Preocupación y urgencia ante crecida de crímenes gota a gota.
En las últimas semanas las noticias sobre crímenes producto de los préstamos gota a gota han estado en un aumento preocupante.
ASOCOMI insiste que la mejor solución para detener los préstamos informales conocidos como “gota a gota” es promover fuertemente la inclusión financiera.
San José, Costa Rica. Ante el aumento de crímenes relacionados con los préstamos gota a gota, la Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI) hace un llamado a las señoras y señores diputados para que tramiten con urgencia el proyecto 23.101 Ley para la Promoción y Regulación del Microcrédito como Fomento de la Inclusión Social Financiera en Costa Rica.
Desde la Asociación están de acuerdo con los proyectos de ley que buscan castigar de manera especial la figura del préstamo “gota a gota”, y consideran que la prevención es la mejor herramienta, sobre todo frente a un sistema policial y judicial que tiene recursos limitados para contrarrestar esta crecida de crímenes.
“Si a esto le sumamos que el porcentaje de reporte de estas amenazas y agresiones en instancias judiciales son mínimos ante el temor a represalias, estamos verdaderamente ante una situación catastrófica para las poblaciones más vulnerables”, recalcó Mónica Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva de ASOCOMI.
El microcrédito a nivel mundial es la herramienta de inclusión financiera por excelencia. Los datos sobre la crecida de crímenes relacionados con préstamos gota a gota, no son más que el reflejo de las cientos de personas que al no poder acceder a financiamiento formal, buscan satisfacer sus necesidades por la vía informal.
Todos los días vemos noticias sobre muertes de personas a manos de cobradores de préstamos gota a gota, mujeres amenazadas por préstamos propios o informales; y ahora con más preocupación la posible entrada de prestamistas gota a gota provenientes de El Salvador.
La Licda. Navarro ha recalcado que se debe tener claro que la regulación, los topes de tasas, los reportes, entre otros, a los únicos que impacta es al sector formal del microcrédito, empujando a la exclusión de miles de personas. Mientras tanto los informales, seguirán sin cumplir con límites de topes de tasas, sin aplicar regulación, siempre a la libre.
Es urgente actuar ahora y empezar a reversar esa exclusión con la aprobación del proyecto 23.101 Ley para la Promoción y Regulación del Microcrédito como Fomento de la Inclusión Social Financiera en Costa Rica impulsado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana Daniela Rojas.
El pasado 31 de marzo del 2023 el Bloque Cívico de Limón convocó junto al movimiento de los Muelleros y otras fuerzas vivas de Limón a una manifestación en protesta de las decisiones tomadas por el gobierno de la República de Costa Rica que vienen a profundizar las distintas desigualdades estructurales que siguen marginando a la provincia y generan los espacios de marginalidad y exclusión, pero también de ningueno de las personas que habitan y comparten en estos territorios caribeños.
Les dejemos con todas estas voces que nos ayudan y guían para comprender un poco más de cerca ese Limón que protesta y se rebela ante tantas injusticias históricas que siguen profundizándose.
Han sido miles de páginas y cientos de libros escritos en torno de la democracia y es posible que sean infinitas las reflexiones particulares que se harán sobre este fenómeno social, histórico y anhelo ciudadano, dado que no es posible agotar las singulares conquistas y particulares significaciones que tiene la democracia en cada ámbito social. La democracia expresa el dinamismo de realidades inéditas, que no son semejantes a otras, así como tampoco es estática en cada espacio social, ni es similar para los distintos grupos de interés, segmentos o clases sociales. La democracia es particular, no privada, aun cuando frecuentemente es medida y comparada de manera estandarizada o por los ciegos poderes autocráticos del Perú.
Las referencias a la democracia y los enfrentamientos por alcanzarla cubren gran parte del pasado y el presente de los pueblos del mundo. Las luchas contra la desigualdad, la exclusión, la explotación y contra toda forma de esclavismo, sumisión y colonialidad del poder, ha sido la historia común de muchas colectividades del universo social. Tal vez, se podría reescribir el pasado y el presente, a través del recuerdo y recuento de las múltiples formas adoptadas por conquistar la libertad, la igualdad y la solidaridad de la ciudadanía y sus pueblos. Sin duda, no sería una historia de vencedores, dominadores ni explotadores, sería la de quienes se les ha negado derechos, cultura y pensamiento propio y sobre todo, al esclavizarlos, excluirlos y reprimirlos estatal por pensar y actuar sobre el presente y futuro colectivo y nacional. La usurpadora del poder en el Perú, como algunos diputados, han expresado sin mediación alguna, que los manifestantes carecen de derechos de definir la política y el devenir nacional, cuando son precisamente los dictados de la ciudadanía y de los pueblos quienes definen la actuación del Estado que tiene la obligación obedecer. El Estado que transgrede los deberes con su sociedad y violenta sus derechos solo es una tiranía fascista. El poder totalitario, nunca admite errores, es absoluto, como inmunes e impunes son los asesinos de los manifestantes y de los explotadores privilegiados, con el apoyo de las fuerzas brutas que indebidamente e ilegítimamente lo amparan.
Rescatar el pasado en el pragmatismo contemporáneo, donde solo importa el presente y el economicismo rampante, es la visión cínica, que oculta las luchas y logros democráticos de nuestros pueblos peruanos.
El desarrollo nacional en el Perú, es presentado por los autócratas y los empresarios globales, como la aspiración de todos, no obstante es solo una invención ideológica privada, excluyente y exclusiva, que beneficia a propietarios del dinero global, a los delincuentes financieros y sus sirvientes de la institucionalidad estatal. Ellos han creado leyes indignas e incluso la Constitución de la República, a la medida de sus intereses contra la ciudadanía y la nación.
La política, expresión del poder de la colectividad de todas las organizaciones de la heterogeneidad social, se ha privatizado contra toda razón y conocimiento científico. En el Perú el poder cambio discursiva y judicialmente, para convertir el despotismo tiránico del Estado por democracia; el clamor popular democrático por terrorismo; lo privado por lo público; el diálogo social por represión y asesinatos; la paz por guerra total; la igualdad por racismo; el pensamiento y la solidaridad social por complicidad terrorista; las luchas sociales por la situación y el progreso nacional por comunismo radical; los intelectuales y pensadores independientes por instigadores de la violencia y por lo tanto, todos espiados, perseguidos, detenidos, secuestrados y próximos a ser desaparecidos.
Sin embargo, los ignorantes poderes tiránicos han creído en todos los tiempos que los subalternos pueden ser controlados y dominados fácilmente con represión, miedo y muerte, por ello las revoluciones siempre han sido inesperadas e inexplicables derrotas para quienes detentan el poder y la explotación absoluta.
El Perú es el experimento radical de la privatización de lo nacional en América Latina, están privándonos de ser actores colectivos de la construcción del presente y futuro nacional, de aspirar la igualdad social, jurídica y democrática. El poder autocrático en el Perú imagina que la historia, solo sirve para llenar libros y para charlas de café, lo cual es una muestra fehaciente que la estupidez, no tiene límites para los que se consideran dueños de nuestro Perú profundo.
Ignorantes gobernantes, la historia no es pasado, es presente, ilumina y da sentido a nuestra cotidianidad, así lo demuestran los pueblos que expresan con su presencia la histórica peruanidad de pensamiento y acción contra esta perversa y asesina tiranía, que no gobierna, nos asesina y pretende hacerlo con nuestra historia.
Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado, investigadores del Centro de Investigación en Comunicación
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
Es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia
El proyecto Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022), que se realizó desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se interrogó si la exclusión social, un rasgo predominante de las sociedades centroamericanas, estaba o no presente en las narrativas y resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas en 2021 y 2022.
En términos metodológicos, se analizó la presencia de temas asociados a la exclusión social en los perfiles públicos de personas candidatas, partidos políticos y medios de comunicación en redes sociales. Ello fue posible por medio de una herramienta creada por la compañía Meta (antiguamente Facebook) denominada CrowdTangle, la cual está a disposición de académicos y grupos de investigación mediante una solicitud de inscripción.
En el caso de Costa Rica, el hallazgo principal es que el mundo de la vida, caracterizado por la exclusión, no encuentra un correlato en las publicaciones de las personas candidatas monitoreadas. Las publicaciones asociadas a exclusión oscilaron entre un 6,38 % (el menor) y 29,35 % (el mayor) del total de posts publicados.
La contienda electoral 2022 se caracterizó por ser una campaña centrada en las personas candidatas. En la primera ronda, por ejemplo, 12 de las 25 personas candidatas (49 %) publicaron más en sus cuentas oficiales que en la de sus propios partidos. Frente a este panorama, ni los medios de comunicación, cuyas publicaciones referentes a la exclusión no alcanzaron el 3 % en Costa Rica, ni la ciudadanía logran introducir contrapesos a esta perdurable cultura política caudillista.
El proyecto también se interesó por analizar las propuestas programáticas de los partidos políticos que lograban mayor apoyo según las encuestas en meses previos a la primera ronda electoral 2022. Ello fue posible gracias a una afortunada modificación del artículo 148 del Código Electoral, según la cual el programa de gobierno es un requisito para los partidos que se presentan a las elecciones presidenciales.
Los programas muestran tres rasgos principales. El primero es su heterogeneidad, es decir, varían considerablemente entre sí, tanto en términos de estructura, como de extensión. En segundo lugar, se trata de programas más de tipo diagnóstico, los cuales carecen de metas a las que se les podría dar seguimiento en términos de cumplimiento. En tercer lugar, la exclusión es un tema marginal en los programas, pues apenas entre un 4.61 % y el 13,76 % del contenido de los programas analizados correspondía a alguna alusión a la exclusión. De nuevo, lo que es crucial y doloroso en el mundo de la vida es marginal en la oferta partidaria.
Ahora bien, cuando se cotejan los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la conclusión es que quienes enfrentan mayores desventajas votan menos y, cuando lo hacen, tienden a preferir a opciones partidarias semejantes. En un análisis de correlación entre IDH y abstencionismo por provincia, se obtuvo un coeficiente negativo de -0.85 en la primera ronda, es decir, a menor IDH mayor fue el número de votantes que se abstuvieron de ir a las urnas. La exclusión no fue una prioridad de las campañas, pero sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por cuál partido hacerlo.
Surge entonces la pregunta de ¿por qué aquello que es central en la vida es marginal en las narrativas electorales? Una, entre otras respuestas, es que la política electoral ha experimentado una erosión de su legitimidad en diversas regiones y no se diga en Centroamérica. Más que dar respuesta a demandas ciudadanas, mucho de la política electoral consiste en legitimar la oferta electoral en sí misma.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la promesa de campaña del ahora presidente Chaves, “yo me compro la bronca”, condensa una variante del populismo autoritario, según el cual gobernar es una tarea en primera persona, de claro acento machista, nombrada como una “bronca”. La “mano dura” se arropa con un lenguaje populista que pretende presentarse como alguien del “pueblo”.
Emerge, pues, una suerte de gamonal urbano, capaz de liderar un proyecto político neoconservador con poca resonancia práctica en el mundo de la vida, pero sí estridente en las declaraciones públicas y en las redes sociales.
También aparecen variantes del neoconservadurismo religioso, que entre 2018 y 2022 fueron dejando atrás la fachada cristiana para ir asumiéndose en lo que hoy llaman la “nueva derecha”.
Una vez que la campaña electoral toma el curso caudillista, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía logran posicionar agendas y temas que trascienden las descalificaciones mutuas y la política del escándalo. La ciudadanía no construye oportunidades para posicionar temas o retos que pudieran ampliar la discusión.
En este siglo XXI, Costa Rica, y más en general Centroamérica, vive un nuevo ciclo político que puede ser descrito como una implosión social en que no hay conflictos armados, pero en que la democracia electoral no da respuesta a las demandas y expectativas de sectores mayoritarios.
El hecho que la democracia electoral no ofrezca opciones frente a la exclusión tiene enormes repercusiones, pues ¿de qué otro modo se pueden alcanzar acuerdos sociales? No se trata de idealizarla y menos ignorar las asimetrías de poder que la caracterizan, pero sin duda en la medida en que la exclusión se profundice, la democracia, en su expresión electoral y sustantiva, pierde legitimidad.
Frente a este panorama, los populismos autoritarios pretenden ofrecer respuestas a la exclusión, las cuales, aparte de la estridencia retórica, están lejos de responder a las demandas y expectativas ciudadanas.
Hoy en Costa Rica, y no se diga en Centroamérica, es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia. Es la esperanza que el libro ¿Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamérica?, el cual recoge los hallazgos presentados de manera sucinta en este artículo, contribuya a fortalecer voces propias.
Carlos Sandoval García Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Brayan Rodríguez Delgado Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En la columna anterior comentamos acerca de los discursos que median en la actualidad, a propósito de la coyuntura migratoria relacionada con la población venezolana en tránsito por el país.
Las percepciones prevalecientes son el resultado de la proliferación de “discursos de crisis”, que acrecientan el sentido de incontenibilidad, descontrol y amenaza, que parecieran representar actualmente las personas migrantes en un contexto como el costarricense.
Estos discursos aparecieron con mucha fuerza durante la coyuntura migratoria en la Europa de mitad de la década anterior, cuando la intensidad de los movimientos poblacionales forzados por la situación en Siria y otros países africanos y asiáticos, condicionó la construcción de políticas migratorias restrictivas, el vallado horizontal y un endurecimiento de las opiniones anti inmigrantes, en poblaciones afectadas de por sí por el desempleo, la pobreza y la exclusión.
Ante situaciones de crisis, el abordaje es paliativo y debe procurar una intervención. Es una máxima de la psicología. Cuando en el tema migratorio aparecen discursos de esta naturaleza, las respuestas elaboradas por los Estados se sustentan en la intervención de un enfoque absolutamente securitario, que es procesado a nivel social en forma de discursos contrarios, la más de las veces afincados en la producción del odio como eje en el lenguaje.
Particularmente en las redes sociales esta forma de tematizar la migración ha encontrado un espacio para fortalecerse. Algunos estudios recientes para el caso costarricense (COES, 2022) identifican cerca de un millón de conversaciones donde el odio y la discriminación son las principales categorías. Aquí se reflejan, entre otras, las elaboraciones contra las personas migrantes.
Hemos dicho en varias ocasiones que el enfoque basado en la problematización de las migraciones produce discursos que peligrosamente pueden derivar en prácticas de rechazo.
Para el fin de semana anterior estaba convocada una marcha cuyo objetivo principal era defender la patria de los extranjeros venezolanos. Ya tuvimos una triste expresión xenófoba y nacionalista en 2018 en las calles de San José, cuyas dimensiones aún son analizadas.
Procedamos a contestar ese enfoque problematizador con uno que entienda la migración en todas sus dimensiones. Solicitemos políticas públicas más humanizadas y comunicación asertiva sobre el tema. Cumplamos la máxima de ser para los demás una sociedad hospitalaria como principio.
Como se dirá tantas veces en estos días de atención futbolera: “Si se puede”. Yo sé que sí.
Fotografía: Guillermo Navarro (2022) Campamento de personas migrantes en las inmediaciones de Calle 5 y Avenida 14 en San José, Cerca de la Terminal de Buses Tracopa Ltda.
La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.
Por Miguel Sobrado* 20 de noviembre 2022
La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente.
La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.
Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.
Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.
En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.
La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.
La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.
Exclusión persistente
A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.
Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.
Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.
La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.
Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.
Brasil
Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.
En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.
La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.
Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.
Costa Rica celebró, oficialmente, el “Día del Negro” según el decreto Nº 11928, realizado en la administración de Rodrigo Carazo, expresidente de la República (1978-1982), por iniciativa impulsada por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC, sin embargo no es sino hasta en el año 2021 se celebra por primera vez el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes, en homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor del mundo, así como sensibilizar a la población acerca de la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra los afrodescendientes.
La creación de esta efeméride fue presentada por Costa Rica, copatrocinada por 52 países miembros para su aprobación en Asamblea General de las Naciones Unidas.
La escogencia del 31 de agosto como fecha para la celebración no es casualidad, se debe en conmemoración de la Primera Convención Internacional sobre la Situación de las Personas Negras, en el Madison Square Garden, en Nueva York, el 31 de agosto de 1920, y como resultado de las discusiones en esa convención, se promulga “La Declaración sobre los Derechos de los Negros”.
Con ello se quiere reafirmar la libertad e igualdad de derechos, reconociendo su potencial de contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Si bien es cierto se han alcanzado algunos avances en los ámbitos legislativo, normativo e institucional, siguen manifestándose diversas formas de discriminación racial, marginación y exclusión, evidenciado en desigualdades estructurales en materia de derechos humanos.
Históricamente, la provincia de Limón, que se ha caracterizado por aglutinar la mayor población afrodescendiente en el país, en términos generales ha vivido el abandono, la indiferencia y en más de una ocasión el olvido por parte de los gobiernos de turno y con ello, afectándose la colectividad se ha afectado a cada uno de los habitantes que han sufrido por esas conductas discriminatorias y de abandono. Y desgraciadamente podríamos asimilar la situación de Limón en Costa Rica con muchas otras zonas en otros países y con África con relación al mundo entero. Eso debe acabar
Dios quiera que este día no sea solo una celebración de jolgorio y vacilón, sino que, y especialmente, se asuman compromisos para que se empiece a saldar la deuda histórica que se tiene con este sector de la población y que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que sus antepasados, por desidia, egoísmo e indiferencia, se vieron privados.
Un abrazo fraterno a los negros y afrodescendientes en Costa Rica y el mundo.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
La convivencia en un país como Costa Rica se ha vuelto compleja, inmanejable, agobiante. La exacerbación de sentidos de exclusión, discriminación y rechazo muestra una cotidianidad conflictuada, alimentada por la laxitud y la proliferación de una comunicación mediada en redes sociales provista de discursos iracundos, acríticos, canceladores de cualquier disidencia, de cual manifestación de la diferencia.
El video que circuló el pasado 18 de agosto en el que se ve a un hombre aceptando ser el asesino del dirigente recuperador bröran del territorio de Térraba Jerhy Rivera, en Costa Rica, es por mucho expresivo de una forma incontenible de racismo, discriminación y exclusión social que se ha venido instalando en la sociedad costarricense en los últimos años, a pasos agigantados.
En el material audiovisual, reproducido en redes sociales de forma viral cientos de miles de ocasiones, se logra apreciar el momento en que un hombre de apellidos Varela Rojas indica haber cometido el asesinato con el que acabó la vida de Rivera.
Por este caso al hombre se le sigue una causa penal aún en proceso.
Lo más dramático de este hecho no es solo la confesión pública, realizada inclusive ante autoridades gubernamentales durante un acto oficial en el que se reunía la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, desarrollada en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, sino los gestos de exclamación y júbilo provenientes de un público en apariencia de acuerdo con el acto cometido.
Los aplausos y la aprobación observados confirman una ruptura del tejido social costarricense en todos sus extremos. Se producen en una fecha que recuerda otro hecho condenable, en la que exactamente cuatro años atrás, el 18 de agosto de 2018, una turba nacionalista y xenofóbica organizara una marcha odiosa y repudiable dirigida hacia el Parque de la Merced ubicado en la ciudad capital, con el objetivo de “expulsar a los nicaragüenses que allí se encontraran”.
Hace apenas unos días un entrenador y exjugador de futbol costarricense, Walter Centeno, fue objeto de insultos y cánticos homofóbicos por parte de una barra rival. Los hechos fueron denunciados, pero hasta la fecha no se conocen acciones reparadoras en este caso.
El escritor argentino Jorge Bocannera en su texto poético “Universo” reflexiona:
“El domador que mete su cabeza dentro de la boca
del león, ¿qué busca?
¿La lástima del público?
¿Que tenga lástima el león?
¿Busca su propia lástima?”
Y de inmediato se pregunta:
“Y el público, ¿está loco? ¿por qué aplaude?”
En tanto el público continúe aplaudiendo frenético ante la muerte, mientras siga sintiéndose empoderado para insultar, ofender y excluir simbólica y físicamente, esta sociedad continuará requiriendo una intervención urgente en su acuerdo social. Hoy más que nunca es necesario un nuevo contrato incluyente y respetuoso de las diferencias. Es impostergable.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Pudo más la discusión de élites sobre el cierre de un complejo de entretenimiento, la defensa de cierta libertad de expresión que no asume la libertad de expresión completa y el pulso que, en palabras de Serrat, procuraba medir el tamaño no del cerebro, sino de otro órgano con el que se demuestra virilidad.
Pudo más ese escenario mediático y espectacularizado, que la peligrosa instalación en las últimas dos semanas de un núcleo recesivo en materia de poblaciones migrantes.
Pasó hace unos días en Guanacaste. Concretamente en la comunidad de El Silencio en Huacas de Santa Cruz. Una mujer, dos de sus hijos, un sobrino de esta y el cuñado de uno de los hombres, fueron acribillados a balazos.
Las autoridades dirían entonces que al parecer se trató de una equivocación en un ajuste de cuentas dirigido a personas que vivían anteriormente en la vivienda donde fueron cometidos los asesinatos. Tres de los hombres tenían un poco más de una semana de haber llegado de Nicaragua en busca de trabajo.
En medio del barullo de élites que todo lo ha copado, esta noticia pasó prácticamente desapercibida, como anecdótica fue la acción de discriminación que experimentó el jugador nicaragüense Byron Bonilla al negársele a salir con la bandera de su país a recibir su medalla de campeón del torneo de fútbol de primera división costarricense. La acción fue reparada, pero quedó marcada en la epidermis de Bonilla: “llevo la bandera de mi país adonde vaya”, respondería entonces el jugador al agravio.
Este escenario complejo para las relaciones de convivencia en un país que desde hace tiempo perdió su locus horizontal, tiene su correlato, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en la producción y distribución de discursos que alimentan odios exacerbados y nacionalismos decimonónicos que asumen la defensa de una patria pétrea, descartando a quienes no son “ciudadanos legítimos”.
Pasó por alto el crimen de la familia nicaragüense en medio de la escaramuza interburguesa (acepción que tomo prestada de colegas con más experiencia que la nuestra en el análisis social), pero quizá lo más impactante haya sido el silencio colectivo sobre este hecho, una forma de desinteresarse por esos otros cuerpos que no importan.
Los núcleos duros de conservadurismo instalados ya en la sociedad costarricense deben ser contrarrestados con el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, somos importantes para el desarrollo del país. Ya no más el silencio como política, ya no más inocentes en la primera línea de fuego.
No siempre una persona asesinada en las calles josefinas recibe tanta atención mediática como la que viene recibiendo Marco Calzada; incluso la Conferencia Episcopal y hasta algunas personas diputadas se dieron en el pecho ante tan ingrata muerte.
Quisiera recordarle a esos medios y a otros tantos dolientes de ocasión, que dos menores de edad que yo conocía fueron vilmente asesinados en similares términos en los barrios del sur: a Graciela con doce años, una bala le cegó la vida; y a David con casi 15 años de edad, lo mataron a tiros. Recientemente murió Kendra a sus 21 años, consumidora de drogas desde los 13 años, madre adolescente, ignorada por el sistema.
No vi a los medios, a la Conferencia Episcopal y a los diputados indignados por esas muertes; claro, todo apunta a que hay muertos que valen más que otros. Los miserables son solo una estadística policial; desechables desde siempre y hasta la muerte; personas a las que se les negó un proyecto de vida, aunque también tienen familia y amistades a quienes les duele su partida. Incluso por varios años queda hasta un grafitti en alguna pared del barrio.
Pero vale recordarle a esos dolientes de ocasión, que en muchos casos ellos fueron y son cómplices del asesinato de Marco, de Graciela, de David, de Kendra y de cientos de personas que mueren a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Durante más de 40 años impulsaron políticas económicas que tejieron una sociedad de exclusión y pobreza, una sociedad en la cual el ser humano no se constituye por lo que es, sino por lo que tiene, y la seguridad material -negada para millones de personas por el modelo económico neoliberal-, se debe conseguir a toda costa, aunque sea por medio de la violencia y la muerte, por el robo de un celular que finalmente termina en las manos de un taxista igualmente cómplice.
La Costa Rica que se distinguía por sus altos niveles de justicia y seguridad social, quedó enterrada por la voracidad neoliberal que sigue siendo la máxima.
Se equivocan esos dolientes de ocasión si piensan que con oraciones, cierre de bares, nuevas leyes, más policías o hasta cámaras con reconocimiento facial, la ola delictiva va a desaparecer o reducirse; la misma es estructural, y para superarla se requieren medidas estructurales orientadas a distribuir la riqueza, fortalecer la seguridad social y crear oportunidades de desarrollo humano realmente incluyentes. Pero eso es mucho pedirle a la clase política, al empresariado o a un Nogui Acosta que está más interesado en cobrarle nuevos impuestos a la clase trabajadora. Recuérdese este gobierno le da aumentos de salarios del 98% a sus ministros, mientras que a la población trabajadora le receta un exiguo 1.24% de aumento, valor no solo incapaz de compensar la inflación, sino que también a la postre aumentará la exclusión social, inexorable caldo de cultivo de la violencia que vive el país.
Décadas atrás entrevisté en Ciudad Juárez a un menor de edad que era parte de un cartel de droga; su autopercepción sobre su futuro era muy reducido: tenis, armas, mujeres, una camioneta, dinero para su madre. Todo se tenía que tener y disfrutar ya: mañana posiblemente estaría muerto. Justo así, piensa una parte de nuestra niñez y adolescencia; la cárcel no le asusta, la muerte no es con ellos, el futuro no existe. Nuestros dolientes de ocasión tienen perdida su batalla moralizadora desde su misma concepción.
PD. Y que dicha no fue una mujer a la que asesinaron en el barrio chino, lo más selecto del conservadurismo machista costarricense habría terminado de rematarla con frases como “que hacía una mujer sola a las 12 de la noche en San José”, “o se lo merecía por aventada”.
