Ir al contenido principal

Etiqueta: electricidad

Gaza / Israel: Asamblea General de Naciones Unidas por abrumadora mayoría adopta resolución pidiendo alto a la violencia en Gaza y respeto al derecho internacional humanitario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 27 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución titulada «Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias…» / … «Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations«.

En ella, se pide una tregua humanitaria inmediata en las hostilidades en Gaza, se llama a suplir inmediatamente de electricidad y agua a la población civil en Gaza, y se exige a ambos bandos a respetar el derecho internacional humanitario en las acciones militares que realizan en Gaza y a resguardar a la población civil (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas).

El contenido de la resolución en breve

Un total de 14 puntos resolutivos precedidos de varios largos considerandos constituyen la osatura de esta importante resolución.

Entre los considerandos, se lee que la Asamblea General refiere a lo ocurrido el 7 de octubre en los siguientes términos, expresando además su profunda preocupación por la población civil:

«Expressing grave concern at the latest escalation of violence since the 7 October 2023 attack and the grave deterioration of the situation in the region, in particular in the Gaza Strip and the rest of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel, to southern Gaza,

Condemning all acts of violence aimed at Palestinian and Israeli civilians, including all acts of terrorism and indiscriminate attacks, as well as all acts of provocation, incitement and destruction»,

../..

«Expresando grave preocupación por la última escalada de violencia desde el ataque del 7 de octubre de 2023 y por el grave deterioro de la situación en la región, en particular en la Franja de Gaza y el resto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel,

Condenando todos los actos de violencia dirigidos contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y los ataques indiscriminados, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción»,

En los dos puntos resolutivos iniciales, se lee que la Asamblea General:

«1. Calls for an immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities;

  1. Demands that all parties immediately and fully comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, particularly in regard to the protection of civilians and civilian objects, as well as the protection of humanitarian personnel, persons hors de combat, and humanitarian facilities and assets, and to enable and facilitate humanitarian access for essential supplies and services to reach all civilians in need in the Gaza Strip».

../..

  1. Pide que se declare una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades;
  2. Exige que todas las partes cumplan de manera plena e inmediata las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil y a la protección del personal humanitario, las personas fuera de combate y las instalaciones y los activos humanitarios, y que permitan y faciliten el acceso humanitario para que los suministros y servicios esenciales lleguen a todos los civiles necesitados de la Franja de Gaza;

En el punto 5 resolutivo se precisa además que la Asamblea General exige a Israel suspender la orden de evacuación dada, en los siguientes términos:

  1. Also calls for the rescinding of the order by Israel, the occupying Power, for Palestinian civilians and United Nations staff, as well as humanitarian and medical workers, to evacuate all areas in the Gaza Strip north of the Wadi Gaza and relocate to southern Gaza, recalls and reiterates that civilians are protected under international humanitarian law and should receive humanitarian assistance wherever they are, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians, in particular children, and their protection, and allowing their safe movement;

../..

  1. Pide también que se anule la orden de Israel, la Potencia ocupante, de que los civiles palestinos y el personal de las Naciones Unidas, así como los trabajadores humanitarios y médicos, evacúen todas las zonas de la Franja de Gaza situadas al norte de Wadi Gaza y se reubiquen en el sur de Gaza, recuerda y reitera que los civiles están protegidos por el derecho internacional humanitario y deben recibir asistencia humanitaria dondequiera que se encuentren, y reitera la necesidad de que se adopten medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles, en particular los niños, y por su protección, y permitir su desplazamiento en condiciones de seguridad;

El tema de los rehenes se encuentra tratado en el punto resolutivo 7 en el que se indica que la Asamblea General:

«7. Calls for the immediate and unconditional release of all civilians who are being illegally held captive, demanding their safety, well-being and humane treatment in compliance with international law«;

 ../..

  1. Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles que permanecen cautivos de manera ilegal, exigiendo su seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional;

El texto integral de la resolución adoptada se reproduce al final de esta nota, en su versión en español y en inglés.

Una resolución en la Asamblea General ante el persistente bloqueo del Consejo de Seguridad

Se trata de una resolución del órgano plenario (193 Estados Miembros) que se adopta ante la imposibilidad dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (15 Estados) de consensuar un texto: en efecto, este último lleva ya cuatro intentos para pronunciarse sobre lo que ocurre en Israel y en Gaza desde el 7 de octubre sin lograr poner de acuerdo con sus 15 integrantes.

Al respecto, tuvimos la ocasión de explicar el alcance del sorpresivo veto de Estados Unidos observado el 18 de octubre a la propuesta de Brasil, objeto de un único voto en contra (Estados Unidos) pese a contar con 12 votos favorables y dos abstenciones (Rusia y Reino Unido): véase al respecto nuestra nota titulada: «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil«.

El voto en breve

El texto adoptado este 27 de octubre por la Asamblea General lo fue con 120 votos a favor, 14 votos en contra, y 45 abstenciones, tal y como lo detalla el tablero de votación que a continuación se reproduce:

Es de notar que, tal como previsto, en América Latina, Guatemala fue el único en votar en contra, con un voto en contra adicional inesperado: Paraguay. Esta vez, Israel no logró encontrar un voto proveniente de Centroamérica, como en ocasiones anteriores.

Al tiempo que Israel (y su fiel aliado norteamericano) pudieron convencer en Europa únicamente a Austria, Croacia, Hungría y República Checa a votar en contra. Ningún Estado de África ni de Asia votó en contra del texto adoptado, que fue inicialmente propuesto por Jordania.

Israel pudo contar con el voto negativo de lo que se denomina la «coalición» que históricamente acompaña a Israel y a Estados Unidos en este tipo de contiendas diplomáticas, a saber: Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Tonga.

Es de notar que 14 Estados optaron por el «No Show» (ausencia del delegado a la hora registrarse el voto).

Por primera desde muchos años, Canadá optó esta vez por abstenerse, en vez de votar con Israel y Estados Unidos, al igual que ocurrió con el delegado de Palau en Naciones Unidas.

Un dramático recuento de personas fallecidas y heridas

El último estado de situación al 26 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial) indica el saldo siguiente desde que inició el conteo de personas fallecidas y heridas el 7 de octubre en Israel y en Gaza:

– del lado palestino, se registran en Gaza, 7028 personas fallecidas y 18.482 personas heridas, a las que hay que añadir – en Cisjordania – 103 fallecidos y 1956 heridos; mientras que

– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como una muerte en Gaza (y 11 personas heridas) y una muerte en Cisjordania (y 3 personas heridas).

Se lee en este documento que son más de 2900 los niños fallecidos en Gaza, y más de 1700 las mujeres que han fallecido desde el pasado 7 de octubre en Gaza:

«Since 7 October, 7,028 Palestinians have been killed, including at least 2,913 children and 1,709 women, and about 18,482 have been injured, according to the MoH in Gaza.

Additionally, about 1,600 people, including at least 900 children, have been reported missing and may be trapped or dead under the rubble, awaiting rescue or recovery. Rescue teams, primarily from the Palestinian Civil Defense, are struggling to carry out their mission, amid continuous airstrikes, severe shortage of fuel to run vehicles and equipment, and with limited or no connection to mobile networks.

According to the MoH in Gaza, as of 26 October, 171 Palestinian families had lost ten or more of their members, 124 Palestinian families had lost 6 to 9 members, and 436 families had lost two to five of their members«.

A modo de conclusión

La posición aislada de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad observada el pasado 18 de octubre, y ahora, su reiterada oposición a la adopción de este texto adoptado en la Asamblea General este 27 de octubre, evidencian su compromiso total con Israel.

El hecho que además de Estados Unidos e Israel, 12 Estados hayan instruido a sus respectivos delegados a votar en contra de esta resolución no disimula en lo más mínimo este aislamiento norteamericano, que profundiza esta vez, de forma notoria, la abstención de la delegación de Canadá.

Esta situación no puede sino tender a exacerbar aún más los ánimos de multitudes frente a sedes diplomáticas israelíes y norteamericanas en los próximos días, mientras circulen más imágenes del drama absoluto al que la población civil palestina de Gaza se ve sometida por parte de las fuerzas militares israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Por su parte, con esta resolución de la Asamblea General en mano, los Emiratos Árabes Unidos solicitaron nuevamente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en aras de forzarlo a pronunciarse sobre lo que ocurre en Gaza (véase nota de The Guardian del 29/10/2023).

Documento / Material – Resolución adoptada el 27 de octubre del 2023 – versión en español y en inglés – Proyecto de resolución A/ES-10/L.25

Protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Recordando sus resoluciones pertinentes relativas a la cuestión de Palestina,

Reafirmando la obligación de respetar y velar por que se respete el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 1 de los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 19491,

Recordando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, 446 (1979), de 22 de marzo de 1979, 452 (1979), de 20 de julio de 1979, 465 (1980), de 1 de marzo de 1980, 476 (1980), de 30 de junio de 1980, 478 (1980), de 20 de agosto de 1980, 904 (1994), de 18 de marzo de 1994, 1397 (2002), de 12 de marzo de 2002, 1515 (2003), de 19 de noviembre de 2003, 1850 (2008), de 16 de diciembre de 2008, 1860 (2009), de 8 de enero de 2009, y 2334 (2016), de 23 de diciembre de 2016,

Recordando también las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la protección de los civiles en los conflictos armados, incluidas las relativas a los niños y los conflictos armados,

Expresando grave preocupación por la última escalada de violencia desde el ataque del 7 de octubre de 2023 y por el grave deterioro de la situación en la región, en particular en la Franja de Gaza y el resto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel,

Condenando todos los actos de violencia dirigidos contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y los ataques indiscriminados, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción,

Recordando la necesidad de respetar los principios de distinción, necesidad, proporcionalidad y precaución en la conducción de las hostilidades,

Poniendo de relieve que debe protegerse a los civiles, de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y deplorando a este respecto las numerosas bajas civiles y la destrucción generalizada,

Poniendo de relieve también la necesidad de exigir responsabilidades, y destacando a este respecto la importancia de velar por que se realicen investigaciones independientes y transparentes que sean conformes a las normas internacionales,

Expresando grave preocupación por la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y por sus amplias consecuencias para la población civil, integrada en gran medida por niños, y subrayando la necesidad de un acceso humanitario pleno, inmediato, seguro, sin trabas y sostenido,

Expresando su firme apoyo a los esfuerzos del Secretario General y a sus llamamientos en favor del acceso inmediato y sin restricciones de la ayuda humanitaria para responder a las necesidades más básicas de la población civil palestina de la Franja de Gaza, subrayando el mensaje del Secretario General de que es necesario proporcionar alimentos, agua, medicamentos y combustible de manera sostenida y a gran escala, y expresando su aprecio por el papel fundamental desempeñado por Egipto a este respecto,

Expresando su firme apoyo también a todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a lograr el cese inmediato de las hostilidades, garantizar la protección de los civiles y proporcionar ayuda humanitaria,

  1. Pide que se declare una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades;
  2. Exige que todas las partes cumplan de manera plena e inmediata las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil y a la protección del personal humanitario, las personas fuera de combate y las instalaciones y los activos humanitarios, y que permitan y faciliten el acceso humanitario para que los suministros y servicios esenciales lleguen a todos los civiles necesitados de la Franja de Gaza;
  3. Exige también que, de manera inmediata, continua, suficiente y sin trabas, se proporcionen a los civiles de toda la Franja de Gaza artículos y servicios esenciale s, incluidos, entre otros, agua, alimentos, suministros médicos, combustible y electricidad, destacando el imperativo, en virtud del derecho internacional humanitario, de asegurar que los civiles no se vean privados de bienes indispensables para su supervivencia;
  4. Pide que se facilite acceso humanitario inmediato, pleno, sostenido, seguro y sin trabas al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y otros organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados en la ejecución, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a todas las demás organizaciones humanitarias que defienden los principios humanitarios y prestan asistencia urgente a los civiles en la Franja de Gaza, alienta el establecimiento de corredores humanitarios y otras iniciativas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los civiles, y acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados en este sentido;
  5. Pide también que se anule la orden de Israel, la Potencia ocupante, de que los civiles palestinos y el personal de las Naciones Unidas, así como los trabajadores humanitarios y médicos, evacúen todas las zonas de la Franja de Gaza situadas al norte de Wadi Gaza y se reubiquen en el sur de Gaza, recuerda y reitera que los civiles están protegidos por el derecho internacional humanitario y deben recibir asistencia humanitaria dondequiera que se encuentren, y reitera la necesidad de que se adopten medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles, en particular los niños, y por su protección, y permitir su desplazamiento en condiciones de seguridad;
  6. Rechaza firmemente cualquier intento de traslado forzoso de la población civil palestina;
  7. Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles que permanecen cautivos de manera ilegal, exigiendo su seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional;
  8. Pide también que se respeten y protejan, de conformidad con el derecho internacional humanitario, todas las instalaciones civiles y humanitarias, incluidos los hospitales y otras instalaciones médicas, y sus medios de transporte y equipo, las escuelas, los lugares de culto y las instalaciones de las Naciones Unidas, así como todo el personal humanitario y médico y los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, en los conflictos armados de la región;
  9. Destaca el efecto particularmente grave que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y los niños, incluso en cuanto refugiados y desplazados, así como sobre otros civiles que pueden ser vulnerables por motivos específicos, entre ellos las personas con discapacidad y las personas de edad;
  10. Destaca también la necesidad de establecer urgentemente un mecanismo que garantice la protección de la población civil palestina, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
  11. Destaca además la importancia de un mecanismo de notificación humanitaria para garantizar la protección de las instalaciones de las Naciones Unidas y todas las instalaciones de carácter humanitario, y de asegurar la circulación sin trabas de los convoyes de asistencia;
  12. Pone de relieve la importancia de evitar una mayor desestabilización e intensificación de la violencia en la región y, en este sentido, exhorta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y a todos los que tienen influencia sobre ellas a que obren en pro de ese objetivo;
  13. Reafirma que solo se puede alcanzar una solución justa y duradera del conflicto israelo-palestino por medios pacíficos, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y con el derecho internacional, y sobre la base de la solución biestatal;
  14. Decide suspender temporalmente el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar al presidente de la Asamblea General en su período de sesiones más reciente a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.

Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations

The General Assembly,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling its relevant resolutions regarding the question of Palestine,

Reaffirming the obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances in accordance with article 1 of the Geneva Conventions of 12 August 1949,

Recalling the relevant resolutions of the Security Council, including resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973, 446 (1979) of 22 March 1979, 452 (1979) of 20 July 1979, 465 (1980) of 1 March 1980, 476 (1980) of 30 June 1980, 478 (1980) of 20 August 1980, 904 (1994) of 18 March 1994, 1397 (2002) of 12 March 2002, 1515 (2003) of 19 November 2003, 1850 (2008) of 16 December 2008, 1860 (2009) of 8 January 2009 and 2334 (2016) of 23 December 2016,

Recalling also Security Council resolutions on the protection of civilians in armed conflict, including on children and armed conflict,

Expressing grave concern at the latest escalation of violence since the 7 October 2023 attack and the grave deterioration of the situation in the region, in particular in the Gaza Strip and the rest of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel, to southern Gaza,

Condemning all acts of violence aimed at Palestinian and Israeli civilians, including all acts of terrorism and indiscriminate attacks, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,

Recalling the need to uphold the principles of distinction, necessity, proportionality and precaution in the conduct of hostilities,

Emphasizing that civilians must be protected, in accordance with international humanitarian law and international human rights law, and deploring in this regard the heavy civilian casualties and widespread destruction,

Emphasizing also the need to pursue accountability, and stressing in this regard the importance of ensuring independent and transparent investigations in accordance with international standards,

Expressing grave concern at the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip and at its vast consequences for the civilian population, largely comprising children, and underlining the need for full, immediate, safe, unhindered and sustained humanitarian access,

Expressing strong support for the efforts of the Secretary-General and for his calls for the immediate and unrestricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the Palestinian civilian population in the Gaza Strip, underlining the Secretary-General’s message that food, water, medicine and fuel need to be sustained and at scale, and expressing its appreciation for the critical role played by Egypt in this regard,

Expressing strong support also for all regional and international efforts aimed at achieving an immediate cessation of hostilities, ensuring the protection of civilians and providing humanitarian aid,

  1. Calls for an immediate, durable and sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities;
  2. Demands that all parties immediately and fully comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, particularly in regard to the protection of civilians and civilian objects, as well as the protection of humanitarian personnel, persons hors de combat, and humanitarian facilities and assets, and to enable and facilitate humanitarian access for essential supplies and services to reach all civilians in need in the Gaza Strip;
  3. Also demands the immediate, continuous, sufficient and unhindered provision of essential goods and services to civilians throughout the Gaza Strip, including but not limited to water, food, medical supplies, fuel and electricity, stressing the imperative, under international humanitarian law, of ensuring that civilians are not deprived of objects indispensable to their survival;
  4. Calls for immediate, full, sustained, safe and unhindered humanitarian access for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East and other United Nations humanitarian agencies and their implementing partners, the International Committee of the Red Cross and all other humanitarian organizations upholding humanitarian principles and delivering urgent assistance to civilians in the Gaza Strip, encourages the establishment of humanitarian corridors and other initiatives to facilitate the delivery of humanitarian aid to civilians, and welcomes efforts in this regard;
  5. Also calls for the rescinding of the order by Israel, the occupying Power, for Palestinian civilians and United Nations staff, as well as humanitarian and medical workers, to evacuate all areas in the Gaza Strip north of the Wadi Gaza and relocate to southern Gaza, recalls and reiterates that civilians are protected under international humanitarian law and should receive humanitarian assistance wherever they are, and reiterates the need to take appropriate steps to ensure the safety and well-being of civilians, in particular children, and their protection, and allowing their safe movement;
  6. Firmly rejects any attempts at the forced transfer of the Palestinian civilian population;
  7. Calls for the immediate and unconditional release of all civilians who are being illegally held captive, demanding their safety, well-being and humane treatment in compliance with international law;
  8. Also calls for respect and protection, consistent with international humanitarian law, of all civilian and humanitarian facilities, including hospitals and other medical facilities, as well as their means of transport and equipment, schools, places of worship and United Nations facilities, as well as all of humanitarian and medical personnel and journalists, media professionals and associated personnel, in armed conflict in the region;
  9. Stresses the particularly grave impact that armed conflict has on women and children, including as refugees and displaced persons, as well as on other civilians who may have specific vulnerabilities, including persons with disabilities and older persons;
  10. Also stresses the need to urgently establish a mechanism to ensure the protection of the Palestinian civilian population, in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions;
  11. Further stresses the importance of a humanitarian notification mechanism to ensure the protection of United Nations facilities and all humanitarian installations, and to ensure the unimpeded movement of aid convoys;
  12. Emphasizes the importance of preventing further destabilization and escalation of violence in the region, and in this regard calls upon all parties to exercise maximum restraint and upon all those with influence on them to work toward this objective;
  13. Reaffirms that a just and lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict can only be achieved by peaceful means, based on the relevant United Nations resolutions and in accordance with international law, and on the basis of the two-State solution;
  14. Decides to adjourn the tenth emergency special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from Member States.

Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.

La chambonada de los incineradores de basura

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Freddy Pacheco León

Los incineradores aeróbicos que funcionan a temperaturas menores a los 500 ºC, inevitablemente producen compuestos químicos orgánicos, persistentes, que podrían llevar dolor a las comunidades, aunque Johnny Araya y otros alcaldes, parecen pensar diferente.

Desde hace unos 5 años, alcaldes unidos en una federación, propusieron construir en varios cantones, incineradores para quemar basura y generar, de paso, ciertas cantidades (insignificantes, diríamos) de electricidad, sin importar que los mismos producirían DIOXINAS y FURANOS, reconocidos como causantes de cáncer, enfermedades inmunológicas, trastornos hormonales, diabetes y malformaciones congénitas. ¡Todo como parte del negocio del mal llamado «tratamiento de residuos sólidos»!

Y lo proponen, demagógicamente, con el falso pretexto, de que constituyen un negocio, público – privado, que permitiría vender la energía que se produciría, ocultando que ello sería a costa de la salud de los habitantes de sus propios cantones y del país en general.

Como aparentan desconocer sus fatales efectos, sería bueno que alguien les informara y explicara al alcalde Araya y a los ocurrentes, presidente ejecutivo y el gerente de electricidad del ICE (al que están metiendo en la danza), que más de 150 países ya se han manifestado por medio del Convenio de Estocolmo, contra esos incineradores criminales y que, en muchos países, están siendo prohibidos.

Pero como Costa Rica es «tan especial», hay inescrupulosos, que sueñan con un supuesto “buen negocio», pensado, eso sin duda, para grandes botadores de basura, como el ubicado en la comunidad de La Carpio, en el cantón central de San José.

Llamamos pues la atención, principalmente a los habitantes de La Uruca, a la Fundación del Parque de Diversiones, a los habitantes de la comunidad de Cariari, de Guachipelín de Escazú y Lomas de Pavas, para que estén alerta. Habitantes que sin duda, ya han tenido «suficiente» con el botadero de basura y la planta de aguas negras Los Tajos, como para tolerar, además, un INCINERADOR DE BASURA que fuere a afectar a sus familias, pese a que la legislación ambiental costarricense también prohíbe tales prácticas.

En fin, estamos ante una nueva amenaza ambiental, inaceptable, que pese al maquillaje de amigable con el ambiente, conque es presentada, es desastrosa.

Nos duele, lo reconocemos, que siendo el Instituto Costarricense de Electricidad una empresa especialmente preocupada por mitigar los impactos ambientales de sus proyectos se esté sumando, innecesariamente, a una chambonada semejante.

Cooperativas y otros privados en la subasta de la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La discusión sobre el futuro del ICE y del modelo de electricidad de Costa Rica, o por lo menos el que tuvimos desde 1949 hasta la entrada en vigencia de las leyes 7.200 del 28 de setiembre de 1990 y 7.508 del 9 de mayo de 1995, tiene que ver con si se priorizan los negocios privados frente al modelo de servicio social con preponderancia pública por medio del ICE.

La esencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa es elevar los topes de producción privada en más del 100% y permitir la exportación de los generadores privados cobijados con las leyes 7.200 y 7.508, y de todas las empresas que operan en el país. En el artículo 46 del expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, se establece que cualquier empresa que tenga “una concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo los alcances de la Ley 8723, se encuentran autorizados adicionalmente para poder utilizar dicha concesión de fuerza hidráulica para generar energía en toda su capacidad y poder colocarla en el mercado nacional con cualquier agente mayorista u otra distribuidora o comercializadora de electricidad distinta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como en el Mercado Eléctrico Regional, previa autorización del MINAE”.

La posibilidad de que cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales y otras empresas privadas transen en el mercado privado local y centroamericano se establece en muchos artículos como el 5 del expediente #22.701 según el cual “los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER)… están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de conformidad con el Tratado”. Los expedientes #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, son apéndices del expediente #23.414 y reafirman algunas de sus prerrogativas particulares.

Según el expediente #22.561 son excedentes “la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del Sistema Eléctrico Nacional”, y agrega que la energía que no sea adquirida por el ICE “ya sea dentro del marco de un contrato vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía”. Ya revisamos antes que los excedentes no son más que un supuesto para justificar el crecimiento de la oferta privada de todas las empresas sin importar su condición jurídica. Lo perseguido es aumentar la producción y eventualmente “brincarse” al ICE para pasar directo al mercado regional. Esto queda claro en el artículo 5 del expediente #22.701 ya mencionado, y se repite con las mismas letras en el artículo 5 del expediente #22.561. Para que no haya restricciones se establece que la exportación de energía al MER “no dependerá bajo ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional”.

El artículo 1 del expediente #22.561 fija el objetivo del proyecto en “habilitar como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200”, lo cual incluye los proyecto BOT de hasta 50 megavatios, “y a las demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes de energía que no se requiera para atender la demanda nacional”. Este artículo se “amarra” con el artículo 6 que repite cuáles son las empresas, pero ambos cobran sentido si se revisan en paralelo con el proyecto #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales”. Este texto da a las cooperativas y otras empresas las mismas prerrogativas de topes de producción de electricidad de 20 megavatios para las empresas bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para la 7.508, con el agregado, en ambos casos, de que pueden generar electricidad “hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional “ (Artículo 2).

Pero sin duda la entrada colosal al mercado privado para las empresas cooperativas, municipales y distribuidoras es el artículo 3 del proyecto #22.701 que adiciona a la ley 8345 del 26 de febrero de 2003, un artículo 9 bis, gracias al cual “Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley están habilitados para la compra de la energía producida por los sujetos establecidos en la ley 7200, celebrando los contratos respectivos con dichos sujetos y de acuerdo con las necesidades de demanda identificadas”. En adelante será difícil para empresas que teóricamente persiguen fines solidarios y de justicia en la fijación de tarifas, mantener esos ideales transando con otras que no ocultan regirse por su tasa de ganancia.

Dado que todos los proyectos de ley en discusión repiten sobre beneficios de la apertura y la competencia en los precios de la electricidad que paga la gente consumidora, vale la pena mencionar informes de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República sobre los costos de producción de electricidad de algunas de las empresas. En el Informe R-DFOE-AE-01-2017, 01 de marzo 2017, dice la CGR: “los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, en su mayoría son superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), en un promedio de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh)”, mientras que el proyecto Bijagua de Coopeguanacaste R.L. tiene un costo de 11,6 c$/kWh. En plantas eólicas el costo aceptable es de 12 c$/kWh, “pero Valle Central de la CNFL, S.A. tiene un costo de 18,4 c$/kWh y los Santos de Coopesantos R.L. de 16,3 c$/kWh.”

En el INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016 del 23 de diciembre, que revisa el “Costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético en c$/kWh, periodo 2010-2017” se explica que el proyecto Los Santos de Coopesantos R.L, que opera desde noviembre 2011, tiene un costo nivelado de 16,33 c$/kWh “muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento. En la revisión del “Costo de inversión unitario de la potencia instalada ($/kW)” Los Santos de Coopesantos R.L. tienen costos de inversión de 2.847,1 $/kW, mucho más alto que el promedio mundial de 2.100 $/kW. 

Los elevados costos de generación de estas y otras empresas, sumadas a la visión mercantil de las empresas privadas generadoras, dejan abundantes dudas sobre los supuestos beneficios para la gente que pueda tener la apertura del mercado eléctrico. Más bien podríamos pensar en que, eventualmente, sean consumidores de la región quienes también asuman esos costos mucho más altos que los de las empresas eficientes del mundo.

Electricidad en la COP27: energía in-sostenible y más pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

En un artículo anterior relacionado con el agua en la COP27 señalamos que dentro de los modelos sociales que rigen la economía mundial, es imposible cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”.  En este artículo revisamos algunos datos de pobreza y acceso o exclusión del servicio básico de electricidad.  Concluimos que no será posible garantizar ese servicio, mientras no se asuma que sin justicia social es imposible la justicia climática, y que las “energías limpias” nunca serán una solución efectiva si sólo resultan “sostenibles” en el norte y para las élites del mundo, gracias a la destrucción de los ecosistemas, principalmente en el sur.

MÁS REPRESAS, PERO MÁS POBRES SIN ELECTRICIDAD

Lejos de avanzar para cumplir los objetivos 6 y 7 de la Agenda 2030, los resultados del modelo social actual dan cuenta de la creciente inequidad que se refleja en el aumento de las fortunas de pocas personas y de empresas corporativas, frente a la pobreza de más de mil millones de personas que entre otras privaciones, no disponen del servicio básico de electricidad. Otro resultado catastrófico del modelo energético actual, aunque no divulgado ni aceptado, es el aumento de ecosistemas destruidos, mientas se sigue hablando de energías “verdes y sostenibles”. A pesar de esos desequilibrios insalvables del modelo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA siglas en inglés), que realizó en 2021 su congreso mundial en Costa Rica, lleva un mensaje a la COP27, pidiendo “desbloquear las barreras para el desarrollo hidroeléctrico ahora”, y lanzan, entre otras demandas, “que las inversiones en hidroelectricidad sean incentivadas en mecanismos financieros y simplificación de licencias”.  Todo eso en contradicción directa de organizaciones y pueblos en todo mundo que ven la electricidad como parte de una matriz energética destructiva, violatoria de derechos humanos y aceleradora del cambio climático.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Darle acceso a electricidad a toda la gente y sobre todo a la más pobre, según sugiere el texto del objetivo 7, requiere un cambio social que implica sustituir las reglas del mercado por unas que garanticen equidad social, protección efectiva de los ecosistemas en la producción energética y la superación de la falacia de la hidroelectricidad como energía limpia y sostenible. Requiere también aumentar la investigación para el desarrollo de tecnologías limpias, o al menos de mínimo impacto destructivo.  Pero la equidad y la protección de los ecosistemas no son componentes del modelo actual.  A partir de estudios de organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión económica para América Latina, CEPAL, podemos confirmar que desde hace décadas se aceleró la tendencia de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las empresas nacionales, hacia la inversión energética que da prioridad a la acumulación de riqueza.  La ONU ha reconocido que cerca de 1200 millones de personas en el mundo viven sin electricidad. Esto es más que notable y contradictorio pues el ritmo de producción de esta energía no se ha detenido en ningún momento y a ningún consumidor final se le regala, lo cual indica un flujo permanente de ganancias para las empresas estatales y privadas. La pregunta es para qué y para quiénes se genera energía, y particularmente electricidad.

Para cumplir el objetivo 7 de la Agenda 2030 lo mínimo esperable es que las personas tengan acceso a energía estable y con precios razonables de acuerdo con su condición socio económica.  Pero los datos indican que a pesar de que se siguen eliminando y deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, como los ríos, el suelo, el subsuelo y el aire, la gente más pobre no tiene electricidad.  De acuerdo con el estudio “La energía en América Latina y el Caribe”, de mayo de 2022 de la CEPAL, en América Latina el acceso desigual a la electricidad está completamente marcado entre zonas urbanas y rurales y entre gente rica y pobre.  De la gente que integra el 20% más pobre de la población, un 12%, más de la mitad, no tiene acceso a la electricidad y si agregamos otro 20% de la población, resulta que 18 de cada 40 de las personas pobres viven sin electricidad.

Las evidencias son tristemente contundentes. Como es sabido durante la pandemia de la Covid 19 desmejoraron muchos indicadores de bienestar social.  En setiembre de 2022 la CEPAL indicó que en América Latina“…75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia.  Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania”, como de hecho ha ocurrido.

No es de necios insistir en que será imposible vincular positivamente el servicio de electricidad con la calidad de vida de la gente, cuando la inequidad sigue creciendo y todas las crisis impactan negativamente, más rápido y más fuerte, a quienes viven en pobreza.  La Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL (2020) en su “Informe Covid-19. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”,  advirtieron sobre las repercusiones diferenciadas de la crisis entre pobres y no pobres, e incluso sobre los peores impactos para las mujeres pobres: “la crisis afectará más gravemente a las mujeres, ya que estas representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza de trabajo en el sector de la atención de la salud…”

Pero incluso, entre toda la gente pobre y las mujeres pobres, hay grupos sociales más vulnerados y excluidos como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes, además de la pobreza material, enfrentan muchas otras expresiones de discriminación, racismos y exclusión por su origen étnico, neocolonialismo cultural moderno, escaso y desigual acceso a la justicia, o a veces nulo.  En América Latina, según la CEPAL, “la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente”. 

La gente pobre no sólo es la que tiene menos acceso a la electricidad, si no que es también la que paga proporcionalmente una factura mucho mayor por la electricidad con respecto de sus ingresos y la que tiene menos acceso a tecnologías modernas.  Con mucho optimismo la CEPAL sigue llamando a los gobiernos a “invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años -para- universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás”.  Particularmente “en el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años”.  Pero estas inversiones, en el remoto caso que se implementaran, no servirán si no están orientadas asegurar que se logre el acceso de la gente más pobre a esos servicios.  De lo contrario, la brecha entre los que pueden derrochar energía, que son las élites de los países, y el resto de la población, se irá ensanchando cada vez más.

Otro factor que generalmente es presentado como un gran beneficio, es la generación de empleo en la construcción de proyectos energéticos en general y de las hidroeléctricas en particular.  Pero ese empleo puede fácilmente ser una trampa: es apenas temporal,  no necesariamente cumple con las normas de seguridad laboral de cada país, en muchos casos se hace por medio de subcontrataciones de empresas locales para evadir responsabilidades directas por parte de las empresas dueñas de los proyectos.  En fin, ninguno de estos empleos es “verde” ni “sostenible” ya que vulnera y destruye ecosistemas, y no resuelve la pobreza permanentemente.

EL MODELO SOCIAL ACTUAL NO ADMITE CAMBIOS POSITIVOS

Para asociar, en la práctica, la economía, la equidad y el cuidado de naturaleza, se requiere un cambio radical de visión; un cambio de paradigma, que permita re-inventar la matriz energética, y particularmente la hidroelectricidad.  No se trata prometer que la gente más pobre tendrá acceso al servicio de electricidad, pues el mercado no resuelve la desigualdad social ni cuida los ecosistemas.  Se requiere convertir la producción, distribución, almacenamiento y consumo final de la energía y de la electricidad, en servicios orientados a satisfacer las necesidades de la gente y no de los negocios.  Por esto es que las demandas fundamentales de organizaciones que integran Rivers for Climate Coalition, cuestionan estructuralmente los modelos de economía y de energías actuales y piden la “Prohibición de fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas” y exigen a todos los países “eliminar nuevas represas hidroeléctricas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)”. En todo el mundo se está desarrollando una campaña con el lema “Los acuerdos climáticos no deberían apoyar las represas”, para pedirle a la ONU no incluir las hidroeléctricas bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, mediante el cual éstas “pueden vender créditos de carbono, también conocidos como Créditos Certificados de Reducción de Emisiones o CER”. Ya la ONU reconoció 1.965 represas en los MDL, y ésa es una línea que se debe revertir.

La electricidad siempre ha sido un detonador de destrucción de ecosistemas y a la vez de acumulación de riqueza, problemas que no se discuten en los foros oficiales ni empresariales. En países como Costa Rica donde casi el 100% de la población tiene acceso a la electricidad, uno de los problemas fundamentales es que una parte de la electricidad, la que producen las empresas privadas locales y extranjeras, no se genera en función de las necesidades de la sociedad, si no que es un negocio extremadamente lucrativo para un reducido segmento empresarial que sobrevive gracias a que desde hace más de 3 décadas, el Estado ha sido obligado a comprar su energía aunque la demanda esté satisfecha con la electricidad pública.  Pero además de los pagos elevados por esa electricidad privada, innecesaria, la riqueza de esos generadores se ha elevado con “sobre-pagos” que alcanzaron 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019”.  Entre 2010 y 2018 el pago por electricidad privada fue de 2.049,00 millones de dólares, un monto en extremo elevado en la escala de la economía de Costa Rica.

Esas “estafas legales” ocurren también en cualquier otro país donde los negocios estén por encima del bienestar colectivo, del cuidado de las finanzas públicas y de la economía de las familias.  En agosto del 2021 se dio a conocer en Inglaterra, Francia y España que la empresa Iberdrola había vaciado el embalse de Ricobayo (en España) en medio de una de las peores sequías de la historia, con el fin de vender electricidad a precios exorbitantes, mientras la gente sucumbía de calor y tenía que pagar facturas de electricidad también exorbitantes.  Pero, además, “Iberdrola, el segundo mayor productor del país, drenó las presas en las provincias de Zamora y Cáceres en el oeste de España durante un período de unas pocas semanas para producir energía hidroeléctrica barata mientras el precio para los consumidores está en un nivel récord”.   Tanto en Costa Rica como España, y en todo el mundo, se sigue hablando de hidroelectricidad “sostenible y limpia”, mientras mueren los ríos y los ecosistemas, y se privilegian las fortunas de los generadores de electricidad sobre los intereses colectivos.

Tanto a nivel de países, como entre zonas urbanas y rurales y dentro de éstas, la electricidad es un indicador de inequidad social consolidado.  El acceso a la electricidad es un resultado que se construye en periodos largos, y así como en las últimas décadas, o desde siempre, ha sido imposible que las personas más pobres tengan acceso justo a la electricidad y a la energía en general, es improbable, cuando no imposible, que en los próximos años se cumpla el objetivo 7 de la agenda 2030.  La justicia climática global obliga a revisar y cambiar los patrones de producción industrializada de la energía y también implica que cada uno de los costos por destrucción ecológica y pérdidas sociales como los desplazamientos forzados, el acoso, la intimidación y hasta los asesinatos, sean reconocidos, juzgados, castigados y resarcidos.  También es indispensable resolver con justicia, y no desde el mercado, las preguntas para qué y para quiénes se genera y consume energía y electricidad.

Si en la COP27 se mantiene la dinámica de diálogos para reiterar la catástrofe climática real que vivimos, pero no se logran compromisos vinculantes y obligatorios para los países y corporaciones más contaminantes, “nada cambiará en Inglaterra, excepto el clima”, como dijo el escritor Oscar Wilde. Absolutamente nada cambiará en el mundo, excepto el clima para empeorar, y seguiremos avanzando hacia la debacle, pero con responsabilidades bien diferentes entre las élites que acumulan la riqueza de manera indecente y se ahogan en la opulencia, y la gente pobre sin energía, sin electricidad, sin salud y sin comida.  Revertir el curso de la crisis climática actual jamás será posible sin justicia social.  A pesar de las buenas intenciones de miles de personas, los discursos y hasta las protestas no detendrán el cambio climático. Eso será inviable sin un cambio de las actuales reglas de mercado y sin reconocer las responsabilidades diferenciadas en la destrucción del planeta.  No es tolerable un modelo global de supuestas “energías limpias” en el norte, que sólo resulta “sostenible” por la destrucción  de los ecosistemas, el desplazamiento de pueblos enteros, e incluso los asesinatos y la esclavitud moderna en el sur.

Costa Rica, es hora de despertar: Sergio Ortiz – ACOTEL

Escrito en . Publicado en Derechos.

El señor Sergio Ortiz expresó su descontento con declaraciones del señor Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, en relación al trabajo de la institución, refiriéndose a ésta como obsoleta y necesaria de reformar, a pesar de que el modelo eléctrico en Costa Rica es de los más sobresalientes a nivel mundial, y la institución como tal es una de las más robustas.

De igual forma, comentó que las pretensiones del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, de reducir a toda costa el precio de la electricidad en el país, pondría en riesgo la seguridad, calidad y respaldo del sistema eléctrico nacional, de manera que, “en lugar de defender la institución, pareciera que velan por intereses particulares”, destacó el señor Ortiz, e hizo hincapié en los problemas que ha generado intentar limitar la labor del ICE, refiriéndose a los que ha provocado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) por la fijación de tarifas, que lo ha hecho tener pérdidas millonarias.

Puede observar el vídeo completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/100000642205013/posts/pfbid02ypRScU7fQLyB8kw5VaPotm1gC9YDRibQGk6eMSMzRCVhQJV2A82eA7cuFvBzYoZul/?sfnsn=wa

 

Imagen tomada de: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE.  Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense.  En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7).   Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.  La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.  La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto. 

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).  

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos.  En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense:  23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021.  Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años.  En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos.  Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales.  Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana.  Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país.  Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE.  Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC.  Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019.   Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”.  Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso.  El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad,  cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. 

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10).  El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará.  No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad. 

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”.  Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada.  El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe,  en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos:  “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62.   Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia.  Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2).  Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice.  Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas.  Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes.  A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

  1. reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
  2. La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
  3. Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
  4. Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
  5. Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
  6. Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico.   Los otros proyectos son:
  • expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, 
  • expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al   mercado   eléctrico   regional” (archivado), 
  • expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”, 
  • expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
  • expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
  • expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8).  Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200.  El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño,  y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
  4. A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
  5. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  6. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”,  el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.