Ir al contenido principal

Etiqueta: exclusión social

Sin educación no se puede enfrentar al narcotráfico

¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico. 

El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población.  Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.

El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.

La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico. 

Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:

Despertar y hacer la vida poesible

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.

Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.

Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.

Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.

Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.

He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.

En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.

Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.

El descuido de la educación es la “puerta de kerkaporta” que permite la destrucción de las democracias

Miguel Sobrado

La importancia estratégica de la Kerkaporta en la caída de Constantinopla

La Kerkaporta , una puerta menor de las murallas teodosianas de Constantinopla, jugó un papel clave en el diseño del asedio otomano de 1453 que puso fin al Imperio Bizantino.

El descuido de esta puerta por parte de los cristianos les permitió a los otomanos, en la noche del 29 de mayo de 1453, penetrar furtivamente y tomar por sorpresa la ciudad. Así, un simple descuido o traición, en torno a una puerta secundaria de las murallas de Constantinopla, la de Kerkaporta , permitió a los otomanos tomar la sede del Imperio Bizantino y dar inicio de una nueva era de dominio regional.

Nuestra América Latina, que arrastra una exclusión social, encubierta por el racismo y clasismo, que se ha agudizado con la tecnología, desplaza cada vez más la mano de obra física. Al mismo tiempo que carece de oportunidades educativas actualizadas y de capacitación de amplio espectro.

Frente a una coyuntura donde el narcotráfico, que no es un simple grupo de malandros que puede ser enfrentado por la policía, sino una empresa transnacional de gran envergadura, con un gran poder, no solo económico, sino que tiene muchas ventajas y condiciones favorables para su desarrollo.

En primer lugar, es una empresa altamente descentralizada que tiene una gran iniciativa y creatividad para crecer y operar en condiciones adversas al poder institucional tradicional. En el medio social encuentra condiciones favorables para reclutar socios y peones dentro la masa de desesperanzados que no encuentran espacios para su desarrollo y migran masivamente en grandes caravanas fuera de la región.

Además, saben aprovechar muy bien con sus abundantes recursos, el clima de corrupción institucional prevaleciente, tanto para comprar información y conseguir aliados en el desarrollo de sus actividades como para ir tomando posiciones en los gobiernos locales e institucionales. Ya son múltiples los estados, provincias y municipios, así como instituciones nacionales que han caído en sus manos. Tal es su influencia y poder que, organizados desde las cárceles pusieron en jaque al mismo gobierno ecuatoriano.

Se puede decir que estas ventajas son comparables con los cañones gigantes y la gran flota turca construidos por el sultán Mehmet II, para derribar las murallas, cercar y atacar la ciudad de Constantinopla.

En nuestro caso la puerta descuidada es la educación y la capacitación.

En una época donde el desarrollo y la transformación institucional depende de la actualización y calidad del capital humano. Formar con contenidos y métodos adecuados a las nuevas realidades es vital. Pero, además, como la tarea de actualizar la educación y darle cobertura no es de corto plazo, y una parte considerable de la población económicamente activa perdió la oportunidad educativa, es preciso desarrollar procesos de capacitación de amplia envergadura. Capacitación que, partiendo de sus necesidades inmediatas los habilite en organización, tanto para enfrentar sus necesidades económicas y comunales, como para la ciudadanía activa. “Los hombres sin organización, no tienen ningún poder” decía muy acertadamente el expresidente José Figueres Ferrer, cuando impulsó el movimiento cooperativo.

La organización no puede ser una ficción jurídica montada en el escritorio de un abogado y manejada por un “piquetero” de partido clientelista. Debe ser real y poder empoderar efectivamente a sus asociados, con nuevas calidades y posibilidades de acción.

Solo una sociedad organizada y educada es capaz de descentralizarse y contribuir a su propio desarrollo y a la gestión pública de su comunidad incluyendo la seguridad. No se trata de que las organizaciones se conviertan en aparato represivo, ya que eso le toca a la policía, pero si en ojos y oídos. Esto es, en apoyo de labores de inteligencia a la seguridad colectiva.

Todo esto puede sonar utópico a primera vista, pero tiene su respaldo de hechos ahí donde ha sido sistemáticamente aplicado. Implica desde luego, una reorganización institucional que no va a venir desde arriba, sino que tiene que forjarse desde abajo. Esta es la fuerza que debidamente organizada, puede detener las amenazas crecientes de la corrupción y el narcotráfico.

Las clases políticas tradicionales producto de estados centralistas con desigualdad en la distribución del ingreso son endémicamente corruptas. Su poder no tiene asidero en el ejercicio ciudadano, sino en la distribución de diarios y otras prebendas menores a una masa de clientes sin esperanza.

La elección de Milei en Argentina es un anticipo de esa desesperación que abre las puertas al gobierno de las mafias y debe tocar a rebato para hacer las reformas que nuestro sistema político requiere. Nos encontramos en el continente con el mayor índice de desigualdad del planeta y la menor tasa de crecimiento. El tiempo vuela y exige acciones.

En el año 2003 se presentó en la cámara de diputados de México el libro “América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas” con dos ediciones posteriores en la Editorial de la Universidad Nacional de Costa Ria, del Dr Juan José Rojas y el autor del presente artículo, se destacaba cómo la aparición de la transnacional del narcotráfico, estaba cambiado las relaciones de poder en nuestra América y se proponían soluciones organizacionales de tipo sistémico. Aunque tarde todavía mantiene vigencia.

Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.

“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Fotografía Freepik

UCR: El abandono, la dependencia y la desnutrición persisten en población adulta mayor en Costa Rica

  • Costa Rica presenta un envejecimiento acelerado de su población lo que genera un impacto importante en el sistema de salud y una mayor presión en la calidad de los servicios.

  • Un número importante de personas de 65 años y más, muestra un envejecimiento saludable. No obstante, otro grupo presenta enfermedades crónicas, comorbilidades, desnutrición, exclusión social, discriminación, abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otros.

Viernes 16 de febrero del 2024. La Universidad de Costa Rica llama la atención sobre la realidad y condiciones en las que vive un grupo considerable de personas adultas mayores. Estas personas de 65 años y más padecen enfermedades crónicas, más de una enfermedad conjunta, desnutrición, exclusión social, mayor discriminación y abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otras. Los datos revelan la necesidad de poner mayor atención al deterioro de sus facultades físicas o mentales y el gran impacto que se genera en el sistema de salud.

El tercer informe sobre personas adultas mayores fue presentado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambas instancias de la Universidad de Costa Rica. El documento elaborado por el Observatorio del Envejecimiento muestra información actualizada respecto a los servicios de atención en salud a las personas adultas mayores que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un tema de gran preocupación es que las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias agudas y los tumores, siguen siendo las principales causas de fallecimiento que enfrentan las personas adultas mayores en el país. Esto concuerda con los diagnósticos más frecuentes en esta población, en donde se presentan cifras preocupantes en relación con enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son: las infecciones respiratorias agudas (no incluye COVID-19), la diarrea, la neumonía, la infección nosocomial, la parasitosis intestinal, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

En relación con los servicios de atención en salud, se muestra que, en la consulta externa, el número de personas adultas mayores atendidas se ha incrementado en los últimos cuatro años, en contraste con una disminución de estos servicios en personas ubicadas entre los 0 y 14 años. Para el año 2022, el 21% de las consultas externas correspondió a personas de 65 años y más. Las mujeres adultas mayores superan en un 15% las consultas de los hombres adultos mayores.

Por su parte, para el año 2021, en el caso de personas adultas mayores, los egresos hospitalarios representaron un 22%, aproximadamente, y las cinco causas de los egresos provienen de: medicina, cirugía vespertina, cirugía ambulatoria, cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) medicina.

Otra referencia importante, muestra que el abandono de personas adultas mayores en los hospitales de la CCSS continúa incrementándose. Esta situación afecta la dignidad de este grupo etario y aumenta significativamente los costes del sistema de salud. En término de ocho años (2014 a 2022) los egresos registrados en personas de 65 años y más debido a negligencia o abandono, pasaron de 9 personas en 2014 (4 hombres y 5 mujeres) a 89 personas en 2022 (71% son hombres). Con respecto a la estancia hospitalaria, el promedio de días llegó a 41 días (un mes y once días) en 2022.

Los datos fueron recopilados por el Área de Estadística en Salud de la CCSS y suministrados al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). También, se contó con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud (MINSA).

La Universidad de Costa Rica exhorta a tener presente que los servicios de atención en salud para las personas adultas mayores se constituyen en una garantía para el cumplimiento de sus derechos humanos y fundamentales, así también, representan un componente importante en las acciones destinadas a fomentar un envejecimiento saludable. El cumplimiento de tales derechos exige un esfuerzo conjunto con el fin de garantizar una vida sana, así como el bienestar personal y colectivo de este grupo de la población.

La normativa y los lineamientos de política pública institucional fortalecen la prestación de los servicios públicos en salud, en el marco de un abordaje integral hacia la persona adulta mayor. Asimismo, proporcionan una guía en la definición de la oferta de servicios con el fin de mejorar las condiciones de salud y, por supuesto, la calidad de vida y el bienestar individual de esta población.

El Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, señala que: “Conocer algunas características sobre los servicios que se ofrecen a las personas adultas mayores, así como la información sobre su estado de salud, representa una oportunidad para replantear mejoras o para diseñar acciones de política pública que permitan incrementar su bienestar y promover un envejecimiento saludable”

Algunos datos demográficos y epidemiológicos dan cuenta del éxito que ha tenido el país con la implementación de programas y acciones destinados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas adultas mayores, tales como: el aumento en la expectativa de vida o la disminución del índice de mortalidad, entre otros. Sin embargo, en la información presentada sobresale la gran cantidad de personas adultas mayores y la presión que estas generan por servicios de salud con calidad y calidez.

Para el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, “las demandas que plantean las personas adultas mayores en el ámbito de la salud deben ser abordadas con un gran compromiso y un mayor esfuerzo por parte de todos los actores sociales. El fin consiste en buscar y elaborar nuevas alternativas de intervención, acordes a las nuevas exigencias. Requiere excelencia en el desempeño de quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea de ofrecer servicios de salud, más dignos y con enfoque de derechos; más eficaces y centrados en la persona; y, por supuesto, sostenibles”.

Un claro ejemplo de estas demandas es el llamado que hacen las personas adultas mayores y las personas pensionadas y jubiladas del Magisterio Nacional en el Manifiesto Público, en el sentido de que se respete su dignidad y el derecho de vivir una vejez plena y satisfactoria hasta el último día.

El Mag. Agustín Gómez Meléndez, Investigador principal y responsable del Proyecto Observatorio del Envejecimiento indica que: “El acceso a los servicios de salud garantiza un derecho humano y fundamental, lo que implica contar con acciones dirigidas a la promoción, prevención, atención de la enfermedad en todas las etapas, la rehabilitación y los cuidados paliativos, con el fin de propiciar, en el caso de las personas adultas mayores, el disfrute al más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”.

El gran desafío consiste en ofrecer un envejecimiento activo, exitoso y saludable, en donde se brinden mejores condiciones de vida a las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.

Por lo tanto, en el documento presentado se concluye que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su condición de ser la principal responsable en la prestación de los servicios públicos en salud, debe visualizar el panorama y prepararse para este desafío, disponiendo de una estructura asistencial y de apoyo que contemple las necesidades y requerimientos de las personas adultas mayores en el país. Por lo tanto, la propuesta de mejores servicios debe ir acompañados de esfuerzos en infraestructura accesible, recurso humano óptimamente capacitado, así como programas de prevención y promoción de la salud, entre otros.

Para consulta o declaraciones con el Dr. Carlos Murillo Zamora al celular 8379-8043, al Dr. Fernando Morales al 8381-6891 o a la M.Sc. Emiliana Rivera al 8848-3563.

Descargue el comunicado de prensa, así como las declaraciones en audio, video y el informe en: https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jenniffer_jimenezcordoba_ucr_ac_cr/EveGFXEkb6lGkUY-uyZp5WUBI0WFpQxVcOpoO0a7zZkFmA?e=toC1XW

Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.

Cuando el instrumento político es el mismo cuerpo

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Está por verse si el reconocimiento de una institución hegemónica como la Real Academia Española de la Lengua es tan importante como para elevarle la autoestima a un país. O al menos para sacarlo de la disrupción en la que ingresó sin retorno desde hace más de 40 años.

En uno de sus aportes a la reflexión desde las Ciencias Sociales, el investigador español Juan Pablo Pérez Sainz y el costarricense Minor Mora Salas atinaban a titular “Se acabó la pura vida” en referencia a los evidentes signos de agotamiento del modelo inclusivo e incluyente que acompañó por décadas el desarrollo social y económico costarricense.

Dedican su trabajo a analizar tres procesos de impacto en la sociedad costarricense: la pauperización de los sectores medios y bajos, la galopante exclusión social y el aumento de la desigualdad como signo del agotamiento de los tiempos.

Se acabó la pura vida, dicen.

Entonces se queda uno pensando si los actos de significación simbólica como la reciente inclusión de la expresión en el Diccionario de la Real Academia Española serán de utilidad como, para por lo menos, buscar las fisuras de eso que alguna vez fue pomposamente llamado “la vía costarricense”.

En realidad el otro reconocimiento es el que me interesa precisar. Pasó casi desapercibido, quizá porque la misma sociedad costarricense continúa invisibilizando sus aportes desde la cultura popular, esa nacida en las bananeras y apropiada en los salones de baile josefinos del sur de la ciudad.

El Swing Criollo entró, junto con el pura vida, en los anales del reconocimiento formal. Sin embargo, en la misma sociedad costarricense o parte de sus sectores letrados, las élites y ciertos grupos de las capas medias que “se niegan a vulgarizarse”, se sigue pensando que ese baile es una práctica arrabalera, periférica, pachuca.

Expresión cultural, sí. Baile conformado desde los acordes del swing estadounidense de los años cincuenta del siglo XX. Si. Patrimonio cultural inmaterial, sí. Pero también poderoso instrumento de una política del cuerpo en respuesta a la programación social de cierta estética dominante.

El swing criollo es, ciertamente, una de las poquísimas herramientas que les quedan a los sectores populares para replantearse, visibilizarse, exponerse y decir desde su corporalidad.

Si su inclusión y reconocimiento formal y palaciega resulta de utilidad, que sirva justamente para mostrarnos esos signos de agotamiento de una vía costarricense cuyo swing hace mucho perdió su ritmo.

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

Una voz interior con ecos que restringen las políticas sociales

Miguel Sobrado

¿Qué es la voz interior para la psicología?

Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada «la voz de la conciencia», «voz mental» o también «diálogo interno». Aunque, en términos científicos, sería más adecuado referirse a ella como la voz del córtex pre-frontal.

“A modo de definición, se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta, generalmente, hacia el futuro a modo de preparación para los acontecimientos venideros”.

El diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones.

La sociedad en la voz interna

Pero ¿Qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Aquí es donde intervienen la estratificación y las relaciones sociales que se articulan alrededor de la familia, y cimientan los valores de la cultura prevaleciente.

Existen condicionantes sociales que configuran la voz interna y que tienen fuertes implicaciones

El contexto familiar trasmite desde la más temprana edad valores que configuran la posición social de las personas según el medio en que viven. Son muchos los estudios que describen cómo operan los prejuicios en las sociedades racistas y de clase generando minusvalía y dependencia. Debilitando la autoestima y promoviendo “techos mentales” que configuran socialmente las voces interiores de quienes se encuentran en estratos de bajo prestigio social.

Los estudios realizados en los Estados Unidos con niños negros de 3 a 7 años a quienes se les mostraron muñecas blancas y negras preguntándoles cual era buena y bella son muy significativos por sus respuestas. En esas edades tiernas ya habían asimilado a través de su entorno más cercano el prejuicio hacia su propio color, contestando que la blanca era bella y buena. De tal forma en el contexto social se dieron las condiciones configuraron una voz interna que va actuar posteriormente reduciendo sus aspiraciones y autoestima.

Estudios similares que se realizaron en México con niños indígenas, en un país donde la mayoría de la población es de ese origen, revelaron resultados similares de auto desvalorización por su origen étnico. En otras palabras el racismo ha calado tan profundamente en la cultura que se ha internalizado y pienso que en estos grupos y comunidades forma parte de esa voz interior que aconseja que acciones emprender y cuales mejor no.

Fenómenos similares han constatado los movimientos feministas y por eso demandan legislaciones y espacios sociales de igualdad.

La acción organizada y la ruptura de techos sociales que inciden sobre la voz interna

El racismo y el clasismo conllevan por lo general la exclusión social por las disminuidas oportunidades para el estudio, de acceso a los servicios de salud y superación social, de tal forma que las posibilidades de avance social se reducen. Y no solo se reducen, sino que los resultados se comportan en la práctica como las profecías que se auto cumplen. Esto es si la persona fracasa o tiene resultados mediocres es por su origen.

Operación tenazas

La exclusión social no se puede superar si no es con dos palancas fuertemente entrelazadas. Por una parte, la acción organizada de los excluidos o marginados para demandar su espacio y articular y poner en marcha sus propios proyectos y por otra con una política social, no asistencialista, sino proactiva de largo aliento centrada en una educación moderna y de amplia cobertura, que incluya a quienes a quienes perdieron la oportunidad educativa y tienen obligaciones familiares a su cargo. Esto último en procesos de autoorganización realizados en sus comunidades. Esta operación “tenazas” basa en la simbiosis de propósitos de las organizaciones que ajusten los servicios institucionales a sus necesidades. Son los efectos de la actividad organizada o vitamina “O” las que le dan poder efectivo a los excluidos y transforman su visión y perspectivas sociales. En este sentido rompen las voces internas que los inmovilizaban y se pueden transformar. Este proceso no solo cambia los horizontes, sino que posiblemente incida sobre la biología misma de los participantes, como lo sugiere las experiencias de la neurociencia.

El caso de las niñas prostituidas de Camboya citado por la siquiatra española Marian Rojas Estapé, donde se les registraron a las niñas el tamaño de los telómeros, medidores de edad de las células, cuando estaban en el burdel tenían 80 años y posteriormente de sacarlas de ese antro, en un nuevo contexto con capacitaciones ya habían recuperado su edad biológica.

Las transformaciones en gran escala que requiere la eliminación de la exclusión social no se pueden realizar por razones obvias a partir solo del trabajo de los siquiatras, requieren de un contexto favorable para la inclusión organizada y proactiva masiva de los afectados.

Esto nos obliga a trascender los enfoques individuales de autoayuda. No basta ponernos positivos, ni alejarnos de personas y contextos tóxicos. La realidad es social y nosotros estamos dentro de ella. Es preciso crear condiciones y procesos de apoderamiento social a través de las políticas sociales que destapen y promuevan el potencial real de las personas. Transformando el sustento subjetivo a las voces interiores que promueven la pasividad y resignación.

¿Somos inmunes a la violencia y el terror?

Miguel Sobrado

Miguel Sobrado Chaves

En Costa Rica hemos sido dados a pensar que la violencia y el terror no pueden afincarse en nuestro medio, ya que somos un pueblo de paz y democracia.  Lamentablemente nos olvidamos de nuestra posición geopolítica y que al igual que en 1856 o en la década de los 80s del siglo pasado, las tormentas de la vecindad terminan azotándonos. Las cosas han cambiado radicalmente en nuestra América desde que brotó el gran negocio de los carteles de la droga en el último cuarto del siglo pasado, cambiando los ejes del poder económico y político. Hasta entonces el poder económico dependía en gran medida del poder político centralizado en estructuras clientelistas. Con la aparición del negocio de la droga, con un poder económico sin precedentes, se resquebrajó la estructura de poder clientelista. Sistema que presentaba, por una parte, serias debilidades que permitían su penetración por la corrupción imperante, y por otra, generaba una masa creciente de excluidos desplazados por la tecnología que buscaban desesperadamente ingresos para atender las necesidades de sus familias.

Colocados geográficamente entre los países productores y procesadores de cocaína en el sur y los traficantes comercializadores y el gran mercado de consumidores en el norte del continente y punto de enlace con Europa, nuestro país es una ruta de paso necesaria para este nefasto negocio. Especialmente el tráfico terrestre, ya que el marítimo y el aéreo son controlados cada vez con más recursos por parte de los Estados Unidos.

Ha coincidido este interés del narcotráfico con las debilidades de nuestro sistema económico y social que deja por fuera especialmente a las regiones fronterizas y costeras, donde el narco se haido posicionando y penetrando los poderes locales e instituciones nacionales con su poder económico. De ahí que la lucha por el control de territorios haya desatado el terror y el crimen en nuestras costas y fronteras donde se ha posicionado y expande su estela de muerte hacia otras regiones del país.

El problema de nuestra debilidad, como país, frente a esta amenaza depende no solo del aparato de legalidad y de seguridad que debe actualizarse y modernizarse a fondo para impedir que siga expandiéndose y tomando fuerza este peligro. Especialmente en su sistema de inteligencia fortaleciendo la seguridad comunitaria de manera sistemática con seguimiento y atención permanente. Pero sobre todo, actuar en la prevención reduciendo la exclusión social. Un país que concentra sus ingresos en el 20% de la población y no abre suficientes oportunidades para incorporarse a la vida moderna a los jóvenes y a quienes perdieron la oportunidad educativa, tiene los pies de barro. La prevención de la violencia depende de la modernización del sistema educativo para adecuarlo a las exigencias de la nueva tecnología del conocimiento y de la regeneración ecológica. Sin olvidar que el aprendizaje y la capacitación constituyen actualmente, por la velocidad de los cambios, un proceso permanente para evitar la exclusión.

Especial atención merece en nuestro caso la actualización de la mano de obra para actuar frente a las necesidades y oportunidades. Recordemos que más del 50 % de la población económicamente activa tiene un nivel inferior al bachillerato y este porcentaje es mayor entre los desocupados. Se trata no solo de una actualización de los centros de trabajo, sino de los procesos y transformaciones que abren oportunidades en sus comunidades y regiones. Procesos que no pueden depender de proyectos elaborados por burócratas, sino que deben responder a la demanda y a la organización de las comunidades. Las instituciones deben, ante todo responder a estas demandas con asistencia técnica y recursos complementarios a los aportados por las comunidades.  Las comunidades, cuando gozan de autonomía, saben quéopciones tienen en las condiciones de su comunidad, para abrirse paso a paso mejorando sus capacidades.

Las ofertas del INA actuales frecuentemente les exigen, no solo requisitos de nivel de estudio que no tienen, sino un horario de asistencia en las sedes del INA que en muchas partes quedan a kilómetros de distancia con problemas de desplazamiento y en horarios de 7 a 2 pm que les impide trabajar para atender las obligaciones familiares.

El proyecto Germinadora de la sede regional Brunca de la UNA, es un ejemplo a seguir con bajo costo y alto rendimiento cualitativo en la promoción de individuales y asociativos integrados con las fuerzas vivas locales, como se puede apreciar en el video realizado por canal 13 “La estación de la esperanza con autonomía”

Caminos exitosos existen, lo que se necesitan son decisiones políticas en el campo educativo y de capacitación para emprender una prevención efectiva. Con la Fuerza Pública pueden mitigarse los daños, pero no evitarlos en el mediano ni largo plazo.

Lo que estamos viviendo con las drogas en el ámbito nacional es solo el principio de una amenaza de ocupación de nuestro territorio por el terror. Por el momento, lo visible es la violencia manifiesta en el control de territorios, pero el verdadero poder está tomando posiciones estratégicas a través del blanqueo de capitales, el cual es tema de otro artículo.

Todavía no estamos en guerra civil como es el caso del El Salvador, y estamos a tiempo, si tomamos conciencia del peligro para tomar medidas efectivas, pero debemos actuar pronto con visión y decisión.