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Etiqueta: estado de derecho

¿Será Rodrigo Arias reelecto como presidente del Congreso?

Escrito en . Publicado en Derechos.

A lo largo de esta edición del programa “A la historia… ¡Por media calle!” el analista Vladimir de la Cruz expresa cómo el escenario político costarricense parece activarse, esto debido a que se acerca el 1 de mayo y con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso de la República, es decir, la Asamblea Legislativa entrará en elecciones para determinar cuáles diputados o diputadas conformarán el próximo Directorio Legislativo hasta el próximo 30 de abril del 2025.

Vladimir resalta la importancia de esta elección principalmente porque el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa implica una serie de enormes responsabilidades entre las cuales destacó la dirección respetuosa y enérgica de la Asamblea, un comportamiento cordial para con todas las fracciones, una comunicación estable pero cautelosa para con el Poder Ejecutivo además de que señala, en más de una oportunidad, que la persona electa para presidir al Poder Legislativo tiene la obligación constitucional de ocupar la presidencia de la república en el caso particular de que las dos vicepresidencias se encuentren vacantes y la persona en el cargo de presidente se encuentre fuera del territorio nacional.

Posteriormente, el señor de la Cruz realiza un amplio recorrido histórico sobre las distintas fases que ha experimentado Costa Rica en su búsqueda de configurarse como un estado de derecho. Empezando con la independencia en 1821, la incorporación a la República Federal Centroamericana en 182a y la separación de la misma en 1838, la fundación de la primera república en 1848, la fundación de la segunda república en 1948 y hasta la actualidad. En esta breve reseña el señor Vladimir se encarga de destacar a las figuras históricas encargadas de configurar las instituciones, pesos y contrapesos, poderes y obligaciones que permitieron formar lo que hoy se entiende como Costa Rica.

Después de la Cruz ahonda algunas de las funciones así como particularidades del Poder Legislativo costarricense por ejemplo las distinciones entre mayoría simple o calificada, el funcionamiento de la Asamblea en los periodos ordinario, en dónde se discuten las propuestas de ley realizadas por las personas diputadas de las diversas fracciones, y extraordinario, en dónde se discuten las iniciativas de ley propuestas por el Poder Ejecutivo. Otras temáticas que trató fueron la rendición de cuentas que debe realizar la presidencia a través de un informe anual leído cada 2 de mayo, así como la rendición de cuentas de los diversos ministerios, entre otros aspectos.

Finamente, el señor Vladimir dedica la parte final de la transmisión a advertir que, desde su perspectiva personal, en una gran mayoría de ocasiones las candidaturas a la presidencia del Congreso se dan por “ponerlo en el currículum” o como un alarde de la presencia que puede tener una persona en la Asamblea Legislativa. Por lo cual destacó que la persona que sea electa debe tener una serie de cualidades y experiencia suficiente pata dirigirse con propiedad, eficiencia y profesionalismo. En su opinión Vladimir de la Cruz señala al señor Rodrigo Arias Sánchez, actual presidente del Legislativo, como la mejor opción para continuar con su ejercicio al frente del Directorio por su trayectoria política y amplio conocimiento institucional, señala además que la administración Chávez Robles ya había depositado su apoyo al señor Rodrigo Arias en el anterior periodo legislativo y probablemente lo vuelva a hacer. El señor de la Cruz recalcó que en su opinión personal el señor Rodrigo Sánchez es la mejor opción para presidir la Asamblea y que su elección es la mejor tanto para el gobierno de Rodrigo Chávez como para el pueblo costarricense

Para más información consultar en el siguiente enlace: https://fb.watch/qDAmSz5a-Z/

AAJ Rama Costa Rica propone al Colegio de Abogadas y Abogados plan por el respeto a la legalidad, a la institucionalidad y a la sana convivencia democrática

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente documento enviado por la Asociación Americana de Juristas Rama Costa Rica al Colegio de Abogadas y Abogados.

El documento, dirigido a Francisco Cruz Marchena, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica señala que “conforme con lo prometido, le remito la propuesta de la AAJ, Rama Costa Rica, consultada con otras organizaciones”. El envío fue realizado por el reconocido jurista costarricense Walter Antillón Montealegre, quien lo compartió con SURCOS.

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS AL COLEGIO DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE COSTA RICA

Preámbulo:

En vista de la seria crisis que atravesamos en Costa Rica, ante el deterioro cada día más grave y profundo del Estado de Derecho que construimos especialmente durante el siglo pasado, que dio estabilidad y mejor cumplimiento a los principios constitucionales de búsqueda de la igualdad, mejor distribución de la riqueza y una adecuada división de poderes, siguiendo el principio clásico de “frenos y contrapesos”, para garantizar un más adecuado cumplimiento de los sólidos principios democráticos, para una más adecuada gobernabilidad, inspirada en el estado de derecho, el respeto de la legalidad, alejado de la arbitrariedad y la improvisación.

Cada día se profundiza más la injusticia, lo cual pone en peligro la institucionalidad democrática, por lo que nos unimos a amplios sectores de la población en hacer un llamado para unir esfuerzos, a fin de encontrar soluciones concertadas, inspiradas en principios garantistas.

Dentro de las iniciativas de las cuales ya forma parte, como en el “Foro de Justicia”, la Asociación Americana de Juristas solicitó una cita al señor Presidente del Colegio de Abogados, Lic. Francisco Cruz Marchena, quien nos atendió junto con el Director Ejecutivo, Lic. Gerardo Solís, para exponerle la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actividades, lideradas por el Foro, por los abogados, para encontrar soluciones, hacer propuestas, y volver a encauzar nuestro país por la vía del respeto a la legalidad, a la institucionalidad por una sana convivencia democrática.

Con miras a un primer encuentro durante el próximo mes de julio del 2024, a fin de ir haciendo un diagnóstico, que nos permita definir parámetros, hacemos la siguiente propuesta provisional, tentativa, a partir de la cual las diferentes organizaciones de la sociedad civil podamos contribuir a mejorar el funcionamiento -entre otros- del Poder Judicial, como baluarte de la equidad y la justicia; avanzar en proyectos de seguridad que den estabilidad a nuestro país, y alejen a la juventud y a la población del flagelo del crimen, la inestabilidad y del narcotráfico.

Esperamos sus sugerencias, observaciones y contribuciones, para que entre todos podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad y país.

ESBOZO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR LAS CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DESEMPEÑO

POLICIAL Y JUDICIAL

Walter Antillón

Sabemos con toda certeza que las causas principales de los fenómenos delictivos que se suceden cotidianamente cada vez con mayor frecuencia (homicidios, asaltos, sicariato derivado del narcotráfico, etc.), se encuentran en la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión de grandes grupos de jóvenes pertenecientes a los estratos inferiores de la sociedad costarricense; y estamos convencidos de que el remedio más eficaz para conjurar aquellos daños es una política de justicia social que elimine dichas causas. Pero desde hace muchos años ningún gobierno, incluido el actual, ha asumido dicha política; por el contrario, más bien han agravado el problema general al debilitar los servicios de policía y justicia. Y siendo así las cosas, este programa se moverá en el nivel de los síntomas, no de las causas.

En efecto, las crisis por las que atraviesan la seguridad ciudadana y los servicios policiales y judiciales son palpables en nuestro País, y se agravan aceleradamente. Pero entre las actividades conducentes a ponerles remedio debemos distinguir nítidamente las de carácter urgente de las que, en el mediano y largo plazo, tratarían de alcanzar soluciones de fondo. Esta distinción se articulará en sendas diferentes estrategias que albergarán otros tantos programas de acción.

I.- LAS MEDIDAS URGENTES

Obviamente la toma de las medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana y en materia de administración policial y de justicia es del resorte de los Poderes del Estado, de manera que a nuestras organizaciones lo que corresponde es:

  1. a) Investigar e informar detalladamente a las autoridades competentes y a la comunidad ciudadana en general, acerca de las dimensiones reales de la crisis y las medidas urgentes a tomar;
  2. b) Incitar especialmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a que asuman sus respectivos roles dirigidos a preparar los marcos jurídicos y la pronta ejecución de las estrategias adoptadas;
  3. c) Vigilar durante el transcurso de dicho proceso que todas las medidas que vayan siendo institucionalizadas garanticen plenamente el respeto de los derechos fundamentales de las diferentes poblaciones involucradas.

II.- Iniciaremos con un SEMINARIO PARA LAS MEDIDAS URGENTES

Se convocará la organización de un seminario con participación de periodistas de investigación, científicos sociales, médicos, abogados y funcionarios especializados para que, en comisiones de trabajo, se distribuyan las tareas respectivas para la elaboración de sendos diagnósticos acerca de:

1º) la situación actual de:

  1. a) Los cuerpos de la Policía Administrativa;
  2. b) El Organismo de Investigación Judicial;
  3. c) El Poder Judicial.

2º) Las medidas de urgencia recomendadas para conseguir que los distintos servicios policiales y judiciales enfrenten exitosamente las crisis actuales.

El Seminario comunicará sin demora sus conclusiones a los Poderes del Estado.

III. ACTIVIDADES ATINENTES A LAS MEDIDAS DE FONDO

Simultáneamente tendría inicio el conjunto de actividades dirigido a instaurar las medidas de fondo, que darían respuestas más definitivas a los requerimientos de seguridad y de justicia en Costa Rica.

  1. A) Los perfiles de los operadores

Como una línea transversal entre las diferentes tareas del conjunto es necesario trazar sendos perfiles de los operadores policiales y judiciales:

  1. a) De la policía administrativa
  2. b) De la medicatura forense
  3. c) De la policía judicial
  4. d) Del ministerio público de la defensa
  5. e) Del ministerio público de la acusación
  6. f) De la judicatura.

1.- La discusión de los distintos perfiles se llevará a cabo a través de sendas mesas redondas que alimentarán el trabajo de las comisiones redactoras, cuyas conclusiones se someterán al plenario.

  1. B) La organización

Una vez establecido cada perfil, de ello debe seguirse la configuración orgánica administrativa de cada uno de los servicios del conjunto:

  1. g) La organización de la policía administrativa
  2. h) La organización de la medicatura forense
  3. i) La organización de la policía judicial
  4. j) La organización del ministerio público de la defensa
  5. k) La organización del ministerio público de la acusación
  6. l) La organización de la judicatura.
  1. C) Los congresos

La organización modélica de los diversos servicios se llevará a cabo en sendos congresos de carácter nacional, policiales y judiciales, con participación de todas las profesiones involucradas:

I.- CONGRESO NACIONAL DE LA POLICÍA

II.- CONGRESO NACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

III.- CONGRESO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

IV.- CONGRESO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

Las organizaciones involucradas en el proyecto podrán privilegiar o posponer la celebración de alguno o algunos de los congresos mencionados, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos humanos y/o financieros, u otras circunstancias relevantes.

El Derrumbe y el Ocaso del Progresismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

Las recientes elecciones a las alcaldías del país dejaron grandes repercusiones sobre el sistema político, con el ascenso y descenso de algunos partidos, pero principalmente por el derrumbe definitivo de las fuerzas progresistas que otrora estuvieron representadas por la socialdemocracia y posteriormente por el Partido Acción Ciudadana y el fortalecimiento de las alternativas más conservadoras y cercanas a la economía de mercado como han sido la Unidad Socialcristiana, los partidos evangélicos y más recientemente los partidos liberales o neoliberales.

Aunque ya ese fenómeno político de deterioro del progresismo se había manifestado en las dos anteriores elecciones presidenciales, en esta oportunidad se consolida y muestra la más cruda evidencia con el descenso del papel de Liberación Nacional en su antigua trinchera las municipalidades y el poder local y la desaparición total del PAC como fuerza política en las diferentes regiones del país.

Pero, ¿por qué debe preocuparnos la desaparición del progresismo, representado por los resabios de la vieja socialdemocracia y por el Partido Acción Ciudadana?

Debe preocupar a los grupos políticos, a la sociedad civil y a la población en edades maduras, porque se ha generado un vacío en el espacio político de las fuerzas y de las políticas económicas y sociales progresistas, que está siendo ocupado por los sectores políticos y económicos más conservadores y porque prácticamente desaparecen las luchas y reivindicaciones por lo que queda del estado de bienestar, de la democracia económica y por la permanencia del Estado de Derecho seriamente amenazado en los últimos años.

Debe preocupar también porque la población en edades jóvenes influenciadas fuertemente por la economía de consumo, el conocimiento técnico y las redes sociales, han perdido y ya no tendrán referentes políticos que defiendan la importancia del Estado, las políticas redistributivas, el desarrollo humano, el medio ambiente y los derechos humanos de las minorías.

Los jóvenes de hoy y de mañana, son fáciles presa de las promesas de cambio sin propuestas coherentes, de los partidos unipersonales y de estructuras ficticias y de un espejismo de que el mercado es el ente que asigna los recursos y genera oportunidades para todos y que por ello debe penetrar todas las actividades de la vida en sociedad.

Los grandes dilemas y controversias del pasado, sobre si más Estado o más mercado, si políticas de liberalización y desregulación o de protección y exoneración, si políticas fiscales progresivas o reformas tributarias parciales, la ampliación o reducción de las políticas sociales y del gasto social, la creación de mayores condiciones a la inversión extranjera o fomentar la pequeña y mediana empresa nacional, quedan ahora, sometidos a las visiones electoralistas y a la dispersión de posiciones en un espectro liberal conservador en el que se incluyen la mayoría de los partidos políticos emergentes.

El ocaso del progresismo del siglo XX y del siglo XXI, es el fracaso de las fuerzas políticas que lo impulsaron, quienes dejan a la deriva las grandes desigualdades, los grandes retos de supervivencia del ser humano y la aspiración de un desarrollo más equitativo y sostenible, frente a un mundo unipolar, dominado por el interés individual y corporativo y por la voracidad del capital.

Foto: UCR.

Efemérides que no debemos olvidar

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

Este año, 2024, en muchos aspectos estaremos, en Costa Rica, de manteles largos. Tenemos varias importantes celebraciones, que no podemos ni debemos dejar de lado.

El 25 de julio celebraremos el Bicentenario de la llamada Anexión del Partido de Nicoya. Su agregación, su incorporación, a Costa Rica no fue tan casual. Sus vínculos comerciales y políticos eran más importantes que con Nicaragua, que para esos días ofrecía mayor inestabilidad e inseguridad en todos los aspectos a los nicoyanos.

El Partido de Nicoya nos enriqueció como nación, como territorio, como pueblo costarricense, nos engrandeció con su historia precolombina y colonial, con su hato ganadero, base de la ganadería nacional, con sus tradiciones culturales que se han impuesto nacionalmente. No hay fiesta regional, como la del 25 de julio, que se celebre como la de la Anexión, como la fiesta nacional que es.

La Editorial Costa Rica, ECR, la del Estado, y la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, han acordado para este año priorizar en sus publicaciones todo lo relacionado con la historia del Partido de Nicoya y de la Provincia de Guanacaste, lo que nos dará durante este año y el siguiente una rica producción histórica literaria que nos permitirá conocer más, y mejor, la historia de la región guanacasteca, del viejo Partido de Nicoya, y de la riqueza histórico, cultural, artística y folklórica que nos ha dado esa incorporación del Partido de Nicoya.

El 8 de setiembre celebraremos el bicentenario de la llegada a la Jefatura del Estado, del maestro, del educador, Juan Mora Fernández. Con él inició el período histórico de la organización política republicana, en su sentido clásico, de nuestra institucionalidad y organización política administrativa. Tres gobiernos suyos, hasta 1833, marcaron el rumbo de una institucionalidad civilista que llega hasta nuestros días. La inmensa mayoría de gobernantes del país, en el período del Estado, 1823-1848 y de la República, 1848-2024, han sido educadores, abogados, médicos, civiles en general. De excepción pocos fueron militares.

Juan Mora Fernández se había distinguido desde antes de los días de la Independencia en actividades y responsabilidades que lo vincularon a actividades empresariales y políticas, las que mantuvo cuando dejó la Jefatura del Estado. Con él surgieron nuestros primeros símbolos nacionales, Bandera y Escudo.

Este acontecimiento nos permitirá apreciar esos primeros pasos de nuestro desarrollo histórico del Estado.

El 23 de setiembre se producirá el bicentenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el símbolo religioso más preciado del pueblo costarricense. Encontrada el 2 de agosto de 1635, según la leyenda y tradición, fue proclamada Patrona de Cartago en 1782 y en 1824 se le dio el título de Patrona de Costa Rica. El Decreto del Congreso dice: “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”. Al día siguiente, el 24 de setiembre 1824, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos.

La Negrita, como cariñosamente se le llama, en 1924, al celebrarse su centenario de Patrona Nacional, el Congreso de la República, de nuevo le afirmó ese reconocimiento con una Declaración en ese sentido. El Congreso de la República, en 1924, al cumplirse el centenario confirmó y proclamó la Tradición de la Virgen de los Ángeles y, el 26 de noviembre, la Sagrada Congregación de Ritos de la Iglesia aprobó el nuevo oficio.

Con motivo del bicentenario del Patronazgo Nacional de la Virgen de los Ángeles, a cumplirse en setiembre, la Asamblea Legislativa, desde ahora debería, asumir el compromiso de reafirmar por segunda vez ese patronazgo y preparar desde ahora, inicio de año, con la colaboración y compromiso de la Conferencia Episcopal, las actividades correspondientes a tan importante celebración y reafirmación de la tradición religiosa costarricense.

1824, es el año también que se estructuró el Estado de Costa Rica, con su tres poderes clásicos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De hecho es la celebración bicentenaria de estos poderes del Estado, así resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América.

Con ellos empezó a desarrollarse el Estado de Derecho hoy sólidamente estructurado en la sociedad costarricense, que garantiza la estructura y división de poderes públicos, con independencia, autonomía y funciones exclusivas, indelegables entre sí.

Del mismo modo, se estableció el camino de los gobernantes y autoridades públicas para el ejercicio de sus funciones en los poderes del Estado, de manera que quedaban regulados y obligados a realizar y cumplir lo que las leyes les establecían, sin poderse extralimitar de lo que es propio de sus funciones; sujetos a lo que la Constitución Política y la Ley les establecían, al tiempo que empezó a desarrollarse una sociedad muy rica de derechos y libertades para los ciudadanos y habitantes del país. Se creó en este sentido un andamiaje sólido y poderoso de leyes que aseguran la convivencia social y política de los costarricenses.

En el conjunto de todo esto, debemos celebrar el bicentenario de la República Federal de Centroamérica, de la cual fuimos parte integrante desde 1824 hasta 1838. Allí tuvimos Presidentes, que son muy desconocidos en la conciencia y el relato histórico nacional, que fueron simultáneamente junto a los Jefes de Estado, nuestros Presidentes; tuvimos un Congreso Federal y una Corte de Justicia Federal. En esa época, también un Ejército Federal.

Será un año para reflexionar en el significado de estas fechas y eventos, sus repercusiones histórico-institucionales, temas, entre otros, que estaré abordando en diferentes ocasiones.

¿Está descontrolado mentalmente el Presidente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa constituyen el período de seis meses, dividido en dos trimestres, en las cuales la Asamblea Legislativa solamente conoce, para su trámite de leyes, los Proyectos de Ley que el Poder de Ejecutivo envía para su conocimiento y eventual aprobación.

Desde el año 2022 esta división trimestral se estableció, empezando el Poder Ejecutivo en los meses de mayo, junio y julio; realizando su segunda jornada de Sesiones Extraordinarias, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, los diputados pueden presentar sus proyectos en las Sesiones Ordinarias que comprenden los meses de febrero, marzo y abril, y en su segunda parte de sesiones, agosto, setiembre y octubre.

Esta nueva formulación del trabajo legislativo se pensó para favorecer al nuevo gobierno, cualquiera que fuera, que en este caso le correspondió al actual inquilino de la Casa Presidencial de Zapote, para que inmediatamente después de las elecciones, al quedar electo, pudiera impulsar sus proyectos de ley, para que pudiera materializar sus ofertas de la campaña electoral, de la que salió electo, y pudiera canalizar legislativamente sus Proyectos de Ley estrella, los que guiarían su gestión desde sus primeros días de gobierno, los que marcarían la ruta y derroteros de lo que sería el nuevo gobierno.

La idea y la filosofía de este cambio, era también para poder satisfacer mejor a los votantes respecto a lo que se les ofrecía electoralmente, para tratar de recuperar la confianza en los electores, en los grupos políticos que llegan a la Casa de Gobierno y para que gobierno y electores pudieran armonizar mejor la representación de su mandato presidencial.

Con el sistema anterior las Sesiones legislativas empezaban en mayo, junio y julio, con Ordinarias, que estaban en manos de los diputados. Después se le daba un mes de Sesiones Extraordinarias en agosto al Poder Ejecutivo y luego venían los meses de setiembre, octubre y noviembre, de nuevo para los diputados, para cerrar con cinco meses, desde diciembre hasta abril para el Ejecutivo.

Con este sistema anterior, todos los presidentes y sus partidos gobernantes, se veían imposibilitados de impulsar proyectos de ley asociados a su campaña electoral y a sus promesas a los electores; situación que redundó históricamente en ir acumulando una frustración, un desengaño, un incumplimiento de promesas electorales, en un ataque a la Política, a los políticos, a los partidos políticos, a la misma Democracia como sistema político, y en la alta tasa de abstencionismo que se fue dando de manera acumulada, provocando también presidentes ocasionales, como los que se fueron dando en el 2014, 2018 y en el momento actual, a partir del 2022, donde irrumpió de manera más nítida una figura desconocida políticamente, improvisada, desconocedora de la Historia Nacional, de la Historia política y electoral costarricense, ignorante total de lo que es la división política de los Poderes del Estado, de entender que esos poderes públicos son exclusivos en sus funciones, que están claramente establecidas en la Constitución Política, que tienen funciones indelegables a los otros poderes o a cualquier otra instancia púbica.

En ambos sistemas, de sesiones legislativas, el presidente se encuentra que el Presupuesto Nacional que tiene al asumir el mandato, fue establecido en noviembre del año anterior a su llegada a Zapote, y que responde para todos los efectos al diseño de gestión de obra institucional del gobierno anterior, y que no puede hacer más que administrar y ejecutar ese Presupuesto Nacional como está establecido, lo que constituye una camisa de fuerza para iniciar un gobierno. Esta situación también golpea el incumplimiento de un Gobierno que inicia, porque literalmente no tiene dinero para actuar. Lo más que puede hacer es algunas reformas a las partidas del Presupuesto Nacional para redireccionar fondos públicos. Así las cosas, el verdadero año presupuestario de un gobierno es el segundo, cuando al terminar el año de su elección, en noviembre se aprueba el Presupuesto del año siguiente. Así sucedió en noviembre del año 2022 que se aprobó el Presupuesto del año 2023, que es el primer año real del presidente Rodrigo Chaves.

De esta manera, este año 2023 se supone que el Presupuesto Nacional está acorde con las políticas y directrices de gobierno, hacia el futuro de la gestión, qué el presidente quiere impulsar en lo que le queda de ejercicio presidencial.

En el año 2022, en mayo, el presidente no tenía nada listo, nada preparado, ni un solo Proyecto de Ley que presentar a los diputados, lo que paralizó la Asamblea Legislativa unos días, porque en Sesiones Extraordinarias, si el presidente no envía Proyectos de Ley, la Asamblea Legislativa y los diputados no trabajan, porque solo el presidente puede poner proyectos en discusión.

Está claro que este Presidente, no conoce nada de cómo funciona la Administración Pública; que no tiene idea de lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho que debe respetar; que quiere gobernar violando la Constitución y las Leyes, que encuentran defensa en la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, en la Contraloría General de la República, en las distintas Defensorías de los Habitantes, y en los propios ciudadanos y diputados que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad ante los actos que ilegal e inconstitucionalmente pueda realizar el presidente.

En el ejercicio de Gobierno del actual inquilino de Zapote se puede apreciar su incapacidad, cada vez más pública y manifiesta, para gobernar una institucionalidad total estatal. Las destituciones y renuncias de ministros, viceministros, altos funcionarios de las instituciones y de sus juntas directivas, a razón de uno cada 13 días en promedio desde que llegó a dirigir la Casa Presidencial, son apenas la punta del iceberg político en que está parado.

Con esta situación no puede haber plan de gobierno, acciones de gobierno, políticas de gobierno que puedan ejecutarse de conformidad a una ruta, a un camino trazado, porque en apariencia falla el funcionario renunciado o destituido; falla el que lo sustituye porque no puede darle continuidad a lo que el anterior venía o trataba de realizar y hacer, porque el mismo sustituto se ve con las manos amarradas ante su Presidente que, usando a ese funcionario público, como se utilizaban las máscaras en el Teatro griego, es quien actúa limitadamente.

El derecho supremo, y orgásmico, que tienen los funcionarios cercanos que rodean al mandatario es, como me han dicho, aplaudirle en las sesiones del Consejo de Gobierno algunas de sus intervenciones, porque nadie puede brillar más que él, ni nadie puede tener un ascendiente público superior por ejercicio del cargo en imagen pública que la que tiene el presidente, en su propia percepción.

El equipo de Gobierno actual está como un barco a la deriva, sin quilla, sin velas, sin timón, sin brújula, sin astrolabio, ni sextante, sin remeros y sin Capitán, por lo que el Barco de la Patria, en manos de este conductor, no tiene orientación; y, quien está a cargo del buque nacional no tiene idea de hacia dónde dirigir el país, carece de astros que lo guíen, qué le den hora y latitud de dónde se encuentra, sin poder ver el Sol. La quilla de este barco apenas sostiene el armazón institucional del gobierno. Las corrientes de aire político que podrían ayudarle a dirigir el barco no tienen velas náuticas qué empujar, porque el supuesto Capitán las ha arriado, las ha bajado; sintiéndose como un Dios todopoderoso quien cree que con dar órdenes, fijar plazos, metas y pedir cuentas, como se hace en algunas empresas, se maneja un país de leyes y de equilibrios institucionales.

Lo que le sobra al Presidente es su soberbia y su arrogancia; su sentimiento de superioridad y hasta de sentirse en posición privilegiada sobre las demás personas; su altivez manifestada en la forma como trata despreciativamente a sus propios subalternos inmediatos, cómo los exhibe en las mesas de prensa que realiza, con el tono frío y distante de cómo los trata a ellos, a periodistas, a los diputados y miembros de los Supremos Poderes; su vanidad que no puede ocultar de sentirse sobrestimado y admirado por los méritos que él cree tener de más. Pero, sobre todo, lo que exalta es su prepotencia; sentirse no solo superior o más grande que otras personas, sino alardear con el poder que deriva de solio presidencial, qué como el Vaticano, en Zapote, se siente el Papá de todos…porque sabe ejecutar estos atributos abusivamente, intimidantemente, autoritariamente.

Uno de los actos sublimes, extraordinariamente bello, de gran emoción lo realizó el presidente Rodrigo Chaves el pasado miércoles, cuando en su mesa de prensa, despotricó, habló sin ninguna consideración ni medida, criticando y casi insultando a los diputados; diciendo tonterías y barbaridades, donde evidenciaba no tener conectada su lengua con su cerebro, donde se le veía y oía actuar de nuevo con su brutalidad y violencia a boca de jarro. Sinceramente, parecía desquiciado, perdiendo su seguridad, su cordura, su serenidad; mostrando su trastorno mental ocasionado porque los diputados, con todo su derecho parlamentario, no apoyaron un Proyecto de Ley del presidente relacionado con la seguridad ciudadana, de más de una treintena de Proyectos de Ley que existen en el trámite legislativo. Ese desquicie mental, ese desencaje mental, casi lo hacía parecer un insano, un loco, un demente político mental; alguien que en ese estado mental no puede ni debe dirigir el país y el gobierno de la República.

Entre las tonterías que dijo hizo casi renuncia pública de la función Ejecutiva que tiene como presidente de gobernar las Sesiones Extraordinarias legislativas. Descontrolado como estaba dijo que retiraba todos los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo y que los diputados discutieran los suyos, que eran más de 30, que los siguieran discutiendo. Como si estuviera enterrado, con el mecatito en la mano para jalar la campana, se salvó cuando dijo que había instruido a la ministra de la Presidencia para que solo pusiera en la Agenda Legislativa, de las Sesiones Extraordinarias, los Proyectos de Ley de los diputados, porque él como presidente no iba a enviar ninguno… casi cerró el Congreso…momento ideal que perdió para gobernar mediante Decretos Ejecutivos, como ha sido su sueño…que no es lo mismo que los Decretos Ley de 1948 y 1949.

El problema de los Proyectos de Ley relacionados con la seguridad ciudadana es que el gobierno no se está sintiendo. La inseguridad ha aumentado enormemente en este gobierno. La criminalidad, el sicariato, el hampa grande y pequeña, los delitos contra la propiedad y las personas han aumentado. Los asesinatos nos colocan en la cima del mundo. La imagen de Costa Rica casi cambia ya de Pura Vida a Pura Muerte… en este gobierno.

La corrupción que genera el negocio de las drogas, por las aduanas y puertos de control, marítimos, terrestres y posiblemente aéreos, con complicidad de empresas productoras, empacadoras y transportadoras de productos, y de funcionarios públicos, políticos, de seguridad, policial y de hacienda, que tienen que ver con esos controles, se evidencia por las grandes cantidades que decomisan en los puertos y aduanas de entrada a otros países…

Pero, evidencia que es el Poder Ejecutivo el que está fallando. No es competencia del Poder Legislativo esta función de control. Las leyes existen. Se pueden aplicar. También se pueden mejorar y hacer más represivas, si eso se quiere.

La actitud del presidente del pasado miércoles, su pérdida de cabeza, su ofuscamiento al frente del Poder Ejecutivo, de casi dejarlo tirado, de no asumirlo cómo debe hacerlo; su razón y juicio descontrolado contra los diputados es de ponerle atención.

Que el presidente no logre consensuar alrededor de un Proyecto de Ley suyo a los diputados, es una falla de negociación del Poder Ejecutivo, que evidencia que el Presidente tiene poco qué hacer por el país…

Con poses autoritarias, dinamitando puentes con la oposición política y con los diputados, como dijo alguna vez, casi de manera terrorista, no va a llegar a ningún lado…Ni siquiera tiene capacidad para comprarse las broncas que dijo que iba a pelear; las riñas violentas que quería enfrentar.

Llevamos solo año y medio de gobierno…De seguir así, el presidente debería tener entre sus asistentes, en el molote de carros y vehículos que lo acompañan, con sirenas y sin sirenas, una unidad de médicos bien preparados y de siquiatras porque en cualquier momento se puede descarrilar totalmente…

Sensatez, prudencia, inteligencia emocional política, buen tacto, confianza en las distintas fuerzas políticas que también están interesadas en corregir y superar los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, como nación y como pueblo, es lo que tiene que proponerse tener y amarrar.

Debe procurar que haya unidad de acción política tomando en cuenta la diversidad de opiniones nacionales.

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

Vetos presidenciales y resellos legislativos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Es claro que el presidente Rodrigo Chaves no sabe y no conoce cómo funciona un régimen político democrático, que descansa en el ejercicio independiente de los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, como existe en el ordenamiento constitucional y legal nacional. Su estilo autoritario, casi tiránico con sus subalternos, con el que gobierna, no le permite entender esta independencia y autonomía.

Los poderes públicos son independientes, autónomos, entre sí, con funciones propias que les son asignadas constitucionalmente, a las que tienen que someterse los funcionarios que los integran y representan. Sus funciones propias son indelegables y exclusivas, por lo que no pueden trasladarlas a los otros poderes para su elaboración o ejecución.

Los funcionarios públicos, como el presidente de la República, están sujetos a lo que la Constitución Política les señala y establece como límites en su función, en su trabajo. Esta es una de las claves del funcionamiento del llamado Estado de Derecho, que en Costa Rica se instituyó desde 1824, cuando en ese año se establecieron los tres poderes clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que el próximo se podrán celebrar en sus bicentenarios institucionales.

Clave del Estado de Derecho es el control político que se lleva a cabo sobre el funcionamiento de los tres poderes y de los funcionarios que los representan. Ese control político descansa en los ciudadanos y en aquellas instancias que se crean, en el ordenamiento jurídico, como colaboradoras de los mismos poderes públicos y de los ciudadanos. Algunas de esas instituciones coadyuvantes del control político institucional son: la Contraloría General de la República, que es un órgano auxiliar del Poder Legislativo, en cuanto al control presupuestario que realiza; la propia Procuraduría General de la República, por sus fallos jurídicos obligatorios para toda la institucionalidad administrativa y pública; las diferentes Defensorías de los Habitantes y Ciudadanos que operan en el país y, la misma Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que marca los límites de la constitucionalidad y legalidad constitucional de las leyes, reglamentos y de las actuaciones administrativas de funcionarios.

Los diputados, integrantes activos del Poder Legislativo, tienen la función del control político, establecida en su trabajo ordinario. A ello le dedican tiempo diario de sus sesiones.

Algunos presidentes del pasado, desde que existe la Sala IV, cuando ésta les rechazaba acciones por violar la Constitución Política y la legalidad nacional, reclamaban que “no los dejaban gobernar”. De allí la idea de la ingobernabilidad nacional que se ha venido vendiendo desde hace bastantes años por parte de quienes desearían ejercer el gobierno de la República sin controles, sin apego a la Constitución Política o al marco de legalidad. Rodrigo Chaves, criticando esa “ingobernabilidad” señaló, criticando a sus antecesores presidentes, que no era que había “ingobernabilidad”, sino que “no gobernaban”. De allí sus primeras expresiones de que gobernaría por decreto, a la fuerza. Que dinamitaría los puentes institucionales con el Poder Legislativo, que no se reuniría con los partidos políticos opositores, cuando el partido que lo eligió solo tiene 10 diputados, y en la Asamblea Legislativa mucho de lo que se hace y se logra es por hacer acuerdos parlamentarios, no por imposición de directrices de la Casa Presidencial sobre la decisión política de los parlamentarios.

La fracción legislativa de gobierno es la que se reconoce como el grupo de diputados que se eligen por el mismo partido político que elige al presidente de la República. A diferencia del presidente, los diputados hablan en nombre de sus partidos, se identifican con su partido, se identifican con su gobierno. El presidente no puede hacer esto. Tiene prohibición constitucional de opinar sobre asuntos partidarios y políticos. No puede meterse en asuntos políticos, partidarios o directamente electorales, como sí lo hacen la mayoría de los presidentes de todas las repúblicas del continente americano, y como también se permite en Europa.

El ministro de la Presidencia como figura, es el encargado de atender las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Es el encargado de “negociar” el trámite de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su conocimiento en las llamadas Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo. En este sentido, la Asamblea Legislativa trabaja seis meses al año, de manera exclusiva, atendiendo los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo a su conocimiento y trámite. Su oportunidad de aprobación dependerá de la importancia del Proyecto de Ley y del trabajo político que realice el ministro de la Presidencia y los diputados oficiales de gobierno para lograrle los votos afirmativos.

Entendamos, todo lo que conocen los diputados en su trámite legislativo se hace por medio de Proyectos de Ley. Estos, cuando se presentan al trámite legislativo se canalizan a la comisión parlamentaria que se estima conveniente para su conocimiento. Allí se realiza un trabajo enorme de los diputados en el conocimiento y discusión de esos proyectos de ley. Allí pueden llevarse técnicos, especialistas y hacer consultas obligadas por constitucionalidad a instituciones o sectores para que opinen sobre el proyecto de ley en trámite. Pueden integrarse también comisiones legislativas mixtas, con diputados y con personas conocedoras de los temas a conocer, tratar y resolver.

Cuando el Proyecto de Ley se rechaza en una comisión legislativa su expediente se traslada al Archivo parlamentario. Si se aprueba por unanimidad pasa al Plenario Legislativo para su trámite definitivo. Si se aprueba con varios dictámenes, de mayoría y de minoría, como se dice, estos pasan al Plenario con el expediente. En el Plenario legislativo solo se conocen Proyectos de Ley que hayan pasado ese filtro de las comisiones parlamentarias.

Los diputados aprueban las leyes cuando le dan la votación final afirmativa, en el Plenario, a los proyectos de ley que han estado en esos trámites desde las comisiones. Se aprueban por unanimidad o por la mayoría parlamentaria que se exija para su aprobación. Por aprobado el Proyecto, como Ley de la República, pasa al Poder Ejecutivo para que lo refrende, lo ratifique, y lo envíe a su publicación en el diario oficial, La Gaceta, para que entre en vigencia en el momento en que la misma ley diga, o ipso facto si es del caso.

Ese refrendo presidencial es una de las formas de control político intra-poderes públicos. Es parte del equilibrio institucional de poderes que existe en el Estado de Derecho. Es un poder especialísimo que puede el presidente oponer a la gestión de los diputados. Al presidente o al Poder Ejecutivo le puede parecer que una ley no debe aprobarse. Eso es válido. Por ello, el presidente tiene el llamado derecho de veto, de rechazar la Ley que le ha sido sometida para su ratificación. Su rechazo tiene que ser justificado y razonado, por las razones que el Ejecutivo sostenga. Las razones son de inconstitucionalidad, ilegalidad, oportunidad, conveniencia o interés público, o la que se aduzca.

Si el Poder Ejecutivo veta la Ley, ésta se devuelve a la Asamblea Legislativa, donde los diputados conocen las razones del veto presidencial hecho. Vuelven a discutir la Ley. Si aceptan el veto proceden de conformidad. Si no lo aceptan vuelven a votar, de manera calificada la Ley. Si la aprueban de nuevo queda vigente, y la envían a su publicación oficial sin la firma del presidente de la República. Esto es lo que se llama resello parlamentario. Así funciona la democracia política republicana que tenemos.

El presidente no puede enojarse, perder el temperamento, alocarse, perder la cordura, ni la compostura, lo que es su estilo y marca, porque le impongan un resello parlamentario. Sencillamente tiene que aceptarlo. Podrá pensar que fue un error que no le acepten su veto. Frente a su exhibicionismo autoritario, debería verse en el espejo del presidente Mario Echandi Jiménez.

El presidente Echandi gobernó con un Congreso legislativo ampliamente en contra, con mayoría parlamentaria liberacionista, que le imponía leyes. Así vetó 80 leyes. De todas ellas solo ocho fueron reselladas.

El veto es una función co-legislativa que da la Constitución al presidente. Es una responsabilidad muy grande la que tiene de enfrentarse a los diputados en el proceso de aprobación de las leyes. De todos sus vetos, 22 fueron enviados al archivo legislativo. En los otros casos se acogieron las razones del Ejecutivo.

El presidente Echandi a pocos días de dejar el gobierno, en abril de 1962, publicó un libro, de 848 páginas, donde exponía las razones y justificaciones de sus vetos legislativos.

Presidente Rodrigo Chaves siga el camino ejemplar del presidente y Benemérito de la Patria, Mario Echandi Jiménez, con ecuanimidad, serenidad y altura.

Acepte con tranquilidad emocional el Estado de Derecho y las limitaciones que usted tiene…y, empiece a preparar, si así lo quiere, su librito de memorias de Los Vetos del presidente Chaves…

¿Ha caducado el Estado de Derecho?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Ha trascendido en medios de comunicación muy serios que, al finalizar una reunión de emergencia entre jerarcas de supremos poderes, el presidente de la República ha moderado su lenguaje contra los jueces y afirma que la culpa la tienen las leyes, y hay que cambiarlas. Por su parte, parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincide con esta apreciación y añade que las leyes que nos rigen fueron hechas hace mucho tiempo y para una Costa Rica muy diferente.

Lo que diga don Rodrigo Chaves, desde una perspectiva jurídica, realmente me tiene sin cuidado. Ha demostrado en múltiples ocasiones y diferentes temas una capacidad de improvisación e irresponsabilidad que no hay manera de contrastar.

Mucho más preocupante son las manifestaciones de don Orlando Aguirre. Por su condición de jurista, su autoridad y su larga experiencia. La verdad, no me esperaba sus apreciaciones.

Para decirlo con brevedad: se es, o no se es, un Estado de Derecho. Se defienden o no se defienden los principios en que se fundamenta. Cuando oímos decir que las leyes hay que cambiarlas para adaptarnos a una nueva realidad, ¿en qué estamos pensando realmente? ¿Qué aspectos, de un Estado de Derecho, han devenido obsoletos?

¿Vamos a permitir la detención de personas sin indicio comprobado de haber cometido delito? ¿Vamos a tenerlas en manos de la policía, el tiempo que sea, sin ponerlas a la orden de un juez? Estando detenidas, ¿les vamos a negar informarlas de la razón de su detención y las pruebas que hay en su contra? En esta “nueva” Costa Rica, vamos a autorizar allanar domicilios sin orden judicial? ¿Vamos a intervenir las comunicaciones privadas sin límite alguno? ¿Terminaremos con esa “tontería” de los recursos de hábeas corpus, amparo o acciones de inconstitucionalidad? ¿Vamos a condenar penalmente a un ser humano sin permitirle defenderse? En definitiva, ¿qué tenemos que echar al basurero? ¿La Constitución misma? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Han devenido obsoletos los instrumentos esenciales de la convivencia civilizada y democrática? ¿Podemos, acaso, prescindir de uno sólo de los principios o normas esenciales que estos documentos exigen?

¿Cómo es posible, que a estas alturas del siglo XXI, ignoremos que prácticamente TODAS las leyes de importancia, en cuanto a derechos fundamentales, en Costa Rica, han sido sometidas a un examen de constitucionalidad? Durante décadas se han hecho ingentes esfuerzos para que las acciones y decisiones de las autoridades públicas tengan un mínimo de concordancia con el Derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si ha habido temas donde la Sala nos ha quedado debiendo, eso no descalifica los muchos otros en que ha cumplido a cabalidad con su papel de tutela efectiva en temas relevantes.

En definitiva, ante una crisis de seguridad, ¿vamos a botar la criatura con el agua sucia de la tina? Si les damos un vistazo a las propuestas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y ésta ha recibido con un entusiasta “pronto despacho”, ¿de veras creemos que extraditando nacionales, maximizando la prisión preventiva, ninguneando el criterio de los jueces, ampliando las intervenciones en las comunicaciones de las personas, y creando el concepto de “persona peligrosa” o “menor de edad peligroso” vamos a superar esta crisis de inseguridad?

Sólo espero que nuestra Asamblea Legislativa reflexione a fondo sobre las medidas que se están proponiendo y, sobre todo, tengan alguna idea de cuáles van a ser las consecuencias ineludibles de tomar decisiones sin darles el pensamiento necesario. Doña Prisa y Don Miedo son los peores asesores parlamentarios que conozco. Sólo espero que alguien llame a reparar en las causas profundas de la debacle que estamos viviendo y se acuerde de que existe algo llamado “prevención”, clave para superar los muros de la mera “represión” en la que estamos entrampados.

Una nueva era política: de presidentes autoritarios (I)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

En estas primeras dos décadas del siglo XXI la política ha estado caracterizada por la formación de líderes, presidentes o dirigentes autoritarios, o sea de hombres fuertes. (Por cierto, todos hombres).

Desde el año 2000 empezaron a surgir dirigentes o presidentes que políticamente no son considerados como dictadores o tiranos, sino que ocupan la dirección del Gobierno asumiendo posiciones autoritarias, es decir, ejerciendo el poder casi sin limitaciones y, consecuentemente, derribando oposiciones institucionales, tanto legales como físicas.

Así desde el inicio del siglo encontramos los gobiernos de Putin en Rusia, en China desde 2012 con Xi, en Europa en Hungría, Polonia, Checa, Turquía, en Asia en Filipinas antes con Dutarte y ahora con el hijo del dictador Marcos, en la India con Modi, Japón con Abe, en África en Etiopía, en Oriente Medio el nuevo reinado de Arabia Saudí o la presidencia de Netanyahu en Israel, en América Latina con Bolsonaro, en Centroamérica con Bukele, proceso este que tuvo su cenit con Donald Trump en USA. Las principales potencias mundiales están gobernadas por presidentes autoritarios, tales como Rusia, China, India, Japón, mientras en EE. UU. la influencia de Trump y el Partido Republicano son determinantes en la política estadounidense.

Parece ser la característica del mundo actual. Es una era donde el autoritarismo gubernamental es el elemento dominante.

Costa Rica no escapa a esta realidad.

Las características principales, aunque no únicas, de estos líderes son: (las resumo del libro “La era de los líderes autoritarios” de Gideon Rachman).

Muestran desprecio por las normas democráticas y están dispuestos a erosionarlas. Desprecio por el liberalismo y la adopción de nuevos métodos de gobierno.

“Hay cuatro características comunes al estilo del hombre fuerte: la creación de un culto a la personalidad; el desprecio por el Estado de derecho; la afirmación de que representan al pueblo real contra las elites (también conocida como populismo); y una política impulsada por el miedo y el nacionalismo”, se lee en el libro citado.

Ellos piden que se les considere indispensables, que solo ellos pueden resolver y salvar al país. Además, consideran que las instituciones y la ley se interponen en su camino para resolver los problemas y en este sentido la independencia del poder judicial ha sido su primer objetivo. Pero también se muestran incómodos e impacientes con cualquier institución que quiera mostrarse independiente. Los medios de comunicación son un blanco habitual de ataque.

Los líderes fuertes desprecian la institucionalidad, pero “aman al pueblo”; su estilo de argumentación política es el llamado “simplismo”, sea que existen soluciones sencillas para problemas complejos pero que se ven frustradas por fuerzas perversas.

Las bases políticas de estos líderes son en casi todos los casos las zonas fuera de las grandes ciudades.

Ariel Goldstein investigador argentino señala: “Esto se ha producido porque en el marco de la crisis del régimen democrático, de los partidos políticos tradicionales y de las elites gobernantes, las propuestas de derecha radical anti statu quo se vuelven atractivas como estrategia capaz de lograr desempeños electorales exitosos. Hay una demanda anti statu quo del electorado…”.

Está claro que el presidente Rodrigo Chaves se enmarca o quiere enmarcarse en esta nueva era. Más adelante volveremos en concreto sobre su gobierno. Por ahora solo queremos dejar esbozadas algunas características de esta nueva era política.

La conciencia lúcida de la patria entre la penumbra y la incertidumbre

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Dónde empieza la niebla que te esconde? (Benedetti)

Manuel Hernández

La Ley Frankenstein de Empleo Público (LFEP),remendada y reconfigurada en los astilleros de la Sala Constitucional, estipuló que las relaciones de empleo de aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE y entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN (art. 6 y siguientes).

La gobernanza y rectoría de la gestión de la relación de empleo público, constituye el núcleo duro de dicha ley, la cual le pone en bandeja de plata al Poder Ejecutivo, la intervención política y control de la gestión del empleo y salarios de las instituciones reguladas por la ley.

No obstante, únicamente aquellos poderes y entidades quedaron excluidos del ámbito de la rectoría política del emergente Leviatán, a pesar de que no fueron excluidas de la cobertura de la ley.

Amparándose en esa clausula de “salvaguarda” de ley, la Corte Suprema de Justicia definió, a finales de 2022, que todas y todos los funcionarios judiciales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes, en orden al cumplimiento del cometido constitucional asignado al Poder Judicial.

Sin duda, una posición constitucional y políticamente correcta, que pone a buen resguardo la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, consagrada en el artículo 9, 154 y 156 de la Constitución Política.

Por otra parte, los gobiernos locales no se quedaron rezagados, y en un aluvión de acuerdos de sus órganos jerárquicos supremos, también declararon que todas las personas funcionarias municipales realizan funciones exclusivas y excluyentes, sin las cuales no podrían cumplir su cometido constitucional.

Otra definición política y constitucionalmente correcta, fundamentada en el artículo 169 y 170 de la Constitución, cuya determinación fragua un poderoso dique contra la intromisión política del Ejecutivo.

Pero, hasta ahora, se echan de menos las determinaciones que le corresponde tomar al Poder Legislativo, TSE, Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas.

No deja de extrañar que a estas alturas, ya casi al cierre de la cuenta regresiva para que entre a regir aquella ley, los órganos supremos de las universidades aun no hayan tomado los acuerdos pertinentes.

No deja de sorprender por dos razones principales.

En primer lugar, porque las universidades se consideran la conciencia lúcida de la patria. Esta conciencia crítica implica un compromiso con el pueblo, con el sistema democrático, la soberanía nacional, el desarrollo económico, social y cultural del país, contra cuyos valores y principios del Estado Social y Democrático se vuelve la Ley de Empleo Público.

En segundo lugar, porque las universidades tienen un nivel de autonomía plena, no sólo de gobierno, sino también organizativa, de conformidad con el artículo 78, 84 y 85 de la Constitución Política.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los alcances de esta autonomía, la cual estableció, desde muy temprano, que comprende el “poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal (Voto de Sala Constitucional No.495-92, N° 1313-93, que destacan entre los primeros votos que abordaron este tema).

La autonomía de las universidades fue enérgicamente defendida por los más preclaros constituyentes.

En una brillante intervención, el diputado Baudrit Solera, manifestó: “Ya lo dije, sino estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo.”

Estas premonitorias palabras del exrector de la Universidad de Costa Rica, no podrían tener más resonancia contemporánea y vigencia, que hoy día, en que se pretende degradar a las universidades públicas en simples y sumisos despachos administrativos de MIDEPLAN.

Por estas significativas razones, a punto del banderazo de salida de la Ley Frankenstein, aunque nada esté preparado, la falta de definición de las universidades, no solo sorprende, sino que, además, preocupa, porque se mantiene a los y las trabajadoras universitarias, en total incertidumbre, a contrapelo del principio de seguridad jurídica, un principio elemental del Estado de Derecho.

Entonces, en este escenario tan incierto y prudencialmente reservado, cualquiera se pregunta: ¿cuáles serán las cábalas que están haciendo los ilustres académicos, a quienes les compete resolver esta histórica y relevante cuestión?

¿Cuál oráculo, en los campus universitarios, están invocando para tomar la decisión correcta?

¿Será que a los académicos no los deja dormir tranquilos la crispación del Presidente de la República, quien públicamente manifestó su inconformidad con los acuerdos adoptados por el Poder Judicial y las Municipalidades?

Los consistorios universitarios no pueden seguir esperando que se aclaren los nublados del día.

Ya no pueden, ni deben, continuar amurallados en el claustro, dándole más largas a la determinación que está urgiendo la comunidad universitaria, y más allá, que exige la sociedad costarricense, porque las universidades públicas son del pueblo.

Los rectores y los consejos universitarios no pueden defraudar a Rodrigo Facio Brenes, Baudrit Solera, que, con tanta lucidez y consecuencia, defendieron un principio de nuestro ordenamiento democrático, que ahora está en el ojo de la tormenta: la autonomía universitaria.

Las universidades públicas, mucho menos, podrían dejar de tomar la determinación histórica, política y constitucionalmente correcta, aunque la hayan postergado.

Lucem aspicio.