Reveladora entrevista con doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, en La Nación (“Los ingresos podrían sufrir un menoscabo”).
Dice la ministra que podríamos llevarnos la “sorpresa” de que el crecimiento de la economía para el año 2019, sea menor de lo que oficialmente se había anticipado. Puedo imaginar que este “sorprendimiento”, será compartido también por las consultoras privadas y las escuelas de economía de la UNA y la UCR, ya que –como se ha vuelto costumbre– todas esas voces se unían a la voz oficial, para entonar a coro el mismo cántico de “optimismo”.
Teme entonces doña Rocío que los ingresos del gobierno flaqueen y que el déficit fiscal sea mayor a lo previsto, lo cual, según se colige de la entrevista, vendría a ser otra sorpresita para ella (y seguramente también para el susodicho coro).
La cuestión resulta paradójica, si recordemos con qué aplomo la señora Aguilar nos aleccionaba meses atrás (mientras el coro de nuestra historia le hacía la música de fondo), explicando que el plan fiscal de la administración Alvarado devolvería la “confianza” a las empresas, las cuales entonces invertirían y contratarían gente con renovado entusiasmo y rejuvenecidos bríos.
Pues parece que no. Muy tarde viene la ministra a darse cuenta.
Una aclaración me permito hacer: sorprendida ha de estar la ministra y su coro. Yo no lo estoy en absoluto. Lamentablemente, las cosas van por donde tantas veces anticipé, sin que nadie me prestara ni así poquito de atención.
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Uno de los errores cometidos en el decenio de los treinta del siglo pasado, y que incidió en el agravamiento de la Gran Depresión, fue la competencia irracional, incluso caótica, hacia el proteccionismo, en que se vieron atrapadas las potencias económicas del mundo en aquel momento. Esto ilustra que, bajo determinadas circunstancias, el proteccionismo puede ser realmente perjudicial, como sin duda lo es cuando atiende a estrechos objetivos gremiales o sectoriales, con descuido de intereses o necesidades más amplias.
Aclararemos que el concepto “proteccionismo” hace referencias a políticas que, de manera explícita o disimulada, por medio de impuestos, subsidios u otro tipo de restricciones, limita, o del todo bloquea, las importaciones que pudieran dañar determinados sectores de la economía nacional.
Es fácil –y goza de gran cartel en los medios de comunicación comercial– recurrir a generalizaciones que, con gran ligereza, construyen una imagen demoníaca del proteccionismo. Lo cual, como no es difícil de entender, es una forma alternativa de hacer la glorificación del “libre mercado”. Si a este último se le atribuyen virtudes milagrosas, si se cree que el automatismo de su funcionamiento garantiza equilibrios óptimos y virtuosos y un mundo de armonías perpetuas, pues de ello se desprende que la interferencia proteccionista es un mecanismo perverso que altera el virtuoso equilibrio del mercado y perturba su reinado glorioso y feliz.
Si nos remitimos a su fundamentación teórica, hemos de indicar que toda esta estridente cháchara sobre el proteccionismo y a favor del libre mercado, no pasa de ser un mero exabrupto ideológico, por lo demás bastante vulgar. Ya Walras –hace sus buenos 140 y tantos años– intentó ponerle una careta científica al asunto, con su teoría del equilibrio general, la cual hubo de recurrir al artificio del “subastador” para poder llegar a la conclusión deseada. Lo cual suponía tomar un atajo que pintaba de paradoja y contradicción toda la propuesta: la economía capitalista “descentralizada” quedaba explicada a partir de un mecanismo totalmente centralizado.
Pero eso era solo el principio del desastre. Veblen hizo un hazmerreír de todas las simplonadas de aquella teoría sobre el consumo, como Sraffa tuvo tiempo para buscarle las pulgas y demostrar que la teoría decía lo que explícitamente ella prohibía que se dijera. Keynes les hizo un completo desbarajuste tan solo con confrontar la teoría con las limitaciones de lo humano y las realidades de las instituciones que la humanidad requiere para vivir, y peor cuando demostró que el dinero no es un “velo” que recubre las transacciones reales, sino que su papel (al modo de pasaje entre presente y futuro) podría tener, y de hecho tenía, consecuencias importantísimas. Todavía Joan Robinson se dio tiempo para ironizar –con aquel, su humor tan fino– sobre lo absurdos de la teoría del capital. Pero como no hay peor astilla que la del propio palo, fueron Sonnenschein, Debreu y Mantel los que, queriendo arreglar el desaguisado, terminaron de amolarla. De ahí en adelante, el paciente, ya en estado terminal, quedó muerto y cadáver.
Esa es la teoría económica neoclásica, que sustenta toda la biliosa perorata sobre proteccionismo y libre mercado. No obstante lo cual, es una ortodoxia ampliamente dominante, gracias a los servicios que, como aparato ideológico muy sofisticado, brinda a intereses muy poderosos.
Pero vuelvo adonde inicié: el proteccionismo. Que este puede ser dañino. Si, ciertamente lo puede ser. Así nos lo demuestra la historia. Puede ser dañino, dije, bajo ciertas circunstancias. No necesariamente bajo otras circunstancias. Y esto es lo que pierde de vista el parloteo contra el proteccionismo. Acaso debido a su interés ideológico o tal vez por ignorancia supina. Sobre eso no me pronuncio.
El caso es que incluso Inglaterra aplicó políticas proteccionistas. Y lo hizo no obstante haber sido cuna de la revolución industrial y primera potencia industrial en la historia del capitalismo. Pero lo cierto es que, en su momento, incluso se limitaron las importaciones de textiles baratos provenientes de la India para así propiciar el fortalecimiento de la industria textil inglesa. Pero, en serio ¿Alguien puede creer que el éxito industrial inglés no se vio favorecido por su poderosa flota, su enorme imperio y los monopolios coloniales?
Luego vinieron Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, los “tigres del sudeste asiático”. Y China en el período más reciente. Todos, sin excepción recurrieron (recurren en el caso chino) al proteccionismo para lograr su avance hacia el estadio propio del capitalismo rico. Ningún caso es igual a otro. Cada uno tiene sus particularidades, según la propia historia, cultura e instituciones, y de acuerdo al momento particular en que se sitúan. Pero lo que sí es cierto es que, invariablemente, se interfirió en los mecanismos del mercado y se aplicaron políticas proteccionistas. Jamás se logró optando por el libre mercado abstracto. Siempre hubo una visión estratégica que miraba mucho más allá de lo inmediato.
Esos países se hicieron ricos y ahora “tiran la escalera”: no nos quieren permitir a los demás que subamos por ella. Nos prohíben hacer hoy, lo que hicieron entonces. Que, de seguro, tendríamos que hacerlo a nuestra manera, puesto que, inclusive, la crisis ambiental así lo exige.
Pero lo cierto es que China no les ha obedecido y ello ha sido determinante para lograr lo que han alcanzado. Para países pequeños y débiles como el nuestro, el camino parece estar bloqueado. Con el apoyo de gente que, desde adentro, vocifera estridencias. No sé si por interés ideológico o por ignorancia supina. Sobre eso no me pronuncio.
Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
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Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.
El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse
Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.
Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.
Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.
Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.
O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.
Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.
Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.
El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.
Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.
Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.
En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.
Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.
Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.
En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.
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Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.
Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.
Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer “…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.
Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.
O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.
Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).
Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.
En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.
Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millones provenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.
De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.
He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.
Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar las reformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.
Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.
Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.
Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.
Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.
Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.
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En semanas recientes se habla reiteradamente de la “desaceleración de la economía”, atribuida, con obsesivo y grosero simplismo, a dos factores: el déficit fiscal y la huelga convocada contra el proyecto 20.580 presentado por la administración Alvarado. Propongo en lo que sigue, un examen de estas ideas.
1) ¿En qué se basa esta tesis?
La idea subyacente seguramente nace de ciertas elaboraciones que han dominado la teoría económica neoclásica (o sea: la economía ortodoxa dominante) durante los últimos 40 años, las cuales a su vez beben del trabajo de León Walras en los años setenta del siglo XIX. En su versión “moderna” ha recibido el nombre de “hipótesis de las expectativas racionales”, pomposa sobre todo por el artificioso aparato matemático que la acompaña, aunque de paupérrima significación económica.
Esta teoría nos habla de unos tales “agentes económicos”, especie de alienígenas híper-racionales, con la capacidad de una supercomputadora para manejar y procesar información. Dominan con gran propiedad todos los asuntos relativos al problema fiscal, y toman sus decisiones con base en cálculos precisos e instantáneos. Me refiero a decisiones en materia de compras de consumo por parte de las familias, y sobre inversión (plantas productivas, maquinaria, tractores, etc.) por parte de las empresas. Y como tienen clarísimo que la situación fiscal anda que “mírame y no me toqués”, deciden frenar sus gastos de consumo e inversión, lo cual provoca que la economía se “desacelere”.
Lo cierto es que todo lo antes dicho tendría un pringue de sentido –pero solo eso– en el contexto de la situación, muy peculiar y calificada, de los últimos dos meses, visto que la huelga sacó el debate fiscal de las paredes de la Asamblea Legislativa y lo acercó a un público más amplio, y en virtud de los mensajes catastrofistas y las amenazas muy gruesas que, en metralleta descontrolada, nos lanzan las más altas autoridades del gobierno, incluido el propio Carlos Alvarado. Claro que eso ha suscitado un ambiente de nerviosismo, que ha afectado incluso el comportamiento del dólar y podría agudizar la “desaceleración”. Pero la “desaceleración” no empezó con la huelga en septiembre, sino que viene de mucho más atrás. Y aunque se contestase entonces que el problema fiscal también viene “de mucho atrás”, conservaría plena validez la duda fundamental que suscitan los supuestos –delirantes y alucinados– de racionalidad y capacidad de manejo de información que se le atribuyen a los alienígenas “agentes económicos” de la teoría.
Incluso en el tiempo transcurrido después de la convocatoria a huelga (septiembre a la fecha), y en medio de un ambiente sociopolítico tan incandescente, para las amplias capas de clase trabajadora, el asunto sigue siendo una cuestión lejana y básicamente incomprensible. Y aunque entre los sectores medios hay más interés, no necesariamente hay mejor comprensión; posiblemente reaccionan al problema, pero sin mayor claridad acerca de sus implicaciones. Sencillamente es falso que la gente se comporte como esta desatinada teoría quiere hacernos creer. Sin duda, las causas de la «desaceleración» de la economía son otras, cuyo análisis omito en este artículo para no extenderlo en exceso.
2) El déficit fiscal y el “enclochamiento” de la economía
Una mirada panorámica a los últimos diez años –desde el impacto de la crisis económica mundial en 2009 y en los años sucesivos hasta este momento– muestra que el crecimiento de la economía tica ha estado jalado fundamentalmente por el consumo privado, o sea, las compras de consumo de la gente.
¿De qué se alimenta ese consumo? No de los salarios del sector privado, cuyo poder adquisitivo no ha tenido mejora alguna a lo largo de estos años. Resulta, pues, que el factor principal es el crédito, por lo tanto el endeudamiento de personas y familias. Baste remitirse a los datos sobre la evolución del crédito del sistema financiero para constatarlo, pero sin olvidar que las estadísticas disponibles no reflejan lo que podríamos llamar “crédito sumergido”, concedido por importadoras de electrodomésticos, “garroteras” u otras posibles fuentes de financiamiento informal.
Sin embargo, a ello debemos sumar un aporte significativo proveniente de los tan denostados y vilipendiados empleados y empleadas del sector público, cuyos salarios promedio son más altos que el sector privado, y sí han tenido una leve mejora de su poder adquisitivo durante este período. De tal modo, y teniendo presente que en el sector público se emplea alrededor del 13-14% de las personas trabajadoras, es posible que éstas sostengan al menos una quinta parte –posiblemente más– de los gastos totales de consumo en la economía.
Esto último –el consumo de las personas trabajadoras empleadas en el sector público– es una fuente importante por medio de la cual el tan satanizado gasto público y el igualmente demonizado déficit fiscal, contribuyen a sostener el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. Súmese el llamado “consumo público” –compra de bienes y servicios por parte de instituciones públicas– más la lamentablemente pequeña cuantía de la inversión en obra pública. En total, el sector público de Costa Rica aportaría alrededor un 35% -posiblemente más– de la demanda total de la economía.
Más allá de las disparatadas elucubraciones de la teoría económica ortodoxa, lo que esto significa se entendería muy claramente en caso de que se cumpliesen las amenazas del gobierno de Carlos Alvarado de no pagar aguinaldos a empleados y empleadas públicas. Si así lo hicieran, de fijo veríamos al comercio bufando furiosamente, porque sus ventas caerían en picado.
3) ¿Que la actividad empresarial está afectada por expectativas?
Sí, es cierto. De hecho, como con tanta agudeza lo hacía ver Keynes en la Teoría General, esas expectativas tienden a reforzarse entre sí: unas personas intentan adivinar el estado de ánimo de la otra gente, dando lugar a una especie de “efecto imitación”: cuando todo el mundo está pesimista (u optimista), se vuelve prácticamente obligatorio compartir ese pesimismo (u optimismo). Y, por supuesto, no es descartable que el ambiente crispado generado en las últimas semanas alrededor del problema fiscal –sobre todo por el discurso catastrofista con que el gobierno nos asedia– haya afectado esas expectativas, por lo menos las de grupos de poder económico poderosos y bien informados. Pero ese es, como he hecho ver, un fenómeno reciente y muy acotado. Con anterioridad, lo fiscal si acaso atraía la atención de una élite muy reducida. Absurdo pretender que ello impactase significativamente las expectativas empresariales ni menos las de la gente de a pie.
En cambio, el efecto positivo sobre la demanda, proveniente del gasto público es un hecho objetivo, que se hace tangible en las ventas de las empresas, y, por lo tanto, sostiene sus expectativas en terreno más o menos positivo, cuando muchos otros factores (incluso la sobrevaloración del tipo de cambio o las altísimas tasas de interés sobre los créditos bancarios), impactan en sentido negativo.
En otras palabras: durante los últimos diez años, el gasto público y el déficit fiscal han puesto una especie de piso mínimo para sostener el crecimiento de la economía. De otra manera, es bien posible que se hubiese hundido a terrenos cercanos al cero.
Esa es la verdadera historia.
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.
Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.
Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.
De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.
Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.
Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.
Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.
Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.
Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.
La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.
El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.
La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.
Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.
Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.
Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.
Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.
El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.
Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Enviado por el autor.
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