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Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«El mundo se divide en dos categorías:
los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas».
El Bueno, el malo y el feo-1966

Si nos remitimos a la tradición mediática de Costa Rica, hablar de medio ambiente, ecosistemas o naturaleza es redundante, cómo separar esos términos cuando se ha catalogado como “Esencial Costa Rica” o “Paz con la naturaleza”. Detengámonos aquí un breve momento, nos hemos preguntado acaso ¿con quién ha hecho paz la naturaleza?

Un gobierno, que, ante la crisis ecológica, promueve la idea de la explotación de gas natural (y petróleo, la tentación es muy grande, en donde sale gas, “un poquito” más abajo sale petróleo), ¿cómo vamos a desperdiciar la riqueza del país? Recuerden que no somos pobres, estamos mal administrados.

La producción piñera que viene transformando el paisaje costarricense aplanando suelos y drenando humedales, pero también, llenando de agroquímicos los suelos y ríos, hasta el punto de rodear a cientos de poblaciones, que por las dudas a diario son fumigadas para asegurarse que el ser humano no sea nocivo a la plantación, sumado a esto, las agencias de cooperación internacional se alían a las empresas de este sector para promocionar internacionalmente y localmente el lavado verde de esta actividad.

Otro tanto de comunidades que viven y dependen de los ríos, ven el caudal de estos reducido a su mínima expresión, sus espacios de recreación y turismo local están desapareciendo, esto por el accionar de las empresas de minería no metálica, es decir, los tajos que pululan en todo el país, que según dicen es para asegurar buenas calles, pero que al día de hoy, estas comunidades siguen siendo de lastre casi tierra, y para empeorar, ahora sin turismo ni peces en sus ríos.

Otras comunidades, que a pesar de su vigilancia y denuncia sobre el uso de agrotóxicos que daña la salud humana, y que actualmente están envenenando las fuentes de agua, que a pesar de los fallos de la Sala Constitucional que les da la razón, son ninguneados.

También, si quieren verlo más de cerca en el área metropolitana, como a vista y complacencia de autoridades municipales y de la institucionalidad ambiental, se van “comiendo” los cerros de zonas protectoras en beneficio de actividades económicas, y a pesar de que las comunidades organizadas denuncian estas afectaciones y tendencias, la omisión siguen siendo la regla.

Ahora sí, ¿Qué hay de común en todo esto? La primera cuestión a pensar es una institucionalidad ausente, o más bien, un entramado que protege y promueve estos sistemas de producción y explotación en beneficio de ciertos sectores empresariales, que tienen como fin el despojo de los bienes comunes naturales, o mejor dicho, un Estado que ve con complacencia la mercantilización de la naturaleza, y desde su propias facultades promueven las medidas necesarias para su ejecución.

Podría sonar alarmista, pero sigamos el recorrido, la clase política dominante y los sectores empresariales de este país, se dieron la mano, el Acuerdo de Escazú no va, y para reconfortar el desasosiego del sector económico del país, se les dijo “El sector privado puede estar tranquilo”, ¿cómo perjudicaba el Acuerdo de Escazú? Acceso a la información, defensa del principio in dubio pro natura o protección a las personas defensoras del ambiente ¿Cómo estos principios pueden atentar contra el “desarrollo sostenible” del país verde?

Vemos a figuras políticas seguir defendiendo el uso de agrotóxicos, invitando a tomar agua con una concentración 1500 veces mayor de clorotalonil que la actual, por cierto, la actual según los estudios no es apta para consumo humano ¿a quién está invitando a tomar agua?, se nos olvidaba señalar, sabían que esta persona está vinculada a la producción de agroquímicos.

Sumado a esto, un gobierno que invita a mesas a trabajar en procurar de desobedecer las resoluciones judiciales que le ordenan prohibir el uso de clorotalonil, ya que no se trata de reducir o controlar, es prohibirlo.

Llegados a esto, sólo nos queda invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad, estamos ante una sociedad política y económica dominante que está dispuesta a defender la explotación de los bienes naturales a pesar del daño socioambiental que está sucediendo a miles de personas, que por activa o pasiva se están envenenando o viendo destruida su forma de vida.

Cuando un sistema político-económico, gestiona el ambiente (no naturaleza) en función de construir esquemas de conservación cerrados, que prácticamente tienen función de atractivos turísticos, en dónde las personas tienen como máxima relación con este ambiente ser tour operador, estamos en presencia de otra cosa.

Esa “otra cosa” se llama ecofascismo, es decir la promoción ambiental para el disfrute de unos cuantos, y una gestión territorial generalizada en beneficio de los intereses económicos para desarrollar sus prácticas de acumulación de riqueza a partir del despojo, dominación y explotación, eso sí, garantizada por una estructura institucional formal-informal.

Asistimos a un país que construye una narrativa de ambiente que está dando forma a un tipo de “parque de atracciones”, sin embargo, una parte cada vez mayor de su población, está siendo despojado del derecho a un medio ambiente sano.

La naturaleza, los ecosistemas que están entrelazados, no son nodos que se conectan y se descontenta a gusto del portador, la presión que se está desarrollando por parte de todas estas actividades están erosionando y llevando al estrés a estos sistemas, es decir su capacidad de conservación-reproducción está siendo afectada, distorsionada y llegando al punto de imposibilitar su existencia. Estamos vivenciado el corte de estos tejidos que sostienen la vida.

Este despojo no se hace a la sombra, se hace a la vista y complacencia de un Estado que promociona estas actividades, ya un diputado de una legislación anterior lo decía claramente al respecto del entramado legal-institucional del país “Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico…”