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Etiqueta: ejecución presupuestaria

CGR señala que estados financieros del Gobierno no son confiables y advierte caída en los ingresos tributarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un conjunto de documentos relacionados con la gestión financiera del Gobierno de la República, conforme a la normativa vigente, que constituyen un insumo para la toma de decisiones y que buscan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los documentos evidencian situaciones que la CGR califica de urgentes en los registros contables, la gestión financiera y la recaudación tributaria del país.

Dictamen adverso sobre los estados financieros del Gobierno

El primero de los documentos es el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025 (DFOE-FIP-IAA-00005-2026), dirigido al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y firmado por Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, junto con Karen Garro Vargas y Daniel Zúñiga Picado. En este dictamen, la CGR emite una opinión adversa, es decir, concluye que los estados financieros consolidados —que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo— no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Entre los principales hallazgos que sustentan esta opinión adversa, el dictamen señala:

  • De las cuatro entidades principales que integran el consolidado (Poder Ejecutivo, FODESAF, Poder Judicial y CONAVI), únicamente el Poder Judicial y CONAVI incluyeron la declaración expresa de cumplimiento de las normas contables internacionales exigida por la NICSP 1.

  • La Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN) no realizó ni documentó de forma integral el análisis de control exigido por la NICSP 35 para determinar qué entidades deben incorporarse al consolidado, y cuatro entidades (SINAC, Casa de la Cultura de Puntarenas, Museo de Arte Costarricense y Museo Histórico Cultural Juan Santamaría) fueron excluidas por incumplimientos o inconsistencias en sus estados financieros individuales.

  • No se ha determinado si corresponde consolidar la información de al menos 11 fideicomisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, a Órganos Desconcentrados y a otros Poderes.

  • Durante 2025, el proceso de eliminación de transacciones y saldos recíprocos entre entidades presentó eliminaciones incompletas, incorrectas u omisas, generando inconsistencias cuantificadas en ¢6.909.439 millones.

  • Las cuentas por cobrar a corto plazo, con saldo de ¢3.362.408 millones al cierre de 2025, presentan omisiones y diferencias no conciliadas; entre ellas, una diferencia de ¢137.675 millones entre lo registrado por cuentas por cobrar tributarias (¢521.669 millones) y la cartera morosa reportada por la Dirección General de Tributación (¢659.344 millones).

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢1.285.261 millones entre lo que FODESAF registra como cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda (¢2.251.051 millones) y lo que el Poder Ejecutivo registra como cuenta por pagar a FODESAF (¢965.790 millones); además, la DGCN eliminó incorrectamente esa cuenta por pagar en el proceso de consolidación, lo que sobrevaluó activo y pasivo de FODESAF en ¢965.790 millones.

  • El saldo de bienes concesionados y no concesionados, de ¢17.554.232 millones, presenta omisiones y clasificaciones incorrectas. Entre otros casos, al menos 3.518 inmuebles vinculados a centros educativos no están registrados en los sistemas contables ni inscritos a nombre del Ministerio de Educación Pública en el Registro Nacional; 234 terrenos —principalmente del MINAE, CEN-CINAI e Instituto Costarricense sobre Drogas— no están registrados contablemente; y 1.492 terrenos del MOPT carecen de identificación uniforme que permita conciliarlos con el Registro Nacional.

  • Un saldo de ¢5.776.261 millones reconocido como «revaluación de bienes» carece de sustento técnico por una metodología que no reúne las condiciones requeridas para determinar de forma fiable el valor de esos activos.

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢3.233.213 millones entre las cuentas por cobrar que reporta la CCSS al Estado (¢4.645.669 millones, con corte a mayo de 2025) y las obligaciones registradas por el Poder Ejecutivo y FODESAF (¢186.147 millones y ¢1.226.309 millones, respectivamente).

  • El Poder Judicial mantiene ¢298.089 millones en la cuenta de Fondos de Terceros y Depósitos en Garantía cuya composición no pudo ser verificada por la CGR, debido a que el Sistema de Depósitos Judiciales no opera como un sistema contable histórico con el nivel de detalle requerido.

  • El Poder Ejecutivo no ha reconocido ni cuantificado el pasivo por beneficios post-empleo (como el auxilio de cesantía por jubilación) mediante un estudio actuarial, como lo exige la normativa contable aplicable.

  • Los ingresos presentan incorrecciones derivadas de que el Poder Ejecutivo los reconoce sobre base de efectivo o cuando inicia el cobro, en lugar de reconocerlos cuando surge el derecho de cobro (base de devengo), lo que subvalúa los ingresos del período; además, existe una duplicidad de ingresos entre FODESAF y el Poder Ejecutivo al reconocerse dos veces las contribuciones patronales.

Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026

El segundo documento es el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026 (DFOE-FIP-MTR-00003-2026), publicado el 28 de agosto de 2026 en el sitio de monitoreo de la CGR (#MonitoreoCGR). Según lo señalado en el comunicado de la CGR, este informe analiza la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026, caracterizada por un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y a altos saldos de liquidez.

Certificaciones sobre la efectividad fiscal de los ingresos

Los otros dos documentos corresponden a certificaciones de la CGR sobre la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República, remitidas por el Ministerio de Hacienda:

  • La certificación DFOE-FIP-0296-2026, del 13 de agosto de 2026, avala la reestimación a la baja de los ingresos tributarios para el ejercicio 2026. Según el detalle técnico del propio documento, la reestimación total de ingresos para 2026 asciende a ¢5.217.000.000.000 (9,7% del PIB), monto que representa una reducción de ¢373.391 millones (0,7% del PIB) respecto a la estimación original, lo que reduce la carga tributaria proyectada de 13,3% a 12,6% del PIB. La CGR advierte que esta certificación se emite en un contexto de «elevada incertidumbre internacional» y enumera varios factores de riesgo adicionales: la posibilidad de eventos negativos sobre la economía mundial, limitaciones de información derivadas de la implementación del sistema TRIBU-CR, la incertidumbre sobre el efecto de leyes y decretos recientes (como la Ley N.° 10667 y los Decretos 44712 y 44921) y la eventual aprobación de proyectos de reforma tributaria en discusión.

  • La certificación DFOE-FIP-0310-2026, del 24 de agosto de 2026, avala la estimación de ingresos para el ejercicio 2027, por un total de ¢7.738.811.942.326 (13,89% del PIB), de los cuales ¢6.847.888.956.872 corresponden a ingresos tributarios (12,29% del PIB, para una carga tributaria total proyectada de 12,3% del PIB según lo indicado en el comunicado). La CGR enumera factores adicionales de riesgo para esta proyección, entre ellos cambios en las perspectivas macroeconómicas globales, la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, la fluctuación de la elasticidad tributaria y la incertidumbre sobre el efecto de eventuales reformas al sistema tributario.

La CGR compartió además un video con declaraciones de Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas:
https://www.youtube.com/watch?v=oaefMKpaedU

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Pronunciamiento público

Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.

Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.

Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.

En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.

Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.

Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.

A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.

También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.

A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.

Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.

El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.

Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.

Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.

Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.

La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.

Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.

Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.

Firman:

Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL

Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA

Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón

Delroy Lewis Jones
Sector Turismo

Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica

Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia

La ejecución presupuestaria de la Universidad de Costa Rica es eficiente 

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

  • Los dineros en depósito que resguarda la banca nacional tienen destinos específicos

  • La Regla Fiscal es la que impide presupuestar el máximo de recursos generados por la institución a partir de su vínculo externo

La Universidad de Costa Rica mantuvo al 31 de diciembre del 2023 un total de ₡66, 2 mil millones en las cuentas bancarias con las que opera la institución, ese monto dolarizado corresponde a un aproximado de $125 millones. Los dineros corresponden a obligaciones patronales, liquidación de jubilaciones, pagos a corto plazo de compras de bienes, contratación de equipamiento de laboratorios e infraestructura en sedes regionales y depósitos de garantía.

La ejecución presupuestaria de la Universidad de Costa Rica es de un 97 % y es de las más altas de la institucionalidad costarricense, por lo que los dineros en depósito no suponen ni deficiencia en la ejecución, ni dinero disponible.

Los recursos en depósito, que se resguardan en la banca nacional, tienen destinos específicos como:

  1. Cesantía y jubilación de personal pagado por fondos corrientes. En losprimeros meses del 2024 la universidad enfrentó una muy importante salidade funcionarios por concepto de pensiones.
  2. Pago de obligaciones patronales con la Caja Costarricense del SeguroSocial (CCSS) y el Banco Popular.
  3. Pago de contrataciones de bienes y servicios pendientes de pago en elcorto plazo. Refiere a compras de bienes y servicios que están en ejecución.
  4. Depósitos de garantías de cumplimiento de contratistas.

Del total de depósitos ₡ 38,13 mil millones corresponden a recursos que tienen como fuente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o leyes específicas, el resto por ₡28,07 mil millones corresponde a lo generado por la Institución a través de su vínculo externo.

Se detalla en la tabla siguiente:

Desglose de los depósitos a nombre de la Universidad de Costa Rica

Recursos provenientes de FEES y leyes específicas

Descripción

Monto

Compromisos contractuales de bienes y

servicios y laborales pagaderos a corto

plazo

₡16 521065575,35

 

Compromisos contractuales de equipo e

infraestructura pendientes de pago

₡14.931.641.178,74

 

Equipo de laboratorio y obras de

infraestructura lista para contratación

₡4.255.369.896,55

 

Fondos para atender necesidades

emergentes

₡1.298.894.535,92

 

Compromisos de procesos judiciales (PAÍS)

₡1.119.416.003,02

 

TOTAL

₡ 38,126 387 189,58

 

Lo que respecta a los ₡24,14 mil millones, que corresponden a recursos provenientes de la venta de productos y servicios de vínculo externo, son recursos destinados a cumplir las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con organismos internacionales, empresas o entes gubernamentales.

En este rubro sí hay limitantes para la ejecución por restricciones establecidas en la regla fiscal, lo cual ha obligado a incluir en presupuesto universitario el mínimo de operación necesario.

Por tanto, es falsa la afirmación de que se trata de “plata sin uso”, puesto que son fondos ya comprometidos para la continuidad de las operaciones, reservas para emergencias,pago de contratos vigentes para equipo especializado e infraestructura o recursos propios que no pueden ser presupuestados por disposiciones de la regla fiscal.

Adicionalmente la Universidad de Costa Rica detalla que el cálculo del porcentaje de aumento del FEES para el 2025 se realiza sobre las estimaciones del Banco Central para el cierre del 2025, que es de 3,1 % de acuerdo a su Informe de Política Monetaria publicado el 30 de julio pasado.

La propuesta de un aumento del 4,06 % del FEES por parte de las universidades públicas para el 2025 supondría un reconocimiento a la pérdida de un 9% del poder adquisitivo del FEES desde el 2020.

Oficina de Comunicación Institucional