre todo, esto provoca desempleo y agravamiento de la pobreza, o sea, conlleva un costo humano y social, que debe ser atendido con sentido de urgencia y máxima prioridad.

5) Razonablemente puede suponerse que una crisis sanitaria con estas características dure unos meses, después de lo cual debería haber una estabilización de la situación y un paulatino retorno a la normalidad. El proceso de recuperación será seguramente difícil, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.

Las prioridades: su ordenamiento en el tiempo

1) Durante la fase aguda de la crisis sanitaria, la prioridad absoluta es el combate al contagio, y la defensa de la salud de la población y la vida de las personas.

2) Al mismo tiempo debe haber un gran esfuerzo nacional encaminado a reducir al mínimo posible las implicaciones humanas de la contracción de la economía, o sea, preservar los empleos tanto como se pueda; apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía social y solidaria; y brindar apoyos a las personas pobres y más vulnerables, así como a quienes se quedan sin empleo.

3) Avanzar rápidamente hacia la planificación de un programa de recuperación de la economía y el empleo, que se debe poner en marcha tan pronto como sea posible y, como mínimo, tan pronto como las condiciones sanitarias se estabilicen.

Fondo Nacional de Solidaridad Social

1) Objetivo: atender y aliviar las implicaciones humanas y sociales derivadas del deterioro de la economía, y atenuar la contracción económica que se sufra.

2) Aprovechar la baja del precio de los combustibles: el economista, Dr. Olman Segura (Segura Bonilla 2020), de la UNA ha formulado una propuesta para la constitución de un fondo que ayude a preservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechando para ello la baja en el precio del petróleo, de forma que ésta no se traslade a los precios. El diferencial correspondiente permitirá alimentar ese fondo. Segura estima que ello rendiría alrededor de ₡7000 millones al mes, lo que permitiría beneficiar a unas 70.000 personas con un subsidio de ₡100.000 mensuales, de forma que, cumpliéndose algunas otras condiciones, se preserve el empleo de estas personas. Me parece una idea absolutamente pertinente y necesaria.

3) Recargo temporal solidario: establecer un recargo temporal (6 meses) a diversos impuestos: impuesto sobre la renta (tanto personas físicas como jurídicas, e incluyendo tanto ingresos del trabajo como los provenientes del capital), impuesto sobre rentas y ganancias de capital, impuesto sobre casas de lujo y automotores, graduado según una escala progresiva que garantice máxima justicia y equidad en el reparto de las cargas. El Ministerio de Hacienda debería estudiar un diseño de este recargo temporal progresivo, con el objetivo de que, en lo posible, rinda un monto de al menos ₡20 mil millones mensuales, y de esa manera beneficiar con un subsidio de ₡100.000 mensuales al menos a unas 200.000 personas. Según el grupo de trabajo FES-OES (Friedrich Ebert Stiftung, Observatorio Económico y Social UNA 2020), hay estimaciones del exviceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, según las cuales un recargo del 10% al impuesto al salario, aplicado por una sola vez, daría un monto aproximado de ₡13 mil millones. Esto sugiere que el monto de ₡20 mil millones mensuales que propongo es viable, pero, además, esta propuesta que formulo, que responde a la misma motivación, es de alcances más amplios y, al cabo, más justos y equitativos, ya que hace partícipes ingresos de fuentes diversas (no solo del trabajo) y algunos recursos patrimoniales de carácter privilegiado. Es lo que corresponde en vista de las circunstancias excepcionales que hoy vivimos.

4) Programa “Proteger”: todos los recursos que pudieran obtenerse a partir de lo indicado en los dos puntos anteriores se sumarían a los fondos, por un billón de colones, que el gobierno ha contemplado en su programa “Proteger” (Oviedo 2020) a fin de ampliar la cobertura, y apoyar a más personas en condiciones difíciles y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos solidarios, que pudieran enfrentar problemas.

5) Meta propuesta: con base en los recursos provenientes de las diversas fuentes mencionadas, se tratar de hacer llegar un subsidio mensual de ₡100.000 a un número de personas que, deseablemente, pudiese llegar a las 400.000. Esto no solo representaría un alivio necesarísimo para la vida de muchas familias, sino que además apuntalaría la economía en un momento en que ésta lo requiere de forma especial.

6) Agresiva acción internacional: los diversos organismos internacionales se muestran hoy día muy dispuestos a conceder financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de aliviar los efectos económicos y sociales de la crisis. Incluso esos organismos proponen posponer los pagos de deuda externa, al menos en el caso de los países más pobres. El gobierno debe aprovechar al máximo estas posibilidades, tanto para obtener fondos adicionales como para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y así fortalecer los programas de auxilio a las personas y sectores más vulnerables, mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al menos en parte, financiar un vigoroso programa de recuperación económica, una vez la emergencia haya sido superada.

Ahorrar en los pagos por intereses

1) Intervención del Banco Central: dada la excepcionalidad de la situación, el Banco Central debe estar dispuesto a participar activamente en los mercados secundarios de la deuda pública, con un objetivo prioritario: lograr una reducción significativa de las tasas de interés de los bonos del gobierno y, por esa vía, una significativa reducción en los gastos por intereses, a fin de aliviar la situación fiscal y liberar recursos que puedan destinarse a fines de más provecho y urgencia.

2) Pagos excesivos: los datos de gastos por intereses de la deuda pública correspondientes al año 2019, sugieren que, en promedio, durante ese año se pagó una tasa del 8,3%. Este dato coincide plenamente con el dato el promedio histórico ponderado que publica el Ministerio de Hacienda en su página web. Entretanto, la Tasa Básica Pasiva, un indicador de las tasas a las que los bancos y otras entidades financieras captan recursos del público, cayó por debajo del 6% en julio de 2019, y concluyó el año en 5,75%. En el momento en que escribo esto, se sitúa en 4,35%.

3) Injustificable: no hay ninguna razón sensata que permita justificar esa enorme diferencia (que en diferentes momentos ha oscilado entre 2,5 y hasta 4 puntos porcentuales), entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las que pagan los bancos por la captación de ahorros de la gente.

4) Ahorro significativo: cada punto de menos en las tasas que se pagan por la deuda interna, reporta un ahorro de aproximadamente unos ₡160 mil millones anuales. Hacer bajar las tasas en 3 o 4 puntos, reportaría un ahorro total en el orden de entre ₡500 mil a ₡600 mil millones de colones en un año.

5) El Banco Central puede hacerlo: posee las herramientas técnicas, y también al autorización legal, según el artículo 52, incisos c) y f) de su Ley Orgánica.

Plan Nacional de Producción de Alimentos

1) Reparar un error histórico: los grupos que han conducido el país durante los últimos 35 años, han hecho que el país incurra en un grave error, al abandonarse la agricultura que produce alimentos, y con el maltrato sistemático y reiterado contra nuestras productoras y productores. Esta coyuntura de crisis desnuda que esa estrategia política ha sido realmente criminal, puesto que nada infundiría más tranquilidad en momentos tan duros como los actuales, que el poder disponer de una provisión segura de alimentos.

2) Aprovechar recursos externos: una parte del financiamiento que se obtenga en el exterior debería destinarse a crear un fondo que, con carácter de urgencia, se destine a promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y del mar. Su ejecución quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

3) Subsidios: si, por ejemplo, se formase un fondo de ₡50 mil millones de colones, se podrían dar subsidios directos a pequeños productores y productoras, eventualmente un subsidio que oscile entre ₡1 y 1,5 millones, que beneficie a unos 35 a 40 mil productoras y productores, con la expresa finalidad de promover la producción alimenticia.

4) Condiciones complementarias: a fin de dar eficacia a la propuesta, deben satisfacerse una serie de otras condiciones complementarias:

  1. Deudas: llevar a cabo una concienzuda reestructuración de las deudas, que amplíen los márgenes de maniobra para que productores y productoras reinicien sus proyectos productivos, con tranquilidad y certidumbre.
  2. Comercialización: garantizar canales de comercialización que pongan en contacto directo a productoras y productores con las masas consumidoras urbanas, sin la influencia distorsionante de intermediarios.
  3. Cadenas de suministro: garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción.
  4. Compras públicas: el Estado garantizará la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción, de una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), la cual se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres.

Programa de recuperación económica

1) Compromiso patriótico: El país, en forma generosa, dialógica y muy patriótica, debe acordar un ambicioso programa de recuperación económica, una especie de Plan Marshall criollo, para recuperar la economía y el empleo, el cual se empezará a ejecutar tan pronto como se pueda y, al menos, una vez la crisis sanitaria se haya superado.

2) Fondos externos: de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir durante la presente crisis sanitaria, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias que ésta plantea, se reservará tantos recursos como sea posible para financiar un amplio programa de inversión pública. Deberíamos fijar una meta en el orden del 4-5%, como proporción del PIB, de recursos que se reservarán y destinarán a este fin.

3) Acuerdo nacional: reconociendo las múltiples trabas y obstáculos que hoy dificultan la ejecución de obra pública, debe avanzarse en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.

4) Prioridades: en una primera etapa, y con carácter urgente, se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades. También mejoría, reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de cuido, así como ampliación de los servicios, incluyendo comedores escolares y centros de cuido de niños, niñas y personas mayores, entre otras opciones similares que es urgente explorar.

5) Plazos más largos: debe contemplarse un amplio programa que relance la infraestructura y la productividad, de forma incluyente y equitativa. Las prioridades deberían estar en áreas como las siguientes: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y, en general, empresas de capital nacional.

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Apuntes para un Programa Económico Urgente frente a la crisis del Covid-19

 

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

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