Ir al contenido principal

Etiqueta: estado de derecho

¿Qué hacer? Una reflexión sobre la izquierda política hoy

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Considerando a la izquierda política como aquellos movimientos sociales, o partidos políticos, que de una u otra manera se autoproclaman representantes de los sectores populares, frente a los sectores oligárquicos o políticamente dominantes, en el contexto de una sociedad política, y económicamente dividida en clases sociales, se puede afirmar que la izquierda costarricense surgió a finales del siglo XIX, al calor también de la influencia que empezó a tener la información sobre los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas que estaban surgiendo internacionalmente, de lo que se tenía noticia, así como de las luchas sociales y populares del movimiento obrero y sindical organizado, que también empezó a repercutir en el país.

La clave de la definición de la izquierda fue la lucha por el poder popular, por el poder político en manos de la clase obrera, en su versión más clásica, y la instauración de un sistema político superior al capitalismo, llamado socialismo, como antesala al comunismo o la sociedad comunista. Para lograr este objetivo todo espacio político era aprovechable, especialmente la lucha organizada de la clase trabajadora y los espacios parlamentarios que se pudieran obtener.

La izquierda costarricense históricamente así la podemos representar, en distintas etapas o momentos históricos, y desde distintos ángulos de análisis.

Así, durante el período liberal, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la izquierda se puede representar, en el plano político, en la figura de Félix Arcadio Montero, el último Rector de la Universidad de Santo Tomás, que hacia 1886, frente al movimiento liberal, que hacía que sus miembros se identificaran con el “partido liberal”, cuando aún no habían surgido los partidos políticos, impulsó un partido de obreros, trabajadores y artesanos, distinguiendo de esa manera los dos grandes grupos sociales, y políticos, de la sociedad costarricense, al tiempo en que ya se habían desarrollado, desde 1874, las Sociedades de Artesanos, Sociedades de Trabajadores y Sociedades de Obreros, que eran claramente clasistas en las cuales solo podían organizarse Artesanos, Trabajadores y Obreros, período en el que empezó a surgir con una intensa prensa social una clara “conciencia social de clase”.

A partir de 1890 cuando surgieron los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, y mediante los cuales solo por medio de ellos se podía aspirar a puestos de elección popular, Félix Arcadio Montero organizó el Partido Independiente Demócrata, con una definición más clasista, convocando a sus filas a los chaquetas, descamisados y descalzos, obligando a que los partidos oligárquicos de esos años crearan, bajo sus banderas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores, con el propósito de atraer sus filas a los trabajadores, obreros y artesanos.

En ese final de siglo los trabajadores eligieron diputados que se identificaban con ellos en general. Así fueron electos Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, ambos por el Partido Independiente Demócrata y Víctor Gólcher, por uno de los partidos liberales.

Su planteamiento político descansaba en que desde el Congreso se podían hacer leyes que beneficiaran a los trabajadores en general. No había una clara concepción de la toma del poder para la clase trabajadora. Su preocupación fue elegir diputados.

Esta tesis se conoce como la lucha política parlamentarista, donde se concentra toda la atención en el papel de los discursos parlamentarios promoviendo leyes o enfrentando posiciones, sin vincular esa acción legislativa a la lucha por el poder político para la clase o clases trabajadoras.

A principios del siglo XX surgieron las ligas de obreros y los sindicatos, tal y como los conocemos hoy. Huelgas se dieron en el siglo XIX y desde principios del siglo XX.

En la década de 1910 hubo diputados representantes de los trabajadores como Aristides Montero Segura, hijo de Félix Arcadio Montero. En 1905 se fundó la primera Federación de Trabajadores y, en 1913, la primera Confederación General de Trabajadores, impulsando niveles más altos de organización y de lucha. El Centro de Estudios Germinal, impulsado por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes fue clave en este fortalecimiento del movimiento obrero, que ese mismo año, 1913, empezó a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, a la par de la celebración de la rendición de William Walker, que originaba el día feriado.

La sociedad costarricense se había transformado. Había un desarrollo urbano pujante y un desarrollo industrial que marcaba el inicio del capitalismo en el país, a la par de un capitalismo agrario en marcha con las inversiones extranjeras en banano especialmente. Era el inicio de la época del imperialismo y de la política del Gran Garrote de los Estados Unidos.

Para las elecciones de 1913 participaron tres partidos obreros, el partido Obrero en Limón, el partido Obrero en Grecia y el partido Obrero en San José. Estas tres ciudades concentraban importantes grupos de obreros y trabajadores, agrícolas e industriales.

Las ideas anarquistas, socialistas y comunistas habían llegado a Costa Rica desde finales del siglo XIX. Las socialcristianas también con la Encíclica Rerum Novarum. Hasta aquí no había un planteamiento local de la toma del poder para la clase trabajadora.

Fue el Dr. Aniceto Montero, quien había estudiado en Europa y se había ligado a la Asociación Internacional de Trabajadores, la II Internacional, y al movimiento político de los bolcheviques dirigido por Lenin, quien a partir de 1917 intenta fundar un partido Socialista leninista, impulsor de la lucha de clases sosteniendo que la clase obrera debía gobernar y dirigir el país, y propiciando como modelo de nueva democracia y más amplia la Dictadura del Proletariado. Aniceto fue el antecedente político más importante al Partido Comunista, que se funda en 1931.

En el período legislativo 1920-1924 uno de los fundadores del Centro Germinal, José María Zeledón fue diputado.

Durante esos años hasta la muerte de Lenin en 1924, impulsó las ideas comunistas y la idea de la Dictadura del Proletariado como un concepto de una democracia superior a la existente, en tanto representaba más ampliamente a la sociedad costarricense en todos sus trabajadores, mientras para él los gobiernos hasta entonces existentes era de grupos oligárquicos.

En esos días Farabundo Martí, que había pasado por Costa Rica, en 1919, funda el partido Comunista de Centro América, en 1920. La Revolución Rusa provocaba en Europa levantamientos populares en distintos países y regiones.

Frente al movimiento Socialista del Dr. Aniceto Montero surgió el Partido Reformista de Jorge Volio, que lo eligió diputado, junto a Julio Padilla, en la década de 1920 y con ellos se logró materializar la lucha de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1925, que se venía luchando desde 1908. En 1922 Vicente Sáenz fundó un Partido llamado Progresista, y en 1935 el Partido Socialista Costarricense. Otras expresiones partidarias a finales de la década de 1920 fueron la sección costarricense del APRA, “Alianza Popular Revolucionarias Americana”, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Igualmente importantes fueron la Confederación Obrera Centroamericana desde 1914, la Confederación Obrera Panamericana, en cuya fundación en 1919 estuvo Joaquín García Monge, representando al movimiento obrero costarricense. Se intentó fundar el Partido de Unión de Centro y Sur América y las Antillas, en 1927. En ese período había fuertes movimiento unionistas centroamericanos.

En el segundo lustro de la década de 1920, en los años de 1925 a 1930, se dieron diversos grupos y movimientos políticos de izquierda que no participaron en elecciones, hasta que en las elecciones de medio período, de 1930, se inscribió el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales que impulsó sin éxito electoral la candidatura a diputado de Joaquín García Monge, la de Ricardo Moreno Cañas y la de Alejandro Montero Segura, hijo de Félix Arcadio, entre otras candidaturas.

En junio de 1931, en medio de la crisis de la gran depresión se fundó el Partido Comunista de Costa Rica que, a partir de ese año hasta 1948, pasó a representar a la clase trabajadora nacional y a hacerse abanderado de la lucha por el socialismo y comunismo en el país, con gran sentido de la realidad, entendiendo que eso no era posible hasta que en la mayoría de los países del mundo y en las sociedades avanzadas, como la de Estados Unidos, ese proceso no estuviera en marcha, lo que se ha llamado el “comunismo a la tica”, que impulsó el Partido Comunista de Costa Rica, con su principal líder Manuel Mora Valverde.

Su preocupación política fundamental, desde entonces fue, al igual que los partidos políticos que levantaron la representación popular, fue meramente parlamentarista, es decir llegar con diputados al Congreso o a la Asamblea Legislativa, para desde allí impulsar o contribuir a impulsar legislación social, y reformas sociales y políticas avanzadas para el Estado y a sociedad costarricense. Ir avanzando en un fuerte conciencia social y política. No hubo en términos reales una propuesta de toma del poder para la clase trabajadora, ni siquiera como lucha política, más allá de así declararlo en determinados documentos políticos.

El Partido Comunista se hizo heredero directo de las luchas obreras y sus organizaciones sociales, especialmente de la Unión General de Trabajadores, que le sirvió de base de crecimiento en el período de la Gran Depresión, 1931-1934 y hasta 1938.

A partir de 1934 hasta 1948 el Partido Comunista eligió sus diputados. En la elección de 1939 se constituyó en la segunda fuerza política electoral, con un 9% de votación a su favor. El éxito de su crecimiento, entre otros elementos estaba que alrededor de las luchas parlamentarias movilizaban sectores populares en su apoyo. Los años duros de la II Guerra Mundial facilitaron la alianza en el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del gobierno, la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde, alianza que condujo al cambio de nombre del Partido Comunista por Partido Vanguardia Popular y a la Coalición política Bloque de la Victoria, para las elecciones de 1944 entre estas fuerzas postulando a Teodoro Picado Michalski a la Presidencia de la República, sin que Vanguardia Popular tuviera un solo ministerio en su gabinete.

La izquierda socialista, así puesto, no ha tenido experiencia de ejercer gobierno. Ha tenido la experiencia de participar en procesos electorales, especialmente desde 1934 hasta 1948 y partir de 1970.

En el período de la Segunda República hasta 1975 el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, estuvo formalmente ilegalizado, sin posibilidad de participar directamente en elecciones. En 1962 apoyó al Partido Acción Democrática Popular que eligió a Julio Suñol Leal. A partir de 1970 eligió a Manuel Mora Valverde y a Marcial Aguiluz Orellana, momento a partir del cual se crearon las condiciones para eliminar las restricciones constitucionales y legales que existían sobre su participación electoral. Para este momento, habían surgido en el país otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Revolucionario Auténtico, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista Costarricense, que empezaron a participar en elecciones. En 1974 el Partido Socialista lanzó su consigna “¡El pueblo al poder! ¡Tiemblen ricos! Ese año bajo el liderazgo de Rodolfo Cerdas Cruz, un excomunista, se fundó el Frente Popular que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Y en 1978 estas fuerzas se coaligaron con Vanguardia Popular en Pueblo Unido, llegando a elegir en 1982 a cuatro diputados. Pueblo Unido fue un esfuerzo muy importante de unidad política, que quiso ampliarse a sectores progresistas e independientes de la social democracia y el socialcristianismo.

Las elecciones, como mecanismo de participación popular, solo conducen a la toma del gobierno y a la representación parlamentaria y municipal. No estrictamente a la toma del poder político como palanca del poder estatal.

Ni siquiera en la alianza política de 1943 para impulsar y aprobar la Reforma Social de la Garantías Sociales y del Código de Trabajo, se logró que el Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, como resultado de esa alianza, obtuviera un Ministerio, en el final del gobierno de Calderón Guardia, 1943-1944, o en el de Teodoro Picado, 1944-1948, que resultó de la coalición Bloque de la Victoria, en 1944, ni siquiera para dirigir la Secretaría de Trabajo.

Cuando ha habido ministros de izquierda o de tradición comunista en el período posterior de 1948, como fue el Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, quien había sido militante del Partido Socialista Costarricense, Ministro de Cultura del Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, o de Patricia Mora Castellanos, militante de Vanguardia Popular, de Fuerza Democrática y del Frente Amplio, que fue Ministra de la Mujer, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, ninguno de ellos resultó de una alianza política de sus Partidos con los partidos gobernantes, Liberación Nacional o Acción Ciudadana. Fueron escogidos literalmente a dedo, por méritos personales o reconocimientos políticos pero no por pactos o alianzas estratégicas de los partidos políticos. Fueron circunstancias particulares que los llevaron a esas alturas del poder políticos expresado en el Gobierno. Arnoldo Mora fue ministro los cuatro años de gobierno. Patricia Mora ministra casi tres años de gobierno porque renunció al mismo con motivo de las reformas retrógradas que impulsaba el gobierno de Carlos Alvarado, con las cuales no estaba de acuerdo.

Los partidos de izquierda, el Socialista Costarricense había sufrido una crisis divisoria a finales de la década de 1970 que se agudizó a inicios de la década de 1980, provocando su desaparición. El Movimiento Revolucionario del Pueblo igualmente desapareció en esta década. El Partido Vanguardia Popular tuvo su dramática crisis divisoria a mediados de la década de 1980, divisiones que afectaron a todos los movimientos sociales y sindicales del país, provocando en mucho su debilitamiento actual.

Las grandes luchas populares de 1970, contra la ALCOA, contra el Combo del ICE en el año 2000 o contra el TLC, en el 2006 y 2007 tuvieron otros resortes, que contribuyeron a las grandes movilizaciones, que a su alrededor se realizaron. En las tres luchas había diputados activos que se convertían en los elementos aglutinadores de las movilizaciones populares que se hacían a favor de las luchas que ellos daban en la Asamblea Legislativa. Ese fue un factor determinante. Había movimientos estudiantiles activos, que se movilizaban políticamente desde la izquierda. Había sindicatos con importante influencia de la izquierda que también se movilizaron. Hoy, por ejemplo, los sindicatos del ICE, de la CCSS, del INS, del BPDC, del sector bancario y de las instituciones públicas casi no se sienten frente a las amenazas que existen contra esas instituciones y contra sus sectores laborales, por los despidos que se están realizando. Los sindicatos magisteriales han perdido mucho su capacidad de combate, ni siquiera en defensa de su sistema de pensiones. Los sindicatos no se sienten frente al congelamiento de salarios de casi cinco años que existe proyectado para los próximos cuatro años. Ninguna lucha social, después de TLC, se ha realizado apoyando gestión legislativa alguna.

Electoralmente ha habido un ciclo de subibajas parlamentarias, especialmente con la participación del Frente Amplio desde el 2006, sin que alrededor de sus diputados igualmente se haya hecho alguna movilización popular trascendente. El Partido Acción Ciudadana tampoco sirvió para fortalecer parlamentariamente luchas o movilizaciones. Su segundo gobierno fue un retroceso institucional en el país. Los diputados de estos partidos en estos años poca memoria afirmaron en el colectivo social. Los actuales diputados del Frente Amplio se distinguen como parlamentarios, pero sin arraigo fuera del recinto parlamentario. Con simpatías políticas sobre su ejercicio parlamentario, pero sin luchas alrededor de las cuales se les aglutinen sectores movilizados. Los grupos de orientación trotskista se mantienen activos, pero alejados de la organización y las luchas populares, con un visión de poder político sin ningún planteamiento real y posible de alianzas con otros grupos.

Frente a la elecciones próximas, las de febrero del próximo año, la militancia histórica de lo que fue la izquierda carece de una alternativa política real y posible. Hay discusiones de exmilitantes de aquellos partidos en que se plantean la posibilidad, que ya no existe, de formar un partido político. El escenario electoral ya está marcado. No hay posibilidad alguna de impulsar la inscripción de otro partido. Todavía no se ha señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son en definitiva los partidos inscritos. Parte de esta izquierda, sin militancia partidaria, discute si votar por el Frente Amplio o por el esfuerzo que está haciendo Acción Ciudadana de lanzar candidata presidencial. Con grandes dudas se realiza este debate y sin precisión de candidatos.

¿Frente a las elecciones próximas qué es lo que se está jugando? Esta es la pregunta principal. ¿La posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles continúe con otro candidato y otro partido político? Este es el principal reto político nacional que existe. Esta es la realidad que no se está apreciando bien por esta izquierda política.

Frente a este peligro real el escenario que se está levantado es con los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, de Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, de Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, de Eli Feinzaig del Liberal Progresista, de Fabricio Alvarado de Nueva República. Por ahora no hay otros candidatos ni otras alternativas políticas, que permitan ir viendo hacia dónde van las procesiones de febrero.

Frente a las elecciones de febrero se juega la democracia política, la democracia institucional, el Estado de Derecho y la división de poderes, el Estado Social de Derecho, las Garantías Sociales a las que les quieren aplicar la guillotina, la jornada de trabajo 4-3, los sistemas de pensiones, el aumento de la edad de retiro para pensionarse, el traslado del pago del ROP hasta la edad de 115 años lo cual es un absurdo y un sin sentido, el debilitamiento mayor de la educación y salud pública, el aumento del desempleo, del trabajo informal, de los bajos salarios, el mayor incremento de la criminalidad, del narco estado y del narco gobierno de continuar el actual. Se juega la Soberanía Nacional, la Independencia Nacional y el régimen de libertades y derechos de los costarricenses. Esta es la realidad.

Frente a las elecciones de febrero próximo ya no hay posibilidad de realizar coaliciones políticas electorales. Todos los partidos van por la libre. Todos los ciudadanos “al garete”, a la deriva, sin control ni orientación política, lo que conduce a fortalecer el caos y desorden de la proyección posible del actual gobierno.

Recordemos que en Costa Rica no se puede reelegir un presidente. El presidente Chaves no se puede reelegir. Pero sí se puede reelegir un partido político. Se han reelecto los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. En el ambiente político actual bien puede elegirse el candidato al que el presidente Rodrigo Chaves le dé el visto bueno y lo apoye para su elección. Esta es una realidad. No hay que engañarse, ni hacer la del avestruz.

Rodrigo Chaves, que había quedado de segundo en las elecciones de febrero del 2022, ganó porque electorado no votó por Liberación Nacional y especialmente por José María Figueres. Apostaron a una nueva cara y a un discurso que se ha afirmado más en la gestión de gobierno de Rodrigo Chaves, que es el discurso antisistema, anti todos los partidos políticos, anti todos los políticos, anti todos los que ha gobernado, anti todos los diputados actuales exceptuando a los que apoyan el presidente Chaves, el discurso de hacerse ver como el presidente de todos los costarricenses, de todos los trabajadores, de todos los excluidos y marginados socialmente, que todas esas fuerzas no lo dejan gobernar. Este discurso en Chaves sigue siendo válido. Lo recoge en cierta forma la simpatía y reconocimiento que tiene en las encuestas, que sus opositores, líderes y partidos no quieren ver bien ni analizar correctamente.

¿Y si como puede suceder Rodrigo Chaves se lanza a diputado en agosto? El escenario político va a cambiar. La lucha por las diputaciones va a ser lo más importante. Rodrigo Chaves candidato a diputado va a tener su propia fuerza. El partido que lo postule va a sacar sus diputados, no los 40 que Chaves dice que deben nombrarse nuevos, pero sí una importante mayoría. El partido que postule a Chaves tendrá igualmente mayor posibilidad de ir a finales en caso de una segunda ronda.

La izquierda debe recordar que en determinados escenarios hay que tomar decisiones importantes. Sin alternativa electoral, el partido Vanguardia Popular, en 1958 llamó a votar por Mario Echandi, bajo el concepto de “la oposición triunfará”, y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber de Liberación Nacional, que los había puesto fuera de la Ley y que en el gobierno de Francisco Orlich ilegalizó el Semanario Adelante.

El gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, apoyado por Liberación Nacional y José Figueres, nombraron a Manuel Mora Agente Comercial de Costa Rica para vender café y azúcar en los países socialistas, ante la crisis que tenía el país, lo que facilitó a pesar de la ilegalidad electoral al Bloque de Obreros en 1969, de la participación electoral del Partido Acción Socialista en 1970 que eligió a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y la apertura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Figueres, 1970-1974, con los países socialistas. Esta es la realidad política.

El partido Liberación Nacional especialmente tenía en su seno “sectores” de izquierda, progresistas y democráticos. También los había en otros partidos, así como había “independientes” de izquierda. Hoy estos “sectores” de izquierda no se tienen con claridad en esos partidos. ¿Pero los hay todavía democráticos? Esa es una lucha que no se da abiertamente en esos partidos. Pareciera que predominan los sectores conservadores y de la derecha política, alineados con la situación internacional dominante. La “izquierda” hoy es más variada y poco definida.

Para mí, la lucha electoral del 2026, de los próximos diez meses, estará centrada en la necesidad de preservar el desarrollo democrático nacional e institucional y los derechos sociales y laborales. Esta es la clave para definir el rumbo para ir a votar.

Escudo Democrático convoca «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica»

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con el apoyo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo el colectivo Escudo Democrático ha convocado la «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica». Esta actividad se realizará este viernes 11 de abril a las 7:00 de la mañana, con inicio en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela.

De acuerdo con la información compartida, la marcha tiene diversos objetivos, entre ellos la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como la independencia de los Poderes de la República y el respeto a la Constitución.

Las personas participantes también manifestarán su respaldo a una Caja Costarricense de Seguro Social pública, fuerte y solidaria, además de defender instituciones estratégicas como el ICE, el AyA y el INA.

Entre otras reivindicaciones se encuentran la educación crítica, libre y universal; la libertad de prensa y el derecho a disentir; los derechos laborales, ambientales y sociales; la agroindustria; y el derecho a organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas.

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en participar en esta manifestación por la democracia costarricense.

Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Escrito en . Publicado en Derechos.

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

Guatemala: Piden garantizar la toma de posesión de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones internacionales firmantes manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de obstrucción del proceso de toma de posesión de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) elegidos el pasado 14 de febrero de 2025, y la extensión indebida del mandato de las actuales autoridades, que, de acuerdo con el marco legal, venció el 20 de marzo de 2025.

El acceso al poder, su ejercicio y las garantías de elegir y ser electo de acuerdo con el Estado de Derecho, es un elemento esencial de la democracia. Es por ello que los resultados de la elección de nuevas autoridades del CANG mediante el sufragio de sus agremiados, deben materializarse mediante la toma de posesión, y no ser obstruida mediante recursos que carecen de fundamento, para garantizar la legitimidad y estabilidad institucional del CANG, así como para fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guatemala.

Es preocupante que se esté tramitando una apelación que pretende anular el resultado de la elección, pese a que se presentó de manera extemporánea y sobre aspectos que no son esenciales para la elección.

Reconocemos que toda persona tiene derecho a plantear cuestionamientos, pero estos deben plantearse dentro del plazo legalmente establecido, por lo que rechazamos la decisión de la Junta Directiva saliente (2023-2025) de intentar prolongarse en el cargo y de otorgar efectos suspensivos a la apelación planteada, cuando no existe ninguna disposición legal que lo establezca.

Hacemos un llamado a la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales para que resuelva de manera inmediata la apelación y garantice la efectiva toma de posesión de la nueva Junta Directiva y el Tribunal de Honor, en cumplimiento con la normativa vigente. Se debe respetar la voluntad expresada en las urnas por los agremiados del CANG, garantizando la alternabilidad institucional y evitando acciones que menoscaben la confianza en los mecanismos electorales y en la independencia de los órganos colegiados.

Instamos a todos los profesionales de las diferentes disciplinas a respaldar este proceso y a hacer escuchar sus voces frente a sus respectivas autoridades gremiales para que se pueda respetar la voluntad de los agremiados del CANG.

FIRMAN

American Friends Service Committee
American Jewish World Service
Be Just
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Guatemala Human Rigths Comission (GHRC)
Impunity Watch
Jotay/Actuando juntas
Latin America Working Group (LAWG)
Luis Von Anh Foundation
Plataforma Internacional contra la Impunidad

Chaves, pequeño émulo de Trump

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En muchas más cosas, acciones y decisiones, Rodrigo Chaves quiere parecerse a Donald Trump, que a partir de asumir el poder en Estados Unidos el 20 de enero pasado, ha pretendido convertirse en el emperador del mundo.

Ambos han buscado concentrar un poder omnímodo por encima de leyes, de instancias legislativas y de los poderes judiciales de ambos estados. Les incomoda y molesta cualquier cuestionamiento a sus decisiones, por más justo y con sólidas bases legales que se esgrima.

Sueña Rodrigo Chaves en ganar con la fuerza política taxi o propia, que él lidere en las elecciones de 2026, una cantidad de unos 40 diputados jaguares, para gobernar como lo ha venido haciendo su referente regional, Nayib Bukele. Con ello buscaría dirigir el ejecutivo a través de alguien que le represente en sus designios, propósitos e intereses, desde Zapote. Buscaría asimismo dominar el Poder Judicial y todos los órganos de control, para ejercer ese soñado poder autoritario unipersonal. Su sueño incluye, desde luego, convertirse en presidente en un periodo próximo.

El éxito que ha alcanzado Chaves en mantener su popularidad, en algunas encuestas de opinión, ha exacerbado su aupamiento y sus deseos mesiánicos de conservar su poder autoritario, ya sea siendo diputado en el periodo legislativo 2026-2030 o mediante algún representante que reconozca y sea fiel a su liderazgo.

Empero esa popularidad, desafortunadamente para el país, no la ha alcanzado mediante avances sociales que reflejen un mejoramiento de la calidad de vida, particularmente, de las mayorías que han venido enfrentando condiciones de pobreza y exclusión social.

La base de la popularidad sostenida por Chaves tiene como causas profundas, el cansancio acumulado por amplios sectores de la población por las promesas incumplidas y por la corrupción manifiesta de los sucesivos gobiernos del PLN, el PUSC y el PAC. Los avances sociales alcanzados al desarrollar un Estado Social de Derecho (ESD) entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, esos gobiernos no los sostuvieron y desarrollaron. Todo lo contrario. De distintas maneras, los empezaron a debilitar y a dilapidar. En este periodo entre los años ochenta anteriores y el año 2022, el ESD que el país construyó, se erosionó y lo que el pueblo palpó es que pequeños grupos políticos y económicos se enriquecieron. La riqueza se concentró en pocas manos mientras el país se convirtió en uno de los más desiguales del planeta, según los datos del Banco Mundial.

Así un pueblo hastiado, elevó a la presidencia a un demagogo con ínfulas autoritarias, como Rodrigo Chaves. Y ya desde Zapote y sus teatrales y efectistas conferencias de prensa de los miércoles, y con el apoyo de un escuadrón de troles, que utilizan sistemáticamente las redes sociales, ha logrado sostener tal popularidad.

Así como Trump arremete contra un juez federal que ordenó suspender la decisión de enviar a El Salvador a migrantes venezolanos, amparado en una ley de guerra del siglo XVIII, hoy Rodrigo Chaves arremete contra el fiscal general, Carlo Díaz, al hacer avanzar causas penales contra el mismo presidente y miembros de su gabinete.

A ambos les perturba e incomoda cualquier estado de derecho que afecte sus decisiones políticas. Esperemos para el bien de la democracia, real y verdadera, y de los pueblos de aquí y todo el mundo, que ambos fracasen en sus respectivos sueños mesiánicos.

Y todo indica que en el caso de Chaves eso ha empezado a aflorar, al fracasar la manifestación anti-fiscal general, pese a los autobuses ofrecidos a los manifestantes alquilados, en distintos puntos del país, más almuerzos y pagos por su participación, y al intensos trabajo de los troles chavistas y a los “bots” (usuarios automáticos), que apoyan a Chaves desde Vietnam, Colombia, México, Perú y otros países. Qué bueno que la realidad concreta todavía pesa más que los discursos de odio y la fantasía que emerge de las redes sociales, en una de sus caras más sombrías y nefastas.

Todo el sistemático esfuerzo político-electoral que realiza hace varias semanas, desde Zapote y en sus giras proselitistas; más la exhaustiva campaña por redes sociales; más los recursos económicos empleados, no llenó las expectativas de los organizadores. Por más que digan que una movilización medianita fue una gran movilización, los hechos muestran la realidad. Una cosa es movilizar personas por redes sociales y otra muy distinta, movilizarlas presencialmente, más aún cuando no hay una causa justa que las inspire.

(18 de marzo, 2025)

SERPAJ denuncia represión durante manifestación de personas jubiladas en Argentina

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.

En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».

Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.

SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.

El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.

La sombra del bipartidismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos prácticamente en la entrada de la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del primer domingo de febrero del 2026, para elegir presidente de la República y diputados nacionales.

Los partidos políticos que han presentado sus atestados ante el Tribunal Supremo de Elecciones están cumpliendo con los requisitos y trámites que se les ha impuesto para quedar debidamente inscritos y poder participar.

En posibilidad de participar hay una treintena de partidos políticos, gran número que ya es usual en las últimas campañas electorales. Solamente, en la anterior, la del 2022 en la que salió electo Rodrigo Chaves Robles, participaron 25 partidos a escala nacional, con candidatos presidenciales, y 27 a escala provincial pulseando elegir diputados.

De los 25 nacionales solo uno ganó la presidencial, el Partido Progreso Social Democrático que era, en ese momento, un partido nuevo en las elecciones. De los 27 partidos provinciales solo 6 eligieron diputados, en un número muy parecido todos ellos.

De los 25 partidos nacionales 18 llevaban candidatos presidenciales con doble postulación, es decir, eran candidatos a la Presidencia y también a diputado, lo que es permitido desde el 2002. De estos, solo dos partidos lograron elegir sus candidatos presidenciales como diputados, el de Nueva República, que eligió a Fabricio Alvarado y el Partido Liberal Progresista que eligió a Eli Feinzaig.

En el camino hacia las elecciones del próximo año, a diez meses de la votación, los diputados de Nueva República, Fabricio Alvarado y del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, serán sin ninguna duda nuevamente candidatos presidenciales, ya definidos, aunque no estén por sus partidos oficialmente así reconocidos. Son por ahora los únicos candidatos presidenciales conocidos.

En el caso de Eli Feinzaig ha tenido problemas internos. Uno de sus diputados se le salió de su fracción aduciendo el control que tiene Eli de su partido y de las pocas posibilidades que tenía de aspirar a esa candidatura nacional. También le habían cuestionado su papel de Jefe de Fracción parlamentaria, campo que tuvo que ceder en esta Legislatura. Para mí, sería natural que el primero de mayo próximo asumiera nuevamente la Jefatura de la Fracción, con más razón si vuelve a ser candidato presidencial. Recientemente, se le han salido dos diputadas más, debilitando la imagen de su partido a nivel parlamentario. Fabricio Alvarado aparentemente no tiene problemas en este sentido.

En el caso de Eli su partido prácticamente no existe. No ha tenido Asambleas importantes durante estos tres años, aparentemente no ha desarrollado organización partidaria regional. No tiene local abierto. La situación que ha tenido con sus diputados no la ha tratado a nivel de sus asambleas partidarias, ¿por temor o por debilidad organizativo-partidaria? De estas separaciones lo que pareciera es que actúa la mano no tan invisible del Jaguar de Zapote, ahora enemigo de Eli, que aprovecha lo que pueda para desnaturalizarlo y satanizarlo.

El Frente Amplio con una fracción parlamentaria que es bien reconocida por la calidad de sus diputados, no ha definido nada respecto a su posible candidato hacia las elecciones del próximo año. Quienes lo buscan en la Asamblea Legislativa han provocado que la diputada Sofía Guillén, que tiene buen protagonismo público, ya se desmarcó de esa candidatura presidencial. A Ariel Robles, Rocío Alfaro, Antonio José Ortega y a Jonathan Acuña los mencionan como posibles candidatos. Al interior del Frente Amplio mencionan a Patricia Mora y José María Villalta. En el caso de Villalta ya experimentaron una campaña electoral en que no asumió esa candidatura si no le permitían la doble postulación, terminando en esa campaña como candidato a diputado. Para mí, es muy buen candidato para la doble postulación.

A nivel del partido Unidad Social Cristiana ya limpiaron su cancha por la salida forzada del candidato, que, en ese partido, impulsaba el Jaguar de Zapote, lo que era muy evidente, que enturbió su imagen con actos de corrupción, lo que lo obligó a desistir de su aspiración presidencial. Hay presión parlamentaria para que deje su curul libre, que renuncie por la buena imagen de la Asamblea Legislativa. Está con el terreno limpio Juan Carlos Hidalgo, con un planteamiento sumamente conservador, lo que a mi modo de ver poco le ayudará para llegar a Zapote.

A nivel del partido Liberación Nacional ya están definidos sus precandidatos, en disputa con una convención nacional abierta, entre ellos, Álvaro Ramos, Carolina Delgado, Gilberth Jiménez, Marvin Taylor. Es una convención que presagia escándalos electorales internos que pueden llegar, en apelaciones, hasta el propio Tribunal Supremo de Elecciones, porque se moverán las garras del Jaguar de Zapote para enturbiar a ese partido y a su posible candidato presidencial.

Fuera de la Asamblea Legislativa, siguiendo las huellas del Jaguar, aunque Zapote la cuestione, Natalia Díaz del partido Unidos Podemos, realiza su trabajo silencioso, que le dio éxitos en las elecciones municipales pasadas.

Los “jaguares”, Luis Amador pareciera coquetear con el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia, con el partido Progreso Social Democrático.

La más distinguida de las jaguares, la exministra Laura Fernández, yace por ahora ante el público en un silencio y ocultamiento profundo. Los otros “jaguares” que dejaron el gobierno con Laura Fernández, por ahora son inexistentes para nada, ni para candidatos presidenciales ni a diputados, además de que ninguno de ellos, contando a Laura, tampoco tienen partido político conocido con el cual puedan aspirar a los puestos de elección popular.

En el campo abierto está el candidato presidencial, y también a diputado, del partido Esperanza Nacional, el politólogo y analista político, Claudio Alpízar, la candidatura más fresca que hay en este momento. El que por ahora tiene más claro el panorama y el objetivo de su llegada a la Casa Presidencial.

El presidente Rodrigo Chaves Robles, el Jaguar, el gran animal de Zapote, está en campaña electoral abierta y confrontativa. Su discurso, por ahora no es a favor de un partido en particular. NO puede hacerlo por tener prohibición constitucional. Pero, finamente, habla por todos los “jaguares” que “participarán” en las elecciones y habla en contra de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, habla contra todos los diputados de la Asamblea Legislativa, excepto los diputados independientes que lidera la Jaguara parlamentaria Pilar Cisneros, experta como ella se ha definido en enseñar a mentir. También ataca a cualquier político, dirigente político, comentarista o analista político que visualice como un peligro para él, para su gobierno o para sus “jaguares”. En realidad ataca todo el sistema político y democrático, falseándole sus instituciones y haciéndole perder su confianza ante la gente y el pueblo.

En todo este molote político sigue pesando la sombra del llamado bipartidismo nacional. Este concepto, equivocadamente se sigue usando como fuerza política, que ya no lo es.

El bipartidismo político respondió a la época en que dos partidos políticos, y solo ellos dos, se alternaban en el Poder Ejecutivo. Era la época en que Liberación Nacional y el principal partido opositor a Liberación Nacional, que para los efectos de este artículo llamaré Unidad Social Cristiana, se alternaban gobernando.

Desde 1953, cuando apareció Liberación Nacional en las elecciones, hasta hoy, ha habido 18 gobiernos. De estos, nueve han sido de Liberación Nacional, seis del PUSC, incluyendo aquí los gobiernos de Mario Echandi, José Joaquín Trejos Fernández y Rodrigo Carazo, dos del partido Acción Ciudadana, y el actual gobierno teóricamente del partido Progreso Social Democrático.

De esta forma, de los 18 gobiernos 15 han estado en manos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Esta es la época dorada del bipartidismo político gubernativo, de dominio de gobierno, del Poder Ejecutivo, por esos dos partidos.

Con el ascenso al Gobierno del partido Acción Ciudadana en el 2014, reelecto en el 2018, se inició un Tripartidismo político en la esfera del Poder Ejecutivo y con la llegada del partido Progreso Social Democrático, en el 2022, tenemos un Tetrapartidismo en el Poder Ejecutivo. Es decir, cuatro partidos han ejercido el Poder Ejecutivo nacional.

Si a ello sumamos que el Partido Unidad Social Cristiana desde el 2006, en las últimas cinco elecciones, ha estado fuera del gobierno y fuera de las finales electorales, esa imagen del “bipartidismo” que se le achaca es muy débil. Por su parte, Liberación Nacional tiene tres elecciones seguidas, desde el 2014, que ha estado fuera del Poder Ejecutivo, aunque haya arañado esa posibilidad en el 2014 y en el 2022.

El concepto de “bipartidismo” nacional también se desarrolló en atención al control bipartidista de esos dos partidos históricos, Liberación y la Unidad Social Cristiana, que dominaban mayoritariamente la Asamblea Legislativa, lo que les permitía tomar acuerdos e imponer políticas y legislación nacional.

Hay que señalar, sin embargo, que en la Asamblea Legislativa prácticamente siempre ha habido varios partidos representados, aunque esos dos hayan tenido la mayoría de los diputados. Por su integración la Asamblea Legislativa ha sido polipartidista, multipartidista. Por el dominio de la mayoría parlamentaria hasta 1998 fue bipartidista. Desde esta época hasta hoy se ha debilitado esa toma de decisiones parlamentarias a manos de dos partidos. Se ha impuesto la negociación política. El viejo “bipartidismo” parlamentario, de la imposición mayoritaria de dos partidos, ha desaparecido.

Por eso no es válido, ni oportuno, ni correcto usar el concepto de “Bipartidismo”, como se sigue empleando.

En el caso del presidente Chaves su uso corresponde al ataque que mantiene contra esos dos partidos y por la vieja imagen “degradada” y “desprestigiada” con la que se les ha asociado a esos dos partidos. Aun así, no deja de tener razón el jaguar de Zapote de atacar al “bipartidismo” porque siguen representando esos dos partidos las organizaciones políticas más importantes de tipo nacional y parlamentario, especialmente el partido Liberación Nacional, que se ha mantenido como la fracción más numerosa de diputados en los últimos cinco gobiernos, y como partido aparenta todavía ser la mejor y mayor organización partidaria, seguida por la Unidad Social Cristiana, a pesar de sus debilidades electorales después del 2006.

Más preocupante que la sombra de bipartidismo que esos partidos todavía tienen, es la sombra que proyecta el presidente Chaves, propiciando sus “jaguares”, impulsando las divisiones internas en todos los partidos donde se ven sus garras, motivando a no votar por ninguno de los partidos políticos que le son adversos, y llamando a desplazar a todos los diputados actuales, que van a ser sustituidos natural y legalmente por las elecciones de febrero próximo, de manera que sus “jaguares” logren por lo menos 40 diputados, como lo ha venido sosteniendo, para poder desarmar todo el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho existente.

La sombra más peligrosa y tenebrosa que hay en la inmediatez política es el “chavismo”, que hay que derrotar electoralmente, que aunque no tiene partido propio a su nombre, trabaja fuertemente aprovechando las debilidades y pugnas internas de los demás partidos.

NO importa para el chavismo que todavía no existan candidatos “jaguares” oficiales, porque el candidato es el Jaguar de Zapote, en su actuación cotidiana y en el desplazamiento por todo el país, y con las redes de comunicación que mantiene activas. Además, porque ese candidato, de pronto puede ser el candidato real a diputado, a partir de agosto próximo, convirtiéndose en el principal contrincante político nacional y haciendo de la elección nacional de diputados el escenario más importante que hay que atender con buenos candidatos de alto valor moral, y de altos kilates políticos, lo que no se está viendo todavía en los partidos políticos interesados en las próximas elecciones.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reservas sobre la aplicación del lawfare

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.

Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.

Cómo opera el lawfare en Colombia

Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.

Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.

La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana

Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.

Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.

La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional

En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.

Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).

Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.

Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!

¿Quién ha fracasado?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

  1. Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
  2. Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
  3. Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
  4. Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
  5. Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

  1. Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
  2. Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
  3. Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
  4. Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

  1. Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
  2. El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
  3. El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
  4. El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

Los cambios en el gabinete presidencial y la visita del Procónsul Marco Rubio son la expresión del fracaso gubernativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta el viernes pasado, 31 de enero, había tiempo para que los ministros que quisieran integrarse a la política electoral activa, especialmente en el campo de aspirantes presidenciales, o en la papeleta presidencial, tenían tiempo de renunciar a sus puestos, quedando a la vez liberados de su inmunidad política, quedando como cualquier ciudadano expuesto a trámites de persecución judicial.

Finalmente, el jueves 30, el presidente en una ceremonia, a la cual convocó a todo su gabinete y todos los presidentes de instituciones por él nombrados, anunció la salida de cinco ministros y la sustitución de cuatro de ellos.

Son ministros, que hoy, no han anunciado ninguna adherencia a partido político existente. Todos los renunciantes no negaron ni afirmaron que participarán en la política electoral nacional del 2026. Ahora les toca buscar partido político para poder correr hacia la presidencia de la República en los próximos once meses.

De ellos se rumora que van a una plana integral de presidenta, vicepresidenta y vicepresidente, y de candidatos a diputados.

Lo más curioso de esta situación, que ha vivido Costa Rida desde el 8 de mayo del 2022, es que los miembros del gobierno, que acompañan a la fuerza, todos los miércoles, al presidente en su perorata pública semanal, prefabricada, no tienen partido político conocido. Sin embargo, el presidente ha levantado la idea, la imagen, de los partidos Jaguar, que tienen incluso una imagen publicitaria, que se tradujo en un pin para colocar en la solapa del saco o en la camisa o parte superior del vestido o la ropa. A quienes forman parte del gobierno los tienen con el pin del Jaguar. A los que entraron como nuevos ministros les pusieron los dos pines, el de ministro y el de Jaguar. En los dos meses la ministra saliente Laura Fernández hablaba de varios jaguares. Esa es la idea, varios partidos Jaguar con su respectiva insignia, igual para todos ellos en ese pin, con la intención de posibilitar la mayor oportunidad de elección de diputados que se identifiquen con el gobierno, con el presidente Chaves y con su imagen de Jaguar.

Este es un gobierno que no lo dirige un partido político, que no representa a un partido político, aunque el presidente haya sido resultado de una elección en que participó en una lista electoral de un partido político. Es un gobierno que ha andado al garete, que se percibe débil, sin rumbo, sin brújula, ni sextante, ni astrolabio, sin timón ni velas. Es un gobierno, que en ausencia de un partido político que lo identifique, tiende por sus hechos a identificarse con el presidente, con su figura lideresa y autoritaria.

Entre los partidos políticos que al 31 de enero quedaron en la posible lista de juego electoral, para las elecciones del 2026, se inscribieron dos que se asocian a la familia del presidente Bukele de El Salvador, por participar familiares de él de manera directa en esos partidos. ¿Participarán los ministros renunciantes y salientes en esos partidos? También se rumora que el esposo de la diputada Pilar Cisneros, el periodista Edgar Espinoza, irá encabezando un partido político a la presidencia de la República, en cuyas filas irá de candidato a diputado el propio presidente Rodrigo Chaves, a partir de agosto.

El gabinete que se formó para dirigir el país, en el 2022, con el presidente fue al azar. Se dijo que se contrató una empresa que presentaba perfiles de candidatos a los puestos del gabinete, de manera improvisada, lo que explica los malabares políticos que lo guían, que explica también la ausencia de una hoja de ruta nacional; que explica las improvisaciones que se hacen desde Zapote para las distintas carteras institucionales; que explica las pifias legales y constitucionales de sus proyectos de ley, con el escaso control de elaboración formal de sus escasos y poco importantes proyectos de ley, que explica los oscuros nexos existentes del trasiego de droga que se hace desde nuestro país hacia Europa y otras regiones, dándole fama al país de ser la bodega más importante de coca de la región, y de la calificación que ya se gana el país de ser un narco Estado, lo que supone un narco gobierno que lo dirige.

En esta dinámica el presidente, apodado así mismo, como el Jaguar, en su jungla, en su guarida, no se ha podido perfilar como el estadista, como el gran político, como el gran conductor político nacional, como el gran educador cívico que su investidura impone. Ha logrado convertirse en un gran distractor nacional de la atención política de los principales problemas económicas y sociales del país. Sus mesas de prensa de los miércoles así funcionan, como distractor de esos problemas.

Desde su guarida lo único en que se ha destacado es en tratar de hacer explotar toda la institucionalidad política, en debilitar el Estado de Derecho, en falsear la imagen, la confianza y la fe de los costarricenses en la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, en los órganos constitucionales vigilantes de la administración y gestión pública, en los partidos políticos como instrumentos cívicos de la vida democrática. Lo que se destaca en su esfuerzo es su intención de debilitar y acabar, si le fuera posible, con todo el Estado Social de Derecho que se ha construido en el país al calor de la Reforma Social de 1943 y las reformas de la Junta de Gobierno de 1948-1949 y la institucionalidad que le siguió. Claramente ha asumido una identificación con las políticas conservadoras y neoconservadoras que propician ese debilitamiento institucional.

Sus exabruptos políticos se orientan, desde hace meses, a destruir la imagen pública de todos los partidos políticos, de todos sus dirigentes políticos, de todos sus representantes populares. Esa es su forma de hacer política activa y de meterse en la política electoral, de actuar beligerantemente en este campo, para abrirle espacio a sus posibles candidatos y eventuales partidos políticos, que le interesa impulsar y apoyar hacia las elecciones presidenciales y de diputados del 2026. Eso es lo que activamente estamos viendo.

El pasado miércoles, en su jolgorio comunicacional, arremetió contra las políticas de educación sexual y afectivas que se han venido impulsando en el país, que exitosamente han contribuido a la prevención de los embarazos en adolescentes y menores de edad, para tratar de impulsar un nuevo programa que llamó para la Paz y la Convivencia, con el que intentará sacar “la perversión” de las aulas, como si realizara un exorcismo educativo, de las fuerzas y espíritus malignos que hay que exterminar, para lo que se hizo acompañar de algunos activistas religiosos no católicos, que parecían más estampas pegadas en una cartelera que lideres religiosos nacionales reconocidos, lo que no les resta importancia, por el control social espiritual que tienen de algunas comunidades y personas. Fue un banderazo de salida electoral del presidente haciéndose acompañar de estos “líderes” espirituales, frente a los tradicionales que se representan en el Partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Fue una advertencia a Fabricio y su grupo de que sus banderas se las está quitando el gobiernos y los partidos políticos conservadores Jaguar que desde el gobierno se impulsen.

La no participación de los representantes católicos, de los Obispos Católicos, provocó una protesta por parte de la Conferencia Episcopal, que generó una amenaza del presidente cuando dijo “que no se puede luchar a medias, o le entramos con sangre, sudor, lagrimas, pasión, esfuerzo y claridad, o no vamos a poder rescatar a Costa Rica”. Sangre, sudor, lágrimas, pasión, son las banderas enarboladas por el Jaguar, para rescatar a Costa Rica. ¿Rescatarla de quién? ¿Estamos advertidos del clima de violencia que fomentará el Jaguar?

Con ello quedó claro que la conferencia de prensa del miércoles fue la presentación política, de la afinidad del presidente, hacia los partidos políticos Jaguar y hacia las organizaciones cristianas no católicas, como inicio de su velada y clara participación electoral.

Es cada vez más nítido que esta es su orientación electoral hacia febrero del 2026. El Jaguar, y los partidos jaguar que impulse, junto con los partidos de orientación cristiana no católica que logren inscribirse, paralelos a Nueva República, serán sus caballos de combate, sus caballos de Troya para tratar de alcanzar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa del 2026, como es su objetivo político claramente definido. Las renuncias de miembros de su Gabinete señalarán los partidos con los cuales se identifica el Jaguar.

Por la agenda publicitaria de ese miércoles la campaña electoral puede tomar los visos similares a la del 2018, cuando de trasfondo se pusieron los Derechos Humanos, con una población y una juventud hoy no tan combativa, como lo fue en esa campaña que llevó a Carlos Alvarado a la Presidencia de la República. Aun cuando se rumora que la esposa de Carlos Alvarado puede ser la candidata electoral del partido Acción Ciudadana, no significa que ella podría ser el valladar de esa arremetida conservadora que viene, sobre todo porque el partido Acción Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado fueron los ejes más importantes del debilitamiento de las leyes sociales y laborales, resultado de las grandes reformas de 1943.

Que haya cambios en un gabinete, como se anunciaron y establecieron, es normal en un gobierno. Que haya cambios a pocos meses de que un gobierno sucumba al cambio constitucional, como es el de su Rodrigo Chaves, puede ser una grave manifestación de su errada política y de su fracaso gubernativo, que se tratará de ocultar, de forma distractora, con la discusión que está provocando alrededor de las políticas educativas y conservadoras que anunció el miércoles. Si esas son las grandes reformas que anunciaron como la Gran Ruta de la Educación que se harían este año, son un verdadero y lamentable fracaso político nacional.

¿Los cambios en el gabinete serán resultado de que el gobierno se está hundiendo, por más festiva que fuera la forma de presentación de esos cambios? Supondrían estas sustituciones que se debe hacer un informe nacional ante la Asamblea Legislativa de ellas y de las políticas logradas y por desarrollar para los próximos meses. ¿Se hará eso en los informes anuales que los ministros tienen que entregar a la Asamblea Legislativa en la primera quincena de mayo?

Todo esto conduce a colocar al presidente Rodrigo Chaves Robles también en las tesis conservadoras políticas nacionales e internacionales, que hoy tienen de gran motor al presidente de los Estados Unidos, con quien el Jaguar está totalmente identificado, perdiendo en esa identificación y adherencia emocional, todo su rubor personal, comprometiendo el aura del gobernante soberano que debe tener.

El presidente está totalmente alineado en la Internacional Conservadora, Populista y Autoritaria, que se levanta en el continente y en algunos países europeos. Él mismo se ha colocado en el furgón de cola del mandatario norteamericano en sus políticas continentales, lo que se materializará con la agenda abierta y oculta que trae Marco Rubio a imponerle al minino de Zapote y no al Jaguar nacional que dice ser, de aceptar y avalar las políticas agresivas de Trump contra Panamá, por el Canal, contra México y el continente por el cambio de nombre del Golfo de México, ya establecido para los Estados Unidos, como Golfo de América, en la plataforma de Google Maps, que ya aceptó la denominación hecha por Trump.

Descaradamente, las delegaciones norteamericanas que ya han llegado, preparando la del Procónsul Marco Rubio, ya le han señalado al gobierno que hay que debilitar la relación comercial con la República Popular China, junto con el fortalecimiento de las acciones que el gobierno ya ha tomado frente a esa presencia. La agenda de seguridad asociada a la expulsión de indocumentados y de migrantes “indeseables” para Trump también está en marcha abriendo la posibilidad de que Costa Rica se convierta en una gran base de expatriación de esos expulsados de los Estados Unidos, que es lo que se va a venir a tratar de imponer en Costa Rica, que es parte de la negociación que Rubio trae.