Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).
Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática
Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.
En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.
Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.
Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.
Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.
La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).
“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.
En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.
Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.
“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.
Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del IIIForo Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.
Una vez más, viene don Ottón a decirnos que Alvarado se echó al hombro el titánico cometido de salvar el Estado social y, en especial, de “salvarlo del neoliberalismo”. A lo cual se agrega: “se logró así evitar la crisis”.
La posición de Solís es insostenible, cuando, en realidad, hay mucha evidencia que respalda la tesis de que el gobierno de Alvarado dejó un legado de clara tonalidad neoliberal. No habrá sido neoliberal al 100%, ya que, puestas así las cosas, ni siquiera Margaret Thatcher podría haber sido considerada neoliberal. Pero ese tipo de purismos dogmáticos no merecen que se les preste atención.
Es un legado, neoliberal en lo ideológico, siniestro en sus destructivas consecuencias:
– Los presupuestos para la educación, en todos sus niveles, desde la preprimaria hasta las universidades, van cuesta abajo, en pronunciado declive.
– La deuda estatal con la Caja crece y crece, sin que Alvarado nos haya legado ningún arreglo.
-Ni mínimamente transparente y confiable- para atenderla. Todo lo cual vulnerabiliza los servicios de atención a la salud, y entrega pretextos que el gobierno de Chaves aprovecha para dinamitar la sostenibilidad de tan importante institución.
– Las políticas de vivienda popular están prácticamente congeladas.
– Los servicios de atención a las personas mayores y a la niñez viven un proceso de acelerado deterioro.
– La inversión pública está reducida a su mínima expresión.
– En materia de combate al fraude tributario, el legado de Alvarado fue, en el mejor de los casos, muy pobre. Chaves y Nogui Acosta han terminado de desbaratarlo.
– A la policía le toca trabajar en condiciones materiales realmente vergonzosas.
– El presunto combate a los “privilegios de los empleados públicos”, han dado lugar a un deterioro brutal. Hoy los salarios reales promedio en el sector público están en niveles de hace 13 o 14 años e, inevitablemente, seguirán retrocediendo (todo lo cual, no lo dudemos, hace muy feliz a don Ottón).
– Los problemas del empleo son catastróficos, y las políticas públicas carecen de ninguna herramienta eficaz para tratar de por lo menos aliviarlos.
¿Que evitaron la crisis? ¿Y como se llama lo que estamos viviendo, en medio de una espiral de violencia descontrolada, una crispación y polarización política extremas, servicios públicos al borde del colapso y una población hastiada, frustrada y furiosa?
¿Qué había que hacer todo eso, porque otra vía no había? Lo cual es la respuesta más neoliberal que se podría dar. Es el mismo TINA de Margaret Thatcher: discurso único y alternativa única.
Concluyo: los problemas que arrastramos vienen de muy atrás. No nacieron con Chaves ni tampoco con Alvarado. Pero si Alvarado se encargó de agudizarlos, con Chaves vamos de cabeza al abismo.
No son ideas que recién hayan empezado a expresarse en este gobierno. Para nada. En eso, como en casi todo lo que tenga que ver con política económica, el gobierno de Chaves repite lo que otra gente dijo antes, solo que lo dice con una retórica mucho más agresiva.
“Vamos a dar cursos de capacitación en el INA para mejorar las capacidades y la «empleabilidad’ de la gente”. Eso es magnífico, pero capacitar a la gente no crea empleos. Facilita conseguirlos si existieran. El problema es que no existen.
“Vamos a afinar los sistemas de ‘empleabilidad’ en el Ministerio de Trabajo para facilitar que las personas contacten a los empleadores y sean contratadas”. Mismo problema del caso anterior: la idea sería grandiosa… si los empleos existieran.
“Llevaremos las zonas francas a las regiones rurales”. Quien crea que Rodrigo Chaves, en su zafarrancho con CINDE, vino a descubrir el arroz con leche en relación con este asunto, está “detrás del palo”. Son muchos años oyendo ese cuento. La experiencia demuestra que, excepto en el caso de la agricultura monocultivista de plantación (piña, banano, etc.), o las cadenas hoteleras en zonas de fuerte visitación turística, las transnacionales son reacias a ir a zonas rurales, porque ahí no encuentran la infraestructura, los servicios públicos y el tipo de mano de obra que les gusta tener a su disposición. Los problemas de las regiones rurales y de su gente, demandan y merecen un abordaje distinto.
“Requerimos mercados laborales más flexibles y reducir el salario mínimo porque es muy alto”. Esta sí que es una mentirota del tamaño de los Himalaya. Primero, en Costa Rica la patronal contrata y despide al personal con total libertad. Imposible más “flexibilidad”. Segundo, tenemos 13 años en los que el poder adquisitivo de los ingresos de la población trabajadora no tiene mejoría alguna, algo jamás visto en la historia económica de Costa Rica. Si el empleo dependiera de la “flexibilidad” y de la baratura de la mano de obra, nos sobrarían empleos. Pero, obviamente, no es el caso. Deberíamos hoy más bien estar pensando en subir el poder adquisitivo de los ingresos. Pero ya ve usted que no, cuando más bien andan obsesionados con jornadas laborales de 12 horas, cuyo único objetivo claro es reducir aún más los salarios.
“Rebajemos cuotas de la seguridad social que son muy altas”. Primero: son “altas” ¿relativamente a qué? ¿Cuánto le costaría al empresariado costarricense financiar servicios universales de salud proveídos en forma privada? Si nos guiamos por la experiencia mundial, serán muchísimo más caros. O, alternativamente ¿optarían por servicios privados muy basiquitos, para atender una gripe, pero jamás un cáncer? Pues entonces prepárense para tener una mano de obra mucho menos saludable y productiva, y un orden social mucho más violento. Si les preocupa la informalidad (dudo que sea el caso), eso requiere respuestas apropiadas, dentro de las cuales lo de la seguridad social es, a lo más, un elemento entre otros. Por otra parte, es obvio que hay mucho que mejorar en la Caja, pero no lo mejoraremos desfinanciándola.
Definición de Estado: territorio con fronteras fijas bajo una autoridad central con capacidad de emitir moneda nacional y de imponer deudas en dicha moneda a todos los residentes en el Estado.
Consecuencia I: la moneda nacional toma su valor de la necesidad de los ciudadanos de redimir sus deudas con el Estado.
Consecuencia II: antes de recaudar las deudas impuestas el Estado tiene que gastar en moneda nacional para que las deudas sean pagables.
Consecuencia III: el Estado da lugar a un mercado en el que se compran y venden bienes y servicios a cambio de la moneda nacional con objeto de redimir las deudas con el Estado, autoabastecerse y ahorrar.
Consecuencia IV: el Estado puede adquirir en el mercado todo lo que esté a la venta en moneda nacional, ya que en calidad de emisor soberano no se puede quedar sin su propia moneda.
Consecuencia V: la frontera de posibilidades de producción del Estado está limitada por los recursos reales de la economía, no por los recursos financieros del Estado en moneda nacional.
Consecuencia VI: el Estado puede aumentar su frontera de posibilidades de producción importando bienes y servicios de mercados extranjeros.
Definición de política económica: introducción por parte del Estado de variables endógenas y exógenas en el ciclo económico.
Variables endógenas: variables introducidas por el Estado cuyo cumplimiento es necesario acatar por parte de los actores económicos para poder participar en el mercado nacional (leyes).
Variables exógenas: variables que el Estado permite que sean decididas por los actores privados participantes en el mercado nacional durante el ciclo económico.
Utilización plena y prudente de los recursos naturales.
Garantía a todo ciudadano de comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación.
Seguridad social en forma de pensiones y subsidios.
Garantía de estándares laborales dignos.
2- Permitir que sea la ciudadanía quien decida qué variables deben ser endógenas o exógenas del ciclo económico mediante la decisión democrática sobre el alcance de la participación del sector privado en la economía.
Ejercicio práctico: partiendo de todo lo anterior, considérese qué política económica debería llevar a cabo la izquierda. Es decir, qué variables debería incorporar la izquierda al ciclo económico en calidad de variables endógenas y qué variables deberían considerarse exógenas.
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La propuesta de la izquierda española y de la izquierda occidental en general es coincidente con la propuesta del socialismo fiduciario, excepto en el primer punto (el más importante), el pleno empleo permanente garantizado por ley. El ciclo económico español incorpora como variables endógenas la defensa de la naturaleza (sin éxito), la garantía de comida, vestido, servicios sanitarios (insuficientes) y educación (infradotada), una seguridad social en forma de pensiones y subsidios (demasiado bajos) y legislación (que no se cumple) en materia de estándares laborales. Quedan fuera del ciclo económico el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho al trabajo garantizado.
¿Cuál es la razón para que la izquierda occidental no garantice el acceso a un puesto de trabajo? Su incapacidad para comprender que el nivel de desempleo del Estado es una decisión política, igual que la educación o la sanidad garantizadas.
La definición de Estado, las consecuencias de esa definición y la definición de política económica a las que hemos hecho referencia al principio de este artículo describen lo que se llama economía monetaria de producción. En ella, lo que moviliza los recursos humanos y materiales para crear bienes de consumo son las deudas con un poder central que emite el dinero que demanda en forma de impuestos. Por consiguiente, y si atendemos a la consecuencia IV, el Estado puede adquirir en moneda nacional toda la mano de obra desemplea a cambio de trabajo asalariado, de manera que todo el mundo que quiera y pueda trabajar tenga un empleo y se llegue a una situación de pleno empleo permanente. Si además el pleno empleo se consigue mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y se adoptan tipos de cambio flotantes y tipos de interés de 0% permanente, tal y como sostiene el consenso de la moneda moderna, se puede llevar a la economía hacia lo que el socialismo fiduciario ha bautizado como el punto Lerner, un estado ideal de la economía en el que tanto la inflación como el desempleo son nulos.
Acabamos de chocar contra la última frontera del capitalismo. A regañadientes, durante el siglo XX el movimiento obrero fue arrancando progresivamente el acceso a los derechos sociales de las fauces de las variables exógenas y lo fue introduciendo en el reino de las variables endógenas del ciclo económico. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los encargados de detener ese proceso de emancipación. Para ello crearon un mito que la izquierda occidental ha aceptado. Ese mito falso e inventado se llama neoliberalismo.
El neoliberalismo cambió la definición de Estado y con ello las consecuencias de la existencia de los Estados. En el engaño del neoliberalismo, el gasto público ya no antecede a la recaudación de impuestos, sino que los impuestos son los que financian el gasto público posterior. Por tanto, ya no es el Estado el que elige el nivel de empleo de la economía, sino que es el sector privado el que mediante sus decisiones de inversión el que decide el nivel de desempleo. Así es como el desempleo masivo y no el pleno empleo permanente se convierte en una variable endógena del ciclo económico. También así es como el neoliberalismo va negando progresivamente el acceso a los servicios sociales y poco a poco va devolviendo dicho acceso al terreno de las variables exógenas del ciclo económico.
La reconstrucción de la izquierda pasa por destruir el falso mito del neoliberalismo y convertir tanto al pleno empleo permanente como el acceso universal a los servicios sociales expuestos por el socialismo fiduciario en variables endógenas del ciclo económico. Para ello el engaño del gasto público financiado por impuestos debe ser desechado.
La recuperación de la soberanía monetaria es el primer paso que debe dar la izquierda española. El límite de gasto y de déficit público impuestos por la Unión Europea y el euro son la expresión más avanzada del neoliberalismo. Una vez recuperada, la soberanía monetaria debe convertir en variables endógenas del ciclo económico todos los derechos sociales del socialismo y permitir que mediante su participación democrática la ciudadanía decida el tamaño del sector privado.
No se puede reconstruir lo que no existe.
Euro delendus est
*Carlos García Hernández. Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín y fundador de la editorial Lola Books.
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
Robarle la esperanza al pueblo es el acto más vil que se comete en contra de quienes sueñan y confían en que, por fin, las cosas cambiarán para bien de los que más necesitan.
Si bien es cierto se pueden dar actos y se pueden tomar decisiones que hacían suponer que efectivamente las cosas cambiarían, ha habido otras que llevan a pensar que será más de lo mismo y ahí es donde la ilusión y las esperanzas se hacen añicos.
El tema del desarrollo económico y generación de empleo, el ataque frontal a la corrupción y a la inseguridad, buscar el mejor de los funcionamientos de la Caja Costarricense del Seguro Social eliminando filas y haciendo que los especialistas permanezcan en la Caja con medidas oportunas… En todo ello falta mucho por hacer y el pueblo mantiene la esperanza de que se haga.
Pero el que ahora se pretenda cargar de impuestos a los que siempre son los que pagan los platos rotos, los trabajadores, y lo poquísimo que queda de clase media, es una injusticia, máxime cuando aún se dan casos de gastos excesivos y de acciones de corrupción que no son atacados en debida forma.
Aún se está a tiempo para que el gobierno enderece su rumbo, logre una estabilidad en su gabinete y se ejecuten las acciones que deparen el desarrollo económico y el bienestar social que todos esperábamos y seguimos esperando. No es tiempo de impuestos, es tiempo de control en el gasto y de ejecución de acciones que demuestren que se cumplirán las promesas de campaña, entre ellas la de no imponer más impuestos.
Dios quiera que tanto el presidente como sus ministros, especialmente el de Hacienda, enderecen el rumbo y se encaminen a lograr esas metas que se propusieron como promesas de campaña.
El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.
La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.
Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.
Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.
Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.
Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.
Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.
Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.
[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023 Edición de enseñanza y aprendizaje
En los cinco meses posteriores a octubre 2022 (vale decir: noviembre y diciembre 2022, enero, febrero, marzo 2023), SE DESTRUYERON 97 MIL EMPLEOS (Gráfico No. 1).
La gente abandona masivamente los mercados laborales, y, en consecuencia, la fuerza de trabajo se contrae pronunciadamente. En los seis meses posteriores a septiembre 2022, esta última disminuyó en 138 MIL PERONAS, mientras el total de las personas fuera de los mercados laborales creció en 165 MIL PERSONAS. Todo esto es resultado de la frustración y la fatiga derivadas de buscar trabajo por mucho tiempo, sin poder encontrar nada decente (Gráficos No. 2 y 3).
En el caso de las mujeres, que claramente es más grave, en los cinco meses posteriores a octubre de 2002, son casi 59 MIL EMPLEOS MENOS (Gráfico No. 4).
En el caso de los hombres, en los seis meses posteriores a septiembre 2022, la pérdida de empleos suma MÁS DE 40 MIL EMPLEOS (Gráfico No 5).
En cada uno de los cuatro indicadores anteriores, tomé como referencia el punto más alto, previo a que empezará el descenso. Por eso en unos casos, la referencia es respecto de octubre 2022, y en otros respecto de septiembre 2022. La tendencia, en todo caso, es clarísima, y lo que nos pinta es un panorama absolutamente desastroso.
Nunca un gobierno manejó la economía con el grado de torpeza e irresponsabilidad con el que lo está haciendo la actual administración. Es realmente alarmante.
(Nota: sabemos que los datos del INEC son trimestrales. En cada caso, y para simplificar la exposición, cito el último mes del respectivo trimestre).
El miércoles 29 se efectuó una marcha convocada para apoyar, inicialmente a los agricultores, pero que luego se tornó en una marcha que clamaba por la defensa institucional y por mejores oportunidades de empleo y también mejores salarios.
La convocatoria fue efectiva pues llegaron miles de personas de muchos sectores. La marcha fue, además, pacífica.
Muy lamentable la actitud del presidente de la República al minimizar la importancia de esa marcha y llamarla que fue como un “chapsui” por la cantidad de sectores que participaron.
Es evidente que los agricultores, los de verdad, los que siembran la tierra han sido los que más han sufrido desde hace más de 15 años con la aprobación del TLC y la promulgación posterior de las leyes que se exigían en ese tratado. Ha sido muy difícil para ellos la colocación de sus productos y además el Consejo Nacional de Producción (CNP) desde hace años dejó de cumplir su función de apoyo a esos agricultores.
Pero lo que más les afecta es la política de importación que han aplicado los distintos gobiernos desde Óscar Arias para acá, trayendo productos dizque más baratos y dejando la producción nacional de lado. Una injusticia para con los agricultores y un beneficio para los intermediarios e importadores.
Es tiempo de que se apoye la producción nacional. Es tiempo de que se apoye al agricultor y es tiempo ya que los precios de muchos de los productos bajen sacando a los intermediarios del camino y que el CNP asuma su rol.
También es tiempo que el señor presidente cambie su actitud y esté abierto al diálogo con los sectores. No es parte de nuestra idiosincrasia el cerrarse al diálogo y pretender hacer las cosas sin la participación ciudadana. Todos podemos aportar algo para el mejor desarrollo del país. Y debe saber el señor presidente que en esa marcha de ayer miles le dieron su voto y confiaron en sus promesas, por eso no se vale que se cierre a un diálogo.
Es cierto que el país está en una encrucijada y es cierto que nuestras instituciones están debilitadas por las acciones corruptas de tantos años, pero lo que requieren no es desparecerlas sino fortalecerlas con una poda y una limpia de la corrupción y un fortalecimiento en sus quehaceres y procedimientos.
Dios quiera que la marcha de ayer, la primera sería y formal en muchos años, sea tomada en cuenta por el señor presidente y sea su resultado el llamado a un diálogo franco y sincero con los sectores que hoy se ven perjudicados por las decisiones de los gobiernos anteriores, pero también por la inacción de este.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación Institucional con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
Con fecha 06 de marzo de 2023 el RECTOR UTN Dr. Emmanuel González Alvarado remite CIRCULAR R-014-2023 a la Comunidad Universitaria. En la misma plasma las ORIENTACIONES GENERALES ACERCA DEL RÉGIMEN DE EMPLEO SUPERIOR UNIVERSITARIO.
¿QUÉ DICE LA CIRCULAR R-104-2023?
Que se están haciendo esfuerzos ante la entrada de la Ley Marco de Empleo Público para preservar la autonomía, el adecuado funcionamiento institucional y los derechos de las personas trabajadoras de la UTN.
Que se pretende garantizar inclusión y calidad educativa al estamento estudiantil.
Que se convocará a foros interactivos a través de la plataforma Zoom para ampliar dudas razonables que tenga la comunidad universitaria ante la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
Que el CONARE desde febrero de 2021 anunció el compromiso de analizar los sistemas de empleo universitario, garantizar su racionalidad sustantiva para asegurar que las universidades públicas gocen de sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo; mediante un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal.
Que existe en CONARE una comisión con las personas directoras de Recursos Humanos, que diseñara un modelo de gestión del talento humano interuniversitario.
Que la Comisión RESU ha trabajado basándose en los principios rectores los cuales establecen:
Cumplirla Ley 9635en lo concerniente al Capítulo de Recursos Humanos, que cubre temas como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y la nominalización de estos incentivos.
Establecer un salario global que sea competitivo en el mercado laboral costarricense.
Homologar el escalafón docente o carrera académica.
Homologar y simplificar las categorías del régimen administrativo universitario, de forma que todas las personas funcionarias queden bajo el resguardo de la autonomía universitaria como lo dicta nuestra Constitución Política.
5. Revisar y homologar todas las categorías de las autoridades universitarias, dirección superior y jefaturas, incluidos los pluses salariales correspondientes.
Proponerun mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo, que incluya el tema de becas para estudios superiores y otras acciones estratégicas que garanticen la permanencia en el tiempo con una educación de calidad. Que se respeta los derechos adquiridos durante su historial como persona funcionaria.Que, en elcaso del futuro personal de nuevo ingreso, existirá en un primer momento el salario global transitorio, o lo que es lo mismo, las universidades públicas podrán mantener las contrataciones de personal que ingrese por primera vez al sector público, mientras no esté consolidado el salario global. Estos funcionarios entrarían con los salarios base que están vigentes en la actualidad. Se homologan las categorías y salarios del escalafón docente (carrera académica) y el escalafón administrativo (carrera administrativa). Que se establece el compromiso dinamizador en materia de homologación de remuneraciones apunta hacia el pago de salarios competitivos, en este sentido, no se aplicará la separación entre trabajadores exclusivos o excluyentes, ni se regirán las universidades públicas bajo la rectoría del MIDEPLAN.
ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR R-014-2023 EN EL CONTEXTO DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO
PRIMERO. La UTN tendrá su propia interpretación de la LMEP. Buscando equilibrar la autonomía administrativa. Vamos hacia un sistema de empleo UTN guiado por un Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal. Se cumplirá con la Ley 9635. Se buscará establecer un salario global y aquí hay un tema de cuidado dado que muchos salarios de nuevos empleados públicos están por debajo del mínimo en el sector privado al no tener ningún tipo de incentivo salarial y eso los hace inconstitucionales. Adicional a ello los salarios de los empleados de la UTN no son iguales ni parecidos a los de UCR, UNA, ITECCR ni UNED. Por otro lado, vamos hacia un relevo generacional tanto para el sector académico como administrativo. Eso junto a un plan de movilidad con incentivos es el mejor camino. Lo que ya habíamos expuesto en el artículo https://surcosdigital.com/utn-desafios-y-retos-2022-2024/ cuando escribimos que “Se requiere generar procesos de negociación con instituciones como la CCSS o JUPEMA para adelantar la pensión del personal docente, directores de carreras y, personal administrativo. Ya algunas instituciones gubernamentales lo han realizado y hay ambiente para hacerlo en la Asamblea Legislativa. Tenemos en planilla 1.377 Académicos y 714 Administrativos la gran mayoría Generación X (nacidos en 1960 o, 1970) – 52 o 62 años- con estudiantes de la Generación Centennials o Generación Z (Gen Z) con edades entre 18 y 22 años (66,3% población estudiantil). Estamos frente a un choque y colisión generacional intra universitaria. La Generación X debe jubilarse de manera anticipada. Lo anterior, permitirá, abrir espacios para cambios generacionales en la universidad y, el ascenso de la Generación Z a cargos de dirección y puestos de autoridades universitarias. La Generación X (1960, 1970) -una vez jubilada- pueden conformar Sociedades Anónimas Laborales en alianza con la UTN para vender servicios o subcontratos para el diseño de recursos y materiales didácticos como también desarrollo de investigación específicas según área de especialización.”
SEGUNDO. Los sistemas de empleo universitario deben tomar en cuenta que “(…) la naturaleza del trabajo académico no es igual al que hacen otras instituciones, ya que cada sector de la administración pública tiene sus propias particularidades que deben ser consideradas.” Indudablemente, si el salario global es igual al sector privado eso debilitará la autonomía administrativa universitaria estatal. Y, “(…) sin autonomía universitaria, la libertad de cátedra, otro pilar de la integridad académica, desaparecerá. Sin libertad de cátedra, los profesores perderían la capacidad de reflexionar libre, responsable y críticamente, y más bien se llenarían de temor de disentir de los intereses en el Gobierno Central, pues esto pondría en peligro su propia continuidad laboral en un sistema centralizado. No hay voces libres sin autonomía.” Es en ese sentido que se justifica la declaración de los Consejos Universitarias de las Universidades Estatales (UCR, UNA, UNED, ITECR) – a la fecha de la escritura de este artículo falta el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional, UTN– de empleados ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la LMEP. Recortar los salarios no aumenta la calidad, ni la productividad, ni la innovación ni la investigación y desarrollo sino puede provocar una mayor desmotivación o, una fuga de personal. Recortar salarios genera todo lo contrario y el supuesto de dar a las universidades públicas la sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo como argumento no tiene evidencia empírica para la UTN.
TERCERO. La sostenibilidad financiera a largo plazo específicamente de la Universidad Técnica Nacional no va por el recorte de salarios que comparativamente con la UCR, UNA, ITECCR, UNED son muy bajos en la academia y lo administrativo –Ver:
– sino la misma viene de la venta de bienes y servicios estratégicos hacia los sectores productivos – trabajo pendiente de FUNDAUTN, VEAS y, DEAS-. De las patentes y registros de propiedad que nacen desde las distintas Comisiones de Trabajos Finales de Graduación de las Carreras STEM. De la búsqueda de recursos externos–donaciones, becas, fondos reembolsables y no reembolsables-. De la venta de Doctorados, Posgrados, Diplomados In House. Del fortalecimiento del PIT UTN y las Carreras de ILE y la creación de un Centro Nacional e Internacional de Idiomas para el Trabajo CNIIT – adscrito a la Rectoría y en coordinación en la venta de servicios con FUNDAUTN y, que cuente con recursos presupuestarios propios al convertirse en un Centro de Utilidades no un Centro de Costos. De venta de Talleres, Congresos – por ejemplo, Centro de Desarrollo Sostenible que no está generando recursos-, Servicios de laboratorios que estén certificados nacional e internacionalmente para colocarlos al servicio de los sectores productivos. El Centro para el Desarrollo Sostenible debe salir al mercado a generar recursos financieros en conjunto con la Fundación UTN- actualmente está creado, pero sin funcionar-. De la venta de servicios forestales y de proyectos de investigaciones aplicados en diversas áreas. Somos dependientes y codependientes de los ingresos del FEES y solo la venta de bienes y servicios pueden darnos recursos frescos. Hay que buscar donantes internacionales vía cooperación internacional. Las autoridades universitarias deben leer completo el Capítulo 7: Sostenibilidad financiera de las universidades públicas en un contexto económico y fiscal adverso: algunas opciones por considerar del Octavo Informe del Estado de la Nación. Debemos multiplicar las fuentes de financiamiento. Establecer nuevos mecanismos de financiación. Mayor responsabilidad de las familias y de los propios estudiantes en la financiación de sus carreras la UTN bien puede crear un Fideicomiso Estudiantil en alianza con banca estatal o privada para becas o crédito blando para estudios. Aumento un porcentaje mínimo el arancel de matrícula según carreras UTN. Búsqueda de fondos de fuentes diferentes. Explotación comercial de las tres fincas de la UTN (Atenas, Guanacaste, Pacífico) incluye siembra, producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios basados en estudios técnicos o ceder áreas para arrendamiento o creación en dichas fincas de Zonas Francas con incentivos rurales. Impulsar con JUPEMA y CCSS un plan de movilidad laboral y mecanismo de relevo generacional, tanto para el sector académico como para el administrativo que por cercanía de edad o cuotas puede optar por un retiro laboral con incentivos económicos, subsidios, y prejubilaciones. Hay que reestructurar la universidad para aplanar la jerarquía dado que no es sostenible financieramente que las estructuras administrativas de los Decanos de Sedes tengan debajo siete (7) Direcciones o Coordinaciones (Docencia, Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil, Administrativo, Mercadeo y Ventas, Gestión de Proyectos Producción, Investigación), eso debe ser eliminado por reorganización. Si sumamos 7 coordinaciones y la multiplicamos por 5 Decanatos tenemos un total de 35 Direcciones o Coordinaciones. Al prescindir de ésta ineficiente estructura (7 cargos) los Directores de las distintas Unidades Académicas bien pueden y deben coordinar esfuerzo directamente con el Decano de Sede y con el Vicerrector de Docencia sin pasar por esos cuellos de botella o grasa organizacional que significan esas 7 Direcciones o Coordinaciones. También, es posible alquilar nuestras instalaciones los fines de semana – sábados, domingos- para empresas u organizaciones de distintos fines – deportivas, recreativas, religiosas, académicas privadas- que requieren nuestra infraestructura-.
¿CUAL ES LA MEJOR DECISIÓN?
Somos de la opinión que el CONSEJO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, UTN, -si aún no ha tomado la decisión- debe APROBAR una declaración – igual a las cuatro Universidades Estatales y las Municipalidades- en el cual se escriba que TODOS nuestros puestos UTN son ESENCIALES Y EXCLUYENTES de la Ley Marco de Empleo Público dada nuestra autonomía administrativa. – Nota: El Acuerdo 049-2023 del 13 de marzo 2023 no establece absolutamente nada de lo supra expuesto– Y solo con ello frenamos la draconiana ley citada para girar hacia adentro a un proceso de reformar del Reglamento Administrativo de Gestión de Servicios (RAGS) e introducir un nuevo Capítulo o Adendum llamado Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU) UTN guiado por salarios justos, salarios dignos que puedan satisfacer todas sus necesidades y las de sus familias del personal docente y administrativo.
Esta decisión la tiene el CONSEJO UNIVERSITARIO o sea 15 personas que lo conforman: 1 RECTOR, 3 REPRESENTANTES DOCENTES, 1 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO, 5 DECANOS DE SEDES, 1 DIRECTOR EJECUTIVO CFPTE, 2 REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y 2 REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. Eso 15 son los que gobiernan y administran la Universidad Técnica Nacional, UTN. Estamos en manos de esos quince funcionarios públicos… Y, en ese sentido, aplaudimos a los Consejos Universitarios de la UCR, ITEC CR, UNED y UNA que ya tomaron esta decisión desde la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.
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