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Etiqueta: estado de derecho

SEC y CONADECO demandan respeto al Estado de Derecho y condenan la intervención en la Junta Directiva de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo CONADECO, alzan la voz, ante lo sucedido en la sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles 7 de diciembre, cuando se tomó arbitraria e inconstitucionalmente el acuerdo de destituir a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS: Martha Rodríguez del Sector Sindical, José Luis Loría del Sector Cooperativo, Jorge Arturo Hernández del Sector Patronal, Maritza Jiménez del Sector Solidarista y Carlos Salazar representante del Poder Ejecutivo. A estas destituciones, se le suma el despido del Presidente de la institución, Dr. Álvaro Ramos, el pasado 17 de setiembre.

De esta forma abrupta y sin cumplir el debido proceso constitucional, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, descabezó al máximo órgano de dirección técnica y política de la CCSS, interfiriendo en  su autonomía constitucional y violentando el artículo N°8 de la Ley Constitutiva de la Institución N° 17 del 22 de octubre de 1943, el que expresamente establece que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”; además, no corresponde al Gobierno el nombramiento o destitución de los representantes sectoriales que son nombrados por el Movimiento Cooperativo, el Movimiento Solidarista, el Sector Patronal y el Sector Sindical, sin que sea legalmente posible la injerencia del Presidente en sus designaciones.

El afán de controlar políticamente a las instituciones públicas es una constante en la Administración Chaves ya que el 1° de junio destituyó a tres integrantes de la Junta Directiva del ICE y tomó control político y administrativo de esa Institución mediante el nombramiento de tres personas allegadas al Presidente. También, el pasado 22 de julio intervino la Junta Directiva del Banco Popular destituyendo a las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores ante la Junta del Banco y nombrando a cuatro personas afines con el Gobierno.

Esta actuación arbitraria es incompatible con el principio democrático de representación y de especialidad técnica en la gestión administrativa de las instituciones públicas y revela el interés del Presidente por controlar y politizar la toma de decisiones en toda la institucionalidad pública, incluyendo aquellas que al igual que la CCSS, la Constitución Política y la Ley, han colocado al margen de las decisiones políticas para garantizar una administración técnica y democrática de las mismas.

El caso de la CCSS es especialmente significativo, porque el enojo del señor Presidente con el Dr. Álvaro Ramos tal y como lo ha denunciado con toda seriedad, se debe a que los directores y las directoras destituidas en estricta aplicación de la ley y reconociendo los derechos de sus trabajadores, autorizaron el pago de los aumentos salariales aprobados desde antes de la Pandemia.

Es por estas razones que el SEC y CONADECO advierten al país, sobre el peligro de esta deriva autoritaria e inconstitucional en la conducta del Presidente Chaves y llama a cerrar filas para que se respete el Estado de Derecho, devolviendo la Autonomía Constitucional de la CCSS y demás instituciones públicas intervenidas ilegalmente.

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Carta a la comunidad universitaria del Sr. Rafael López Alfaro

Escrito en . Publicado en Derechos.

Querida comunidad universitaria:

Si algo nos ha afectado la etapa neoliberal del sistema capitalista, es que muchas veces nos restringe nuestro derecho a soñar, al convertir todas las actividades humanas en una mercancía. La lógica del lucro nos define el principio económico de que los bienes y servicios, como recursos, son limitados.

En la UNED sabemos que eso es una verdad relativa, porque nuestro mayor activo como Universidad, es el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento, como mercancía y como recurso, es ilimitado, de hecho, cuanto más se comparte más se genera. Y muchas de las limitaciones físicas que tiene brindar los servicios educativos, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación pueden ser parcialmente atenuadas y en algunos casos, hasta superadas.

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Nosotros sabemos también que la crisis en nuestro país, como la fiscal del Estado (que ya lleva más de una década), no es solamente un tema presupuestario, también el modelo país y sus paradigmas están en crisis, lo vemos en el aumento de la desigualdad y el hambre, el empobrecimiento de las comunidades, la reducción de las oportunidades de empleo y el debilitamiento del Estado de Derecho, al igual que grandes retos globales nos afectan, como el calentamiento global, el desastre climático, la contaminación y muchas de los factores que los han causado, han contribuido o han surgido como secuelas de esos grandes fenómenos.

El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas y construcción de efectos demostración que muestren que otro “mundo es posible”. Esto será en lo micro y en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos y teorías que promueven el bien común. Y como Universidad, la UNED está llamada a comprender de otra manera al planeta, a Centroamérica, a nuestro país, sus regiones y sus comunidades, la solidaridad y las múltiples y variadas relaciones entre los seres humanos.

En nuestra práctica en la Dirección de Extensión y en las Sedes Universitarias de la UNED hemos hecho aportes de valor para construir modelos “alternativos-micro” de sociedad, en muchas comunidades donde estamos, desde otras formas de hacer y entender la participación y la política, para implementar avances sustantivos tras concepciones de democracia social efectiva, desde valores como el diálogo, el respeto, la cooperación y el trabajo colaborativo.

Desde muchas actividades gestionadas por las Escuelas se plantea la importancia de la soberanía alimentaria, confrontando el modelo de producción del agro-negocio – visualizado desde el monocultivo con su prioridad exportadora–, con un uso abusivo de tóxicos, que considera a la tierra como una simple mercancía y desprecia totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y el ser humano mismo, para construir nuevos paradigmas que rescaten la producción familiar agro-ecológica, sustentada en la cooperación agrícola, ojalá con el necesario ingrediente de la agro-industria.

En la UNED hemos acompañado para que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, luche por el agua potable, la construcción de escuelas, alcantarillados, EBAIS, CEN-CINAI y transporte colectivo, con la clara intención de favorecer una democratización del acceso a lo público con sentido social y de reducir el efecto de la creciente violencia en las comunidades. Así mismo, propuestas de agricultura urbana, como los huertos colectivos y tantas otras iniciativas socioculturales que intentan modificar los paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana y que se suman a otras tantas formas de cuestionamiento a los valores hegemónicos de un sistema dominante, consumista y excluyente que no tendrá cabida cuando el planeta ya no permita esas formas de organización social y productiva excluyentes y polucionantes, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad colectiva.

Por ejemplo, desde el Programa de Gestión Local pensamos que existe otro pensamiento posible y hemos acompañado la participación indígena en sus procesos comunitarios, consustanciándose la concepción del “Buen Vivir” como una alternativa al desarrollo convencional, al igual que lo hicimos apoyando ASADAS de todo el país y con la comunidad ribereña organizada en el Río Sarapiquí, rescatando el “bien común” o el “bien público”, como conceptos desde el “nosotras y nosotros” y no más desde el individualismo negador de los retos y responsabilidades como especie.

La UNED desde la academia y la investigación abre su acción a diversos actores de la sociedad civil con quienes dialoga y coadyuva en lo posible a la articulación de las instituciones públicas para lograr el cumplimiento de objetivos por medio de sinergias entre todas las partes interesadas. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, ha trabajado de la mano con numerosos gobiernos locales fortaleciendo el presupuesto participativo en sus distritos y la rendición de cuentas como herramientas de democracia directa, logrando que sean espacios de reflexión e intercambio desde una perspectiva de democracia social efectiva.

Y con la apertura del nuevo canal televisivo, la UNED tendrá la oportunidad de compartir prácticas locales, experiencias comunales exitosas, incorporar también las constantes reflexiones sobre la comunicación alternativa como necesidad, como búsqueda existencial y como condición ideológica para acercar mundos, promover la conjunción de experiencias, desarrollar nuevas propuestas, revitalizar el debate sobre conceptos y paradigmas y ayudar a nuestro pueblo, a recuperar su pleno derecho a soñar y a ejercer de forma activa su rol como ciudadano global.

Por eso y mucho más es que en la UNED debemos renovar nuestro derecho a soñar y es desde el máximo órgano permanente de gobernanza, como es el Consejo Universitario, que debe trabajarse en renovar todos los esfuerzos en construir esa práctica transformadora y liberadora, generadora de oportunidades y constructora de comunidades de conocimiento, en cada Sede Universitaria, en cada Escuela, en la producción de materiales multimediales, la editorial, las vicerrectorías, en cada centro o instituto, en cada programa de investigación, extensión y de vida estudiantil. Como para el espacio al que estamos convocados en el marco del V Congreso Universitario de la UNED.

No puede ser que con 45 años de existencia en la UNED trabajemos por la interdisciplinariedad con una oferta reducida y en muchos casos carentes de componentes básicos, como es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el uso intensivo del conocimiento, como recursos que deben ponerse a disposición de las comunidades, generando capacidades para desarrollar riqueza para todos.

Por supuesto que la estabilidad laboral, el desarrollo de un sistema de remuneración equitativo a lo interno y competitivo a lo externo y ámbitos laborales al servicio del desarrollo humano, académico y de la eficiencia administrativa y logística, son básicos para fortalecer nuestro derecho a soñar. Pero eso pasará por la construcción de una nueva UNED con un sentido inclusivo y transformador, comprometida con la vida, con la sociedad y con la comunidad universitaria.

Los retos que enfrenta la UNED son enormes, cómo atenderlos en forma articulada, es desde el Consejo Universitario promoviendo sesiones consultivas en las regiones, con las diferentes unidades de la universidad donde se debe comenzar, promoviendo el diálogo franco y el análisis concienzudo para apuntalar nuestras fortalezas e ir superando nuestras debilidades.

El próximo miércoles 12 de octubre de 2022 concluye el proceso para elegir un miembro interno al Consejo Universitario y las personas miembros del padrón universitario tendrán que escoger entre diez personas candidatas, quien lo representará a nivel interno, al igual que lo harán entre tres pretendientes para un puesto de miembro externo al mismo órgano. En lo personal, agradezco a todas y todos mis compañeros y a todas y todos los estudiantes que han leído mis comunicaciones y han considerado mi nombre como la persona a ocupar esa representación, porque les ha resultado de valor mis reflexiones.

Invito a todas y todos los académicos, administrativos y estudiantes que todavía no han podido informarse y tomar una decisión, a que lo hagan para contar con una comunidad comprometida e involucrada con el buen funcionamiento de sus órganos de decisión.

De mi parte, mi total gratitud.

Un saludo fraterno.

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

BUSSCO demanda cumplimiento del mandato constitucional de financiamiento a la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

Ante el marco reduccionista del gobierno de Chaves y la argumentación falaz de la ministra de Educación, BUSSCO rechaza el recorte del 25% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y denuncia la grave afectación que esto significaría para el baluarte en la democracia y pilar de la construcción del Estado de Derecho como lo ha sido la educación pública.

Esto solo refleja la estrategia del sector neoliberal para debilitar la educación en el sector público, además de desprestigiarla para favorecer la privatización de los servicios.

Es por esto que BUSSCO muestra total apoyo al sistema educativo público y exige al gobierno que cumpla con el mandato constitucional otorgado a financiar la educación pública de este país.

Compartimos el comunicado en la siguiente imagen.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

¿Montesquieu en el olvido?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

HAY quienes no lo conocen o quizá, han olvidado las lecciones de educación cívica en secundaria, pero el Barón de Montesquieu (1689 – 1755) fue uno de los más importantes y reconocidos filósofos políticos de La Ilustración. Precursor de la antropología y la sociología, construyó un recuento naturalista de las diferentes FORMAS DE GOBIERNO y, más trascendental aún, de las causas de su evolución o limitado desarrollo.

Magistralmente explicó cómo los gobiernos podrían ser preservados de la corrupción y vio en el despotismo, principalmente, la forma en cómo podía surgir un peligro permanente para cualquier gobierno que no fuera despótico, ante lo cual argumentó que era mejor prevenirlo por medio de un sistema en el que diferentes cuerpos ejercen el PODER JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO y en el que ellos tres, estaban enlazados estrechamente por el estado de derecho. Teoría de la separación e independencia de poderes derivada por él a partir del conocimiento de la monarquía parlamentaria británica, que habría de tener eventualmente un enorme impacto en la teoría política liberal y en los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

Para Montesquieu los poderes administrativos ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados y depender unos de otros para que la influencia de cualquier poder no pueda exceder la de los otros dos, ya sea individualmente o en combinación. Fórmula que hoy podría parecer sencilla, pero que fuera cuidadosamente elaborada gracias al genial pensamiento de tan gran filósofo. Escribió: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura se combina la autoridad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Nuevamente, no hay libertad si la autoridad para juzgar no está separada de las autoridades legislativa y ejecutiva. Si se combinara con la autoridad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería ARBITRARIO, pues el juez sería el legislador. Si se combinara con el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar resoluciones públicas». (El Espíritu de la Ley, XI, 6. 1748).

Por nuestro lado, además de recogerse esas premisas en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 es diáfano en señalar que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes».

Montesquieu reafirmó que la libertad era posible cuando los poderes del gobierno eran limitados y que la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, era la mejor forma de alcanzar la libertad y el bien común. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», sentenció. Tiranías que con cierta abundancia han vivido y viven los pueblos latinoamericanos donde la sola mención del Barón de Montesquieu le produce escozor a los déspotas. Personajes que entre menos piensan más hablan, más engañan, más desprecian la institucionalidad, en su camino hacia el vasallaje de los habitantes que, ha sucedido, fueron cómplices de la construcción de ese cuartel de anchos y altos muros.

Por tanto, no puede, no debe, es insólito, es irrespetuoso, es inconstitucional, que el presidente de uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aprovechando una visita protocolaria a la sede del Poder Judicial, emitiera palabras que lo hicieron ver cual si fuere el presidente del Poder Judicial que le acogiera como visitante. Expresiones efectistas remanentes de una campaña electoral recién concluida, en que uno de los pilares fuere desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Peligrosa acción que se hace todavía más peligrosa, cuando provoca expresiones de apoyo desde los sectores especialmente fanáticos a quienes el presidente Chaves dirige su mensaje, y que quizá lo retroalimentan para que siga adelante con esa especial “cruzada”.

¡Claro que hay aspectos del Poder Judicial que hay que corregir! Como los hay también en los otros dos poderes de la República, si aspiramos a tener una sociedad justa, sólida institucionalmente, libre de corrupción de cuello blanco y camisetas, solidaria primordialmente con los miserables en miseria extrema que podrían llenar holgadamente unas quince veces el Estadio Nacional. Ni pretendemos ni quisiéramos ocultar esa dolorosa realidad, reflejo de la creciente desigualdad que excluye cada día más a los habitantes del tugurio.

Pero, asimismo, es nuestro deber alertar acerca de lo que ha sucedido para que, ¡ojalá! no se repita ni una vez más. Existen los mecanismos institucionales para corregir lo que haya que corregir, y existen también, al interno de los tres poderes del Estado, los compatriotas dispuestos a esa tarea mayor, sin que se den interferencias indebidas. Cuando a fines de 1995 un ministro de Seguridad Pública llevó marchando hacia la sede del Poder Legislativo a motociclistas uniformados, caballistas de la policía montada y 207 policías armados con fusiles M1, para supuestamente solicitar la aprobación de unas reformas penales, 54 diputados de todas las fracciones de entonces solicitaron la destitución del responsable, pues fue evidente para ellos la injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El hecho no se volvió a repetir pues la respuesta enérgica de los legisladores fue clara y contundente. Ahora, quien llamó la atención al presidente del Ejecutivo, fue su igual, el presidente del Judicial, como era su deber, pues no se podía desdeñar lo sucedido. Y no fue por un asunto personal, como algunos han sugerido, ni se trató de que el Dr. Fernando Cruz “se rasgó sus vestiduras”, como dicen otros, aunque seguramente ha de haberle dolido lo que provocara el presidente Chaves.

Legitimidad de anular

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

            No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.

            Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano,  ingresar  a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas,  en los países en vías de desarrollo.

            Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías,  se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez  más inequitativas de la región.

            Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.

            ¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos.  Figueres recibe en donación,  de un magnate amigo,  el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.

            En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.

            Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en  primera instancia.      Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.

            De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los  dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.

            Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política  en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.

            Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

Urrú

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Aplicación de un Nuevo Concepto de “Destino Manifiesto” y “Enclave” en Honduras

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila
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25 de junio de 2021

Hasta ahora los pueblos y gobiernos de América Latina han derramado sangre defendiendo los territorios donde nacieron; cada metro cuadrado del país ha sido defendido con mucho coraje, patriotismo y gallardía. No obstante, últimamente las fuerzas internacionales del obscurantismo neoliberal están experimentando con uno de los países más pobres y gobernado por narco traficantes tan corruptos, como traidores a su patria, la entrega de un tercio o más del territorio a fuerzas empresariales extranjeras. Todo con la mirada indiferente de sus “gloriosas Fuerzas Armadas”.

Contexto

Honduras “ocupa el segundo lugar en extensión territorial, después de Nicaragua, en Centroamérica con un perímetro de 2401 km y una extensión de 112.492 km²”[1] (61,392 km2 más que Costa Rica), es considerado por muchos peyorativamente, a nivel internacional, como “Banana Republic”, con un territorio de 112.492 km².

Los servicios básicos de energía y agua están privatizados, así como los servicios de educación y salud, se ha llegado a su privatización en un muy alto porcentaje. Asistir a un centro de salud clínica u hospital públicos, es apenas para atención médica, donde los insumos (medicinas e insumos), los debe comprar el paciente. El transporte público es privado en su totalidad y las principales carreteras del país han sido concesionadas, predominando compañías colombianas. En ese, naturalmente rico territorio de Honduras, hay una población mayor a los 9.5 millones de habitantes[2]. Más del 70% vive bajo la línea de la pobreza y arriba del 53.4% de ésta se encuentra en la miseria. Hay una considerable brecha entre ricos y pobres, la clase media tiende a desaparecer y un reducido porcentaje logra pasar la educación superior. El 55% de la oferta en educación superior, en 2018, era del sector público y un 1.7 del total era para sacar doctorado,[3] lo que seguramente se ha reducido en este período de la plandemia SARS-CO2. De la considerada población con ingresos medios (clase madia para muchos), ha sufrido un proceso de pauperización en los últimos dos años que se llega a confundir con el sector que vive bajo la línea de la pobreza, aun con su esfuerzo de aparentar estar en una escala superior.

Por las evidencias existentes, no solamente el gobierno central del poder Ejecutivo ha sido calificado como de mayor corrupción de su historia, pero todo el andamiaje institucional del Estado, junto a sus tres poderes e instituciones descentralizadas, con la complicidad de las elites de los cuerpos armados. Esto se agrava con los resultados de las investigaciones jurídicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia de los EUA, donde se ha confirmado el involucramiento de un numeroso grupo de funcionarios de alto nivel en el tráfico de estupefacientes y lavado de activos, logrando que el Congreso dominado por el Partido Nacional, blinde a los corruptos y narcotraficantes con leyes y reformas constitucionales, acrecentando los niveles de impunidad y el cinismo sin precedentes. La desconfianza popular ha ido creciendo constantemente, sin dejar un área e institución pública en donde se llegue a considerar como viable para algo de gobernabilidad. Concluido el segundo período continuo del actual presidente, pero el tercero del Partido Nacional, se prepara las elecciones para noviembre próximo.

Los Enclaves

Luego de la implantación desde finales del siglo XIX al XXI, de una economía de enclave[4] por empresarios estadounidenses. Para el hondureño común, ese período fue de un auge económico que únicamente y parcialmente se puede comparar, posteriormente, con la industria vinculada a la textilería e industria para prendas de vestir y de partes de autos que ha predominado desde la década de los ochentas, principalmente en la zona norte del país. Algunos historiadores piensan que la industria minera también ha utilizado el modelo de “enclave”, más que todo por la compañía Rosario.

Fue a partir de estos enclaves que surgen nuevos ricos, muchos de origen turco, árabe e israelita, y se establecen algunas empresas industriales, como las azucareras, de bebidas (ejem. Cervecería Nacional Hondureña) y financieras como los bancos Atlántida y FICOHSA. Los enclaves bananeros y mineros provocaron la reestructuración de las propiedades de tierra, pequeños y medianos propietarios desaparecieron, como en su momento sucedió con el cultivo y la industria del aceite de palma africana en la zona Atlántida, en el período de la década de los setenta, subsidiado por el gobierno de turno (gobiernos militares). A excepción de los enclaves mineros, el auge de las economías citadas, se han asentado, principalmente en la zona del litoral Atlántico hondureño (671 Km de longitud), que inicia en la frontera con Guatemala y termina en la frontera con Nicaragua, pasando por el gran valle de Sula que cubre 17 municipios, en una extensión territorial de 7,384.6 km2 de adonde se extrae el 63% del PIB nacional y habita un 27% de toda la población[5]. Además, es donde se considera que está la mayor reserva de petróleo aun sin explotar[6].

Sabemos que los enclaves modernos tienen nuevas exigencias y características. La índole de su inversión es diversificada, incluye diferentes compañías y empresas, como su mercado es diversificado. Todo lo que se produce y procesa es para los mercados extranjeros. Sus inversores y empleados no tienen ningún interés en la población que habita en su entorno, excepto por su fuerza laboral. Es una población que no tiene arraigo alguno en los territorios que ocupan. Son tratados como extraños o extranjeros, con la única función de servir a la empresa que lo contrata, bajo condiciones establecidas por los dueños del enclave, sin intermediación de un gobierno o agencia defensora de los derechos laborales. Los enclaves son completamente comandados por sus dueños.

Las ZEDES en Honduras

La oposición política está bastante fraccionada, luchando sin estrategia unificada, en los últimos once años y medio. El Partido Nacional (que de nacionalista no tiene más que el nombre) quiere continuar gobernando después de estar en el poder por los últimos once años[7]. En caso de fracasar en sus pretensiones, sea que gane o pierda, el grupo gobernante tiene una cuartada para seguir enriqueciéndose con la explosión de los recursos del país mediante el proyecto de ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Proyecto que ha gestado desde la sombra durante todos esos años, presentándolo ocasionalmente a la asamblea de diputados para reformas jurídicas y aprobaciones, últimamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a conveniencia de sus beneficiarios. A diferencia de las Zonas Libres de impuestos, para la inversión extranjera en áreas industriales establecidas en la década de los noventas, cubriendo áreas de hasta 15 hectáreas de terreno, las ZEDES son áreas territoriales de varios miles de hectáreas del territorio nacional donde se pueden instalar diversas compañías para explotar todos los recursos naturales, fuerza laboral, infraestructura e instituciones públicas y privadas con autonomía política, jurídica, de seguridad, libre de impuestos, con manejo fiscal y comercial autónomo, estableciendo y utilizando los medios de comunicación y transporte que mejor les convenga. Esos territorios pueden estar ocupados por poblaciones y asentamientos humanos originarios, pueden incluir zonas urbanas y rurales, las que pueden ser expropiadas por los nuevos inversionistas. Las políticas de contratación, administración y gestión de negocios serán establecidas por los inversionistas. Estas ZEDES, hasta ahora están definidas para cubrir una tercera parte del espacio territorial hondureño, particularmente adonde están los espacios con mayor potencial económico como son las costas del Atlántico y del Pacífico, formando una especie de encierro geográfico a los territorios que, por el momento, no están en oferta, ubicadas en la zona central o, interior del país, sin que eso pueda asegurárseles ser intocables en el futuro.

Esos espacios geográficos que hasta el momento tienen divisiones políticas denominados departamentos y municipios, estructura y jurisdicción definidas en la Constitución, cubre 39 mil 331 kilómetros cuadrados. La compra venta de estos espacios territoriales ya entraron al mercado y desde ahora se inicia la expropiación de sus dueños hondureños para ser transferidos a los nuevos dueños extranjeros y nacionales que hayan decidido invertir en ellos. Para los procedimientos el gobierno actual ha permitido el formal establecimiento de una nueva “constitución” con la normativa y reglamentación en cienes de páginas escritas, firmadas y selladas por los tres poderes de la República de Honduras.

Es algo así como ha venido ocurriéndole a Palestina, donde los israelitas sionistas han ido ocupando su territorio paulatinamente, sin importar quienes habitaron y compraron o se establecieron en esos bienes raises por décadas anteriores. Solamente que, en Honduras, es el mismo gobierno o Estado quien ha gestionado la entrega en venta a firmas y personas extranjeras con algunas nacionales particularmente a empresas con orientación muy conservadora.

Mientras escribimos este artículo, una comisión del gobierno, que incluye a lideres religiosos evangélicos, esta en visita oficial en Israel. Todas las señales nos dicen que detrás de este proyecto ha estado la asesoría constante del gobierno sionista de Israel. Y, coincidiendo con esto, podemos notar el apoyo del gobierno de los EUA, desde el golpe de estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales, en 2009, pasando los años del gobierno de Trump, hasta el actual de Joe Biden. Ya es sabido que el actual presidente Joe Biden se declaró sionista en noviembre de 2016, cuando en Nueva York afirmo: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”[8]

El Concepto “Destino Manifiesto” y Grandes Conflictos por Territorialidad

Lo que actualmente ocurre en Honduras, puede llevarnos a recordar el “origen del concepto del «Destino Manifiesto» [el cual] se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos” [de Norte América]. Bajo ese concepto se justificaba el uso de cualquier medio para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar.16​ Fue así que el filibustero estadounidense, William Walker, médico y abogado, armó a un grupo de reclutas conocidos como «Los Inmortales», para invadir, en 1855, Centro América, tomándose por las armas a Nicaragua y luego, invadió la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, de donde fuera expulsado. Más tarde es aprendido y fusilado en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860.[9]

En nuestra historia es casi inexistente un país de América Latina que no haya tenido o no tenga conflictos fronterizos por la delimitación fronteriza y no haya defendido hasta con los dientes su territorio usurpado por terceros países, normalmente vecinos. Para ejemplo, los más mencionados en este tiempo son Bolivia con su acceso al mar y sus derechos en disputas con Chile por décadas. También están los conflictos entre Paraguay y Brasil en las riberas del río Paraná.

En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, cuando las tropas estadounidenses entraron a la ciudad de México, hasta la formalización de la cesión por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, cuando México traspasó el 119% de su territorio actual a los EUA.[10]

Afuera de nuestro continente, se distingue el caso de Palestina. Cada año, a partir de 1948, Israel ha venido ocupando, contra la voluntad de Palestina, más y más territorio de su país, con centenas de muertos en un conflicto que la misma ONU no ha sido capaz de intermediar adecuadamente, porque el lobby israelita sionista en Washington es tan fuerte que EUA siempre ha vetado las decisiones del Consejo de Seguridad para favorecer a Israel.[11]

Las preguntas obligadas ahora son:

  1. ¿Está y, ha estado, el sionismo israelita detrás de las autoridades y algunos empresarios hondureños?
  2. ¿La tolerancia de la administración de la Casa Blanca ante los abusos de autoridad, crimen organizado, lavado de activos, violación constante de los derechos humanos y destrucción del Estado de Derecho por parte del gobierno de Honduras durante la última década, se debe al padrinazgo sionista y al uso de su territorio como plataforma contra otros países de América del Sur?
  3. ¿La compraventa de buena parte de Honduras en pedazos bajo el título de ZEDES, obedece a una estrategia de posesionar a las grandes corporaciones de territorios dentro de un Estado constituido como el hondureño, aun violentando su Constitución, para luego de aprender de este experimento, pasar luego a otros países bajo el principio ya actualizado de “Destino Manifiesto”?

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Honduras

[2] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-pobreza_la-pobreza-en-honduras-subi%C3%B3-a-70—en-2020-por-culpa-de-eta–iota-y-la-covid/46581382

[3] https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas

[4] Desde el concepto más tradicional de monocultivo para exportación, además de control territorial, el poder político interno y administrativo, sin generar beneficios económicos nacionales, más que la mano de obra barata y alguna infraestructura residual Marlin Oscar Avila

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Sula

[6] https://criterio.hn/en-honduras-hay-petroleo-pero-el-gobierno-mantiene-el-tema-en-secreto/

[7] http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf

[8] ” https://www.hispantv.com/noticias/opinion/493847/coalicion-netanyahu-israel-gabinete

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Cesi%C3%B3n_mexicana

[11] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54162476

¿Por qué es inconstitucional el proyecto de Ley Marco de Empleo Público?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.

         Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.

         La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.

         De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.

         Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:

  1. Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
  2. El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
  3. Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
  4. ¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
  5. Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.

         En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos.   Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.