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Etiqueta: FMI

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Carta franca de un agricultor al FMI

Por José Oviedo

Señores Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimable Señores:

Les saludo, les doy la bienvenida y les deseo una estancia fructífera y agradable en Costa Rica.

En nombre de las agrupaciones de productores agropecuarios de Costa Rica, quiero aprovechar su visita de evaluación y valoración a nuestro país, para darles a conocer algunas consideraciones, que –con seguridad– no se las expresarán los representantes del Gobierno de la República y tampoco serán recogidas por los medios de comunicación dominantes en el país.

Mi punto de partida es que entiendo que los objetivos que articulan y gobiernan la gestión del Fondo Monetario Internacional (FMI), son –al menos– los que siguen:

  1. a) Promover la cooperación internacional.
  2. b) Garantizar la estabilidad financiera.
  3. c) Facilitar el comercio internacional.
  4. d) Promover el crecimiento de empleo.
  5. e) Impulsar el crecimiento económico sostenible.
  6. f) Reducir la pobreza en el mundo entero.

La Señora Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI ha manifestado en distintas ocasiones el compromiso del FMI, ante la grave y profunda crisis global generada por la pandemia de la Covid-19, de apoyar a los países de ingreso y medio para salir adelante. Ella se ha manifestado consciente de que esta crisis está repercutiendo en los países en forma desigual, afectando más significativamente a países como Costa Rica, que ya mostraban los síntomas de una crisis económica antes de la pandemia y que ésta, lo que ha hecho es agravarla. Eso mismo sucede al interior de los países, donde hay amplios sectores de la población que han visto deteriorarse sus ya precarias condiciones de vida. 

La pandemia ha profundizado la pobreza en Costa Rica y ha generado una crisis social, cuyas dimensiones todavía no se han podido medir a cabalidad, en virtud de que la pandemia se mantiene tristemente viva entre nosotros. Son muy oportunas las palabras del Papa Francisco, cuando dice: “De las crisis se sale mejor o peor que antes. De nosotros depende elegir”.

a. Cooperación internacional. Respecto del primer objetivo, que compartimos plenamente, debo decirles que a nuestro entender la cooperación es la actuación conjunta para alcanzar una meta común, y que ninguna persona está tan enloquecida, menos aún un país, para establecer acuerdos y programas para estar mal. 

Pienso asimismo que la cooperación internacional, sana, democrática y justa pasa por reconocer y aceptar como legítimos los intereses de todos y cada uno de los países que pactan un acuerdo. Esto tiene que ver no solo con el respeto mutuo, sino, en lo fundamental, con acuerdos que garanticen la justicia social, única plataforma que hará posible que se materialicen los objetivos de su organización.

b. Garantizar la estabilidad financiera. Nuestro entender nos dicta que en pobreza y con el estómago vacío, jamás habrá estabilidad social y política en un país. Por el contrario, solo zozobra  e inseguridad, que es a donde han llevado los acuerdos desbalanceados, antinacionales y antipueblo, que ha impulsado la Administración Alvarado Quesada y que su organismo ha aceptado.

c. Facilitar el comercio internacional. Parto de que el comercio internacional exitoso es una derivación de la sana cooperación internacional y éste solo se puede dar si se asegura un precio justo a nuestros productos, en el mercado internacional.

d. Promover el crecimiento de empleo. De acuerdo a nuestro pensamiento, promover el empleo es promover la dignidad de las personas y con ello la grandeza de un país. Ahora si el empleo tiene crecimiento mucho mejor. Sin embargo muchos esclavistas en el siglo pasado, se jactaban de producir empleo al enterrar a sus súbditos.

e. Crecimiento económico sostenible. Según nuestro entender crecimiento no es igual a desarrollo. El primero se reduce a cifras y estadísticas frías, tanto así que el Chile de Pinochet alardeaba de crecimiento económico sobre la miseria de ese pueblo bravío. Todo esto formó parte del experimento neoliberal que empezó a ver su fin hace dos años, con las movilizaciones sociales que ha desembocado en la nueva Carta Magna, que construye la Convención Constituyente, que con seguridad ya no tendrá como matriz la fracasada propuesta neoliberal.

f. Reducir la pobreza en el mundo entero. Este objetivo sí que nos produce satisfacción. Es un componente clave en la Agenda 2030/ Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con la consigna de que nadie se quede atrás. Espero de verdad que su organismo y nuestro pueblo puedan alguna vez coincidir en términos prácticos con esta aspiración.

Quiero expresarle con tristeza y amargura que esos objetivos que –en teoría—gobiernan al FMI, al contrastarlos con lo que está sucediendo en mi país, se han convertido en saludos a la bandera. La devastadora pandemia solo ha hecho que se acortaran los plazos en el “logro” de empobrecernos  y ha empujado a muchas personas a la miseria. Cerca de 1 millón de desempleados. 

El rostro de la miseria es femenino y juvenil, de personas con discapacidad y campesino también, mientras el 1 % de la población del país triplicó sus ganancias, y peor aun, las ostenta. La desigualdad social crece al galope; lo mismo que la concentración de la riqueza. La única recomendación del Fondo Monetario Internacional, que el Señor Carlos Alvarado no escucha, es la que con absoluta sensatez hace el FMI para que los más ricos aporten para salir de la crisis.

Entonces señores del Fondo, si las propuestas de este gobierno para pactar con ustedes no tienen como base la Democracia y el aporte de cada sector social, de acuerdo a sus posibilidades reales, el Fondo solo acumulará, odio y resentimiento en un pueblo que lucha por no perder la memoria.

“También nos comprometimos a continuar trabajando juntos en un programa respaldado por el FMI que puede ayudar a Argentina y a su gente a superar estos desafíos, fortaleciendo la estabilidad económica, protegiendo a los más vulnerables y sentando las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo.” Eso lo dijo la Señora Kristalina Georgieva cuando se reunió con el Presidente argentino, Alberto Fernández en mayo anterior.

Les pregunto, finalmente, trabajará el FMI para que en Costa Rica se consolide su Estado Social de Derecho y la paz social, o contribuirá en el desmontaje del Estado de Bienestar que construimos en el siglo pasado y con ello, hundirá al país en el despeñadero de la injusticia social y de un futuro post-pandémico marcado por el desaliento.

Ustedes y su actuación podrán marcar en un sentido u otro el porvenir de nuestra Patria Bicentenaria.

José Oviedo

Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.

He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.

1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.

2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.

3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.

4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.

5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.

6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.

7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.

8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.

9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.

10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Respecto a la venida de personal del FMI

Miguel Ureña Cascante

Se tiene certeza al señalar, que ex compañeros del Ministerio de Hacienda, hoy día forman parte de la planilla del FMI.

En fechas pasadas, casos como el de Juan Carlos Pacheco, quién fue viceministro en Hacienda, y otras personas de las que no vale el interés señalar, ingresaron a ese gigante de las finanzas estatales.

Hoy excompañeros laboran para ese ente financiero, lo que nos agrada realmente, porque sabemos que en mucho podría contribuir a dotar a Costa Rica, quizás de mejores condiciones, no favoritismo, pero si mejores condiciones para un dinero, para utilizarlo en paliar un problema financiero, viendo a Costa Rica, como una empresa, con pandemia COVID.

Si usted lector, fuera el analista financiero del FMI buscaría primero saber qué activos podrían ser líquidos, en una razón de apalancamiento financiero alto, para hacerlos exigibles como una garantía real y absoluta de recuperación del dinero prestado.

Nadie presta de regalado, siempre hay intereses que pagar, pero una administración audaz, conseguirá condiciones, plazos e intereses aceptables y razonables para respaldar ese dinero, sin que para ellos requiera vender entidades como FANAL, como RECOPE, como el INS, etc., en fin, no entregar las Joyas de la Abuela.

Así las cosas, si Costa Rica, es garante de pago, hay préstamo, pero lo malo es que las condiciones no son tan flexibles o buenas para la realidad que vivimos, o tan buenas como las realizadas por un gurú financiero, contra un simple patrono que conoce poco o casi nada del tema, de ahí, que su fortuna o activos se puedan ver comprometidos por una mala negociación.

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos ….

En consecuencia, como las finanzas del país son una “caja de pandora”, podríamos estar empeñando esas joyas de la abuela, pero una cosa también es claro, este gran desorden provocado por una mala concentración de directrices y competencias materiales institucionales, nos asegura que hay dinero y mucho, ejemplo el INS, se señala tiene reservas para pagar tes veces Costa Rica en un terremoto Nacional, Recope, con la venta de gas y gasolina es muy rentable, Y si así sacamos las autónomas, hasta da para que se roben en casos COCHINILLA, en IVM, la 1856 y hasta para proponer llevar el ROP o IVM a inversiones internacionales.

¿Cómo es la cosa? Pues se lo dejamos de tarea, el FMI puede ser bueno, en la medida que podamos obtener la condición mínimo deseable, de lo contrario, hipotecar a Costa Rica no tiene sentido.

Costa Rica: pan y circo de bicentenario

Marcos Chinchilla Montes

Juvenal acuñó la expresión “pan y circo para el pueblo”, la que alude a la distracción que se le ofrece e impone a un pueblo para evitar que éste no solo reflexione sobre las contradicciones y problemas que afectan a la sociedad en la que vive, sino también para que busque superarlas.

En eso resumo el espectáculo que se organizó para celebrar la independencia costarricense el pasado 15 de setiembre en el Estadio Nacional. Un colorido espectáculo tipo Hotel Fiesta (con su todo incluido) donde se conjugan luces, trajes, bailarines, músicos e historias perfectamente sincronizadas en torno a una idea central: el ser iguales en un país encantador, perfecto, independiente y sin contradicciones. Miles aplaudieron la versión oficial, la versión que siempre han conocido desde su niñez.

Ni por asomo, una alusión a la corrupción, al aumento de la pobreza, o la concentración de riqueza cada vez más descarada y vergonzosa, a las imposiciones históricas del Fondo Monetario Internacional. Nada de mencionar el machismo y la violencia hacia la mujer, el tráfico de drogas, la discriminación a las poblaciones no binarias, la violencia del crimen organizado que se extiende por todo el país. Bien escondidos quedaron los asesinatos políticos del Codo del Diablo, el robo de las tierras indígenas, el combo fiscal, la ilegalización de las huelgas, la destrucción del medio ambiente, la policía militarizada que reprime manifestantes, la exclusión educativa, la venta de la patria. Carmen Lyra figuró mutilada e instrumentalizada, al menos no quedó reducida a los Cuentos de mi tía Panchita.

Se impuso la fina coreografía, una bofetada descarada a historia crítica y reflexiva de nuestro pasado.

En fin, lo volvieron a hacer; millones de costarricenses recibieron su dosis de soma para afianzar la idea de que somos lo mejor de Centroamérica y América Latina; aunque diversos indicadores sociales reflejan la progresiva y peligrosa regresión social que sufre el país. Eso se llama construir la identidad nacional a base de mentiras y sueños, ocultando debajo de la cama nuestras múltiples contradicciones acumuladas a lo largo de siglos.

Tal vez para el tricentenario, quienes nos sucedan puedan reflexionar de manera profunda y honesta sobre el país que están construyendo; si es que quienes vivimos en esta época, algo les dejamos para repensar su pasado y futuro.

¿Nos conmueven estas cifras?

Óscar Madrigal

Según el último Informe del Estado de la Educación:

En materno y guardaría en 2019 los alumnos en pobreza eran el 36.2% y en 2020 aumentaron a 41%.

En preescolar en 2019 eran 36.6% y en 2020 41,9%.

En primaria en 2019 fueron 37.3% y en 2020 43,6%.

En secundaria en 2019 eran 30,9% y en 2020 40%.

¿Qué país tenemos? Si antes de la pandemia mucho más de un tercio de los estudiantes o alumnos de todos los niveles vivían en pobreza y con la pandemia resulta que más del 40% de todos los niños, niñas y adolescentes del país viven en pobreza, resulta que tenemos un país que condena al segmento más importante de la población a vivir en la pobreza.

¿Qué país estamos construyendo? Con estas cifras no resulta difícil concluir que para ese enorme grupo social sus posibilidades de un futuro mejor están muy reducidas. Estamos perpetuando el círculo de la pobreza.

Y lo dramático es que no son cifras; son niñas, niños, adolescentes, con rostro humano, personas, que viven pobremente, muchos en la miseria. Un grupo, no mayoritario, viven de los “diarios” que reciben en los centros educativos, entre los alimentos 600 gramos de carne, que deben alcanzar para todo el mes y, en muchos casos, para toda la familia.

El año pasado 27.254 estudiantes pidieron paquetes de alimentos, pero el MEP se los negó por falta de recursos.

Mientras tanto, hoy mismo la prensa informa que Costa Rica alcanzó un superávit primario de más de ¢100 mil millones para gran conformidad con el FMI.

Es la Costa Rica del Bicentenario para desgracia de muchos.

Sindemia Covid-19: crisis económica y acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI llega en un contexto de crisis, que agudizó los gravísimos problemas del empleo que ya existían desde antes de la llegada del Covid-19. Al centrar la política económica alrededor del déficit, no solo se perpetúan los problemas del empleo, con graves implicaciones para la calidad de vida de nuestra gente, sino que compromete seriamente el futuro del país.

En el ciclo de tertulias en el Bicentenario de la independencia de Centroamérica se invita al conversatorio “Sindemia Covid-19: crisis económica y acuerdo con el FMI” este miércoles 15 de septiembre, 9 a.m.

  • Modera: MSc. Paulo Coto Murillo.
  • Ponente: Dr. Luis Paulino Vargas Solís4.
  • Coordina: Dra. Marcela Pérez Rodríguez.

Transmisión por Facebook Live, en el siguiente enlace https://www.facebook.com/CICDEUNED

Las declaraciones del señor Presidente de este jueves 26 y las gestiones urgentes de la Ministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa

Por Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical Sector Salud

Las declaraciones del Señor Presidente de este jueves 26 y las gestiones urgentes de la Ministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa, nos mueven a formular los siguientes puntos:

  1. Se va consolidando cada vez más la posición de diversos actores sociales en el sentido que con regla fiscal era suficiente (aunque es regresiva en su esencia y debilitará en el mediano y largo plazo la institucionalidad y sus programas sociales). Es decir, la tozudez de un joven Presidente fetichizado por los grupos de poder obligó a posesionar la idea falsa de que se debía ir más allá para obtener los resultados fiscales que exige el FMI. Falso. 
  2. Queda más claro que por razones ideológicas y políticas el gobierno y la inmensa mayoría de fracciones legislativas impulsaron empleo público, incluso a contrapelo de la Constitución y han sufrido por diversos factores y acciones duros golpes que aunque no suficientes, pues la Sala tira la piedra y esconde la mano para poner a pelear a todos contra todos y salvar un poco su parcela corporativa posiblemente también corrouda por las manos oscuras de la corrupción. 
  3. Hoy al hacer una lectura de la narrativa Presidencial, pareciera que todo el acuerdo con el FMI está en peligro (lo que celebramos, pero ponemos en prospección patriótica), ya que ratificamos que por la juponada del gobierno en querer introducir en el acuerdo con el FMI esa LEY, sin duda ese proyecto 21.336 hoy se cae en pedazos (lo que celebramos aún más).
  4. Seguros estamos de que esta lectura es la que hacen las dirigencias de los movimientos sociales y la debilidad y torpeza dogmática del Gobierno fantoche de los ricos terminará uniendo al movimiento social para la definición de una gran lucha social, misma que será asumida con prevención sanitaria, pero con vocación patriótica ya que los sectores poderosos llevan al país al despeñadero y aun así tienen la osadía de culpar a las mayorías de violentas y a las dirigencias calificarla casi que de terroristas con la ayuda de medios de comunicación que lejos de crear opinión ocultan una realidad que tarde o temprano estallará.

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

Comentarios de domingo 1 ante el comunicado de prensa de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley de empleo público

Rosaura Chinchilla-Calderón. Profesora universitaria.

1.- En primer lugar, es digno de resaltar que la Sala Constitucional sesione en sábado, en medio de un feriado largo y que dé a conocer su resolución a avanzadas horas de la noche de ese día, en vísperas de que la atleta costarricense Andrea Vargas (en quien el país tenía centrada su atención) compitiera en la madrugada.

2.- En segundo término, que el rediseño del Estado establecido por los constituyentes de 1949 solo puede modificarse por reforma constitucional y que el proyecto viola las autonomías universitarias, municipales, de las instituciones autónomas indicadas en la Constitución Política y la independencia de poderes (judicial y TSE) era una obviedad jurídica del tamaño de una catedral, aunque en medio s incorporaran argumentos de “privilegios” negociaciones con el FMI y otras yerbas aromáticas. Pero sabemos que, en estos tiempos, no basta tener razón, sino que es necesario que se la quieran dar. Por ello hay que dar gracias a los y las magistradas constitucionales ANTERIORES que, al construir precedentes constantes sobre esta materia, han impedido “interpretaciones novedosas” y que la Sala Constitucional actual se muerda la cola acabando consigo misma… porque si el intérprete no respeta el texto de la norma que lo creó se destruye a sí mismo. Es la imagen de ouróboros en el antiguo Egipto, aunque no con la simbología que se usaba allí.

3.- Sin embargo, quiero resaltar tres aspectos que no son cosa menor:

a) Se evade la inconstitucionalidad del trámite. Recordemos que hubo oposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y votación del proyecto, en primer debate, menor a 38 votos. En la Facultad siempre nos enseñan que el derecho procesal es instrumental, es decir, es la vía para declarar el derecho de fondo. Por eso, el proceso siempre debe ser correcto para poder declarar el derecho de fondo porque, de lo contrario, hay que subsanarlo. En orden lógico, primero se analiza la forma y luego el fondo. ¿Por qué eso es importante? Porque si se hubiera declarado inconstitucional el trámite legislativo, el proyecto muere…no era “rescatable” nada (artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Por el fondo, lo que sucede es que los temas pueden ser enmendados (en este caso difícilmente para las instituciones involucradas, pero sí podrían suprimirse las referencias a municipalidades, TSE, Poder Judicial, CCSS y universidades y seguirse adelante con lo que queda…por ejemplo, para el Poder Ejecutivo y otros entes no regulados de modo diferente por el constituyente).

b) Se evade la inconstitucionalidad del trámite no evacuando, por mayoría de 5 magistraturas (punto 4 del comunicado), la consulta histórica de la Corte Suprema de Justicia…y otras de diputaciones por “no estar suficientemente fundamentada” (puntos 10, 13, 26, 29). Aparentemente, porque no se tiene la resolución completa, para ello se crean, por jurisprudencia, requisitos que la Ley de la Jurisdicción Constitucional no prevé. La ley exigen fundamentación…¿qué es lo “suficientemente” motivado? No lo dice la ley y lo crean las personas intérpretes y es altamente subjetivo pues lo que para unos lo es, para otros no. Un principio general del derecho es que las personas intérpretes no podemos crear requisitos para imponer sanciones, aún procesales, que la ley no establece. Se trata de materia odiosa, que debe ser interpretada restrictivamente. La LJC sobre este tema es escueta y, en apariencia, lo que prevé se contempló en la consulta formulada, pese a lo cual no se evacúa por 5 votos. Una de dos: o las 22 magistraturas de la CSJ que la suscribieron se equivocaron (en realidad 22+2 que salvaron el voto) o…se equivocaron los 5 que la rechazaron. Tratándose de los “máximos” juristas del país, en cualquier escenario la respuesta es preocupante. Y esa no evacuación tiene como efecto el no pronunciarse sobre el trámite…y rescatar “algo” del texto.

c) A ese “algo” que podría quedar subsistente (empleo público para el Poder Ejecutivo y otros entes no excluidos en la Constitución Política) se determina que puede aplicar la objeción de conciencia (punto 54) tal y como lo prevé el proyecto. En este sentido la Sala parece aplicar lo que ya había dicho al respecto en un voto precedente (2020-1619), pero esto denota que la actual integración de la Sala Constitucional no tiene la menor idea de qué es la objeción de conciencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cabe aclarar que este punto se decidió con 3 votos (2 abstenciones que no son propias del sistema de votación escalonada y que podrían sugerir una desintegración del órgano constitucional en este punto; 1 voto parcialmente salvado de la magistrada Hernández y 1 voto concurrente, pero con razones diferentes del magistrado Rueda). Este tema es sumamente delicado pues podría implicar que, de seguirse adelante con el trámite para otras instituciones no excluidas por el voto de la Sala (Poder Ejecutivo y otros entes no mencionados por el constituyente tales como sector de educación y policial), se constitucionalice la “licencia para discriminar” que enmascarada de “objeción de conciencia” es lo que contempla el proyecto de ley. No dudo que a la Sala Constitucional (una vez más) le será enmendada la plana por tribunales internacionales en este tema.

4.- Respecto al tema de la negociación colectiva (puntos 55, 56) deberá revisarse lo resuelto por la Sala frente a lo estipulado por la Corte IDH en la opinión consultiva OC27/21. No es la primera vez que el tribunal constitucional interno (que debe velar por el respeto de los derechos humanos) desatiende lo dicho por la Corte IDH, en una actuación muy parecida a la de otros tribunales constitucionales de la región, cuando debería existir sintonía entre todos los órganos de verificación. No será la primera vez que se le enmiende la plana (derecho al recurso penal, FIV, prisión preventiva, matrimonio igualitario).