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Etiqueta: explotación

Peores escenarios se avecinan para el agua

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Explotación petrolera: La actualidad del filme “Caribe”

Gabriel González-Vega*

La explotación petrolera acecha de nuevo. Pese a que el mundo se mueve en dirección opuesta, poderosos intereses locales e internacionales presionan para que Costa Rica vuelva a intentar la explotación de hidrocarburos. Hace un par de décadas trabajé adhonorem en un filme que testimonió la oposición de muchos, especialmente limonenses, a un proyecto que llevó al gobierno prohibir esta economía extractivista. A raíz del cumpleaños de Diana Mc Lean, hija de mi apreciado amigo el actor Roberto Mc Lean, q.e.p.d., el filme pasó a primer plano y pensé que me gustaría compartir con ustedes este ensayo sobre esa película “Caribe”, en la que trabajamos juntos, Roberto como uno de los protagonistas y yo como coproductor y a cargo de varias tareas más; en especial, se que aporté mucho al largo proceso de edición. La versión original del texto la publiqué en Forja del Semanario Universidad años ha. Con Roberto hice buena amistad luego de nuestra valiosa experiencia en Limón y disfrutamos de agradables tertulias con amigos comunes en mi casa y en otros espacios como La casita azul, saboreando comida tica.

“CARIBE”, la película

En su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón llegó a una costa exuberante llamada Cariari. Ahora se denomina Limón, provincia atlántica del estado centroamericano al que, cuentan leyendas bienintencionadas, el mismo Almirante bautizó como Costa Rica, extasiado con su esplendor. Allí donde más que el metal precioso que hiere con su fulgor plateado o dorado, envuelve al que penetra el verde húmedo de la selva espesa y el azul profundo del mar inmenso.

Cinco siglos después, en el litoral sur, pequeños pueblos como Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, Uvita y Manzanillo preservan parte de esa flora y fauna maravillosa, de sus lechos de arena y colinas caprichosas. Pescadores y campesinos humildes, artesanos variopintos, empleados de grandes plantaciones -especialmente bananeras- y de una floreciente industria turística –por demás, la principal de este país- conviven en la más diversa mezcla, que incluye indígenas de las reservas en la cordillera de Talamanca, afrodescendientes venidos en su mayoría de Jamaica, con su araña pícara Anancy, su gastronomía y su memoria del Black Star Line, chinos emigrantes del otro lado del mundo, europeos de antes y de ahora, estadounidenses que también huyen de las urbes asfixiantes y cartagos que salieron del Valle Central.

Una de las tantas empresa transnacionales -subsidiaria de, matriz de- obtiene permiso de las autoridades para explorar la zona y buscar petróleo, vieja quimera que alimenta la codicia propia y extraña. Pretensión vinculada esa, parece, a los intereses saudíes (incluso a la familia Bin Laden) y a gobernantes de los Estados Unidos, según muestra Michael Moore en “Fahrenheit 911”. Esta empresa extranjera divide al pueblo. Algunos se dejan cautivar por sus cantos de sirena y otras organizan la resistencia. El síndrome de Venezuela y el de Irak como enclaves petroleros asediados por intereses transnacionales acechan la zona.

Entretanto, un joven realizador, Esteban Ramírez, que sueña con su ópera prima, recorre la zona junto a sus colaboradores en busca de locaciones y se topa con ese conflicto. Plantado en árboles y cercas el No a la Petrolera lo impresiona. Ya él había elegido el cuento “El Solitario” de Carlos Salazar Herrera para desarrollar su guion. Maestro del relato corto, Premio Magón, Salazar Herrera (“El matoneado”) había recorrido a mediados del siglo pasado los bananales y los sembradíos de subsistencia para trazar a sus recios pobladores. Ramírez luchó pacientemente durante varios años para abrirse paso en un país donde aún hoy no hay verdadera industria de cine, solo quijotadas; donde el Centro de Cine se ve cada vez más limitado por dentro y por fuera y el empeño aislado de algunos por hacerlo eficiente siempre ha sido aplastado (de éste empeño inconcluso fui protagonista como Director General en dos gobiernos), y donde el mismo sector audiovisual con frecuencia se desangra en intrigas intestinas. Por cierto, uno de sus documentales (se interesó por la delincuencia, el SIDA, Cuba), fue descalificado de la VI Muestra de Cine, esa ventana que durante diez años creció constantemente en beneficio del sector, para luego decaer. Mucho después se reinventó como Festival Internacional de Cine.

A Esteban lo conocí cuando, siendo yo el nuevo Director General de esa institución; él pidió al Centro de Cine un pequeño apoyo para su siguiente corto, “Rehabilitación concluida”, basado en un cuento de la esmerada escritora Myriam Bustos. Así, en la VII Muestra de Cine y Vídeo Costarricense, punto de giro de la producción local, fue una de las tres mejores ficciones (junto a las notables “La calera” de Percy Angress y “Las máscaras” de Rafa Chinchilla). Notable narración fantástica, que mantiene el interés y reveló ya el talento de su autor. Las actuaciones son especialmente buenas, Sara Astica –la legendaria actriz de “Valparaíso mi amor”– ganó el premio respectivo, y José Trejos, veterano caballero de las tablas, a quien los directivos de la Unión de Teatros Independientes (UTI) premiamos el año 2004 por su trayectoria, coprotagoniza con igual tino. Sara hace una breve y decisiva intervención en “Caribe”. Esa habilidad de Ramírez, quizá la mayor suya, para sumar a su propósito la gente más capaz fue de nuevo evidente en “Once rosas”, un relato sencillo, ingenuo si se quiere, sobre la ilusión del amor. Coproducido con el Centro de Cine que a la sazón el suscrito dirigía, logró buenos patrocinios públicos y privados para financiar sus casi cien mil dólares de costo. Allí ya se unió al diestro fotógrafo Mario Cardona y al ubicuo sonidista Nano Fernández, con los que luego rodaría eficazmente Caribe. También sumó productores muy capaces como Karl Heidenreich, Tobías Ovares y Gina Ortega. El actor Fabricio Gómez fue una selección oportuna y el objeto de su amor como personaje, la bella e inteligente peruana Mónica Sánchez (“La carnada”) un acierto. Recuerdo como, durante el Festival de Cartagena, adonde viajamos juntos, Esteban me comentaba su interés en que el corto tuviese una destacada actriz extranjera y cómo allí descubrió a Mónica en “Pantaleón y las visitadoras” de Francisco Lombardi.

“Once rosas” ganó la IX Muestra, que ya ostentaba un jurado internacional y logró un recorrido hasta la fecha inigualado en festivales internacionales. Fue el único corto latinoamericano en Moscú, y el único en Lima. Uno de los doce en Viña del Mar y de los mejores en Huesca. Compitió en Sao Paulo y Los Ángeles. En Cartagena fui testigo de que estuvo cerca de ser premiado –Esteban y yo soñábamos ansiosos con un galardón en los balcones del Hotel Caribe-, y en La Habana me impresionó que entre más de una docena fue uno de los dos únicos aplaudidos.

Ya Esteban sabía que los cortos solo eran pasos indispensables para su anhelado largometraje. El nicaragüense formado en San Antonio de los Baños, Humberto Jiménez, que lo había asistido en “Once rosas”, hizo una primera versión. Luego, Esteban se alió a una mujer brillante, cuya poesía y dramaturgia han sido ampliamente reconocidas, Ana Istarú. Un largo proceso, con el aporte puntual de muchos otros, llevó a un guión depurado. Cinco semanas de rodaje bastaron para cristalizar el proyecto. Asimismo, medió la buena suerte; en Limón decíamos que había tres climas: invierno, verano y Ramírez. La experiencia de la mexicana Lourdes Elizarrarás y la chilena Carolina Giorgio, asistentes de dirección, fue crucial para la eficacia del rodaje.

Con una audacia que le ha rendido frutos, Esteban se atrevió a soñar con un protagonista de primera. Al final, lo obtuvo: el cubano Jorge Perugorría, consagrado desde “Fresa y chocolate” (nominada al Óscar), curtido en tres docenas de filmes (“Lista de espera” me parece maravilloso), carismático y galán, se ve convencido y convincente. Él hace de un empresario extranjero que atiende una plantación bananera y cuida de su amada esposa, hasta que la irrupción de una media hermana de ésta, problemas financieros con la finca y la llegada de la petrolera desarticulan su vida. Cómo enfrenta estos retos, qué decisiones toma y cuáles son las consecuencias constituyen el meollo del filme, cuyo final poético y abierto tiene atractivos e inesperados giros. Perugorría es un protagonista sobrio pero intenso y muestra con propiedad la amplia gama de emociones que lo van definiendo. También, nos dimos cuenta después, que seguimos compartiendo con él, es un ser humano excepcional. Para las dos mujeres, Esteban optó, asimismo, por dos extranjeras ya reconocidas. Cuca Escribano (“Poniente”), española, es la esposa, llena de energía bondadosa, la que conforme descubre la trama que la amenaza revela fuerzas inéditas. Maya Zapata, mexicana (la niña de “Gringo Viejo”, premiada por “De la Calle”), contrasta por su edad y sus rasgos físicos, aunque ambas son muy hermosas. Ella revela con gran madurez –la que fue evidente cuando la entrevistamos- justamente la inmadurez de su personaje, su sensualidad confundida, su imperiosa necesidad de afecto. Los tres interactúan con vigor y realismo. El filme no se vuelve caricatura ni cae en la tentación de los extremismos. Las formas de violencia son las adecuadas; el erotismo, tan vehemente a veces, es el justificado; indispensable en la trama, propio del trópico donde ésta ocurre. Ésta es una película de seres humanos de carne y hueso, en la que nos podemos ver fácilmente reflejados, donde los dilemas morales que los consumen son vistos con gran rigor ético.

Además de encarnar la arrogante antipatía del ejecutivo petrolero con ese sarcasmo tan propio, el polifacético mexicano Gabriel Retes (“El bulto”, “Un dulce olor a muerte”) -q.e.p.d.- aportó al conjunto de la obra con su genio singular y amplio bagaje. Lo invité hace dos décadas para una retrospectiva durante la Muestra; reapareció luego como peculiar diplomático, y finalmente se quedó a vivir con su Semáforo (insólito espacio para el cine, el teatro y la tertulia que albergó la magnífica obra de teatro “El ornitorrinco”, proyecto cultural con el que colaboré con entusiasmo. Mas el lugar cerró luego por problemas financieros. Mérito de Esteban es que supo aprovechar al famoso residente en tanto otros prefirieron trenzarse en riñas inútiles con el tocayo Gabriel (así le gustaba llamarme).

Jackson es un negro ermitaño que da nombre al cuento original “El solitario”. En el filme, el enigmático pescador pobre se vuelve símbolo y conciencia. Un observador presto a intervenir. Hallazgo formidable fue el de Roberto Mc Lean -q.e.p.d.-en su debut cinematográfico como ese Jackson más bien mulato, mestizo como en definitiva somos todos. Su propia vida de abogado y universitario, antaño campeón latinoamericano de artes marciales, ayer adulto mayor al borde de la muerte, han hecho de éste un viejo sabio que inspira confianza y revela una extraña y contagiosa pasión por la vida, lo que Mc Lean en el filme manifiesta como una corriente misteriosa, subterránea y bravía, a punto de brotar.

Otros actores nacionales se superan a sí mismos. Poco a poco, con la práctica del teatro, la televisión y los vídeos, cada nuevo largometraje va depurando el histrionismo local. Arnoldo Ramos ya no hace de Jimmy, el bribón autosuficiente premiado en la Muestra por “Password/Una mirada en la oscuridad” (dirigida por Andrés Heidenreich y coproducida por Ingo Niehaus y el suscrito), sino que dibuja a ese tico mediocre pero aprovechado (el que desdichadamente es legión), que vive agachada medrando a la sombra de los poderosos. Fácilmente corrompible, no ve más allá de su modesta codicia. Y Vinicio Rojas, formado rigurosamente en Rusia, protagonista de “Marasmo” (de Mauricio Mendiola), perfila un afanoso ecologista que le sienta bien; su casting es idóneo y no se excede emocionalmente. Otros, como Leonardo Perucci –con su solidez característica, como en “Apego”-, Thelma Darkins –con la potencia expresiva apegada al libreto-, Bismarck Méndez –un pachuco mujeriego muy creíble que crece como actor-, la china Michelle Jones, la veterana Xinia Rubí y el esmerado Melvin Méndez, junto a más de uno que hace de sí mismo y al que la productora convenció de interpretar(se) y a los que enfoca –sea cuál sea su postura sobre el conflicto petrolero- con prudencia y respeto, se suman para redondear un reparto amplio, sugerente y bien dirigido, que sostiene la confluencia de relatos sin problemas. No se trata de actuaciones extraordinarias, como la de una Charlize Theron en “Monstruo” o Imelda Staunton en “Vera Drake”-, sino de un conjunto afinado y convincente como no se había visto antes, como propio, en el país.

La música, compuesta por el joven y galardonado especialista Walter Flores, evita lo folklórico y las melodías fáciles de relleno. Esa música y los numerosos sonidos del ambiente vuelan con la acción dramática, centrada en la incertidumbre de los personajes, en sus temores y deseos, en sus fracasos y esperanzas. Próximo al melodrama, sin la connotación peyorativa que de este género muy popular (v.g. “Lo que el viento se llevó”, “Tess” de Roman Polansky) hacen algunos, el filme explora un tema central de la vida humana, el encuentro y desencuentro amoroso. ¿Trillado, acaso? Esencial, mas bien. Todo depende de cómo se trate, y en “Caribe” se percibe auténtico; interesa; sin que por ello alcance la profundidad de los maestros del cine. Creo que como ópera prima “Carieb” es más que notable. Por su parte, el popular grupo Mekatelyu (Make I Tell You) matiza las escenas en la discoteca con dos nuevas canciones.

Agrega densidad al relato el uso simbólico de objetos, animales y plantas que revelan las pasiones humanas (la mujer/araña desde los créditos y cuando Abigail despide a Irene, los dos buchones que se arrojan a la presa justo luego de que irrumpe Irene, así como la tercera oruga que cae entre las otras dos, el mono que parece cavilar, et al). Y esta naturaleza no aparece oscurecida para expresar ese testimonio no verbal, sino espléndida en su belleza de vida y muerte. También, se expresan en varios planos los objetos como el botecillo con una bandera costarricense junto a los créditos del pescador y el ecologista, y el barco negro –una mancha negra- sobre el mar celeste y brillante, que remite a la petrolera. La fotografía oscila entre los cánones clásicos y rupturas dramáticas, a veces oportunas a veces discutibles. Así, coincido con el experto cubano Manuel Francisco Jorge (continuista) en que la imagen temblorosa algunas veces no fue la adecuada a la escena. Pero este filme no tiene la apariencia sucia y desagradable tan de moda y tan útil para disimular ineptitudes, pienso. Para el que no se ha sumergido en Puerto Viejo (en el follaje, en las olas, en los bares y discotecas, también) parecerá sólo pintoresca. Pero ese subrayado de la belleza y de lo bonito que detesta el postmodernismo en boga resulta un subtexto apropiado para la amenaza petrolera. Así como en “Once rosas”, se quiso y consiguió mostrar un atractivo San José como nunca antes en el cine local, así en “Caribe” destaca esa riqueza natural y rústica del país, la que se entiende como su sello de identidad. Para Ramírez una película hecha en Costa Rica –como dice la publicidad del filme-, es un paisaje que muestra sin complejos eso tan lindo que hasta incomoda, con una ingenuidad, diría, paralela a la de “Once rosas”. Es necesario entender, además, que un corto (vídeo-creación) como “San ofe de la Suiza”, de Marco Chía, por ejemplo, que des-monta una capital horror-osa, es igualmente válido como propuesta estética y crítica, es más, que de hecho es complementario a “Once rosas”, porque ambos puntos de vista contribuyen a trazar el mapa de nuestra comprensión global y múltiple de una realidad siempre cambiante y sujeta a innumerables visiones. Lo contrario es el fundamentalismo -siempre al acecho- que impone una perspectiva como verdad revelada, aún cuando aparece vestido de vanguardia. El arte debe apreciarse considerando intenciones y contexto. Por eso, como explica Tom Ryall, hay que validar los tres momentos del producto artístico: el acto creador, la obra consumada y la lectura de cada espectador, en los marcos tanto del contexto industrial como de la formación social.

Para la edición Esteban confió en su hermano menor Pablo, cuyo bajo perfil en el medio local disimula su sagacidad y pericia. Lástima que finalmente no se dedicó al cine. También, Esteban me dio la oportunidad de participar intensamente en ese proceso minucioso que llevó casi diez meses donde, a veces con el aporte de otras opiniones, pensábamos cada plano y cada escena y cada secuencia reiteradamente, día a día. CINETEL se tomó todo el tiempo necesario para afinar el montaje, gracias a la paciencia de los que lo hicimos y a la tecnología que facilita manejar todo el filme en una computadora. Frank Padrón, respetado crítico cubano, que vio “Caribe” en su estreno mundial durante el Festival de Bogotá, escribió en Noticine “el novel director arma una historia ágil con notable montaje”. Para mí, confieso, que esta parte fue la experiencia más fecunda que había vivido hasta esa fecha en mis arrestos cinematográficos. Y reconozco que Esteban supo, como en el rodaje, ponderar las numerosas posibilidades desplegadas a su alrededor para decidir y lograr un resultado muy satisfactorio. Aunque, claro, hay soluciones con las que mantengo la discrepancia original.

En síntesis, un drama apasionante sobre amores y desamores. Un docudrama que recrea parte de un conflicto decisivo para Costa Rica, que alteraría su desarrollo sostenible y la podría convertir en objetivo político/militar. Sin olvidar que facilitaría la corrupción en gran escala la que en esos días la nación enfrentaba con probidad. Su perspectiva ética cobra mayor trascendencia ahora que el país ha descubierto que sí puede combatir la corrupción. Y, además, un personaje, Jackson, que se pierde en la memoria colectiva; que observa, juzga y consuela, como el espectador al que el filme reta a repensar su papel y su futuro.

“Caribe” se mantuvo 15 semanas en cartelera, se exhibió en 18 salas de cine y más de 70.000 personas la vieron en su propio país –un año después se reestrenó durante una semana-; la crítica local la reconoció como la mejor realización costarricense de la historia a esa fecha y ha participado en cuatro decenas de festivales internacionales como Bogotá, Viña del Mar, Trieste, Huelva, La Habana, Santo Domingo, Cartagena, San Diego, Mar de Plata, Chicago, Miami, Lleida, Copenhague, Oslo, Cataluña, Nueva York, Utrecht, Troia, Río de Janeiro, Palm Springs, Dallas San Francisco, Guatemala, Londres, Washington D.C. Santa Cruz, Quito, y más. Ostenta nueve premios (Mejor Director en Trieste; Colón de Oro del Público, Llave de la libertad, del Colegio de Arquitectos y de la Mesa de la Rúa, los cuatro en Huelva; Mejor Actriz en Cartagena de Murcia, y tres locales (La República, El Financiero y Ancora de La Nación) y fue la primera candidata de Costa Rica al Óscar al Mejor filme en lengua extranjera.

FICHA TÉCNICA

Dirección y Producción: Esteban Ramírez Producción Ejecutiva: Víctor Ramírez

Productores Asociados: Rodolfo Montes de Oca, Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Gabriel González-Vega

Guión: Ana Istarú y Esteban Ramírez

Fotografía: Mario Cardona Edición: Pablo Ramírez

Música: Walter Flores Sonido: Nano Fernández

Asistencia de Dirección: Lourdes Elizarrarás y Carolina Giorgio

Producción de Campo: Víctor Barriga Supervisión de Producción: Peter Avilés

Dirección de Arte: Eric Víquez Maquillaje: Carmen Salguero

Asesor, Traductor al inglés, Prensa,: Gabriel González-Vega

Diseño de página web: Francisco Hernández Ascencio: www.caribelapelicula.com

Formato: 35 m.m., colores, 90 minutos Estreno: 4 de noviembre del 2004.

* Académico jubilado de la UNA gabriel.gonzalez.vega@una.cr

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia

“Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. (Z. Bauman)

Un ejercicio comparado Argentina-Costa Rica

Manuel Hernández

A título únicamente ilustrativo, por muchas razones, me seduce comparar las medidas laborales de emergencia, que en tiempos de pandemia, adoptaron dos gobiernos de América Latina: la Nación de Argentina y nuestro infaltable sistema democrático.

En parte, una de las razones es que, como sabemos, cuando asumió recientemente la Casa Rosada Alberto Fernández, Argentina estaba y sigue estando en una situación económica y financiera muy seria, mucho más grave –como decía Benedetti- que la situación de nuestro país, cuando irrumpió esta virulenta e interminable pandemia.

Pues bien, sin más introducción, paso a comparar, de manera muy breve, las medidas laborales de emergencia y temporales adoptadas por ambos Gobiernos:

1.- El Gobierno de la Nación de Argentina le aseguró a todos los trabajadores y trabajadoras la percepción íntegra de los salarios.

Nuestro vernáculo gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, hasta un 75% de las horas por semana y en consecuencia, proporcionalmente la rebaja de los salarios.

Este proyecto, mediante una vía ultra rápida, es hoy una exultante ley de la Republica.

2.- El de Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo.

El criollo promovió frenéticamente la suspensión de los contratos de trabajo y promulgó una normativa reglamentaria que licencia, también por la vía ultra rápida, la autorización de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada de trabajo, sin la menor intervención de los trabajadores afectados, cuyas resoluciones ministeriales se editan como rotativos de periódicos.

Al hilo de estas licenciosas resoluciones de la Inspección de Trabajo, que irónicamente le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos, tienen en cuarentena el hambre confinada en sus estómagos y además, a más de 71.000 se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

Además, como si lo anterior no fuera poco, están por resolverse más de 700 solicitudes patronales pendientes, de acuerdo con el último corte oficial, al 20 de abril, de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de MTSS.

La suspensión de los contratos de trabajo, por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar por otro período igual, que veremos hasta donde va a extenderse más esta medida gubernativa, en realidad, en la práctica, configuran despidos encubiertos, que despojan a las y los trabajadores de un derecho fundamental, esencial; es decir, todo un fraude de ley que se cohonestó.

 3.– El gobierno de Argentina prohibió los despidos, salvo los disciplinarios, como lo hicieron también, vale acotar, los gobiernos de Italia y después España.

Por contrario, el gobierno más pura vida, no estableció ninguna medida que limite los despidos de las y los trabajadores, a los cuales se les dio luz verde, que son miles las personas que perdieron su empleo.

En resumen, tenemos, por una parte, un gobierno que apostó por resguardar a las y los trabajadores, proteger el empleo y el salario, y por otra parte, un gobierno de unidad neoliberal, manejado por un sindicato, si por un sindicato, pero un sindicato patronal, que apostó exclusivamente por los espurios intereses del empresariado.

El problema, entonces, ya no es solo cómo se distribuye la riqueza, sino además, parafraseando a Ulrich Beck, cómo políticamente se distribuyen los riesgos y los daños sociales y económicos de la pandemia.

No son daños colaterales, como por ahí afirman algunos, son daños estructurales inherentes a un modelo fundado en la explotación de la clase trabajadora.

Quebradores en ríos podrían extraer piedra y arena por tiempo indefinido

  • Reforma al Código Minero desacatan criterio de Contraloría General de la República

 

FECON, 13 de agosto 2018. El expediente legislativo 20.540 propone la reforma al Artículo 36 al Código Minero, mismo que trata sobre las concesiones de minería en cauces de dominio público. Esta propuesta de modificación viene a hacer prorrogables de forma indefinida. El periodo de explotación de la concesión es actualmente es de 10 años, con posibilidad de ser prorrogado hasta 5 años más. Con esta reforma las personas diputadas estarían abriendo la posibilidad de que las concesiones de quebradores en ríos se prorroguen por periodos de 5 años cada vez que así lo deseen.

Con esta reforma la explotación de los cauces de los ríos seguirá estando sin ningún tipo de supervisión estatal y además hacen que las mismas empresas mineras sean juez y parte debido a que estas serán las encargadas de emitir los informes técnicos que sustentarán las prórrogas de las explotaciones de piedra y arena.

Esto significa una flexibilización aún mayor de los controles ambientales que rigen la extracción de minerales no metálicos de cauces de ríos. Actividad, que por sus características, la propia Contraloría General de la República solicita en su informe DFOE-AE-IF-09-2016. “Establecer criterios de priorización para el seguimiento de las concesiones de explotación minera no metálica, basados en los riesgos de la actividad según los ámbitos económico, social y ambiental; y con base en ello elaborar la programación de las inspecciones de campo a efectuar en los periodos 2017, 2018 y 2019”.(CGR, 2016)

En dicho informe de la CGR además se evidencia que la propia Dirección de Geología y Minas no realiza las inspecciones necesarias para fiscalizar las 73 concesiones otorgadas en el periodo comprendido entre los años 2002 a 2014. Destacan faltas graves como la presencia de expedientes incompletos. Con esta pretendida reforma del Código Minero.

En el país se extraen anualmente en promedio 12.000.000 metros cúbicos de arena y pierda que salen de cauces de ríos y quebradas (Geología y Minas, 2017). Al mismo tiempo Costa Rica es un país exportador de arena y piedras extraída de ríos. Estos materiales son enviados a países como Nicaragua, Panamá, Colombia, el Salvador y Honduras en un volumen promedio de 30.000 metros cúbicos por año (DGM, 2016).

Referencias:

Geología y Minas, MINAE, 2017: http://www.geologia.go.cr/mineria/MINERAL%20PRODUCTION%20%202013%20Y%202014.pdf

Exportaciones de minerales no metálicos en Costa Rica http://www.geologia.go.cr/mineria/exportaciones_emagazine.html

Informe de la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la Dirección de Geología y Minas. https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/informes_rec/DFOE-AE-IF-09-2016.pdf

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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Usurpar el Chirripó con un teleférico

Osvaldo Durán Castro (*)

 

En la sesión 043-17, acuerdo 4, del 21 de febrero de 2017, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón por “acuerdo definitivamente aprobado” con 9 votos a favor, decidió “Declarar de interés cantonal y público el proyecto del Teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, por el impacto positivo que se prevé para al turismo nacional como internacional en nuestro cantón”.  El punto 2 del acuerdo es pedirle al Gobierno de la República declarar el proyecto de “interés nacional y público, para engrandecer el nombre de nuestra Patria mediante la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, además del beneficio a los habitantes de los alrededores de la zona donde se ubica el Teleférico, mismo que impacta de manera muy positiva y nos genera un atractivo turístico a nivel mundial”.

Al terminar de leer eso temblé. Siguiendo a José Luis Sanpedro me indigné. Me acordé de César Vallejo como si sus “heraldos negros” fueran la premonición de un leñazo brutal a uno de los sitios más bellos del planeta: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte”. Pensé en el consumismo ilimitado del que nos advirtió Mahatma Gandhi, en la avaricia que confunde a las personas y las hace creer que el “progreso” y el “desarrollo” implican explotar sin límites la Tierra. ¡Ni siquiera se pensó en los alrededores del Parque Nacional Chirripó –PNCh-, si no directamente en su cima, su corazón, su esencia!

En esta idea puede haber una mezcla de desconocimiento y negligencia, pues la explotación comercial y turística de un parque nacional violenta todos los fines y objetivos de creación y salvaguarda del patrimonio natural del Estado. En este caso no es sólo un parque nacional. Se trata de un sitio reconocido mundialmente por su belleza y su contribución a la vida en el país y el planeta, y no por su potencial financiero. Sin importar que la moción la propusiera el regidor Hanz Cruz Benanburg, lo cierto es que otras 8 personas la apoyaron. Esto no diluye responsabilidades, sino más bien las amplía y consolida. Por ahora haré una primera entada para ir explicando por qué nunca Costa Rica y la humanidad deberíamos admitir la realización de esta idea mortalmente destructiva.

Explotación mercantil del patrimonio natural del Estado

La creación del PNCh de 50.158 hectáreas el 19 de agosto de 1975, con la Ley Nº 5773 (publicada en La Gaceta Nº 165, del 2 de setiembre, 1975), tenía –y tiene- el fin de “proteger las fuentes de agua, los bosques nubosos de altura conformados por robledales, las cuencas hidrográficas y el hábitat animales en peligro de extinción como los felinos, la danta y el quetzal”, y que desde hace años el tope fijado es de 6.000 visitas al año, precisamente por su fragilidad http://www.carrerachirripo.com/2007/02/15/el-parque-nacional-chirripo/. Hace apenas unos años, a pesar de que se limitaba la entrada, los desechos generados por la gente, como excrementos y sólidos de todo tipo, amenazaban el ecosistema. La falta de educación y la irresponsabilidad imperaban pues disfrutar de la naturaleza incluía ensuciarla.

El acuerdo del martes 21 de febrero de 2017 apunta contra los fines de protección y las condiciones de vulnerabilidad del parque, pues la “…la Municipalidad quiere montar un teleférico en el Cerro Chirripó, como una empresa mixta municipal que promueva recursos y que convierta a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” http://www.crhoy.com/archivo/el-cerro-chirripo-busca-tener-su-propio-teleferico/ambiente/. Lo real es que el cantón ya ofrece muchos y variados atractivos de buena puntuación organizados en paquetes, circuitos y tours, que incluyen toda la oferta asociada con el PNCh.  Por esta razón el objetivo de convertir “…a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” ya está superado. La oferta turística de una zona no mejora cuando se interviene negativamente el paisaje natural que es su principal fortaleza. Aunque se trate de una idea y de que no se cuente con el dinero por lo cual «… esperan crear alianzas con gobiernos extranjeros. Y analizarían consultar con inversionistas chinos o noruegos que deseen invertir en proyectos en esta zona», según dice el Presidente el Concejo Municipal Manuel Alfaro, es indispensable evaluar desde ya los impactos que una obra como esa tendría sobre el PNCh, su zona de amortiguamiento y en todas las áreas de protección circundantes como el Parque Internacional La Amistad, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

El Presidente municipal indica que “… un grupo de ambientalistas se van a oponer…,…van a ver cómo nos incomodan es hora de que ese mito desaparezca”. Más allá de la elemental predicción, debemos anotar que no se trata de “incomodar” si no de evidenciar y obligar a discutir sobre los impactos negativos irreparables de una intervención como la propuesta. Un parque nacional no es un simple territorio susceptible de ser explotado turística y comercialmente como si fuera un fundo improductivo que cualquiera puede usurpar o meterle mano. Sólo si atendemos la variable o aspecto como “belleza paisajística”, la afectación negativa por edificaciones, torres, cables y cajones guindando, sería severa e irremediable. En la Patagonia chilena, por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales contra el megaproyecto de hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua y sus líneas de alta tensión, fue que la belleza escénica de paisajes únicos de la cordillera de los Andes, y particular de las Torres del Paine, sería destruida con más de seis mil torres en una herida de cien metros de ancho por 2.300 km de largo (Consejo de defensa de la Patagonia chilena. ¡Patagonia sin represas! Una campaña de educación pública. S.f.).

Nada más alejado de los fines de creación y mantenimiento del Sistema nacional de áreas de conservación de Costa Rica –SINAC-, que instalar infraestructura para estimular incursiones, aunque sea controladas, que sobrecargarían el parque y su zona de amortiguamiento, que también es vital para la protección del ecosistema. Aunque fuera un mitológico “teleférico que sea amigable con el ambiente”, como dice el edil presidente, la oposición a esta idea responde a la urgencia de evitar posibles daños a los ecosistemas, en este caso del PNCh, lo cual está previsto en la legislación nacional y en general bajo el principio “in dubio pro natura” aplicable precisamente para la prevención y protección de la naturaleza, máxime cuando se trata de sistemas frágiles, como el PNCh. Hay que repetir que la abundantísima literatura científica que fundamenta la protección de ecosistemas de páramo en América Latina, incluido el cerro Chirripó, es clara en cuando a la necesidad de protección de los sistemas “principales” como un parque nacional, y de igual manera de los espacios de amortiguamiento ([1]).

De acuerdo con Mario Chacón León, agrónomo y especialista en manejo de bosques, paisajes y cambio climático, con experiencia de trabajo en 5 continentes, “la agenda verde oficial del país incluye reducir deforestación y reducir emisiones debidas a ésta. En el Estado de la Nación, por ejemplo, ya se ha señalado la construcción de infraestructura como un impulsor de deforestación y degradación de bosques. Un teleférico inevitablemente provocará emisiones durante su construcción y posiblemente incentivará expansión del desarrollo turístico, con impactos difíciles o imposibles de controlar. Además, si se llegan a tocar suelos en turberas las emisiones de carbono y metano, aumentan las emisiones del país, yendo en contra de sus metas en cambio”.  El especialista agrega que “si bien Costa Rica es un país que busca proteger ecosistemas frágiles, éstos están descuidados. Esto incluye por ejemplo humedales, turberas, aguas y las montañas altas del país que son ecosistemas críticos en donde además hay gran variedad de especies endémicas” (comunicación personal. 22 febrero 2017).

La ruina del sistema de protección de naturaleza

El acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón no se debe revisar aislado, porque es parte de un proceso antiguo de crisis y amenazas contra el SINAC que se agrava lejos de avanzar hacia soluciones. Las cifras del descalabro de muchos parques nacionales son abrumadoras como se comprueba con Corcovado, Manuel Antonio y el mismo Chirripó. Las carencias se reconocen y funcionarios del SINAC hablan de que “son necesarias soluciones integrales”, pero nadie se planta y exige lo que corresponde. En el 2009 el informe Estado de la Nación repitió la conocida cifra de US$150 millones de deuda por no pago de tierras sumadas a parques nacionales http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/Obando_2009.pdf. En el 2015 se dijo que esa deuda era de más de ¢107.000 millones y que la capacidad de pago era de ¢1.000 millones por año http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-tardaria-parques-nacionales_0_1502649744.html. Se agrega a la deuda, la falta de personal, imposibilidades operativas, falta de equipamiento básico, infraestructura vieja, arruinada y hasta clausurada por orden sanitaria del Ministerio de salud, una flotilla de carros escasa y con muchas unidades destartaladas o en parqueo perpetuo, cansancio de mucho/as funcionarios honesto/as, pereza y negligencia de otro/as que apenas cumplen lo básico “sin meterse en broncas”, trabajo limitado a 8 horas diarias de lunes a viernes, e incluso acusaciones de corrupción y colusiones indebidas de funcionario/as.

Parques nacionales son rentables

El colapso financiero del SINAC contrasta el aporte económico de los parques nacionales. Según la Universidad Nacional (CINPE-UNA) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en “el año 2002 los aportes a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas fueron de aproximadamente ¢325.171 millones de colones”, de los cuales ¢246 millones de colones fueron aportados por el PNCh. http://www.inbio.ac.cr/pdf/noticia/Comunicado%20estudio%20CINPE-INBio.pdf Esto demuestra que los parques nacionales desde hace muchísimos años, podrían sobrevivir y mejorar con sus propios ingresos, pero es imposible mantener un sistema de conservación con un estilo de financiamiento que le extrae los ingresos a los parques nacionales y otras áreas protegidas y los traslada a la caja única del Estado; para que éste a su vez les cierre la llave. Es decir, el Estado mismo atenta contra el sistema de protección y conservación del patrimonio natural incluido en el SINAC.

Concesión-privatización del patrimonio natural

Pero más grave aún es la presión para imponer un modelo de “concesión de servicios no esenciales” que en la práctica es una forma de privatización del SINAC. Sin importar si son carreteras, electricidad, telecomunicaciones, servicios de salud, limpieza, lavanderías, o lo que sea, la concesión es el camino para que el Estado se declare incompetente y delegue a privados servicios que califican como “complementarios” y “secundarios”, pero que en realidad son componentes esenciales de la producción o los servicios nacionales. En el caso de los parques nacionales, este tipo de soluciones falaces refuerzan el subsidio que éstos y otras áreas de conservación le hacen a los negocios privados, muchos colocados estratégicamente cerca de sus lindero, como los hoteles de todo tipo y tamaño, e incluso las empresas que operan dentro de parques nacionales utilizando y explotando el patrimonio natural y la infraestructura pública. No se trata impedir el acceso, pero si de reconocer que el SINAC incluye muchísimos atractivos de los cuales disfrutan los turistas locales y extranjeros. Sin el patrimonio natural protegido los negocios serían limitados o inexistentes y por ende nada lucrativos. La oferta turística privada incluye y ofrece en sus paquetes y servicios los parques nacionales y otras áreas de protección por los cuales pagan los turistas y no las empresas.

Los negocios privados dentro de parques nacionales, como los promovidos por la industria del turismo, municipalidades, grupos privados, entes no gubernamentales, el Estado por medio del Instituto Costarricense de Turismo -ICT- y a veces por el MINAE mismo, que buscan “flexibilizar” el uso de los parques y promover inversiones “para lograr explotar todo su potencial” http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-turisticos-impulsan-propuesta-desarrollo-infraestructura/, son la ruina del sistema de conservación del país y el triunfo de la visión mercantilista para asegurar el lucro con el patrimonio natural del Estado.

Naturaleza patrimonio de todos y todas

La naturaleza debe ser, por principio y definición, patrimonio de toda la humanidad y en este país de la sociedad costarricense, y nunca recurso para el usufructo y explotación privada. Nada mejorará, incluido el SINAC, si se permite su explotación para beneficio directo de grupos privados sin importar su origen. La virtud esencial del SINAC que se está perdiendo, es la que permite que la sociedad costarricense, en su totalidad, pueda disfrutar la naturaleza. Pero no menos riesgoso es que la atribución que ahora tiene el Estado para controlar, ordenar y dirigir la investigación científica y cualquier otra acción orientada al uso y la conservación de todo tipo de ecosistemas, también se vea amenazada con el pretexto de procurar “mayor o plena explotación” ya no solo en parques nacionales, sino también de reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida silvestre, humedales u otros.

El SINAC se creó y existe para asegurar ecosistemas únicos en el territorio nacional. Cada uno, incluidos los parques nacionales, es insustituible y exclusivo y su resguardo requiere compromiso y responsabilidad directa del Estado y de la ciudadanía. En esta sintonía, sería esperable que gobiernos locales como el de Pérez Zeledón, elevaran su talento colectivo y aseguraran prácticas en sus territorios para proteger la naturaleza, lo cual implica frenar, impedir, y obviamente no estimular proyectos que amenacen el patrimonio natural del Estado.

“Discurso ambiental” y amenazas

Costa Rica se mueve en entre el discurso verde, una etiqueta o marca comercial de “sostenibilidad” y el colapso de su sistema de áreas protegidas. Contar con el 26% del territorio nacional con alguna categoría de protección, incluido el 12.7% de parques nacionales, es ciertamente un logro de toda la sociedad costarricense. Pero el mérito es incompleto si las condiciones de cuidado son elementales o menos que eso. No es concesionando servicios ni acogiendo propuestas como construir un teleférico en el cerro Chirripó, que el sistema podrá superar su crisis.  No es juicioso que un Gobierno local suponga que invadir o explotar empresarialmente un parque nacional genere “desarrollo” cuando lo que se propicia es la vulnerabilidad de ecosistemas frágiles, únicos e indispensables para la vida. Ojalá que las autoridades de Pérez Zeledón recuperen la sensatez y que el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, si es que les presentan esta ocurrencia, la desechen de entrada. Si este desacierto persiste, estoy seguro de que la inteligencia colectiva de Costa Rica y de muchísima gente en el planeta será mucho más que “un grupo de ambientalistas que se oponen” al “teleférico amigable con el ambiente”.

odc-fin.

Referencias para estudio

Por el momento, en la urgencia, pueden revisarse las siguientes referencias (sin formato):

Usurpar el Chirripo con un teleferico2

[1] Le he solicitado a especialistas en biología, forestales y manejo de ecosistemas de bosque, que expliquen la importancia del páramo y los riesgos de proyectos invasivos en ellos. Por ahora incluyo algunas referencias sobre el asunto. Ver al final.

(*)Sociólogo y educador. Presidente de la Asociación PROAL-Pacuare, integrante de la Federación ecologista costarricense (FECON) y de la Red Latinoamericana de Ríos (REDLAR).

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Sala Cuarta ordena proteger Corcovado

En una importante resolución, la Sala IV declaró con lugar el recurso para la protección efectiva del Parque Nacional Corcovado ubicado en Península de Osa, se ordena así, un plan que garantice la vigilancia de esta área ante la explotación de madera, la orería y la caza.

El recurso Nº 15-011930-0007-CO (leer más) al que dio lugar la Sala VI fue interpuesto por FECON, SITRAMINAE, así como uno de los impulsores de la creación de parques nacionales en el país, Mario Boza y otros especialistas en la materia ante el desastre que vive Corcovado. Catalogado como “el lugar biológicamente más intenso en la Tierra”, se ve amenazado por cacería, extracción maderera y la presencia de unos 400 oreros que están causando estragos con maquinaria cada vez más pesada como motobombas y dinamita en la mayoría de ríos dentro del lugar.

En la sentencia se ordena a los jerarcas del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, del Área de Conservación de Osa, al Ministro de Hacienda y al de Ministro de Seguridad Pública que: “dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública deberá proceder de inmediato a realizar las actuaciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para proveer la continuación del proceso de desalojo instaurado mediante expediente No. 3330-14, así como cualquier otro nuevo necesario para desalojar a los invasores dedicados a la orería, caza y tala ilegal».

El 24 de agosto de 2016, Día de los Parques Nacionales, FECON denunció el estado de dos parques emblemáticos: Manuel Antonio y Corcovado. “Hoy, a pesar del abandono y violencia a los que se ven sometidos los parques nacionales, nos siguen dando de comer, de tomar, de respirar, son fuente de conocimiento, educación y esparcimiento, son estandarte de identidad nacional y garantía de vida para las presentes y futuras generaciones. De estas zonas dependemos nosotros y quienes no nacen aún. Nuestro sistema de parques nacionales son la principal atracción turista, representa uno de los bienes comunes más valiosos de Costa Rica, nuestra gallina de los huevos de oro aseguran algunos: genera más de dos mil seiscientos millones de dólares al año, ¡hágale números! supera las exportaciones de piña, banano y café juntas”

Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

Para leer en detalle el recurso de amparo, ingrese en el siguiente enlace:

RECURSO CORCOVADO RFGD_GANADO

 

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Juicio podría revivir Decreto Pro Petroleras

El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, por unanimidad, había anulado en sentencia del 12 de junio del 2013, el conocido como “Decreto Pro Petroleras”, emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro, sería realizado este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.

La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el señor juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.

Breve explicación

Antes del decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma con el Estado, de los contratos para explotación de hidrocarburos. El decreto Figueres Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil (antes MKJ Xploration) le permitió a ésta firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.

Y sucedió así pues el decreto que aspiramos anular, eliminó los 20 artículos del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental –“ que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Al suceder así, la empresa Harken suscribió el respectivo contrato con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, año y medio después de la publicación del decreto…Decreto mediante el cual se sustituye ese importante requisito, por la presentación de “proyectos” que, según las normas de Setena no requieren estudio de impacto ambiental, alguno pues se trata de actividades de muy bajo impacto, como son un estudio de reflexión sísmica o un “proyecto” de estudio bibliográfico, como sucediera con las petroleras Harken y Mallon Oil, respectivamente.

Proyectos que, ante el “muy especial” decreto ejecutivo, la Setena consideró obligatorio ver como “proyectos” y los documentos como “estudios de impacto ambiental”, por lo que les otorgó, en su momento, la “viabilidad ambiental”.

En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”, argumento esgrimido en defensa del decreto que favorece a las empresas petroleras en general- Los testigos no pudieron demostrar, según el Tribunal, la existencia de “parámetros técnicos y científicos que dan sustento al reglamento impugnado” -.

Lo que pretendemos lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera (china, latinoamericana, estadounidense, etc.) interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba antes de firmar los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un verdadero Estudio de Impacto Ambiental para con él, buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.

 

Dr. Freddy Pacheco León

Biólogo

Especialista en estudios de impacto ambiental

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com

Enviado por Dr. Freddy Pacheco León.

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Honduras: mujeres lanzan campaña por la defensa de sus territorios

Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca

 

Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».

Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.

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Criminalización

A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.

«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.

La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.

Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

¡No más criminalización a las defensoras de la vida!

 

Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:

ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).

 

Contacto:

 

Enviado a SURCOS Digital por Plataforma Agraria: www.plataformaagraria.hn

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Analizan situación de la trata de personas en Costa Rica

Organizaciones e instituciones se reunieron en la UCR

 

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Analizan situación de la trata de personas en Costa Rica
Miembros de la Policía, el OIJ y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) asistieron al encuentro realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho (foto Laura Rodríguez).

La trata de personas es un problema mundial que priva de su dignidad a millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Esta problemática silenciosa también afecta a poblaciones costarricenses, especialmente a aquellas que viven en situaciones de pobreza y exclusión social.

Para conmemorar el Día Internacional contra la trata de personas, el pasado 30 de julio, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica el Conversatorio “Reflexiones sobre la problemática de trata de personas en Costa Rica con fines de explotación laboral de la población Ngöbe Bugle´”.

En este encuentro participaron miembros de una amplia red de instituciones de gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones locales vinculadas con esta temática para analizar las implicaciones económicas, políticas, sociales e individuales de este fenómeno y lantear mecanismos jurídicos y sociales más efectivos para combatir este tipo de delincuencia.

Se realizaron dos mesas de discusión, en las cuales se desarrollaron temas como la situación criminal e institucional de la tarta de personas en Costa Rica y las condiciones de vulnerabilidad de la población Ngöbe Buglé para ser víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral.

Problema mundial

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El Dr. Alfredo Chirino se refirió a la trata en poblaciones indígenas donde el difícil acceso y la falta de información hacen más complejo el accionar para la prevención y atención de las víctimas (foto Laura Rodríguez).

En todo el mundo los tratantes seducen y engañan a mujeres, hombres y niños con atractivas ofertas de trabajos, estudios y viajes, con la promesa de obtener muchos beneficios. Estas ofertas luego se convierten en un círculo de explotación laboral o sexual y en otros casos las personas se ven sometidas, incluso a la extracción de sus órganos.

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, manifestó que “a la misma vez que crece la pobreza y la desigualdad crece también la necesidad de compensar estas circunstancias con movimientos de personas que buscan encontrar esperanzas y mejores posibilidades en otras latitudes”.

El Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) ha planteado que este fenómeno se vea como una grave violación a los derechos humanos, pero también como un fenómeno que reúne diversas patologías de nuestro tiempo; como el crimen organizado, los mercados laborales, las economías sugeridas y la globalización de la pobreza.

Según detalló la especialista Licda. Mercedes Álvarez, representante de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) este es un fenómeno del cual se tiene poca información. No obstante, se reconoce que las características de los mercados laborales actuales como la flexibilización, la desregularización y la globalización y el crimen organizado son condiciones ideales para la trata de personas.

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El Lic. Alejandro Guevara dijo que «la trata de personas en todas sus formas es una amenaza grave para los derechos humanos para las poblaciones de nuestra subregión» (foto Laura Rodríguez).

El investigador Lic. Alejandro Guevara Arroyo, del ILANUD, explicó que es difícil detectar los casos de trata de personas para explotación laboral debido a la brevedad en que ocurre el hecho delictivo, la aceptación cultural y la falta de normativa y derechos laborales básicos.

Guevara citó datos de las Naciones Unidas que indican que existen más de 40 mil víctimas de la trata de personas a nivel mundial (detectadas y reportadas oficialmente), de ellas el 53% victimas con fines de explotación sexual, 40% con fines de explotación laboral y el porcentaje restante incluye a víctimas sometidas a la mendicidad, la extracción de órganos entre otros. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.

Poblaciones vulnerables

Las situaciones de vulnerabilidad social como la pobreza, la exclusión, la precarización del trabajo y el desempleo hacen que las personas caigan fácilmente en las redes de tráfico que hacen sus ofertas engañosas ya sea personalmente a través de anuncios, mensajes o páginas de Internet.

El Lic. Guevara explicó que las victimas de América Central son transportadas por las fronteras de los países vecinos. Un factor clave es que las victimas proceden de zonas excluidas socialmente y económicamente y de zonas rurales hacia zonas urbanas y de países de bajos ingresos a países de altos ingresos. El 80% de los ofensores de trata de personas son nacionales, es decir, cometen el delito en su propio país de ciudadanía.

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Para la Licda. Kattya Rodríguez el reto es cómo abordar y combatir juntos esta problemática para erradicar la llamada “esclavitud moderna” y llevar a la práctica un modelo de atención (foto Laura Rodríguez).

En el caso de la población indígena Ngöbe Buglé diariamente viven en escenarios de desigualdades, sociales, económicas y políticas que los convierte en posibles víctimas de trata laboral. Para la representante de esta comunidad, la Dra. Myrna Román, la pobreza, el índice elevado de analfabetismo y las dificultades de acceso a los servicios de salud y educación son algunos de los factores que hacen vulnerables a mujeres, hombres y niños indígenas.

Los campos de la agricultura, la construcción y los servicios son las áreas donde más incide este fenómeno, donde las redes y organizaciones aparentan desarrollar sus actividades en el marco de la legalidad con la complicidad de las mismas personas explotadas que en muchas ocasiones temen regresar a situaciones peores en sus países.

Para la directora General de Migración y Extranjería, Licda. Kattya Rodríguez Araica. “Mientras las condiciones de desigualdad social y económica existan tenemos todo el caldo de cultivo para que se genere la trata de personas, tenemos personas en condiciones vulnerables que pueden llegar a ser víctimas de la trata en todas sus modalidades”.

Esfuerzo interinstitucional

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El cantautor Olman Briceño interpretó el tema «Para siempre» sobre las opresiones históricas que han pesado sobre los pueblos originarios y afrodescendientes de Costa Rica e invitó a reflexionar sobre este tema en relación con de la trata de personas (foto Laura Rodríguez).

En Costa Rica, más de una veintena de instituciones sociales y de la administración de la justicia, organizaciones nacionales e internacionales han aglutinado esfuerzos para combatir esta problemática desde la prevención y la atención de las víctimas.

Éstas se reúnen alrededor de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) que se creó junto con la Ley 9095 Contra la Trata de Personas. El reto de esta coalición es articular acciones entre instituciones muy diversas para llegar a las víctimas a brindarles protección de manera oportuna y administrar justicia a los tratadores.

Guillermo Arroyo, investigador del ILANUD, destacó la necesidad de aplicar medidas preventivas enfrentar para las causas profundas de estos delitos, crear más oportunidades económicas en los países, promover practicas de contratación justas, exigir la responsabilidad de las empresas, a visibilizar la situación, abrir más canales de migración legal y establecer programas de movilidad laboral para evitar esta situación.

Un aspecto fundamental del combate contra la trata de personas es la información y educación de la población, así como el aporte de la ciudadanía en denunciar posibles situaciones de este tipo. Para ello el OIJ con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) instan a la ciudadanía a denunciar llamando al 800 8000 OIJ (645).

La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD), con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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