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Etiqueta: exclusión

Sobre «el problema de la migración»

Publicado el . Publicado en Sin categoría.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la columna anterior comentamos acerca de los discursos que median en la actualidad, a propósito de la coyuntura migratoria relacionada con la población venezolana en tránsito por el país.

Las percepciones prevalecientes son el resultado de la proliferación de “discursos de crisis”, que acrecientan el sentido de incontenibilidad, descontrol y amenaza, que parecieran representar actualmente las personas migrantes en un contexto como el costarricense.

Estos discursos aparecieron con mucha fuerza durante la coyuntura migratoria en la Europa de mitad de la década anterior, cuando la intensidad de los movimientos poblacionales forzados por la situación en Siria y otros países africanos y asiáticos, condicionó la construcción de políticas migratorias restrictivas, el vallado horizontal y un endurecimiento de las opiniones anti inmigrantes, en poblaciones afectadas de por sí por el desempleo, la pobreza y la exclusión.

Ante situaciones de crisis, el abordaje es paliativo y debe procurar una intervención. Es una máxima de la psicología. Cuando en el tema migratorio aparecen discursos de esta naturaleza, las respuestas elaboradas por los Estados se sustentan en la intervención de un enfoque absolutamente securitario, que es procesado a nivel social en forma de discursos contrarios, la más de las veces afincados en la producción del odio como eje en el lenguaje.

Particularmente en las redes sociales esta forma de tematizar la migración ha encontrado un espacio para fortalecerse. Algunos estudios recientes para el caso costarricense (COES, 2022) identifican cerca de un millón de conversaciones donde el odio y la discriminación son las principales categorías. Aquí se reflejan, entre otras, las elaboraciones contra las personas migrantes.

Hemos dicho en varias ocasiones que el enfoque basado en la problematización de las migraciones produce discursos que peligrosamente pueden derivar en prácticas de rechazo.

Para el fin de semana anterior estaba convocada una marcha cuyo objetivo principal era defender la patria de los extranjeros venezolanos. Ya tuvimos una triste expresión xenófoba y nacionalista en 2018 en las calles de San José, cuyas dimensiones aún son analizadas.

Procedamos a contestar ese enfoque problematizador con uno que entienda la migración en todas sus dimensiones. Solicitemos políticas públicas más humanizadas y comunicación asertiva sobre el tema. Cumplamos la máxima de ser para los demás una sociedad hospitalaria como principio.

Como se dirá tantas veces en estos días de atención futbolera: “Si se puede”. Yo sé que sí.

 

Fotografía: Guillermo Navarro (2022) Campamento de personas migrantes en las inmediaciones de Calle 5 y Avenida 14 en San José, Cerca de la Terminal de Buses Tracopa Ltda.

Contrapesos republicanos y contrapesos ciudadanos

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Por Miguel Sobrado*
20 de noviembre 2022

La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente.

La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.

Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.

En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.

La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.

La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.

Exclusión persistente

A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.

Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.

Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.

La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.

Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.

Brasil

Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.

En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.

La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.

Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.

*miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.

Compartido con SURCOS por el autor.

Día del Negro

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Costa Rica celebró, oficialmente, el “Día del Negro” según el decreto Nº 11928, realizado en la administración de Rodrigo Carazo, expresidente de la República (1978-1982), por iniciativa impulsada por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC, sin embargo no es sino hasta en el año 2021 se celebra por primera vez el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes, en homenaje a las contribuciones de la diáspora africana alrededor del mundo, así como sensibilizar a la población acerca de la necesidad de eliminar las formas de discriminación contra los afrodescendientes.

La creación de esta efeméride fue presentada por Costa Rica, copatrocinada por 52 países miembros para su aprobación en Asamblea General de las Naciones Unidas.

La escogencia del 31 de agosto como fecha para la celebración no es casualidad, se debe en conmemoración de la Primera Convención Internacional sobre la Situación de las Personas Negras, en el Madison Square Garden, en Nueva York, el 31 de agosto de 1920, y como resultado de las discusiones en esa convención, se promulga “La Declaración sobre los Derechos de los Negros”.

Con ello se quiere reafirmar la libertad e igualdad de derechos, reconociendo su potencial de contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Si bien es cierto se han alcanzado algunos avances en los ámbitos legislativo, normativo e institucional, siguen manifestándose diversas formas de discriminación racial, marginación y exclusión, evidenciado en desigualdades estructurales en materia de derechos humanos.

Históricamente, la provincia de Limón, que se ha caracterizado por aglutinar la mayor población afrodescendiente en el país, en términos generales ha vivido el abandono, la indiferencia y en más de una ocasión el olvido por parte de los gobiernos de turno y con ello, afectándose la colectividad se ha afectado a cada uno de los habitantes que han sufrido por esas conductas discriminatorias y de abandono. Y desgraciadamente podríamos asimilar la situación de Limón en Costa Rica con muchas otras zonas en otros países y con África con relación al mundo entero. Eso debe acabar

Dios quiera que este día no sea solo una celebración de jolgorio y vacilón, sino que, y especialmente, se asuman compromisos para que se empiece a saldar la deuda histórica que se tiene con este sector de la población y que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que sus antepasados, por desidia, egoísmo e indiferencia, se vieron privados.

Un abrazo fraterno a los negros y afrodescendientes en Costa Rica y el mundo.

Y EL PÚBLICO ¿ESTÁ LOCO? ¿POR QUÉ APLAUDE?

Publicado el . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La convivencia en un país como Costa Rica se ha vuelto compleja, inmanejable, agobiante. La exacerbación de sentidos de exclusión, discriminación y rechazo muestra una cotidianidad conflictuada, alimentada por la laxitud y la proliferación de una comunicación mediada en redes sociales provista de discursos iracundos, acríticos, canceladores de cualquier disidencia, de cual manifestación de la diferencia.

El video que circuló el pasado 18 de agosto en el que se ve a un hombre aceptando ser el asesino del dirigente recuperador bröran del territorio de Térraba Jerhy Rivera, en Costa Rica, es por mucho expresivo de una forma incontenible de racismo, discriminación y exclusión social que se ha venido instalando en la sociedad costarricense en los últimos años, a pasos agigantados.

En el material audiovisual, reproducido en redes sociales de forma viral cientos de miles de ocasiones, se logra apreciar el momento en que un hombre de apellidos Varela Rojas indica haber cometido el asesinato con el que acabó la vida de Rivera.

Por este caso al hombre se le sigue una causa penal aún en proceso.

Lo más dramático de este hecho no es solo la confesión pública, realizada inclusive ante autoridades gubernamentales durante un acto oficial en el que se reunía la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, desarrollada en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, sino los gestos de exclamación y júbilo provenientes de un público en apariencia de acuerdo con el acto cometido.

Los aplausos y la aprobación observados confirman una ruptura del tejido social costarricense en todos sus extremos. Se producen en una fecha que recuerda otro hecho condenable, en la que exactamente cuatro años atrás, el 18 de agosto de 2018, una turba nacionalista y xenofóbica organizara una marcha odiosa y repudiable dirigida hacia el Parque de la Merced ubicado en la ciudad capital, con el objetivo de “expulsar a los nicaragüenses que allí se encontraran”.

Hace apenas unos días un entrenador y exjugador de futbol costarricense, Walter Centeno, fue objeto de insultos y cánticos homofóbicos por parte de una barra rival. Los hechos fueron denunciados, pero hasta la fecha no se conocen acciones reparadoras en este caso.

El escritor argentino Jorge Bocannera en su texto poético “Universo” reflexiona:

“El domador que mete su cabeza dentro de la boca

del león, ¿qué busca?

¿La lástima del público?

¿Que tenga lástima el león?

¿Busca su propia lástima?”

Y de inmediato se pregunta:

“Y el público, ¿está loco? ¿por qué aplaude?”

En tanto el público continúe aplaudiendo frenético ante la muerte, mientras siga sintiéndose empoderado para insultar, ofender y excluir simbólica y físicamente, esta sociedad continuará requiriendo una intervención urgente en su acuerdo social. Hoy más que nunca es necesario un nuevo contrato incluyente y respetuoso de las diferencias. Es impostergable.

El silencio de los inocentes

Publicado el . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Pudo más la discusión de élites sobre el cierre de un complejo de entretenimiento, la defensa de cierta libertad de expresión que no asume la libertad de expresión completa y el pulso que, en palabras de Serrat, procuraba medir el tamaño no del cerebro, sino de otro órgano con el que se demuestra virilidad.

Pudo más ese escenario mediático y espectacularizado, que la peligrosa instalación en las últimas dos semanas de un núcleo recesivo en materia de poblaciones migrantes.

Pasó hace unos días en Guanacaste. Concretamente en la comunidad de El Silencio en Huacas de Santa Cruz. Una mujer, dos de sus hijos, un sobrino de esta y el cuñado de uno de los hombres, fueron acribillados a balazos.

Las autoridades dirían entonces que al parecer se trató de una equivocación en un ajuste de cuentas dirigido a personas que vivían anteriormente en la vivienda donde fueron cometidos los asesinatos. Tres de los hombres tenían un poco más de una semana de haber llegado de Nicaragua en busca de trabajo.

En medio del barullo de élites que todo lo ha copado, esta noticia pasó prácticamente desapercibida, como anecdótica fue la acción de discriminación que experimentó el jugador nicaragüense Byron Bonilla al negársele a salir con la bandera de su país a recibir su medalla de campeón del torneo de fútbol de primera división costarricense. La acción fue reparada, pero quedó marcada en la epidermis de Bonilla: “llevo la bandera de mi país adonde vaya”, respondería entonces el jugador al agravio.

Este escenario complejo para las relaciones de convivencia en un país que desde hace tiempo perdió su locus horizontal, tiene su correlato, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en la producción y distribución de discursos que alimentan odios exacerbados y nacionalismos decimonónicos que asumen la defensa de una patria pétrea, descartando a quienes no son “ciudadanos legítimos”.

Pasó por alto el crimen de la familia nicaragüense en medio de la escaramuza interburguesa (acepción que tomo prestada de colegas con más experiencia que la nuestra en el análisis social), pero quizá lo más impactante haya sido el silencio colectivo sobre este hecho, una forma de desinteresarse por esos otros cuerpos que no importan.

Los núcleos duros de conservadurismo instalados ya en la sociedad costarricense deben ser contrarrestados con el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, somos importantes para el desarrollo del país. Ya no más el silencio como política, ya no más inocentes en la primera línea de fuego.

Dolientes de ocasión en el templo neoliberal

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marcos Chinchilla Montes

No siempre una persona asesinada en las calles josefinas recibe tanta atención mediática como la que viene recibiendo Marco Calzada; incluso la Conferencia Episcopal y hasta algunas personas diputadas se dieron en el pecho ante tan ingrata muerte.

Quisiera recordarle a esos medios y a otros tantos dolientes de ocasión, que dos menores de edad que yo conocía fueron vilmente asesinados en similares términos en los barrios del sur: a Graciela con doce años, una bala le cegó la vida; y a David con casi 15 años de edad, lo mataron a tiros. Recientemente murió Kendra a sus 21 años, consumidora de drogas desde los 13 años, madre adolescente, ignorada por el sistema.

No vi a los medios, a la Conferencia Episcopal y a los diputados indignados por esas muertes; claro, todo apunta a que hay muertos que valen más que otros. Los miserables son solo una estadística policial; desechables desde siempre y hasta la muerte; personas a las que se les negó un proyecto de vida, aunque también tienen familia y amistades a quienes les duele su partida. Incluso por varios años queda hasta un grafitti en alguna pared del barrio.

Pero vale recordarle a esos dolientes de ocasión, que en muchos casos ellos fueron y son cómplices del asesinato de Marco, de Graciela, de David, de Kendra y de cientos de personas que mueren a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Durante más de 40 años impulsaron políticas económicas que tejieron una sociedad de exclusión y pobreza, una sociedad en la cual el ser humano no se constituye por lo que es, sino por lo que tiene, y la seguridad material -negada para millones de personas por el modelo económico neoliberal-, se debe conseguir a toda costa, aunque sea por medio de la violencia y la muerte, por el robo de un celular que finalmente termina en las manos de un taxista igualmente cómplice.

La Costa Rica que se distinguía por sus altos niveles de justicia y seguridad social, quedó enterrada por la voracidad neoliberal que sigue siendo la máxima.

Se equivocan esos dolientes de ocasión si piensan que con oraciones, cierre de bares, nuevas leyes, más policías o hasta cámaras con reconocimiento facial, la ola delictiva va a desaparecer o reducirse; la misma es estructural, y para superarla se requieren medidas estructurales orientadas a distribuir la riqueza, fortalecer la seguridad social y crear oportunidades de desarrollo humano realmente incluyentes. Pero eso es mucho pedirle a la clase política, al empresariado o a un Nogui Acosta que está más interesado en cobrarle nuevos impuestos a la clase trabajadora. Recuérdese este gobierno le da aumentos de salarios del 98% a sus ministros, mientras que a la población trabajadora le receta un exiguo 1.24% de aumento, valor no solo incapaz de compensar la inflación, sino que también a la postre aumentará la exclusión social, inexorable caldo de cultivo de la violencia que vive el país.

Décadas atrás entrevisté en Ciudad Juárez a un menor de edad que era parte de un cartel de droga; su autopercepción sobre su futuro era muy reducido: tenis, armas, mujeres, una camioneta, dinero para su madre. Todo se tenía que tener y disfrutar ya: mañana posiblemente estaría muerto. Justo así, piensa una parte de nuestra niñez y adolescencia; la cárcel no le asusta, la muerte no es con ellos, el futuro no existe. Nuestros dolientes de ocasión tienen perdida su batalla moralizadora desde su misma concepción.

PD. Y que dicha no fue una mujer a la que asesinaron en el barrio chino, lo más selecto del conservadurismo machista costarricense habría terminado de rematarla con frases como “que hacía una mujer sola a las 12 de la noche en San José”, “o se lo merecía por aventada”.

Ni fu ni fa: El SICA, tan cerca del poder y tan lejos de los pueblos

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa

Que a Nicaragua le corresponda, por turno, nombrar al secretario general del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, es algo que ni fu ni fa… El SICA es un ave que no levantó vuelo. Sus alas fueron cortadas por una narrativa vacía sobre la integración regional, por la burocratización de sus instituciones que pasaron a depender del apoyo financiero masivo de la Unión Europea hasta que este se acabó cuando los europeos dejaron de creer el cuento del ave fénix; también por la captura de espacios, puestos y cargos por algunos remanentes de las viejas oligarquías.

Los mecanismos de integración económica han sido funcionales a las élites mientras estos faciliten la subordinación de las economías regionales a los procesos de acumulación transnacional de capitales, ¡pero hasta allí! El CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, creó una nueva dinámica y, desde entonces, el mercado regional no ha promovido ni provocado ninguna otra forma de integración que no sea la de continuar por la senda de la subordinada integración periférica, característica desde tiempos coloniales.

Ese costoso aparataje no ha asumido ningún compromiso frente a los profundos abismos sociales que marcan la desigualdad y la exclusión en las sociedades centroamericanas, ni frente a la corrupción, el narcotráfico y la supeditación del ejercicio del poder a la violencia, al crimen organizado y la corrosión de las instituciones, principalmente de los aparatos de justicia.

El hambre y la desigualdad, pero también la violencia y la falta de Estado, expulsan diariamente desde los países del norte de la región, incluido Nicaragua, a miles de familias, lanzadas a uno de los corredores de la muerte más peligrosos del mundo; y los líderes políticos de esos países, tanto como los burócratas del SICA, silban como mirando hacia otro lado. Ni qué decir de la falta de voluntad estatal para concertar políticas y acordar mecanismos humanitarios en sistema de movilidad de personas, dejado a la mano de fuerzas, en muchos casos ilegítimas. Existe un mercado regional de mano de obra altamente lucrativo, quizás la única forma de integración realmente existente, pero al margen de la voluntad política de las élites económicas y políticas para incorporarlo a los procesos regionales.

La prometida integración de los pueblos quedó enterrada desde hace más de una década, cuando el llamado Consejo Consultivo se convirtió en un órgano meramente decorativo que, además de la debilidad de sus resoluciones sin contenido decisorio, no cumple ninguna función. Los pocos intentos orientados a la integración social de las primeras décadas, así como las iniciativas de integración de sectores sociales, se disecaron debido a la falta de impulso político y a la debilidad misma de las organizaciones civiles y sociales para construir una integración desde abajo.

La llegada de Daniel Ortega y de la nueva oligarquía sandinista al poder en Nicaragua no solo no cambió las cosas, sino que las agravó. El gobierno de Nicaragua abandonó muchos si no todos los espacios de participación de su país en el SICA y no desaprovechó oportunidad para torpedear algunos otros. Daniel Ortega dejó de participar en las cumbres presidenciales y en su lugar enviaba delegaciones de segundo nivel; además, dado su carácter autoritario y represivo, a partir de 2018, se convirtió en un obstáculo más de la moribunda dinámica regional. Algo diferente fue lo que intentó, sin mucho aire, el FMLN con su llegada al poder en El Salvador en 2009. Promesas, discursos y nada más.

El que ahora el gobierno de Nicaragua tenga la posibilidad de nombrar al secretario general del SICA y que eso en Costa Rica origine esotéricas controversias, me recuerda que la ausencia de una estrategia de política regional de Costa Rica hacia Centroamérica ha sido consustancial con esa caída al vacío de la integración regional. De allí que las reacciones tanto del lado del gobierno al que le importan más los negocios que los derechos humanos como de otros sectores, enredados en viejas telarañas ideológicas, sean apenas un poco más de la bulla que se produce en las discusiones inter-élites que no conducen a nada y que no están motivadas por ningún afán de compromiso con la restauración del proceso regional.

Entre tanto, Ortega y su camarilla intentarán sacar provecho de la figura de la Secretaría General del SICA hasta donde les alcance, para tratar lavarle la cara a su régimen autoritario, opresor y falto de legitimidad. Y pare de contar porque “solidaridad de los pueblos”, como alguien dijo, ¡nada que ver!

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada de: www.integracion-lac.info

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

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Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Cumbre nefasta, con invitados indecentes

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty Rivera
30 mayo, 2022

La novena Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del continente americano, es decir, aglutina a los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, se celebrará este año, entre el 6 y el 10 de junio 2022, en Los Ángeles-California, EEUU, cuyo lema central será: “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.

En un sentido, nos preguntamos para la reflexión: ¿la cumbre es estadounidense, norteamericana, interamericana o americana?, y según los hechos, parafraseando al presidente obrero venezolano, Nicolás Maduro Moros, la cumbre se ha convertido en “La cumbre de las protestas por la exclusión”.

Veamos los hechos

Inmediatamente, a la convocatoria por el país anfitrión EEUU y su presidente Joseph Robinette Biden Jr., este la acompaña con la declaración que se excluirán a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Esto causó y sigue causando gran revuelo en el continente americano.

De seguido a estas afirmaciones, comienzan a sucederse otras declaraciones por parte de varios países y sus presidentes de América Latina. Quien inicio fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señala que, otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos, porque no están todos los países invitados.

Sin orden cronológico, se añaden una serie de países que no asistirán, por haber exclusión de algunos presidentes y sus países, que, según ellos, tienen derecho a asistir y son parte de la región americana, a saber, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, El Salvador, Guatemala, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros, que se sumaron. Así como organizaciones como la CELAC y el Grupo de Puebla.

Ante la rebeldía de estos presidentes y otros, el presidente, Joe Biden, ofreció pensar la inclusión de todos los países a Cumbre, no obstante, a la fecha del artículo, no hay ninguna reacción contraria o a favor de las exclusiones.

En general, la voz de los rebeldes se sintetiza en la expresión: “la Casa Blanca pretende hacer una cumbre de amigos, que sean capaces de escuchar lo que dice EEUU, aceptar la agenda estadounidense y replicar lo que dicen ellos”.

Por otro lado, el contexto en que se desarrolla la Cumbre, es complejo, según el investigador del Centro de Política Internacional y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, Elio Emilio Perera Pena, al señalar, “La pandemia continúa azotando al mundo, con efectos no solo sanitarios, sino también socioeconómicos; “EEUU ve amenazado su imperialismo unipolar mientras otros bloques de poder se han abierto paso, y de manera acelerada”. “Washington y sus socios europeos empujaron a la OTAN hacia las fronteras de Rusia, y ahora vemos cómo la guerra en Ucrania repercute en la economía global, con alzas en los precios del petróleo, el gas, las materias primas y los alimentos”.

“Además, la IX Cumbre se realizaría previamente a la cita de ministros de Defensa de las Américas prevista para el año, que incluirá en su agenda temas de seguridad y otros diferendos regionales como la situación de las Malvinas, de la base militar en la Guayana Francesa, la posición de principal aliado extra Alianza del Atlántico Norte (OTAN) para Colombia, y los intereses estadounidenses por preservar la defensa latinoamericana ante lo que cataloga como regímenes nefastos (léase Venezuela, Nicaragua y Cuba)”.

Otros elementos de la cumbre

A su vez, se anunció que el objetivo del evento sería promover el combate a la pandemia de COVID-19 y la recuperación “verde” de las economías; un manejo “integral” del fenómeno migratorio y la búsqueda de “un consenso hemisférico”, respecto a los desafíos de la democracia como forma de gobierno en la región.

Además de la Cumbre de líderes presidentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizará tres foros oficiales de partes interesadas en la Cumbre: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de “CEO-empresarios” de las Américas.

En general, según estimaciones, la convocatoria, será de unas 35 naciones que deberían asistir a la Cumbre de las Américas, pero unas 25 han anunciado su inasistencia a raíz de la intención de excluir a varios países.

Es decir, si las matemáticas no fallan, con menos de un treinta por ciento de participación realmente proactiva, no puede garantizarse el éxito de ninguna reunión.

Además de las exclusiones de presidentes y sus países ya mencionados, observemos quienes han sido, algunos de los países invitados: Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay; entre estos algunos no han confirmado su asistencia, pero tampoco han negado su participación.

No obstante, EEUU y su presidente, a la fecha de este artículo, sigue sin cerrar la lista de la Cumbre de las Américas.

En cuanto a presidentes asistentes, la venidera cumbre en Los Ángeles, probablemente estará con muchas sillas vacías y, por tanto, casi una reunión fantasma.

Es significativo que algunos presidentes y sus países, que asistirán a la cumbre, son aduladores y ficha de EEUU, entre los principales: Colombia, Ecuador, Panamá, entre otros.

Es obvio que los empresarios que asistirán a la cuarta cumbre de las CEO, son corruptos, ligados al narcotráfico y de dudosa reputación.

En cuanto a los jóvenes, seguro serán como los jóvenes venezolanos, que conformaron, alguna vez, la llamada “operación libertad” y algunos entraron a la Asamblea Nacional venezolana como líderes y protagonistas, a saber: Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Julio Borges, Gustavo Tarre, Gaby Andreina Arellano, y el autoproclamado presidente Juan Guaidò.

Con relación a personeros de la sociedad civil invitados, les tenemos “un ejemplar de lujo, una perla”, a saber: Alexander “Alex” Otaola Casal, actor, presentador, activista, político cubano americano, una figura influyente en las redes sociales y una de las voces más prominentes del activismo político opositor en Cuba. Otaola es el presentador del programa web “Hola Ota-Ola”, un programa informativo y satírico que cubre entretenimiento, noticias y política.

Según fuentes del Guerrero Cubano, Otaola pretende asistir a la cumbre y armar un show mediático. Está organizando un viaje en autobús, desde Miami a Los Ángeles.

Sería un viaje de unos tres días, más o menos unos tres mil kilómetros. Por supuesto, fiel a su “humilde desprendimiento”, él enviaría a sus súbditos por carretera y él viajará en avión, acompañado de su amiga María Elvira Salazar.

Una canallada de “Alex” es que les está solicitando a sus seguidores en el autobús, que lleven armas. Con la intención de, quizás, poner sobre aviso a las autoridades, o al FBI por ser una cumbre donde asisten personalidades importantes.

Por supuesto, como señala el guerrero cubano, Alexander no tiene dinero para cubrir esta aventura, y está solicitando dinero para ella. Dinero que utilizara para su propio beneficio personal invirtiéndolo en su finca; y al final se quedara con gran parte del dinero y enviara a pocos seguidores.

Además, su intención es ahorrar dinero para postularse como candidato a la alcaldía del Condado Miami Dade. Finalmente, seres como “Alex” son los que finalmente asistirán como ejemplo de la sociedad civil latinoamericana, avalados por los EEUU.

Apreciaciones finales

Sin duda alguna, la prohibición de negar la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua inicial a la cumbre, por parte de EEUU, estos, no esperaban fuese a crear el escándalo que se ha hecho, motivado a protestas por las exclusiones.

La reacción anterior, creemos, ha hecho retroceder un poco a Joe Biden en su política de sanciones. Hemos visto recientemente un aflojo de las restricciones contra Cuba y Venezuela, quizás para congraciarse y para mitigar su inicial error.

En el caso venezolano, producto de la guerra Rusia-Ucrania, se han elevado los precios de los productos derivados del petróleo, específicamente la gasolina, lo que ha hecho que EEUU envié delegados a Venezuela por ser productor de crudo y negociar.

En el caso cubano, es cada vez más la cantidad de países, organizaciones y personalidades que están a favor del levantamiento de sanciones a Cuba, que EEUU esté un poco “dando el brazo a torcer”.

De última hora, según el camarada mexicano Katu Arkonada, en su Twitter @KatuArkonada, hay tensiones entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, tensiones que podrían llevar a que Joe Biden no participe de la cumbre.

Así mismo, están preocupados por la situación creada, llamándola la “crisis de la cumbre de las Américas”, culpándose mutuamente del fracaso, que llevaría incluso a Biden a no acudir a la cumbre.

De igual modo, “ante el desastre y desespero por el más que evidente fracaso de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos pretende, mediante el chantaje, que los países latinoamericanos, especialmente caribeños, abandonen sus posiciones de respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

Finalmente, Arkonada enfatiza que, La “Crisis de la Cumbre de las Américas” no, “América Latina y la Crisis de la Política de Estados Unidos hacia América” es como debieran llamarle a su problema. El problema lo tiene Estados Unidos, no América Latina”. Yo añado, EEUU genero la crisis. En fin, es toda una trama política que se está dando en el contexto de la cumbre de las exclusiones y en el marco de una guerra creada por EEUU, pero que, ambas, se les han salido de las manos.

 

Imagen tomada de: https://venezuela-news.com/

Discapacidad y entorno socio cultural

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Luis Fernando Astorga Gatjens

“La discapacidad es un concepto que evoluciona” expresa el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas y subraya “que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “deficiencia” como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La deficiencia es parte de la condición y el ciclo de la vida humana. Podemos adquirir alguna deficiencia, temporal o permanente, en algún momento de nuestras vidas. En mi caso particular, puedo dar testimonio de ello.

En el campo de la discapacidad se pueden identificar varios modelos. Deseo destacar tres: El modelo social, el médico-rehabilitador y el tradicional-caritativo. Estos tres modelos coexisten en nuestro entorno socio-cultural.

El modelo de la discapacidad presente en el citado tratado internacional es el social; el cual establece que el problema principal está en el entorno y en la sociedad, no en la persona. La discapacidad, consecuentemente, es un derivado de entornos “discapacitantes”. Lo que aportamos las personas con discapacidad es algún tipo de deficiencia adquirida o que la traíamos al nacer.

Esta perspectiva de la discapacidad es la más avanzada y jurídicamente vinculante para los Estados (como el costarricense) que han ratificado la Convención. Dentro de esta visión, la discapacidad está fuertemente condicionada por el entorno político-institucional, social, cultural, físico e info-comunicacional.

Como bien lo indica el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI): “La discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social”.

Por su parte, el modelo médico-rehabilitador centra su mirada en la condición del individuo y considera que la discapacidad es una resultante directa de la deficiencia (o deficiencias) de la persona. La discapacidad es entonces considerada fundamentalmente como un problema de salud y derivado de ello, es un asunto del ámbito médico. Dentro de esta visión, en muchas ocasiones, la discapacidad se hace sinónima de enfermedad.

Mientras tanto la mirada tradicional-caritativa visualiza la discapacidad como una condición inherente a la persona con deficiencias –físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales–, que limita o impide su desarrollo, y la convierte en dependiente y objeto de la caridad privada o la asistencia pública.

El llamado modelo médico conceptualiza a la discapacidad como una patología propia del individuo. Mientras tanto el modelo social se inclina a encuadrarla como una patología de la sociedad.

Alguien podría preguntarse al leer los párrafos precedentes: ¿Qué tiene que ver todo eso con la vida de las personas con discapacidad de carne y hueso, que habitamos Costa Rica? ¡Mucho! ¡Muchísimo! Porque las políticas públicas en materia de discapacidad están, inevitablemente, determinadas por el modelo que oriente a quien decida sobre ellas.

La Asamblea Legislativa, en su calidad de primer poder de nuestra República, es una fuente fundamental en la aprobación e impulso de políticas públicas. Entonces lo que piensen y digan las y los diputados tiene una enorme relevancia práctica.

Esta semana se completó la integración de la comisiones legislativas permanentes. Una de las conformadas fue la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y Adulto Mayor. Esta importante comisión será presidida por el diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas Durán y la secretaría la ocupará la diputada del Partido Progreso Social-Democrático, María Marta Padilla Bonilla.

Con toda seguridad, a las y los diputados que forman parte de esta instancia parlamentaria, les anima la mejor intención para lograr avances en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social que afecta a las personas con discapacidad, mediante políticas y acciones inclusivas.

Es por ello que es imperativo que sigan los dictados de normas como la ley 7600 y la Convención de la ONU, que se guían por el modelo social, ya que ni el caritativo ni el médico dan respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de la población con discapacidad. La situación que prevalece en el mundo de la discapacidad da testimonio inequívoco de tal aserto.

La diputada Padilla Bonilla, secretaria de la comisión, expresó lo siguiente, según lo consigna el diario digital CR. Hoy en su edición del 23 del mes en curso, para referirse a las personas con discapacidad: «Son seres humanos que yo digo incluso superiores al resto, porque tienen una serie de condiciones y amor que los hace más elevados espiritualmente que a nosotros, entonces lucharemos para darles el lugar de seres humanos superiores en todo sentido».

Desde luego que no puedo estar de acuerdo con este enfoque de la bien intencionada diputada. He de indicarle: Que las personas con discapacidad somos antes que nada personas. Y en el ancho y variopinto mundo de la discapacidad, las hay buenas y malas, solidarias y egoístas, generosas y mezquinas, inteligentes y no tanto, espirituales y terrenas, alegres y amargadas, reservadas y locuaces… y la lista podría seguir.

Lo que si cubre como ancha capa a todas (o casi todas) las personas con discapacidad, es la discriminación, la exclusión y la subvaloración. Somos parte de esa humanidad diversa. Somos más de mil millones en el reino de este mundo (como escribiera Alejo Carpentier) entre los más de siete mil millones que ya somos.

En discapacidad –como en todo– el lenguaje es muy importante. Las formas suelen llenarse de contenidos. He observado que muchas personas cuando hablan sobre las personas con discapacidad, dudan, titubean, no quieren herir susceptibilidades. Y se hacen un embrollo enorme. No se preocupen: La denominación correcta es persona con discapacidad, les suene o no les suene. Así aparece en la 7600, en los tratados de la ONU y la OEA, en el nombre del ente rector del país (CONAPDIS). Así que no debe existir confusión alguna.

No somos minusválidos, ni inválidos, ni mongolitos, ni cieguitos, ni sorditos, ni sordo-muditos, ni ningún otro “ito” que nos hunda en lo peyorativo. No somos tampoco especiales, ni contamos con capacidades diferentes, ni tenemos necesidades especiales. No somos lo contrario a personas normales porque eso nos convierte en anormales. No somos extraterrestres; somos simplemente seres humanos fieramente discriminados. Formamos parte de la diversidad humana y aspiramos a que se nos respete aún cuando seamos diferentes.

Para formular políticas públicas inclusivas en todas las áreas (salud, educación, empleo, vivienda, información, comunicación, recreación, cultura, deporte, etc.) es imprescindible saber cuántos somos, dónde vivimos, que necesidades tenemos. Se debe partir de una apreciación diagnóstica de la situación y realidad de las personas con discapacidad y eso pasa por evitar elevarnos a un plano de amor y espiritualidad que sin duda puede sesgar la mirada objetiva.

(28 de mayo, 2022)