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Etiqueta: exclusión social

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes – sobre recortes presupuestarios para el sector

San José, Costa Rica; 17 de enero de 2024.

Las instancias y personas que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, externamos nuestra preocupación debido a que una vez más el actual gobierno y la Junta Directiva del PANI han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia. Nuestro llamado a la institucionalidad costarricense es a garantizar el contenido presupuestario que permita continuar con la dirección y las decisiones que promuevan la desinstitucionalización y prioricen la atención de estas personas menores de edad en contextos familiares.

Recortes en inversión en niñez y adolescencia continúan en 2024, pronosticando resultados desastrosos

Toda persona que sea madre, padre o cuidadora de personas menores de edad sabe que su atención integral tiene un costo económico elevado. No solo hay que considerar los gastos de sobrevivencia tales como alimentación, vestido, vivienda digna, salud, servicios públicos y cuido, sino también aquellos vinculados a su desarrollo integral, tales como: atención de salud especializada, recreación, educación, entre otros. En un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un alarmante 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica, el actual gobierno mantiene y profundiza sus decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social.

En la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI en el que se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.

Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional. En términos prácticos esto implica que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI (que gestionan una alternativa de protección cuando se han vulnerado los derechos de una niña, niño o adolescente) seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera), las cuales, pese a sus esfuerzos, no pueden sustituir la atención y cuidados brindados en un entorno familiar. Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.

Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social. Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente Administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo. Esto es muy delicado porque, como lo demuestran varias evidencias científicas recientes, las inversiones en desarrollo humano temprano son las más eficaces y tienen un impacto sustantivo a largo plazo, pues una experiencia de protección, atención y educación apropiadas durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto protector que se extiende a toda la vida de la persona (Berlinski et al., 2015; Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la evidencia científica ha señalado de forma reiterada que el impacto de la pobreza en el desarrollo humano es dramático. Bajo condiciones de pobreza, el ser humano no puede desarrollarse apropiadamente a ningún nivel, pues se generan rezagos y bloqueos gravísimos en años cruciales de la vida que afectan a nivel físico, cognitivo, emocional, conductual e integral, impidiendo a la persona adquirir las habilidades y conocimientos que necesita para progresar, sostenerse y superarse a lo largo de toda su vida (Chaverri Chaves, 2021; Farah et al., 2006; Mani et al., 2013; Noble et al., 2015).

Dado todo lo anterior, consideramos necesario que las autoridades del actual gobierno y la Junta Directiva del PANI reconsideren estos perjudiciales recortes y se comprometan a recuperar la inversión social en niñez y adolescencia. Esto no es solamente importante por sí mismo, sino también una obligación legalmente adquirida por el Estado costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Referencias

Berlinski, S., Schady, N. R., & Inter-American Development Bank. (2015). Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7259/Los_primeros_a%C3%B1os_El_bienestar_infantil_y_el_papel_de_las_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf?sequence=1

Chaverri Chaves, P. (2021). La educación en la pandemia: Ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1-22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725

Farah, M. J., Shera, D. M., Savage, J. H., Betancourt, L., Giannetta, J. M., Brodsky, N. L., Malmud, E. K., & Hurt, H. (2006). Childhood poverty: Specific associations with neurocognitive development. Brain Research, 1110(1), 166-174. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.06.072

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). The Economics of Human Development and Social Mobility. Annual Review of Economics, 6(1), 689-733. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040753

Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., Akshoomoff, N., Amaral, D. G., Bloss, C. S., Libiger, O., Schork, N. J., Murray, S. S., Casey, B. J., Chang, L., Ernst, T. M., Frazier, J. A., Gruen, J. R., Kennedy, D. N., Van Zijl, P., … Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18(5), Article 5. https://doi.org/10.1038/nn.3983

Imagen: UCR.

Cuando el instrumento político es el mismo cuerpo

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Está por verse si el reconocimiento de una institución hegemónica como la Real Academia Española de la Lengua es tan importante como para elevarle la autoestima a un país. O al menos para sacarlo de la disrupción en la que ingresó sin retorno desde hace más de 40 años.

En uno de sus aportes a la reflexión desde las Ciencias Sociales, el investigador español Juan Pablo Pérez Sainz y el costarricense Minor Mora Salas atinaban a titular “Se acabó la pura vida” en referencia a los evidentes signos de agotamiento del modelo inclusivo e incluyente que acompañó por décadas el desarrollo social y económico costarricense.

Dedican su trabajo a analizar tres procesos de impacto en la sociedad costarricense: la pauperización de los sectores medios y bajos, la galopante exclusión social y el aumento de la desigualdad como signo del agotamiento de los tiempos.

Se acabó la pura vida, dicen.

Entonces se queda uno pensando si los actos de significación simbólica como la reciente inclusión de la expresión en el Diccionario de la Real Academia Española serán de utilidad como, para por lo menos, buscar las fisuras de eso que alguna vez fue pomposamente llamado “la vía costarricense”.

En realidad el otro reconocimiento es el que me interesa precisar. Pasó casi desapercibido, quizá porque la misma sociedad costarricense continúa invisibilizando sus aportes desde la cultura popular, esa nacida en las bananeras y apropiada en los salones de baile josefinos del sur de la ciudad.

El Swing Criollo entró, junto con el pura vida, en los anales del reconocimiento formal. Sin embargo, en la misma sociedad costarricense o parte de sus sectores letrados, las élites y ciertos grupos de las capas medias que “se niegan a vulgarizarse”, se sigue pensando que ese baile es una práctica arrabalera, periférica, pachuca.

Expresión cultural, sí. Baile conformado desde los acordes del swing estadounidense de los años cincuenta del siglo XX. Si. Patrimonio cultural inmaterial, sí. Pero también poderoso instrumento de una política del cuerpo en respuesta a la programación social de cierta estética dominante.

El swing criollo es, ciertamente, una de las poquísimas herramientas que les quedan a los sectores populares para replantearse, visibilizarse, exponerse y decir desde su corporalidad.

Si su inclusión y reconocimiento formal y palaciega resulta de utilidad, que sirva justamente para mostrarnos esos signos de agotamiento de una vía costarricense cuyo swing hace mucho perdió su ritmo.

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

Una voz interior con ecos que restringen las políticas sociales

Miguel Sobrado

¿Qué es la voz interior para la psicología?

Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada «la voz de la conciencia», «voz mental» o también «diálogo interno». Aunque, en términos científicos, sería más adecuado referirse a ella como la voz del córtex pre-frontal.

“A modo de definición, se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta, generalmente, hacia el futuro a modo de preparación para los acontecimientos venideros”.

El diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones.

La sociedad en la voz interna

Pero ¿Qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Aquí es donde intervienen la estratificación y las relaciones sociales que se articulan alrededor de la familia, y cimientan los valores de la cultura prevaleciente.

Existen condicionantes sociales que configuran la voz interna y que tienen fuertes implicaciones

El contexto familiar trasmite desde la más temprana edad valores que configuran la posición social de las personas según el medio en que viven. Son muchos los estudios que describen cómo operan los prejuicios en las sociedades racistas y de clase generando minusvalía y dependencia. Debilitando la autoestima y promoviendo “techos mentales” que configuran socialmente las voces interiores de quienes se encuentran en estratos de bajo prestigio social.

Los estudios realizados en los Estados Unidos con niños negros de 3 a 7 años a quienes se les mostraron muñecas blancas y negras preguntándoles cual era buena y bella son muy significativos por sus respuestas. En esas edades tiernas ya habían asimilado a través de su entorno más cercano el prejuicio hacia su propio color, contestando que la blanca era bella y buena. De tal forma en el contexto social se dieron las condiciones configuraron una voz interna que va actuar posteriormente reduciendo sus aspiraciones y autoestima.

Estudios similares que se realizaron en México con niños indígenas, en un país donde la mayoría de la población es de ese origen, revelaron resultados similares de auto desvalorización por su origen étnico. En otras palabras el racismo ha calado tan profundamente en la cultura que se ha internalizado y pienso que en estos grupos y comunidades forma parte de esa voz interior que aconseja que acciones emprender y cuales mejor no.

Fenómenos similares han constatado los movimientos feministas y por eso demandan legislaciones y espacios sociales de igualdad.

La acción organizada y la ruptura de techos sociales que inciden sobre la voz interna

El racismo y el clasismo conllevan por lo general la exclusión social por las disminuidas oportunidades para el estudio, de acceso a los servicios de salud y superación social, de tal forma que las posibilidades de avance social se reducen. Y no solo se reducen, sino que los resultados se comportan en la práctica como las profecías que se auto cumplen. Esto es si la persona fracasa o tiene resultados mediocres es por su origen.

Operación tenazas

La exclusión social no se puede superar si no es con dos palancas fuertemente entrelazadas. Por una parte, la acción organizada de los excluidos o marginados para demandar su espacio y articular y poner en marcha sus propios proyectos y por otra con una política social, no asistencialista, sino proactiva de largo aliento centrada en una educación moderna y de amplia cobertura, que incluya a quienes a quienes perdieron la oportunidad educativa y tienen obligaciones familiares a su cargo. Esto último en procesos de autoorganización realizados en sus comunidades. Esta operación “tenazas” basa en la simbiosis de propósitos de las organizaciones que ajusten los servicios institucionales a sus necesidades. Son los efectos de la actividad organizada o vitamina “O” las que le dan poder efectivo a los excluidos y transforman su visión y perspectivas sociales. En este sentido rompen las voces internas que los inmovilizaban y se pueden transformar. Este proceso no solo cambia los horizontes, sino que posiblemente incida sobre la biología misma de los participantes, como lo sugiere las experiencias de la neurociencia.

El caso de las niñas prostituidas de Camboya citado por la siquiatra española Marian Rojas Estapé, donde se les registraron a las niñas el tamaño de los telómeros, medidores de edad de las células, cuando estaban en el burdel tenían 80 años y posteriormente de sacarlas de ese antro, en un nuevo contexto con capacitaciones ya habían recuperado su edad biológica.

Las transformaciones en gran escala que requiere la eliminación de la exclusión social no se pueden realizar por razones obvias a partir solo del trabajo de los siquiatras, requieren de un contexto favorable para la inclusión organizada y proactiva masiva de los afectados.

Esto nos obliga a trascender los enfoques individuales de autoayuda. No basta ponernos positivos, ni alejarnos de personas y contextos tóxicos. La realidad es social y nosotros estamos dentro de ella. Es preciso crear condiciones y procesos de apoderamiento social a través de las políticas sociales que destapen y promuevan el potencial real de las personas. Transformando el sustento subjetivo a las voces interiores que promueven la pasividad y resignación.

¿Somos inmunes a la violencia y el terror?

Miguel Sobrado

Miguel Sobrado Chaves

En Costa Rica hemos sido dados a pensar que la violencia y el terror no pueden afincarse en nuestro medio, ya que somos un pueblo de paz y democracia.  Lamentablemente nos olvidamos de nuestra posición geopolítica y que al igual que en 1856 o en la década de los 80s del siglo pasado, las tormentas de la vecindad terminan azotándonos. Las cosas han cambiado radicalmente en nuestra América desde que brotó el gran negocio de los carteles de la droga en el último cuarto del siglo pasado, cambiando los ejes del poder económico y político. Hasta entonces el poder económico dependía en gran medida del poder político centralizado en estructuras clientelistas. Con la aparición del negocio de la droga, con un poder económico sin precedentes, se resquebrajó la estructura de poder clientelista. Sistema que presentaba, por una parte, serias debilidades que permitían su penetración por la corrupción imperante, y por otra, generaba una masa creciente de excluidos desplazados por la tecnología que buscaban desesperadamente ingresos para atender las necesidades de sus familias.

Colocados geográficamente entre los países productores y procesadores de cocaína en el sur y los traficantes comercializadores y el gran mercado de consumidores en el norte del continente y punto de enlace con Europa, nuestro país es una ruta de paso necesaria para este nefasto negocio. Especialmente el tráfico terrestre, ya que el marítimo y el aéreo son controlados cada vez con más recursos por parte de los Estados Unidos.

Ha coincidido este interés del narcotráfico con las debilidades de nuestro sistema económico y social que deja por fuera especialmente a las regiones fronterizas y costeras, donde el narco se haido posicionando y penetrando los poderes locales e instituciones nacionales con su poder económico. De ahí que la lucha por el control de territorios haya desatado el terror y el crimen en nuestras costas y fronteras donde se ha posicionado y expande su estela de muerte hacia otras regiones del país.

El problema de nuestra debilidad, como país, frente a esta amenaza depende no solo del aparato de legalidad y de seguridad que debe actualizarse y modernizarse a fondo para impedir que siga expandiéndose y tomando fuerza este peligro. Especialmente en su sistema de inteligencia fortaleciendo la seguridad comunitaria de manera sistemática con seguimiento y atención permanente. Pero sobre todo, actuar en la prevención reduciendo la exclusión social. Un país que concentra sus ingresos en el 20% de la población y no abre suficientes oportunidades para incorporarse a la vida moderna a los jóvenes y a quienes perdieron la oportunidad educativa, tiene los pies de barro. La prevención de la violencia depende de la modernización del sistema educativo para adecuarlo a las exigencias de la nueva tecnología del conocimiento y de la regeneración ecológica. Sin olvidar que el aprendizaje y la capacitación constituyen actualmente, por la velocidad de los cambios, un proceso permanente para evitar la exclusión.

Especial atención merece en nuestro caso la actualización de la mano de obra para actuar frente a las necesidades y oportunidades. Recordemos que más del 50 % de la población económicamente activa tiene un nivel inferior al bachillerato y este porcentaje es mayor entre los desocupados. Se trata no solo de una actualización de los centros de trabajo, sino de los procesos y transformaciones que abren oportunidades en sus comunidades y regiones. Procesos que no pueden depender de proyectos elaborados por burócratas, sino que deben responder a la demanda y a la organización de las comunidades. Las instituciones deben, ante todo responder a estas demandas con asistencia técnica y recursos complementarios a los aportados por las comunidades.  Las comunidades, cuando gozan de autonomía, saben quéopciones tienen en las condiciones de su comunidad, para abrirse paso a paso mejorando sus capacidades.

Las ofertas del INA actuales frecuentemente les exigen, no solo requisitos de nivel de estudio que no tienen, sino un horario de asistencia en las sedes del INA que en muchas partes quedan a kilómetros de distancia con problemas de desplazamiento y en horarios de 7 a 2 pm que les impide trabajar para atender las obligaciones familiares.

El proyecto Germinadora de la sede regional Brunca de la UNA, es un ejemplo a seguir con bajo costo y alto rendimiento cualitativo en la promoción de individuales y asociativos integrados con las fuerzas vivas locales, como se puede apreciar en el video realizado por canal 13 “La estación de la esperanza con autonomía”

Caminos exitosos existen, lo que se necesitan son decisiones políticas en el campo educativo y de capacitación para emprender una prevención efectiva. Con la Fuerza Pública pueden mitigarse los daños, pero no evitarlos en el mediano ni largo plazo.

Lo que estamos viviendo con las drogas en el ámbito nacional es solo el principio de una amenaza de ocupación de nuestro territorio por el terror. Por el momento, lo visible es la violencia manifiesta en el control de territorios, pero el verdadero poder está tomando posiciones estratégicas a través del blanqueo de capitales, el cual es tema de otro artículo.

Todavía no estamos en guerra civil como es el caso del El Salvador, y estamos a tiempo, si tomamos conciencia del peligro para tomar medidas efectivas, pero debemos actuar pronto con visión y decisión.

Educación, democracia y seguridad

En un video de Prisma Latinoamérica, se nos explica cómo el terror y la indignación en la población por la creciente violencia sufrida en las ciudades no se resuelve con mayor presencia policial. Esta problemática debe su origen a la falta de oportunidades y la exclusión para amplios sectores de la población.

Además, la democracia no se limita al proceso electoral, esta va, necesariamente, de la mano con la reducción de la pobreza, sistemas educativos actualizados y de calidad, conservación y regeneración del medio ambiente, entre otras condiciones.

Puede ver el vídeo completo en el siguiente enlace: https://vm.tiktok.com/ZMYrrs6oN/ 

ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral

La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.

Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.

ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.

El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.

Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.

Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.

Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina

Mainier Barboza.

Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico por Costa Rica.

¿Puede parecer una protesta de este tipo acto vandálico? No conocí de esta noticia hasta hoy, sin embargo, independientemente de quiénes fueron (estudiantes, profesionales de la educación, administrativos, algún grupo focalista), la reacción es una muestra para mí respetuosa, ante la agresión, que no por ser verbal deja de serlo, de las opiniones del gobierno en materia de educación y de la Superior, con el FEES, que es un soporte del Estado Social de Derecho.

Las universidades públicas hace rato, están en la mira, representan no solo un baluarte de la democracia y nuestro Estado, su proyección con el desarrollo del país, con los programas de extensión, la preparación de profesionales de alta calificación, con sus observatorios en las distintas disciplinas y materias educativas, cursos libres, y lo mejor, la investigación científica, cultural, económica, entre otras representan la mejor forma de generar conocimiento, crearlo y reinvertirlo socialmente.

Ese es el problema en las sociedades signadas por el neoliberalismo, forma encubierta para no decir capitalismo salvaje (ya señalado desde los últimos decenios del siglo XX).

Aquí seguimos, bueno, los vasallos del poder hegemónico (G-7 con USA, al frente), demoliendo este Estado, les molesta que un país con 50100 kms2 de territorio (sin contar los casi 600 mil kms2 de mar territorial, abusado por pesca ilegal, ruta de narcos, contrabando, entre otras) tenga un Estado Social de Derecho. En tanto, las poblaciones costeras están en los niveles más deprimidos de la estadística oficial, (primeros lugares en pobreza extrema, en exclusión, en niveles de desocupación, y las mujeres encabezan esas listas).

Potencialmente el mar es la frontera económica que solventaría la crisis actual del país y la región centroamericana, lo que se necesitaría, es unir voluntades, inteligencias, cooperación, espíritu gregario, una alta dosis de patriotismo y de solidaridad. No es posible tener al frente la solución y solo postergarla, en aras de intereses mezquinos.

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina, donde arrasaron con el Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, sumiendo esas naciones en una pobreza sin límite, que recae, como «norma” del capital y su acumulación ambiciosa, en los segmentos de población más vulnerable, y la deuda pública, externa e interna inmanejable.

Ahorrar en educación es ahorrar en civilización

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía (ASCEIDE) expresamos nuestra solidaridad en defensa del presupuesto constitucional para la educación pública superior.

«Razones de economía nada justifican. Economizar en educación es economizar en civilización, y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo». Lo anterior nos lo recordaba –y tenía razón – el insigne educador Omar Dengo Guerrero. Su figura intelectual y humana, una de las más lúcidas de la educación costarricense, y de las más destacadas de la cultura nacional del siglo XX; supo sembrar la semilla de su pensamiento, con esta frase que, escrita ya tiempo atrás, sabe mantenerse vigente, para señalar el justo camino del presente, ante la discusión del presupuesto para la educación superior (y la educación costarricense en general).

Recortar presupuestos de la educación pública, no sólo es un retroceso en el desarrollo de la democracia, sino además un paso más hacia el fondo de la odiosa desigualdad, que se ha vuelto sistémica, y nos lleva al despeñadero sin retorno de la exclusión social y económica. El brutal recorte presupuestario a las universidades públicas, pone al rojo vivo la candente realidad del problema número uno del país: su sistema tributario perversamente injusto y totalmente corrupto. Las universidades estatales, tienen al igual que el resto de la sociedad, sus propias disparidades que equilibrar, senda inconclusa por la cual han iniciado a transitar. Lo anterior jamás debe eclipsar el hecho que el recorte presupuestario propuesto por la administración Chaves Robles, y su impacto en repositorios, programas sociales, infraestructura, equipamiento, gastos operativos, entre otros; no sólo perjudicarán la docencia, la investigación, y la acción social de las universidades estatales, sino que además acercará a no pocas de sus áreas a la tragedia cultural y humana de un cierre técnico. Desde ANEP y ASDEICE, estamos convencidos, que aplicar tal recorte a la educación pública superior, es un “muera la inteligencia”, que se expresará a través de asfixia presupuestariamente, en el marco de una crisis fiscal estructural, a la cual llegamos producto de la inacción premeditada de las élites plutocráticas gobernantes de las últimas administraciones ejecutivo-legislativas. Lo anterior, es una provocación de desestabilización social muy peligrosa. La corriente sindical en la cual militamos expresa su apoyo a la marcha universitaria de este martes 16 de agosto y, por ende, a la defensa del presupuesto de las universidades públicas, en cuanto a la naturaleza incuestionablemente constitucional de las obligaciones del Estado para con ellas.

La solidaridad de nuestras representadas para con las universidades estatales, no es flor de un día. Desde años atrás la hemos expresado de cara a las jornadas de setiembre de 2018 y octubre de 2019. Razón por la cual, tenemos muy presente, que para ese entonces las máximas autoridades políticas académicas, carecieron de una mirada humanista, pública y latinoamericana de más largo alcance; para sumarse a jornadas cívicas nacionales como el combo fiscal, la ley anti huelgas y la ley del empleo público, que hundían sus raíces en las mismas modas austericidas y causas estructurales que cíclicamente amenazan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En nuestro país, las Universidades Públicas, están en la histórica encrucijada, de asumir su rol en defensa del Estado Social de Derecho en que se fundaron, sumando al eje centrípeto del crisol de los sectores y organizaciones sociales de la patria, que, a lo largo de los últimos tiempos y de diversas maneras según las más complicadas coyunturas, hemos venido resistiendo las diversas ofensivas de la plutocracia reinante y su trasnochada ideología neoliberal. Instituciones del Estado como el ICE, la CCSS, el INS o FANAL; se encuentran actualmente al acecho de intereses similares a los que apuestan por un recorte asfixiante a las universidades estatales. Junto a la defensa de la educación, desde la más diversa y amplia ciudadanía, se debe estar atento a la defensa del ICE, de la “Caja”, de INS o la FANAL. Así mismo de una serie de instituciones, regímenes y programas sociales que están siendo estrangulados por la neoliberal regla fiscal. Las sucesivas administraciones ejecutivo-legislativas de la catástrofe fiscal en desarrollo, las del PLN, del PUSC y del PAC, nos han dejado al borde del precipicio de la quiebra del Estado; con una deuda pública imposible de pagar, con un acumulado de demandas sociales de potencial poder explosivo; y, con un pueblo trabajador que, en buena medida, ha estado dándole una oportunidad al nuevo Poder Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, cuyos verdaderos controladores de poder no parecen mostrar fuerte disposición a enfrentarse a la herencia perversa que nos asoma al “default”, pues tienen fuertes vínculos comunicantes a lo interno de las élites plutocráticas en aparente riña política. Las preocupaciones del Poder Ejecutivo con relación a las necesidades económicas y sociales de los sectores de la población costarricense que han venido sufriendo de manera más dura y cruel, la exclusión y la desigualdad (como las de las zonas costeras y fronterizas en las cuales el Presidente Chaves tuvo gran apoyo electoral); pudiesen ser objetivas; sin embargo, sin una transformación tributaria estructural para el fortalecimiento de una agresiva política pública de ataque frontal a la pobreza, vamos esbozando una nueva estafa electoral de muchísimas repercusiones negativas en la misma institucionalidad.

 

Compartido con SURCOS por ANEP y ASDEICE.

La disuasión integrada y América Latina

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Como es característico de los medios de comunicación hegemónicos y sensacionalistas en la era digital, no todos los acontecimientos relevantes son considerados noticias, ni mucho menos divulgados con la misma vehemencia que se publican notas sobre algún programa de baile o concurso de canto de moda. Aquella famosa frase romana de pan y circo se sigue aplicando al pie de la letra con buenos resultados. Sucede especialmente con la política, y ni para qué decir de la política internacional, en un contexto de tensiones, desglobalización y conflictos territoriales alrededor del mundo. La posverdad, las fake news y la infoxicación derivada es el nuevo opio de los pueblos.

Entre el 25 y 29 de julio de 2022 ha acaecido un hecho de gran importancia para América Latina y el Caribe en lo que a seguridad y política internacional se refiere, y casi nadie se ha enterado de ello. Se llevó a cabo la XV Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, en Brasil. En dicho evento, los EE. UU. posicionaron el nuevo concepto para ellos estratégico, en su lucha contra China y Rusia en América Latina y el Caribe; la disuasión integrada (integrated deterrence). Advirtieron a los países de la región que la nueva forma de lucha es por todos los frentes, medios, recursos y de manera integrada. Algo así como un tipo de guerra total en el siglo XXI.

En esta reunión los norteamericanos insistieron en la necesidad de contener especialmente el avance de China en América Latina y el Caribe. Daniel P. Erikson, subsecretario adjunto de defensa para el Hemisferio Occidental y participante de dicho evento, instó a los países a sopesar cuidadosamente cuál podría ser el costo de un mayor compromiso con China. Esto no es para nada casual, ya que para esas mismas fechas pero en el mes de junio, se realizó la Cumbre de la OTAN en Madrid, producto de la guerra en Ucrania, donde se expuso al mundo el nuevo concepto estratégico de esta organización militar, con Rusia, China y el terrorismo internacional como principales amenazas, según su perspectiva, para la paz mundial y la democracia (neo) liberal. También se realizaron las negociaciones para el ingreso de Finlandia y Suecia a la organización.

Este nuevo concepto lleva el nombre de Enfoque de 360°. Busca fortalecer la resiliencia nacional y colectiva, y redefine los tres objetivos principales de la OTAN en esta nueva etapa: disuasión y defensa, seguridad cooperativa y prevención y gestión de crisis. Así posicionan el respeto de la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos y el derecho internacional como unos de sus ejes prioritarios. Expone además el documento hecho público por la alianza, que las fuerzas nucleares estratégicas de esta, en particular las de EE. UU., siguen siendo la garantía suprema de la seguridad para el bloque.

Dentro del marco de esta coyuntura global se desarrolló la reunión de ministros de defensa de las Américas. Lloyd Austin, secretario de defensa de los EE. UU. participó de este encuentro para posicionar no solo el concepto de la disuasión integrada, sino los temas de ciberdefensa, la mujer, la paz y la seguridad, la ayuda humanitaria y la respuesta a las catástrofes. Pero sin duda, el más relevante de todos en términos geoestratégicos es el de la disuasión integrada.

Este nuevo concepto planteado por Colin Kahl, subsecretario de políticas de defensa, durante la cumbre Defense One Outlook 2022, busca vislumbrar con claridad aquello que esta nación debería defender y que puede ponerlos en condiciones de desventaja estratégica frente a sus adversarios en caso de crisis y conflicto. Esto implica el análisis significativo y la determinación de áreas claves de infraestructura crítica que deben protegerse, entre las cuales se encuentran; finanzas, energía y economía, con el telón de fondo de la amenaza climática. El general del ejército James H. Dickinson, comandante del Comando Espacial de EE. UU. afirmó que la disuasión integrada es un enfoque de todo el gobierno.

Esto quiere decir que se integra todos los instrumentos del poder nacional; a todos los comandos combatientes en todos los dominios (convencional, nuclear, cibernético, espacial e informativo), el gobierno, aliados y socios. Tenemos que trabajar junto a nuestros aliados y socios para que nuestros adversarios sepan que no solo se están enfrentando a Estados Unidos, sino que se están enfrentando a una coalición de países que están comprometidos a defender un orden internacional basado en reglas, ha declarado Colin Kahl recientemente.

La presentación de esta nueva doctrina de defensa nacional norteamericana en la reunión de ministros recién pasada en Brasil, deja en evidencia la necesidad de este país de involucrar tanto a América Latina como el Caribe en esa estrategia de lucha integrada contra las naciones consideradas por este como enemigas. Una vez más, nos encontramos frente a una encrucijada existencial, pues la importancia que vuelve a cobrar la región a nivel geopolítico para los intereses de las grandes potencias es prominente; ya sea por temas de recursos naturales, mercados o competencia por influencia política, y hace de este un espacio con alarmantes niveles de inestabilidad.

Es en este escenario donde académicos y políticos han planteado el tema de recuperar una autonomía mínima y una posición de no alineamiento activo. Estas corrientes, consisten básicamente en conservar ciertos niveles de neutralidad, equidistancia estratégica y acercamientos pragmáticos tanto con unos como con otros al mismo tiempo. Se puede y debe tener buenas relaciones con todos, sin que esto signifique necesariamente casarse con nadie. Por ello el fortalecimiento del regionalismo es importante, no obstante, este atraviesa una de sus crisis más agudas de los últimos años, encontrándose así en sus mínimos históricos, como argumenta la Dra. Josette Altmann Borbón en sus análisis sobre la región.

Equilibrar los lazos constructivos con todos es indispensable, tanto entre países vecinos como con potencias emergentes y consolidadas, pero pareciera que adoptar una postura definitiva de un bando u otro atrayendo dichas pugnas a estas latitudes, no es una opción con posibilidades de éxito para nadie en estos momentos. Si América Latina y el Caribe pasan a ser parte de este teatro de guerra planetario adoptando una postura hacia un único bando, estaría perdiendo más de lo que puede ganar, con consecuencias imprevisibles a corto y mediano plazo en todos los campos; desde el económico, hasta el social, político y militar, sumado a una mayor fragmentación política tanto interna como regional.  

Los grandes y verdaderos enemigos comunes de la región hoy son la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la falta de empleos de calidad y formales, la lucha frontal contra el cambio climático, las nuevas desigualdades digitales y pérdida de oportunidades para el desarrollo integral de las personas. Todo esto implica altas dosis de pragmatismo y realismo, pero sobre todo, capacidad de diálogo en medio de las diferencias, un ejercicio responsable de la democracia con una diplomacia activa en defensa del derecho internacional, el multilateralismo, así como el trato con respeto hacia la soberanía, tradiciones y visión de vida de cada pueblo, con una hoja de ruta clara como región, y pensando siempre desde una perspectiva latinoamericana.